viernes, 26 de febrero de 2010

Terrorismo de Estado

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Colombia es presentada siempre como una democracia modelo, un país que a lo largo del siglo pasado solo había sufrido un golpe militar, con elecciones periódicas y unas instituciones muy sólidas inspiradas en los más puros principios del estado de derecho. Las inocultables y graves diferencias sociales, la pobreza y otros males que desdibujaban este idílico panorama se justificaban por su condición de país subdesarrollado. Pero la guerra interminable (con sus inocultables episodios de guerra sucia), el interés que despierta el fenómeno del narcotráfico y en particular la política de “seguridad democrática” de Uribe Vélez hacen muy complicado aceptar sin más la imagen positiva que difunden los medios.

Algo debe fallar en los cimientos de esta “democracia modelo” cuando el tráfico de narcóticos alcanza una dimensión tan desmesurada invadiendo todo el tejido social, pervirtiendo la moral de trabajo, convirtiéndose en uno de los motores de su economía y creando una cultura del dinero fácil y la justificación de cualquier medio que garantice el éxito, sin excluir el asesinato y la masacre. Una sociedad que se descompone con tanta facilidad sugiere que sus estructuras básicas padecen una crisis profunda. El sistema, sencillamente no es capaz de eliminar sus propias toxinas.

Mucho más relevante resulta el prolongado conflicto armado frente al cual los sucesivos gobiernos oscilan entre ofertas de rendición a los insurgentes a cambio de algunas ventajas materiales y la negación categórica de su existencia, desconociendo sus raíces sociales y convirtiendo a los guerrilleros en un simple grupo de delincuentes y bandidos. Además, ya es práctica habitual por parte de las autoridades vincular con la guerrilla a opositores y movimientos reivindicativos, algo que no corresponde a un régimen democrático y de paso suscita preguntas inquietantes. En efecto, si tales vínculos son falsos, el gobierno miente y hace uso de métodos autoritarios que convierten la oposición en una actividad de alto riesgo y –lo que es mucho más grave- expone a los señalados a la acción criminal de los paramilitares y sus socios en las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. Pero si la acusación de connivencia o simpatía con la guerrilla es cierta, cabe preguntarse el motivo por el cual opositores, activistas sociales y movimientos reivindicativos hacen causa común con una insurgencia que según la versión oficial se reduce a un simple grupo de bandoleros.

También pierde credibilidad la explicación gubernamental que coloca al Estado y sus fuerzas armadas como protectores de una ciudadanía sometida al fuego cruzado de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes a quienes se combate por igual. La verdad es que cada día se confirman los vínculos estrechos del Estado con la guerra sucia y el paramilitarismo y sus responsabilidades innegables frente al surgimiento y expansión del tráfico de narcóticos. Términos como “narcoestado” y “estado paramilitar” se han vuelto populares. Y no sin razón. Los cambios institucionales introducidos en las últimas décadas (y en particular durante la administración de Uribe) no solo contrarían la Carta Magna que la actual administración ha retorcido a su gusto para beneficio propio, sino que chocan con el ideario liberal clásico por su deslizamiento hacia formas particulares de un fascismo criollo en expansión: se desmantela la institucionalidad, se limitan los derechos personales, se concentra el poder político en un ejecutivo que tiene sometido por completo al poder legislativo e intenta hacer lo propio con el poder judicial, reduciendo al ostracismo los últimos reductos de un grupo de jueces que persisten en la defensa de un Estado de Derecho que ellos se sienten en la obligación de defender.

El muy criticado “Estado de opinión” que hoy propone Uribe como supuesta culminación del Estado de Derecho en realidad no es otra cosa que un “estado de manipulación” apoyado por la clase dirigente y bien promocionado por los medios, propiedad de los poderes locales y de grandes multinacionales como los grupos españoles Prisa y Planeta que ya controlan lo fundamental del espacio informativo del país.

El reciente informe de Human Rights Watch confirma más allá de toda duda la responsabilidad gubernamental en relación a unos grupos paramilitares que no han desaparecido como sostiene el gobierno sino que siguen delinquiendo en las mismas condiciones de impunidad de antes, contando con autoridades que hacen la vista gorda y que en no pocas ocasiones están involucradas ellas mismas en las actividades delictivas de las ahora llamadas “bandas emergentes”. En el mismo sentido se han pronunciado varias delegaciones parlamentarias europeas y hasta los socios de Washington acaban de llamar la atención a Bogotá, incómodos con la generalización de la violencia contra las organizaciones sindicales y campesinas.

La cadena de escándalos sobre la violación de los derechos humanos en el país hace ya imposible entonces que el Estado intente eximirse de sus responsabilidades. A estas alturas es insostenible la versión oficial según la cual el asesinato de civiles que se presentan luego como guerrilleros dados de baja (los “falsos positivos”) corresponde siempre a casos excepcionales, manzanas podridas a extirpar del cesto impoluto de un ejército respetuoso de la ley y que tiene inclusive un departamento de “derechos humanos”. Pero la verdad es que formar grupos paramilitares es una vieja tradición gubernamental en Colombia. Ciertamente que nunca como hoy el fenómeno había alcanzado tal dimensión (con la directa asesoría de oficiales y mercenarios estadounidenses) pero con diversas denominaciones ha sido una práctica oficial habitual. Fomentar estos grupos forma parte de la estrategia militar y explica la colaboración permanente entre militares y paramilitares adelantada contra poblaciones que real o potencialmente pueden resultar simpatizantes de la insurgencia.

El deterioro de la legalidad en todas sus esferas reduce día a día los pocos espacios democráticos que quedaban en el país. Con amarga ironía un dirigente obrero afirmaba que en Colombia resulta menos arriesgado organizar una guerrilla que fundar un sindicato. Y razones no le faltan a juzgar por el interminable rosario de asesinatos de sindicalistas reportados entre otras por la OIT. Defender presos políticos, denunciar la violación de los derechos humanos, hacer uso de la libertad de expresión y condenar los crímenes oficiales acarrea por lo general malas consecuencias. Organizar un movimiento cívico, una marcha pacífica, una manifestación estudiantil o una huelga se puede saldar con cárcel, despidos, persecución, señalamiento, exilio o muerte, ya sea a manos de las “fuerzas del orden” o como la enésima víctima de las bandas armadas de la extrema derecha.

