martes, 14 de diciembre de 2010

Argentina, Río Negro: Un Comité fundamental

Martín Lozada (RÍO NEGRO ON LINE)

Días atrás la Legislatura de la Provincia de Río Negro aprobó de modo unánime la creación del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se trató de un acto legislativo de una muy significativa trascendencia de acuerdo al estado que la cuestión presenta en la provincia.

La autora del proyecto fue la legisladora Silvia Horne, quien durante la sesión de aprobación se encargó de indicar que el Comité tiene carácter mixto, integrado por representantes de organizaciones no gubernamentales y también por agentes de los tres poderes del Estado, cuyos miembros serán seleccionados por medio de un concurso público.

La ley aprobada, pero que aún requiere de una segunda vuelta parlamentaria, asigna al Comité el derecho a realizar visitas periódicas en las cárceles, unidades policiales y otros lugares de detención o encierro, sin necesidad de aviso previo y con acceso irrestricto.

El mecanismo se orienta, según lo manifestado por su autora, a impedir que se cometan violaciones a los derechos de las personas detenidas a través de visitas sorpresivas por parte de los integrantes del Comité; así como mediante la producción de un informe con sugerencias y recomendaciones a los poderes del Estado, con la posibilidad de hacerlos públicos en la medida que no se obtengan respuestas a sus señalamientos.

El Comité está facultado, además, para recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad, realizar informes sobre las condiciones de detención, sugerir y recomendar políticas públicas para el mejoramiento de las prácticas carcelarias y lugares de encierro, realizar entrevistas y mantener comunicación personal y confidencial tanto con personas privadas de su libertad como con sus familiares.

En el sistema de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), el Comité contra la Tortura es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por sus Estados Partes. Instrumento que fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General el día 10 de diciembre de 1984.

El Protocolo Facultativo a la Convención, a su vez, creó un Subcomité por medio del cual llevar a cabo visitas in-situ para inspeccionar lugares de detención en conjunción con los órganos nacionales de visitas. La República Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura el 15 de noviembre de 2004, sin embargo, aún no estableció el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), ni se encuentra en funcionamiento ningún Mecanismo Local de Prevención (MLP).

En la actualidad, son 24 organizaciones de derechos humanos las que elaboraron un anteproyecto de ley que fue remitido a la Cámara de Diputados de la Nación, y recogido por la diputada Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, y por otros diputados de distintas fuerzas políticas. Anteproyecto que actualmente se encuentra en discusión en esa Comisión y en la de Peticiones, Poderes y Reglamento.

De lo que se trata, entonces, es de poblar el interior de la realidad carcelaria. Y no a partir de un incremento de sus detenidos, sino mediante su escrutinio por parte de la sociedad civil a través de mecanismos como los previstos por el Protocolo Facultativo mencionado.

Tal cual se advertirá, se trata nuevamente del diseño panóptico formulado por Jeremías Bentham, que Michel Foucault describiera en su ya clásica obra "Vigilar y Castigar". Pero de un panóptico que no se halla dirigido a invadir el milimétrico desplazamiento del castigado, sino, justamente, a observar las dinámicas y el modo en que la pena privativa de libertad es ejecutada por las autoridades penitenciarias.

Claro está que el adecuado funcionamiento del Comité recién creado en Río Negro dependerá de una adecuada coordinación entre la sociedad civil, organizada alrededor de organizaciones no gubernamentales, y los propios órganos del Estado. Desafío a superar si lo que se pretende es incidir en un campo tan refractario, esquivo y ajeno a los controles públicos, como resulta ser el carcelario.

En todo caso, su trascendente creación y su futura puesta en funcionamiento no debería hacernos olvidar que resulta imprescindible contar con una verdadera política penitenciaria que se ajuste a los dictados de la Constitución Nacional y los pactos y tratados internacionales suscriptos por nuestro país. Su ausencia, lamentablemente, hará de cualquier esfuerzo lo que un devastador incendio suele producir frente a un pequeño cuerpo de bien intencionados bomberos.

Martín Lozada es Juez Penal - Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

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