lunes, 22 de febrero de 2010

Tibet, otra bushiada de Obama. Dalai-Lama: Un político con disfraz religioso

Hernán Uribe (especial para ARGENPRESS.info)

El presidente de Estados Unidos ha querido imitar nuevamente a su antecesor George W. Bush al recibir en Washington a Dalai Lama (DL) quien recorre el orbe con el cuento de que es un líder espiritual budista aunque los hechos lo sindican como un activo político adversario de la República Popular China en cuya actividad se vale con maña de la circunstancia que encabeza una pequeña secta tibetana.

Antes de la charla en la Casablanca a la que concurrió también Hillary Clinton, Secretaria de Estado que maneja las relaciones exteriores, Pekín había señalado su malestar y calificó la entrevista como una grosera intervención en los asuntos internos de China. Se explica, pues, la reacción del canciller chino, Ma Zhaoku quien expresó el 19 de febrero que la reunión Obama-Dalai Lama “violó groseramente las normas internacionales y está en contradicción con el reconocimiento por Estados Unidos de que Tibet es parte integrante de China”.

Desde que se auto exilió en 1959 DL se ha convertido en un viajero impenitente que recorre el mundo ofreciendo la pomada de la “espiritualidad”, ungüento que adquieren muchos ignorantes y también abre las puertas hasta de los jefes de estado. En Chile, por ejemplo, ha estado en tres ocasiones: 1992, l999 y 2006. Fue recibido en orden cronológico por los presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei, ambos católicos observantes.

Sin embargo, en su último paso por Santiago no logró hablar con la presidente Michelle Bachelet. Empero, como estaba previsto, impartió una conferencia con el encabezado de “La exploración de la mente en la ciencia y el budismo”.Cada uno es dueño de hablar lo que le venga en ganas si tiene zopencos que lo escuchen. Esta vez la asistencia por persona costó 150 mil pesos de la moneda local de modo que con la audiencia máxima que era de 600 personas, el espiritual lama se fue con 170 mil dólares en los bolsillos de su extraña vestimenta.

A propósito, este personaje oficia de austero, pero es sabido que en India, lugar de su exilio, vive en un palacete y se moviliza en dos automóviles de lujo. Habita en una suerte de corte monárquica de ficción pues en Tibet el lama máximo era también una especie de jefe administrativo y él lo fue antaño.

Singular budismo

Dalai Lama se esfuerza por aparecer como un sacerdote (lama) del budismo aunque en la práctica no existe tal religión pero sí una doctrina que se fundamenta en los pensamientos de Sidarta Gautama quien vivió entre los años 563 a 483 antes de nuestra era. Era ciudadano de India donde buda es un titulo honorífico que significa Iluminado o Bendito y es real que surgió algo parecido al culto de su filosofía y que no pocos lo han convertido en una devoción semejante a los dioses de los dogmas cristianos e islámicos.

El Buda original propició la “iluminación” o Nirvana, definido como un estado mental libre de pasiones y dio origen a una orden mayormente monástica que al correr del tiempo se dividiría en numerosas tendencias o corrientes. Precisamente, la más pequeña y de tónica absolutamente animista (1) es la que existe entre los tres millones de tibetanos. Se afirma que los budistas serían hoy unos 600 millones repartidos principalmente entre China, Japón, India y otras regiones asiáticas.

El animismo y su compañera inseparable la magia, que caracterizan al credo tibetano, emergen en los albores de los seres humanos y conforma lo que Marx denomina “religión natural”y define como “una conciencia puramente animal de la naturaleza” (2)

La leyenda de la reencarnación de los “budas vivientes” es una fábula exclusiva de la rama tibetana. Como es conocido, mediante diversos artilugios, se ubica a un niño de dos años que- reencarnado- será el próximo Dalai Lama y así fue elegido el actual.

El codiciado Tibet

“La imagen de que el Tibet es una nación oprimida integrada por pacifistas budistas que nunca han hecho daño a nadie es una distorsión de la historia” afirma Foster Stockwell, un estadounidense hijo de misioneros que nació en Chengdu (China) lugar cercano al Tibet. (3) Desde que esa región se unió a China en 1337-relata- hubo intentos de apoderarse del Tibet. Los primeros fueron reyezuelos (sic) indios, luego lo procuró Nepal y en el siglo XIX lo hicieron Rusia y Gran Bretaña. Fuerzas del imperio británico ocuparon Tibet en 1889 y en 1903 pero en ambas ocasiones fueron rechazadas por los propios tibetanos. (Tibet se unió a China en 1337)

Lo que a menudo se oculta es que al instalarse la República Popular China en 1949, en el Tibet dominaban los lamas sobre un millón de siervos en un régimen feudal cercano a la esclavitud. El detonante de cambios fue la revuelta que terratenientes y monjes dirigieron en 1959 junto con proclamar un “Estado Tibetano Independiente”. Lo hicieron con el respaldo de siete mil hombres armados quienes, según documentos, fueron apoyados por la American Office of Strategic Services (OSS) antecesora de la Central Intelligence Agency (CIA) estadounidense.

Fue esa acción separatista que involucraba a la Región Autónoma de Xizang- que incluye a Tibet- lo que motivó la intervención del ejército chino, la derrota con cuatro mil alzados prisioneros y la huida del Dalai Lama hacia India. China tiene una población de unos 1.300 millones que viven en 9.596.961 kilómetros cuadrados de superficie. Existen más de 50 etnias con idioma propio en 22 provincias y cinco regiones autónomas.

Entre las últimas está Xizang (1.221.600 km2) que limita con India, Nepal, Bután y Birmania. Es la meseta de mayor elevación del mundo con una altura media de 5.000 metros en la cordillera de los Himalayas. Posee entonces el Tibet un enorme valor estratégico. Son estas circunstancias, muy materiales y no una supuesta espiritualidad, las que mueven vía Dalai Lama y otros, las maniobras antichinas.

1) Animismo. Definición (RAE): Creencia que atribuye vida anímica y poderes a los objetos de la naturaleza.
2) Foster Stckwell. El Tibet del mito a la realidad, revista “China Hoy”, Pekín, 1998
3) La ideología alemana, México, Ediciones Quinto Sol, s/f

Hernán Uribe es periodista y escritor chileno.

Foto: Estados Unidos - El presidente Barack Obama controla su apariencia frente a un espejo momentos antes de un discurso en el Capitolio. / Autor: Pete Souza - White House

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El imperio sigue creyéndose y actuando como imperio

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

De 190 estados con derecho a voto, 187 votaron el 2009 porque Estados Unidos de Norteamérica cese el bloqueo genocida contra Cuba; un bloqueo además que ya se impone por medio siglo y que es el más prolongado, cruel e injusto de un país poderoso contra un país pequeño pero digno y soberano.

La razón: que el pequeño país hizo una revolución –revolución, confiscó los bienes y las empresas privadas, especialmente de los capitalistas extranjeros; e impuso un régimen socialista, a solo 90 millas de distancia del gran imperio. Y ese país socialista no solo que sobrevivió al derrumbe de su gran aliado (la URSS) sino que ha logrado records universales en salud, educación, pleno empleo. Semejante actitud, para los imperialistas y sus lacayos, no tiene “perdón ni de dios ni del diablo”
Si mal no recuerdo, creo que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue la número 17. La humanidad (casi por unanimidad) resolvió conminar al gran imperio a que cese esta brutal e ilegítima agresión unilateral. Pero el imperio, impertérrito, ha vuelto a reírse de esa resolución y sigue aplicando contra Cuba (es decir contra sus 13 millones de habitantes) el atroz bloqueo. Ni siquiera ha sido sensible a las mil y una críticas que han formulado políticos, intelectuales, ciudadanos y ciudadanas norteamericanas quienes han dicho mil y una vez que el bloqueo criminal no ha servido para nada como no sea para que confirme y se fortalezca el régimen socialista que se quiere liquidar.
Muchos pensaron que con la llegada del Sr. Obama a la presidencia de los EE.UU. se daría un giro pragmático a la política norteamericana contra la pequeña isla; pero, a más de aliviar las posibilidades de que los cubanos emigrados puedan regresar a su país cuando quieran y puedan enviar sus remesas a sus familiares; y la promesa de suprimir la nauseabunda prisión de Guantánamo, convertida en tierra de nadie por el Sr. Bush, pues el imperio sigue aplicando UNILATERALMENTE su política de agresión contra un país libre y soberano.
La señora Clinton –que presumía de gran demócrata- en su calidad de Secretaria de Estado del Sr. Obama, hace unos meses, cuando le preguntaron qué esperaba para conversar con Cuba DE IGUAL A IGUAL, COMO ESTADOS SOBERANOS, respondió: “nosotros ya hemos dado señales de buena voluntad. Ahora le corresponde a Cuba hacer lo mismo” Es decir, el agresor cree que habiendo suprimido un par de arbitrariedades, el agredido debe agachar la cabeza y renunciar a su revolución solo para que el imperio pueda levantar la medida draconiana que viene aplicando, por si y ante si.
Estas reflexiones (que vienen dándose en el mundo entero, en todos los tonos y desde toda la policromía política universal) las he refrescado ahora que va a reunirse en México LA CUMBRE DE LA UNIDAD DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, prevista para el 22 y 23 de febrero/2010; un cónclave en el que no participan ni Estados Unidos, ni Canadá. Es decir, una cumbre en la que más o menos estarán representados los países latinoamericanos y del Caribe, con sus matices y sus convergencias pero sin la coacción del gran imperio del norte y su aliada “natural” Canadá.
Ricardo Patiño, el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, ha fijado en cuatro los puntos la agenda que el país planteará en esta cumbre latinoamericana. Uno de ellos, la creación de un organismo similar a la OEA pero sin EE.UU. y sin Canadá. Un planteamiento que ya fue enunciado por el Presidente Rafael Correa, hace un par de años, pero que no ha prosperado como debiera.
La idea es que solo entre iguales (con algunas desigualdades) este organismo podría desempeñar mejor el papel que debió cumplir la OEA, aunque todos saben que este organismo, antes de llegar a ser INSULSO, ya estaba condenado a ser un simple instrumento de la gran potencia, a fin de que su patio trasero cumpla a cabalidad y sin chistar lo que ordenaba el norte hemisférico; es decir, nada para los paisitos bananeros y todo para el gran imperio, que para eso era y sigue siendo imperio.
Pero la historia no es un fenómeno repetitivo de situaciones y de sojuzgamientos. En los últimos 50 años, la propia revolución cubana no solo que no ha podido ser liquidada sino que ha inspirado y sigue inspirando movimientos libertarios. Salvador Allende tuvo que ser liquidado por los bárbaros pinochetetistas; pero tras él, renace la revolución sandinista, Evo Morales y su “indiada” acaban de consolidarse por un nuevo período en Bolivia; y Rafael Correa impone en el Ecuador su revolución ciudadana. Y, sobre todo, aparece Hugo Chávez y subleva a la en apariencia “tranquila” Venezuela. Su revolución bolivariana es otro suceso que va imponiéndose contra viento y marea, especialmente mediática. Y para “colmo” (como dirían los sipianos pelucones) aparece en San Salvador, un Funes, identificado con el Frente Farabundo Martí; y en Uruguay, triunfa abrumadoramente el extupamaro Mujica. Lugo no deja de ser un dolor de cabeza para madres solteras y pelucones.
Por supuesto, no hay que perder de vista que las pequeñas peluconerías sipianas, han logrado algunos repuntes que pudieran conspirar contra esta y otras reflexiones. Pinochet redivivo estará con su leal escudero Piñera y sus demócrata cristianos recuperados por entero “para el bien”. Desde Honduras soltarán al Lobo ese que estará dispuesto a servirse unas cuantas ovejas. El millonario Martinelli estará pensando en prohibir a los “insurrectos” su paso por el Canal. Y Uribe, desde luego Alvaro Uribe, junto al Calderón mexicano y al García peruano, estarán listos para recuperar “a plenitud” la “seguridad democrática” para nuestros pueblos. Ellos estarán pensando en convertir a toda América Latina en una gran plataforma para misiles, aviones supersónicos sin piloto, bombas “inteligentes” submarinos silenciosos y una larga lista de armas de última generación. Pero…
La reunión de la OEA, que “reinvindicó” el derecho de Cuba a volver a ese escenario, es un claro ejemplo que cuando la verdad se impone y la dignidad sale por sus fueros, los obstáculos no son insalvables. Por ello, es muy posible que la Cumbre mexicana no solo pida sino que exija a la gran potencia del norte a cesar para siempre y sin condiciones su criminal bloqueo. Y también a disponer la libertad de los cinco cubanos antiterroristas que sufren cárcel y enclaustramiento solo por haber boicoteado los actos TERRORISTAS que la gusanera preparaba contra su pueblo. Y también que la justicia yanqui se anime a enjuiciar y meter en la cárcel a los verdaderos terroristas que por Miami pululan (Posada Carriles, Orlando Bosh y muchos otros) y a los ladrones de todos nuestros países que por ahí exhiben un “buen vivir” a cambio de las monstruosas deudas sociales que dejaron en nuestros lares.
¿Será posible? Yo creo que si.