Existen pues muchos factores que llevan a pensar en la democracia colombiana como un ente al borde de convertirse en un estado autoritario con visos de ir a peor y en donde la guerra sucia, convertida en política oficial no merece otro calificativo que terrorismo de Estado, es decir, una política destinada a someter a la población a través del miedo y la violencia indiscriminada. Muy complicado lo tendrá un gobierno nuevo que salga de las próximas elecciones si es que se consigue derrotar al oficialismo. Ahora bien, si la estrategia de la “seguridad democrática” se mantiene (con o sin Uribe en la Casa de Nariño) nada promete mejores días a la sociedad colombiana. Las perspectivas no pueden ser más pesimistas y, sin duda, el terrorismo de Estado aparece desde ya como uno de los mayores obstáculos atravesados en el camino de la paz.

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Gambito político a la colombiana

Octavio Quintero (especial para ARGENPRESS.info)

Estoy de acuerdo con el presidente Uribe. Políticamente pareciera lógico que seamos todos los colombianos quienes debamos decidir si queremos que Uribe continúe o no gobernándonos. El engendro de la “Seguridad Democrática” no saldrá derrotado con un fallo de la Corte Constitucional adverso a la reelección presidencial. Este es un asunto de Soberanía Electoral que, si de mi dependiera, no delegaría en nadie por ningún motivo.

Cualquiera que analice el funcionamiento de las instituciones colombianas, especialmente tras la reelección de Uribe, hallará que el daño ya está hecho. Y el resarcimiento no corre por cuenta de una Corte que en el 2006 consintió la reelección, a sabiendas de que procedía de mala fuente, tanto legal como constitucional.

Nuestra historia no puede quedar signada por un sátrapa a punto de proyectarse a la historia como el Presidente que, infortunadamente, no alcanzó a curarnos de todos los males del alma y del cuerpo porque la Corte Constitucional, en un acto de irresponsable desconocimiento de la voluntad popular, se lo impidió.

¡No, pues, qué Bolívar ni qué nada!…

Que Uribe salga a decir que… "Creo que está bien que los colombianos digan si están de acuerdo o no con la reelección", no es más que el inicio de una cantaleta que nos perseguirá hasta la muerte, y pasará a la historia como el más grande estigma de lo brutos que fuimos. Kant se levantará de su tumba y nos proclamará como el pueblo alienado más grande de la historia al actuar en contra aún de nuestro propio beneficio. Ya el presidente Uribe se lo anticipó a los alcaldes del país cuando les dijo: “Ojalá el próximo Presidente los quiera tanto como yo”.

¡No, qué tierno!

Que la Corte venga a decirnos ahora lo que debió haber dicho hace cuatro años cuando la primera reelección, no me hace gracia. La violación de la Constitución, en una parte tan esencial dictaminada por el Constituyente de 1991 cuando prohibió la reelección, ya fue dada. Y puede repetirse con el mismo argumento. Si la Corte del 2006 fue capaz de desconocer la voluntad del constituyente primario, qué tanta diferencia haría que la Corte del 2014 desconociera la sentencia de la Corte del 2010, dando nuevamente vía libre a la reelección de quien, para entonces, nos gobierne a nombre de la “Seguridad Democrática” que esa sí, con o sin Uribe, será reelegida.

El tate quieto a dejarnos seguir manoseando por Uribe o su reencarnación, sólo puede quedar cerrado si fuéramos capaces de derrotar en las urnas el engendro de la “Seguridad Democrática” que, tras el plausible motivo de garantizarle a los más ricos la movilidad a sus fincas y haciendas, y con ella, la verdad sea dicha, la nuestra, de vez en cuando a visitar un familiar fuera de la ciudad, nos ha cercenado todos los demás derechos, entre ellos los más esenciales: salud, educación, trabajo y vivienda.

Lo irónico y paradójico de todo esto es que, si la Corte declara inconstitucional el referendo, ciertamente saca de competencia a Uribe, pero a renglón seguido deja escapar del cubilete una caterva de uribitos, todos confesos y dispuestos a seguir con el embeleco de la seguridad democrática.

Esto parece un gambito favorable al régimen, y vamos derecho a la trampa.

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Nuevo Gobierno en Chile: La fragilidad del sistema político

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Es importante para las fuerzas que combaten al neoconservadurismo en Chile y en la región, reconocer a tiempo la naturaleza del fenómeno político que permitió posicionar al multimillonario empresario Sebastián Piñera en la presidencia.

Piñera, que asume este 11 de marzo, enfrenta una división ideológica entre derecha e izquierda todavía profunda dentro de un sistema político frágil y cuestionado.

Durante la campaña presidencial, la política encarnada en el rol de los partidos exhibió claros síntomas de fatiga. Chile tiene un registro electoral de avanzada edad y son millones los jóvenes que no están inscritos, porque textualmente no confían en el sistema político. Casi la mitad del actual padrón electoral, representa el número de no inscritos. Se espera que la nueva ley electoral de inscripción electoral altere el status quo.

Los 20 años de gobiernos de la coalición de centro izquierda, han permitido la normalización a un costo muy alto desde el punto de vista político.

Chile no tiene aún un sistema político normal donde cada voto tiene el mismo peso.

El peculiar modelo chileno, se rige bajo un sistema de elección de escaños de representatividad determinado por mayorías de dos coaliciones, llamado binominal.

Si otras fuerzas políticas no se suman a estas dos grandes coaliciones que monopolizan la representatividad en el electorado, tienden a perecer, y en la práctica como ha sucedido, algunos de sus candidatos (as) podrá obtener hasta un 20% de votos en un particular distrito, igualmente no será elegido por al llamado doblaje de las dos coaliciones mayores.

Este sistema electoral proviene de la constitución de la dictadura militar que en Chile no ha sido reformulada en forma completa, tema que divide a la nación, quizás más que cualquier otro, porque para la derecha significa entregarle a la izquierda excluida –comunistas, socialistas allendistas, socialistas históricos, izquierda cristiana- un espacio de participación que altera la gobernabilidad.

El binominalismo, es una figura de ingeniería electoral magistral del ideólogo de la extrema derecha chilena Jaime Guzmán, fundador del partido más poderoso en Chile, con 39 diputados, la bancada más grande del congreso.

La Democracia Cristiana, para alterar la exclusión de este sistema electoral, acepta en 2009 por primera vez entrar en un pacto electoral de coalición con el Partido Comunista. Este pacto permitió elegir por primera vez en 20 años tre diputados comunistas.

