lunes, 18 de enero de 2010

Latinoamérica II: Del industrialismo a la exportación básica

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

El vaivén de los precios internacionales de los insumos incide como nunca sobre la economía latinoamericana. México depende de los ingresos que aportan las ventas de petróleo, Argentina ha quedado atada a la valorización y depreciación de la soja y Brasil está pendiente de los productos básicos que comercializa. Esta subordinación a la cotización de metales, alimentos o combustibles es muy superior en los restantes países de la zona.

La primarización en debate

Es indudable que el modelo exportador ha recuperado preeminencia en la región. Los grandes proyectos de infraestructura buscan garantizar salidas externas, para materias primas elaboradas siguiendo el esquema extractivo. Los principales conglomerados concentran su actividad en el sector primario, recreando la especialización que históricamente empujó a Latinoamérica a un status periférico.

Entre 1985 y 1996 fueron extraídos 2.706 millones de toneladas de productos, compuestos en un 88% por minerales y petróleo. La región es muy codiciada por las compañías mineras, que explotan los cuantiosos acervos de cobre y hierro y los grandes yacimientos de litio y uranio. También reúne las reservas más significativas de agua y biodiversidad del planeta.

Durante la mayor parte del siglo XX el desarrollismo se opuso a la especialización exportadora que promovían los liberales. Pero este rechazo se atenuó en las últimas décadas y ha desembocado en la actualidad, en una curiosa reivindicación de la primarización por parte de CEPAL.

El principal vocero de la heterodoxia industrialista reivindica el “potencial que ofrecen las actividades basadas en recursos naturales”, resalta su aporte tecnológico y defiende la suscripción de acuerdos de libre comercio, para facilitar el ingreso de los productos básicos a las economías desarrolladas. (1)

Estos planteos no sólo contrastan con la tradición industrialista, que encarnó la CEPAL entre 1950 y 1980. También ignoran los argumentos que se esgrimieron durante décadas, contra las nefastas consecuencias del modelo primario-extractivo. Este esquema generó en el pasado sometimiento externo, saqueo de recursos y perdurables obstáculos a la acumulación.

En la actualidad impone la persistencia de la pobreza y provoca la expulsión de la población rural, sin gestar puestos de trabajo equivalentes en las áreas urbanas. Todas las objeciones clásicas a la primarización mantienen su vigencia. La gravitación de las empresas transnacionales, la mundialización y la emergencia de Asia no atenúan las adversidades de ese modelo.

En realidad, los viejos problemas de la inserción exportadora han sido potenciados por las nuevas consecuencias de la devastación ambiental. Los propios técnicos de CEPAL han evaluado los dramáticos costos sociales del cambio climático para América Latina, en materia de pestes, enfermedades y deterioro del agua o el suelo. (2)

Pero estos impactos son divorciados de sus fundamentos en el esquema primario-extractivo. Especialmente se olvida que la principal fuente de emisión de gases tóxicos en la región proviene de la minería a cielo abierto, la deforestación y el uso irracional del suelo para ampliar monocultivos.

Este deterioro del medio ambiente no se corrige en América Latina con lamparillas que ahorren electricidad o automóviles híbridos. Se requieren políticas de conservación de la naturaleza, radicalmente opuestas a la continuada primarización del comercio exterior. (3)

Prioridades de Estados Unidos

América Latina sigue ocupando un lugar estratégico para Estados Unidos, cómo gran reserva de recursos naturales. La región cumple una función decisiva en el aprovisionamiento de los metales y el petróleo que utilizan el Pentágono y el complejo industrial del Norte. Mediante tratados bilaterales de libre comercio, Estados Unidos ha buscado resguardar este abastecimiento, mientras refuerza su exportación de productos elaborados y generaliza la fabricación de partes en las zonas francas. (4)

El imperialismo norteamericano encara esta acción para superar una crisis de dominación, sobre una región tradicionalmente manejada como extensión de su propio territorio. La gestión de Bush estuvo signada por el fracaso del ALCA y la reaparición de revueltas populares antiimperialistas. Esta oleada también dio lugar a nuevos gobiernos enfrentados con el Departamento de Estado. Obama busca revertir esta pérdida de influencia estadounidense, que se verifica mucho más en el hemisferio sur que en Centroamérica. (5)

Estados Unidos busca también recuperar el terreno perdido a manos del capital europeo, desde el fuerte ingresó de España a sectores claves de las finanzas y los servicios latinoamericanos. Europa no disputa preeminencia militar, ni gran liderazgo político en la zona, pero alienta acuerdos de libre comercio para favorecer a sus propias compañías. Habrá que ver si el duro efecto de la crisis actual sobre las firmas españolas, les permite preservar su presencia como segundos inversores externos de la región.

La llegada de China a una zona históricamente alejada de su radio de acción representa un desafío mucho más serio para Estados Unidos. La potencia oriental se ha convertido en gran demandante de petróleo, soja y cobre y su intercambio con Latinoamérica saltó de 10 billones de dólares (2000) a 140 billones (2008).

Además, la economía china inunda de productos a sus nuevos socios y ha logrado convertir a Brasil en un cliente de primer orden. El intercambio entre ambos países tiende a superar el comercio brasileño-estadounidense y un deslizamiento del mismo tipo, comienza a observarse en Perú, Chile y Argentina.

Pero el gigante del Norte ya ha reaccionado suscribiendo un acuerdo de libre comercio transoceánico (Vietnam, Singapur, Australia), que aglutina también a sus socios del pacífico sudamericano. En este escenario se dirime la disputa por el gran botín de los recursos naturales que atesora la región.

El ocaso de la burguesía nacional

La vieja estructura industrial que producía limitadamente bienes para el mercado interno ha quedado remodelada por las sucesivas crisis que padeció América Latina. Ese tejido forma parte en la actualidad del esquema exportador, especialmente en los tres países que desenvolvieron un sector fabril de importancia.

La renovada gravitación de las materias primas no ha destruido a la industria latinoamericana, pero debilitó su incidencia en comparación a la posguerra. Se ha modificado el perfil de la manufactura por el creciente peso de las corporaciones foráneas. Sin embargo, también irrumpieron multinacionales latinas, en los nichos no ocupados por las grandes firmas internacionales.

El retroceso relativo de la industria regional es más visible en comparación a la expansión de las firmas asiáticas. La participación general de ambas zonas en el comercio mundial siguió trayectorias claramente distintas. Mientras que América Latina ha mantenido su presencia tradicional (del 4% del total en 1980 al 5 % en 2008), Asia saltó del 6% al 23%, en el mismo período. La diferencia en el tipo de productos vendidos es mucho más significativa, ya que en la primera zona mantiene su especialización en materias primas y la segunda genera manufacturas industriales. (6)

El escenario del 2010 es tan sólo una expresión coyuntural de esta divergencia. América Latina crecería 2 o 3 %, frente al 12% de China y el 8% de la India. Es indudable que la gravitación preeminente de las finanzas y un patrón de crecimiento centrado en exportaciones básicas ha recreado las viejas limitaciones de la industria latinoamericana.

El viraje de las últimas décadas ha modificado, además, el perfil social de las clases dominantes. Las viejas burguesías nacionales promotoras del mercado interno han quedado sustituidas por nuevas burguesías locales, que jerarquizan la exportación y la asociación con empresas transnacionales. El neoliberalismo consolidó este cambio en las tres principales economías de la región.

La antigua burguesía industrial brasileña forjada al calor de las políticas desarrollistas perdió primacía. Desde los años 80 fue reemplazada en el manejo del estado por el bloque actual de banqueros, hombres del agro-negocio y exportadores industriales. En México, el unánime apoyo que brindan los capitalistas al acuerdo de librecomercio con Estados Unidos, ilustra más categóricamente la declinación del viejo proteccionismo industrialista. En Argentina, el salto de un esquema a otro, adoptó formas dramáticas de demolición fabril y destrucción del viejo empleo formal forjado durante la sustitución de importaciones.

Este cambio en las clases dominantes también dio lugar a una creciente predilección por la rentabilidad financiera de corto plazo, junto a nuevas ligazones con empresas foráneas. Ambos procesos se verifican en la fuga de capitales o a la inversión externa de capitales, que no encuentran colocaciones rentables en la acumulación interna.

Pero la desaparición de las viejas burguesías nacionales no extingue a las clases capitalistas locales, que siguen actuando en función de sus propios intereses y disputan varias franjas de actividad con firmas foráneas. Constatar la declinación de la burguesía nacional sólo implicar registrar que un segmento de la clase dominante (y una estrategia de acumulación) han perdido relevancia. No hay extranjerización total, ni copamiento transnacional. Los capitalistas latinoamericanos constituyen la fuerza social predominante en el manejo de los estados, aunque es mayor su inclinación a profundizar la asociación con el poder financiero global. (7)

Un ejemplo de este cambio fue la actitud asumida por los gobiernos de México, Brasil y Argentina frente a la crisis reciente. Los tres países fueron incorporados a las reuniones del G 20, para apuntalar el socorro internacional de los bancos quebrados. Tal como se esperaba, la administración neoliberal mexicana adscribió en forma ciega a todas las iniciativas de la Reserva Federal. Pero las mismas posturas adoptaron los presidentes más autónomos de Brasil y Argentina.

Las tres administraciones avalaron el sostén mundial del dólar y de los bancos quebrados. Concertaron esta postura en las reuniones mantenidas en Chile a mitad del 2009, con el vicepresidente estadounidense y el primer ministro británico. Este cónclave fue calificado en forma absurda por la prensa, como un “encuentro de líderes progresistas”.

Utilizar esa denominación para describir la convergencia regional con autoridades anglo-estadounidense es tan ridículo, cómo otorgarle el premio Nobel de Paz al máximo exponente de imperialismo. En las reuniones que tramitaron la socialización de las pérdidas sufridas por los banqueros, no podía filtrarse ninguna pizca de progresismo. México, Brasil y Argentina asumieron esa agenda, para ratificar que sus clases dominantes comparten las prioridades del capitalismo global.

“¿Posliberalismo?”

