martes, 2 de febrero de 2010

Colombia: Paramilitares, Dole, Chiquita y ¿un sindicalista al servicio a quien?

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Cuando el presidente sindical protestaba desde la oficina de Chiquita contra reportaje publicado a favor a los obreros bananeros en Colombia. ¿Al servicio de quién esta Guillermo Rivera, presidente del sindicato bananero en Colombia?

¿Puede un sindicalista apoyar un régimen abiertamente antipopular y antisindical, enviar homenajes a uno de los más sangrientos generales colombianos, acusado múltiples veces por los organismos de DDHH y hasta los mismos y máximos jefes paramilitares de ser uno de los creadores del monstruo que regó las zonas bananeras en Colombia de sangre obrera y para el colmo, desde la oficina de BANADEX (sucursal de Chiquita en Urabá), enviar una carta de protesta al semanario de la central obrera sueca por un reportaje que solo transmitía lo que decía los obreros y los representantes del sindicato regional y así entregar información real sobre la guerra contra los trabajadores
bananeros en Colombia, desde una de las fincas de Chiquita en Ciénaga?

Esa es la pregunta que cualquier ser normal debe hacerse cuando se trata de Guillermo Riveras, presidente nacional del sindicato nacional de los obreros bananeros.

* * *

A final de noviembre del 2000 pasé tres días haciendo reportaje en diferentes fincas en Cienaga, una de las dos regiones bananeras de Colombia. El extenso reportaje fue publicado en seis páginas de LO-TIDNINGEN, el semanario de la central obrera sueca, un medio muy poderoso políticamente en el país escandinavo.

El reportaje fue publicado el 12 de enero de 2001. El 24 de enero fue asesinado JOSÉ GÜETTE, presidente seccional del sindicato SINTRAINAGRO. Este me había facilitado el reportaje y me había acompañado durante los tres días en la zona bananera. También nos acompañó ROBINSON OLIVERO, fiscal en el sindicato seccional.

Hice un seguimiento del asesinato que fue publicado en el LO-Tidningen a final de enero de 2001, citando como fuente el diario El Tiempo. La nota de El Tiempo también citaba el jefe de la policía de Ciénaga que relataba que la policía había detenido un supuesto paramilitar acusado por el asesinato a Güette. También mencionaba que Güette fue asesinado durante las negociaciones del convenio colectivo entre Chiquita y Sintrainagro.

Después de la publicación del reportaje y la noticia sobre la muerte de Güette, a la redacción del LO-Tidningen en Estocolmo llegó una carta de protesta (1). La carta había llegado primero a una firma de consultores de la Asociación de Industriales Suecos (Svenska Industriförbundet), es decir la contraparte sindical sueca. En la carta se pudo constatar que el fax había sido enviada de la oficina de BANADEX S A URABÁ, que es la filial de Chiquita en Colombia.

Más preocupado por Chiquita que los afiliados

La carta era firmada por Guillermo Rivera con fecha de 7 de febrero de 2001. Rivera, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria SlNTRAINAGRO), protesta por mi reportaje sobre Cienaga:

“Denuncia ante la opinión publica y el movimiento sindical nacional e internacional la actitud irresponsable del señor DICK EMANUELSSON del diario SWEDISH NEWSPAPER LO de Suecia, donde viene haciendo unos comentarios y señalamientos a la producción bananera de Colombia sin haber hecho una investigación de todas las áreas en producción de banano, afectando de esta manera la comercialización de banano colombiano, en Europa y E.E.U.U. cuando ésta es una de las fuentes de empleo mas fuerte en el sector de la agricultura que tenemos en Colombia”.

Agrega que este reportero no tiene autorización de hacer reportaje sin permiso y tampoco puede escribir sobre la muerte de Güette, que solo a final de la carta menciona (vea anexo).

“. . . no aceptamos que sin coordinar con nuestra organización sindica1 en Colombia en una forma colectiva se este hablando a nombre de la organización y haciendo señalamientos directos, en casos como la muerte del compañero JOSÉ LUÍS GUETTE, dirigente sindical en Cienaga Magdalena, que solo le compete a la organización sindical y a la justicia colombiana”, termina la carta que un colega sueco resumió con el comentario; “Parece que el señor Rivera esta más preocupado por las ganancias de Chiquita que la vida de sus propios afiliados”.

BANADEX condenado por contrabando de armas a las AUC

El 7 de noviembre del mismo año, es decir nueve meses después la publicación sucedió lo siguiente:

“BANADEX fue la responsable de descargar y almacenar por cuatro días 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65 de un sonado caso de desvío de armas de Nicaragua a las AUC. Castaño se referiría al ingreso de este contrabando como su ‘mejor gol’ y como uno de los hechos decisivos para imponerse militarmente. Esto sucedió en la zona aduanera especial que por años controló Banadex y que obtuvo gracias al pago de un soborno a funcionarios de la DIAN”, escribía la revista Semana el 17 de marzo de 2007 con fuente a las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (2).

La revista también relató que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, gracias a “las investigaciones periodísticas de los reporteros Mike Gallagher, en Estados Unidos, e Ignacio Gómez, en Colombia, también han aportado elementos para armar el dossier de corrupción y complicidad entre la bananera y los paramilitares”. Chiquita fue sentenciada en octubre de 2001 por una suma irrisorio 100.000 dólares en Estados Unidos por sobornos a funcionarios de DIAN mientras en Colombia, el aparato judicial archivó inexplicablemente el por que caso no encontró méritos para condenar la empresa, a pesar una investigación de la OEA.

Por su lado la revista Semana concluyó este tema con las siguientes líneas:

“Pese a que la bananera aceptó su culpa desde 2004, en Colombia no hay procesos contra Chiquita, Banadex o sus directivos en esa época. Ni por financiación de grupos paramilitares, ni por el soborno pagado para obtener la operación del puerto, ni por el cargamento de armas que ayudaron a entrar por él. Incluso parece que en algunas entidades, como en el DAS, lo que se buscó fue entorpecer las investigaciones que podrían relacionar a esta empresa”.

Según la evidencia acumulada, Banadex servía como una alcahueta comercial y militar para los paramilitares. Y desde su oficina fue enviada la carta de protesta al reportaje en Cienaga de este reportero por el entonces y también actual presidente nacional del sindicato bananero Sintrainagro, Guillermo Rivera.

Homenaje al “Carnicero de Urabá”

El señor Rivera se ha hecho conocido en el mundo sindical colombiano por haber entregado un saludo de solidaridad y homenaje al general Rito Alejo del Río. Éste fue comandante de la Brigada 17 del Ejército en Carepa pero destituido en su cargo a final de la década 90. Fue acusado por haber sido el Padrino de la creación de grupos paramilitares en Urabá, confirmado por los mismos jefes paramilitares. En el homenaje, celebrado el 29 de abril de 1999, en el Hotel Tequendama, propiedad del ejército colombiano en Bogota, estuve presente Álvaro Uribe y los más destacados políticos de la extrema derecha colombiana (3).

La acusación de creación de grupos paramilitares en Urabá la hizo también el coronel Alfonso Velazquez, subcomandante de la Brigada 17 en Carepa, que el 31 de mayo de 1996 en carta escrita al alto mando del Ejército denunció la siniestra alianza de Del Río con los paramilitares. La denuncia la recibieron los Generales Bonnet y Harold Bedoya, quienes enviaron al General Adrada a investigar los graves hechos denunciados. Este concluyó que debía destituirse al denunciante, no al denunciado, y así se hizo.

Por su parte Uribe, como Gobernador de Antioquia, a finales del 96 condecoró a del Río, otorgándole el título de ‘el pacificador de Urabá’, mientras el movimiento popular y los organismos de derechos humanos le tildaron el nombre “el Carnicero de Urabá”. (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/alejo.html).

Rivera ha sido también candidato al congreso nacional. Escribe Álvaro Delgado, investigador del CINEP (Centro de Investigación y Educación Pular) y columnista de Actualidad Colombiana:

“En las elecciones para Congreso de marzo pasado (2006), el actual presidente de la organización, Guillermo Rivera, ex directivo nacional de la CUT y ahora declarado uribista, fue candidato a la Cámara por Convergencia Ciudadana, de Luis Alberto Gil, jefe de una red mafiosa que trafica con dineros públicos y votos a través de varias ONG, ARS y EPS y que está bajo investigación judicial. Convergencia es el grupo que fue expulsado del Partido de la U y rechazado por Cambio Radical, ambos reconocidas agrupaciones del Presidente”. (4):

“No realizar campañas internacionales”

Según una fuente, que mantengo en reserva por su seguridad, el reportaje sobre la lucha del sindicato de los obreros bananeros en Ciénaga salió en momentos cuando se negociaba entre COLSIBA (Sindicatos Bananeros Latinoamericanos y Caribeños, entre ellos Sintrainagro), la UITA (Unión Internacional de los Trabajadores de la alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines) y Chiquita un “Acuerdo entre La UITA/Colsiba (Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros) y Chiquita Sobre Libertad Sindical, las Normas Laborales Mínimas y el Empleo en las operaciones Bananeras en America latina”.

Cuando el reportaje sale a la luz publica en un semanario sindical internacional, surge una situación muy tensa y personas influyentes de la Chiquita quiere retirarse de las negociaciones, porque entre las tres partes había un acuerdo que decía:

“No realizar acciones tales como campañas públicas internacionales o represalias anti-sindicales que puedan socavar el proceso contenido en este Acuerdo” (5).

No sé si eso puede ser uno de los motivos por que llegó la carta de protesta al LO-Tidningen de Guillermo Rivera y Sintrainagro para desprestigiar mi trabajo y para mostrar ante la Chiquita que Sintrainagro y UITA negociaban en serio.