Algunos analistas sostienen que considerando el antecedente anticomunista de la democracia cristiana, el pacto significó una pérdida de votos claves en esta colectividad que contribuyó al triunfo de la derecha.

Considerando las distorsiones políticas de un sistema monopolizado por dos coaliciones, Piñera se ha centrado en anunciar mejoras en la administración del estado.

Esta iniciativa no es menor, y salvando los contextos, representa de cierta manera la vía de Charles de Gaulle cuando es elegido en 1958 para superar una crisis política en Francia, y decide mantener una distancia funcional de los partidos políticos.

Para Piñera, justicia y eficacia, se combinan en una idea de gobierno pragmático superando las barreras ideológicas para obtener la unidad nacional de una sociedad todavía no reconciliada de los efectos del golpe de estado y la dictadura militar de 17 años.

Son ideas muy similares a las planteadas por De Gaulle en una Francia todavía convulsionada por la Segunda Guerra y su propia guerra en Argelia.

Con el nuevo gobierno en Chile hay que ser cauto.

Solamente por el clima generado en torno a nominaciones de excelencia técnica y académica en su gabinete, se vislumbran señales de una nueva cultura de gestión.

La medida se ajusta a la filosofía política del presidente electo de mantener a los partidos políticos en la funcionalidad que les corresponde en el parlamento y en la intermediación con la población.

Piñera no ve a los partidos políticos formando parte integral de ese diseño amplio de administración del aparato del estado.

Tomando en cuenta las evaluaciones de los 20 años de gobiernos de la Concertación, el exceso de pluralismo y diversidad en gobiernos que deseaban reafirmar la apertura a la democracia, generó también un exceso de debate y políticamente se “enredaron” en la madeja partidista con sus demandas.

Los partidos, con todos los defectos, son una estructura política fundamental para el ejercicio de la democracia, sin embargo son también fuente de conflictos por varias razones.

Primero, el antecedente de que los partidos en la región, con algunas excepciones, forman parte de la estructura del poder oligárquico que no se ha erradicado y que por el contrario, ha parecido revivir con las crisis del capitalismo y la globalización.

Segundo, los partidos políticos en la región no se desprenden de las prácticas de estructuras de poder blindadas y autoritarias por causa de la guerra fría y la lucha contra la insurrección comunista. Mantienen resabios de partidos “infiltrados” por una ideología universal de luchar contra el comunismo.

Tercero, el planteamiento de crear una sociedad más justa y equitativa, se mezcla con la doctrina anti insurreccional y de alineamiento con las potencias occidentales, desnaturalizando el propósito de formar una ideología autónoma en beneficio de solucionar los problemas de la región.

Cuarto, los partidos políticos con estos rasgos, al no exhibir una historia de autonomía ideológica, los convierte en estructuras frágiles para legitimar el gobierno de la naturaleza que sea.

Piñera, en el contexto chileno, pareciera percibir esa fragilidad y que no resulta en un eficaz aliado para una buena administración del estado. Se refugia en el mantra de la tecnocracia y la gestión lo más desprendida posible de la presión de los partidos.

La oposición de las fuerzas de centro izquierda que deja el gobierno este 11 de marzo es una gran incógnita. Se sabe que serán oposición, aunque no se sabe cómo.

Por su parte la coalición que asume, sorprende tanto por sus anuncios como por las incógnitas que deja. Hasta hoy no se le conoce un programa de gobierno para los cuatro años con sus especificidades.

No obstante, un gasto social contenido o reducido por el déficit fiscal que hereda y combate a la delincuencia han sido las primeras señales de la nueva administración que asume este 11 de marzo.

La mezcla puede ser explosiva, porque en la combinación de factores podrían confluir la presión popular por mayor gasto social y los visos de un gobierno autoritario.

La línea divisoria entre combate a la delincuencia y supresión de protestas sociales en gobiernos tipificados de derecha ideológica -por la experiencia en la región- es mínima.

Para obtener resultados, las fuerzas de oposición deberán operar con un sigilo igual o superior al que Piñera está decidido a usar, y hasta el momento no se observa un esfuerzo deliberado por demostrarlo.

Será por el período de vacaciones de verano que hace relajar las tensiones, entre las dos coaliciones que han monopolizado el poder en Chile por 20 años, hasta ahora se ha formado una gran incógnita acerca de sus posturas de cómo van a disputar la validez de sus principios.

Foto: Chile, Política - La presidente de la República, Michelle Bachelet, acompañada por el presidente electo, Sebastián Piñera, participó en la clausura de la Cumbre de la Unidad América Latina y el Caribe. / Autor: José Manuel de la Maza - Presidencia Chile

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La Resistencia movilizó miles de hondureños en las calles: ”Hay un aparato paramilitar en Honduras”, Rafael Alegría

Dick Emanuelsson - Mirian Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Aproximadamente 100.000 hondureños marcharon hoy jueves en Tegucigalpa, capital de Honduras, rechazando el terror fascista y también la “Comisión de Verdad”, un invento de la administración de Obama para desviar la atención de los verdaderos problemas y los autores del golpe de estado militar el 28 de junio de 2009.

La movilización popular fue la primera vez sin la presencia física en el territorio nacional desde el 21 de septiembre cuando logró ingresar el presidente Manuel Zelaya. La marcha fue una contundente confirmación de la gran convocatoria que tiene el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en las masas hondureñas.

Tampoco se asustó el pueblo de Morazán por la ola de terror convertido en asesinatos, secuestros y torturas de dirigentes de medio nivel del FNRP y del movimiento popular, lo cual ha sido registrado como 260 violaciones de los derechos humanos desde que asumió la presidencia Pepe Lobo el 27 de enero de 2010.

”Hay un aparato paramilitar en Honduras y no hay duda que tiene vínculos con la policía, dice RAFAEL ALEGRÍA, uno de los lideres destacados del Frente Nacional de la Resistencia Popular en la entrevista que reproducimos en video a través de YouTube.

”Lo importante es que el pueblo hondureño sabe que el actual gobierno es un violador de los derechos humanos que mantiene la estructura oligárquica pero que el pueblo esta decidido de dar una gran batalla en lo político, económico y lo social.