Otra manifestación de esta misma alineación ha sido el apoyo al FMI para reorganizar las finanzas mundiales. Naciones que han sufrido en carne propia los ajustes que impone ese organismo, acompañan ahora la recomposición de esa entidad.

México solicitó inmediatamente un nuevo crédito, Brasil subió la apuesta aportando capital fresco al Fondo y Argentina comenzó un largo camino de retorno al organismo que repudió, luego de cancelar las ilegítimas deudas que mantenía con esa entidad.

Esta nueva convalidación del FMI es frecuentemente justificada con la reivindicación de esta institución, en su papel compensador de los desequilibrios internacionales. Se afirma que este apoyo a las regiones subdesarrolladas en los momentos de crisis, será reforzado con mayor inyección de recursos. (8)

Pero la credibilidad actual de esta fábula se ha reducido significativamente. El FMI siempre auxilia a los bancos afectados por el quebranto de los estados e impone medidas de ajuste que solventan los oprimidos. Un “rol más activo del Fondo” sólo implica exigencias más drásticas sobre los deudores.

Es muy frecuente escuchar que se ha producido una súbita transformación del FMI, que “aprendió las lecciones del pasado”, “ya no exige sacrificios” y respeta a la “soberanía de las naciones”. Pero resulta muy difícil encontrar algún indicio de esta insólita conversión de agresor de los pueblos en transmisor del desarrollo.

En los hechos el FMI continúa implementando la misma política, con idénticos ultimátum. Basta observar los últimos convenios firmados por El Salvador, Islandia o Pakistán, para notar esa continuidad. Es cierto que en los últimos meses se triplicaron los recursos del organismo, se renovó el menú de créditos y apareció una línea de préstamos más flexible para complementar el tradicional Stand By. Pero los convenios mantienen las exigencias de siempre. Serbia y Bosnia debieron aceptar reducciones de salarios de los empleados públicos y Ucrania o Bielorusia tuvieron que introducir la dura ley del déficit cero. Lo único que ha cambiando es el discurso que legitima estos ajustes. (9)

Las nuevas ilusiones en el FMI tienen un objetivo político. Buscan aislar a los gobiernos y movimientos sociales que mantienen críticas al organismo, exigen su abandono y proponen construir entidades alternativas al mayor emblema del neoliberalismo.

La moda actual de revalorizar al FMI es compartida por muchas corrientes neodesarrollistas, hostiles a la primacía asignada al capital foráneo (“ahorro externo”) y a la obstrucción al desenvolvimiento industrial, que generan las altas tasas de interés. Esos enfoques divergen del neoliberalismo convencional, pero aceptan la prioridad exportadora, el ajuste salarial y la estrecha asociación con las corporaciones transnacionales. Al igual que CEPAL, renuncian a las aristas conflictivas del viejo desarrollismo y se oponen a una redistribución radical del ingreso, complementada con nacionalizaciones y reformas agrarias. (10)

Sólo la aplicación de estas tres últimas medidas implicaría el inicio real de un estadio “posliberal”. Es un error aplicar esta noción a gobiernos que mantienen la privatización de los recursos básicos, la estructura fiscal regresiva y la concentración de capitales y tierras en el agro.

Los cambios progresistas en estas tres áreas constituyen puntos de partida insoslayables para comenzar rupturas con el legado neoliberal, que preservan los denominados gobiernos progresistas. En este terreno se diferencian de sus antecesores nacionalistas, que a mitad del siglo pasado chocaban con la oligarquía y el capital extranjero, para desenvolver la industrialización autónoma e introducir reformas sociales.

Ver también:

Claudio Katz es economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

Notas:
1) CEPAL, “Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe”, 10-12-2009, Santiago de Chile. Una reivindicación más apologética de este modelo plantea Castro Jorge, “Los países exportadores de alimentos adquieren mayor relevancia”, Clarín, 6-9-09.
2) La Nación, 17-12-09.
3) Dos criticas contundentes a este modelo plantean Acosta Alberto, “Los gobiernos progresistas no han puesto en tela de juicio la validez del modelo extractivista”. 10-9 2009 www.ecoportal.net/content/view/full/88404. Gudynas Eduardo, “Inserción internacional y desarrollo latinoamericano”, Observatorio de la Globalización, n 7, diciembre 2009.
4) Esta políticas es detallada por Saxe Fernández John, ¿“América Latina: reserva estratégica de Estados Unidos”?, OSAL n 25, abril 2009. Delgado Ramos, “América Latina como reserva minera”, Memoria 238, octubre-noviembre 2009.
5) Hemos analizado este tema en Katz Claudio, El rediseño de América Latina, ALCA, MERCOSUR y ALBA, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2006.
6) La Nación, 11-11-09.
7) Hemos desarrollado esta visión para el caso argentino en Katz Claudio, “Burguesías imaginarias y existentes”, Enfoques Alternativos, n 21, febrero 2004, Buenos Aires.
8) Es la tesis de Frenkel Roberto, Rapeti Martín, “La crisis mundial desde la perspectiva de los países en desarrollo”, Nueva Sociedad n 224, noviembre-diciembre 2009.
9) Un detallado informe presentan Nemiña Pablo, “El nuevo FMI”, Página 12, 20-9-09, Wesibrot Mark, “Jubilar al FMI”, Página 12, 7-5-09.
10) Un ejemplo en Bresser Pereira Luiz Carlos, “Globalizacao e competicao”, Folha de Sao Paulo, 2,11.09

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

¿Qué pasó en Chile?

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Sebastián Piñera obtuvo medio millón de votos más que en la primera vuelta, pese a que el total de votantes disminuyó en 34.161 electores respecto a diciembre. Eduardo Frei añadió 1,3 millones a sus resultados de diciembre (2.043.514), pero perdió por 222.742 preferencias.

Los votos nulos y blancos bajaron a 242 mil, contra 284.369 en la primera vuelta, pero la abstención aumentó de 11% a 12%, es decir, 965 mil inscritos no fueron a votar. En definitiva, Piñera le ganó a Frei por 3,23 % (51,61 versus 48,38).

¿De dónde sacó Piñera los 506.524 nuevos votos que le dieron su estrecha victoria? Del 36,3% de la votación de Marco Enríquez-Ominami (ME-O), de 1,4 millones de sufragios. Ambos candidato también captaron algunos de los 42 mil votos nulos/blancos de la primera vuelta que en el balotaje se convirtieron en sufragios válidos.

¿De dónde obtuvo Frei sus 1,3 millones de nuevos votos? Arrate le aportó sus 430.824 sufragios disciplinados de la primera vuelta y el resto, 855.970 preferencias, necesariamente provino del 61,3% de la votación de ME-O.

Cada vez votan menos ciudadanos. La votación válida descendió el domingo en 106.445 sufragios respecto al del SI y el NO de 1988. Hace 21 años votaron 7.251.930 y ahora lo hicieron 7.145.485.

El padrón electoral chileno tiene 8.110.265 electores inscritos, pero la población habilitada para votar asciende a 12,18 millones. Hay un 31% que no está en el padrón y tiene menos de 40 años. Se trata de 3,8 millones de ciudadanos. Desde 1988, el padrón creció sólo 9%.

Piñera deberá gobernar en “consenso” con la Concertación, tal como ésta lo hizo durante 20 años de consolidación del modelo neoliberal legado por la dictadura. La Concertación tiene 19 integrantes del Senado, frente a 16 de la extrema derecha y tres independientes. En Diputados existe un empate entre los 120 legisladores

Síntomas de fascismo

Piñera hizo anoche por TV un discurso conciliatorio prometiendo un gobierno de unidad nacional y agradeció a sus partidarios, al gobierno, la Concertación, su familia, Dios y otros factores. Pero la serenidad del presidente electo al parecer no es compartida por todos su adherentes.

A esa misma hora, una caravana de vehículos pasó frente a mi casa gritando por megáfono: “¡Allende se siente!, Piñera Presidente”. Sentí un olor a fascismo al paso de los automóviles. “¿Qué significa ese grito: ¿una burla?”, pregunté a mis cercanos. “Odio fascista”, comentó uno de mis hijos nacidos en el exilio en Venezuela. Y entonces recordé las primeras palabras conciliadoras que oí por TV a los golpistas digitados por la gente de Piñera en septiembre de 1973: “No habrá vencedores ni vencidos”. Y a los pocos días comenzaron a desaparecer y/o asesinar a más de 3.000, mientras 30.000 iban a los campos de tortura.

El votó popular castigó el estilo adquirido por la Concertación al final de un ciclo de 20 años en que llevo a la práctica el legado del dictador pero con la anuencia de EEUU (que lo puso y lo sacó): libre mercado, entrega de riquezas al capital extranjero, fortalecimiento de los grupos económicos y discretas políticas de bienestar social que adquirieron más énfasis con Michelle Bachellet.

El clientelismo y el populismo elevaron la “popularidad” de la mandataria por encima del 80%, pero nada de eso se reflejó en la votación del domingo. ¿Por qué? Sólo pasó a la historia política como la jefa de estado con mayor con mayor éxito personal.

La ultra derecha ha gobernado poco a Chile “por las buenas” en el último siglo. En 1920 emergió Arturo Alessandri, un derechista disidente y populista que estableció el contrato de trabajo, la silla para los empleados de comercio y convocó a una constituyente que reemplazó la Constitución de 1832. Luego vino un periodo de desorden político, dictadura, varios golpes y la poco conocida y efímera República Socialista de 1932, en un período de incertidumbre y “ruido de sables”, matizado por las clásicas matanzas obreras.

La derecha reconquistó el poder en elecciones en 1932, con el mismo Alessandri de 1920, pero transformado, como si fuera otra persona. Y la derecha salió de la escena en 1938 con la irrupción del Frente Popular, encabezado por el partido Radical, con socialistas y comunistas, que introdujo importantes progresos en la conversión de un país agrícola a minero-industrial. El partido radical se mantuvo 14 años ganando elecciones, hasta que su último presidente, Gabriel González, traicionó a sus aliados comunistas y comenzó a perseguirlos.