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Paraguay: Decantación de fuerzas

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Ministerio de Defensa rechaza intromisión militar colombiana, extrema derecha amenaza con formar comandos paramilitares y contratar sicarios para combatir al EPP y, sorpresivamente, el Secretario General de la Presidencia lanza un nuevo grupo de izquierdas al margen del reciente gran acuerdo de unificación de las fuerzas progresistas.

El Paraguay político y social se está agitando en vísperas del inicio del periodo anual parlamentario, cuando se confirma que las bancadas de la oposición retornan priorizando el plan del periodo anterior, de destituir al Jefe de Estado Fernando Lugo, juicio político mediante, en medio de los aprestos para la campaña, que se anuncia áspera, por las municipales de noviembre próximo.

Tres hechos nuevos han entrado a operar a favor del descolorido gobierno, en su primer año y medio de vida: el rechazo de la colaboración militar colombiana, la unificación de la mayor parte de las fuerzas progresistas en un solo frente de apoyo orgánico crítico a Lugo y el anuncio de éste de que terminará con la práctica prebendaria de favoritismos entre amigos y parientes que su administración heredó y que muchos de sus miembros practican a satisfacción.

La postura del Ministerio de Defensa, General Luis Barreiro Spaini, de que el país rechaza toda ingerencia militar extranjera en los asuntos internos, con lo cual daría por terminada una misión de comandos colombianos antiguerrilla que están operando en el norte del país, con asesoría de expertos de Estados Unidos, es el hecho más relevante de los últimos días en la vida política nacional.

Barreiro, quien meses atrás fue acusado de aceptar la presencia de asesores colombianos reaccionó a un comentario que tomaba fuerza de que el Agregado Militar de la Embajada de Colombia, Coronel Jorge Humberto Jerez Cuellar, estaba dictando charlas antiinsurgencia a un grupo de oficiales y suboficiales en el Cuartel General del Comando en Jefe.

El militar extranjero sostiene que las FARC, que contarían con unos 16 mil miembros, según su estimación, se expande por la región y una de sus bases es Paraguay, pretextando la existencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) hasta ahora más que nada una sigla que enarbolan unas pocas personas, sin registrar ninguna operación de neto corte político pero que, por ahora, sirve objetivamente a los sectores retardatarios.

Una muy interesada campaña mediática contra Lugo, alimentada por la inconducta del Vicepresidente Federico Franco, cabeza de la sección desestabilizadora de la derecha nacional, y el accionar de la Fiscalía General, más la rancia cofradía agroexportadora, le cuelgan al EPP una serie de acciones, en particular algunos secuestros de personas adineradas, pero que, hasta ahora, no pasan de ser meros operativos extorsionadores.

Falta probar el carácter de guerrilla que toda la oposición le otorga al EPP, junto con el Ministro del Interior Rafael Filizzola, quien reiterará su agradecimiento al Gobierno de Uribe, en ocasión de la visita a Asunción del Canciller Jaime Bermúdez, prevista para los primeros días de marzo.

Esa sigla sigue sin registrar siquiera una proclama o un plan de gobierno, cuando se le imputa buena parte de los 27 secuestros, con más de 10 millones de dólares de beneficio, que la cartera del Interior contabiliza en los últimos cinco años. En varios de esos operativos, se ha comprobado la participación de policías en ejercicio o en baja.

Nunca ha trascendido que el EPP haya propuesto cambiar a alguna de sus víctimas, por algunos de las decenas de presos, sin condena, sólo por sospechas o caprichos fiscales, que hay en las cárceles de todo el país, mayoría luchadores campesinos, resultado de los operativos que, desde meses, lleva a cabo en el norte del país la élite policial-militar, con participación colombiana y un grupo de agentes del espionaje estadounidense.

Por el contrario, el fantasma del EPP ha permitido desatar una fuerte represión de familias de campesinos sin tierra, causa mala impresión en el seno de la UNASUR y el Consejo Suramericano de Defensa y es un buen pretexto para que la derecha del cogobernante Partido Liberal, no trepide en integrar cuanta intentona golpista legal surja en filas de la oposición, a efectos de convertir en Presidente a Federico Franco.

Esa avaricia ha terminado por resquebrajar al segundo partido del país, después del Colorado. De la decisión de su próximo congreso, en julio próximo, depende mucho el futuro de la vida política nacional, pues sus fuerzas están parejas entre quienes apuestan al proceso de cambios y los gatopardistas, perpetuadores de los vicios estronistas.

Entre las rémoras, destaca el prebendarismo, el asistencialismo y la pusilánime caridad, de la que no está exenta la actual Secretaría de Acción Social, encabezada por Pablino Cáceres, un hombre de la Iglesia Católica, uno de los órganos más deficientes del actual gobierno, en un área priorizada en los seis puntos mayores del programa de Lugo.

En esa falla y otras del Gobierno del Cambio, instalado el 15 de agosto del 2008, basa toda su batería una oposición sin conducción ni brújula que, por esa misma inoperancia, se convirtió casi en un alivio para Lugo y que sólo reacciona agresivamente, sin ideas, con portavoces desgastados, desprestigiados por su accionar delincuencial estronista.

El Senador colorado Martín Chiola, médico y empresario, acusado por múltiples víctimas de la dictadura y por organismos de derechos humanos como uno de los más activos agentes de la tortura durante el régimen que cayó en febrero del 1989, habla de que “algo se está gestando” para formar grupos paramilitares y contratar sicarios, dado que el gobierno es incapaz de terminar con la guerrilla y los secuestros.

Ningún enfrentamiento armado se ha producido en el país desde hace 40 años, lo cual desautoriza cualquier mención a la existencia de una guerrilla y deja abierta la duda acerca del origen, composición y motivación del EPP que, hasta ahora, sirve únicamente a todos los sectores enemigos de la justicia social.
Convocan gran concentración en marzo
Una clara respuesta a esa estrategia desestabilizadora se concretó este fin de semana entre la mayoría de las fuerzas progresistas paraguayas, que decidieron unir sus fuerzas sobre un programa de trabajo que impulse la profundización del actual proceso de cambios políticos y sociales, en medio de una creciente crítica popular al Gobierno.

El debilitamiento objetivo del luguismo habría alentado la creación, días antes, del Movimiento “20 de Abril”, encabezado por el Secretario General de la Presidencia, Miguel López Perito, de quien se puede presumir tenga la intención de ponerse al frente del movimiento popular, que alguno de sus voceros califican de expresión de un pasado político fracasado. Aspirarían a ocupar el centro. “Ni derecha ni izquierda”, dicen.

El acuerdo, que convoca una concentración nacional para el 20 de marzo en Asunción, fortalece objetivamente a Lugo, porque la intención de sus componentes es la de constituirse en ese sostén orgánico que le ha faltado hasta ahora al mandatario, quien a menudo aparece maniatado, irresoluto, sin norte, dando aliento a una ofensiva de una derecha que se ha vuelto virulenta, con el argumento de que el Estado no funciona.

Claro, para la concepción estatal de esos sectores, el funcionamiento de las instituciones en válido sólo con los métodos anteriores, los que secuestraron el país durante 60 años y lo convirtieron en una hacienda de una minoría de familias, negadoras de los servicios sociales, de la decencia, de la salud pública, del empleo, de la educación y la vivienda.

La táctica confesa es la de acosar todo lo posible al gobierno, que fue instalado el 15 de agosto del 2008, tras la victoria electoral del 20 de abril de la efímera Alianza Patriótica para el Cambio, integrada por un inmenso abanico de movimientos sociales y sindicales, organizaciones y partidos diversos.