Apareció el embajador estadounidense en la oficina

Hace unos días Rafael Alegría se reunió con varios senadores estadounidenses y el embajador de EE.UU. en Tegucigalpa, Hugo Llorens. La reunión fue criticada por varios sectores de la resistencia, incluso comentaristas de Radio Globo y TV-Globo que sostenían que es una forma de legitimar el papel sucio y doble que ha jugado la administración de Casa Blanca en relación al golpe de estado en Honduras. Pero Alegría se defiende:

”Hugo Llorens y los senadores estadounidenses llegaron a la oficina de Vía Campesina. No podíamos decir que no llegaran”, dice y se ríe y cuenta que también el querido Dr. Juan Almendares estaba presente.

”Fuimos categóricos de que el sentimiento del pueblo hondureño al principio consideraba que era un buen gesto del gobierno norteamericano cuando no reconocieron el gobierno (de Pepe Lobo) pero después cambió su decisión y apoyó las elecciones. El pueblo hondureño estaba descantado con el gobierno de Estados”, resume Alegría en la siguiente entrevista completa.

http://www.youtube.com/watch?v=dCAxERl1z70

A continuación unos extractos de entrevistas con diferentes representantes del movimiento popular hondureño:

La Megamarcha el 25 de febrero de 2010 en video

El pueblo de Tegucigalpa salió a pesar un normal día de trabajo y llenaron las calles de la capital, cantando, bailando y gritando también su furia contra los verdugos de un pueblo que se levantó el 28 de junio de 2009 y que no se va a dejar humillar y ser asesinados por el viejo poder. La Resistencia mostró los músculos y su impresionante convocatoria.

http://www.youtube.com/watch?v=nBczeqNaaFc

Noemí Pérez, COFADEH, alerta sobre la ola de terror: “A Pepe Lobo no le interesa lo que pasa en Honduras”

Cofadeh integra junto con otros organismos de derechos humanos y movimientos sociales en Honduras la Plataforma para los Derechos Humanos. En una rueda de prensa en la sede de Cofadeh el miércoles pasado los autores del último informe relatan en Honduras y bajo la presidencia de Pepe Lobo se han cometido más de 260 violaciones de los derechos humanos relacionados a la lucha social y política en el país, hechos que el movimiento popular hondureño considera como tendencia a un terrorismo de estado.

“A Pepe Lobo no le interesa lo que pasa en Honduras. No creemos que nadie va a llegar a arreglar el país cuando sabemos que tenemos una gran cantidad de muertos”, dice NOEMÍ PÉREZ y menciona el asesinato el miércoles pasado de la compañera Claudia Brizuela, 39 años e hija de Pedro Brizuela, legendario líder popular sindical y del Partido Comunista de Honduras que en la década -90 se disolvió para integrar el partido Unificación Democrática, UD.

http://www.youtube.com/watch?v=UpsccGt8qjk

“Unámonos en un Frente Amplio”, dice Carlos Eduardo Reina, coordinador de liberales en Resistencia

El 27 de enero salió de Honduras con rumbo a Republica Dominicana el presidente Manuel Zelaya Rosales. El nuevo presidente Porfirio Lobo le dio un salvoconducto al “Comandante Vaquero” que el pueblo cariñosamente le llama a su presidente. CARLOS EDUARDO REINA fue asesor político por ‘Mel’ pero desde el golpe de estado esta en la calle, defendiendo la orden constitucional y la representación liberal en la Resistencia.

“El pueblo ya no le cree a la fiscalía, a la corte suprema de justicia, solo cree que la Constituyente pueda dar credibilidad a nuestras instituciones”, dice Reina al respecto de que el fiscal de la nación, Luis Rubí, ordenó un requerimiento del presidente Zelaya y varios de su ministros por supuesta corrupción. Pero Reina y el mismo presidente Zelaya en un comunicado en la noche del miércoles pasado, sostienen que la decisión del Fiscal es una venganza política de Pepe Lobo por no haber sido invitado a la cumbre del Grupo del Río en Cancún, México como único mandatario latinoamericano del Caribe.

En la entrevista el dirigente liberal admite que no solamente Manuel Zelaya sino una gran parte de la Resistencia quizás tenían fe en el papel de Obama, una confianza que fue fatal en el sentido que el régimen de facto logró su meta; dilatar cualquier proceso dibujado por la Casa Blanca y la derecha extrema de Estados Unidos.

“Las fuerzas que tenemos en la Resistencia, Cuiedémolas, todas son valiosas y unámonos en un Frente Amplio”, concluye Reina en la siguiente entrevista:

http://www.youtube.com/watch?v=AnjQRxyyrSk

¿Será premiada Leni Fajardo, la incansable reportera de Radio Globo?

A nuestra querida colega y compañera, LENI FAJARDO, esta propuesta como la mejor reportera del año por uno de los mejores premios para el periodismo en el mundo. Y podemos confirmar lo merecido un premio es a la compañera por su impresionante labor de reportar día tras días durantes 243 días que el pueblo de Honduras ha estado en la calle desde el golpe de estado el 28 de junio de 2009. Y donde esta el pueblo esta Leny.

Sus reportes “Online” ha sido un invaluable aporte en la movilización y para mantener el resto del afuera la capital informando lo que pasa en Tegucigalpa, ni hablar el apoyo moral que significa un periodismo que esta al lado el pueblo. Y la dictadura le tenía miedo a Leny y sus compañeros de trabajo en Radio Globo, por eso fue pisoteada la supuesta expresión de libertad durante los meses de abierta dictadura y la radio cerrada. Pero Leny y los colegas de Radio Globo nunca fallaron en su tarea de transmitir, incluso por Internet cuando los militares tumbaron las puertas, poniendo los tacos de sus botas en la cabeza de Franklin, el operador del mixer de Radio Globo, pero nunca pudieron callar la Voz de la Resistencia durante estos meses nefastos por la libertad de Honduras. El mismo heroísmo y lealtad a los verdaderos principios del periodismo mostraron también los colegas de Radio progreso, Cholusat Sur y varios otros medios que no se doblegaron ante las amenazas de muerte y de terror.

