miércoles, 6 de enero de 2010

Elección presidencial en Chile. El gran tropiezo de la tercera vía

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Si finalmente la Concertación es derrotada este 17 de enero, podría interpretarse como el gran tropiezo de la tercera vía, para no llamarlo fracaso.

La derrota concertacionista, de producirse, no es menor porque Chile representaba la joya de ese “imperio teórico” construido sobre una alternativa política que permitía introducir o alterar en pos del bien común, algunos espacios y estructuras en el sistema mayor, que continuaba siendo fundamentalmente capitalista.

Y esa posible derrota de un ejemplo privilegiado de la tercera vía, como el que ha producido la nación chilena, se gesta en medio de una coyuntura política mundial tendiente a un nuevo tipo de polarización.

No existen dudas que el sendero de la política global, por más que Barack Obama le haya colocado todo el esfuerzo mediático y político, es hacia la polarización.

El caso del terrorista nigeriano contenido antes de hacer explotar un avión de pasajeros en un vuelo a Detroit, vuelve a colocar la guerra contra el terrorismo en el rol protagónico de la era Bush, muy a pesar de Obama.

Afganistán, Irán e Irak están distantes de ser situaciones resueltas, y los problemas atingentes a los desequilibrios en el plano internacional revelan una vez más que la tendencia es a reconstruir antiguas bipolaridades.

Al menos una se hace bien visible, y es aquella de Occidente versus Oriente, y el ánimo propenso a la confrontación no se convierte en tema clave de un debate en los pueblos de las naciones.

La tercera vía, en varias oportunidades mencionada por la Presidenta de Chile Michelle Bachelet, constituyó en el fondo ese camino del “entremedio” que bien describe el teórico Homi K Bhabha.

Con el “entremedio”, el se refiere a la cultura pos colonial que intenta deprenderse de la matriz del antagonismo insoluble y la cultura dicotómica de la beligerancia, donde se sustenta la cultura occidental de dominación.

La polarización de la guerra fría, digámoslo en todas sus letras, fatigó todo incluso a la teoría.

Se llegó a un punto en los años 70 y mitad de los 80, en que los esfuerzos por encontrar un término medio a esa polarización llevada a los extremos, desde el equipo J.Nehru/ I.Gandhi su hija, pasando por Willy Brandt, y los socialistas y comunistas mediterráneos, se veían infructuosos.

Es así que nace la “tercera vía”, como un producto estrictamente teórico en el sentido de haber surgido del ejercicio académico más que de la práctica del político.

El invento de variada paternidad, consistía genuinamente en la búsqueda de esa estrategia del entremedio político que no hace añicos el sistema y que permanece constante en la ambición del bien común.

El sensor del “romanticismo político”, como diría Carl Schmitt, preveía que el socialismo operativo de la URSS se desbarrancaba, y obligaba a encontrar otra fórmula para que el socialismo rescatara al menos un espacio de funcionalidad en el sistema.

La tercera vía fue el gran descubrimiento o invención, y que empezó a practicarse con los socialistas y comunistas del mediterráneo, con los laboristas en las islas británicas, liberales y demócratas en Canadá, en EEUU, y en cualquier parte en que el socialismo se sentía como un término dañino en la estrategia de obtener el poder político del estado.

El socialismo en sí, ya ni siquiera era una estrategia. Recuerdo la célebre frase del senador chileno Carlos Ominami a mediados de los años 90 cuando propone que el socialismo no forme parte de los elementos constitutivos del partido socialista, y sostenía el cambio de nombre del partido.

Los respetables comunistas italianos arrancaron casi despavoridos de la palabra comunista como que estuviera quemando las entrañas políticas. Se refundaron como partido democrático de la izquierda.

En Chile hubo propuestas similares porque la palabra comunista quemaba. Hay una canción irónica de Lucio Dalla en compositor y cantante italiano que se llama Comunista que es un crónica de los tiempos.

Es cuando el neoconservadurismo ideológico que muchos se resisten a reconocer como fenómeno, arrecia y se instala como la agenda triunfadora. El término neoconservadurismo es mucho más significativo y explica con mayor profundidad los fenómenos, que el término reduccionista de neoliberalismo que confina todo el armazón político e ideológico al sistema económico.

En cambio en Chile comenzaba sí a funcionar la tercera vía.

Sobre todo en la década de los años 90, mientras que en otras partes se derrumbaba, especialmente en Francia e Italia.

En el Reino Unido está a punto de sucumbir si es derrotado el laborismo este año, y donde sobrevive a duras penas aunque con respetable dignidad es en España con R. Zapatero.

Lo de Chile era la excepción, más que “la joya del imperio”, porque la tercera vía nunca se instaló universalmente como una alternativa de obtener el poder del estado.

El constructo teórico funcionaba más en la academia que en el coliseo romano de la política, en que se despedazan los argumentos al borde de la validez del humanismo.

Por eso que lo de Chile, con todos los errores a cuesta, con toda la crítica despiadada de todos los sectores, era el milagro de la tercera vía.

Era en la práctica en el único país del mundo en que se practicaba hasta intuitivamente. Y muy probablemente en Chile, los que la practicaban, habían perdido la noción de la importancia universal de lo que estaban haciendo.

Era el único lugar donde el experimento había funcionado, con defectos y todo lo que sabemos.

Por eso es más grave lo que está sucediendo de lo que uno pudiera imaginar respecto a esta supuesta derrota que se anticipa.

Los que verdaderamente se sienten responsables deben decirlo por esa importancia.

De salvarse de este temporal adverso, esta tercera vía estaría viendo realmente otro milagro. Me da la impresión que en el registro milagrero no hay dos milagros tan seguidos.

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Las falacias del Informe sobre el Palacio de Justicia de Bogotá

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

En buena fecha (17 de Diciembre de 2009) aparece el famoso informe sobre la masacre del Palacio de Justicia de Bogotá ocurrido en noviembre de 1985, elaborado por una Comisión oficial de la Verdad dirigida por el actual presidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla asistido por Jorge A Gómez y Roberto Herrera, y financiado por la Fundación Ford.

Nada de lo que esta Comisión oficial de la Verdad dice es nuevo. Las verdades sobre las desapariciones y fusilamientos del ejército citadas en el “informe” las sabía cualquier lustrabotas de la carrera séptima de Bogotá. Lo importante es que ahora son una Verdad oficial que servirá como un cuchillo recién afilado para hacer “política” oligárquica en Colombia y afianzar las falacias del ministerio de la verdad del régimen.

Lo comprueba la solicitud pública del candidato presidencial Uribito para que se investigue la participación de su rival de candidatura Noemí Sanín, la entonces ministra de comunicaciones del gobierno de Belisario Betancur, quien actuando en acuerdo con el golpe de Estado transitorio dado por el militarismo colombiano, ordenó la censura de los medios de comunicación. También las siguientes falacias que el aparato de propaganda del régimen está ocultando deliberadamente en sus sesgados análisis.

Primera Falacia: Exculpación del Estado. El Estado no tiene la responsabilidad PRINCIPAL, pues a pesar de estar bien informado de la posible acción por los tantos infiltrados que tenía dentro del grupo guerrillero; en lugar de evitarla aprovechó para tenderle una trampa contrainsurgente de exterminio al M-19. Belisario Betancur el Presidente de Colombia y cabeza del Estado, no es responsable a pesar de haber reconocido por televisión su responsabilidad política en los sucesos, pues su participación se limitó a ser un “simple” observador pasivo que durante 48 horas sufrió un mini golpe de Estado.

Segunda Falacia: Exculpación del militarismo como un todo. Pues a pesar de que se le endilga cierto uso excesivo de la fuerza a dos feos chivos expiatorios muy reconocidos como el coronel Plazas Vega y el general Arias Cabrales, una institución militar o Fuerza Pública tan jerarquizada, con tantos altos cargos y con tanto espíritu de cuerpo como la colombiana, que en esta ocasión actuó integralmente como toda una maquina completa en la realización del golpe de Estado y en toda la operación contrainsurgente de exterminio, carece totalmente de responsabilidad.

Tercera Falacia: El incendio provocado intencionalmente por el ejército para destruir los expedientes que sindicaban de torturas y otros crímenes de guerra a varios generales como Vega Uribe y otros torturadores y “operadores” de las caballerizas de Usaquén durante el gobierno de Turbay Ayala que acababa de pasar, y que constituyó el objetivo principal de la acción; ahora se dice que fue para destruir los expedientes sobre rebelión y narcotráfico (y muchos otros procesos comunes) que se quemaron cuando las llamas se hicieron incontrolables.

Cuarta Falacia: No hubo un Pacto de Silencio entre el Gobierno y el M19, el que después de la amnistía del presidente Barco, fue elevado a la categoría de Constitución en 1991 por Cesar Gaviria.

Quinta Falacia: Si bien eran de amplio y público conocimiento las relaciones entre el cartel de Medellín y la cúpula del M19 y que incluso fueron rebeladas en la Habana en 1989 cuando el proceso publico por narcotráfico contra el general Ochoa y los hermanos de la Guarda (mucho antes que Popeye, Virginita Vallejo o Carlos Castaño), toda la responsabilidad de este crimen de guerra que previamente se le ha quitado al Estado y al militarismo colombianos, se vuelca sobre el M-19.

No acababa de publicarse el informe, cuando el hijo del fusilado magistrado Medellín Carlos Medellín, reconocido abogado y ex embajador en Inglaterra del gobierno de Uribe Vélez, haciendo la correspondiente resonancia política les aconsejó a Petro y a Navarro un buen abogado, porque va a pedir que esta masacre sea declarada Crimen de Lesa Humanidad, es decir sin prescripción. Dejando sembrada muy profundamente la terrible duda, de si el candidato presidencial del PDA, algún día podrá llegar a ser el Presidente de Colombia.

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Responsabilidad penal por el uso de las reservas para el pago de la deuda: Carta documento al Sr. Presidente del Banco Central Lic. Martín Redrado

Mario Cafiero (Diputado MC)

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De nuestra consideración:

Si bien este texto lleva por razones operativas sólo mi firma, declaro que su contenido se encuentra avalado por Ricardo Monner Sans –Presidente de la Asociación Civil Anticorrupción y abogado- y Francisco Javier Llorens –experto estudioso de la economía argentina. Con ellos hemos hecho el 28 pdo. una denuncia ante la justicia penal federal recaída en el Juzgado Federal Nº 3 del Dr. Rafecas, Fiscalia Nº 5 del Dr. Comparatore, que lleva el nº 16.188/09. Con motivo de haberme ya ratificado, el Fiscal actuante ha requerido medidas que se encuentran en trámite.