Entre ellos, el Partido Liberal, que aportó la mayoría de los votos de la victoria y se quedó con la Vicepresidencia, en la persona de su Presidente quien, al no declinar esa función partidaria de inmediato, cometió su primer acto antiético, de una larga serie que su voracidad de poder y figuración, viene cultivando desde el primer mes del gobierno.

Franco, en acelerado desprestigio en el seno mismo de su partido, es uno de los miembros de la Triple Infamia que se ha enquistado en la oposición a Lugo, integrada por ultraderechistas como el exGeneral Lino Oviedo, los Senadores liberales Alfredo Jaegli y Tito Saguier y sus pares colorados Juan Carlos Galaverna y Chiola, con visibles nexos con fuerzas extranjeras, enemigas de los cambios económicos y sociales.

Esos personajes representan a los mismos sectores oligárquicos de siempre, aliados a las corrientes derechistas que impulsa Estados Unidos en el continente, mediante los gobiernos de Uribe en Colombia y los nuevos de Lobos en Honduras, Martinelli en Panamá, Piñera en Chile y, algo menos agresivos, el de Alan García en Perú y Laura Chinchilla en Costa Rica.

Foto: Paraguay – El Presidente Fernando Lugo en una conferencia de prensa en el Palacio de López. / Autor: Presidencia Paraguay

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México: La ONU descubrió lo que sabíamos hace 50 años, que la SEP está sometida al SNTE y la educación “obstruida”

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. La Secretaría de Educación Pública (SEP) permanece “subordinada” al sindicato magisterial, encabezado por Elba Esther Gordillo, lo que representa una “obstrucción” al avance educativo en México, señaló Vernor Muñoz, relator especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU. Calificó la relación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la SEP de “simbiosis atípica”, toda vez que la organización gremial interviene en las decisiones que sólo deben estar a cargo de la dependencia federal. El peligro de esta denuncia sería que tontamente se piense que la SEP es muy buena, que quiere hacer bien las cosas y que el sindicato es la Gordillo, sus antecesores y sus agentes, cuando éstos sólo son sus dirigentes corruptos. No debe olvidarse que sindicato es la organización de los trabajadores y debe intervenir ante la empresa.

2. La SEP, creada en 1921, es una secretaría de gobierno absolutamente subordinada a las políticas de cada sexenio. Ningún plan, programa, acción, se toma en la SEP sin que sea ordenada por el presidente o desde la más alta jerarquía de gobierno. Todos los secretarios de Educación pública y sus subordinados en las entidades no tienen derecho de pensar –la mayoría de las veces ni pueden- tienen que obedecer con fidelidad las órdenes superiores. Quien dice que “fue mejor este que el otro”, quizá debería decir: “el menos peor fue”; aunque no hay margen para esas apreciaciones porque en última instancia son simples burócratas que hacen trabajo administrativo para cumplir con las políticas del “señor Presidente”. A algunos secretarios les ha dado vergüenza pronunciar la frase “por instrucciones del Presidente” que Josefina Vázquez pronunció siempre.

3. Así que la SEP ha sido una institución –quizá la más grande del país- para dilapidar miles de millones de pesos con el objetivo de repetir cada año, cambiando nombres o palabras, la misma política educativa que ha fracasado. ¿Por qué México ocupa los últimos lugares en el mundo en calidad y cobertura educativa? Porque todos los funcionarios que ocupan altos cargos en la SEP ocupan sus oficinas y escritorios para estar clavados ahí hasta que el “señor Presidente” decida removerlos. Dado que son funcionarios que nunca supieron nada del sindicato y de sus dirigentes venales, de la situación económica y académica concreta de los profesores, que nunca se han enterado de la dinámica educativa que se vive en los distintos niveles, y que mucho menos saben de los manejos políticos, siempre terminan subordinándose a los líderes venales o charros.

4. Dice el relator de la ONU que la educación en México está “obstruida” cuando debió decir que es un fracaso total en todos sus niveles. Habló de “simbiosis atípica” entre la SEP y el SNTE para decir que los dos organismos se aprovechan del desastre educativo y parece que allí tuvo la razón. Los altos funcionarios de la SEP y la dirigencia nacional del SNTE son, y han sido, dos equipos de personajes profundamente corruptos dedicados exclusivamente a la política, a cobrar altos salarios y a hacer negocios. Los de la SEP suelen decir que vienen de “la academia”, donde hicieron política; los dirigentes del SNTE vienen de los grupos de choque, de las “comisiones sindicales”, de los “permisos con goce de sueldo”, de las brigadas electorales del PRI, del PAN y del PANAL, así como de los “cuidadores de casillas y urnas electorales. ¿Qué tal?

5. La educación en México puede estar “menos peor” con un mayor presupuesto educativo, con una buena distribución de él, con estudiantes bien alimentados y con profesores bien organizados y con un alto nivel de conciencia. Pero una “buena educación” sólo puede darse en una sociedad bien organizada que ponga en primer lugar los intereses de los sectores mayoritarios, es decir, de los trabajadores. En más de mil ocasiones he escrito que no son problemas individuales de buenos o malos estudiantes o profesores, sino que el problema de la educación es un asunto de política educativa, es decir, hacia dónde la dirigimos, que tipo de estudiantes o profesionistas queremos formar, cómo debemos hacerlo, decursos reales de capacitación y conciencia magisterial, de organización académica y sindical independiente, etcétera.

6. Nuestro visitador de la ONU trajo “su libretita” y anotó como desde hace más de 50 años se hace y no pasa nada. ¿Puede preocuparse el gobierno mexicano de la desastrosa situación educativa si hace más de una década que viene repitiéndose que México está, “orgullosamente” en los primeros lugares de violación de los derechos humanos, que está entre los 20 países más corruptos del mundo, que ocupa el 95 lugar de los protectores del ambiente, que está en tercer lugar en maltrato de menores, que es de los países sin guerra con más muertes diarias, que Ciudad Juárez es reconocida como la ciudad más violenta del mundo, que ocupamos el lugar 6 entre las agresiones a periodistas y, por último, para reírse, que ocupamos el lugar 42 en medallas olímpicas? ¿Qué le importa al gobierno que se sepa en el mundo que van 20 mil muertos en la falsa guerra contra el narcotráfico?

7. Lo que sucede es que el visitador especial no debe estar enterado de que el SNTE es un sindicato corporativo de más de millón y medio de afiliados; que fue fundado en 1943 por el mismo gobierno para tener subordinado a la masa magisterial. No sabe que en los 50 y 60 estuvo al servicio de los Robles Martínez, que en los 70 y 80 de los Jongitud y en los últimos 20 años de los gordillistas. Que esos dirigentes han hecho siempre con la SEP lo que les ha dado la gana y que los presidentes de la República –por votos y apoyo- han hecho los que los corruptos dirigentes han querido. Esa “simbiosis” que denuncia el visitador es real. La educación de los mexicanos nunca ha interesado al gobierno o a los corruptos sindicalistas. A los primeros les interesa que transcurra el sexenio en paz y a los “sindicalistas” hacer negocios. Para cambiar las cosas de raíz se necesita una revolución.

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El fracaso del control de las drogas ilegales en Argentina

Marcelo Fabián Sain (REVISTA NUEVA SOCIEDAD)

El 11 de junio de 2007, el entonces ministro del Interior y actual ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Argentina, Aníbal Fernández, presentó ante los ministros de Seguridad provinciales y los jefes policiales de todo el país, reunidos en el Consejo Federal de Seguridad Interior, una «nueva visión» acerca del control de drogas ilícitas. Y lo hizo mediante una crítica frontal a lo hecho hasta entonces en la materia.

Sostuvo con énfasis que las políticas de lucha contra el narcotráfico de impronta punitiva llevadas a cabo en el ámbito internacional y en Argentina significaron «un total y ab soluto fracaso». En el orden internacional, la imposibilidad de erradicar los cultivos en los países productores y de disminuir el tráfico y el consumo de drogas ilícitas, así como las dificultades para controlar los flujos financieros o patrimoniales ilegales, han constituido una expresión elocuente de ese fracaso. Ello, según Fernández, «ha originado (…) la aparición de poderosas organizaciones de traficantes con gran poder económico, sin parangón en toda la historia de la criminalidad y que en sus niveles medios y superio­res han logrado eludir fácilmente la persecución penal nacional e internacional»(1)

El ministro no fue menos contun­dente al destacar que, en Argenti­na, la inmensa mayoría de los pro­cedimientos y acciones policiales son iniciados por flagrancia –y no como resultado de una labor de inteligencia criminal– y solo dan lugar a la detención de consumi­dores y pequeños comerciantes minoristas de drogas ilícitas. La cantidad de sustancia incautada en esas intervenciones es nimia, según el funcionario. Como contracara de ello, en los pocos casos en que se realizan grandes incautaciones de drogas no se producen generalmente detenciones de personas, lo que da cuenta de la existencia de «nichos de corrupción» en las fuerzas policiales. A ello se añade la superposición de jurisdicciones provinciales y federales en el desarrollo de las labores de inteligencia y re­presión, la insuficiencia de los recursos infraestructurales y operacionales,

y los problemas de competencia jurisdiccional manifiestos, todo lo cual im­pide, para el ministro, llevar a cabo un trabajo eficiente en la lucha contra el narcotráfico. Esto, sumado a la ausencia de estrategias eficientes de atención y tratamiento de las adicciones, hace que la criminalización efectiva recaiga en los consumidores y los vendedores al menudeo, y que queden impunes los grupos narcotraficantes que son los verdaderos beneficiarios del negocio ilegal de las drogas.

El aumento de la oferta (de drogas ilícitas) está en consonancia con el continuo incremento de la demanda por parte de los consumidores. Crece la oferta porque crece la demanda. (…) En la Argentina, las políticas estatales han sido de neto cor­te represivo desde 1974, pero desprovistas de coordinación inter-jurisdiccional y erráticas, encaminando sus esfuerzos en perseguir al consumidor. Estas políticas de neto corte represivo no han sido acompañadas de políticas públicas sanitarias, sociales o laborales que permitieran un abordaje integral de las diversas situaciones del consumo, lo que ha dejado todo el fenómeno en manos de las fuerzas de seguri­dad, saturando el sistema de casos de poca monta. (…) Hay una falencia grave en la respuesta social a las adicciones a las que no podemos menos que adscribir, por ser la policía la primera que ve las consecuencias negativas que el consumo de drogas legales como ilegales genera en nuestros jóvenes. (En este marco, en materia de lu­cha contra el narcotráfico), no se han logrado las metas perseguidas en las últimas décadas. Pese a que ha crecido la frecuencia y cantidad de los decomisos por parte de las fuerzas federales, durante mi gestión entre 2,5 y 3 veces lo decomisado en el 2005, se acepta de modo generalizado que el porcentaje de droga interceptada es mínimo respecto al que se pone a disposición de los consumidores. (…) Los proce­dimientos (policiales) son cada vez mayores pero las cárceles están llenas de adictos o pequeños comerciantes.