Y Leny ha estado literalmente al lado el pueblo durante estos largos y duros meses, bajo el sol, los toletes y los gases ha sufrido pero siempre, como el pueblo, ha regresado a las trincheras callejeras para reportar sobre la situación para la Abuelita de la Resistencia, las amas de casas de las colonias, los sindicalistas, los maestros y en los informes el infaltable Rafael Alegría o Juan Barahona. Gracias a un periodismo que relata los suecos, que hace que el radioescucha casi siente el olor de los gases tóxicos o el solazo cruel o que ponen los hechos contra la manipulación, la desinformación o las abiertas mentiras en los canales de televisión, emisoras o los diarios que todos conocemos, pues ahí ha estado Leny, que con su voz y sus entrevistas del pueblo-pueblo ha logrado romper el cerco del terrorismo mediático a través de solo contar la verdad lo que nos hace recordar las palabras del Che: “Los revolucionarios no tenemos miedo de la verdad”. Leny realmente ha aplicado esa frase del legendario y heroico guerrillero.

http://www.youtube.com/watch?v=twkgiun2CLg

La lucha de Vida o Muerte en el campo hondureño

FREDY MARADIAGA es dirigente del sindicato SITRAINA, trabajadores en el Instituto Nacional Agrario. La sede del instituto fue tomada por los sindicalistas y los campesinos organizados en Honduras ya el 29 de junio de 2009 en protección a los expedientes elaborados durante varios años por los trabajadores del INA y los campesinos. La toma duró 92 días y las 60 personas que pasaron en las instalaciones durante estos largos días y meses fueron tomados presos por la policía y el ejército cuando estos violentaron las instalaciones a principio del mes de septiembre.

En este momento se enfrenta el campesinado, sobre todo en el Valle del Aguán, en la zona norte en el departamento de Colón, con los magnates de los agroindustriales representados por tres grandes terratenientes, entre ellos Miguel Facussé, acusado por la Resistencia de ser uno del grupo de oligarcas detrás el golpe de estado. Posee de miles de hectáreas cultivando Palma Africana que efectivamente acaba con el pancoger (frijoles, arroz, papa, yuca, etcétera) del campo y transforma el campesinado a simples jornaleros en un monocultivo que trae como consecuencia que el país le toca a importar la comida mientras Facussé, en alianza con el narcopresidente Álvaro Uribe, produce aceite.

Foto 1: Autora: Mirian Huezo Emanuelsson
Foto 2: Obra del fascismo en Honduras. Asesinada Claudia Brizuela, activa miembro de la resistencia e hija del legendario líder popular comunista Pedro Brizuela. / Autor: COFADEH

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México: El sindicalismo combativo, contra los líderes venales y el gobierno que los apoya

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Ayer la líder del PRI, Beatriz Paredes, pronunció un discurso, en el aniversario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), defendiendo los derechos obreros y reiterando que su partido se opondrá a cualquier reforma laboral que lesiones los intereses de los trabajadores. Son tan bien hechos los discursos de los políticos que sólo quedaría aplaudirlos si no supiéramos el significado de la histórica demagogia que en México quiere decir engaño, espectacularidad, cinismo y desvergüenza. Dicen siempre: “defenderemos a los obreros hasta con la vida”; pero sólo hasta el momento en que llegan las negociaciones de aprobar una ley antiobrera, anticampesina, para aumentar impuestos o el IVA, a cambio de una gubernatura, tres senadurías o 10 diputaciones.

2. El PRI, como partido centrista, durante su vida ha sido maestro de la demagogia porque aprendió a moverse entre dos aguas: entre la socialdemocracia maromera y la derecha empresarial. Antes que naciera la CTM en 1936 era la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM), fundada en 1918 y dirigida por Luis Morones, la que se encargaba de pastorear y someter a los obreros poniéndolos al servicio del gobierno mexicano. Nunca los obreros tuvieron la oportunidad de ser libres porque siempre las poderosas organizaciones oficiales los manipularon como querían; pero además, como la clase gobernante les creó leyes muy protectoras, las luchas independientes, muy minoritarias –con o sin represión- jamás pudieron representar una real alternativa

3. La CTM, la organización obrera más importante del país, cumplió ayer 74 de vida. Durante ese largo periodo ha sido encabezada por Lombardo Toledano, su fundador en 1936-1941 para entregársela luego a Fidel Velázquez que se mantuvo en la secretaría general 56 años (1941-97) –exceptuando el breve período de tres años de Fernando Amilpa (1947-1950). Velázquez fue la figura central de esa organización y al morir fue sustituido por el ex obrero electricista Leonardo Rodríguez Alcaine: 1997-2005 y por el burócrata abogado Joaquín Gamboa Pascoe que continúa en el cargo heredado. A pesar del funesto papel que para los obreros ha tenido la CTM y su dirigencia, por lo menos durante medio siglo fue puntal del presidencialismo mexicano.

4. A través de los años se han registrado movimiento obreros independientes que han salido a la calle a luchar contra el liderazgo en la CTM y demás lideres charros o traidores de sindicatos (“charros” son en México los líderes vendidos al gobierno). La realidad es que las batallas de los electricistas, ferrocarilleros, profesores, mineros, trabajadores universitarios, por más valiosas o heroicas que lograron ser siempre fueron fácilmente sometidas por el Estado por la represión y por su aislamiento. La CROM de 1918 a 1936 y la CTM de 1936 hasta la fecha siempre cumplieron como denunciadoras o represoras al servicio del gobierno en turno. Cuando el gobierno sintió que algunas organizaciones salían de la CTM –que llegó a agrupar a más de tres millones de obreros- decidió formar en 1970 un llamado Congreso del Trabajo para reaglutinar.

5. Si las palabras de la líder priísta no fueran la demagogia pura el gobierno no se atrevería a imponer ninguna reforma derechista de la ley del Trabajo porque tras la CTM, o a su lado, todos los trabajadores evitarían la desaparición de los contratos colectivos, de decenas de conquistas sindicales de padres y abuelos, del derecho de huelga, de estabilidad en el empleo y, sobre todo, del derecho de sindicalizarse. Una reforma a la ley del trabajo en beneficio de los empresarios (contratación individual, por días u horas y trabajo a destajo) que Fidel Velázquez de la CTM y el “monseñor” Carlos Abascal (presidente de los empresarios luego secretario del Trabajo) fueron confeccionando y acomodando de acuerdo al neoliberalismo entonces encabezado por el presidente Zedillo. Aunque la Ley no ha sido aprobada hace varios años que se aplica.