El proceso aludido se funda en los aspectos penales de DNU 2010, e involucra al Ministro de Economía Dr. Amado Boudou, y también a los Sres. directores del Banco Central de la República Argentina, los asesores legales de dicha institución y a usted personalmente, si llegan a consentir sin oponer reparos con la maniobra criminosa que se encuentra de por medio. A partir de esta Carta Documento esa entidad ni quienes la dirigen no podrán alegar ignorancia del contenido y alcances de la denuncia, cuyo texto despacho por vía internet en forma paralela a la dirección presidencia@bcra.gov.ar.

En dicha presentación demostramos que el DNU 2010 esconde un grave ardid, porque el mismo no se limita solamente a crear el Fondo del Bicentenario, disponiendo de u$s 6.559 millones, o sea 14 % de las reservas existentes, como se afirma ante la opinión pública, sino que por su intermedio el PEN podría llegar a disponer de casi el 40 % de ellas.

Y si ya de por sí es sumamente grave este manotazo efectuado sobre las reservas del BCRA, lo es mucho más si se considera que de convalidarse el DNU 2010, el mismo podría efectuarse con total desprejuicio de los efectos monetarios de esa medida. Se culminaría así con el desquiciamiento o dinamitación de la arquitectura monetaria sobre la que está erigida el BCRA. Esta destrucción se llevó a cabo últimamente, mediante el dictado de tres DNU que no tuvieron la más mínima discusión en el Congreso, salvo su forzado consentimiento:

- El DNU 401/03 de Duhalde, Remes Lenicov y otros, que autorizó al BCRA a emitir deuda, lo que le estaba enteramente prohibido hasta ese momento. Cabe que apuntar que la deuda pública que agobia a Argentina, tuvo su origen en la deuda contraída por el BCRA en los `80. En tal sentido en 1992 el ex presidente de esa institución Roque Fernández reconoció públicamente que las perdidas del BCRA hasta ese momento, eran equivalentes a la deuda publica renegociada simultáneamente. Por eso se le prohibió contraerla, pero la historia parece querer volver a repetirse.

- El DNU 1599/05 de Kirchner, Miceli y otros, que cambió el sentido de la “libre disponibilidad” de las reservas destinadas a cubrir la base monetaria, y autorizó a la par a pagar con reservas la deuda de organismos multilaterales de crédito. Este cambio del sentido es trascendente, porque de esa manera a partir de allí se pueden considerar como reservas de la base monetaria, a las que no son de libre disponibilidad, como son las reservas que son contrapartida de las Lebac y Nobac. Pero al menos en este DNU se estableció como limitación, que las reservas podían utilizarse “siempre que resulte un efecto monetario neutro…” .

- El DNU 2010, firmado por Kirchner, Boudou y otros. Que autoriza a pagar cualquier deuda pública con reservas, incluida la deuda en pesos, al mismo tiempo que releva enteramente al BCRA de considerar los efectos monetarios de esos pagos.

La historia de nuestro país y del mundo enseña que en economía se puede hacer cualquier cosa, menos no pagar las consecuencias. Para evaluar las posibles consecuencias no puede soslayarse un dato fundamental de la realidad económica argentina: la existencia (o subsistencia) de una economía bimonetaria. En Argentina hay una notable cantidad de bienes que se tasan y se cobran en dólares, siendo esta la moneda de referencia, de intercambio, y de atesoramiento.

El BCRA prohíbe las cuasimonedas emitidas por los estados provinciales, con el argumento que detenta el monopolio de la soberanía monetaria, y el monopolio de la creación y regulación de la moneda. Sin embargo consiente reverencialmente con la circulación de la cuasimoneda dólar emitida por los Estados Unidos, que circula libremente y a la vista de todos, en negocios de medianos para arriba. Y además con su intervención en el Mercado Único y Libre de Cambio, el BCRA se compromete a entregar dólares a la cotización que fija diariamente, como un remedo de la tablita de Martínez de Hoz, y de la convertibilidad.

Esta situación de bimonetarismo, consentida por el gobierno y por el BCRA, es en cierta manera una forma de permanecer aún, o no haber sabido salir de la convertibilidad. Que dolarizó malamente la mente de los argentinos, y terminó aun peor en el año 2001. Conforme la ley de Gresham, la moneda mala circula y la buena se atesora. Y esta circulación de una moneda de valor paralela, explica la baja monetización en pesos, el bajo multiplicador bancario, y la baja capacidad de crédito que existe en Argentina.

En tal sentido, en el actual sistema de total libertad cambiaria, tipo de cambio administrado, y mentes dolarizadas, las reservas en divisas se han convertido en el respaldo para la creación y esterilización de la base monetaria; por ello no pude disponerse libremente de las reservas en divisas, sin considerar los efectos monetarios que pudiera acarrear, y las incertidumbres consecuentes.

Emitir moneda para comprar divisas, esterilizarla con las Lebac y Nobac, y trascartón ceder estas divisas al Tesoro, quedándose el BCRA con la deuda a corto plazo de la Lebac y Nobac, supone un gravísimo acto de desadministración monetaria por parte del BCRA, al ceder el instrumento de esterilización de la moneda (venta de dólares) y quedarse solo con el instrumento de emisión de moneda (pago de las Lebac y Nobac). En la práctica es volver al emisionismo y bimonetarismo que llevó al país a las gravísimas crisis financieras de 1980, 1989-90, y del 2001. Que no solo destruyeron la economía del país, sino que justificaron la implantación de experiencias desastrosas, como la llevada adelante por el ex Presidente Menem y Domingo Cavallo.

A esta altura resulta indudable que el bimonetarismo como el que insiste practicar Argentina es insostenible, ya que toda corrida cambiaría conlleva también una corrida bancaria. Ante esto el BCRA, además de desprenderse de los dólares, solo tiene dos opciones. Asistir al sistema financiero, alimentando así la corrida cambiaria y agravando el problema. O no asistirlo y hacer que los bancos cierren sus puertas, transformando así un grave problema financiero en un gravísimo problema socioeconómico, como sucedió en el 2001.

Ante esta perspectiva, corroborada por la historia financiera del país desde sus inicios, y especialmente en los últimos treinta años, el disponer medidas que desaprensivamente enerven o debiliten ese esquema bimonetario, como se intenta hacer con el DNU 2010, es un acto no solo demencial, sino criminal, con dolo eventual, cargo que se debe hacer extensivo a todos los que convaliden y consientan con esa medida. Y es además la forma más directa de ir al FMI, que es el único que ante esas situaciones puede ser prestamista de divisas de última instancia, como sucedió tantas veces en nuestro negro, reciente, y oprobioso pasado económico.

Lo saludo atentamente.

Foto: Argentina, Economía - Martín Redrado, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). / Autor: MDZOL

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Argentina: ¡No más recursos para el pago de la deuda!

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Frente al anuncio que hizo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre la creación del“Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad” -con reservas del Banco Central- para hacer frente a los vencimientos de deuda en 2010, los que desde hace años venimos trabajando por la anulación de la fraudulenta deuda externa, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio a dicha medida.

Es inaceptable que a punto de cumplirse los 200 años de la gesta de Mayo de 1810 el Gobierno Nacional continúe resignando soberanía, contrariando el espíritu revolucionario que guió a nuestros primeros patriotas y se consolide una vez más la dependencia política y financiera a favor del capital concentrado. Es absurdo que se destaque como positivo que la creación del Fondo del Bicentenario "asegura el procedimiento de crecimiento de la Argentina y potencia la capacidad del sector privado para endeudarse a tasas más bajas" como afirmó el Ministro de Economía. Esto significa ingresar a un nuevo ciclo de endeudamiento, cuyas nefastas consecuencias lamentablemente muy bien conocemos.

El anuncio de esta medida pone en evidencia una vez más el doble discurso con que se maneja este gobierno respecto a la deuda. Por un lado, anuncia supuestas medidas progresistas en beneficios de los sectores populares, pero por el otro implementa medidas sumamente conservadoras, como destinar a este nuevo Fondo del Bicentenario 6.500 millones de dólares, el 37 % de las reservas excedentes, para el pago de una deuda comprobadamente ilegítima e ilegal, que está siendo nuevamente materia de investigación en los Tribunales federales.

Reclamamos que esos recursos sean destinados para saldar la deuda social con los millones de argentinos y argentinas que sobreviven bajo la línea de la pobreza o con los cientos de trabajadores despedidos a causa de la crisis global.

Exhortamos al gobierno nacional a poner en marcha una auditoría integral de la deuda antes de seguir honrando su pago. La auditoría permitirá tener certeza de efectivamente cuanto se debe y cuanto ya se pagó y sobre todo quienes se beneficiaron con una deuda que fue tomada en su mayor parte sin el consentimiento de los que hoy la estamos pagando. Y así poner de manifiesto que en realidad el pueblo argentino es el verdadero acreedor.

No más recursos para pagar la deuda. No más acciones en beneficio del capital concentrado.

La deuda no la debe pagar el pueblo: que la paguen quienes se beneficiaron.

¡Auditoría ya!

Primeras firmas:
Nora Cortiñas, Mirtha Baravalle, Elia Espen integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Gladys Jarazo, Pablo Herrero Garisto, Ernesto Matos, Hna. María Bassa, María Eugenia Lanusse, Juan Yahdjian integrantes de Diálogo 2000.
Julio Gambina, María Elena Saludas, Guillermo Berganza, Beatriz Rajland integrantes de ATTAC Argentina.
Martín Rodríguez, Cáritas Zarate-Campana
Mauricio Castaldo, Foro Artiguista Entrerriano
Luis Lafferier, Titular de Economía Política UNL. Director del Proyecto de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable" - UNER

Organizaciones:
Causa Olmos- Proyecto Sur- ATTAC Argentina - Asociación Guadalupe - Comisión de Justicia y Paz Misioneros Claretianos - Movimiento Social Misiones.

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Inseguridad: tragedia (y fábula) bonaerense

Oscar Taffetani (APE)

Un rápido balance de los dos años de gestión de Carlos Stornelli en el Ministerio de Seguridad bonaerense nos deja estimar que pronto, desde el vértice de la pirámide gubernamental, le pedirán la renuncia. En el momento más crítico de su carrera, el funcionario perdió su condición de fusible y entonces -para seguir con la metáfora electrotécnica- puso en riesgo toda la instalación.

En sus primeros meses de ministerio, Stornelli, con furia de converso, se lanzó a desmontar pieza por pieza el plan de reformas a la estructura de Seguridad que había diseñado el ministro saliente, León Arslanián. Con su llegada, la fuerza policial volvió a tener un jefe salido de sus propias filas (y no del gobierno civil, como algún iluso demócrata imaginaba). Además, la recién creada Bonaerense 2 fue disuelta, integrando sus efectivos a la primera y borrando así toda intención de reeducación o cambio. Para colmo, gran parte de los casi dos mil agentes exonerados durante la gestión Arslanián (muchos de ellos, procesados por delitos graves) fueron amnistiados y reincorporados.