Sobre la base de este conjunto de parámetros conceptuales, en marzo de 2008 Fernández propuso oficialmente la «despenalización de la tenencia (de dro­gas) para consumo» –y no la «despenalización de la droga»– como el ini­cio de un proceso de reforma institucional del sistema federal de control de drogas ilegales. La propuesta apuntaba a distinguir la cuestión de las adicciones, inscrita en el ámbito de la salud pública, de la problemática del narcotráfico, que constituye un asunto de seguridad pública. Ante las adic­ciones, el ministro sostuvo que era necesario «que el Estado elabore una política de reducción de daños» tendiente a asistir a los adictos, pero ello debía enmarcarse en una clara diferenciación en las intervenciones orienta­das a «penalizar el tráfico de estupefacientes». En su opinión, las políticas y los dispositivos de seguridad pública deben dedicarse «a la persecución (penal del narcotráfico), a la investigación del que organiza, del que vende, del que trafica, del que financia y del que hace la red de tráfico de drogas y sancionarlo con toda la dureza». Pero «si se parangona al adicto con el trafi­cante –aclaró– estamos fritos»12.

La posición del ministro Fernández estaba respaldada por la labor del Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja creado en febrero de 2008 en el ámbito del ministerio que él dirige e integrado por magistrados del Poder Judicial, fiscales federales y científicos sociales. En el primer documento elabo­rado por el Comité a favor de la reforma normativa sobre control de estupefa­cientes, quedó plasmado un duro diagnóstico sobre la situación argentina en la materia. Allí se señala que la legislación vigente durante más de 20 años «no ha podido contener la realidad del aumento exponencial de la oferta y demanda de sustancias legales e ilegales a partir de los años 90». La aplicación de esta legis­lación solo «genera impunidad y al mismo tiempo la percepción social de que la sanción punitiva por excelencia alcanza a los más vulnerables y los más débiles, esto es el consumidor», lo que se sostiene en las estadísticas del Poder Judicial, que indican que, del total de ingresos al sistema penal, casi 70% corresponde a tenencia y consumo personal de drogas, en general resultado de decomisos en la vía pública. También se señala que persisten el tránsito y el tráfico interna­cional de drogas a través del país, dado que, pese al aumento de los decomisos, «se mantienen fronteras permeables a todos los tráficos ilegales», es decir, «hay zonas de frontera sensibles» en las que se observa «una enorme corrupción que facilita negocios ilícitos de doble vía (por ejemplo, marihuana por automóviles robados, cocaína por automóviles o armas)». A ello se añade que «la represión de contrabando de estupefacientes se centra principalmente en el tráfico de las ‘mulas’», que son «el eslabón más débil de la cadena y deben padecer un maltra­to que a veces llega a la muerte»(2)

Además, el documento destaca el incremento notable del consumo de dro­gas, aun bajo una legislación que penaliza la tenencia para el consumo. «Pese a una legislación penal que desde el año 1926 castiga la tenencia para el propio consumo, lo cual ha sido reforzado por los pronunciamientos de nuestro más alto tribunal de los años 90, nunca se ha consumido más drogas y por sectores más amplios, lo que demuestra el fracaso de la política criminal adoptada.»(3)

En definitiva, la revisión crítica efectuada por Fernández de las bases con­ceptuales de la visión que enmarcó las políticas de control de drogas ilega­les seguidas hasta la actualidad da forma a un nuevo discurso, pero no a una nueva política. Una política de control de drogas ilegales asentada en los parámetros establecidos por Fernández requiere de la formulación e im­plementación de dos estrategias diferenciadas pero complementarias. Por un lado, una estrategia integral de prevención del uso de drogas ilícitas y de tratamiento de las adicciones, básicamente inscrita en las áreas de salud y desarrollo social. Y, por otro lado, una nueva estrategia de control del narco­tráfico asentada en la labor preventiva y conjurativa del sistema policial, así como en el desarrollo de una política criminal de persecución penal llevada a cabo conjuntamente con el ministerio público fiscal y la justicia criminal. ¿Cuáles son las condiciones de Argentina al respecto?

Adicciones y narcotráfico en un país de tránsito y ocultamientos

En materia de control de drogas ilícitas, Argentina atraviesa por una situa­ción de pronunciada precariedad que tiene dos dimensiones. La primera es una precariedad situacional que de­riva del incremento constante del consumo y del uso abusivo de dro­gas legales e ilegales en el país y, por ende, en la gradual estructuración de mercados minoristas altamente diversificados y diferenciados. La segunda, una precariedad institucional que se manifiesta en el desarrollo del narcotráfico como emprendimiento criminal, también en expansión y diver­sificado, con un altísimo nivel de regulación y protección estatal a través de la corrupción policial.

Esta precariedad se encuentra tenuemente encubierta por la ignorancia y el desinterés sobre estas problemáticas en los ámbitos políticos, sociales y académicos especializados, y también por la aceptación de dos relatos ínti­mamente vinculados entre sí y ampliamente difundidos. Por un lado, con una mirada conservadora, la aceptación pasiva y acrítica de que Argentina

constituye desde siempre un «país de tránsito» en el concierto internacional del narcotráfico y que, en consecuencia, ocupa un lugar marginal y distante del núcleo de dicha problemática criminal. Por otro lado, con una impronta progresista, la reproducción, también pasiva y acrítica, de la idea de que el problema internacional de las drogas es impulsado primordialmente por los países consumidores del Primer Mundo, que no han podido poner un coto al uso y abuso de drogas, y por los países productores, que han fracasado en la erradicación y en la desarticulación de los dispositivos de elaboración de drogas ilícitas. Durante los últimos años, ambos relatos han permitido ocul­tar exitosamente el hecho de que en Argentina, aun como país esencialmente de tránsito, el narcotráfico se ha transformado sustancialmente, ha crecido, se ha diversificado, se ha ido haciendo más complejo, se ha mezclado con emprendimientos sociales y económicos legales y penetrado ciertos circui­tos políticos e institucionales, todo lo cual ha estado determinado o ha sido favorecido por un conjunto de condiciones culturales, sociales, económicas y político-institucionales estructurales.

El evidente crecimiento del consumo de drogas ilegales en Argentina es reconocido oficialmente. El ya citado Comité no solo sostiene que el con­sumo de esas drogas se ha incrementado considerablemente, sino que tal consumo ha dejado de estar restringido a ciertos ambientes específicos y «se ha extendido a todos los ámbitos y estamentos geográficos, de pertenencia social, de inscripción urbana, suburbana o rural», del mismo modo que ha aumentado «el policonsumo y el retorno a sustancias psicoactivas utilizadas hace dos décadas». Todo ello ha sido favorecido por la ausencia de «políticas públicas para prevenir el consumo» que supongan la provisión de «recursos en salud para el tratamiento o la rehabilitación social, o reducir las conse­cuencias adversas del uso de drogas».

El crecimiento sostenido del consumo de drogas ilegales en las grandes ur­bes favoreció la formación paulatina de un mercado minorista creciente, continuo, expandido, diversificado y altamente rentable. Dicho mercado se ha estructurado básicamente en torno de la comercialización al menudeo de drogas ilegales entre los estratos sociales medios y altos de la sociedad ur­bana, particularmente de cocaína y marihuana. Las drogas predominante­mente comercializadas en los mercados minoristas locales son producidas en algunos países vecinos o de la subregión y son introducidas al país por vía terrestre, fluvial y aérea a través de fronteras porosas y poco controladas, como lo reconocen fuentes oficiales(4)

El almacenamiento, corte, fraccionamiento y preparación de las drogas ilega­les para su comercialización minorista se lleva a cabo en territorios y zonas controladas en forma directa o indirecta por las incipientes redes y grupos delictivos de narcotraficantes que se han ido constituyendo en áreas y barrios extremadamente pobres y altamente marginalizados de las grandes urbes, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Entre tanto, la distribución y comercializa­ción minorista de esas drogas se desa­rrolla, generalmente, en barrios y cir­cuitos urbanos de clase media y clase alta. El montaje de semejante empren­dimiento ha supuesto una labor de pla­nificación y de ejecución de mediano y largo plazo que comprende una territo­rialidad extendida e intrincada, lo que le otorgó una relativa visibilidad social y política. En sus orígenes, tal montaje solo es posible mediante la protección, regulación y autorización ilegal de las instituciones policiales de la jurisdic­ción, las que, aun con deficiencias y anacronismos, mantienen y reproducen con eficacia el control y la vigilancia efectiva de esos territorios. Es decir, lo que se ha observado en Argentina es que la tutela policial a los embrionarios

grupos narcotraficantes configuró la condición necesaria para la expansión y estabilización del mercado ilegal de drogas, debido a que permitió y ga­rantizó el despliegue y dominio territorial imprescindible. Estos grupos cri­minales no han contado con autonomía operativa respecto de la regulación ilegal del propio Estado. En gran medida, esto se debe a que la magnitud de los mercados de drogas y de los negocios ilegales es aún pequeña y no favo­rece la conformación de grupos delictivos con amplia solidez económica y con la capacidad para penetrar y controlar ciertos circuitos estatales mediante el soborno o para conformar aparatos armados que permitan mantener una confrontación violenta contra el Estado en vistas de ganar independencia y de proteger el crecimiento de los emprendimientos criminales.