6. Con el PAN no hay bronca, puesto que los gobiernos de Fox y Calderón –como gobiernos empresariales- representan ese proyecto de reforma laboral privatizadora que tanto han dañado a los trabajadores; el problema es con esa demagogia priísta –muy parecida a la del PRD- que siempre busca quedar bien con los trabajadores mientras en los salones de Los Pinos, en San Lázaro o en las salas del Senado –dándoles las espaldas al pueblo- negocia con el gobierno reformas a cambio de sus equivalentes. La realidad es que esa reforma no debe pasar, no debe ser aprobada para legitimar los fuertes golpes a los trabajadores. Sin embargo no hay una fuerte oposición del sindicalismo independiente, sobre todo en estos meses que los electricistas, los mineros, los trabajadores de IMSS, han sido terriblemente violentados por el neofascismo.

7. Aunque los sindicatos no han sido la vanguardia de lucha contra el capitalismo, son organizaciones de masas que deben apoyarse porque representan a la colectividad de los trabajadores para defenderse de la explotación y la opresión. Luchar por fortalecer los sindicatos no es apoyar a sus líderes corruptos o charros; al contrario, es luchar contra ellos y toda su estructura para instalar la independencia y la participación horizontal y directa de los obreros en su organización. No permitamos que el PAN y el PRI impongan esa reforma reaccionaria a la Ley del Trabajo porque va a significar más sometimiento sindical, mayor explotación y más miseria. Nadie puede creer en las palabras de la líder del PRI porque seguramente después corrió a Los Pinos para negociar con el presidente más gubernaturas, senadurías o diputaciones a cambio.

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Los galpones del Bicentenario

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

“No hay maestro cierto ni auténtico si no trabaja por la liberación de los pueblos (1)” aseveró Francisco Arancibia en octubre de 1970.

“A cada alumno nuevo que se presenta a la escuela de Barbiana, Don Milani le provoca diciéndole que, a lo sumo, conocerá doscientas cincuenta palabras, mientras el patrón conoce unas mil, y que ésta es una de las razones por las cuales sigue habiendo patrones y esclavos”, afirma Meri Franco-Lao en el prólogo de Cartas a una profesora (2).

Pedro Luis Barcia de la Academia Argentina de Letras señaló: “Es muy difícil recuperar el lenguaje de los adolescentes y jóvenes. Hace diez años dominaban un vocabulario de 1.200 palabras, ahora solo de 600 (3)”.

Un informe de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) indica que seis de cada diez jóvenes argentinos poseen dificultades para comprender textos y acceder a conocimientos (4).

Paulo Freire escribió: “Los hombre no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Más sí decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el mundo, decirla no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres (5)”.

Me parece que está claro que en la Argentina predomina la pedagogía del silencio. Las escuelas del Bicentenario se han convertido en “galpones” al servicio de la plutocracia.

“Que se porten bien, aunque no aprendan nada”, insistiría Romina De Luca.

Y esa, tal vez, es la síntesis de la política educativa que desean para nosotros… Los criminales se disfrazan de progresistas.

Digo pedagogía del silencio… no porque no se hable sino porque las escuelas (mayormente) resultan un monólogo que introyecta en nosotros las ideas del amo.

Es necesario discutir sobre políticas educativas en este Bicentenario.

Del “catecismo de los pueblos libres” de Mariano Moreno poco ha quedado. La revolución de 1810 sucumbió inconclusa.

Alicia Fernández sostiene: “La institución educativa promueve maestros y profesores que, como aprendientes, sufran inhibición cognitiva, para que, como enseñantes, puedan ser exhibicionistas. Es decir, maestros que resignen su posibilidad de pensar, de cuestionar, de elegir, y que “vomiten” las informaciones-conocimientos (6)”.

En la Argentina del Bicentenario también hay que repensar qué educadores formamos… La plutocracia pretende “docentes profesiones de calidad”; pero la realidad exige recrear (entre quienes apostamos por la democracia) una práctica educativa que humanice el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Si en diciembre de 2008 un informe del Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) advertía que el 37,5 % de los pibes argentinos menores de 18 años pervivían empobrecidos (7)… me pregunto como sobrevivirán hoy (Asignación Universal por Hijo mediante) si la diferencia de ingresos entre los que más ganan y los más pobres creció de 26,5 a 28, 2 veces (8).

El diario La Nación título el sábado 20 de febrero: “Sólo la mitad de quienes tiene ingresos recibe más de $1500 por su principal ocupación”. “Esto está mostrando un país donde crece el segmento de los trabajadores pobres, que ganan por debajo del salario mínimo y por debajo de la canasta básica que, medida con los precios reales, no con los del Indec, ya se ubica en casi 1700 pesos para una familia tipo”, subraya Victoria Giarrizzo del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) (9).

Indicadores K, economía concentrada, empobrecimiento masivo, pedagogía del silencio y escuelas hechas galpones. Ese es vuestro Bicentenario.

Quiénes diseñan nuestra política educativa es un interrogante clave…

Darío Balvidares responde: “La definición de la políticas educativas a nivel global y para los países latinoamericanos y del Caribe surgen de las grandes corporaciones en asociación con los llamados organismos internacionales (10)”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) produjeron a inicios de los ´90 el documento “Educación y conocimiento: Ejes para la transformación productiva con equidad”. Y actualmente como “La educación para todos y los objetivos del milenio” no vienen dando los resultados esperados la UNESCO sugiere: “Llegar a los marginados (11)”.

María de Pauli es precisa: “Para lograr un orden social sustentable o, una sociedad más justa (términos que por lo que hemos detallado para Tedesco significan lo mismo) los educadores deberán formar para la decencia a los desposeídos y para la solidaridad a los poseedores (12)”.

El cinismo es enorme. “Llegar a los marginados”, recomienda la UNESCO.

Ana Lorenzo es concreta y clara: “El lenguaje economicista concibe a la educación como bien y servicio que puede ser comprado en el mercado. Ahora este lenguaje –el corpus teórico del neoliberalismo- fue difundido primero por el Banco Mundial (BM) y luego tomado por la UNESCO en una versión más pedagogizado. Siempre digo que hay dos vertientes del neoliberalismo pedagógico: la del Banco Mundial seguida por fundaciones en Argentina como FIEL; otra más tecnocrática y seductora, que es la de la UNESCO, seguida por fundaciones otrora prestigiosas y progresistas pero que en los últimos tiempos “tecnocratizaron” su discurso (13)”.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) nació en 1957 por iniciativa de la UNESCO en plena Guerra Fría y hoy en su sede de Argentina tiene a la Fundación Ford y a la Fundación Repsol YPF como “a las instituciones con las que FLACSO se ha asociado”.