En el plano político, con la llegada de Stornelli, el gobierno de La Plata volvió a tratar los grandes temas de Seguridad con los intendentes y caciques del Conurbano (en otras palabras, hizo un nuevo reparto de prebendas, kiosquitos y negocios).

Finalmente, se impulsó una reforma procesal inconstitucional y regresiva, en reemplazo del régimen de garantías que se había conseguido en el último cuarto de siglo. Según la iniciativa -a punto de convertirse en ley- la policía puede detener, por simple presunción de conducta delictiva, “a vagabundos, mendigos, merodeadores, borrachos, trapitos o cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, intérpretes de sueños, parapsicólogos, travestis y trabajadoras sexuales” (así lo publicaron los diarios).

El paquete de Stornelli fue envuelto en fraseología fascista del tipo “Más poder de fuego a la policía” ó “Más patrulleros en las calles”, con la intención de ganar apoyo en algunos medios de comunicación y en sectores de la opinión pública que históricamente han sido partidarios de la mano dura (clientes del no-ingeniero Juan Carlos Blumberg y del ex comisario, condenado por crímenes de lesa humanidad, Luis Patti, en el pasado reciente).

Efectos del no-plan

Los efectos del no-plan de Seguridad del ministro Stornelli quedan a la vista al cabo de dos años de gestión: los exonerados se juntaron con sus socios de adentro y volvieron a las andadas. El crimen organizado, con la debida “protección” y las debidas “zonas liberadas”, se profundizó y extendió en sus dos históricas direcciones: la exacción violenta a los que tienen dinero (secuestros extorsivos, robos en countries, piratería del asfalto, contrabando de narcóticos, robo de automotores) y el reclutamiento de distribuidores de droga, sicarios y colaboradores informales en las franjas más vulnerables de la sociedad.

Claro que con la mafia -lo sabe cualquier lector de novela negra y relatos policiales- nunca se pacta a medias. Y los malentendidos, en ese campo, suelen hacer correr ríos de sangre. Cuando ciertos directivos de la fuerza afectados al secuestro y custodia de automotores robados y cuando ciertos desarmaderos de autos del gran Buenos Aires fueron repentinamente investigados –dice la historia oficial- los poliladros subieron la apuesta y le arrojaron al ministro Stornelli (y a los medios) tres crímenes horrendos, de alto impacto sobre la opinión pública.

Fue ahí cuando el Ministro se equivocó y, en un desliz, dijo la verdad: declaró a los medios que él sabía que había policías en actividad y retirados que reclutan menores para cometer delitos. También dijo que los asesinatos de la arquitecta Renata Toscano en Wilde, de la maestra Sandra Almirón en Derqui y de la bioquímica Ana María Castro en Lanús, formaban parte de un mismo “complot desestabilizador”. Tamaña revelación, por parte del Ministro de Seguridad bonaerense, ameritaba una intervención federal en esa área del gobierno, o tal vez en toda la provincia.

Para colmo, se publicó por esos días que la sección Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad tenía bajo observación a policías y ex policías acusados de reclutar menores para cometer delitos. “Son expedientes abiertos a partir de anónimos que llegaron a la auditoría en los últimos meses”, declaró ante el juez la directora del área, María Alejandra Provítola.

Fue entonces cuando la jerarquía secreta de la Fuerza (esto es pura ficción) se reunió y decidió que había que apoyar públicamente a Stornelli y decir que la misma Policía Bonaerense colaboraría con la investigación, para eliminar de sus filas a los elementos corruptos o vinculados al crimen organizado, etcétera, etcétera. Eso sí: que la investigación, para que estuviera libre de toda sospecha, la realizara la Justicia…

El día antes de Nochebuena (esto ya parece el desenlace de El Padrino III), Stornelli despidió a varios abogados y a personal civil de Asuntos Internos, dejando que más de 200 expedientes abiertos, relacionados con la corrupción policial, pasen a ser manejados por la misma Fuerza (¿en qué quedamos? ¿investigan los jueces o investiga la policía?).

Colorín colorado, el cuento de la instigación y la utilización policial de menores para cometer asesinatos y delitos, ha terminado.

"Así como me llamó la atención aquello -declaró el Gobernador este lunes- también me llama la atención y, en buena hora, que en todos estos días, gracias a Dios, no hubo que lamentar más episodios de esas características…"

Fuente imagen: APE

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Argentina: 14 femicidios en diciembre

Gabriela Barcaglioni (ARTEMISA)

Durante el mes de diciembre, 14 mujeres fueron asesinadas en el país por razones de género. A lo largo del 2009, hubo 138 femicidios en el país. Los datos surgen de un monitoreo propio elaborado a partir de información de los principales diarios nacionales y de las tres agencias de noticias nacionales (Telam, Dyn y NA).

ROBLEDO
27 años
Murió en el hospital San Juan Bautista de Catamarca, al que ingresó a mediados de noviembre con un cuadro de sepsis provocado por un aborto.
2 de diciembre 2009

NN
Murió calcinada en un departamento del barrio porteño de San Nicolás.
Según la crónica, las dos mujeres que murieron en el siniestro quedaron atrapadas por las llamas en una habitación del departamento que funcionaba como prostíbulo.
8 de diciembre 2009

NN
Murió calcinada en un departamento del barrio porteño de San Nicolás.
Según la crónica las dos mujeres que murieron en el siniestro quedaron atrapadas por las llamas en una habitación del departamento que funcionaba como prostíbulo.
8 Diciembre 2009


MIRTA OROZCO
36 años
Fue encontrada degollada en un campo de la Finca San José, a 10 kilómetros de la localidad de Pichanal, provincia de Salta.
Juan Manuel Torres Durán su ex amante de 55 años, camino al hospital –donde ofreció llevarla tras golpearla – la degolló y ocultó su cuerpo.
9 de diciembre 2009

NN
Entre 20 y 25 años.
El cadáver fue encontrado en barrio 25 de Mayo, de Moreno, Provincia de Buenos Aires; tenía signos de haber sido golpeada.
El caso es investigado por el fiscal Federico Luppi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Moreno
9 de diciembre 2009

NN
Aproximadamente 30 años.
El cadáver fue encontrado dentro de una bolsa de nylon, parcialmente calcinado; presentaba señales de haber sido ahorcada.
El hallazgo se produjo en la localidad balnearia de Chapadmalal, a 12 kilómetros de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
11 de diciembre 2009

SILVANA LORENA OROPE
22 años
Falleció en el Hospital Vera Barros, de la capital riojana, al que llegó con un grave cuadro de hemorragia general tras la realización de un aborto séptico.
13 Diciembre 2009

BLANCA ESTELA ALEGRE
54 años
Baleada por su ex esposo Raúl González, policía retirado de 55 años, que luego de dar aviso a la policía del feticidio, se suicidó.
El hecho se produjo en el barrio La Sagrada Familia de Rosario, provincia de Santa Fe.
15 Diciembre 2009

PAOLA AYALA
23 años
Fue estrangulada durante una visita al padre de su hija, Martín Gastón
Flores, de 31 años, en el Penal de Marcos Paz.
Según el diario Clarín, el asesino cumplía una condena de
17 años y 'confesó que mató a su pareja porque ella había usado a la hija
que tuvo con él –de 45 días-, para entrar drogas a un penal' de la ciudad de
La Plata donde está detenido su padre.
16 Diciembre 2009

MARTA GRACIELA CARRE
64 años
Fue encontrada asesinada de 18 puñaladas y con signos de haber sido torturada, en su casa de la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Según cables de las agencias DYN y NA tenía varios cortes en la zona abdominal y había sido amordazada con su bombacha. En el portal www.tearosario.com.ar, el 16 de diciembre, se consigna que 'realizaba abortos clandestinos y que el móvil del crimen estaría vinculado con esa actividad'.
Las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría 9a. de la Unidad Regional II, con intervención del juez de Instrucción Penal Andrés Donnola.
16 Diciembre 2009

MARIELA FERNANDA SALUM
32 años
El cadáver totalmente calcinado de una mujer de 32 años fue encontrado ayer dentro de un auto incendiado, cerca de la Autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Tigre.
El diario El Día al informar sobre el hecho indica que 'si bien se aguardan los resultados de la autopsia, los investigadores creen que la víctima murió por efectos del incendio, en el marco de un crimen pasional'.
Por el femicidio detuvieron a su concubino de 43 años. Gustavo Costas, con quien convivía desde hacía diez años.
21 Diciembre 2009

ELIANA ANGELES CORIA
29 años
Fue ahorcada por su pareja, Marcelino Agüero de 28 años, durante una visita intima en el penal de Orán, Salta donde cumplía condena por el asesinato de su suegra.
El juez de Instrucción de Orán, Oscar Blanco, caratuló la causa como 'homicidio y suicidio'
27 Diciembre 2009

ROSA SANCHEZ
52 años
Apuñalada por su esposo José González de 53 años empleado de la Justicia Federal de Rosario.
El asesino fue detenido en el departamento donde cometió el crimen luego de que un llamado telefónico alertara al servicio de emergencia policial 911.
28 Diciembre 2009

OLGA INES ESCALADA
45 años
Alberto Galván le disparó con su escopeta y luego intentó suicidarse. Murió camino al hospital del Paraje Las Mercedes de Santiago del Estero.
La jueza Rosa Falco de Rainieri tomó intervención en el hecho
31 Diciembre 2009

En el mes de Noviembre publicamos seis femicidios; gracias a la colaboración de la colega de Santiago del Estero, Marcela Arce incluímos los femicidios de Rosa Paula Chavez y Paola Patricia Coronel Morales y rectificamos el nombre de una de las mujeres asesinadas.

GIOVANNA VANESA DÍAZ y no CINTIA DIAZ de 24 años fue apuñalada por Miguel Baez de 29 años, en la ciudad de Sumampa, al sur de la provincia de Santiago del Estero, en el departamento Quebrachos el 2 Noviembre

ROSA PAULA CHAVEZ
40 años
Fue asesinada en plena vía pública de la ciudad de Termas de Río Hondo por su ex pareja, Nicolás Albino Rivadeneira, de 36 años.
La pareja se encontraba separada desde hacía algún tiempo atrás y el día del crimen ambos se encontraron en cercanías al Juzgado de Familia local, a donde habían sido convocados por la Defensoría de Menores para arreglar los trámites atinentes a la tutela de los cinco hijos de ambos, uno de ellos discapacitado.
Cuando ambos se encontraron, a metros del edificio público, Rivadeneira extrajo un puñal de sus ropas y la mató.
4 Noviembre 2009

PAOLA PATRICIA CORONEL MORALES
29 años.
Fue estrangulada por su marido Cristian Fabián Santacruz, de 31 años, horas antes de arrojarse debajo de las ruedas de un camión.
El caso se conoció luego del suicidio de Santacruz y la desaparición de su esposa. La policía la encontró muy cerca del cementerio de Flores, lugar hacia donde había ido la pareja.
10 Noviembre 2009.