La derecha no ganaba una elección desde 1958, con Jorge Alessandri (apoyado por los radicales de derecha), hijo de Arturo y capitán de empresas como Piñera. En esa ocasión, Salvador Allende se postuló por segunda vez y perdió por escasos 30 mil votos. En 1964, Alessandri hijo le entregó el país a la “revolución en libertad” del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, padre del perdedor del domingo. En 1970, y después de cuatro intentos, Allende conquistó el gobierno con una nueva versión del Frente Popular de 1938, la Unidad Popular, cuyo gobierno fue derrocado cruentamente por quienes ahora eligieron a Piñera (y también algunos de los que perdieron).

La dictadura duró 17 años, la Concertación gobernó 20. La derecha acumula de nuevo todo el poder, esta vez “por la vía pacífica”. Poder económico (el presidente electo tiene su propio grupo de grandes empresas), poder mediático (dos aliados son dueños de los diarios y la mitad del país que lo adversa no tiene cómo ni dónde expresarse), poder ejecutivo, simpatía militar, eclesiástica y judicial ( más los llamados “poderes fácticos”). Pero no controla el legislativo y por eso, el hábil Piñera anuncia “unidad nacional” mientras sus partidarios emiten gritos de venganza.

Chile fue gobernado por los dueños de la tierra hasta 1920, entre 1958-1964 gobernaron los gerentes, los ejecutivos de empresa que ahora llaman CEOs, con el slogan de “apretarse el cinturón” (que significa pasar hambre). Ahora comienza el ciclo de los grandes grupos económicos, y con un doble discurso tan populista como el de Bachelet, sin ninguna alusión a apretarse el cinturón. Al contrario. Piñera prometió más educación, mejor salud y un millón de empleos. ¿Cómo lo hará? Habrá que verlo. Además, reiteró el eje de su discurso: el fin de la delincuencia y el narcotráfico y… mayor preocupación por los discapacitados. La Concertación se acaba y Chile ingresa a una nueva era en el concierto de naciones latinoamericanas con gobiernos reaccionarios.

Foto: Chile, política - Sebastián Piñera, presidente electo. / Autor: EL REPUERTERO

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Derrota

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

El triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales, aunque por un estrecho margen, marca un hito histórico en el Chile post dictatorial. Este hecho plantea una serie de interrogantes e incertidumbres, por lo menos, para los próximos cuatro años en nuestro país. Es claro que las cosas van a cambiar, aunque dentro de ciertos límites prescritos por un orden constitucional que ya conocemos y que no ha sufrido modificaciones sustanciales desde que fuera promulgada por la Junta Militar en los ochenta. Los años de la Concertación no han sido suficientes como para alterar el diseño matriz heredado de la dictadura. Así las cosas, un gobierno de derechas sólo puede resguardar celosamente su legado y acentuar aquellos aspectos que aseguren su fortalecimiento y su permanencia en el poder.

La Concertación, en cuanto conglomerado de oposición concebido para enfrentar a Pinochet, se encuentra en uno de sus momentos más débiles. Sus conflictos internos se han hecho evidentes en una lista larga de figuras que se han alejado. A esto se agrega un claro desprestigio que se hizo patente en las urnas. Hay una insatisfacción de la población ante lo que fue su política de reformismo débil, salpicado de bochornosos episodios, incapaz de hacerse cargo de las profundas mutaciones sociales y culturales acaecidas en Chile estas últimas décadas. A esto se agrega, una carencia grave respecto a sus políticas comunicacionales que la deja, en la actualidad, virtualmente, como una agrupación muda, sin medios de comunicación social a su disposición.

Por el contrario, la derecha irrumpe como una fuerza capaz de seducir a las mayorías, con un control casi absoluto de los medios, con un poder sin contrapeso en la gestión del ámbito económico y, ahora, del poder ejecutivo. A esto se suma, una mal disimulada simpatía de parte de las elites castrenses y la jerarquía eclesiástica a sus posiciones. Por si fuera poco, la derecha ha logrado instalar en la población los valores y horizontes propios del imaginario de una sociedad de consumidores. En pocas palabras, el triunfo de la derecha significa la consolidación de una sociedad burguesa de carácter conservador, heredera de una cruenta dictadura militar, en que el maridaje entre el Estado y el capital no sólo se hace hegemónico sino explícito. Este hecho está destinado, en lo inmediato, a cambiar la actual correlación de fuerzas a nivel latinoamericano.

La reconfiguración de una oposición al modelo político y económico imperante es una tarea ardua y de largo aliento. Es claro que las fuerzas “progresistas” se hallan dispersas, faltas de liderazgo y disociadas de los movimientos sociales. En las actuales circunstancias, temas como Asamblea Constituyente, Derechos Humanos o Justicia Social, aparecen expurgados de la agenda planteada por el futuro gobierno y de sus medios. Los grandes temas políticos, como indican los sondeos, han sido desplazados por cuestiones de carácter policial tales como la delincuencia y la droga.

Resolver esta compleja ecuación histórico - política no es nada fácil. Avanzar hacia una profundización de la democracia exige, como mínimo, una revisión crítica de los discursos y prácticas políticas en todo el espectro que quiere representarla. Esta suerte de “renovación” de nada sirve si no se logra llegar a la población a través de una red de medios que incluya desde medios digitales y televisivos hasta radios FM, periódicos y hebdomadarios.

Como corolario de esta derrota catastrófica de las fuerzas democráticas, aprendamos la lección: No es posible asegurar la continuidad de un proceso democratizador de espaldas a la gente, administrando solamente la burocracia estatal. El sueño de una democracia más justa y avanzada sigue siendo una tarea pendiente, mucho más cuando una derecha esencialmente impune que no ha dado la más mínima muestra de autocrítica, y mucho menos de arrepentimiento, muchos de ellos dispuestos a obrar del mismo modo ante una amenaza a sus privilegios, se instala en el poder por la vía electoral.

Foto: Chile, Elecciones, Segunda Vuelta - Sebastián Piñera y Eduardo Frei

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Haití recibe ayuda “humanitaria” de cínicos saqueadores que lo han mantenido en la miseria y el hambre

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

“Las ayudas son una falacia de los países ricos”

1. Haití ha funcionado a través de sus últimos 100 años como una base militar yanqui. En el siglo XX y lo que va del XXI, el país ha vivido bajo la bota militar de los EEUU y de la dinastía familiar de papá y baby Doc Duvalier. Ha sido desde entonces el país más miserable del continente americano y no sé que lugar ocupe en el mundo entre otros países de África, también sometidos a la explotación y el saqueo. Los terremotos, sismos, huracanes, inundaciones, siempre o casi siempre, sólo han dañado a los pueblos pobres y miserables que no han tenido posibilidad de defenderse. ¿Por qué los trabajadores explotados y miserables se ven obligados a vivir sobre fallas volcánicas, en territorios bajos expuestas a inundaciones, bajo cables de alta tensión o construyen casas con materiales perecederos? ¿Por qué ante los peligros no pueden movilizarse?

2. A principios del siglo XX, con el pretexto de cobro de deudas, el gobierno de los EEUU intervino Haití y sólo salió de allí en 1934. Años más adelante, en 1957, con el apoyo del ejército y de EEUU, se instauró la dictadura de Duvalier. Nunca el pueblo pudo construir su país porque casi fue esclavizado. A través de Papa Doc, el ejército, la burguesía explotadora, el alto clero y toda la burocracia política –con toda la supervisión y apoyo de los gobiernos yanquis- controlaron el país por más de 30 años. A los siete años de asumir el poder Duvalier se declaró presidente vitalicio. A su muerte en 1971 su hijo Baby Doc heredó la presidencia vitalicia hasta que en 1986 tuvo que huir del país. Durante todo ese tiempo mientras los EEUU, Francia, Inglaterra y demás poderosos de Haití saqueaban la economía, el pueblo moría de hambre.

3. A veces pienso que los saqueos desesperados que el pueblo realiza para asegurar su comida por tres o cuatro días, deberían convertirse en rebeliones contra todos aquellos que se han hecho multimillonarios explotado a la población. Obviamente no puede achacarse cínicamente la culpa de estos desastres a “fenómenos naturales imprevistos”, “castigos divinos”, cuando han venido repitiéndose años tras año o en cada determinado tiempo. Tampoco puede hablarse de sorpresa cuando la ciencia nos ayuda a adelantarnos a los acontecimientos y los gobiernos y los poderosos tienen la obligación de preverlos porque es parte de su tarea. Sin embargo las rebeliones por ira y desesperación son difíciles porque antes de cualquier ayuda lo primero que instala la burguesía son las fuerzas armadas para cuidar las más grandes propiedades.

4. En 1990, al fin, pudieron realizarse elecciones más o menos libres que dieron el triunfo al sacerdote Aristide, pero al año siguiente fue derrocado por un Golpe de Estado encabezado por el generas Cedras en el que estuvieron presente militares yanquis. ¿Por qué derrocaron a Aristide? por querer destituir a generales implicados en asesinatos y en la vieja dictadura de Duvalier. A partir de entonces se reinstala la inestabilidad en el país para beneficio de los grupos empresariales transnacionales que han impedido el desarrollo de la nación. ¿Cómo puede salir Haití del abandono, dejar de ser el país más miserable de de América, si todos las naciones que hoy aparecen cínicamente brindando grandes ayudas lo han saqueado durante más de un siglo? Me imagina a las “damas de la caridad” dando limosna después que sus maridos -los empresarios y gobierno- los dejan en la miseria.

5. Haití tiene hoy aproximadamente 10 millones de habitantes con una economía fundamentalmente agraria, bananera y citrícola (café y cacao). Su población urbana es de apenas 37 por ciento, su esperanza de vida de 52 años y su tasa de analfabetismo de 52 por ciento. Su actividad industrial prácticamente se reduce a la elaboración de productos agrarios, ron y cemento. Ha vivido Haití de recibir préstamos y ha sufrido innumerables veces suspensiones de créditos, sobre todo por aquellos países e instituciones como el BM, el FMI, el BID, etcétera y en 1991 sufrió un embargo decretado por la ONU y la OEA. ¿Por qué carajo hoy hacen tanta propaganda de “ayudas humanitarias” si todos esos países e instituciones han mantenido a Haití en la miseria y el hambre? ¿Podría haber un mayor cinismo del sistema de explotación?

