lunes, 6 de diciembre de 2010

Televisa, Ravelo y Hernández

Eduardo Ibarra Aguirre

Por medio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en delincuencia Organizada, mejor conocida por las siglas SIEDO y dependiente de la PGR, el gobierno de Felipe Calderón pretende deslindarse del zarpazo que dio Televisa al reportero Ricardo Ravelo y Proceso, en particular, pero inocultable es que va dirigido contra la libertad de expresión a la que tan bellos discursos dedica el festejador de los cuatro años de su gobierno, lapso en el que fueron asesinados 22 periodistas, una veintena de diarios y revistas sometidos a draconiano boicot publicitario por Los Pinos, en primer lugar el semanario desde hace una década panista, y con cuatro medios logró el objetivo que se fijó, destruirlos.

El titular de la Procuraduría General de la República ordenó el inicio de una averiguación previa para identificar y proceder penalmente contra el responsable de haber entregado a la columna vertebral del duopolio televisivo, la empresa que preside Emilio Azcárraga Jean, la grabación y texto de la declaración ministerial que rindió Sergio Villarreal Barragán, El grande, el 24 de noviembre ante la agente del Ministerio Público Angélica Herrera Rivera. Además, citará al reportero especializado en narcotráfico y autor de espléndidos libros, para que declare “lo que a su derecho convenga”.

Felipe del Sagrado Corazón de Jesús tiró la piedra y aún esconde la mano, pero es tan nítida la manufactura del golpe a la libertad de expresión, que lo evidenciaron varios legisladores de la oposición --incluido Francisco Labastida--, organizaciones civiles, comentaristas y contados medios de comunicación, porque la mayoría no quiere o no le conviene leer bien el mensaje que envió el corporativo mutado en tribunal electrónico en el Canal de las estrellas y por medio de su desgastada estrella principal (des)informativa: los intereses empresariales y políticos de Televisa son intocables y ambos pasan por la alianza estratégica con el presidente en turno.

El secretario de Gobernación también se ensució las manos para ayudar al jefe a esconder la autoría, presentó como “asunto entre particulares” la denuncia del presunto narcotraficante y sólo a Ricardo como supuestamente implicado en la corruptela de poca monta, por cierto, en lo que podría constituir una embestida contra el periodismo crítico e independiente en el ya agobiante y hasta angustioso penúltimo año de gobierno, que bien documentan las revelaciones de Wikileaks y Julian Assange, aunque para los mexicanos informados no resulten novedosos los desfiguros del grupo gobernante con las conductas que rayan en lo apátrida. Mas papelito habla.
Ulises Ruiz, suspirante panista a la gubernatura del estado de México, fue el único que optó por mostrarse cavernario sin más pruebas que sus palabras, al exigir “le señalaría a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque eso puede llegar a ser hasta complicidad de esa revista”.

Pero los hechos necios y tercos están allí. La edición de Proceso del 21 de noviembre con la cabeza principal “El grande, hasta con Calderón convivió”. Y enseguida publicó un adelanto del libro Los señores del narco, de Anabel Hernández, en el que se sostiene que el gobierno de Calderón intentó abrir canales de comunicación con capos de la droga, cuando Juan Camilo Mouriño era secretario de Gobernación y hombre de todas las confianzas y afectos del michoacano de Morelia.

Es la primera ocasión que Calderón Hinojosa es implicado, en el primer caso en una declaración ministerial, con uno de los señores de “la ridícula minoría”, con los que no está dispuesto a negociar bajo ninguna circunstancia aunque los “testigos protegidos” son fruto de la negociación de la PGR con los narcos.

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