El 6 de diciembre de 2007, los fiscales Mónica Cuñarro y Carlos Rívolo presen­taron una denuncia ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccio­nal de la Capital Federal en la que, sobre la base de numerosos hechos delicti­vos producidos en los últimos tiempos en ciertos barrios del centro de Buenos Aires, se daba cuenta de la connivencia y protección brindada por efectivos policiales a organizaciones de narcotraficantes que abastecían gran parte del extendido mercado minorista de cocaína de la ciudad. Luego de relevar más de 20 causas judiciales, determinaron que, desde 1999, se cometieron una serie de «graves hechos criminales en los que se enfrentan diversas bandas por el dominio del territorio y que han desatado una violencia sin igual, ante la desi­dia, omisión y fracaso» del accionar de la policía, «o tal vez su participación». En la denuncia, los fiscales destacaban que la policía había dejado «el control de varios territorios» en manos de los grupos narcotraficantes de la zona, con quienes la fuerza de seguridad mantenía «en forma clara y certera, una acti­tud complaciente, una desidia, una omisión y una íntima vinculación», todo lo cual había provocado que esas zonas se convirtieran en «un territorio sin ley ni control, ni prevención, ni atención». Los fiscales agregaban que no se trataba de «hechos aislados» sino de «una batalla por el control de un territorio propicio para el tráfico de sustancias estupefacientes»(5).

Esto revela que en la ciudad que en el pasado se sentía europea hoy se re­gistran hechos sociales semejantes a los de otras ciudades latinoamericanas, que implican la estructuración de extendidas redes y circuitos criminales de altísima rentabilidad económica al amparo de la protección o participación de la policía.

Vacíos y retos

A los episodios de corrupción policial se añaden los «problemas de coordina­ción, control y eficiencia» en el desempeño del sistema policial federal, según el Comité Científico Asesor. Este sistema está compuesto por cuatro agencias poli­ciales –la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Na­val Argentina y la nueva Policía de Seguridad Aeroportuaria–. Cada una de estas policías incluye áreas especializadas en el control del narcotráfico. El problema es que llevan a cabo las labores de inteligencia criminal y acciones conjurativas e investigativas sobre el narcotráfico de manera autónoma y segmentada.

Estas tendencias perpetúan tres vacíos institucionales notables. En primer lu­gar, la ausencia de un cuadro de situación actualizado e integral de la crimina­lidad organizada en el país –y en particular del narcotráfico– que dé cuenta, en el plano estratégico, de los aspectos fenomenológicos del narcotráfico en Argentina con vistas a la formulación de políticas estatales y, en el plano táctico, de las actividades y acciones concretas de los grupos criminales organizados con miras a una respuesta policial. En segundo lugar, la inexis­tencia de una dependencia u organismo superior del gobierno especializado en el control del narcotráfico que concen­tre, por un lado, las responsabilidades de formulación de las políticas y estrategias de control de la criminalidad organiza­da y, por otro, las labores de conducción del sistema institucional encargado de su implementación, especialmente en materia de seguridad pública e interven­ción policial. El tercer vacío institucional es la falta de un dispositivo policial uni­ficado y especializado en el control de la criminalidad organizada –y dentro de ella el narcotráfico–, lo cual, entre otras cosas, ha reproducido la fragmentación institucional reflejada en la tendencia histórica por la cual cada fuerza o cuerpo policial, o cada sector o agrupamien­to de una misma institución policial, formula e implementa sus propias estra­tegias y acciones de control del narcotráfico.

Quien se ha favorecido con estos vacíos institucionales ha sido la dea, que terminó construyendo e imponiendo un cuadro de situación y un conjunto de estrategias sobre la problemática del narcotráfico de acuerdo con sus propios intereses y perspectivas, que no siempre son convergentes con las políticas y la situación real de Argentina. Nada de ello ocurriría, por cierto, si las autori­dades gubernamentales argentinas, salvo algunas puntuales excepciones, no fuesen tan indiferentes ante los asuntos de seguridad pública ni tan permisivas ante los deseos de la dea, y si las instituciones policiales nacionales, o al menos algunas de sus secciones, no fuesen tan proclives a establecer una relación de dependencia y subordinación ante la agencia norteamericana a cambio de ayu­da económica, financiera o material, o por mero sometimiento cultural.

Estas tendencias institucionales limitan el alcance y el significado del nuevo posicionamiento del gobierno argentino ante el fracaso de la estrategia interna­cional y nacional de control de drogas ilícitas y su posición a favor de iniciar un proceso de reforma normativa orientado a la despenalización de la tenencia de drogas psicoactivas para el consumo. En efecto, la nueva posición del gobierno no constituye una razón suficiente para exculparlo de sus responsabilidades en la perpetuación de la precariedad situacional e institucional existente en Argen­tina, en particular de la poca vocación oficial en depurar y reformar las institu­ciones policiales federales y conformar un nuevo dispositivo policial especiali­zado en el control de la criminalidad compleja. Esto, sin embargo, no es tampoco una razón suficiente para excluir de la agenda política las tareas pendientes que surgen de la revisión crítica efectuada por el ministro Aníbal Fernández.

Notas:
1) Página/12, Buenos Aires, 12/6/2007.
2) Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustan­cias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja: La reforma integral de la Ley de Estupefacientes y la identificación de políticas sociales, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Buenos Aires, 2008, primera parte.
3) Ibíd., segunda parte
4) En un diagnóstico del tráfico de drogas ilegales en la Argentina elaborado en 2007 por la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas y Cri­men Organizado (Ufidro), creada en 2005 mediante un convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y la Procuración General de la Nación, se indicaba que la cocaína que ingresaba al país era traficada predominantemente por la frontera norte y provenía de los principales países pro­ductores de la región, en especial de Perú, Bolivia y Colombia. También se señalaba el ingreso de pasta base por la frontera norte del país a los efectos de comercializarla internamente o para culminar la fase productiva de cocaína en el país utilizando precursores o sustancias químicas de corte de tipo industrial. Por su parte, la marihuana provenía de los países productores de la región, particularmente de Paraguay, e ingresaba por el litoral mesopotámico y por el norte del país a los efectos de ser transportada, distribuida y comercializada internamente en los principa­les centros urbanos en los que se concentra el consumo más alto de esta droga, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Citado en Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja: «Primer informe sobre políticas públicas en materia de drogas», Ministerio de Justicia, Seguridad y Dere­chos Humanos, Buenos Aires, 2008, pp. 3-4.
5) M. Cuñarro y C. Rívolo: «Denuncia ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correc­cional de la Capital Federal», Ministerio Público de la Nación, Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006, pp. 2-6.145

Fuente: Revista Nueva Sociedad nº 222. Julio – Agosto 2009


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Petróleo y Malvinas en el debate por la soberanía

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Se reabrió la polémica por las Malvinas en un tema estratégico: la explotación petrolera. La noticia remite a inversiones inglesas en las islas argentinas usurpadas por el Reino Unido y la decisión del gobierno argentino por impedir el transporte de materiales asociados a dicha explotación. Esa medida gubernamental está sostenida en el incumpliendo inglés de acuerdos diplomáticos entre ambos países. Acuerdos que funcionaron entre 1995 y 2007 y reiteradamente incumplidos por las licitaciones de áreas petroleros habilitadas por Inglaterra en Malvinas.

Los trascendidos y declaraciones en cada país motivan las más diversas especulaciones, incluso guerreristas (al mejor estilo Thatcher en 1982) en el ambiente electoral británico, pero lo importante es la discusión sobre el uso soberano de los recursos naturales, un tema que trasciende la explotación de hidrocarburos y se proyecta a la explotación de la minería, de la tierra y su producción agrícola y ganadera, especialmente en tiempos de subas de los precios de la alimentación y deterioro de la capacidad de compra de los sectores de menores ingresos.

El capital sin fronteras

El hecho son las concesiones para explorar y explotar yacimientos establecidos en el mar argentino. Son acciones de empresas transnacionales sobre un potencial de 200.000 millones de barriles de petróleo.

No resulta ocioso recordar el peso estratégico de la producción petrolera en las condiciones del modelo productivo vigente y que la Argentina es de los pocos países que no administra soberanamente las reservas petroleras. El 90% de las reservas de petróleo del mundo son administradas por los Estados nacionales, claro que también se verifica la dependencia de la actividad petrolera de las corporaciones privadas que manejan el paquete de la tecnología del petróleo, la comercialización, el financiamiento y el transporte. No alcanza con la soberanía sobre los yacimientos, siendo estratégico el paquete tecnológico, el know how de la exploración, explotación y distribución de los hidrocarburos. Es todo un tema para pensar la cuestión energética desde un enfoque alternativo, pues no solo se trata de recuperar la petrolera estatal, sino de articular un trabajo de ciencia y técnica en el marco de la cooperación e integración regional.

El episodio que comentamos articula a la Empresa Desire Petroleum y uno de sus principales accionistas: la Banca Barclays, entidad financiera organizadora seleccionada por el gobierno argentino para la reapertura del canje de la deuda externa en cesación de pagos. Se trata de una combinación de dos temas centrales, la explotación petrolera y la negociación de las acreencias externas. Convengamos que la cuestión involucra a socios locales de la iniciativa inglesa, ya que el detenido embarque de tubos sin costura provenía de la empresa Techint. Este consorcio actúa en la explotación petrolera en territorio argentino a través de Tecpetrol y cabe el interrogante si el intento exportador de Techint no inhabilita el accionar del grupo en la explotación petrolera en nuestro país.

Es un razonamiento extensivo a la actividad petrolera inglesa, de la Barclays y la banca británica, como de todas las empresas externas, especialmente inglesas, que operan en el país. Recordemos que existen disposiciones de la Secretaría de Energía que prohíbe expresamente operar en la plataforma continental argentina sin habilitación de autoridad competente de nuestro país, situación que incluye a las empresas “controlantes, controladas, accionistas, y asociadas”.

Pensar y actuar soberanamente

Son cuestiones a considerar en el marco de la recrudecida crisis de la economía mundial, donde se discute la cuestión fiscal de Europa, el déficit de los estados europeos y su financiamiento por la banca europea. La respuesta del capital y los Estados hegemónicos a la crisis pasa por el ajuste de las cuentas públicas afectando salarios y gasto estatal social, y por una nueva escalada de la ofensiva del capital por la expansión de la explotación de fuerza de trabajo y recursos naturales.

Es tiempo para pensar en la administración soberana de la economía, en soberanía alimentaria, energética y financiera. Lo que estamos sugiriendo es combinar acciones diplomáticas con un debate sobre la soberanía del orden económico local. ¿Es acaso utópico pensarlo, cuando la tendencia es al alza del precio del petróleo, de las tasas de interés (ahora aumentadas por la Reserva Federal de EEUU) y de los precios de los recursos naturales? El debate no es ocioso, máxime cuando el país está negociando el tratado de libe comercio entre el Mercosur y Europa para suscribir en Mayo en los fastos del bicentenario.