6. También Haití –ese pueblo miserable que siempre ha estado a punto de desaparecer por la terrible explotación y el saqueo que ha sufrido -más que por los fenómenos naturales- es una democracia representativa al estilo de México y de los EEUU. Tiene cuatro poderes (Ejecutivo, Legislativo (con dos cámaras) Judicial y Militar) Cuenta además con “voto popular” y los jóvenes pueden votar desde los 18 años; pero con toda esta faramalla que forma parte de la llamada democracia, Haití ha vivido bajo la total dominio de los EEUU y de los poderosos empresarios de ese país, peor que Puerto Rico que es un “Estado Asociado” al país imperialista del Tío Sam. En Haití se exhibe la gran democracia propagada por los medios de información al servicio del capital; la democracia de la TV y radio en el mundo cuyo papel ha sido tergiversar la realidad.

7. Ahora me da risa, pero también coraje, al observar cómo con tanto cinismo se rasgan las vestiduras los gobiernos que han saqueado Haití pidiendo ayuda solidaria internacional. Han jodido tanto al pueblo haitiano que no estoy seguro que la estén enviando ni tampoco que la que reciben se estén distribuyendo o se estén quedando con ella. Lo que hay que hacer en Haití y en otros países explotados son rebeliones y revoluciones para que estos problemas “naturales” no vuelvan a dañarlos con esa profundidad. ¿Para qué sirven los ingenieros, arquitectos, planeadores de ciudades sino para asegurar la vida de los seres humanos previendo cualquier fenómeno natural? ¿Por qué no todos los seres humanos poseen buenas casas, correctamente ubicadas para asegurar una vida sin preocupaciones? Mientras subsista el capitalismo los males del mundo jamás pararán.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

La Deuda Externa Argentina: Una asignatura pendiente

LA BRUJULA

“Deuda externa: Dícese del compromiso que cada latinoamericano contrae al nacer, por la módica suma de 2000 dólares, para financiar el garrote, con el que será golpeado”.
Eduardo Galeano

Se podría decir que históricamente, y en lo que respecta a la Argentina, el proceso de endeudamiento fue y continua siendo, una de las principales trabas en cuanto a su desarrollo no solo económico, sino también social y político, aún más si se lo considera, como una de las principales formas de opresión de los países dominantes, hacia los países más pobres.

El problema de la deuda externa tampoco se limita a una cuestión meramente financiera sino que se relaciona estrechamente con las características que ha asumido el capitalismo argentino a partir de la última dictadura militar y de las pautas que han tendido a consolidarse durante la década pasada.

Tal es la magnitud y la actualidad del tema, que recientemente, a muy pocos días de haber comenzado el año del Bicentenario, el país enfrenta una de sus peores crisis institucionales, de los últimos años, debido a la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de pagar parte de la deuda, con fondos de la reserva del Banco Central. Por tal motivo se hace sumamente pertinente analizar los orígenes históricos de la deuda externa argentina; ver bajo qué condiciones se produjo ese endeudamiento, analizar su legitimidad y entender qué ha representado históricamente para el país.

Acceder al informe completo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Símbolos católicos en dependencias del Estado, aportes para el debate

Carlos Lombardi (MDZOL)

La noticia aparecida en MDZ Online que dio cuenta de la iniciativa de una ONG mendocina que solicitó a diversos organismos estatales de la provincia, informen sobre la legislación que autoriza a exponer símbolos religiosos católicos en los mismos, generó un debate que se suma a otros producidos el año pasado donde el eje ha sido el papel de la Iglesia Católica en la vida institucional y social de la Nación y la provincia de Mendoza.

Parecería que la presencia de símbolos católicos en dependencias del Estado y espacios públicos fuera poco importante dada la magnitud de los problemas que tiene nuestra sociedad, no resueltos aún por el Estado.

Sin embargo, la cuestión no es menor si lo que la sociedad argentina pretende es consolidar las instituciones de la república, el pluralismo ético y el sistema democrático dentro del marco de la laicidad. Doscientos años de vida institucional – que se cumplen este año - exige a las autoridades y ciudadanos hacer los replanteos necesarios para cumplir esos objetivos. Y uno de esos replanteos es el de la relación entre el Estado y la Iglesia Católica.

La historia entre ambas instituciones en nuestro país no es pacífica y, en muchos de sus hechos, poco amistosa. El replanteo que referimos no pasa por cuestionar el accionar de instituciones de asistencia como Cáritas u otras ONGs católicas que benefician a la ciudadanía y no buscan conservar privilegios, hacer lobby o impedir que se sancionen leyes.

Hay hechos concretos como el papel de la Iglesia en la última dictadura militar, el injustificado pago de sueldos a los obispos con fondos del presupuesto nacional, el lobby católico para que no se sancionen leyes que puedan contrariar mandatos de esa religión, que justifican analizar si el modo de relación entre ambas instituciones debe mantenerse o si implica un obstáculo para lograr las metas aludidas.

Proponemos aportes desde el Derecho Constitucional en dos planos: a) uno general, que se refiere a las cuestiones más urgentes que deberían modificarse en las relaciones entre Estado e Iglesia; b) el particular, referido a la cuestión de los símbolos católicos en dependencias del Estado. Por supuesto, sin intenciones de agotar los temas dada la naturaleza del presente artículo.

1. Los sistemas de vinculación jurídica entre Estado y la Iglesia Católica.

La historia de las relaciones entre Estado e Iglesia es uno de los temas clave no sólo en historia de las ideas políticas sino en ciencia política.

Siguiendo al jurista Carlos S. Fayt (Derecho Político, Depalma, Bs. As., 1985, Tomo I, 6ª edición inalterada, p. 345/346), cuatro son los sistemas que el pensamiento jurídico-político determina para categorizar las relaciones entre ambas instituciones:

a) Sistema de unión o armonía perfecta: donde hay una profesión de fe católica por parte del Estado que, además, sujeta su actividad política y legislativa a los principios católicos.
b) Sistema de la colaboración o de concordato: implica que el Estado, negociando en igualdad de condiciones con la Iglesia, mediante un acuerdo fija los respectivos campos de actividad. Es el sistema que rige en nuestro país.
c) Sistema de separación e independencia: que se caracteriza porque el Estado “considera a la Iglesia como una institución de orden privado distinguiendo claramente entre poder civil y poder religioso con la delimitación o separación del campo de acción que le es propio; b) le asigna el mismo lugar y tratamiento que a las asociaciones, excluida de todo privilegio, y por lo tanto sometida al derecho común”. Este es el sistema que, según nuestro criterio, es el más adecuado para garantizar la laicidad del Estado.
d) Sistema de oposición, absorción o supremacía civil: donde el Estado desconoce toda autonomía a la Iglesia, asumiendo la jurisdicción espiritual de la Iglesia; b) puede llegar desde someterla por entero a su supremacía, hasta promover su aniquilamiento o desaparición.

En nuestro país rige el segundo sistema, el concordatario. Sin entrar en la polémica de si se trata de un acuerdo o propiamente de un concordato, el mismo fue negociado durante el gobierno del presidente Illia y firmado durante la dictadura militar de Onganía en 1966.

Ahí encontramos el primer obstáculo. La puesta en vigencia del concordato se llevó a cabo por medio de la ley 17.032, “ley” que no fue sancionada por el Congreso de la Nación ya que no tenía actividad por la vigencia de la dictadura militar.

Sostuvimos en otro artículo publicado en este medio (“El celibato sacerdotal: abuso de poder”, 22 de junio de 2009), que “el Concordato con la Santa Sede es bastante cuestionable por dos razones:

a) La primera, es que el Congreso de la Nación no ha tenido oportunidad de aprobar o desechar el mismo, que según el Decreto 220/05, ha sido “ratificado por ley Nº 17.032, conforme el Boletín Oficial del 22 de Diciembre de 1966, fue “sancionada” por el dictador Onganía, “En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina”, en tiempos que no regían las instituciones reconocidas por la Constitución Nacional, porque ésta última tampoco tenía vigencia. Por ello, el Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina sobre la situación jurídica de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la República Argentina, suscripto en Buenos Aires, el 10 de octubre de 1966, no tendría vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, hasta tanto no sea aprobado o desechado por el Congreso Nacional, conforme el procedimiento constitucional ordenado por el inc. 22 del Art. 75 de nuestra ley fundamental (en concordancia con el proyecto de la ex senadora nacional Bortolozzi).

b) El Concordato, no tiene la misma jerarquía que los Tratados sobre Derechos Humanos mencionados en el art. 75 inc. 22 sino inferior, por lo que dentro del orden jerárquico no está por encima de la Constitución Nacional, de manera que es otra evidencia de que la Iglesia Católica debería ajustar su funcionamiento y normas jurídicas, a las declaraciones, derechos, garantías y principios constitucionales”.

Habría entonces, un primer tema a replantear: la revisión, desde el punto de vista político y legislativo, no sólo de la ley de facto que pone en vigencia el acuerdo con la Santa Sede sino el acuerdo mismo. Son los ciudadanos y ONGs quienes deberán solicitar a sus representantes activen la cuestión.

2. ¿Existe en Argentina una religión oficial, o religión de Estado?

La pregunta tiene que ver con la confesionalidad o no del Estado Nacional. Se puede preguntar de otra forma: ¿Es confesional el Estado desde el punto de vista de la Constitución Nacional? ¿Adhiere a alguna religión específica? Respuesta: el Estado nacional no es confesional, no adhiere a religión alguna.

Conforme el Diccionario de la real Academia Española la palabra confesional es un adjetivo que significa “Perteneciente o relativo a una confesión religiosa” (R.A.E. 22º Edición). Aplicado al Derecho Político el término alude a un Estado que se adhiere a una religión determinada.