Es imprescindible descubrir quiénes diseñan nuestras políticas educativas en nombre de la “democracia y la equidad”…

Señor Eduardo López (UTE-CTERA) sea más riguroso en los datos que brinda. En Santa Fe el presupuesto educativo no es del 36 % como usted dice (14). Juan Pablo Casiello de Amsafe Rosario destaca: “En el ejercicio 2007 –último año de la gestión de Jorge Obeid (en Santa Fe)- se destinó a educación un 29,1 % del gasto global del presupuesto provincial. Esa cifra fue descendiendo en los dos primeros años de la actual gestión y el presupuesto 2010 prevé destinar a educación sólo el 25 % (15)”.

Al parecer- en efecto- Hermes Binner y Mauricio Macri aplican similarmente el más crudo neoliberalismo educativo. Parafraseando a Ana Lorenzo: Macri aprendió del Banco Mundial y Binner de la UNESCO.

En la Argentina del Bicentenario las escuelas no deben ser galpones al servicio de la plutocracia.

El desafío –en definitiva- es el de siempre: o democracia o capitalismo.

A decidirse que el tiempo apremia.

Notas:
1) La oruga sobre el pizarrón. Francisco Isaura Arancibia, Maestro. Eduardo Rosenzvaig. Ediciones del Pensamiento Nacional. 1993
2) Shapire Editor Colección Mira. 1974.
3) Señalan que los actuales contenidos de la TV afectan la educación de los niños. Radiodifusiondata.com.ar. 12/09/07
4) La Capital. 18/12/07
5) Pedagogía del Oprimido. Paulo Freire. Siglo XXI. 49º Edición. 1997.
6) La sexualidad atrapada de la señorita maestra. Alicia Fernández. Nueva Visión. 6ta. Reimpresión. Marzo 2005.
7) Casi cuatro de cada diez chicos sufren la pobreza. La Nación. Silvia Stang. 03/12/08
8) Aumenta la brecha entre ricos y pobres. La Nación. 20/02/2010
9) Sólo la mitad de quienes tiene ingresos recibe más de $1500 por su principal ocupación. La Nación. 20/02/2010
10) La democracia entre preguntas. Diez entrevistas de Andrés Sarlengo. 2009.
11) Las consecuencias de la crisis económica, tema central de la reunión internacional sobre “Educación para Todos”. Rosario3.com. 18/02/2010.
12) Véase el artículo “Desconfíe, siempre desconfíe” de Andrés Sarlengo y comprobará que tan “solidarios” pueden ser los “poseedores”.
13) Entrevista a la Lic. Ana Lorenzo. Mundo Docente. Revista Virtual de Osplad. Agosto 2005.
14) “Así no empiezan las clases”. Página 12. Laura Vales. 21/02/2010
15) Sobre el presupuesto educativo. Juan Pablo Casiello. La Capital. 14/12/09

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Argentina, Santa Fe: Reutemann, “la reserva moral del país”

Indymedia

Esa fue la forma en que el diputado nacional por Santa Fe Federal, Daniel Germano, definió a su líder político Carlos Alberto Reutemann. Ante tamaño título, vale preguntarse por las acciones políticas que lo llevaron a conseguirlo. Entre sus aventuras más conocidas, se cuentan la privatización del Banco de Santa Fe, las muertes en el Diciembre de 2001 y las inundaciones en la capital provincial. Pero hay más, para quien guste saber.

Germano (1) no tuvo una reacción aislada. Los grandes medios de comunicación parecen ávidos de instalar al ex gobernador de Santa Fe como figura presidenciable para 2011. Y “el Lole” no se queda atrás, ya que subido al caballito mediático, las pocas veces que habla públicamente genera escándalos. De hecho, la frase de su diputado fue una de las tantas consecuencias de otra suya no menos feliz: "Los argentinos vamos a estar contentos con tal de que cuando se vayan en 2011 no se hayan afanado la Casa Rosada y la Plaza de Mayo", en referencia a la presidenta, Cris
tina Fernández, y su marido, Néstor Kirchner, aunque después intentó desmentirlo diciendo que se refería al líder de la CGT, Hugo Moyano.

Ahora resulta que Reutemann es la reserva moral del país. Y más allá del primer impulso a pensar “¿y entonces qué le queda al resto?”, cabe preguntarse acerca de si su acción de gobierno amerita tamaño título.

Sus comienzos

Luego de abandonar su carrera deportiva como corredor de Fórmula 1, y con todos los aportes que eso le brindaba como estrella de la farándula, el Lole inicia su actividad política en el Partido Justicialista. De la mano del entonces presidente Carlos Saúl Menem, llega al cargo de gobernador de la provincia de Santa Fe en 1991, puesto que ocupará hasta 1995.

En aquellos primeros años de fiesta menemista, Reutemann apadrinó políticamente, entre otros, a Jorge Massat, intendente por 6 años de Villa Ocampo y luego Senador Nacional en 1993, hasta el 2000, en que tuvo que renunciar a su banca por denuncias de evasión impositiva, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. (2)

En su pueblo de origen se generó otro de los grandes escándalos de la época: los millones destinados en subsidios al Ingenio Arno, supuestamente para salvar la fuente de trabajo de los habitantes de Villa Ocampo y que fueron malversados. Todo eso, más la estrecha asociación de Reutemann, Massat y el ex ministro del Interior de Menem y luego empresario de medios José Luis Manzano, para controlar la prensa santafesina en su favor, han sido largamente investigados por la justicia y por el periodismo. (3)

Como senador, Massat fue uno de los integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y de Seguimiento de las Privatizaciones, a través de la que convalidó el 78 por ciento de las renegociaciones de las concesiones que hizo el estado nacional entre 1990 y 1999. Cuando Massat fue acorralado por la justicia, el Lole se lavó las manos y abandonó a su ahijado político.

Por esa misma época y también gracias a los buenos negocios que las grandes financieras hacían con el menemismo, Reutemann entabló relación con los hermanos Rohm, José y Carlos, presidente y vice del Banco General de Negocios (BGN). El largo prontuario (4) de estos banqueros incluye la intermediación en buena parte de las privatizaciones llevadas a cabo durante los 90, acciones en importantes empresas productoras de artículos de consumo masivo (como Química Estrella y Compañía General de Alimentos, cuyo presidente es José Alfredo Martínez de Hoz), su implicación en el escándalo IBM-Banco Nación y, llegando a nuestra provincia, la compra del 90% de las acciones del Banco de Santa Fe en 1998. Hoy, uno de ellos está preso y el otro prófugo, luego de la caída del BGN.