El asunto es que no son discusiones distintas, el libre comercio que afecta y afectará a la debilitada industria local es parte de la estrategia ofensiva del capital mundial por la expansión de su actividad en recursos naturales, finanzas y comercio.

Lo que sugerimos es la oportunidad para la discusión sobre la organización económica local sobre bases de soberanía, ahora que se acaba de anunciar el funcionamiento de una articulación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central para redefinir el “modelo productivo” surgido de la cesación de pagos de fines del 2001 y de la devaluación de comienzos del 2002. De allí vino el gran crecimiento económico de los últimos años. Se sostiene ahora que además de dólar alto hace falta financiamiento para ampliar la inversión y la acumulación.

Pretendemos argumentar que no sirve engordar el mismo modelo productivo. Se requiere avanzar en otro sentido, donde el eje sea la soberanía y la satisfacción de necesidades sociales que fundamentan la extendida pobreza en la Argentina.

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Argentina: Petróleo y soberanía

Orlando Pascua (ACTA)

La empresa británica Desire Petroleum ha instalado una plataforma, la Ocean Guardian, en el norte de las Malvinas, para comenzar a perforar en la base marítima de esa área, donde habría una reserva millonaria de petróleo.

Según versiones periodísticas británicas, por estudios sísmicos se calcula que existirían unos 18.000 millones de barriles de crudo bajo las aguas del Mar Argentino y 350 mil millones en toda la Argentina.

Llamativamente, el anuncio de esta inminente exploración, -que no solo es un atropello a nuestra soberanía, sino que anticipa el brutal despojo de recursos naturales del que seremos víctima- no fue reconocido ni valorado en su verdadera dimensión por la mayoría de los medios de comunicación nacionales, que apenas si le dedicaron unos escasos centímetros en los diarios y les concedieron aún más escasos minutos en los noticieros televisivos y radiales, para informar, casi con indiferencia, que el gobierno argentino emitió una enérgica protesta por este acto unilateral británico y que dicha protesta fue rechazada por el Reino Unido con igual intensidad.

La defensa de nuestro territorio y la de nuestros recursos naturales son una misma cosa y están directamente relacionadas con nuestra calidad de vida, y con la de nuestros hijos y la de las futuras generaciones de argentinos.

Es necesario que el tema sea puesto en las mesas de debate nacional, porque Malvinas es la representación más evidente de la Soberanía violentada, Malvinas está ligada a ese proceso político que avaló la enajenación de los recursos naturales y culturales de nuestro pueblo, Malvinas es la evidencia de ese proceso de entrega y vergüenza.

Los argentinos deben saber que esto que aparece hoy como noticia en los diarios, en realidad no es una novedad, es el resultado de más de 30 años de imposición y aplicación de un modelo económico neoliberal depredador que atenta contra la soberanía, el desarrollo sustentable, la identidad de los pueblos, las conquistas sociales y los derechos humanos. Basta con revisar algunos hechos relevantes de las últimas décadas en Malvinas para comprender qué nos pasó y qué no nos puede volver a pasar a los argentinos.

El petróleo de Malvinas

"Hacia 1975, el Reino Unido ya había dejado ver sus apetencias por los recursos hidrocarburíferos, mineros y pesqueros del archipiélago malvinense. Cuando se desencadenó la guerra, en 1982, existían trece informes científicos internacionales que señalaban la importancia petrolífera de la cuenca sedimentaria de la que forman parte las Islas Malvinas.

En 1989, para reiniciar las relaciones, que se habían interrumpido tras la guerra, el Reino Unido y la Argentina firmaron los Acuerdos llamados “de Madrid”, donde supuestamente se “congelaba” la discusión de la soberanía por las Malvinas.

Sin embargo, desde entonces, los británicos se mantuvieron muy activos en la zona; contrariando los acuerdos suscriptos, ampliaron hasta 200 millas su Zona Económica Exclusiva y hasta 350 millas su Plataforma Continental, que abarca 3.500.000 km2 en la zona en torno a Malvinas.

En 1995, Argentina y Gran Bretaña firmaron un Acuerdo de Cooperación Petrolera, por el cual se crearía una zona especial al sudeste de las Malvinas, que sería explorada y explotada en conjunto -además, nuestro país accedió a todas las demandas comerciales con el Acuerdo de Pesca de Calamar (nos autolimitamos a pescar este molusco, principal recurso de los habitantes de las islas).

Cinco días después de la firma de los acuerdos petroleros, los kelpers licitaron 19 áreas y concedieron 12 contratos, presentándose cerca de medio centenar de compañías. Un año más tarde, el gobierno isleño entregó 7 licencias de exploración off-shore. Así comenzó la primera etapa de la fase exploratoria, etapa culminada en 2001.

En 2007, cuando estaba por cumplirse el 25º aniversario de la guerra de Malvinas, el gobierno de Néstor Kirchner dio por terminada la cooperación con Gran Bretaña en materia de exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, amparada bajo el “paraguas de soberanía” que rige las relaciones diplomáticas desde 1990. Según las explicaciones oficiales, desde que se firmó la Declaración conjunta argentino-británica de 1995 en cooperación hidrocarburífera, Inglaterra y la Argentina no coincidían en el área en que se cada país podía operar, por lo que aquel país concedía permisos de manera inconsulta con el argumento de que, merced a ese acuerdo, contaba con el aval argentino para hacerlo. También, ese mismo año, prohibió a las hidrocarburíferas operar en aguas argentinas sin permiso. Se entiende que ello comprende a las Malvinas.

Los recursos naturales son el tema crucial en todo el planeta. El afán de dominio de los recursos naturales fue, es y seguirá siendo el gran detonador de conflictos. Hoy, alimentos, agua y energía, encabezan la lista de los bienes más codiciados, les siguen, entre otras riquezas, minerales y biodiversidad. La Argentina es privilegiada, lo sabemos: tiene de casi todo, abundante y variado. Pero esos bienes naturales están en general mal aprovechados, son mal conocidos y explotados, no existe una planificación racional para su aprovechamiento y, por ende, los resultados que se obtienen no satisfacen el interés nacional, que no es otro que el interés de todos sus habitantes.

El modelo neoliberal aplicado en la Argentina dejó muchas y profundas cicatrices, y uno de los que resultó más castigado es el sector energético, por ser el más avanzado y rentable. La pérdida de las riquezas y el poder que derivaban de la gestión de las empresas estatales del sector al servicio de los intereses populares, se convirtió en una de las más espectaculares resignaciones de soberanía política de que se tenga memoria".

(Todo lo anterior entrecomillado es parte de un esclarecedor documento emitido por la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, FeTERA/CTA)

Decreto 256/2010

Es de destacar la contundencia del decreto 256/2010 ya que ratifica una ves mas nuestro derechos soberanos sobre las Islas del Atlántico Sur, al establecer que “Todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente”.

Es extenso el camino en recorrer, luego del conflicto bélico de 1982 que produjo un gran retroceso en las negociaciones diplomáticas, pero si se entiende y comprende que Malvinas debe ser una Política de Estado y que primero debemos recuperar esta Gran Malvinas que es la República Argentina, estaremos en el Bicentenario de la Patria comenzando a hacer realidad los sueños de miles de compatriotas que a lo largo de estos doscientos años lucharon por un país soberano, autónomo, federal, democrático, de equidad y fraternidad, a pesar de tanto cipayismo y entrega.

Orlando Pascua es Secretario Adjunto de la CTA Corrientes; Coordinador Red Compromiso Social por Malvinas.

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Síndrome de Estocolmo: Definición, historia, doméstico y laboral

Elena Luz González Bazán (especial para ARGENPRESS.info)

Este trabajo fue publicado en octubre del 2005, en este tiempo muchos han consultado sobre este tema en nuestro portal, por ello, nos pareció importante hacer un relevamiento un poco más abarcador: como el que puede tener también en las situaciones domésticas y en el contexto laboral.

Este síndrome fue vértice para dar explicaciones a una etapa negra en la Argentina, que fue justamente, la última dictadura militar (24 de marzo de 1976 – 10 de diciembre de 1983).

Por lo tanto, esta nota trata esa problemática política y social que atravesó la sociedad, la implantación del terrorismo de Estado y sus efectos: uno de ellos fue el SINDROME DE ESTOCOLMO.

Protagonizada, en su mayoría, por mujeres que se involucraron sentimentalmente: secuestradas y secuestradores. Torturadas y torturadores, violadas y violadores. En este escenario complejo hubo una cantidad de casos no desdeñable, no encontrando respuestas satisfactorias a dichas conductas.

Aquí nos adentramos en qué es el Síndrome de Estocolmo, su historia, casos resonantes, incluido actuales

Esta historia se inicia con sus protagonistas Kristin y Olafson, y un final: la unión entre captor y secuestrada.

Se afirma que: Expuesto a situaciones límites, el instinto de supervivencia lleva al ser humano a recurrir a impensadas formas de preservar su vida: desarrollar lazos de afecto, con aquel que la amenaza, es una de ellas.

Por esto se confirma que, este Síndrome de Estocolmo es el nombre por el que se conoce un curioso efecto de identificación que, en ocasiones se da entre el secuestrado y su secuestrador.
La historia

En el mes de septiembre de 1973, Clack Olfsson toma como rehenes a todos los se hallaban dentro de una institución bancaria en la capital de Suecia.

Para quienes fueron sus rehenes pasó a ser una persona por la cual abogaron sus propios capturados. Su buen comportamiento y la justicia de los móviles que lo llevaban a hacer esa toma hicieron que los propios rehenes pidieran por su libertad.

Pero, indudablemente, en aquel 1973, lo que más quedó fue la imagen de un hombre y una mujer besándose y que conmovió al mundo. La fotografía no hubiera causado sensación si no fuera porque fue captada durante la liberación de la toma de rehenes en el banco de Estocolmo, Suecia; y tuvo como protagonistas a Kristin y Clack Olofsson secuestrada y secuestrador respectivamente.

Tiempo más tarde, la prensa dio a conocer un final de telenovela: la mujer había roto su compromiso matrimonial para unirse definitivamente a su ex captor. Pero podemos agregar, que la identificación de Kristin llegó al límite, pero los otros rehenes también se sintieron identificados con su apresador.

A medida que se fueron conociendo casos, la ciencia médica y psico – sociológica fue adentrándose para dar una caracterización a esta realidad.