En todo caso hay todavía una pregunta clave que el jefe paramilitar Carlos Tijeras, confeso asesino de José Güette, no ha respondido, y es; ¿Quién fue el autor intelectual del asesinato de Güette? ¿Quién lo solicitó? Tijeras solo ha dicho en su confesión ante la fiscalía colombiana y las autoridades estadounidenses que el creía que Güette era de las FARC, muy poca sustancia para quitar la vida de un ser humano, aún siendo paramilitar el asesino.

La respuesta a esta pregunta podría aclarar mucho sobre las relaciones entre todos los implicados en la guerra sucia y la corrupción en Colombia.

Ver también:

Notas:
1) La carta de protesta de Guillermo Rivera al semanario de la central obrera sueca el 7 de febrero de 2001.
2) Banana ‘para-republic’, Revista Semana, 17 de marzo de 2007, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=101602
3) El General (R) Rito Alejo Del Río: baluarte del paramilitarismo bajo el blindaje de la impunidad
4) ¿Sindicatos de paramilitares?
5) “Acuerdo entre La UITA/Colsiba (Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros) y Chiquita Sobre Libertad Sindical, las Normas Laborales Mínimas y el Empleo en las operaciones Bananeras en America latina”.

Foto 1: Colombia - En seis páginas fue publicado el 12 de enero de 2001 el reportaje en el semanario LO-Tidningen, órgano de la central obrera sueca, el 24 de enero fue asesinado el presidente seccional del sindicato en Ciénaga, José Güette que había acompañado el reportero durante tres días. La foto es de un obrero bananero en una de las fincas de Chiquita en Ciénaga. Guillermo Riveras, presidente nacional del sindicato nacional de los obreros bananeros colombianos se enfureció que un periodista nórdico se atrevía hacer reportaje sin pedirle permiso y sin embargo tener el descaro de dejar a los obreros bananeros hablar y transmitir su preocupación por la ola de asesinatos contra los trabajadores bananeros.

Foto 2: Colombia - El “Acuerdo entre La UITA/Colsiba (Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros) y Chiquita Sobre Libertad Sindical, las Normas Laborales Mínimas y el Empleo en las operaciones Bananeras en America latina”. Cuando el reportaje sale a la luz publica en un semanario sindical internacional, surge una situación muy tensa y personas influyentes de la Chiquita quiere retirarse de las negociaciones, porque entre las tres partes había un acuerdo que decía: “No realizar acciones tales como campañas públicas internacionales o represalias anti-sindicales que puedan socavar el proceso contenido en este Acuerdo” (5).

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Haití: Una ayuda que poco se agradece

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

Los efectos destructivos del terremoto que devastó a Haití concitaron en todo el mundo una enorme solidaridad con el pueblo y la nación de ese país caribeño. La ciudadanía y el gobierno de los Estados Unidos no fueron la excepción.

Solo que para los haitianos, que han sufrido reiteradamente la ocupación militar de los Estados Unidos con variados pretextos y por diferentes períodos de tiempo (a veces muy extensos, como la de 1915 hasta 1934), el anuncio de una ayuda procedente de ese país no presagiaba sino una nueva intervención. Más aún cuando, en medio de la inmensa tragedia que se está viviendo en la capital haitiana y muchos otros puntos de esa nación caribeña, en vez de médicos o constructores, lo más visible que les ha llegado de la superpotencia han sido contingentes de marines con un armamento idéntico al que utilizan los repudiados militares estadounidenses desplegados actualmente en Irak, Afganistán o Yemen.

Fue Haití la nación de América Latina que abrió, hace más de 200 años, el camino de la independencia que hoy disfrutan -al menos formalmente- la mayor parte de las repúblicas al sur de los Estados Unidos. Ha sido también Haití el país que, por tal osadía, ha sufrido las más duras represalias de los poderes coloniales, que ahora son aliados estratégicos de la potencia que asumió, en su reemplazo, el papel hegemónico en la región. Ellos, y sus prejuicios raciales, son los máximos responsables de que el nivel de desarrollo económico y social de Haití clasifique como uno de los más bajos de la región y del mundo.

Según testigos presenciales, mientras en los barrios más gravemente afectados por el terremoto los pobladores, equipados solo con sus manos, excavaban desesperadamente en los escombros para tratar de salvar a sus familias y a sus vecinos, los equipos de rescate desembarcados con las tropas norteamericanas se concentraban principalmente en los barrios donde radicaban los hoteles y residencias de extranjeros, junto al sector mas adinerado de la sociedad haitiana haciendo ello evidente una vergonzosa disparidad de clase y raza en el rescate y atención de los heridos.

Causaba indignación la negativa de los equipos de rescate a desplegarse en los barrios más humildes por temor a una violencia que en verdad se originaba precisamente por esa discriminación.

El jefe de la Protección Civil de Italia, Guido Bertolaso, dijo que la ayuda de Estados Unidos en Haití no estaba dando los resultados esperados porque Washington “tiende a confundir la intervención militar con la humanitaria.”

“En medio de la tragedia haitiana, sin que nadie sepa cómo y por qué, miles de soldados de Estados Unidos han ocupado a Haití sin que la Organización de Naciones Unidas, ni el gobierno de Estados Unidos hayan ofrecido una explicación a la opinión pública mundial de estos movimientos de fuerzas”, denunció el líder revolucionario cubano, Fidel Castro.

Estados Unidos envió un barco hospital con 10 mil camas, pero se le ha atribuido al gesto un valor apenas simbólico dado que está destinado a atender sólo problemas de salud que no sean urgencias quirúrgicas y ortopédicas que son las más demandadas por un desastre natural como el que afectó a Haití.

En algún momento, el gobierno de Estados Unidos prohibió la transportación de heridos hacia ese opulento país alegando limitaciones económicas para atender tantos damnificados.

Otra cosa que vino a desacreditar aún más la apreciación local e internacional de la ayuda venida de Estados Unidos fue reflejada por la prensa de muchos países del mundo: “La policía haitiana detuvo a un grupo de diez estadounidenses que intentaban secuestrar a los 33 niños de entre dos y doce años, provocando un escándalo de gran magnitud. La ministra de Cultura y Comunicación de Haití deploró el hecho porque ''no se pueden aprovechar así nuestra desgracia'' y confirmó que la mayoría de los niños cuyo secuestro fue frustrado por la policía haitiana tienen familiares sobrevivientes del sismo y que algunos de ellos "dicen que sus padres están vivos, y dieron una dirección y números de teléfono".

Ya las grandes cadenas de televisión estadounidenses habían causado indignación por su interés en promover la adopción de lindos niños haitianos que habrían perdido a sus padres en el sismo cuando aún había miles de personas vivas bajo los escombros.

Y, por si todo estos fuera poco, muchos medios de prensa de todo el mundo se hicieron eco de un supuesto reporte preparado por la Flota Rusa del Norte indicando que el sismo que devastó a Haití fue el "claro resultado" de una prueba realizada por la Marina estadounidense por medio de una de sus "armas de terremotos".

Según tal reporte ruso, el Departamento de Estado, la USAID y el Comando Sur de los Estados Unidos comenzaron su trabajo de "invasión humanitaria" con al menos 10.000 soldados y contratistas, para controlar el territorio haitiano, subrogándose el papel que correspondería a la ONU tras del devastador "terremoto experimental".

Sin dudas, los muy nobles sentimientos de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses yacen cual rehenes de las fechorías de un sistema que genera desconfianza y rechazo por doquiera.

Foto: Haití, Terremoto - Soldados de la 82 División Aerotransportada del Ejército norteamericano arriban al Aeropuerto Internacional de Toussaint L’Ouverture la Capital haitiana Puerto Príncipe. / Autor: Chad Chisholm – USAF - DOD

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México: La Secretaría del Trabajo viola los derechos de sus propios trabajadores

Adán salgado Andrade (especial para ARGENPRESS.info)

Desde la anárquica Ciudad de México. Letreros refiriéndose al secretario del trabajo, el señor Javier Lozano, como “Lozano hermano del puerco y del marrano” u “Oficial mayor te vendiste”, entre otros, pegados en las paredes del Centro de Atención a la Infancia (Cendi), reciben a los curiosos o solidaria gente que se acerca a preguntar a los empleados del sitio, la mayoría mujeres, cuál es el problema que las ha llevado, muy unidas, a defender su centro de trabajo, reuniéndose afuera del edificio para organizar guardias durante varios días. Allí se cuidan a los hijos de los trabajadores tanto de la Secretaría del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Junta federal de Conciliación y Arbitraje y, para mayor ironía, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