¿A qué religión se adhiere nuestro Estado? A ninguna. No hay normas en la Constitución Nacional que demuestren confesionalidad alguna. Veamos.

En el Preámbulo se hace una referencia a Dios mediante una invocación: “… invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia…”. La misma alude al teísmo, es decir, una cosmovisión o posición ideológica que implica referencia a una divinidad, a un ser superior, que puede ser el dios cristiano, el budista, el hebreo o el hindú. Dice el diccionario: “Teísmo: (Der. del gr. θεός, dios, e -ismo). 1. m. Creencia en un dios personal y providente, creador y conservador del mundo”. Asimismo, dicha cosmovisión puede hacer referencia a un dios (monoteísmo), varios (politeísmo), varios pero con preeminencia de uno (henoteísmo), pudiendo existir otras variantes.

Dicha invocación fue efectuada por los constituyentes porque eran hombres creyentes, y por el contexto histórico en el que se dictó la Constitución. Como tales optaron por esa invocación, apartándose del criterio seguido por los constituyentes norteamericanos. Pero de ninguna manera implica declarar que en la Argentina desde 1853 existió y existe una religión oficial.

La doctrina constitucional sigue nuestra línea argumental. Sostiene Humberto Quiroga Lavié que tal invocación “expresa la fe del pueblo argentino, pero sin calificar a Dios. Puede ser tanto el Dios de los católicos, como el de los judíos. El Dios de los fervientes creyentes, como el de los agnósticos que solamente afirmen los dictados de su conciencia o imperativo categórico universal como guía de sus actos” (Constitución Argentina Comentada, 2ª edición actualizada, Zavalía Editor, Bs. As., 1997, p. 10).

En igual sentido María Angélica Gelli: “… en armonía con la invocación a Dios efectuada en el Preámbulo - teísta pero no confesional - …” (Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 3ª edición actualizada y ampliada, Bs. As., La Ley, 2008, p. 32). “La República Argentina no adoptó una religión de Estado en su Constitución, aunque el gobierno federal está obligado el sostenimiento del culto católico…” (obra citada, p. 140).

“Es de hacer notar que en nuestro país no existe religión oficial o religión del Estado, reduciéndose el sistema a la ayuda financiera a la Iglesia Católica, sin que esto implique decaimiento o menoscabo a la libertad de cultos” (Fayt, Carlos S., obra citada, p. 347).

“No llegamos a advertir que la Iglesia Católica sea una iglesia oficial, ni que la religión católica sea una religión de estado” (Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución Reformada, Tomo I, Ediar, Bs. As., 2005, p. 543).

También la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el mismo criterio. El máximo Tribunal de la República dijo que “la Constitución desechó la proposición de que el catolicismo fuera declarado la religión del Estado y la única verdadera…” (Cayuso, Susana G., Constitución de la Nación Argentina: claves para el estudio inicial de la norma fundamental, 1º ed., Bs. As., La Ley, 2006, p. 40)

Para que se pueda comparar, los antecedentes constitucionales sí regulaban una religión oficial.

Sostuvimos en un trabajo monográfico (“Aproximación al problema de la igualdad religiosa en la Constitución Nacional”, módulo III, Maestría en Historia de las Ideas Políticas Argentinas, Facultad de Filosofía y Letras, U.N Cuyo, 2009), que el Estatuto provisional de 1815, en sus artículos 1 y 2, establecía: “La Religión Católica Apostólica Romana es la Religión del Estado”; “Todo hombre deberá respetar el culto público, y la Religión Santa del Estado”.

Mientras que Reglamento Provisorio de 1817, sostenía en el capítulo II “De la religión del Estado”: “Artículo 1: La religión católica apostólica romana, es la religión del Estado”. “Artículo 2: Todo hombre debe respetar el culto público, y la religión santa del Estado: la infracción de este artículo será mirada como una violación de las leyes fundamentales del país”.

Una primera aproximación al articulado deja ver la importancia que la religión tenía para el legislador, haciéndose eco de la función articuladora de los valores religiosos en la sociedad, lo cual fue positivo.

No obstante, deja ver los primeros atisbos de violación de los principios de libertad e igualdad de cultos al equiparar el disenso a las creencias católicas con los delitos (“violación de las leyes fundamentales del país”). También pone de resalto los primeros cimientos de los privilegios legales de la Iglesia.

Aquellos artículos fueron tomados como antecedentes y fueron la base de los artículos 1 y 2 de la Constitución de 1819. En la sección primera, el artículo 1° establece: “La Religión Católica Apostólica Romana es la religión del Estado. El gobierno le debe la más eficaz y poderosa protección; y los habitantes del territorio todo respeto, cualesquiera que sean sus opiniones privadas”. A continuación, el artículo 2° sostiene: “La infracción del artículo anterior será mirada como una violación de las leyes fundamentales del país”.

Ambas normas son relevantes por cuanto: a) Delinean por primera vez un Estado confesional; b) Conforman el primer antecedente constitucional del país en la materia; c) La ubicación de la religión en los artículos 1º y 2º manifiesta la importancia que se le asignaba al factor religioso y d) Configuran los primeros privilegios con que iba a contar la Iglesia históricamente.
Se suma, pues, a las características que los historiadores asignan a la Constitución de 1819, la confesionalidad del Estado, adhiriéndose a una religión específica.

Destaca el artículo 1º dos deberes: por parte del Estado, de asegurar la “protección” de la religión católica (entendemos que también de la institución); y de parte de los habitantes, el “respeto” hacia aquella, cualquiera sean las convicciones personales”.

Asimismo Alberdi, en su proyecto de Constitución de la Confederación Argentina, fue partidario de declarar al catolicismo como religión oficial. Dispuso en el art. 3: “La Confederación adopta y sostiene el culto católico, y garantiza la libertad de los demás” (en Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Ciudad Argentina, Bs. As. 1998, p.217).

“Porque era una necesidad impuesta por las costumbres de la sociedad, por las tradiciones legislativas del pueblo argentino y una consecuencia que de los derechos que el Estado adquiría con el Patronato, la Constitución declara que “el gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano”. No quiso con esto significar que era esa la religión del Estado, “porque no todos los habitantes del país, ni todos los ciudadanos eran católicos, ni el hecho de pertenecer a la comunión católica, había sido jamás por nuestras leyes un requisito para obtener la ciudadanía” (González, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina 1853-1860, actualizado por Humberto Quiroga Lavié, La Ley, Bs. As., 2001, p. 115).

En suma, los antecedentes históricos mencionados someramente, sumados a los criterios constitucional, doctrinario y jurisprudencial demuestran que la carta magna no regula religión de Estado ni religión oficial alguna.

Si aplicamos dichos criterios a la cuestión de los símbolos religiosos en las dependencias del Estado tanto nacional como provincial, debemos decir que no existen razones que habiliten la exposición de los mismos en las dependencias oficiales.

Por su parte, la Constitución de Mendoza, también es aconfesional. El Estado mendocino no adhiere a religión alguna. Sigue el mismo criterio teísta que el Preámbulo nacional al incorporar en el suyo la invocación a Dios.

Ahora bien, que no exista religión oficial – ni en la Nación ni en la Provincia - no significa que al catolicismo se le niegue trato preferencial. Entramos a una segunda cuestión: las asimetrías en materia religiosa en cuanto al trato que el Estado dispensa a las mismas; la violación a la igualdad religiosa en nuestro ordenamiento jurídico.
3. El trato preferencial hacia el catolicismo: sostenimiento económico.

El trato preferencial que el Estado dispensa al catolicismo se refleja en una serie de disposiciones constitucionales, de legislación inferior y en la praxis política.

El artículo 2 de la C.N. dice: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. ¿Qué significa “sostener”?

Hemos hecho referencia en otro artículo publicado en este medio (¿Es necesaria la contribución del Estado a la Iglesia católica?, 21 de abril de 2009), que el sostenimiento que declara el art. 2 es de índole económica. Es mayoritario el criterio en la doctrina constitucional y se reflejó en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aludido. Recordemos algunos párrafos.

“La doctrina del Derecho Constitucional al abordar el análisis de la norma mencionada, y la consiguiente relación entre el Estado y la Iglesia Católica, se dividió en dos corrientes:

a) la mayoritaria, que considera que el sostenimiento al que alude el art. 2 se refiere sólo al aspecto económico;

b) la minoritaria, que se inclina por una postura más amplia: el sostenimiento no sólo implica lo económico sino una “unión moral” más estrecha entre Estado e Iglesia”.

A efectos de profundizar en el tema, remitimos al trabajo mencionado.

Este artículo es complementado por una serie de leyes dictadas en la última dictadura militar:

a. Período del dictador Videla: se “sancionaron”, las siguientes leyes:

a) Ley 21.950, regula el sueldo de los obispos, art. 1: “Los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos”. El art. 2 dispone: “Los Obispos Auxiliares de las jurisdicciones señaladas en el Artículo 1º y el Secretario General del Episcopado tendrán una asignación mensual equivalente al 70 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos”.