Por ello, se tejió una teoría psico-sociológica a la que se denominó Síndrome de Estocolmo en recuerdo del primer caso estudiado.

Pero, en realidad, el término y la propia problemática se popularizaron con el secuestro de Patricia Hearst, descendiente del emporio Hearst.

En este caso Patty, nacida en San Francisco en 1954, nieta de William Randolph Hearst, magnate de la prensa norteamericana y promotor de la prensa amarilla, fue secuestrada por el Ejército Simbionés de Liberación, surgido en California en 1973. Pidieron un rescate exagerado, la familia entregó alimentos para los pobres por un valor de 6 millones de dólares. No hubo noticias hasta el 5 de abril de 1974, cuando con un rifle de asalto es fotografiada y con una indumentaria y aspecto físico diferente. Se sostuvo que había cambiado sus ideas a las de los raptores. Se libró orden de captura y en septiembre del año siguiente fue apresada.

En el juicio, el 20 de marzo de 1976, Patricia Hearst sostiene que fue encerrada, cegada en un armario, se la abusó física y sexualmente, por estos motivos decidió colaborar y comprometerse con el grupo subversivo.

El juzgado le dio condena y luego fue indultada por el ex presidente Bill Clinton.

Debido a este hecho, y el primero que fue el de Kristin y Olofsson, donde se establecen lazos de afecto extraños y se identifican las víctimas y victimarios, se lo bautizó como Síndrome de Estocolmo.

A nivel psicológico los especialistas lo explican como “una estrategia inconsciente de supervivencia que se da en casos de extrema indefensión”.

Las guerras, dictaduras y grandes genocidios son, quizás, las situaciones límites que mejor ilustran la definición del término. Según la Licenciada Alejandra Bo de Besozzi, psicoanalista especializada en catástrofes colectivas, “en estos casos el ser humano llega a adaptarse a cualquier circunstancia en pos de preservar la vida. Ya no están en juego los valores o la ética, sino el instinto de supervivencia”.

En este sentido los especialistas coinciden: cuando existe Síndrome de Estocolmo, el oprimido tiende a sentirse agradecido hacia su opresor porque éste le perdona la vida y termina, sin darse cuenta, identificándose con sus conductas y pensamientos. “Esta identificación tiene que ver con una situación de extremo desamparo psíquico”, explica la Licenciada Bo de Besozzi, “a nivel inconsciente, se produce una regresión al desvalimiento del nacimiento, un apego emocional a la figura del opresor para mantener la vida”.

El captor toma una figura paterna: es el que da de comer, el que “cuida” y el que establece los límites. Una vez que están libres, los rehenes que pasan por este estado suelen también relativizar los hechos o justificarlos.

Para la Licenciada Mónica Dohmens, especialista en psicología jurídica y victimologia y especialista en Violencia Familiar de la UBA, cualquier persona puede padecer este síndrome. “Una personalidad más lábil va a estar más expuesta, pero nadie está exento porque la imposición del otro es muy fuerte. Uno queda sometido ciento por ciento a sus decisiones: mi vida o mi muerte están en sus manos”, afirma.

En el caso de la violencia familiar

El concepto de Síndrome de Estocolmo se usa también para describir la situación de una mujer víctima de la violencia familiar (Síndrome de Estocolmo Doméstico, SIES-d); o para referirse a las sociedades que son víctimas -pero cómplices- de gobiernos autoritarios.

“En el ámbito doméstico, el encierro no siempre es metafórico”, asegura la Licenciada Dohmens, “incluso puede llegar a darse el cautiverio. A veces un marido golpeador encierra a su mujer con llave”. El denominado SIES-d presenta además la particularidad de darse en el seno del hogar, con actores unidos por un vínculo previo. “Pero sigue siendo una relación basada en el abuso de poder del que manda -en este caso, el marido- que es el que fija la ley, como el secuestrador en el secuestro”.

Además la especialista resalta que en ambos casos se observan características en común: cautiverio (aún si la persona no está literalmente encerrada pide permiso para todo), dependencia emocional, sometimiento y una relación ambivalente afecto - violencia.

El victimario, por su parte, recurre a diferentes métodos para manipular a la víctima -el marido para obtener información sobre su mujer y el secuestrador para pedir dinero, ver con qué integrante de la familia le conviene hablar o ejercer presión”.

Un caso en Buenos Aires

Uno de los rehenes tomados en la sucursal Flores del Banco Itaú, en julio de 2001, contó públicamente que las pizzas que él y el resto de los rehenes compartieron con sus secuestradores fueron como una comida entre amigos. Ese no fue el único absurdo de las cinco horas que duró el encierro. Uno de los captores dejó salir a una chica que tenía un parcial en la Facultad y hasta se mostró preocupado porque su rehén no había estudiado. Otro integrante de la banda ofreció $100 a uno de los cautivos para pagar la cuenta del celular que le había usado y le pidió que atendiera los llamados de la madre y la tranquilizara, así es el relato de la crónica policial.

Vale aclarar que los asaltantes recalcaron en todo momento que “le estaban robando al banco y no a la gente”. Incluso, de acuerdo al relato de un testigo, uno de ellos explicó que “le faltaban $3.000 para terminar de construir la casita”. La Licenciada Bo de Besozzi, afirma que “en la Argentina influye, además, una identificación que tiene que ver con ‘ponerse del lado de', porque hay una subjetividad social que vale para todos: todos nos sentimos vulnerables a la exclusión social. Esa implicancia hace que todos nos sintamos amenazados y el capturado termine hermanándose con el sentimiento de su captor”.

En esto de identificarnos de un lado o el otro, hagamos una digresión, se visualiza a nivel político actual, se está con un lado u otro del espectro político, se es golpista o popular. Se desmerece a aquellos que teniendo una visualización más clara de la realidad política no tienen compromiso con unos ni otros.

De tipo ideológico: Caso en Gagdad

La identificación de la víctima también puede ser de tipo ideológico, tal como sucedió con las italianas Simona Toretta y Simona Pari, secuestradas por un grupo de iraquíes mientras desarrollaban tareas humanitarias en Bagdad, Irak. Sanas y salvas declararon, públicamente, compartir las ideas de sus captores y se mostraron comprensivas con los motivos de su propio secuestro, calificado “de guante blanco” por el trato “cordial” que recibieron.

Otro caso más reciente

La liberación de la ex candidata colombiana Ingrid Bentancourt tomada como rehén junto a su amiga y compañera de fórmula Clara Rojas, quienes en pleno cautiverio tendrán problemas y no volverán a comunicarse entre ellas. Clara Rojas mantiene una relación con un guerrillero de las FARC, de quien hoy tiene un hijo.

Cualquiera sea la causa del Síndrome de Estocolmo, las consecuencias son muy similares. “Muchas personas empiezan a padecer pánico o agorafobia, por miedo a que el episodio se repita”, explica la Licenciada Dohmen. Pesadillas, flashbacks, cuya traducción sería destellos otra vez de lo vivido, insomnio y reclusión también son comunes a quienes han coexistido la experiencia de mantener un vínculo estrecho con sus victimarios. “Algunos secuestrados necesitan asistencia, pero otros no quieren hacer un tratamiento y, finalmente se recuperan” explica Dohmen. En cambio, para Bo de Besozzi “la persona se adaptó a cosas que violentan la autoestima y provocan humillación, vergüenza. Por lo que estos hechos no pueden ser narrados a nadie, excepto al terapeuta, por la valoración social negativa que implican”. En todos los casos el tratamiento parece ser el mejor camino para evitar que los efectos postraumáticos se prolonguen en el tiempo y el patrón del vínculo se repita en situaciones futuras.

Volviendo a la violencia familiar

La situación de violencia contra la mujer ha crecido, esto lo podemos verificar en distintas estadísticas y relevamientos que hemos ya ampliamente desarrollado en otros trabajos periodísticos.

La prensa ha comenzado a tratar más seriamente estos temas, crecen las denuncias por maltratos y ha subido el porcentaje de muerte de mujeres a manos de sus parejas o maridos.

Por otro lado, diversos factores contribuyen a que los contornos del fenómeno se expongan a la luz pública pero en muchas ocasiones el silencio de la víctima y el mutismo, a pesar de observar el problema, de quienes le rodean, obstaculizan la búsqueda de soluciones.

Entre los elementos que mantienen a la mujer en silencio sobre el maltrato que está sufriendo se encuentran diversos procesos paralizantes generados y mantenidos por el miedo, la percepción, por parte de la víctima, de una ausencia de vías de salida de la situación de tortura, y la carencia de recursos alternativos, sobre todo en el caso de mujeres con hijos que no vislumbran, por causas variadas, un apoyo externo viable.

Montero, Presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia de España, asevera lo siguiente: En muchos casos puede observarse que tanto mujeres de perfil social considerado más independiente como aquellas otras de dependencia más ligada a un núcleo familiar del tipo que sea, comparten la reacción paradójica de desarrollar un vínculo afectivo gradualmente más fuerte con sus agresores, llegando al punto de asumir las excusas esgrimidas por el agresor tras cada paliza y de aceptar sus arrepentimientos, retirar denuncias policiales cuando han tenido un momento de lucidez y las han presentado, o detener procesos judiciales en marcha al declarar a favor de sus agresores antes de que sean condenados.

Esto verifica que el síndrome de Estocolmo, continúa, es un conjunto de reacciones psicológicas observadas en personas sometidas a cautiverio mediante las cuales las víctimas acaban manifestando una paradójica adhesión a la causa de los secuestradores, estableciéndose cierto tipo de procesos de identificación entre rehenes y captores e, incluso, desarrollándose lazos afectivos y de simpatía en el marco del contexto traumático del secuestro. En muchos aspectos, es posible establecer un paralelismo muy claro entre la emergencia de vínculos paradójicos en experiencias de personas sometidas a secuestro y en mujeres que sufren violencia en la intimidad, a modo de un Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia Doméstica.