“Fíjese que apenas el miércoles en la tarde le dijeron las autoridades a la directora que el Cendi se iba a cerrar por inseguro”. En efecto, sin mediar reuniones previas, ni todos los procesos legales que deben seguirse constitucionalmente para declarar inseguro un sitio laboral, ni que se cuestionara a las empleadas sobre si consideraban la construcción insegura, muy al estilo de lo que se hizo con los trabajadores de Luz y Fuerza, funcionarios de alto rango de la mal llamada Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), comenzando por su secretario, el ya mencionado Javier Lozano, a la directora del lugar se le citó en las oficinas del Oficial Mayor, el señor Héctor Antonio Alcudia Goya, quien, sin mayor protocolo, le soltó el cuestionable argumento de que el edificio en donde se encuentra el Cendi es inseguro y que debía desocuparse ya, de inmediato. El jueves 28, la directora reunió a sus empleadas para decirles que, por órdenes superiores, el Cendi dejaría de laborar y que ese mismo día tenían que recoger todos y todas sus cosas, así, sin mayor explicación. “La directora está de nuestro lado”, declara una trabajadora, “pero es que la presionan de arriba. Dice que está entre las espada y la pared”. El débil y leguleyo argumento de que el edificio fue revisado por peritos el pasado diciembre se cae aún más dada la premura con que parecen estar actuando las autoridades, en especial el señor Alcudia Goya, quien el jueves se había entrevistado con las empleadas, prometiéndoles que abogaría por ellas y que vería que siguieran trabajando allí. Pero el viernes 29 el Cendi, como en efecto se les había advertido, ya estaba cerrado y personal de seguridad de la propia secretaria está dentro del local, “vigilando” que las trabajadoras no vayan a entrar más. Según se ha sabido, lo querían vacío ya para el martes 3 de febrero y, al parecer, deseaban las arbitrarias autoridades “laborales” aprovechar el “puente” del próximo lunes, que es día de asueto en México, para que se desmovilizara todavía más a las empleadas. Como suele suceder en casos así, los rumores corren y corren, por esa suerte de comunicación social alternativa, bajo el agua. “Pues alguien nos dijo que ya tenían nuestros cheques para liquidarnos desde el año pasado, pero que ya luego se echaron para atrás”, comenta otra trabajadora, con una mezcla de coraje y desesperación por lo que está pasando. Quizá así haya sido, pienso, pues ahora ya está de moda no sólo liquidar a los trabajadores, sino las irrupciones violentas a sus centros de trabajo y la toma por parte de corporativos policíacos. Esto, que podríamos denominar el síndrome de los electricistas (recuérdese que así se rompió la relación laboral con los trabajadores de Luz y Fuerza, tomando la policía federal todas las instalaciones de esa estratégica empresa estatal, así, sin avisarles), al parecer, está tendiendo a convertirse en algo que el represivo y autoritario gobierno panista de este país está empleando, en vista de que, según dicho ente, ha estado funcionando. No es algo nuevo, desde luego, pues la toma de las instalaciones por los dueños de empresas, ha sido una forma arbitraria y violenta de terminar la relación laboral con sus trabajadores a lo largo de la historia de este país (fábricas, empresas, minas…). Pero ahora la modalidad es que el propio gobierno, que se supone que está para defender la “legalidad laboral”, es quien lo está haciendo, tanto con muy leguleyos y arbitrarios argumentos, como con el uso abierto de la represión policíaca y militar.

Ubicado en la confluencia de las calles Doctor Barragán y Doctor Liceaga, este Cendi fue fundado hace unos 40 años, aunque en el sitio actual lleva establecido desde 1975. Originalmente contaba con planta baja y dos niveles, pero hace unos diez años se demolió el segundo nivel, pues las autoridades de entonces consideraron que para que fuera “más seguro”, tenía que estar menos alto. Y está tan bien hecho el edificio, aseguran las empleadas, que no sólo resistió esa demolición, sino tantos temblores que desde que existe ha soportado, el más fuerte de ellos el devastador sismo de 1985, que no lo afectó, fuera de algunas pequeñas cuarteaduras. El más reciente fue el sucedido en abril del año pasado, 2009, del que salió igualmente sin novedad. Y sí, en realidad el edificio tanto por fuera, como puede verse, como por dentro, según me platican las empleadas, está en muy buen estado. “Pero un noticiero mentiroso dijo que el edificio está en ruinas”, exclama una de ellas, muy enojada, refiriéndose a los vendidos medios, “y eso no es cierto, nada más porque no podemos entrar, si no, se lo enseñábamos”, afirma categórica.

Por otro lado, el supuesto “peritaje”, si realmente se llevó a cabo, no cuenta con evidencias de que verdaderamente se haya realizado, excepto por unas fotos que muestran a presuntos ingenieros haciendo la “inspección”. “Pero los de las fotos no son los que vinieron… los que vinieron eran unos muchachos muy jóvenes, ni parecían ingenieros”. Buen punto, pues en general, los peritos en cualquier materia son personas maduras, no jóvenes, que, al decir de las declarantes, si eran ingenieros, se veían recién egresados. Así que si esa fuera la justificación de las autoridades para cerrar el sitio, no pesa.

Les pregunto que cuántos niños hay actualmente. “Ciento diez”, contesta una. Y ya comienzan a platicar que podría dar cabida a unos 200 infantes. Sin embargo, cada año la población tiende a disminuir porque se han ido desplazando de ubicación las oficinas a las que originalmente daba atención ese Cendi. La principal, la Junta de Conciliación y Arbitraje, que quedaba muy cerca, actualmente se encuentra en Azcapotzalco. Igualmente otras oficinas y dependencias de la secretaria se han trasladado a la zona del Ajusco, y son pocas las que aún quedan cerca. Además, muchas de las madres trabajadoras a las que atiende el Cendi han ya dejado atrás la edad de la procreación o tienen pocos hijos. Son 57 empleadas, lo que daría una proporción de poco más de dos niños por trabajadora, que en términos del eficientismo neoliberal que domina al mundo (muy al estilo McDonald’s, de hacer mas hamburguesas con menos personal), ha de significar un “despilfarro de recursos”, sobre todo en estos críticos tiempos en que el gobierno de los mal administradores panistas están recortando todos los presupuestos… excepto, por supuesto, sus insultantes y abultados salarios. Les pregunto sobre sus estudios, y me responden que cuentan con estudios medios tales como asistentes educativas, puericultistas o incluso licenciaturas en educación, o sea, que cuentan con buena preparación. Pero además, la experiencia de varias de ellas debida a su antigüedad laboral, es algo imprescindible también. A diferencia de muchas de las improvisadas “guarderías” que abundan en este país, localizadas en lugares peligrosos (recuérdese lo sucedido en Sonora en el 2009, con el incendio de una supuesta “guardería” que se hallaba establecida en una bodega de llantas, que dejó decenas de infantes muertos), las empleadas del Cendi de la STPS aseguran que el lugar es totalmente adecuado, contando con áreas de juegos, áreas verdes, amplios salones, cocinas, comedores… todo cuanto hace de la estancia de los niños segura, adecuada y confortable. Además, nunca ha habido algún accidente o algún niño que haya sufrido daño de algún tipo, ¡ni mucho menos algún deceso!, aseguran las empleadas.

Quizá el hecho de que más del 80% de las empleadas tengan más de 15 años laborando allí, haya dado marcha atrás al proyecto original de liquidarlas – que seguramente estuvo en las opciones que había para cerrar el sitio –, en flagrante violación a los derechos laborales debidos a su antigüedad laboral. Una de ellas tiene 33 años trabajando, tiempo suficiente para jubilarse, “pero no he querido porque con lo que te dan de pensión te mueres de hambre”, afirma.

Y entonces, muy a la mano y convenientemente, se manejó lo de las “peligrosas instalaciones”, acompañando tan absurdo argumento, como comento arriba, de la arbitraria toma del edificio desde el viernes 29. En las ventanas que están al lado de la entrada principal, los empleados de “seguridad” que se encuentran en el edificio – que según testigos fue tomado durante la noche –, hay largos pliegos emulando los “oficios” con los cuales las autoridades ilegal y unilateralmente, determinaron el cierre de aquél. Con una pésima redacción, aún más enredada por supuestos tecnicismos que tratan de “demostrar” la peligrosidad de la construcción, se pretendió “convencer” a las empleadas y a las madres de los niños que sus vidas “corrían peligro” si seguía funcionando como guardería. Se subraya, en negritas, una frase que dice “El edificio analizado está en riesgo de colapso en el momento de un sismo intenso”. Si ese fuera el caso, comentan las empleadas, con tanto sismo intenso que ha habido, incluido el de abril pasado, ya se hubiera caído. Además, como señalo antes, si realmente está en peligro de colapsarse, con las pruebas en mano y frente a empleadas y madres, se debió de hacer una amplia y detallada exposición de las fallas que tan mal redactadas y pésimamente señaladas se indican en los “oficios”. Sin embargo, la premura, la ilegalidad y la turbiedad con que han actuado las autoridades, llena de suspicacias y sospechas tan precipitada, arbitraria acción.

Si realmente estuviera el edificio en malas condiciones, como ya señalé, qué mejor que todo mundo lo supiera y se mostrara fehacientemente qué tan mal se encuentra. Nada mejor que la verdad y la transparencia.

Y dado que ese es el único argumento esgrimido por las mañosas, autoritarias autoridades, las empleadas, en la mañana del viernes, como medida de presión, cerraron por varias horas el eje central “Lázaro Cárdenas”, lo cual surtió efecto, ya que acudieron autoridades capitalinas a escuchar sus reclamos. El resultado de tan espontánea movilización es que se llegó al acuerdo de que el martes 3 de febrero próximo acudirán a inspeccionar el edificio peritos de la delegación Cuauhtemoc, junto con padres y madres de los hijos y empleadas, para dar fe de que en verdad está en malas condiciones o revocar el autoritario argumento. Y si en verdad estuviera en malas condiciones, pedirán que todo el Cendi sea trasladado a un nuevo local, pues la “solución” planteada por las autoridades es la de distribuir a los niños en otras guarderías y a las empleadas “reubicarlas”. Pero no cuesta trabajo imaginar de qué tipo serán las reubicaciones que les propongan. Quizá les planteen irse, por ejemplo, hasta el Ajusco, lo que para la mayoría significarían traslados de dos o más horas. Por lo que quizá muchas optarían por el retiro, como también se ha rumorado que se les ofrecería, incluso con un bono adicional… y eso también se parece mucho al síndrome de los electricistas, a los que originalmente se quiso “convencer” de que aceptaran sus liquidaciones ofreciéndoles supuestas indemnizaciones muy por encima de la ley, pero que en la mayoría de los casos resultaron engañosas. De hecho, se les ofrecieron a las empleadas dos semanas de vacaciones extras a las que tienen derecho, “en lo que se les coloca, gozando de todas sus prestaciones de ley”. Claro, pretenden las amañadas autoridades convencerlas mostrándose muy aparentemente “espléndidos”. Y a las madres de los hijos que allí se atendían, se les concedió licencia, toda la necesaria, también en lo que se “halla una nueva guardería” para sus hijos. “Pero, fíjese, muchas madres tienen un hijo en una primaria cercana y luego de allá, traen aquí al otro niño, así que si cerraran el Cendi, sería muy difícil para ellas… a lo mejor también tendrían que sacar de la primaria a su otro hijo”. Y también es el caso con varias empleadas, que justamente tienen a uno de sus hijos en dicha primaria y si las reubicaran, serían muchas otras complicaciones las que tendrían. “Además, se violan los derechos humanos de los niños, pues de repente se les rompe su ambiente diario de convivencia social y sana formación”, dice otra trabajadora.