Es la ley por la cual cobran su sueldo los obispos que residen en Mendoza. Los últimos datos hablan de un sueldo de $ 7.287,13 netos, no imponibles, como ingreso de un obispo diocesano, pagado por todos los ciudadanos, católicos y no católicos (que son la mayoría). Ambos deberían informar a la opinión pública cuánto ganan ya que se trata de fondos que provienen del erario público. No hace falta que nadie les pida explicaciones: de oficio deberían informar, dada la naturaleza de persona jurídica pública no estatal de la institución que integran (art. 33 del Código Civil).

b) Ley 21.540, regula la jubilación de obispos por edad avanzada o invalidez. Dice su art. 1: “Los Arzobispos y Obispos con jurisdicción sobre Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas o Exarcados del Culto Católico, Apostólico, Romano, y el Vicario Castrense para las Fuerzas Armadas, que cesen en dichos cargos por razones de edad o de invalidez, gozarán de una asignación mensual vitalicia equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración fijada al cargo de Presidente de la Nación excluidos los gastos de representación en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional”.

c) Ley 22.162, otorga subsidios por zonas desfavorables. El art. 1 dice: “Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar a los curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en Zonas de Frontera, (...) o de aquéllas ubicadas en otras zonas que, por sus características, también requieran la promoción de su desarrollo, una asignación mensual (...) equivalente a la que corresponda a la categoría 16 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional”.

d) Ley 22430, que otorga jubilaciones sin aportes, con 5 años de servicio acumulativas con otras. El art. 1 consagra: “Los sacerdotes seculares del culto católico, apostólico, romano, que tuvieran cumplida la edad de sesenta y cinco (65) años o se hallaren incapacitados y que hubieran desempeñado su ministerio en el país por un lapso no inferior a cinco (5) años, no amparados por un régimen oficial de previsión o de prestación no contributiva, tendrán derecho a una asignación mensual vitalicia equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia”. El art. 2: “Esta asignación será compatible con cualesquiera otros ingresos que mensualmente no excedan del doble del haber mínimo de jubilación”.

b. Período del dictador Galtieri:

a) Ley 22552, contempla los casos de vacancia. Art. 1: “En los casos de vacancia de la titularidad producida en las Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas, Eparquías y Exarcados del Culto Católico Apostólico Romano y hasta tanto se designe nuevo diocesano, los Vicarios Capitulares o los Administradores Apostólicos con jurisdicción en las mismas, recibirán la asignación mensual a que se refiere el artículo 1 de la Ley 21.950”.

c. Período del dictador Bignone:

a) Ley 22950, que otorga becas estatales a seminaristas. Dice el art. 1: “El Gobierno Nacional contribuirá a la formación del Clero Diocesano, para lo cual los Señores Obispos residenciales o quienes hagan canónicamente sus veces percibirán en concepto de sostenimiento mensual por cada alumno de nacionalidad argentina del Seminario Mayor perteneciente a la propia jurisdicción eclesiástica, el equivalente al monto que corresponda a la Categoría 10 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional”.

Se habrá observado que las leyes mencionadas fueron “sancionadas” en dictaduras militares, sin intervención del Congreso de la Nación, por lo que son formalmente nulas al no respetar el procedimiento normal de sanción de las leyes.

El principal argumento que utiliza la jerarquía eclesiástica para defenderse de quienes cuestionan el sostenimiento estatal es que el aporte es ínfimo, teniendo en cuenta los gastos de la institución y el grueso de los recursos que provienen de otras fuentes. La pregunta entonces es: si el aporte es mínimo ¿por qué no renuncian al mismo y ganan en credibilidad? ¿Hasta qué punto tienen autoridad para hablar de la pobreza?

Aquellas normas, junto con el art. 2342 del Código Civil sobre inembargabilidad de los bienes eclesiásticos son algunos ejemplos del trato preferente que el Estado dispensa a la Iglesia. Otros ejemplos son la existencia del obispado castrense, actualmente en estado de negociación; el tema de los feriados (el día de la inmaculada concepción como feriado nacional) y su eliminación o extensión hacia las otras religiones. Los lectores pondrán incorporar otros ejemplos.

El sostenimiento económico debe ser eliminado por injustificado y abusivo.

A esta altura de la exposición preguntamos: si no existe religión oficial ni en la nación ni en la provincia, si existe un injustificado régimen de privilegio hacia el catolicismo que debe eliminarse en aras de la necesaria igualdad religiosa, si las disposiciones constitucionales, jurisprudencia de la Corte y la opinión doctrinaria no justifican la exposición de símbolos religiosos católicos en las dependencias del Estado ¿Por qué se siguen colgando crucifijos, o se mantienen los existentes?

El foco debe ponerse, ahora, en uno de los elementos del Estado: el gobierno, y en particular, en los titulares y/o detentadores del poder político (los gobernantes). Debe incorporarse al análisis el ejercicio de la libertad religiosa. Pasamos al segundo plano mencionado en la introducción de nuestro trabajo.

4. Libertad religiosa: su ejercicio.

La Constitución Nacional consagra la libertad religiosa en el art. 14 que establece: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: … de profesar libremente su culto”.

La doctrina constitucionalista clásica desdobla la mencionada libertad en dos clases: a) libertad de creencia (que corresponde al fuero interno de las personas), y la libertad de exteriorizar dichas creencias, de manifestarlas, que es la libertad de cultos propiamente dicha (y que corresponde al fuero externo). Esta libertad debe complementarse con el principio de intimidad, regulado en la primera parte del art. 19 de la Constitución, ya que es una proyección más del referido principio. De manera que la ley fundamental, tutela la libertad religiosa tanto a nivel individual para las personas que se declaran creyentes de alguna religión o pertenecen a algún movimiento espiritual, como a nivel colectivo para las comunidades religiosas..

Asimismo, y conforme el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, existen tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, es decir, están en el mismo escalón jerárquico que la Constitución.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 18, establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

Sin embargo, la libertad religiosa no es absoluta (salvo la libertad de conciencia o pensamiento, no hay libertades ni derechos absolutos reconocidos en la Constitución), pudiendo ser regulada o limitada mediante el poder de policía que como facultad posee el Estado. Estos límites al ejercicio de la libertad religiosa se extienden a los funcionarios y gobernantes de turno.

Llegamos a un punto conflictivo: ni la Constitución, ni la jurisprudencia de la Corte de la Nación, ni la doctrina avalan la exposición de símbolos católicos en dependencias del Estado. Sin embargo, los funcionarios y/o legisladores los mantienen por cuanto proyectan en los mismos sentimientos, emociones, y significados subjetivos. Valoraciones personales.

¿Qué tienen que ver aquellas valoraciones subjetivas con el desempeño de la función pública?

Si la respuesta tiene que ver con la ética en el ejercicio de la función, no debe confundirse con la religión. Ética y religión son disciplinas separadas aunque en algunos de sus principios se unan. Todos nuestros actos deberían estar regidos por la ética, independientemente de nuestras convicciones religiosas. Tampoco el juramento que se hace mediante la fórmula religiosa implica la exhibición de símbolos. Los funcionarios gobiernan para todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes.

Colgando crucifijos u otros símbolos ¿contribuyen a la necesaria igualdad que debe existir entre las diversas religiones? ¿Qué pasa con las personas que se sienten agredidas por ese símbolo? ¿Debe haber una limitación? Entendemos que sí.

En tanto un funcionario, como miembro del gobierno de turno, exponga símbolos de su propia religión en sus dependencias lleva a cabo un acto abusivo, de imposición hacia los otros ciudadanos, empleados o no, que no comparten el significado o el sentimiento por el símbolo religioso.

Tolerancia, neutralidad, igualdad y límites a la libertad religiosa son puntos claves para destrabar el problema de los crucifijos.

En nada afectaría la fe de los creyentes católicos la no existencia de sus símbolos en las dependencias del Estado. Seguirán existiendo sus templos y lugares de oración, sus fiestas de religiosidad popular. Salvo que se tenga una fe débil, supersticiosa, necesitada de seguridades. Pero esto último no es tema del Estado.

5. Un ejemplo en nuestro país: la imagen de la Virgen en Tribunales.

En nuestro país existe el antecedente judicial de la Asociación por los Derechos Civiles (2004) que presentó un recurso de amparo con el objeto de que se declarara la inconstitucionalidad de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de autorizar la colocación de una imagen la Virgen de San Nicolás (y de cualquier otro símbolo religioso), en la entrada de los Tribunales donde también tiene su sede la Corte.

En primera instancia se hizo lugar al amparo y la Corte acató la sentencia trasladando la imagen; no obstante fue apelada por la Corporación de Abogados Católicos quienes lograron, en segunda instancia, revocar la sentencia que la Corte ya había cumplido. La Asociación no logró probar sus pretensiones.

No obstante los argumentos esgrimidos por los camaristas para sostener su fallo (sobre todo la historia y tradición de país; el art. 2 de la .N.), sobresale uno: el considerar que no resulta manifiestamente arbitraria la colocación de un símbolo religioso en un edificio público “no implicaba un juicio de valor sobre la conveniencia del modo y lugar del emplazamiento de la imagen” (C. Cont. Adm. Fed. Sala IV, 20/04/2004). Más adelante, demostramos la caducidad de los argumentos esgrimidos por la Cámara. Remitimos al fallo para una lectura en profundidad.

6. Los argumentos a favor de los símbolos religiosos.

Supuestas mayorías, las costumbres de la sociedad, las tradiciones legislativas del pueblo argentino, el significado del símbolo, los sentimientos de los creyentes, son algunos de los argumentos que se esgrimen para mantener los crucifijos. Son llamativas dos cuestiones: primera, no hay argumentos legales; segundo, la hipocresía (¿o ignorancia?), acerca de lo que la Biblia dice respecto a las imágenes. Estos argumentos se apoyan más en lo sociológico que en lo jurídico.

a) Las mayorías católicas: Jorge Luis Borges decía que “Para el argentino, ser católico es más una cuestión social que espiritual”.

Una cosa es ser bautizado en la iglesia católica, y otra practicar la religión. Sí hay mayoría de bautizados en esa religión (por una cuestión cultural o social), pero no hay mayoría de practicantes de la religión católica, es decir, aquellos que creen sus dogmas, celebran sus ritos y cumplen sus mandatos morales. La jerarquía católica lo sabe, y lo sufre. Se suma a ese dato la continua expulsión tácita que la institución hace de personas que no se ajustan a sus parámetros: divorciados vueltos a casar, homosexuales, sacerdotes casados con hijos, librepensadores, teólogos y teólogas que ejercen la libertad de investigación, teólogos de la liberación (uno de los últimos perseguidos por la ex inquisición fue el teólogo jesuita Jon Sobrino), grupos de mujeres que luchan por la plena igualdad de oportunidades y de sacramentos. Hay que incorporar a estos sectores a los apóstatas formales, en creciente número.