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Argentina, Córdoba: Telefé castiga a los trabajadores

PRENSA RED

Mientras continúa con el lock out patronal, que impide la emisión de los dos noticieros locales desde hace más de 20 días, la empresa aterroriza a los trabajadores de Canal 8. Hubo elección de delegado obrero y paritario. Se reanuda la negociación paritaria.

El Grupo Telefé – Telefónica comenzó el año 2010 con el mismo grado de soberbia con el que terminó el año 2009, ya que lejos de dar una explicación al intempestivo levantamiento de las dos ediciones del servicio informativo de Canal 8 continúa persiguiendo a los trabajadores, sembrando incertidumbre con respecto al futuro de la fuente de trabajo.

La suspensión comenzó el pasado 15 de diciembre, violando la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en el marco de las negociaciones paritarias, que se vienen desarrollando desde hace más de seis meses sin que hasta el momento se vislumbre una solución, puesto que las empresas, a través de sus abogados, acercan ofertas irrisorias.

Dura represalia

Sobre esta situación, el secretario Gremial del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), Víctor Beccaria, expresó que “se trata, en principio, de una represalia que tomó la empresa ante la actitud firme de los trabajadores de reclamar por lo que les corresponde. Estamos peleando un aumento de desde hace meses y no podemos conseguir que las empresas tomen una actitud coherente respecto a las relaciones laborales. Todo el mundo sabe lo que está pasando con el aumento del costo de vida y parece que los únicos que no se enteran son ellos”.

"Así, la empresa busca de alguna manera castigar a los empleados que hacen su trabajo con un alto nivel de excelencia; entonces, abusa de esta situación para que los compañeros que sienten como propio el informativo se sientan afectados”, opinó Beccaria.

Asimismo, el dirigente afirmó que “estamos llevando adelante todas las acciones legales necesarias ante los organismos que corresponden. La empresa no tiene producción local y eso también lo hemos denunciado ante el COMFER. Además, el Ministerio de Trabajo intimó y multó a la empresa, que sigue haciendo oídos sordos en una demostración de abuso de poder e impunidad”.

Por otra parte, aseguró que "tanto los trabajadores y el sindicato vamos a seguir bancando la situación y bregando para que los dos noticierons de Canal 8 vuelvan al aire para así salvaguardar el trabajo de todos los compañeros”.

Total incertidumbre

Los trabajadores del Canal 8 sostienen que el clima dentro del canal es de total incertidumbre. “Nos dijeron que el 15 de enero volvería el informativo del mediodía y el 1º de febrero el de la noche. Sin embargo, todo depende de Telefé Buenos Aires. O sea que puede volver la semana que viene o mañana. Vamos ver qué pasa con las negociaciones paritarias, pero no sabemos nada”, expresó un compañero del canal.

Mientras tanto ayer se llevó a cabo la elección de delegado obrero y paritario. Los elegidos fueron los compañeros David Barud y Gerónimo de Resa, respectivamente.

Sigue la paritaria

La negociación paritaria tendrá mañana miércoles un nuevo capítulo, el primero de 2010, con la reunión que se llevará a cabo desde las 11 en la delegación Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación. En la reunión, que se realiza en plena Conciliación Obligatoria, el Cispren volverá a reclamar a la autoridad laboral el cese del lock out patronal que desde hace tres semanas decidió “levantar” los noticieros de Canal 8.

El gremio denuncia que esta actitud de la empresa, subsidiaria del Grupo Telefé, no hace otra cosa que entorpecer él de por sí lento desarrollo de las negociaciones salariales, que se vienen desarrollando desde hace poco más de cuatro meses.

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Argentina, La Pampa: Avance de Multicanal en Santa Rosa, ahora opera Canal 6 de aire

LA ARENA

El contrato de alquiler sería un paso previo para quedarse con la emisora comunitaria. Uno de los locatarios es representante del holding. La maniobra apuntaría a obstruirle los caminos a la CPE.

¿El Grupo Clarín busca quedarse con un canal de aire en Santa Rosa? La pregunta no es antojadiza ni oportunista. Fuentes de absoluta confianza confirmaron ayer que recientemente un empresario periodístico y un abogado local alquilaron las instalaciones de Canal 6 Comunitario para producir programas desde sus estudios. El empresario sería Gustavo Córdoba, uno de los representantes del Grupo Clarín en Santa Rosa, y el abogado Marcelo Piazza, ligado al radicalismo, ex juez subrogante federal y provincial y actual secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.

El alquiler de la emisora -que el conocido locutor Antonio Gonzalvez administró durante muchos años- sería un paso previo a un intento de compra. Si los actuales locatarios se quedasen con Canal 6, podrían abrirle indirectamente las puertas a Clarín, pese a que la Ley de Medios -cuya implementación el Grupo está procurando detener a través de planteos judiciales- prohíbe que el propietario de un canal de aire pueda tener un canal de cable en la misma ciudad, y viceversa.

Hoy el Grupo Clarín, a través de las empresas privadas Multicanal y Teledigital monopoliza el mercado del cable local porque aunque las firmas aparezcan separadas, las cuestiones administrativas y el cobro de los servicios convergen en un único local ubicado sobre la avenida San Martín. Esa confusión de nombres y empresas ha llevado a que, desde la propia municipalidad, admitan que no se sabe a quiénes pertenecen los cables que están tendidos por la ciudad a través de las columnas de la Cooperativa Popular de Electricidad.

Justamente el alquiler de C6C podría ser una primera maniobra del Grupo Clarín para intentar golpear a la CPE, a sabiendas que en un plazo breve -que algunos calculan en seis meses- podría estar ofreciendo los servicios de televisión digital, telefonía e Internet a precios más económicos. Incluso ayer también circuló la versión de que Córdoba y Piazza habrían contactado a dirigentes cooperativos para ofrecerles futuras producciones televisivas, que serían realizadas por terceros. Paralelamente, las operadoras de cable vienen instalando a un ritmo vertiginoso la fibra óptica, a tal punto que se vieron operarios trabajar los domingos.

El Grupo Clarín, a través de Multicanal y Cablevisión -una fusión que fue anulada por el gobierno nacional, luego que la aprobara en 2007-, tiene la principal red paga de América Latina, según informa en su propia página web. Solamente en Capital Federal llega a 1.300.000 clientes.

En Santa Rosa dio el primer paso cuando Multicanal compró Difusora SRL en junio de 1994. Luego Cablevisión adquirió Pampa TV en 2000, que luego pasó a Teledigital Cable S.A. Con la fusión Multicanal-Cablevisión, Clarín se quedó con todo.

"Puede haber dumping", advirtió Nocetti

La polémica entre la Administración Provincial de Energía y la Cooperativa Popular de Electricidad por el uso de las columnas, para que empresas privadas de cable tiendan la fibra óptica, sigue abierta. El administrador de Energía, Carlos Llinás, dijo ayer que la CPE planteó una queja "genérica" y reclamó mayores precisiones técnicas; mientras que el presidente de la entidad solidaria, Oscar Nocetti, cuestionó que la APE no haya respondido al pedido de suspender el tendido por 60 días y advirtió sobre una eventual política de dumping en el mercado santarroseño.

El punto de partida de la pulseada hay que buscarlo cuando Energía no notificó, en tiempo y forma, a la Cooperativa de la autorización que le otorgó el 28 de agosto pasado a la operadora de cable Teledigital-Multicanal para que usara sus columnas para el tendido de la nueva red -que le permitirá ofrecer el servicio de televisión digital-, a pesar de que una resolución de la propia APE obliga a darle vista por 10 días a las cooperativas para que efectúen las observaciones que consideran necesarias. Por eso fue que la operadora arrancó con el tendido, utilizando las columnas de la CPE, sin que ésta estuviera notificada oficialmente de ello. Según Nocetti, esa notificación recién llegó "a mediados de diciembre".

Llinás expresó que la respuesta de la Cooperativa fue una nota "extensa, genérica y con muchos adjetivos", y pidió más precisiones técnicas. "La APE aprobó el tendido en base al proyecto de un profesional; por eso esperamos lo mismo de la CPE. Si sostienen que la capacidad de las columnas puede excederse, queremos que lo demuestren en base a cálculos y no a la imaginación. Que digan en tal calle, en tal conductor... esa es la manera de mejorar el proyecto, porque tampoco se puede salir a recorrer todas las calles de Santa Rosa. A lo mejor hay objeciones ciertas, pero tienen que focalizar los problemas. Por eso le dimos unos días más para que conteste".

Posturas disímiles

Nocetti, por su parte, remarcó que Energía "no envió el legajo en tiempo y forma" y por eso calificó de "intruso" al personal de las empresas privadas que han instalado la fibra óptica. "Ellos están enganchados de la red eléctrica de preensamblado, y lo digo literalmente, porque el legajo para la Cooperativa lo aprobara llegó a destiempo", indicó.

"A esa nota la respondimos desde lo técnico y desde lo legal, señalando con precisión que para los abogados de la CPE las licencias que las empresas aducen tener para instalar la fibra óptica no alcanzan. La documentación que aportaron, y que está incorporada al legajo, es insuficiente para tirar las redes. En función de ello, y de cómo están trabajando desde lo técnico, fue que se le solicitó a la APE que suspenda el tendido por 60 días; pero aún no recibimos una respuesta. Lo mismo se le pidió a la municipalidad".

- ¿La comuna respondió?

- Sí, hubo una respuesta casi inmediata: ordenó suspender las actividades de tendido y, de acuerdo a versiones extraoficiales, hasta le aplicó multas a las empresas.

En otro plano, Nocetti se quejó porque la CPE, una entidad sin fines de lucro, está obligada a cederle sus columnas a empresas privadas, y advirtió que los operadores de cable -sabiendo que la Cooperativa ofrecería el mismo servicio en un corto plazo- podrían aplicar "una especie de dumping como ocurre en Punta Alta".

"Acá hay un aspecto importante a considerar y es que una empresa privada, con fines de lucro, está tratando de usufructuar un capital de todos los socios de una entidad sin fines de lucro, cuando nos costó muchísimo expandir las redes eléctricas hasta en los barrios más lejanos -remarcó el dirigente-. Sin embargo, hay disposiciones que nos obligan, y quiero remarcarlo, nos obligan, a alquilarle las columnas a empresas privadas para beneficio de ellas. Aunque también está estipulado que la prioridad de uso es de la Cooperativa. Como se están ampliado las redes, cabría la posibilidad que en poco tiempo se solicite que las empresas bajen sus redes porque se necesitarán las columnas".

- ¿La CPE está tendiendo la fibra óptica?