Pero, claro, al gobierno y sus nefastas autoridades eso es lo que menos les interesa. Total, los funcionarios viajan en autos blindados, con escoltas o en helicópteros.

Mientras tanto, las muestras de autoritarismo continúan. Las madres que laboran en las oficinas que se localizan en el Ajusco, decidieron solidariamente realizar un paro de labores el viernes 29, en apoyo al Cendi. Y también han acudido varias a hacer guardias. Platican que en tales oficinas, una de ellas impidió el paso al jefe de personal y que el prepotente funcionario la aventó a un lado, espetándole además que ella no era nadie para impedirle la entrada. La solidaria madre terminó con un tobillo esguinzado y acudió a una clínica para que la revisen. Les sugiero que levanten una demanda penal contra el individuo aquel.

Como medida de presión adicional, montarán guardias tanto diurnas como nocturnas hasta el martes, día en el que, confían, se sabrá la verdad. Les aconsejo que haya un notario presente para que dé fe de los hechos, cualesquiera que éstos sean.

Y, como dije antes, quizá la premura sea que el edificio se vaya a emplear para otros fines. Ocupando más de dos terceras partes de la manzana en que se localiza el edificio del Cendi, están las oficinas del Servicio panamericano de Protección, empresa que se dedica al traslado de valores (cuyas camionetas, por cierto, se estacionan donde quiera y circulan de manera muy prepotente en intimidatorio por toda la ciudad). También, según los rumores divulgados por “Radio pasillo”, como algunas le llaman a la comunicación “bajo el agua”, se ha sabido que dicha empresa desde hace años ha querido comprar el edificio para ampliar sus oficinas (seguramente porque en la época actual tan, digamos, insegura, le ha ido muy bien en sus negocios y se quiere ampliar, razono). No sorprendería que una vez desocupado el lugar, la “Panamericana”, como se la conoce coloquialmente, pasara a ocuparlo, con sólo hacerle algunas ligeras adecuaciones. Y no sería de sorprender, pues en este gobierno panista todos los bienes públicos, desde edificios, hasta zonas naturales protegidas, se están vendiendo.

“¡Pero estamos dispuestas a todo, sí, llegaremos hasta las últimas consecuencias!”, declara una de ellas. “¡Si de todos modos nos quieren fregar, pues ya más no van a poder!”, exclama otra, con verdadero ahínco y ganas. “Nunca pensé que alguna vez estaría en esto”, comenta otra, “¡pero más vale tarde que nunca, que no digan que no luchamos por nuestro centro de trabajo!”. Y tan dispuestas están a defenderlo, que pasaron ya su primera noche, la del viernes a sábado, fuera del edificio, haciendo guardia, sufriendo frío y todas las inconveniencias que eso ocasiona. “¡De aquí no nos vamos a mover hasta que nos devuelvan el cendi, se lo aseguro!”.

Les deseo lo mejor y les prometo que esto se divulgará lo antes posible. No sólo se trata de su lucha, sino de la de miles de trabajadores que han sufrido, o sufrirán, la misma suerte.

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Chile: Oposición y Diferencia

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

Asegurada la primera magistratura, los líderes de la derecha chilena llaman a los vencidos a reeditar una “democracia de los acuerdos”. El argumento es falaz e interesado, pues bajo la apariencia de una posición generosa e inspirada en el bien del país, se oculta su claro propósito: Desarticular la unidad de los opositores, restándoles algunas figuras y obligándoles a responder políticamente al llamado.

Como resulta obvio, un gobierno de derecha en nuestro país modifica la correlación de fuerzas entre los sectores empresariales, neoliberales herederos del pinochetismo, y una disgregada centroizquierda democrática. La derecha ha planteado un primer desafío, debilitar al máximo a la oposición para garantizar al nuevo gobierno un parlamento propicio a sus programa que incluye, por cierto, temas polémicos. La derecha necesita conformar mayorías parlamentarias para llevar adelante su programa de “modernizaciones” y, para ello, le resulta indispensable neutralizar por todos los medios a la izquierda, dentro y fuera de la Concertación.

En una democracia sana no se descartan, desde luego, los acuerdos. Para ello existen partidos políticos responsables ante la ciudadanía que actúan en comisiones del parlamento, para ello existe – o debiera existir – el debate ciudadano. Otra cosa muy distinta es que personas por iniciativa propia adhieran al nuevo gobierno. Una actitud tal desnaturaliza el concepto mismo de “acuerdo político” y bien pudiera confundirse con “complicidad”. Por último, hagamos notar que una “política de acuerdos” no puede ser planteada de manera vaga y difusa como un vector político carente de contenidos. Se establecen acuerdos sobre cuestiones concretas, en contextos históricos determinados y con interlocutores legítimos. En política, los acuerdos son más bien el resultado de negociaciones y no un principio que preside el desarrollo de los acontecimientos.

Es claro que la coalición saliente no ha sido mandatada para regir los destinos del país, sin embargo, tiene sobre sus hombros la responsabilidad histórica de representar a todos los compatriotas que se oponen al rumbo que se le quiere imprimir a este país. La oposición democrática debe cumplir un papel fundamental en los años venideros, fiscalizando las políticas públicas que se implementen desde La Moneda, asumiendo cabalmente su rol como un poder del Estado, de manera crítica y de cara a la ciudadanía. Chile ya ha conocido la “política de los acuerdos”, un eufemismo que utilizó la derecha para poner límites, por más de una década, al desarrollo de la democracia en nuestro país. Reeditar aquellas prácticas sería una muy mala señal que sólo indicaría que no se avanza en el plano político.

Todos aquellos partidos y movimientos que, en el actual contexto, asumen la condición opositora tienen la responsabilidad política y moral de cautelar los avances democráticos frente a cuestiones tan sensibles como los Derechos Humanos, leyes medioambientales y legislación laboral, por ejemplo. Durante dos décadas la derecha chilena ha sido un obstáculo a cualquier política democratizadora, oponiéndose tenazmente a reformas constitucionales de fondo, defendiendo la herencia del dictador. La dicotomía democracia – dictadura persiste en nuestra vida política mientras el libreto constitucional siga siendo el mismo.

El llamado del mandatario electo a una “política de los acuerdos” como fundamento de un “gobierno de unidad nacional”, es más una astuta operación política destinada a debilitar a la oposición naciente que otra cosa. Ante el propósito natural de la derecha para prolongar su presencia en el poder más allá del gobierno de Piñera, no está demás recordar que las estrategias y políticas de la oposición que ya comienzan a delinearse determinarán, quiérase o no, su identidad que se juega en la “diferencia” y, consecuentemente, su capacidad de enfrentar a la derecha en los procesos electorales de los próximos años.

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Argentina: Reforma electoral

Luis Brunati (especial para ARGENPRESS.info)

Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.
Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.
El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.
Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.
Constitución Nacional Art. 38.-

Génesis de la reforma

Etapa 2007
Las estrategias de poder (1) constituyen el eje central del modo de pensar de la pareja presidencial. En el marco de ese hecho y bajo el estimulo de la victoria electoral de 2007, en la cual Cristina Fernández duplico en votos a su contrincante más cercana (Elisa Carrió), se encomendó al Jefe de Gabinete (en aquel entonces Alberto Fernández), un proyecto de “reforma electoral” tendiente a hacer más económico, moderno y transparente el sistema, obviamente sin “desatender” los intereses del oficialismo.

Como el proyecto intentaba representar un gran salto hacia delante y taparle la boca a la oposición, (recordar las graves denuncias sobre falta de boletas, boletas “truchas”, retraso selectivo en la entrega de aporte para la impresión de boletas, valijas de dinero, cheques de laboratorios, etc.), se encargaron encuestas, estudios y consideraron numerosos antecedentes. Una de las propuestas estimadas, habría correspondido a Orlando J Ferreres (viceministro de economía de Menem (2)), quien se pregunta que: “¿Puede haber 827 ideas distintas sobre el destino de la Argentina? Es evidente que no. Muchos de estos partidos son Pymes, un negocio de pocos empleados, para que su titular pueda llegar al cargo para el que se presenta, pero ideas, salvo excepciones, ni tienen ni les interesa.” Un criterio en el cual toda la política y los políticos son culpables en bloque y frente a lo cual lo mejor que se puede hacer es “achicar”. Coherente con la idea de “achicar el Estado para agrandar la Nación”, el proyecto Ferreres proponía “achicar la política para alivianar al ciudadano”.

A poco de asumir Cristina, Alberto Fernández se convirtió en fusible de desatinos no del todo propios y debió renunciar en el marco de los coletazos de la 125 y el proyecto de reforma al Código Electoral Nacional fue cajoneado.

Ferreres por su lado, se dedicó a difundir sus ideas a partir de charlas y artículos, de los cuales el más conocido fue publicado en formato abreviado por el diario La Nación, bajo el sugestivo titulo ¿A dónde vamos a ir a parar con 827 partidos políticos? (3).