La “Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina”, elaborada por el CONICET y publicada en 2008 mostró cifras contundentes referidas a la práctica de la religión católica. Del 75 % de personas que se declaraban católicas, sólo el 23,1 % admitió relacionarse con Dios a través de la institución eclesial.

Como sostuvo Fortunato Mallimaci “la secularización no es la desaparición de lo religioso sino su recomposición”; “… están cambiando las formas, maneras e intensidades de búsqueda de ese sentido, que es diferente según clases sociales, nivel de educación, edades, regiones y género” (“Tenemos ahora un país más pluralista y diverso”, en www.serviciosclarin.com/notas, del 23/09/2008).

Las mayorías de fervientes católicos ya no existen. Tampoco las manifestaciones públicas de actos religiosos son garantía de fidelidad a la institución católica. Como dice el autor mencionado “llenar plazas no significa automáticamente sumar pertenencias al grupo”. Las personas se relacionan con el fenómeno religioso sin intervención de mediaciones institucionales. “No estamos ante sujetos pasivos, manipulables u obedientes a sacerdotes, pastores, rabinos o imanes que dicen lo que hay que hacer en cada momento” (Mallimaci, artículo citado).

No existen las mayorías de católicos practicantes que justifiquen un trato privilegiado y, por ende, avalen la exposición de sus símbolos religiosos en dependencias del Estado. El argumento ha caducado.

b) Las costumbres de la sociedad: no se observa que atente contra las costumbres de los católicos practicantes la no existencia de sus símbolos en las dependencias estatales. El ejercicio de la libertad religiosa está garantizado en sus templos, procesiones individuales o colectivas. La encuesta mencionada es la evidencia que prueba el cambio de las costumbres de los creyentes.

c) Las tradiciones legislativas: ya fueron señaladas, en cuanto antecedentes históricos. Pero también se demostró que los constituyentes no fueron partidarios de identificar al Estado con religión alguna. El argumento ha caducado.

d) El significado del símbolo: el significado es relativo y pasa por la subjetividad de quien lo observa. No hay un significado objetivo en un crucifijo. Para el católico practicante reviste gran importancia: es el Hijo de Dios que dio la vida por los hombres. Para el católico no practicante pasará desapercibido. Para los cristianos no católicos será una prueba de la idolatría católica por cuanto la Biblia prohíbe hacerse imágenes de Dios. Para el feminismo será la representación de la cultura andrógina, machista y misógina que domina la teología católica, de fuerte simbología masculina. Para los descendientes de los pueblos originarios de América Latina el crucifijo puede representar el saqueo de recursos naturales, de las culturas, la quema de libros, el genocidio, la esclavitud, la imposición de una religión por sobre sus propias creencias. Para los ex detenidos-desaparecidos podrá ser el símbolo de la tortura, robo de bebés y complicidad de gran parte del catolicismo con la última dictadura militar. Los significados puedes ser múltiples, siempre subjetivos. No es un argumento legítimo para justificar la presencia del crucifijo en las dependencias estatales.

e) La praxis política: es clave en el análisis de las relaciones entre Estado e Iglesia y, en parte, también explica la presencia de los crucifijos ya que dirigentes de todos los sectores de muestran como miembros de aquella religión (las dos máximas autoridades políticas de nuestra provincia, por ejemplo).

¿Debe alejarse la dirigencia del poder religioso? ¿En qué ámbitos de la estructura estatal se trabaja para separarse de la influencia episcopal?

Afirma el sociólogo mencionado que “la mayoría o la casi totalidad de actores significativos de la sociedad argentina no reclamen el alejamiento de la iglesia del poder”, sino que utilizan “ese poder para su propio provecho. Jueces, sindicalistas, diputados, movimientos sociales, militares, dirigentes empresariales se justifican y presentan públicamente como “católicos” (Mallimaci, Fortunato, Nacionalismo Católico y Cultura Laica en Argentina, en www.ceil-piette.gov.ar/investigadores/fmallimacipub/2008cnaci.pdf).

La existencia de simbología católica en las dependencias estatales puede deberse por las relaciones entre el poder político y el religioso, que sólo satisfacen sus recíprocos intereses.

7. Conclusiones

Hemos buscado aportar algunos elementos que sirvan al debate de la cuestión de los crucifijos, dentro del marco general de relaciones entre Estado e Iglesia Católica, con la finalidad de sumarlos a las reflexiones y conclusiones de los lectores.

El Bicentenario encuentra a los argentinos con una multitud de asignaturas pendientes, de carencias tanto institucionales como sociales, de violación de derechos, de discriminaciones históricas.

Es el momento del replanteo de aquellas cuestiones políticas, sociales y culturales. Dentro de estas últimas surge el papel de las religiones, en especial la católica. Todo dependerá de qué Estado busquemos. Uno que fomente la igualdad y la tolerancia, o la discriminación; las prebendas, o el trato equitativo; uno que “politice la religión” (Mallimaci), o que prescinda de la influencia religiosa en su actividad.

Es necesario el replanteo de las relaciones entre Estado e Iglesia Católica. Ni en el país ni en la provincia hay religión oficial. La invocación a Dios en los preámbulos mencionados es sólo una posición ideológica, que no significa adopción de religión específica.

Debe eliminarse el trato preferente que el Estado dispensa a la institución católica, afianzando la igualdad entre las religiones. El sostenimiento económico que establece el artículo 2 es un ejemplo. Mediante reforma de la Constitución, o mediante interpretación que considere dicho artículo una norma positiva no vigente (un ejemplo es el juicio por jurados, regulado en la Carta Magna pero no vigente).

En un plano particular, los crucifijos en las dependencias oficiales constituyen un acto de exteriorización de las creencias de los funcionarios, subjetivas, pero de naturaleza abusiva, impositiva. Los argumentos históricos, tradicionales, costumbristas han caducado.

Hay que retirarlos, para afianzar la igualdad de trato a los ciudadanos y otras religiones, y la neutralidad en función pública.

Carlos Lombardi es Constitucionalista UNCuyo.

Autor foto: Nacho Gaffuri - MDZOL

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Tucumán: ¿El puntero de los periodistas?. Una periodista denuncia en la Justicia por presunta extorsión a un funcionario público

PRIMERA FUENTE

El empresario periodístico y actual funcionario, encargado de prensa de la Municipalidad de Yerba Buena, Esteban Migliazzo, fue denunciado el pasado lunes en la fiscalía de feria a cargo de Carlos Sales por presunta extorsión. Roxana Bazán se desempeña como corresponsal en Cadena 3 de Córdoba y para sostener la continuidad laboral debía, según testimonios que fueron grabados telefónicamente, obedecer las condiciones que tendría como pretensiones Migliazzo, quedándose con el 50 por ciento del sueldo de la periodista. El viernes ratificó tal demanda.

La trabajadora de prensa, Roxana Bazán, con el patrocinio de Jorge Contreras, denunció el pasado 8 de enero, ante la Justicia local por tentativa de extorsión a Esteban Migliazzo. En la denuncia penal de la corresponsal de Cadena 3 de Córdoba, se llegó a un punto límite por el hostigamiento y presión que recibía de este empresario y a la vez funcionario del Municipio de Yerba Buena para que le entregara el 50 por ciento de su sueldo a cambio de trabajo en la emisora radial de capitales cordobeses.

La afiliada a la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), víctima de hostigamiento telefónico, decidió radicar la denuncia penal patrocinada legalmente por Jorge Contreras. Para esto la mujer de prensa grabó tres conversaciones telefónicas como prueba en la cual el empresario asume que es el dueño de la repetidora (Cadena 3 de Córdoba) en Tucumán y que del depósito bancario de los haberes de Bazán, a él le corresponde el 50 por ciento. “Si no te gusta renunciá”, le declamó el también funcionario encargado de prensa de la Municipalidad de Yerba Buena que dirige Daniel Toledo.

En declaraciones a Primerafuente el abogado de la periodista, Jorge Contreras, manifestó que la denuncia radica bajo la consigna de tipificación de tentativa de extorsión porque existiría tal intimidación por el puesto laboral a cambio de la mitad de su sueldo. “La intimida dentro de su puesto laboral para que acepte las condiciones salariales que le impone ilegalmente”, dijo el abogado.

Conteras también explicó que la denuncia se realizó el pasado 8 de enero en la Comisaría Primera de esta ciudad y que luego el lunes 10, desde este destacamento, la denuncia fue girada a la Fiscalía de feria a cargo de Carlos Sales. El segundo paso administrativo judicial fue la notificación en la cual la periodista ratifique tal denuncia, hecho sucedido en la mañana del viernes.

Ante esta situación de presiones y no entendimiento por parte de Bazán por la cual tenía que entregar los recursos que le exigía Migliazzo, curiosamente la empresa periodística le envió un telegrama de despedido sin causa comunicándole que sus servicios ya no eran prescindibles a partir del 26 de enero próximo.

En este sentido, Bazán contó que había firmado un contrato de trabajo por tres meses con Cadena 3 de Córdoba y que desde la empresa jamás le habían comunicado que debía entregar el 50 por ciento de su sueldo a Migliazzo. Es por eso que para las conversaciones con el empresario-funcionario decidió grabar el alcance real de su remuneración.

En la comunicación se puede apreciar que Migliazzo, ex encargado de prensa de Fuerza Replicana, le exigía que se dirija a un banco privado, que retire los fondos y que luego le entregue la mitad de tales valores.

Sus orígenes: Comenzó como bussista, termina como un “pilla monedas”

Esteban Migliazzo nació en Córdoba hace cuarenta años y desde muy joven militó en la ya extinta UCEDE. Al llegar a Tucumán a comienzos de los años 80, el joven político conoció a los ex UCDE, Pablo Walter y Sisto Terán Nougués, quien hoy ocupa un cargo de legislador en la Cámara provincial.

De la mano de Walter, Migliazo logró ingresar a mediados de los 90 en la mesa chica de Fuerza Republicana, partido liderado por el condenado genocida Antonio Domingo Bussi. Era el encargado de difundir las actividades del partido cuando Bussi gobernaba la provincia. Cuando la figura del ex represor comenzó a deteriorarse, Migliazzo se dedicó a realizar tareas de comunicación para Ricardo Bussi, hijo del general retirado. También trabajó con el hijo mayor de Bussi, Luis José y con el concejal de la capital, Claudio Viña.

