jueves, 23 de diciembre de 2010

Perú: El ex ministro Rómulo León seguirá en prisión

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El ex ministro peruano Rómulo León, acusado de encabezar una red oficialista de corrupción descubierta hace dos años, continuará en prisión por decisión de un tribunal que rechazó su pedido de libertad.

León, quien fue titular de Pesquería y parlamentario en el primer gobierno (1985-90) del actual presidente, Alan García, había solicitado libertad condicional por haber pasado más de 18 meses en prisión sin sentencia.

El tribunal argumentó que, en procesos complejos como el de León, acusado de tráfico de influencias, los plazos judiciales se duplican en forma automática, por lo que el acusado puede estar preso hasta 36 meses a la espera de ser sentenciado.

León fue puesto en evidencia en octubre de 2009 cuando grabaciones furtivas de sus conversaciones con miembros de la citada red, sobre concesiones petroleras, construcción de hospitales y otros proyectos de empresarios extranjeros, fueron difundidas por un canal de televisión.

A raíz del escándalo fue anulada una importante concesión petrolera otorgada a una empresa noruega, aparentemente por gestiones de la red, y fue destituido el presidente de la empresa estatal de Hidrocarburos, César Gutiérrez.

También fueron divulgados audios de llamadas de León al palacio de gobierno y a personalidades como el entonces primer ministro, Jorge del Castillo, quien tuvo que renunciar ante la repercusión del caso, en el que no hay hasta ahora nadie sentenciado.

El gobierno allanó y clausuró la empresa electrónica Business Track, cuyos responsables -entre ellos agentes activos y retirados de inteligencia de la Marina- fueron detenidos bajo la acusación de espionaje, por haber grabado las conversaciones de la red y filtrado los audios a la prensa.

Recientemente el Tribunal Constitucional dictaminó que León y su coacusado, Alberto Químper, ex ejecutivo de la empresa estatal de contratos petroleros, no pueden ser juzgados con las citadas grabaciones como prueba, lo que es cuestionado por juristas de diversas tendencias.

El tribunal también pretendió prohibir a la prensa difundir grabaciones obtenidas mediante espionaje, lo que también cuestionan los juristas.

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