Etapa 2009

Es indudable que una buena propuesta de reforma, debidamente estudiada y consensuada, en un contexto electoral auspicioso, se hace más viable que una mala e improvisada reforma, realizada en tiempos de declinación y que no pudo ser consensuada ni siquiera con los amigos del gobierno. Si embargo, los problemas que enfrenta la reforma aprobada no se reducen solo eso. El pomposo nombre de “Reforma Política”, la no incorporación de un solo elemento de ahorro económico, modernización y transparencia política, donde se excluyo la modesta boleta única, hoy adoptada por la mayoría de los países de la región (en América Latina, se resisten solo Uruguay y Argentina y Uruguay (4)), torna algo más que sospechosa toda la maniobra, no obstante lo cual, resulta interesante analizar como se gestó.

Luego de la derrota electoral del 28 de junio de 2009, urgidos por los acontecimientos, el matrimonio K recordó la vieja iniciativa y ordeno al Jefe de Gabinete, ahora Aníbal Fernández, trabajar en la vieja idea colocando el acento en la necesidad de “garantiza resultados por vía jurídica hasta donde ello fuera posible” y dos indicaciones precisas: “actuar con celeridad y no improvisar”.

Con otras prioridades y sin neuronas vacantes, Aníbal trasladó la tarea a dos colaboradores recalcando el objetivo central y las dos indicaciones: “garantizar resultados” y “actuar con celeridad y no improvisar”.

Frente al dilema, los presionados colaboradores de Aníbal, fueron a los archivos en procura de antecedentes y eligieron utilizar como bases proyecto Ferreres. Singular elección para gobierno que intenta por todos los medios sacar “chapa” de izquierda y latino americanismo. (5)

Pero el tema no termina allí. Un fenomenal fárrago de injertos desfiguró las ideas originales de Ferreres. La incorporación de una serie de cláusulas proscriptitas diseñadas a medida para vestir a Solanas, arrinconar a Cobos y Carrió en una interna que hiciera olvidar que fue Néstor K quien le puso el ojo a Cobos, para jactarse luego de que había matado tres pájaros de un tiro: fracturar el radicalismo, genera la idea de “nuevo movimiento histórico” y elegir un compañero de formula para Cristina “totalmente manejable”, (aunque no eran exactamente esos los términos que utilizaba para describir esa supuesta característica del vicepresidente)

Tampoco se pasó por alto, en este traje a medida, la necesidad de cancelar a Duhalde la posibilidad de un apoyo de sus leales e impedir la presentación de los hermanos Rodrigues Saa y cualquier otra “aventura” provincial no consentida.

Sin embargo, cuando ya no quedaba casi ningún atropello por llevar adelante por la pareja defensora de los derechos humanos, sobrevino el veto presidencial que otorgaba un mínimo resguardo a los pequeños partidos políticos. En síntesis, un verdadero mamarracho de proporciones.

¿827 Partidos políticos?

Un apartado especial merece el método utilizado para llegar a la suma de 827 partidos a que llega Ferreres o los 625 que integran la cuenta del oficialismo, ya que la nómina real y efectiva es menor al 5% de esas cifras (6), de los cuales menos de la mitad suelen presentarse a elecciones (7).

¿Cómo se llega entonces a 625 partidos?

La respuesta no es compleja, pero demanda atención porque también fue construida a medida, mediante un artilugio. .

De acuerdo al sistema electoral vigente, un partido político para poder presentar candidato a presidente, requiere como mínimo una personería nacional y 5 personerías de distrito (provincias), o sea un total de 6.

Sin embargo ese es el número mínimo exigido por la ley, ya que los partidos tradicionales suelen tener personería en todas las provincias y Capital Federal. En resumidas cuentas 25, tal como se ilustra en el ejemplo de abajo para el caso del PJ.

1 Partido Justicialista Nacional
23 Partidos Justicialista Provinciales (1 por provincia)
1 Partido Justicialista por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
------------------------------------------------------------------------------------------
Total 25 Partidos Justicialistas

Siguiendo el mismo procedimiento con la UCR y todo el resto de los partidos políticos, es posible llegar un número substancialmente más amplio, aunque forzado, ya que no habla de una proliferación espontánea de partidos políticos sino de un requisito obligatorio del marco legal vigente.

Pero aún así, las cifras distan mucho de los 625 de los cuales habla el gobierno y obviamente de los cálculos del viceministro de economía de de Menem,

Para llegar a ese número es necesario sumar partidos provinciales, partidos en formación, partidos en proceso de caducidad y extinción y partidos vecinales, aunque, ni así las cuentas no cierran...

En resumidas cuentas, se trata de un ardid destinado a informar desinformando, con fines muy obvios: apoyarse en el propio descontento social que genera el posibilismo político que practican los K, para impedir una “TERCERA OPCIÓN”, haciendo de paso un servicio a los intereses de Norte.

El peligro de la “Tercera Opción”

A la histórica orientación anticolonial de Cuba, se han agregado en los últimos años y como consecuencia la fractura del bipartidismo, los ejemplos de Venezuela, Bolivia, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay entre otros.

Frente a este hecho y los efectos que produce en América Latina y el resto del mundo, los EE. UU de Norte América y los intereses más concentrados del planeta se encuentran claramente alineados en contra de cualquier nueva opción. Por esa razón no sorprende, a quienes optamos sin ambages por una cierta coherencia política, que amparados en un discurso “progresista” o de izquierda, la pareja presidencial intente asegurar el bipartidismo UCR – PJ en Argentina.

Conclusiones

El tema es muy rico y da para más, pero en procura de síntesis concluyo como sigue:

• La normativa vulnera los más elementales preceptos constitucionales y principios básicos del estado de derecho.

• Si al perjuicio ocasionado a la casi totalidad de partidos políticos, tradiciones, culturas democráticas y los derechos humanos (8) se añade que la medida de corte neofascista es acentuada por el veto de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, muy probablemente en beneficio del Diputado Nacional y Presidente Consorte Néstor Kirchner, se concluye un grotesco de proporciones, propio del feudalismo y que hace dudar de incluso la posibilidad de atravesar con éxito los estrados judiciales.

• Cuanto antes advierta y corrija sus errores el gobierno, menor habrá de ser el costo a pagar y menor la erosión al sistema democrático.

• De persistir en la aplicación de la Reforma Electoral en los términos de que expresa la Ley y el sostenimiento del veto, aún llegando a atravesar con resultado favorable al Poder Ejecutivo cualquier instancia judicial, lo más probable es que se termine desembocando en una grave abstención de la ciudadanía y consecuencias imaginables.

Tal como sucediera con “la distribución de la renta” en la 125, el “tren bala”, la “nacionalización” de Aerolíneas y el Fondo del Bicentenario, entre otras iniciativas del gobierno, una retórica patriótica ha servido para camuflar negocios personales, la defensa de intereses neocoloniales y la violación de la Constitución Nacional y los derechos humanos, integralmente considerados.

Citas:

1.- En beneficio del matrimonio Kirchner debo reconocer que dudé bastante en utilizar el término “estrategias”, (sobre todo utilizando el plural de la palabra), para tratar de establecer un hilo conductor que permita comprender el sentido de su accionar. Uno de los elementos que más peso en la decisión, está relacionado con el eclecticismo sus acciones, en la cual una retórica pretendidamente de izquierda, encubre los movimientos más incongruentes.
En este sentido, y a diferencia de lo que normalmente ocurre, los proyectos de más valor en dirección a la concepción ideológica declamada, no fueron producto de los tiempos de más poder y apoyo social, sino en tiempos de declinación. En otras palabras, el matrimonio k es conciente de que es lo debería hacer en consonancia con su estética discursiva (Ley de medios de comunicación, nacionalización de Aerolíneas, nacionalización del sistema provisional y ahora el anuncio de reforma de la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, etc.), pero aún en esas condiciones privilegia su estrategia de poder en los planos político sectorial y económico.
Finalmente, cuando la medula, la razón esencial de ser del proyecto de que se trate queda al descubierto, las consecuencias terminan siendo diametralmente opuestas a las deseadas y cada vez más difíciles de explicar para sus aliados más honestos.

2.- Currículum de Orlando J. Ferreres
Orlando J Ferreres es graduado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y cursó el Advanced Management Program de Harvard.
Por más de 20 años (1966-1989) perteneció al Grupo Bunge & Born, ocupando en los últimos años los más altos cargos directivos.
Durante la presidencia de Menem (1989) ocupó la Secretaría de Coordinación y Programación Económica en el Ministerio de Economía de la Nación y el Comité de Privatizaciones del Ministerio de Defensa entre 1990 y 1992.
Fundó la compañía Orlando J Ferreres & Asociados s.a. en 1991, que se compone de 3 divisiones: Centro de Estudios Económicos, Merchant Bank y Consultoría y Representaciones.
Es presidente de la Fundación Norte Y Sur y vicepresidente del Harvard Club de Argentina, miembro del Grupo Promotor de la Universidad Austral y fundador y actual director del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA).