En el año 2007 quedó sin trabajo en Fuerza Republicana y su amigo el legislador Sisto Terán le consiguió el puesto de secretario de Prensa de la Intendencia de Yerba Buena, a cargo de Daniel Toledo. En un entorno de cepa peronista, Migliazzo fue resistido durante los primeros meses hasta que Toledo logró que se afilie al Partido Justicialista. Como secretario de Prensa de Yerba Buena y como propietario de un lavadero de autos en un shopping de esa ciudad, el joven licenciado en Comunicación Social de la UNSTA lograba sumar ingresos para poder llevar una vida más o menos acorde a cuando disfrutaba de las mieles bussistas, ostentando un estatus de vida elevado.



Ver texto completo...

Argentina, Tucumán: La Fetraccom repudia y se solidariza con la trabajadora de prensa

PRIMERA FUENTE

La Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional (CNLE)– Asociación de Prensa de Tucumán (federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom) manifiesta su más profundo repudio a los actos de Extorsión, Acoso y Precarización laboral sufridos por la trabajadora Roxana Bazán periodista y corresponsal de la Radioemisora repetidora de CADENA TRES en Tucumán.

Roxana Bazán, que desde noviembre de 2009 se encuentra trabajando para la empresa Cadena 3, denunció que fue en reiteradas oportunidades amedrentada y presionada a efectivizar el cobro de su salario y entregar la mitad de su sueldo al responsable de la empresa en Tucumán Esteban Migliazzo.

La periodista reveló que no solo se la instaba a diario a entregar la mitad de cada uno de sus honorarios sino que también era intimada a abandonar su trabajo si no aceptaba de conformidad la maniobra.

Roxana Bazán denunció ante la CNLE además el permanente acoso por parte de Migliazzo a través de llamadas telefónicas donde la intimaba a reunirse con él en las dependencia del Banco para efectivizar el cobro.

La trabajadora presentó ante la CNLE registros testimoniales de grabaciones donde se da cuenta de cada una de las situaciones mencionadas anteriormente. La realidad laboral de Bazán empeoró aún más cuando el 8 de Enero del corriente mes y sin mediar causal la empresa CADENA 3 de Córdoba resolvió cursar un telegrama de despido de manera arbitraria desvinculándose de la trabajadora. La situación se agrava y amenaza más aún las garantías y derechos laborales y de expresión e información, cuando se hace pública la noticia que el responsable de la Repetidora CADENA 3 en Tucumán es un funcionario público provincial Secretario de Prensa y Difusión (Intendencia de Yerba Buena).

A la fecha la periodista se encuentra realizando las correspondientes actuaciones en la justicia a efectos de la toma de intervenciones de los poderes públicos.

La CNLE denuncia a estos repetidos ardides como estrategias patronales que solo buscan minimizar el gasto en estructura y optimizar ganancias, y donde no hacen mas que confirmar una actitud muy poca seria en el manejo de una empresa además de una irresponsable postura ante la actividad informativa y de comunicación frente a la comunidad.

El modelo de repetidora multimedia que precariza mano de obra local y reduce calidad de contenidos y de información, denotan además tanto el desinterés como el desprecio para con la comunidad que no solo los contiene sino que además los beneficia.

La CNLE denuncia los denigrantes sistemas de precarización laboral a los que son sometidos los trabajadores de medios por parte de empresarios que mucho distan de respetar la democracia y sus espacios de trabajos.

Se repudia este cobarde tipo de Explotación laboral que busca quebrantar la dignidad y apocar el orgullo del trabajador, a través de una modalidad empresarial que se arraigan en la especulación y la necesidad.

Se condena la falta de conciencia y sensibilidad social que no hacen mas que dañar y paralizar el proceso de crecimiento y desarrollo de una sociedad que se anhela laboralmente democrática.

La CNLE demanda el compromiso del estado democrático en la inmediata investigación y correspondiente condena para los responsables de vulnerar los derechos laborales, e insta a los poderes públicos a una mayor defensa de quienes atentan contra el libre ejercicio de la libertad de expresión en cualquiera de sus formas que menoscaban de una u otra manera el derecho de informar y estar informados.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Las ratas del riachuelo

Alfredo Alberti

Gracias a la Señora Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner, nadie puede ignorar las ratas del Riachuelo, ni su mortal leptospirosis, como así también que por inoperancia y negligencia de las autoridades gubernamentales las enormes ratas aun existen y nos someten a tan riesgosa convivencia, pese los reiterados reclamos y fallos judiciales de todo tipo.

Queremos suponer que la Señora Presidenta cuando habla de ratas se refiere a los mamíferos roedores, y no a quienes usan clientelisticamente a la gente, dificultando el reordenamiento territorial de la cuenca M-R, ni tampoco a aquellos pseudos industriales que especulan con la vida de la gente, envenenándola, para engrosar sus espurias ganancias, ambos casos en beneficio de ellos mismos como explotadores y en connivencia con autoridades de gobierno.

Desgraciadamente, con tal nivel de conciencia y exigencia jurídico-social, desde las mas altas esferas de poder, no se provee a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo ( ACUMAR ), el necesario y urgente presupuesto, e idóneo plantel profesional, para cumplir con sus objetivos, reclamados fundamentalmente por los 7 millones de ciudadanos que la habitamos, el Defensor del Pueblo de la Nación, el Cuerpo Colegiado, el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el Juez Federal que tiene a su cargo la ejecución de dicha sentencia.

ACUMAR aun ignora, y no casualmente, cuantas y cuales son las industrias a controlar en la cuenca M-R, tampoco posee la cantidad de inspectores calificados que mínimamente necesita.

ACUMAR no urbaniza tan degradado sector, ni se ocupa de la precaria salud de sus habitantes.

ACUMAR tiene incumplidos los plazos originales fijados por la CSJN para todos y cada uno de los muy importantes capítulos que detallan su irresponsabilidad en la materia.

Es muy doloroso que a mas de no ocuparse de la urgente solución de tan acuciante tragedia, consolidada en el abandono, nos usen impunemente para referenciar nada mas ni nada menos que a los “fondos buitres”.

Es muy decepcionante como nos recuerdan para denostarnos, y nunca para definitivamente devolvernos el “Río limpio, fuente de vida y trabajo”, que desde siempre venimos exigiendo.

Es muy indignante y bochornoso observar como se devoran nuestros ahorros en desmedro de nuestros impostergables requerimientos, desprecian nuestra salud y descalifican soezmente como sector social-urbano.

Alfredo Alberti es Presidente de la Asociación de Vecinos La Boca.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Tucumán: Hallan presuntas irregularidades en las listas de cooperativas

PRIMERA FUENTE

En el marco de la investigación de la Justicia Federal se encontraron cooperativas sin domicilio, a nombre de un menor, con sede en una sucursal del ex Banco Provincia, y otras con nombres hasta irrisorios como “Las mujeres con Betty” y “Trabajando con José”. El fiscal federal Antonio Gómez elevará un informe al juez Racedo y la pesquisa quedará a partir hoy en manos del fiscal Carlos Brito. En la comuna de San Pablo no encontraron ni una resma de papel; trascendió que el delegado comunal opera en una oficina del microcentro.

La Justicia Federal no tiene tan solo los nombres de punteros políticos que manejan cooperativas y son acusados de extorsionar a los beneficiarios del plan Argentina Trabaja, sino que también encontró otros datos llamativos y que desnudarían una falta de control oficial. En las listas se encontraron cooperativas sin domicilio, a nombre de un menor, con sede en una sucursal del ex Banco Provincia, y otras con nombres hasta irrisorios como “Las mujeres con Betty” y “Trabajando con José”.

Fuentes judiciales confirmaron que estos datos formarían parte del informe que elevará el fiscal federal de feria Antonio Gómez al juez federal Mario Racedo, quien está a cargo de la causa. Sucede que a partir de hoy, la investigación quedará en manos de otro fiscal federal: Carlos Brito. Trascendió que en el escrito, Gómez pediría una ampliación en el requerimiento de instrucción. Esto es que se investigue desde el momento de la constitución del plan nacional hasta su ejecución, ante sospechas de que en el camino haya habido posibles incumplimientos de funcionarios públicos. Un dato es que la resolución que crea el plan no habría sido publicada en el Boletín Oficial.

Desde el lunes pasado, cuando Gómez inició la investigación de oficio tras el caso de Verónica Pedernera quien denunció a una puntera política que le quiso quitar su tarjeta magnética para cobrar el plan, se multiplicaron los casos de presunta extorsión. En cinco días, por el despacho de Gómez desfilaron más de 10 personas que dieron sus testimonios sobre punteros políticos que presionarían a los beneficiarios para que cedan parte de sus 1.200 pesos que reciben mensualmente.

En la medida más importante hasta ahora, se produjo el miércoles pasado un allanamiento en la comuna de San Pablo por orden del juez Racedo. Pero no encontraron ni una resma de papel en la sede rural. Esto tendría una explicación: extraoficialmente se supo que el delegado comunal Daniel Castro tiene su oficina en pleno microcentro y desde allí digita el plan.

Trasladaron al segundo del Ipacym

En medio del escándalo que se desató por las presuntas maniobras en el manejo del Plan Argentina Trabaja, hubo cambios en el seno del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). Pedro Beltrán, el segundo del titular del organismo, Regino Racedo (hoy de licencia por enfermedad), fue trasladado al Ministerio de Educación y la repartición quedó en manos de Marta Lavandeira.

Hoy, el Ipacym también está bajo la lupa de la Justicia Federal. El fiscal federal Antonio Gómez le pidió hace días información detallada sobre la conformación de las cooperativas y el control que se ejerce sobre ellas.

Foto: Argentina, Tucumán, Corrupción - El juez Racedo está a cargo de la causa que tiene en vilo a los punteros políticos. / Autor: PRIMERA FUENTE

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...