lunes, 6 de diciembre de 2010

México: ¿Cuál transparencia?

Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)

Desde ahora, tómese nota, se ha iniciado toda una estrategia, desde el gobierno-partido-panista, consistente en que legisladores designados presenten en los respectivos congresos de las entidades federativas sendas iniciativas de ley que disque protejan la secrecía de los periodistas, sin tomar en cuenta o al margen de que cuando menos en Morelos y Chihuahua ya es garantía Constitucional el secreto profesional de los periodistas.

Exacto, como muy bien lo calcularon para sacar adelante la supuesta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; misma que fue aprobada a espaldas de los comunicadores, obvio, porque en resumidas cuentas se trata de una ley mordaza.

Pruebas existen por decenas, la más nueva es la carta pública de los propios organismos encargados de dar certidumbre a la norma quienes denuncian la reversión de lo poco que se ha logrado en la materia, por ello reproducimos a continuación dicho comunicado de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, Comaip, el cual lleva el título de ¡RESPETO A LA TRANSPARENCIA!
“Los órganos garantes de la transparencia en el país, agrupados en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, Comaip, manifestamos nuestra preocupación por algunos acontecimientos y situaciones que amenazan el ejercicio pleno de un derecho fundamental de todos, como es el acceso a la información.
Los 8 años del ejercicio del derecho de acceso a la información en México han demostrado, con hechos, que además de contribuir al mejoramiento del desempeño de las instituciones democráticas de nuestro país, se ha permitido que muchos ciudadanos defiendan y ejerzan de mejor manera otros derechos fundamentales; también se ha potencializado la capacidad de los ciudadanos de incidir en las políticas públicas y mejorar así su calidad de vida.

A pesar de los múltiples beneficios de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información, en el ámbito federal y en algunos estados de la República se han suscitado acciones encaminadas a revertir los avances registrados, ya sea por la vía de los hechos o por la de reformas legales. Ambos caminos, derivados de una larga tradición de la subcultura de la opacidad.

Esta oposición a la transparencia ha llevado a que ciertos gobiernos municipales, estatales y dependencias federales busquen –y en ocasiones encuentren– atajos legales y de procedimiento para no cumplir con su obligación de proporcionar la información que por mandato constitucional es pública. Esto ha colocado a los órganos garantes en una encrucijada, vulnerado preceptos constitucionales y violentado el derecho fundamental de las personas a acceder a la información que les pertenece.

Por este motivo, las instituciones que tenemos la encomienda constitucional y legal de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, hacemos pública la imperiosa necesidad de que tanto en el ámbito federal como en el local, se respete el ejercicio de las atribuciones que la Constitución y la Ley nos confieren y se avance en la consolidación de estos derechos.

Exhortamos a los integrantes de los poderes públicos y órganos autónomos a respetar y fortalecer a los órganos garantes, pues sólo así será posible contar con una democracia de contenidos”.

Nos unimos a esta demanda porque en materia de transparencia y rendición de cuentas no contentos los del poder con tener una ley mordaza que reserva la información verdaderamente importante, ahora pretenden una mayor opacidad y en cuanto a esa circulante iniciativa de ley para asegurar la secrecía de los periodistas, seguro que es otro intento-bozal a las libertades de prensa y expresión.

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