3.- ¿Adónde vamos a ir a parar con 827 partidos políticos?
Por Orlando Ferreres
Especial para lanacion.com
Martes 1 de septiembre de 2009
La economía se basa en la política y la política se alimenta de los resultados económicos. Es decir, no se pueden separar estos dos aspectos de la vida de un país, salvo para estudiarlos disecadamente (como a la rana en zoología), pero en la realidad van juntos. Por eso a algunos economistas nos interesa cada vez más la política pues, de lo contrario, no podríamos pronosticar las variables del entorno macroeconómico con la aproximación necesaria para tomar decisiones. En los últimos 10 años ha aparecido una rama de la economía, Political Economic, que se ocupa de estos temas, con autores como Persson y Tabellini, Drazen, Grossman y Helpman, entre otros.
Al tratar de identificar las ideas políticas actuales de la Argentina, uno se sorprende de entrada al encontrar que hay alrededor de 827 partidos políticos. De acuerdo a datos de la Cámara Nacional Electoral al año 2007, hay 37 partidos nacionales (sin contar que en cada provincia tienen cada uno su propia denominación). Después tenemos 290 partidos de distrito provincial, diferentes de los nacionales, autorizados en cada provincia. Finalmente no se sabe exactamente cuantos partidos vecinalistas hay, pero en base a datos de 5 jurisdicciones los estimamos conservadoramente en 500. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que tiene 134 municipios, en la elección de 2009, se presentaron 150 partidos vecinalistas, o sea en algunos municipios hubo dos o más partidos locales. Nombres como "Todos por Arrecifes", "Acción por San Pedro" o inclusive para una parte del distrito como "Agrupación Propuesta Norte de Vicente López (Pro-Nor)", aparecen en esta lista. Algunos de estos 500 o más partidos vecinales negocian con un candidato provincial o nacional, que es acompañado por dos o tres de estas listas locales, una especie de "internas abiertas de hecho", una suerte de "ley de lemas" o "listas colectoras", una distorsión más del sistema de representación proporcional, o lista sabana. Si recordamos que tenemos 2247 municipios en todo el país, el número estimado de 500 se puede quedar corto (ver informe). Con lo cual concluimos que, sumando nacionales, provinciales y vecinalistas, hay alrededor de 827 partidos políticos en nuestro país.
¿Puede haber 827 ideas distintas sobre el destino de la Argentina? Es evidente que no. Muchos de estos partidos son Pymes, un negocio de pocos empleados, para que su titular pueda llegar al cargo para el que se presenta, pero ideas, salvo excepciones, ni tienen ni les interesa. También pueden cambiar de idea, según la conveniencia del momento, asociarse a un poder más fuerte por un tiempo, 4 o 5 años, y luego suavemente ir alejándose del mismo, cuando este poder está en decadencia, para recalar en otro nuevo poder ascendente.
¿No sería mejor tener dos partidos, que representaran las posibles preferencias de la población, eventualmente tres o cuatro partidos, en vez de esta inflación política galopante?
Para mí, sería mucho mejor tener dos o tres partidos. Los políticos actuales nos dicen que la fragmentación es algo que viene de la sociedad, que ellos no pueden hacer mucho con estos 827 partidos. Creo que no es así. Leyendo a Maurice Duverger, en "Factors in a Two-Party and Multiparty System", de Party Politics and Pressure Groups, nos dice que, de acuerdo a una ley de los sistemas electorales, formulada por él en 1946, pueden ocurrir tres cosas:
1. Si se vota por circunscripción, por mayoría en una vuelta, esto conduce a la formación de dos partidos, como es el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña.
2. Si el sistema es de representación proporcional (lista sábana), esto conduce a la formación de múltiples partidos (en nuestro caso, 827 partidos).
3. Si se tiene una combinación de 50% de los elegidos por circunscripción, y 50% por representación proporcional (sábana), esto conduce a la formación de pocos partidos, y si hay doble vuelta, este lleva a dos coaliciones de partidos, como el caso de Alemania.
No se puede asegurar que esta ley se cumpla siempre en cada país, pero se acepta que, en sus grandes lineamientos, es verdadera.
La Argentina ha venido declinando, tomando como punto de partida que era el octavo país 1910 y ahora está muy lejos de eso. La política es una gran responsable de esta tendencia a la declinación, pues los partidos se han vuelto poco representativos del interés general y ninguno llega a entusiasmar con un proyecto significativo de destino común para el país. Las plataformas de esos partidos parecen hechas para cumplir con un requisito burocrático, y nada más.
Por eso, ¿por qué no nos basamos en la ley de Duverger, terminamos con la lista sábana, y vamos creando dos grandes partidos representativos del interés general? Al tener que votar por circunscripción, no se van a fragmentar más los partidos como dicen los que dirigen los espacios políticos hoy y que defienden el sistema actual, porque le da poder al "jefe" ( ¡ya se han fragmentado con la lista sábana!). El problema es para los capos permanentes de cada partido, que ya no van a poder poner a su aliado impresentable en los puestos de abajo en la lista para que entren, como hacen hoy, pues habría un solo lugar por circunscripción. Van a tener que poner al mejor candidato de cada distrito y esto es mejor para el país y, aunque el capo de la Pyme política pierda su poder, el poder vuelve al pueblo (hemos visto hasta candidatos testimoniales, gente solo para aparentar el primer lugar de la lista, pero que después renuncian para que queden los que en realidad quiere el capo del partido).
Naturalmente, esto sería un comienzo, con esto solo no vamos a arreglar los problemas políticos del país, es decir, la selección de los mejores para gobernar. Faltarán las internas de los partidos, faltará dar más poder a los políticos y menos a las corporaciones, más Republica y menos corporativismo, faltará más gente dispuesta a sacrificarse por la Patria, faltará recrear muchas instituciones. Pero como la tarea es grande y pocos los patriotas, hay que empezar de una vez, sin desanimarse por la difícil tarea.

4.- Boleta única en otros países
Artículo del CIPPEC (Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento)
Historia
El sistema de boleta única se utilizó por primera vez en el estado australiano de Victoria en 1856. A fin de garantizar que el voto fuera secreto y evitar episodios de fraude o manipulación, al concentrar todas las obligaciones de impresión y distribución de las boletas electorales en el Estado (y no lo partidos políticos) este sistema marcó un giro importante en la historia de la votación.
Pocos años después, hacia fines de la década de 1850, todos los estados australianos habían adoptado ya alguna variante de este sistema. Pronto la boleta australiana fue adoptada por otros países. Nueva Zelanda lo hizo en 1870, el Reino Unido en 1872, Canadá en 1874, y Bélgica en 1877. En los Estados Unidos, la ciudad de Louisville, en Kentucky, fue la pionera en la implementación de una boleta única, en 1888. En 1896 cerca del 90 por ciento de los estados norteamericanos había incorporado alguna variante de este sistema (Rusk, 1970).
La inmensa mayoría de las democracias contemporáneas votan en la actualidad con alguna variante de la boleta australiana, de hecho son muy pocos los países que continúan utilizando una boleta por partido. Estas excepciones son, por ejemplo, los casos de Francia, España, Suecia, y Noruega, aunque cabe destacar que en este último país la impresión y distribución de las boletas está a cargo del Estado. Otros 4 casos de países que votan por medio de boleta partidaria corresponden a naciones africanas que han heredado el sistema impuesto por el régimen colonial francés (Congo, Guinea, Mali y Togo). En el marco de América Latina, sólo dos países utilizan aún el sistema de una boleta por partido; ellos son Argentina y Uruguay.
En las últimas décadas, diversos países latinoamericanos han ido abandonando el mecanismo de la boleta por partido para adoptar diferentes variantes de la boleta única oficial. Brasil incorporó un sistema de boleta (cédula) oficial a partir de 1962, para luego incorporar el sistema de voto electrónico en 2003. Colombia (1991), República Dominicana (1992), Panamá (1993) y Perú (1997) adoptaron luego esta reforma, reemplazando la boleta partidaria por la boleta única. En Colombia, la boleta única adquirió rango constitucional a partir de la reforma de la Constitución Política de 1991. De acuerdo al Art. 258 de dicha Constitución (reformado por el Acta Legislativa 01 de 2003), las tarjetas electorales son numeradas, y deben ser impresas y distribuidas por la autoridad electoral competente. En el caso de Perú la Ley Electoral 26859 de 1997 estableció que la impresión y distribución de la cédula de sufragio es una facultad de la autoridad electoral nacional (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y no de los partidos políticos.
Actualmente 14 países de América Latina utilizan este sistema de votación. El eje de todas las reformas de los sistemas de votación que se sucedieron en los últimos veinte años se concentró en asignarle al Estado las responsabilidades respecto a la impresión y distribución del instrumento de sufragio. Luego, como se puede ver en los ejemplos que se adjuntan a continuación, cada país diseñó su modelo de boleta de acuerdo a las características de sus sistemas electorales y tradiciones particulares de sufragio.
A grandes rasgos, existen modelos de boleta que separan en papeletas diferentes cada uno de los cargos a elegir (por ejemplo, presidente y vicepresidente en una boleta, senadores en otra y diputados en otra boleta diferenciada), ordenando la oferta electoral de manera en que claramente se diferencian cada una de las categorías en disputa. Estos son los casos de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá y República Dominicana. Otro modelo utilizado incorpora en una misma boleta todas las categorías a elegir, favoreciendo el voto unificado por partido político. Este sistema, con algunas diferencias particulares, se utiliza en Perú y Bolivia (para los cargos nacionales).

5.- EE. UU. Y el bipartidismo
Cabe señalar, en una consideración muy simplificada, que Argentina se debatió históricamente y sobre todo en los grandes momentos, en una tendencia bipartidista o bipolar (Unitarios – Federales, Conservadores – Unión Cívica, UCR – PJ y múltiples convergencias), en tanto que el sistema norteamericano, no se corresponde con un bipartidismo estricto y más bien “goza” de un estabilidad con tendencia al bipartidismo no forzado por ley, como resultado de la concentración del 90% del electorado en los dos partidos mayoritarios, Demócrata y Republicano, dejando muy poco margen para los partidos menores (Partido de la Constitución, Partido Verde y el Partido Libertario, entre otros).