- Está ampliando permanente la fibra óptica y telefonía; y además hay más consumo de energía. Por eso inauguró subestaciones para también ampliar ese servicio.

"Abro el paraguas"

Más adelante, Nocetti mostró sus sospechas de que "en Santa Rosa puede suceder lo que ocurrió en Punta Alta, cuando las empresas multinacionales, viendo que la cooperativa local ofrecía un servicio de similar calidad y a precio más bajo, empezó a competir con tarifas que no cobran en otros lados, como por ejemplo en Bahía Blanca, una ciudad muy cercana. Acá, como saben que en poco tiempo la CPE ofrecerá televisión por cable, Internet y telefonía fija a una tarifa más baja, no me llamaría la atención que lo que está pasando tenga relación con una especie de dumping. Por eso quiero abrir el paraguas y alertar a los asociados".

La palabra dumping, en términos comerciales, se utiliza para describir la acción de "inundar" un mercado con mercaderías o servicios a precios bajos, con el objetivo de desplazar, eliminar o al menos impedir el desarrollo de la competencia.

- Si las empresas privadas bajasen las tarifas del cable, los usuarios se pondrían contentos...

- Yo lo digo para que la gente sepa que si eso ocurre es porque la CPE peleó y está peleando para poder ofrecer el mismo servicio. Porque si no tuviera esa posibilidad a corto plazo, difícilmente las empresas privadas pensarían en bajar las tarifas. Después cada socio sacará sus conclusiones...

Al final, Nocetti se preguntó porqué las cableras no utilizan las columnas de Telefónica -otra empresa con fines de lucro- para tender sus redes. "Porque no aceptarían pagar el valor que fijaría Telefónica", se respondió (NdeR: actualmente el canon fijado por la APE es de 48 pesos anuales por cada 100 metros de tendido, más un adicional de 19,20 por tareas de mantenimiento).

- ¿Usted sabe cuántos metros de fibra óptica ya tendieron las empresas de cable?

- Las empresas tienen la obligación de denunciarlo al municipio, pero en la comuna dicen que es difícil de comprobar porque no se sabe de quiénes son los cables. Por eso se está pensando en exigirle que los diferencien con colores.

¿Qué pasa en Punta Alta?

Punta Alta es una ciudad de 75.000 habitantes que se distancia de Bahía Blanca por apenas 28 kilómetros. Allí hay dos empresas de televisión por cable. Una es Visión Canal 4, una firma cooperativa, que ofrece actualmente el servicio a 58 pesos, y a la otra es Multicanal, que lo cobra 63. Este último precio sería relativo, de acuerdo al relato de un vecino puntaaltense. "A veces la tarifa no es uniforme. Si protestás, quizá te la bajan; y si no decís nada, te la mantienen", indicó.

Notificación municipal

La Municipalidad notificó ayer a la Cooperativa Popular de Electricidad la disposición 1695/09, por la cual "determinó el cese inmediato de los trabajados solicitados por Roberto Córdoba, consistentes en el reemplazo de los tendidos existentes y colocación de nuevo cableado en la ciudad (...), hasta tanto no se dé cabal cumplimiento a las exigencias de la ordenanza 2486/99", referida al régimen aplicable para el otorgamiento de los permisos de uso y ocupación del espacio aéreo y subterráneo del dominio público (instalación y/o uso de postes y colocación de redes o cableados). Córdoba efectuó el pedido en nombre de Multicanal-Digital y otras firmas, por lo que desde la comuna se le solicitó "copia debidamente autenticada" de la autorización o licencia para desarrollar esa actividad.

La disposición fue firmada el 29 de diciembre por el secretario de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano, Diego Bosch. A través de ella también se dejó sin efecto la autorización provisoria que se le había otorgado a Multicanal, el 24 de agosto pasado, para instalar las redes.

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Argentina, Catamarca: El bloqueo contra Agua Rica sigue firme y se extenderá a otro camino hacia la futura mina

PRIMERA FUENTE

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Lejos de amedrentarse ante una amenaza policial, vecinos de Andalgalá redoblarán la apuesta y bloquearán desde hoy otro camino que conduce a la futura explotación minera de Agua Rica. El bloqueo a los vehículos ligados a este emprendimiento, ya no sólo se mantendrá en la localidad de El Potrero (acción de fuerza que ya lleva más de tres semanas) sino que ahora se extenderá hacia un camino ubicado en la población de Choya. En tanto, el lunes, los autoconvocados impidieron el paso de una camioneta con obreros que se dirigían hacia la zona del yacimiento para iniciar, aparentemente, la construcción de un playón en el corazón de los Nevados del Aconquija. A partir de este hecho, dos asambleístas fueron denunciados en la comisaría local. Pese a esto, el apoyo popular a la medida de fuerza se evidenció masivamente el sábado cuando miles de personas marcharon en torno a la plaza principal de la ciudad catamarqueña en rechazo a Agua Rica.

Foto: Argentina, Catamarca, Depredación minera - Andalgalá marchó contra la megaminería. / Autor: PRIMERA FUENTE

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Argentina, Mendoza: Piden retirar los símbolos religiosos que están en dependencias del Estado

Gabriel Conte (MDZOL)

Se basa en el principio de que “la neutralidad de las autoridades públicas no afecta a la libertad de religión”. El titular de una ONG mendocina sostiene que “no hace falta andar exhibiendo su propia convicción íntima a todo el mundo cuando la se tiene la suficiente fe”. Piensan llegar a instancias nacionales con el reclamo.

Una entidad mendocina que se creó el año pasado con la finalidad de defender “los valores del libre pensamiento”, la asociación civil “20 de Setiembre”, realizó una tarea en los últimos días de 2009 que promete trasladar a Mendoza y el país, un profundo debate que ya se está dando en las naciones europeas.

Para estos días, sus impulsores aguardan que se cumplan los plazos legalmente establecidos para que diversas dependencias públicas respondan una nota que fue dejada en sus mesas de entrada. La misiva, requiere que informen “cuál es el marco legal en que se sustentan, a los fines de introducir símbolos religiosos en los edificios públicos”.

Una nota de idéntico tenor ya está en manos de los responsables de la Fiscalía de Estado, ambas cámaras del Poder Legislativo, en el Poder Judicial, el Departamento General de Irrigación, la Dirección General de Escuelas, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la provincia.

Se ha naturalizado encontrar en los despachos de funcionarios públicos, de quienes imparten justicia o bien en espacios comunes de dependencias del Estado imágenes religiosas. Sin embargo, desde la entidad dudan que haya alguna legislación que así lo establezca y sospechan que la presencia de este tipo de elementos –que condicionan a quien no los comparte, ya sea por profesar creencias diferentes o bien, por no sostener religión alguna- tiene más que ver con una impronta personalísima de los funcionarios.

Para despejar sus inquietudes decidieron, entonces, que cada poder del Estado y cada organismo independiente o descentralizado responda, por escrito, en qué se basan para permitir esta “invasión” de un espacio que, se entiende, debería estar despojado de influencias místicas.

En todo caso, se sostiene que las creencias personales de quienes son parte del Estado deben quedar fuera de los espacios que ocupan temporalmente, ya que el Estado no tiene por qué contagiarse de las creencias de quienes pasan por sus cargos de decisión, y debe respetar, afirman los reclamantes, a la ciudadanía en su conjunto y en su diversidad.

Ni Cristo, ni el Ché, Perón…ni la Pradón

Marcelo Puertas es el titular de la entidad. Quiso ser lo más claro posible al referirse al tema, cuando fue consultado por MDZ, ya que “lo que menos nos interesa es el enfrentamiento; buscamos claridad”, dijo.

Para Puertas, “quien tenga una creencias política o religiosa, debe tener garantías para su práctica en la intimidad o en los locales destinados a ello”. Por lo que, además, graficó: “No sólo pensamos que en un despacho público no tiene que haber un crucifijo, por ejemplo, sino tampoco un cuadro que denote e imponga ideología alguna…cosa que trasunta hasta una foto de alguna señora ligera de ropas pegada en un vidrio o alguna pared”.

¿Pero entonces ustedes están rechazando este tipo de creencias y convicciones...?

- De ninguna manera. Pero la ley establece que cada cosa debe hacerse en su lugar. Nosotros no estamos impugnando estas creencias, sino que estamos preguntando en qué se basan para contarle a todo el mundo, desde sus espacios de poder, en qué creen y, de alguna manera, imponiéndole al resto desde un espacio que no es propio, sino que es de todos, sus propias e íntimas convicciones.

Puertas, en tanto, frente a la posibilidad de que el Estado impulse el “ecumenismo” o bien, el acercamiento entre ideas religiosas diversas, se manifestó también de manera negativa. “No estamos de acuerdo con que se trate de lugares ecuménicos, porque se estaría discriminando a quien no cree en ninguna de las religiones”, sostuvo.

“Sencillamente, lo que le pedimos al Estado provincial –dijo- es que al tratarse de lugares públicos, que se les de la características de tal”. “Lo religioso –abundó- trasunta por la intimidad; no hace falta darle espacios públicos o institucionales para reafirmar sus propias convicciones. Eso es un abuso y a veces, según quién lo haga o de qué manera mezcle su religión con su función pública, hasta podría tener ribetes de vedettismo del que hasta las religiones deberían sospechar”.

El debate europeo

En Europa, por estos meses, se da un debate similar. La Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo determinó que la presencia de crucifijos en las aulas constituye “una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones” y “una violación de la libertad religiosa de los alumnos”.

Mientras que el Vaticano manifestó su “estupor” por este fallo y consideró que “es equivocado y miope querer excluir a la religión de la realidad educativa”.

En España, el Tribunal Superior de Justicia ordenó que se retiren los crucifijos de las aulas en las escuelas en donde así lo hayan pedido los padres de los alumnos.

Pero el Parlamento Europeo irá más allá y se espera un pronunciamiento para el próximo 20 de enero. La resolución que obliga a quitar los símbolos religiosos de los espacios públicos considera que “la neutralidad de las autoridades públicas no afecta a la libertad de religión, pero constituye un requisito previo necesario para el pluralismo de la sociedad en general”.

Así, Europa podría llegar a establecer que “los símbolos religiosos no se deben exhibir de forma obligatoria en los locales utilizados por las autoridades públicas, mientras que debe garantizarse plenamente la libertad de uso, porte o exhibición en recintos privados, como los domicilios, los lugares de culto o las escuelas religiosas”.

Un antecedente municipal

Un antecedente en la materia se dio en Guaymallén, en la década de los años 90. Allí, el Concejo Deliberante alertó sobre la imposición de simbología religiosa en todas partes, sin autorización ni orden y sin que se consulte al resto de los vecinos de los lugares en torno a su conformidad o no para erigir estos elementos de culto.

