martes, 7 de diciembre de 2010

Argentina, Chaco: Fiscales pidieron entre 15 y 25 años para los doce imputados

Marcos Salomón (CHACO DIA POR DIA)

Fueron más de siete horas alegando contra los “abolladores de ideologías”. Lo hicieron Flavio Ferrini, Carlos Amad y Horacio Rodríguez, en ese orden. Hoy fue el turno de la defensa.

Continuando con la etapa de los alegatos, en el juicio oral y público por la Causa Caballero, este lunes fue el turno del Ministerio Público Fiscal que, durante más de siete horas, alegó por qué los doce imputados deben ser declarados culpables de cometer crímenes de lesa humanidad.

Horacio Ferrini, fiscal federal; Carlos Amad, fiscal ad hoc; y Horacio Rodríguez, fiscal general subrogante del Tribunal Oral Federal de Resistencia –en ese orden- fueron los encargados de alegar y pedir entre 15 y 25 años de prisión “común y efectiva”, con penas similares a las pedidas por el querellante Mario Bosch.

Para los policías Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, Humberto Caballero, Ramón Meza, José Marín (Cabo Sotelo) –todos de la Brigada de Investigaciones- 25 años de prisión, todos acusados de coautores del delito de “tormento agravado”.

Para los también policías Oscar Galarza, Francisco Álvarez y Rubén Roldán –todos de la alcaidía policial de Resistencia- 25 años de prisión. También un cuarto de siglo para los militares Tadeo Luis Bettolli y Luis Patetta.

En cambio, por estar implicados en un hecho, para los policías de la Brigada de Investigaciones, Enzo Breard y Ramón Gandola, 15 años de prisión. Rodríguez, encargado del pedido, aclaró que la sentencia debe cumplirse en una cárcel común y la prisión debe ser efectiva. A la vez, reclamó que se “revoquen las excarcelaciones por el peligro de fuga” que conlleva una sentencia condenatoria (tres de los imputados: Gandola, Meza y Caballero cumplen arresto domiciliario)

Violación = Genocidio

Al abrir el fuego, Ferrini, en poco menos de una hora, fustigó la responsabilidad de las Fuerzas Armadas (al mando del Ejecutivo tras el golpe de Estado) y a la complicidad judicial, por los crímenes ocurridos durante la última dictadura cívico militar.

Y dejó bien en claro que la Patota de la Brigada de Investigaciones era el grupo ejecutor ya que era la “mejor capacitada para la lucha contra la subversión”, decía en los 70 un decreto del dictador Facundo Serrano, recategorizando esta fuerza como Dirección de Investigaciones con jurisdicción en toda la provincia. “Ergo, el grupo que está ahí -dijo Ferrini señalando a los imputados- conformó el grupo de tareas” de la última dictadura.

También condenó con dureza las violaciones que se cometían en los centros clandestinos de distintos puntos del país, Chaco no era la excepción, por lo que pidió que “la violación también se la considere un genocidio”, tomando como base un fallo por hechos similares ocurridos en Ruanda (África).

Los ‘abolladores’

La parte más tediosa, larga y a la vez complicada le tocó a Amad, el fiscal hot dog –como irónicamente él mismo se autodenomina- que realizó un pormenorizado repaso de los hechos, los testigos y detalles del “plan de exterminio” urdido en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones (en sus sedes de Juan B. Justo y Marcelo T. de Alvear, hoy Casa por la Memoria), con su extensión a la alcaidía policial de Resistencia.

Algunos hechos recordados: el ex preso político Mario Mendoza fue acusado del delito que hoy se conoce como “corte de ruta” o piquete. A Hugo Barúa, actual presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, lo torturaron en su propia casa en presencia del ex fiscal Roberto Mazzoni.

A la docente María Gregoria Pérez “la anularon de tener hijos. Pero, lo que no saben es que tuvo miles de hijos en la escuela”. Como pasa en cada juicio, cuando hablan del imputado José Marín, el Cabo Sotelo se esconde detrás de la inmensidad humana de Caballero.

Amad sigue, con el caso de Mirta Clara. Cuando pasa a demostrar que Breard sí fue parte de la temida Patota, se pudo leer claramente en la boca del imputado: “Hijo de puta”.

Trajo a la memoria, el siniestro nombre de “un palo negro que usaban para golpear presos políticos: ‘el abollador de ideologías’”, recordando a Mafalda, de Quino, cuando en un cuento, señalando la cachiporra de un policía, la presentó como “… la abolladora de ideas”.

No estuvo menos ingenioso como presentó al imputado militar Patetta: “Era el RR.PP. del Ejército”. Y fue contundente con Bettolli: “Su descargo fue muy inteligente, lo que no tiene es coartada”, precisó, acusándolo de ser el jefe del Operativo Toba IV “de limpieza de Ligas Agrarias”. Más de cinco horas después, dejaba la posta al fiscal Rodríguez y con muchas dudas a José María Cardozo, abogado de Bettolli.

El acusador

Para finalizar la maratónica audiencia, Rodríguez tuvo a su cargo la acusación contra los doce imputados. Fue el que más nervioso puso a todos, incluido a algunos abogados defensores, como el caso del defensor oficial Federico Carniel que no dejaba de realizar comentario con Ricardo Osuna, que se sienta a su lado.

“…No importa quién picaneaba o quién ponía las vendas o quién tomaba declaración, todos son coautores” del delito de tormentos agravados, argumentó Rodríguez.

Luego, cuando señaló que “no sólo es tortura lo físico, también lo son las condiciones de higiene, la falta de comida o la incertidumbre sobre el destino final”, se pudo leer claramente en los labios del inefable José Oscar Gómez (“Cacho”, como lo llaman en pasillo, lucía una corbata con motivos religiosos): “Éste está loco”.

Y el alma casi se les sale del cuerpo a imputados, sus familiares y algún abogado desprevenido, cuando Rodríguez hizo el siguiente cálculo “si la máxima por crímenes como estos son de 25 años y a un acusado como Rodríguez Valiente se lo juzga por 15 hechos, entonces estaríamos hablando de una pena de 375 años. Pero sabemos que no lo podemos hacer, por eso pido las penas máximas posibles”.

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