6.- NOMINA DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES
(Fuente: Cámara Nacional Electoral)
1 Acción por la Republica
2 Confederación Coalición Cívica
3 Conf. Causa Federal por el Desarrollo y el Progreso
4 Conf. Frente Cívico para la Concertación Plural
5 Conf. Movimiento Federal
6 Conf. Concertación para una Sociedad Justa
7 Izquierda Socialista
8 Movimiento de Acción Vecinal
9 Movimiento de Integración y Desarrollo
10 Movimiento por la Dignidad y la Independencia
11 Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
12 Movimiento Libres del Sur
13 Movimiento Socialista de los trabajadores
14 Partido Autonomista
15 Partido Comunista
16 Partido Conservador Popular
17 Partido de la Victoria
18 Partido de los Trabajadores Socialistas
19 Partido Demócrata Cristiano
20 Partido Demócrata Progresista
21 Partido Federal
22 Partido Frente Grande
23 Partido Humanista
24 Partido Intransigente
25 Partido Justicialista
26 Partido Nacional Constitucional UNIR
27 Partido Obrero
28 Partido Popular de la Reconstrucción
29 Partido Socialista
30 Partido Socialista Autentico
31 Partido Unión y Libertad
32 Política Abierta para la Integridad Social
33 Propuesta Republicana
34 Recrear para el Conocimiento
35 Unión Cívica Radical

7.- NOMINA DE CANDIDATOS ELECCIONES 2007
(Fuente: Ministerio de Interior)
1.- Cristina Fernández Frente Para La Victoria 44,91% 8.197576
2.- Elisa Carrió Coalición Cívica 22,95% 4.189.057
3.- Roberto Lavagna 16,89% 3.082. 220
4.- Alberto Rodríguez Saa 7,71% 1.407.929
5.- Fernando Pino Solanas 1,60% 292.760
6.- Jorge Sobich 1,56% 283.936
7.- Ricardo Lopez Murphy 1,45% 264.566
8.- Vilma Ripio 0,76% 138.463
9.- Néstor Pitrola 0,62% 112.899
10.- José Montes 0,52% 94.695
11.- Luís Alberto Amman 0,41% 75.647
12.- Raúl Castells 0,30% 54.845
13.- Gustavo Breid Obeid 0,25% 45.066
14.- Juan Ricardo Mussa 0,07% 12.805
Votos positivos 93,90 18.252.464
Blanco 4,81 934.088
Nulos 1,12 217.573
Recurridos – Impugnados 0,18 35.015
Electores totales: 27.091.370 Mesas totales: 73.443

8.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
(Ver Art. 21, Art. 30 y 3° párrafo del preámbulo)
PREÁMBULO párrafo 3°
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Artículo 21.
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 30.
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

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Un legajo traspapelado del prontuario de Miguel Pesce

Marcelo Ramal-Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Con el despido de Redrado, ‘el cuidado’ de las reservas del Banco Central ha quedado en manos de Miguel Pesce -un concertista plural que ha elegido quedarse del lado K y no de Cobos-.

Los círculos oficiales exhiben un currículo harto limitado del nuevo funcionario. Los círculos financieros tienen de él un ‘dossier’ que luce impecable, pues Pesce, en su calidad de secretario de Hacienda de Ibarra, fue el negociador de la reestructuración de la deuda pública de la Ciudad (Bonos Tango) en 2002. Esa renegociación ha entrado en los anales del curro de la deuda externa a igual título que la estatización de la deuda privada y el plan Brady por parte de Cavallo, en 1982 y 1990 respectivamente

No solamente fue un negociado escandaloso y una violación de normas legales. Hubo además una violación del orden constitucional completamente inédita, incluso a nivel internacional, algo que no es poca cosa en la larga historia de manoseo del constitucionalismo moderno.

En ese momento, el Estado porteño cargaba con una deuda de 600 millones de dólares. Unos 450 millones correspondían a títulos en moneda extranjera. La porción restante, a títulos en pesos. Los “Bonos Tango” habían sido emitidos por De la Rúa en 1997, en plena crisis asiática, a la tasa usuraria del 11% anual, el doble de la tasa de mercado. Estaban colocados, principalmente, entre las AFJP. El dinero de esos bonos había sido utilizado por De la Rúa para cancelar deudas a proveedores -la mayor parte resultantes de sobreprecios abultados- contraídas por las intendencias menemistas. En lugar de investigarlas, el futuro presidente prefirió convertirlas en un negociado para los banqueros que manejaban las AFJP.

La devaluación del 2002 tornó impagable esta deuda usuaria. La deuda pública nacional se encontraba en default y el gobierno de Duhalde ya había encargado a Lavagna su reestructuración a cambio de una quita en el capital. La pulseada con los banqueros se encontraba en un impasse. Ibarra y su secretario Pesce decidieron ‘romper’ el impasse: renegociaron la deuda porteña sin quitas, o sea respetando la “moneda original” (dólares, euros y liras). Mientras tanto, en el mercado, los Bonos Tango se cotizaban al ¡25%! de su valor nominal. El ‘progre’ Ibarra y su secretario -convertido ahora al fondo K- estaban protagonizando el hecho más lesivo para el patrimonio público desde el empréstito Bahring contraído por Rivadavia. En el primer ejercicio real de la autonomía de la! Ciudad, se ponía de manifiesto que ella no tenía nada que ver con un reforzamiento de la capacidad de decisión de sus ciudadanos, sino con la posibilidad que ofrecía para esquilmar al padrón de recaudación de impuestos, por habitante, más importante del país.

Naturalmente, los intereses fueron renegociados a la baja: del 11% original pasaron a un arco del 7 al 9%. Pero el diablo, como siempre, estaba en los detalles: la tasa de interés internacional también había comenzado a caer como consecuencia de la recesión norteamericana de 2000-2002; por eso ahora, ese 7-9% triplicaba a la tasa de interés internacional. Ni siquiera esto es, sin embargo, lo principal, porque entretanto el valor nominal de la producción y el patrimonio de Argentina había caído de 300 mil millones de dólares a 100 mil millones – o sea que la carga del capital y de los intereses había crecido un 400% respecto al PBI. El PBI de la Ciudad había caído de 70 mil millones de dólares a 25 mil millones. La deuda era, además, fraudulenta y la renegociación de Ibarra-Pesce saboteaba el intento del gobierno nacional de reanudar el pago de la deuda con una quita sobre su capital. Este es el currículo del funcionario que reemplaza, provisoriamente, al entreguista Redrado.

Ibarra-Pesce entregaron el armado de la negociación a la banca de inversión J.P. Morgan, que cobró para ello una comisión de doce millones de dólares. Para indignación de la izquierda de la Legislatura, pero no para los bloques de la Alianza UCR-Frepaso y Cavallo-Béliz, el J.P. Morgan planteó una inusitada exigencia política: que su propuesta de renegociación fuera aprobada por la Legislatura antes de hacerla llegar a los acreedores. La banca Morgan pretendía, de este modo, evitar cualquier posibilidad de que la Legislatura rechazara cualquier acuerdo. Pero de acuerdo a la Constitución de la Ciudad, de la Nación y de todas las naciones del mundo, tal cosa es improcedente: el poder legislativo debe limitarse a refrendar o rechazar acuerdos firmados por el Ejecutivo – él no puede ser parte de ninguna negociación. El atropello institucional sin precedentes que ejerció el dúo Ibarra-Pesce deja muy atrás el que representan los decretos de necesidad y urgencia, pues estos se encuentran establecidos en la Constitución (aunque violan la división de poderes de un Estado de derecho). De acuerdo a la constitución de la Ciudad, la facultad de realizar acuerdos de deuda está reservada al Ejecutivo. La banca Morgan consiguió que el acuerdo de deuda fuera votado previamente por la Legislatura, antes de ser llevado a Londres para ser ofrecido los banqueros. Pesce e Ibarra les llevaron a los banqueros un acta de rendición incondicional firmada por todos los poderes del Estado porteño, en un momento de derrumbe social, económico y político de Argentina.

En la Legislatura, la izquierda denunció furiosamente este negociado. Altamira calificó al voto legislativo como la “ley J.P. Morgan”.

¡Pero los acreedores rechazaron este acuerdo leonino! ¡No se sintieron atados por el compromiso de una ley! ¡Ahora querían que el acuerdo fuera modificado, de nuevo, por una ley! El sometimiento debía ser por partida doble. Es que había en juego unos 150 millones de dólares de la deuda contraída en pesos, que la devaluación había reducida a una cifra mucho más módica - ¡la que hubiera correspondido a una quita del 70%! Bajo la batuta del mismo J.P. Morgan fueron por más. Exigieron “condiciones especiales” para la deuda registrada en pesos, que no había sido incluida en el arreglo. Los usureros internacionales dieron muestra de una ‘muñeca’ insuperable para negociar: cortar al adversario en rodajas, pues si hubieran metido sus exigencias de entrada para la deuda en pesos, a la Legislatura le hubiera costado más votar la ley. La deuda en pesos estaba en poder de las AFJP y, en especial, en la controlada por el banco Santander. Por eso el negociado pasó a denominarse Morgan-Santander. ¿Pero cómo convertir en dólares a una deuda en pesos, en un país que era víctima de la conversión en pesos de sus ahorros en dólares?