La misma norma, impulsó espacios “ecuménicos” y respeto por la neutralidad de los espacios en común, con la idea de que esquinas, plazas y bulevares no se transformaran en territorio de disputas por la presencia simbólica de las diferentes creencias que, aun dentro de una misma religión, suelen tener diversas facetas y seguidores.

Las etapas del reclamo mendocino

Puertas, indicó que están esperando las respuestas de los organismos públicos. “No tanto por los plazos legales –aseguró- sino porque corresponde institucionalmente que den una respuesta”. Convencido de que desde la entidad que dirige están formulando un aporte a “vivir una democracia de mayor intensidad, pluralidad y respeto mutuo”, el dirigente reafirmó su idea al señalar que están preparando las presentaciones ante el Estado nacional en el mismo sentido.

“No estamos en contra de la religión, para nada”, dijo Puertas de manera contundente y explicó que en la “asociación 20 de Setiembre” hay “personas que son fieles de diversas religiones, en su mayoría cristianos, pero que lo son en su vida personal, familiar y privada y entienden que no hay por qué contagiar todo lo que tocan de sus propias creencias, ya que no están inseguros de su fe”.

¿Se terminarán los crucifijos que presiden los estrados judiciales, por ejemplo?

- En la justicia hay muchos crucifijos, es cierto. Se trata de un acto de imposición autoritaria. Pero también lo es la cruz que está en el recinto de sesiones de la Legislatura. El argumento que suelen dar es insólito: dicen que la puso un ordenanza por idea propia, pero nadie atina a quitarla de allí, que es un espacio de todos.

¿Por qué cree que no las quitan, aun cuando en privado admiten que se podría tratar de un abuso?

- Definitivamente, no es porque sean muy devotos, sino porque le tienen miedo a la reacción de la Iglesia como institución. Pero hay algo que está claro: a nadie le hace falta tener una cruz en el despacho para sostener su fe.

Autor foto: Nacho Gaffuri - MDZOL

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Argentina: El agua no es una mercancía. Buques lastran agua del Paraná y la subastan a granel por Internet


INFOSUR

La ONG ecologista Río Paraná denuncia venta de agua de ríos argentinos en Internet. "Es una historia de piratas. Vienen en barco, se llevan el agua y la venden al otro lado del Atlántico sin mayores restricciones de la estructura jurídica nacional o provincial", denuncian.

Desmedido y paradójico, así es como empresas internacionales venden el agua de los ríos argentinos a Medio Oriente y África. El agua dulce, dada su escasez en el planeta (3% del total), asoma como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI. Así también lo advirtió Proyecto Sur durante un acto en defensa del Atlántico Sur.

Argentina dispone de 22.000 metros cúbicos por habitante al año, lo cual es mucho, pero mal distribuida: dos tercios de su territorio es árido o semiárido. En este escenario, la empresa Makhena SA, con sede en Miami y sucursal en Buenos Aires, ofrece por internet agua dulce de los ríos de la llanura argentina, entre los que se encuentra el Paraná.

Así se observa en el sitio www.makhena.com, en un negocio redondísimo: "Agua dulce a granel. Comercialización de agua dulce de río. Características: Agua dulce, cruda, sin tratamiento. Origen: Ríos de llanura. Cantidades: entre 60.000 y 70.000 toneladas por envío. Usos: Potabilización y consumo, riego, etc. Transporte: Buques Tanque", se observa en el sitio.

"El agua es un elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A pesar de ser renovable, la escasez del agua se manifiesta gradualmente a medida que aumentan las demandas y los conflictos por su uso", argumentan para vender este recurso a precios altísimos.

En concreto: se llevan el agua del litoral del país en el lastre de los barcos. Cualquier buque, para poder navegar, tiene que estar lastrado, con cierto peso para mantenerlo equilibrado. Para que pueda navegar sin zozobras, debe cargar cierto volumen en sus bodegas, así, descargan la mercadería en puerto argentino y cargan agua dulce (también en puerto argentino) “para la vuelta”, y la venden en los mercados del Medio Oriente, África y Europa donde luego la potabilizan. La cargan en el Paraná porque el agua está menos contaminada que en el Río de la Plata.

Hasta ahora no hay ninguna ley que regule el “tráfico clandestino de agua dulce”, lo hacen impunemente a la vista de todo el mundo y en las propias narices de la prefectura naval argentina, que sabe lo que hacen pero que no tienen los instrumentos jurídicos para poder actuar.

Mientras tanto, por los ríos del Delta del Paraná los vemos navegar todos los días, llevándose nuestros recursos naturales en sus bodegas gratuitamente.

Fuente foto: INFOSUR

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Argentina, Salta: Universitarios se oponen al aumento del boleto del trasporte público

COPENOA

El Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta expresa su total disconformidad con la intención del Gobierno de la Provincia de aumentar la tarifa de transporte público de pasajeros.

“Realmente el pedido de la empresa estatal SAETA se inscribe en una lógica netamente perversa porque pretende que los usuarios resuelvan - a través de pagar el incremento del boleto - la mala administración del sistema de transporte y la escasa capacidad del poder ejecutivo de destrabar un inequitativo sistema de subsidios”. Aclaran en un comunicado firmado por Matías Abán Presidente del CEUCE.

Agregando: “Desconoce además la empresa y pareciera también que el propio gobernador, el crecimiento de los índices inflacionarios que de manera paulatina deterioran el salario de los trabajadores y sumergen cada vez mas a cientos de familias en una crisis que pareciera irreversible, lindante con la pobreza y la exclusión.

Este aumento provocará que muchos de nuestros compañeros dejen de asistir a la Universidad o tal vez lo hagan de manera esporádica retrasando así sus estudios, situación que nos preocupa e indigna.

Nos preocupa porque esta en juego el derecho a estudiar y nos indigna porque como en los ’90, se pretende hacer pagar los costos de un sistema de transporte a los sectores mas vulnerables mientras observamos todos los días en los diarios como el gobernador incrementa su planta de asesores gastando para ellos sumas siderales.

Frente a este escenario que parecería inmodificable es sumamente necesario realizar todas las acciones necesarias: marchas, petitorios y recursos judiciales. En fundamental que quienes gobiernan escuchen el descontento e interpreten correctamente las demandas de una sociedad que está cansada de estas maniobras que buscan favorecer los intereses de unos pocos en perjuicio de la mayoría”.

Desde el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas impulsan las siguientes acciones:

* Impulsará un estudio de los costos del transporte para verificar así los costos reales del sistema ya que los mismos son desconocidos por la AMT.

* Solicitaremos se publiquen los balances contables de SAETA.

* Trabajaremos con legisladores provinciales para solicitar la modificación de la ley de creación de la AMT y que las Audiencias Públicas sean vinculantes.

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Argentina: La provincia de San Luis denunció penalmente a Repsol

CUYO NOTICIAS

La Fiscalía de Estado presentó una denuncia debido al derrame de combustible que se produjo por la rotura de un oleoducto perteneciente a dicha empresa y que está ubicado a 4000 metros de la ruta 7 en cercanías del Río Nuevo y a 2500 metros de la localidad de Juan Jorba.

Entre los aspectos más importantes de la denuncia penal contra Repsol YPF, se destaca lo siguiente:

1) La inmediata suspensión del uso del Poliducto Villa Mercedes-Monte Cristo perteneciente a la Empresa YPF S.A., inter se realice un peritaje a cargo del I.N.T.I, de todo el ramal, sobre la superficie interna y externa del caño, y especialmente el estado de su costura longitudinal, a los fines de determinar el estado de conservación, el grado de desgaste y deterioro del mismo, y consecuentemente su factibilidad de uso en el futuro.

2) Asimismo, se realice, por parte del INTI, un peritaje sobre el caño por el cual se produjo el derrame, debiendo establecer las causas de la rotura del mismo.

3) El Monitoreo de la calidad del agua destinada a uso humano a través de análisis en las perforaciones de la localidad de Juan Jorba y de vecinos al punto de derrame de gasoil, con una periodicidad mensual (una vez por mes durante el primer año desde la fecha del derrame). Si los resultados fuesen negativos (ausencia de hidrocarburos) los análisis se realizarán con carácter preventivo y durante el segundo año después de la fecha del derrame con una periodicidad trimestral (cada tres meses durante el segundo año).

4) Monitoreo de la calidad del agua destinada al consumo como bebida de ganado, mediante análisis en las perforaciones existentes en la zona, agua abajo del punto de derrame, con una periodicidad mensual (todos los meses durante los primeros seis meses) y si los valores fuesen negativos (ausencia de hidrocarburos), espaciarlos cada trimestralmente (cada tres meses durante los siguientes dos año).

5) Seguimiento y monitoreo a los fines de evitar la propagación de agua contaminada o su migración a zonas no contaminadas, mediante:

a) Colocación de barreras superficiales, consistentes en terraplenes con material arcilloso o material con características impermeabilizantes que detenga el hidrocarburo, delimitando la zona afectada a los fines de evitar la escorrentía de aguas contaminadas hacia zonas o áreas de aguas y suelos limpios.

b) Adopción de acciones tendientes a remediar el suelo afectado, hasta que se verifiquen en su composición valores de hidrocarburos menores a 100 ppm, utilizando la tecnología de Landfarming EX SITU. Dicho estudio deberá realizarse por empresas con probada experiencia a nivel nacional e internacional, debiendo presentar los resultados de análisis de hidrocarburos correspondientes, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Resolución SCCyRP-010-2008.-

c) Adopción de medidas tendientes a remediar el agua superficial y subterránea mediante la utilización de técnicas aprobadas por la EPA -Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos- y a través de empresas de certificada experiencia.

d) Monitoreo del agua superficial de la zona afectada con una periodicidad semanal, hasta que los valores sean inferiores a 50 ppm.

6) Construcción de tres pozos freáticos de control cercanos a la zona de derrame, aguas abajo para monitoreo de las aguas subterráneas y de la presencia de hidrocarburos.

7) Requerir a la empresa responsable la colocación de cañones de estruendo o personal a fin de ahuyentar la avifauna, como asimismo, rescatar los ejemplares de fauna afectados por el derrame. Realizar una barrera que impida el paso de la fauna terrestre hacia la zona afectada. Recolectar los ejemplares de fauna muertos, previo inventario.

8) Implementación de un plan de forestación de especies autóctonas en especie y cantidad igual o superior al inventario realizado en el plan de contingencias previamente presentado.

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Argentina, Santa Cruz, Río Turbio: Denuncian la gestión del Interventor de YCRT

ACTA

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) de Río Turbio, denunció ante el Ministerio de Planificación Federal y el Gobernador de Santa Cruz la gestión del interventor de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Ángel Garabello.

El secretario general de ATE Río Turbio, Mario Castillo, señaló que el balance expresado por el Interventor no se condice con la realidad actual de la empresa en donde "lo concreto es que la producción anual fue inferior a las mil toneladas, se demora la adquisición de equipamientos particularmente en preparación principal y secundaria y los accidentes e incidentes de trabajo son reiterados".