Aislamiento

En este sentido, Montero dice que: Igual que las personas en períodos prolongados de aislamiento durante un secuestro, las mujeres maltratadas sufren una exposición constante al miedo que provoca la agresión física continuada en su espacio íntimo. Los iniciales estados agudos de ansiedad se cronifican pasando a generar cuadros depresivos que se unen a las claves traumáticas del escenario de violencia para producir una configuración en donde la mujer, cada vez más aislada del mundo seguro que conocía junto a su pareja íntima, comienza a perder la noción de una realidad que ya no reconoce. La ruptura del espacio de seguridad en su intimidad, consecuencia de la conversión de su pareja de referente de seguridad y confianza a fuente de agresión y peligro, será el eje de desorientación sobre el que pivotará la incertidumbre acerca de cuándo y porqué se producirá la siguiente paliza. La mujer, ante estas perspectivas, pierde la capacidad de anticipar adecuadamente las consecuencias de su propia conducta y cede, cada vez más, a la presión de un estado de sumisión y entrega que le garantiza unas mínimas probabilidades de no errar en su comportamiento. El agresor mostrará momentos de arrepentimiento que contribuirán aún más a desorientar a la víctima y a incrementar la auto culpabilización de la mujer. La incapacidad de la víctima para poner en práctica recursos propios u obtener ayuda externa para disminuir el riesgo de agresión impulsará a la mujer a adaptarse, vinculándose paradójicamente a la única fuente que percibe de acción efectiva sobre el entorno: su pareja violenta.

Para ello, disociará las experiencias negativas de las positivas y se concentrará en estas últimas, asumiendo la parte de arrepentimiento de su agresor, sus deseos, motivaciones y excusas, y proyectando su propia culpa al exterior de la pareja, protegiendo así su debilitada autoestima y modificando su identidad. Después, cada una de las percepciones e informaciones que reciba la mujer pasarán por el filtro del nuevo modelo mental que ha asumido para explicar su situación, complicándose en gran medida las probabilidades de extraer a esa víctima del entorno de violencia. En mujeres con relaciones personales muy limitadas al espacio doméstico, cuyas oportunidades de intercambio en otros ámbitos estén restringidas, la percepción de su espacio vital puede ser bastante similar a la de un cautivo, concluye.

Todo esto lleva a que este especialista español nos comente que en la Universidad Autónoma de Madrid, un equipo de investigación dirigido por José Antonio Carboles lleva adelante un trabajo de campo para colaborar en buscar las formas y métodos que contribuyan a encontrar procedimientos que desactiven dicho síndrome. Ya que el mismo se detecta con facilidad pero desactivarlo es complejo. Aquellos que primero se conecten con la víctima, ya sea los centros de salud o bien juzgados o policías u otros deben saber identificar el problema y darle apoyo a la mujer para que salga de lo que se denomina: dinámica circular que la mantiene expuesta a la agresión.

Hay un tema que es claro para la mujer golpeada, maltratada y es que se auto culpabilizan por la situación, que guardan silencio sobre el maltrato, que justifican, que se avergüenzan, que el vínculo afectivo es fundamental a la hora de encontrar en los golpeadores un justificativo para hacerlo. Aunque ella esté en condiciones deplorables luego de la golpiza.

Los especialistas hacen mención a la importancia del apoyo social, la calidad de la información que reciban las mujeres que son expuestas al maltrato y la forma que se trasmite la información pertinente. Se necesita generar espacios de seguridad que sustituyan a los que vive la víctima golpeada y sometida.

En lo laboral

Se lo conoce al Síndrome de Estocolmo también como Síndrome de Helsinki y puede ser rastreado en el ámbito laboral.

Pose características particulares, se encuentra estrechamente vinculado a los sucesos que originaron su nombre, por eso sostienen los especialistas que: El síndrome de Estocolmo Laboral no es otra cosa que la conducta de apego, identificación e incluso vinculación psico-emocional del individuo o grupo de éstos a empresas cuyas condiciones de trabajo y/o estilos gerenciales son hostiles, inadecuadas e incluso reprochables.

Afirman también que el Síndrome de Estocolmo Laboral se diferencia del clínico porque “la victima” no ha sido forzada o sometida a cautiverio por un tercero, entre otras expresiones asociadas a éste, por el contrario ha ingresado por su entera voluntad y se mantiene atada a ese escenario ya sea porque es incapaz de concebir su vida sin las presiones, maltratos y limitaciones que encuentra en él o bien porque es absorbida por una cantidad, a veces inverosímiles, de razones que le impiden deshacerse del mismo, independientemente de que en ambos casos observan ventajas dentro del escenario que coinciden con sus expectativas.

En este sentido algunas estadísticas afirman que hay porcentajes elevados de aceptación de este contexto represivo y hostil, presuponen que hay que soportar esta situación.

En el caso de nuestro país, la realidad de desocupación abultada, a pesar de los anuncias presidenciales, hace que muchos trabajadores y sin conciencia como tales, maniatados por amplias burocracias sindicales y sin participación, seguramente prefieren soportar antes que revelarse.

En este sentido también podemos afirmar que muchos trabajadores no luchan por sus reivindicaciones, y sin embargo, terminan gozando de la lucha de sus compañeros.

En este caso ¿Cómo explicamos el Síndrome de Estocolmo laboral?

En cuanto a la identificación emocional de los empleados con las empresas forma parte de un trabajo publicitario y de prensa de las mismas empresas, que fuerzan a los trabajadores a que se involucren como si fueran dueños de la empresa y sin embargo, son simples empleados.

Entre las razones que arguyen pueden destacarse las siguientes:

• Como conocen al jefe saben como manejar la situación
• Hay pocas posibilidades de encontrar otro empleo en la actualidad
• Con el tiempo uno se acostumbra
• Es el estilo de la empresa
• No hay otras opciones
• Mejor esto que nada
• Me gusta lo que hago, no la empresa.

El síndrome de Estocolmo Laboral es un fenómeno más común de lo que parece, se observa en personas de todo tipo, nivel de educación, diferentes edades y niveles de maduración, por lo general está asociado a la baja autoestima, dicen los especialistas, pero su característica más extraordinaria es la identificación con un estilo gerencial que pone en riesgo su salud física, mental y emocional.

A esto debemos agregar, no poseen conciencia como trabajadores, se sientan más allegados a la clase media, aquellos que son empleados, que conformando parte del movimiento obrero, porque estar enrolado colectivamente, lo compromete.

En definitiva este Síndrome de Estocolmo puntualiza una situación social profunda en distintos ámbitos de la vida, pero que cada realidad se expresa independientemente una de la otra.

La captura de un rehén en un caso de secuestro con violaciones y situaciones coercitivas duras, la violencia familiar, la realidad social de humillación en el ámbito laboral, no implican que haya de ninguna de las partes una situación de libertad.

Forzar no es sólo raptar, forzar es la extorsión que se ejerce ante la falta de trabajo. Sino, pensemos en el trabajo en negro, en las conquistas laborales que se han despilfarrado por parte de las patronales.

En todos los casos, no todos soportan y entran en las características del Síndrome de Estocolmo, miles de secuestrados no se enredaron jamás con sus secuestradores, miles de mujeres golpeadas no permitieron los golpes, millones de trabajadores no soportan el avasallamiento.

El Síndrome de Estocolmo es una herramienta más del sistema para doblegar voluntades, ya sea en la represión, en la violencia familiar y laboral. Es un proyecto político de doblegación para poder explotar mejor a la sociedad.

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Las causas de la inflación y cómo combatirla

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Los capitalistas y funcionarios acaban de “descubrir” la carestía, pero la carne, la leche, los quesos o el pollo registraron aumentos del 20 al 30% en los últimos sesenta días. El crecimiento de la inflación viene en ascenso desde 2005. Durante 2009, las tarifas y combustibles –que inciden en toda la cadena de precios– tuvieron aumentos exorbitantes. El gas oil, utilizado en los fletes de productos, aumentó un 36%. Las tarifas eléctricas o de gas para usos industriales lo hicieron en un 20 a un 25%. Los monopolios del comercio o la industria trasladan directamente esos aumentos al precio de sus productos. El aumento de estas tarifas es el resultado de la reducción de los subsidios oficiales. Directa o indirectamente, los consumidores pagan a los pulpos de la energía lo que éstos recibían del fisco. La bancarrota fiscal de los K es pagada por los trabajadores.

La inflación está empujada, también, por las tasas astronómicas de interés, que es también el resultado de la bancarrota del Estado, que financia el pago de la deuda pagando intereses usurarios. Esta carga va a parar al precio final de los electrodomésticos, la indumentaria o, incluso, los alimentos, en el caso de los supermercados.

La carne

Los ganaderos ya han advertido que los aumentos de la carne “llegaron para quedarse”. El vicepresidente de Carbap los justificó porque “el costo de oportunidad (rendimiento económico) del cultivo de la soja es inigualable”. Lo había ‘pronosticado’ De Angeli: “si quieren lomo, que paguen 80 pesos”. El esquema de controles de precios, cuotas de exportación y subsidios se ha venido abajo. La reducción de subsidios ha disminuido la producción intensiva y subsidiada de vacunos en corrales. Boudou justificó la carestía como un “reacomodamiento de precios”. Llambías, el jefe de las CRA, señaló que “el Estado debe asegurar un consumo de proteínas mínimo para la población necesitada” y “liberar el resto de la producción cárnica”. Los cortes “regulados” abundan en hueso y son los de menor rendimiento para la mesa familiar. Si avanzan en este acuerdo, los “nacionales” y los “oligarcas” habrán asestado otro golpe a las posibilidades alimentarias de los trabajadores.

El único “control de precios” vigente

El “reacomodamiento” de precios está lejos de haber concluido. El presupuesto diseñado para este año reduce los subsidios tarifarios en un 14%, o sea que plantea nuevos aumentos en los combustibles, la electricidad o el transporte. La preocupación de los capitalistas es controlar el único precio que les importa: el de la fuerza de trabajo, los salarios, que pretenden someter a “controles”. Aníbal Fernández responsabilizó por la inflación al “subsidio universal por hijo”, que no representa más que el 2% del consumo del país. Los K condenan ahora el subsidio miserable con el que hicieron autobombo durante varios meses.

Después del derrumbe de los controles oficiales, el combate a la inflación plantea la apertura de los libros de los pulpos agropecuarios, industriales e hipermercados; impuestos progresivos a toda la cadena de producción agrícola y ganadera y, en primer lugar, a la propiedad del suelo, cuyo valor real es sesenta veces mayor que el valor fiscal; por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para impulsar una reorganización industrial y agraria de acuerdo a los intereses de la mayoría nacional.

Defendamos, por sobre todas las cosas, el salario: vigencia irrestricta de las paritarias; por paritarios electos en asamblea; el ajuste con la inflación pasada y la indexación mensual de los salarios están a la orden del día.

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