Pesce y el J.P. Morgan encontraron la salida: la deuda seguiría en pesos pero ajustada al crecimiento de la recaudación tributaria de la Ciudad. El oscuro Pesce dibujó así lo que sería luego el acuerdo de Kirchner-Lavagna con los acreedores: la indexación de la deuda por partida doble – a la inflación y al crecimiento del PBI (la recaudación de impuestos está determinada por estos dos factores). El planteo era más usurario que el de una simple dolarización, pues la recaudación impositiva se encontraba en el punto más bajo de su historia como consecuencia de la crisis (el gobierno pensó en imprimir bonos para pagar sueldos). Los acreedores se aseguraron un ajuste fabuloso de esos títulos, teniendo en cuenta la reactivación de los años posteriores y el aumento de los precios, que acompañó la devaluación. Sólo entre 2002 y 2004, la recaudación de impuestos de la Ciudad creció un 70%. Los banqueros, por lo tanto, lograron más que la dolarización de la deuda en pesos. Es que al momento del arreglo, el dólar se cotizaba a 3,50 pesos y en poco tiempo retrocedió a 3, lo cual se convirtió en un premio adicional, en moneda extranjera, para quienes tenían los “bonos Tango” en pesos. Para pagar esta fiesta, el presupuesto porteño tuvo que dedicarle hasta el 10% de sus ingresos a esta hipoteca usuraria en beneficio de los bancos Morgan, Santander y otros. La Legislatura volvió a votar esta propuesta, que los banqueros no vacilaron en calificar como “ejemplar”, pues obraba como antecedente para la reestructuración de toda la deuda pública del país.

Los que buscan la judicialización de los responsables de la deuda externa argentina, deberían incorporar a Pesce (¡y a Ibarra! ¡y a 55 de los 60 diputados de la Legislatura!) a la lista que integran Martínez de Hoz, Walter Klein o Cavallo. Entre quienes votaron la ley dos veces se encuentran los K Alberto Fernández, Arguello, Santamaría, Enrique Rodríguez, Olivieri, Marta Oyhanarte (ahora ex K), Juliana Marino, naturalmente Borocotó y los ‘progres’: Vilma Ibarra, Delia Bissuti y Roy Cortina (aunque estos dos votaron en contra la segunda ley). Dos de los que votaron en contra, la humanista Lía Méndez y el comunista Patricio Echegaray, hoy son defensores fervorosos de K y de Miguel Ángel Pesce. Un año más tarde, en las elecciones de 2003, un fundamentalista del reclamo de que se investigue si la deuda p&uac! ute;blica es legítima, nos referimos a Claudio Lozano, integraría, por propuesta de la CTA, las listas para la reelección del ‘pescista’ Ibarra para jefe de gobierno de la Ciudad.

Esta historia es el relato de la impostura del gobierno nacional y popular y de la impresentable trayectoria de los progresistas que pretenden usurpar el lugar de la izquierda en Argentina.

Foto: Argentina, Política, Economía - Miguel Pesce, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). / Autor foto: Senado

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Argentina: Polémica en La Pampa por la legitimidad de la deuda externa

Alejandro Olmos Gaona (LA ARENA)

El historiador Alejandro Olmos Gaona refutó al profesor de la UNLPam.,Gustavo Arballo, quien sostuvo que la deuda externa argentina no puede ser objeto de auditoría y que su pago no puede ser cuestionado.

He leído en Internet un brevísimo comentario sobre la presunta legitimidad de la deuda externa, emitido por el profesor Gustavo Arballo, de la Universidad Nacional de La Pampa, en el que sostiene que la deuda externa no se puede auditar. Los fundamentos del aludido abogado son:

1) La sentencia del juez Ballestero es un cachivache porque no tuvo contraparte y la causa no arrojó ningún imputado que controlara la prueba o las conclusiones y que pudiera apelar.

2) Que es un error grosero considerar deuda externa a la contraída por empresas del Estado. 3) Que la imposibilidad de la auditoría surge porque esas deudas fueron objeto de novación a través de sucesivos gobiernos democráticos.

4) La deuda es deuda de autoridades legítimas que decidieron pagar con otros préstamos.

5) Por principio de estoppel no se puede ir contra los actos propios del Estado.

Indudablemente el Dr. Arballo, no conoce la causa "Olmos", ni las otras que tramitan en la justicia federal, ni la realidad de los procesos de endeudamiento. Ignoro cual será su especialización jurídica, pero sus sofísticos argumentos me hacen dudar sobre la solidez de su versación jurídica.

Existió contraparte

Tratando de extremar la síntesis es necesario puntualizar que:

1) Yo he cuestionado la sentencia del juez Ballestero por sus limitaciones, pero acredita en forma contundente cómo fue el proceso de endeudamiento de la dictadura, a través de documentos, testimonios, y la inobjetable pericia de expertos en materia económica, profesores titulares de la Universidad de Buenos Aires, y uno de ellos, el Dr. Chapman, propuesto por la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

2) Sí existió contraparte, ya que la denuncia se efectuó contra el ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz, quien fue procesado, prestó declaración indagatoria, fue asistido por su hijo como defensor, y controló la prueba, tal como surge del expediente que el Dr. Arballo indudablemente no conoce.

3) Con anterioridad al fallo, el juez Ballestero había sobreseído a Martínez de Hoz, por prescripción de la acción penal, y resulta obvio que éste no iba a apelar una resolución que lo favorecía.

Debe recordar el Dr. Arballo que la novación, no puede realizarse sobre actos nulos o ilegales conforme lo establece el artículo 802 del Código Civil, y en todo el proceso de la dictadura, y en los que siguieron, hubo simulación, fraude, delitos de acción pública como falsedad ideológica, etc. Es decir que las novaciones efectuadas por los gobiernos democráticos carecen de valor alguno, porque nadie puede trasmitir un mejor derecho del que tiene.

Un fraude

Aquí se pretendió trasformar un fraude en algo lícito. Y al respecto no es ocioso recordar que el Congreso Nacional desconoció todos los actos administrativos realizados por la dictadura mediante la Ley 23.062. ¿Cómo puede desconocerse algo por una ley del Congreso y luego reconocerse por un trámite ministerial a través de la refinanciación de una deuda por la emisión de un decreto que la autorice? ¿Acaso desconoce el Dr. Arballo la célebre pirámide de Kelsen?

Los actos ilícitos no pueden ser sujeto a novación alguna y mucho menos cuando existen causas en la justicia federal donde se investigan precisamente esos hechos. Posiblemente el Dr. Arballo ignore, que hay cuatro causas en la justicia. La fallada por Ballestero, otra que tramita en el mismo juzgado donde se investiga la deuda privada y la deuda externa hasta 1995; otra donde se investiga la deuda hasta el megacanje de Kirchner en el 2005 y por último la que investiga el megacanje de Cavallo del año 2001, donde existe procesamiento firme del ex ministro y sus colaboradores inmediatos, confirmado por la Corte Suprema de Justicia, estando por ser elevada a juicio oral. ¿No le parece al Dr. Arballo que ningún gobierno puede negociar o reestructurar lo que está siendo materia de una investigación penal?

¿Quién se equivoca?

No es un error grosero considerar deuda externa la contraída por las empresas públicas, porque todos los préstamos fueron contraídos con bancos extranjeros, en contratos celebrados en el extranjero, y sometidos a la legislación extranjera. Posiblemente yo pudiera equivocarme, pero dudo que tres de los eminentes peritos de la causa: Dres. William Leslie Chapman, Alberto Tandurella y Sabatino Florido, que así la consideraron cometieran tan grueso error.

En su ignorancia el Dr. Arballo se refiere a Ale Sack, y eso me hace suponer que se referirá al Dr. Alexander Sack, a quien se cita reiteradamente como el que caracterizó a las deudas odiosas. Debo recordarle que si bien Sack, se refirió a deudas de la dictadura, antes que él otros eminentes juristas lo hicieron, y uno de ellos el Dr. Gastón Jezé, hizo abstracción del régimen que la contrajera para caracterizarla, pero esto sería demasiado largo de explicar, a quien habla tan livianamente de lo que no conoce.

El principio de estoppel rige contra actos regulares de gobiernos, no contra actos ilegales, donde se haya desconocido la Constitución del país, y se haya violado la legislación interna, y al respecto mi amigo el embajador Miguel Angel Espeche Gil, escribió un meduloso trabajo sobre el tema.

Imposiciones

Seguramente, el Dr. Arballo ignora que contratamos abogados para que nos asesoraran y defendieran que respondían a los acreedores (¿será esto prevaricato?) y que en la principal reestructuración de la deuda de 1993, el procurador del Tesoro cometió el delito de falsedad ideológica, lo que determina la nulidad del llamado Plan Brady.

Es importante recordar que en todo este proceso de la deuda, no se trata de contratos celebrados regularmente por los gobiernos que sucedieron a la dictadura, sino de verdaderas imposiciones, violatorias de la autonomía de la voluntad, donde hubo complicidad de los funcionarios del Estado, con los bancos extranjeros, y con los organismos multilaterales que realizaron acciones violando sus reglamentos y sus cartas constitutivas. También esto debe ignorarlo el Dr. Arballo, porque seguramente jamás pasó por el Juzgado Federal Nº 2 para ver las causas, y las pruebas acumuladas en ellas.

Desconocimiento

Creo que resulta inexcusable, tratar de manera tan superficial un tema extremadamente grave y complejo y desconocer el manejo de los organismos financieros. Aunque he podido encontrar bastante documentación en la Argentina, siempre estuve limitado por el secreto con la que se manejaron las operaciones, pero en el Ecuador, donde fui designado por el gobierno del presidente Correa miembro de la Comisión de Auditoría, se pudo verificar exhaustivamente cómo se realizaron las operaciones fraudulentas, las amenazas de los bancos, la complicidad de los funcionarios, el quebrantamiento del orden jurídico en su totalidad. Y curiosamente ese proceso fue idéntico al argentino.

Espero que el Dr. Arballo, se informe antes de opinar sobre lo que no sabe, y si algún día la Universidad de La Pampa me invita a exponer sobre estos temas, podré demostrarle públicamente y con documentos, que sí se puede auditar la deuda, y poner en claro lo que no ha sido sino una descomunal estafa.

Alejandro Olmos Gaona es historiador. Autor del libro "La deuda odiosa. El valor de una doctrina jurídica como instrumento de solución política". Investigador de la deuda externa argentina e impulsor de la causa Nº 17.718 que se tramita en la justicia federal.

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