Castillo expresó que “nos alarma la falta de equipamiento para la mina, porque se viene la megausina y en dos años mas no vamos a poder entregarles carbón de la mina, esa es la realidad hoy”.

Además anticipó que “si en 2010 no se puede activar la mina rápidamente para lograr que se compren los equipos”.

Asimismo, Castillo informó que desde la comisión directiva de ATE y en paritarias "solicitamos información que permita encontrar los caminos que mejoren la organización empresaria, la capacidad productiva y para transparentar la realidad de YCRT", y sostienen que su compromiso se verifica en una iniciativa que muchas de las autoridades empresariales han aceptado en su momento como lo es "el diseño del escalafón único, el desarrollo del organigrama y la construcción de la estructura empresaria piramidal garantizada por concursos de antecedentes y oposición".

Castillo acusó que "los funcionarios reconocen la situación de crisis, disimulan y tergiversan la información, cifras y estadísticas que a todas luces son irreconciliables con el estado de cosas, dejando en claro que estamos en presencia de comportamientos engañosos".

Bajando la producción

Cuando Garabello declara que fue un año positivo, el sindicato que defiende a los trabajadores estatales responde que "lo concreto es que la producción anual fue inferior a las mil toneladas, se demora la adquisición de equipamientos particularmente en preparación principal y secundaria». En este sentido cuando Garabello dijo que en materia de seguridad «se ha avanzado de manera espectacular este año, en la denuncia se expresa que «los accidentes e incidentes de trabajo son reiterados".

Por otro lado se afirma que este año "solamente salieron dos barcos desde el muelle Presidente Illia rumbo a Chile con alrededor de 50.000 toneladas de carbón, esta venta de unos 10 millones de pesos, solo cubre un 35 % de los salarios mensuales", en tanto que "el tren carbonero no traslada mineral a Río Gallegos desde el mes de setiembre de 2009 por inconvenientes en la vía férrea, a raíz de la falta de controles".

Por una nueva dirigencia

Castillo también denunció que "la falta de liderazgos y autoridad en buena parte de funcionarios de la empresa, muchos de los cuales han llegado por vínculos políticos más que por sus condiciones personales y laborales, sumado a la falta de compromiso y de iniciativa para llevar adelante los distintos sectores de trabajo, proyectando, planificando y estimulando la participación de los trabajadores, son parte fundamental de la situación de parálisis imperante. Nuevamente la desidia, el oportunismo y el individualismo pueden abortar las posibilidades de concreción de las expectativas de generaciones de habitantes de la Cuenca Carbonífera", concluyó.

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El historiador Ramón Minieri y un desafío hacia el Bicentenario: Restitución territorial, ¿la auténtica repatriación?

INDYMEDIA


El autor de una profunda investigación sobre la Compañía de Tierras del Sud Argentino, propiedad de la corporación Benetton, declaró en noviembre en el juicio que lleva la multinacional italiana contra la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque. En diálogo con La Flecha (Radio Estación Sur, La Plata), Minieri planteó que la restitución territorial a los pueblos originarios es el "primer capítulo de las luchas populares". Además respondió a la campaña mediática que busca negar derechos al agitar un supuesto riesgo para la "soberanía nacional"; para el historiador radicado en Río Negro las recuperaciones territoriales son la repatriación de trozos del país "privatizados" con la Campaña del Desierto. Destacó también que las comunidades están dando un ejemplo de lucha pacífica al comparar con la violencia que el Estado ejerció contra ellas. "Hoy tenemos la Argentina de los que se levantan del apisonamiento", reflexionó.

-Su libro son 6 años de trabajo sobre distintos documentos de la CSTA, se publicó en el marco del conflicto entre la comunidad mapuche Santa Rosa y la Corporación italiana Benetton. Usted declaró en una de las audiencias.

Un poco de manera imprevista me encontré con los archivos de la Argentine Southern Land Company Limited, o sea la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA). Estaban almacenados en El Maitén, parcialmente espurgados, se notaba que había piezas documentales que se habían llevado para otra parte, o destruídos. De todos modos incluía la parte pública, las memorias, los informes anuales a la Asamblea de Accionistas, las alocuciones o presentaciones que hacía el Directorio ante los accionistas detallando el avance de la Compañía años tras año y correspondencia interna de esta empresa que fue la mayor propietaria de tierras de la Argentina, y sigue siéndolo actualmente en manos del consorcio Benetton. Eso permite estudiar cómo fue una de estas grandes compañías latifundistas cuya presencia y enorme poderío y riqueza material afectó al norte de la Patagonia; y cómo se dio esta relación colonial en la que sin duda hubo argentinos que fueron parte para construirla y beneficiarios de esta relación colonial, no eran sólo los empresarios extranjeros.

Los elementos que más tuvieron que ver con el litigio de la comunidad de Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, que están siendo acusados por los Benetton de usurpación, son los relativos a que estas comunidades existieron antes que hubiera esta especie de privatización a punta de fusil del año 1879. De hecho George Muster, que es un poco el que traza el mapa de los lugares apetitosos para las futuras estancias, se encuentra con ellos. Ya estaban las comunidades y siguieron existiendo a pesar de la violencia, de los campos de concentración, del arrinconamiento. Sobrevivieron a la ocupación militar de los territorios indígenas y se recuperaron a tal punto que la fuerza de trabajo de las estancias salía de ella, los peones de las estancias eran tehueltes mapuches. Sin ellos no hubiera sido posible construir estos centros de poder económico porque sólo el personal jerárquico era de origen británico.

Existen en estos días y vuelven por sus derechos de una manera que, comparando con la enorme violencia que se ejerció sobre ellos, están dándonos una lección de lucha pacífica para reivindicar la tierra. La tierra es la vida, acá está también la diferencia, a diferencia de esta tierra que fue negocio inmobiliario en aquella época en que como decía Sarmiento con sentido irónico "Julio Argentino Roca y su hermano Ataliva", o sea coimea. Para estas comunidades la tierra es el lugar donde reposan los huesos de sus antepasados y siguen presentes es el lugar, es como el aire, algo que se necesita para vivir.

-El caso Leleque tuvo mucha repercusión porque se trataba de una corporación internacional, confluyeron diversos sectores que apoyaron a la comunidad Santa Rosa Leleque, sectores que quizás en otros casos no defienden las luchas territoriales de otras comunidades mapuche en el sur.

Creo que se hay cortedad de miras a veces en sectores que se identifican con lo nacional, con lo popular, con las inquietudes sociales, y no saben ver que es una causa básica la recuperación de las tierras de las comunidades. Aunque se traten de movimientos que están luchando en otros lados -movimientos urbanos, territoriales, fabriles-, a todos nos interesa que se desbloquee este tema, que las comunidades recuperen sus tierras y que se les ponga coto a la gran propiedad nacida de manera ilegítima.

Yo era ingenuo antes de tener estos archivos. Lo primero que descubro es que estas tierras fueron regaladas en extensión de alrededor de un millón de hectáreas, fueron regaladas porque en términos de la Ley Avellaneda, eran para instalar Colonias; las concesiones fueron ilegales porque se dieron más de 10 veces del máximo que la ley permitía; e ilegítima porque se hizo una estafa, no se cumplió nunca este propósito. En la Colonia Huanuluan no hay un solo colono, era una gran extensión dedicada a la cría extensiva de ovinos. Y esta no era la única manera de ocupar estas tierras, hubo "experimentos" como la Colonia Cushamen integrada por aborígenes, que fue un brillante ejemplo de lo que podía el trabajo del indígena, con un desarrollo agrícola temprano.

Vuelvo al comienzo: no sabemos ver que esta lucha debiera involucrarnos y es parte de las luchas populares de la Argentina, pero es el primer capítulo, diría yo. La prueba está con qué celeridad han reaccionado frente a esta demanda de revisar el derecho. Si hemos firmado el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Originarios, tenemos que entrar a revisar otros aspectos de nuestro derecho que están sustentados en el sentido absoluto y excesivo de la propiedad privada, porque así lo quiso Vélez Sarfield y aquella oligarquía que lo sustentó. Por esta revisión enseguida reaccionan los sectores perjudicados y confrontan, son los mismos sectores perjudicados cuando se tocan los derechos abusivos de algunas empresas de prensa, son los mismos sectores perjudicados cuando se recupera una fábrica y se la pone en marcha a pesar de la especulación de algunos dueños.

Los adversarios son los mismos y su poder se asienta en primer lugar en el factor básico del poder que es la tenencia de la tierra. Una tenencia que sirve a fines especulativos. Hay tanta pobreza en Ingeniero Jacobacci, más allá de todos los planes de asistencia de lo que se te ocurre, y hay tanta riqueza durmiendo en la Estancia Huanuluan. Está ahí ociosa, unos parajes maravillosos, unos mallines que a pesar de la extrema sequía de la región guardan un tesoro de verdor y la posibilidad de cultivos alternativos, de cría de guanacos, mil y una actividades.

Mientras esto no se desbloquee vamos a seguir siendo un país de miserables y de desterrados. Tanto hablamos del Comisionado de la ONU para los Refugiados, pensamos que esto es un fenómeno externo y que se da sólo en aquellos países que padecen guerras virulentas y espectaculares.

-Hay una campaña importante de diarios regionales y nacionales respaldando esta avanzada terrateniente para resistir que se puedan reconocer los derechos de las comunidades.

Se los está demonizando. Por un lado el artículo estúpido de Rolando Hanglin sosteniendo que los mapuche son chilenos, cuando en realidad estamos hablando de momentos en la historia en que no existía eso llamado Chile o Argentina. Hay un artículo de Florencia Roulet que aclara felizmente bien este argumento propagandístico bajo, realmente de baja calidad informativa.

Por otro lado los titulares de los diarios que alegan que se está tratando de segregar una parte del territorio argentino, cosa que desde las comunidades salen a desmentir todos los días, pero las desmentidas no ocupan el mismo espacio que la mentira. Eso me preocupa, ¿sabés por qué? Porque me hace acordar a 1921, un señor llamado Norberto Cobos, que era el presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, salió a hacer prensa en Buenos Aires y el Diario La Nación y otros publicaban sus declaraciones como si fuera un oráculo, hablando de que los obreros rurales que reclamaban tener un cacho de vela y un plato para poder comer y un salario digno estaban aspirando a crear un Soviet en el sur de la Argentina. El mismo argumento.

Estos tipos nos dicen que no es que reclaman su derecho, sino están queriendo cortarnos un pedazo de territorio. Y en realidad el pedazo de territorio ya fue cortado hace rato, pero no por ellos. Cuando hubo extensas partes del suelo patrio que estuvieron negadas al ejercicio de la soberanía del Estado, no fue esta Patagonia de los peones y de los indios, fue la Patagonia de las Compañías. Pero reitero, una elite dirigente argentina contribuyó a crear ese desastre, esa segregación de hecho de nuestro territorio.

Ahora en realidad estamos volviendo hacia atrás este reloj para recuperar los derechos de las comunidades, que son parte intrínseca de la Argentina, son carne y sangre de nuestro país. ¿No será que realmente lo que está ocurriendo es la repatriación de trozos de la Argentina que estaban expatriados? Junto con la repatriación de aquellos que fueron condenados a un largo exilio interno...

-Hay una revisión histórica en este último tiempo, con trabajos e investigaciones como el de usted, también gracias a la organización del movimiento indígena. Usted plantea un nuevo rol de la historia en este Bicentenario, ¿cuál sería?

Había algo de Jean Chesneaux, cuando se pregunta "para qué sirve la historia", y responde que la historia no se refiere al pasado, se refiere al futuro. En función del futuro que queremos construir, del proyecto, está la historia que nos ponemos hacer; qué es lo que vamos a rescatar al pasado, a descubrir, a comunicar después con nuestros semejantes. Y creo que el modelo de Argentina que soñamos y que queremos es una Argentina de los pueblos, no una Argentina que se haya construido avasallando pueblos, avasallando culturas y diferencias, como fue la construcción del Estado Nacional argentino a partir de 1860, porque así se desarrolló de hecho, apisonando digamos.

Ahora tenemos la Argentina de los que se levantan del apisonamiento, de lo que entra a florecer, a rebrotar, es una Argentina construida con diversidades y por las diversidades. A este proyecto debe servir una historia que mire desde otro lugar estos mismos procesos.

Esta nueva historia para mi ha nacido de varias fuentes, creo que la Escuela de Historia Regional de Neuquén hizo punta en esto, esto ya viene de los años 80' a que empezáramos a ver la historia de otro lado. Hay relatos más respetuosos de la diversidad que contribuyen a construir otro futuro porque el relato que veníamos recibiendo, la historia oficial, sirve para construir la Argentina de pocos, de la pobreza, de la postergación, de la marginación.

Autor foto: Sebastián Hacher (SUBCOOP - INDYMEDIA)

Escuchar la entrevista realizada en La Flecha (Radio Estación Sur, La Plata).

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Argentina, Santa Fe: González y Reynares repudiaron la intimidación que sufrieron en su casa: “Que ningún testigo tenga miedo”

REDACCION ROSARIO

“No nos sentimos solos. No tenemos miedo. Hay que seguir, hay que pelear, y que ningún testigo tenga miedo de declarar. No nos van a asustar porque estamos juntos y somos muchos”, dijo este martes Josefina González, querellante en la causa Feced e hija de desaparecidos, al referirse a la intimidación que sufriera en su domicilio la semana pasada.

Desde el gobierno provincial, en tanto, ratificaron que se dispuso el pase a disponibilidad de dos policías que estaban a cargo de la custodia de la casa de González y que se están tomando medidas para investigar y esclarecer el hecho. A la vez, continúan las expresiones de repudio a lo sucedido. El miércoles 30 de diciembre por la tarde desconocidos irrumpieron en el domicilio que González comparte con su esposo Federico Reynares. Los desconocidos revolvieron cajones y expedientes que se encontraban en el lugar y, además, dejaron mensajes intimidatorios sin llevarse dinero, electrodomésticos, ni elementos de valor.

González, con cinco meses de edad, fue secuestrada en 1976 junto con su hermana y su madre, que fue asesinada meses después. Actualmente, trabaja en la Fiscalía Federal donde se investigan crímenes de lesa humanidad. Reynares, en tanto, es secretario del Ministerio Público y también desarrolla tareas en causas contra represores de la última dictadura militar.

Ambos participaron este martes de una conferencia de prensa en la sede rosarina de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, en la que funcionarios del área, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial, expresaron “el más contundente repudio” a la intimidación.

De la conferencia de prensa participaron, además de González y Reynares; sus abogadas Leticia Faccendini y Gabriela Durruty; la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta; el director provincial de Programas de Derechos Humanos, Oscar Blando; y el comisario a cargo de la Unidad Especial para el Programa de Protección de Testigos y Querellantes, Omar Odriozola.

Acosta sostuvo que la decisión del gobierno es continuar con todas las tareas necesarias “para lograr que los juicios por delitos de lesa humanidad sigan su avance”, y expresó la solidaridad y el acompañamiento a las víctimas de esta intimidación.

En este sentido, dijo que se tomaron medidas “para investigar hasta las últimas consecuencias los hechos denunciados”, y reafirmó la necesidad de “desentrañar la oscura trama que hay detrás de estas intimidaciones”.

Por su parte, Blando hizo hincapié en la importancia de “apoyar y estar del lado de las víctimas”, y describió puntualmente los pasos que dio el gobierno como respuesta inmediata al hecho.

“La decisión política, por parte del Ministerio de Seguridad, fue el pase a disponibilidad de los dos agentes que estaban a cargo de la custodia (de las víctimas)”, señaló el titular de Programas de Derechos Humanos, al tiempo que agregó que, además, se inició una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y se sustanciaron los correspondientes sumarios internos.

“Hemos emprendido todos los caminos posibles para que este hecho sea investigado y esclarecido”, indicó Blando, haciendo referencia al especial contexto histórico en que se produjeron, cuando están avanzando los juicios por delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado.

A su turno, Odriozola detalló las medidas que se adoptaron al interior de la fuerza tras la comisión de este acto intimidatorio, así como las acciones destinadas a su esclarecimiento. En esa línea, mencionó como antecedente otros hechos de intimidación contra testigos y querellantes de la ciudad de Reconquista, en los que actuaba una denominada “Hermandad”, y cuya investigación derivó en la detención y procesamiento de un sospechoso.

En tanto, Reynares describió los hechos ocurridos el 30 de diciembre y reiteró su convencimiento de que la violación de su domicilio “está dirigida al trabajo que se viene realizando sobre las causas por delitos de lesa humanidad”. También resaltó la solidaridad recibida por parte de funcionarios provinciales, nacionales y municipales, organismos de derechos humanos, querellantes, familiares y militantes.

En este mismo sentido, González destacó las muestras de apoyo y señaló que quienes perpetraron este hecho no lograron intimidarlos ni los hicieron dudar ni un minuto de la capacidad de reacción de quienes vienen luchando por la verdad y la justicia. “No nos sentimos solos. No tenemos miedo. Hay que seguir, hay que pelear, y que ningún testigo tenga miedo de declarar. No nos van a asustar porque estamos juntos y somos muchos”, enfatizó.

También estuvieron presentes en la conferencia de prensa el director provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Jorge Pedraza; la subsecretaria de Derechos Humanos zona sur, Alejandra Gómez; abogados, querellantes, representantes de organismos de derechos humanos, dirigentes gremiales, políticos y sociales, así como legisladores locales y provinciales y familiares de detenidos y desaparecidos.

Repudios

El Colegio de Abogados, el concejal Alberto Cortés y Carta Abierta Santa Fe sumaron sus voces a los repudios contra la intimidación.

El Colegio de Abogados difundió un comunicado “ante estos hechos, que vienen a sumarse a otros de carácter intimidatorios contra testigos, fiscales, querellantes, que participan tanto en Santa Fe como en el resto del país, en los juicios contra los genocidas de la última dictadura militar”; y expresó “la solidaridad con las víctimas y su más enérgico repudio a estos actos de barbarie”.

Además, la entidad que agrupa a los abogados rosarinos exigió que “las autoridades, tanto nacionales como provinciales, redoblen sus esfuerzos a fin de prevenir estos hechos intimidatorios”.

“El Colegio de Abogados compromete todos sus esfuerzos para tratar de garantizar que los juicios que se desarrollen en Rosario puedan llevarse adelante con todas las garantías”, dice también el pronunciamiento.

También el concejal Alberto Cortés, del Partido Socialista Auténtico-Proyecto Sur, se refirió a la intimidación contra Gonzáles y Reynares, manifestando su “profunda preocupación” por ese y otros hechos “sucedidos en los últimos días del 2009 y que rememoran lo peor de mentes animadas solamente por la violencia y la impunidad”.

“Son episodios totalmente repudiables y que siguen marcando que hay ciertos sectores que reivindican un pasado de muerte y terror”, sostuvo Cortés

“Quienes han burlado a la democracia para acomodarse a sus mezquinos intereses es obvio que no entiendan de justicia”, indicó el concejal. Y agregó que “en base a lucha militante se va corriendo el velo de la impunidad y se va construyendo una sociedad que merece saber su pasado si pretende un país con mejor futuro”.

Desde Carta Abierta Santa Fe, en tanto, señalaron que “tanto la modalidad mafiosa del procedimiento como la singularidad de las personas a quienes fue dirigido y la oportunidad en que tuvo lugar, reclaman una investigación exhaustiva por parte de la Justicia Federal, en cuya órbita se sustancian los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar”.

Además, recordaron que “Josefina González es querellante en la causa “Díaz Bessone, Lofiego, Vergara, Marcote, Scortechini y Chomicki s/homicidio, violación y torturas” (ex causa Feced). En julio de 1976, con cinco meses de edad, fue secuestrada junto a su hermana y su madre, quien fuera asesinada meses después, tras interminables sesiones de tortura en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía. Josefina además trabaja en la Fiscalía que investiga, entre otros, los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese Centro Clandestino de Detención. Federico Reynares, en su carácter de Secretario del Ministerio Público, participó en la instrucción de la megacausa Feced, cuya primera parte, ya elevada a juicio, involucra a más de noventa víctimas. Las audiencias orales y públicas comienzan en abril, y dada la magnitud de los crímenes que abarca y el número de testigos involucrados, difícilmente termine en el transcurso de este año”.

“Este episodio se produce al terminar un año en el que más de tres decenas de represores fueron condenados por diversos Tribunales Orales en nuestro país, mientras se espera que esa cifra se multiplique durante el año en curso. El primer juicio oral de nuestra provincia –la causa Brusa, en la ciudad capital– terminó con condenas ejemplares, incluyendo la del ex juez que le da su nombre. En febrero seguramente se escucharán en Rosario los alegatos en el juicio Guerrieri-Amelong, y habrá pedidos de pena máxima para los imputados”, continuaron desde Carta Abierta.

“No nos cabe ninguna duda que este acto intimidatorio, tanto como el perpetrado casi en simultáneo en la Secretaría bonaerense de Derechos Humanos, se inscriben en un escenario nacional de avance en el enjuiciamiento de los genocidas, con la consiguiente desarticulación de los enclaves autoritarios, en el marco de la política de derechos humanos que sostiene con firmeza el gobierno nacional”, concluyeron.

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