Si bien la venta del banco provincial se efectivizó durante la primera gobernación de Jorge Obeid, Reutemann, desde su banca de Senador Nacional, seguía manejando los hilos de la política provincial. No podía ser de otra forma ya que la Constitución santafesina impide la ejecución de dos mandatos consecutivos a los gobernadores.

Al respecto, hubo declaraciones a la prensa local de actuales funcionarios en las que explicaban la relación del reutemismo con los Rohm. “El 24 de mayo de 1994 con la firma de Reutemann y (el ex ministro de Hacienda, Juan Carlos) Mercier cursó un pedido al Banco Central para privatizar el Banco Provincial de Santa Fe. Y el 2 de junio del mismo año, si mal no recuerdo la fecha, el Banco Central autorizó una mayor capitalización, la refuncionalización y la privatización del Banco de Santa Fe. Después, hubo una reunión entre Reutemann y los hermanos Rohm, en la que participaron (el ex presidente) Menem, Rockefeller y Cavallo, que llegó a los postres, en la que también se habló de la privatización de la EPE”, fue lo que declaró a Rosario/12 el Ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti(5). Según el funcionario, la privatización salió "con la anuencia de los dos sectores: el reutemismo y el obeidismo. Y a esto lo dice (Rubén) Mehahuod, que presidió la Cámara de Diputados en representación del Partido Justicialista cuando se privatizó el Banco”. Bonfatti reconoce que la privatización se concretó durante el gobierno de Obeid, pero sostiene que se hizo “con los votos de los legisladores de Reutemann y él pidió permiso previamente (al Banco Central) para privatizarlo”.

Otra privatización escandalosa, fue la de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS), convertida en Aguas Provinciales. Incumplimientos varios fue la clave de la gestión privada: los trabajadores despedidos a través de un “retiro voluntario” en 1995 a cambio de participar en el manejo del diez por ciento de las acciones por el capital y por las ganancias de la empresa a constituir, seguían sin recibir nada en 2001; obras de cloacas y desagües sin realizar; mala calidad del agua en buena parte de la provincia; incrementos de precios del servicio y varios etcéteras son los que enumera el periodista Carlos del Frade en un artículo al respecto. (6)

“Reutemann tiene predilección por los genocidas”

Esa fue la frase que el artista y militante de los derechos humanos, Rubén Naranjo, eligió para titular un artículo (7) escrito en 1992 que daba cuenta de los nombramientos de ex militares, agentes de inteligencia, o funcionarios dictatoriales en su gabinete. Allí, Naranjo hace eje en el nombramiento del teniente coronel (RE) Rodolfo Riegé como subsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Reutemann y enumera su frondoso prontuario como funcionario de la última dictadura militar. “En Santa Fe la sorpresa de la designación de Riegé se diluyó porque otros funcionarios de la última dictadura militar también fueron convocados por el ex fórmula 1 Carlos Reutemann, para administrar la provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas, contador Juan Carlos Mercier, desempeñó el mismo cargo en el último tramo de aquel gobierno”, relata Naranjo.

Quien se explaya en este tema de las designaciones de personajes vinculados a la dictadura en el gobierno de Reutemann y, además, de sus relaciones con el poder económico es el periodista Carlos del Frade. En un artículo titulado “Reutemann atrasa veinte años” (8), explica que José María Candiotti y Juan Carlos Mercier fueron parte del directorio del Banco Provincial de Santa Fe durante el último gobierno de facto. Ambos cumplieron, también, la función de ministros de Hacienda y Economía de la provincia de Santa Fe, en distintas etapas en el último tramo de la dictadura. “La dupla Candiotti - Mercier, ya sea desde el Ministerio de Hacienda o desde la cúpula del Banco Provincial, asistió al derrumbe del aparato productivo provincial, se cerraron 1.464 establecimientos industriales de más de 25 personas y se despidieron 317.488 trabajadores en todo el territorio santafesino”, sostiene Del Frade. Como ya se dijo, Mercier fue el ministro de Hacienda de Reutemann. Y Candiotti fue nombrado presidente del directorio del, ahora, Nuevo Banco de Santa Fe.

Lógicamente, todo lo enumerado hasta aquí y lo que vino después sólo pudo realizarse si se contaba con un buen entramado, fundamentalmente judicial, que le garantizara impunidad a Reutemann y sus funcionarios. Ahí es donde entra en juego el poder judicial, entrelazado con los resabios de la dictadura y el poder político del momento.

Un caso emblemático fue el nombramiento del ahora ex juez federal Víctor Hermes Brusa en 1992, con Menem en el ejecutivo nacional y Reutemann en el provincial. Brusa fue destituido en el 2000 por el Consejo de la Magistratura, luego de que se comprobara que había atropellado a un bañista con su lancha en la laguna de Setúbal (9), escapó, acusó a otra persona y luego quiso intervenir en el desarrollo de la causa. El ex juez había sido, también, funcionario judicial durante la dictadura, participó de interrogatorios a detenidos políticos y, gracias a la persecusión del juez español Baltazar Garzón, fue condenado a 21 años de prisión el 22 de diciembre de 2009, junto a otros torturadores, en el primer juicio contra represores en la provincia de Santa Fe (10). La condena fue por delitos de apremios ilegales, tormentos y privación ilegítima de la libertad, en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado, lo que los transforma en delitos de lesa humanidad, según dispuso el tribunal que lo condenó.

A esto se suma la gran jugada reutemista: el nombramiento de una Corte Suprema de Justicia provincial adicta, a imagen y semejanza de lo que hizo Menem a nivel nacional. Numerosos organismos de derechos humanos, asociaciones sindicales y partidos políticos han denunciado el accionar de lo que llamaron “La Corte de la Suprema Impunidad en Santa Fe” (11). Ésta estaba integrada por amigos, familiares, miembros del Opus Dei y ex funcionarios de los gobiernos de Reutemann, que impidieron el avance de cualquier causa contra el ex gobernador.

Diciembre de 2001 e inundación de Santa Fe

Reutemann terminó su primera gestión en 1995. Previo paso por la Convención Constituyente de 1994, es electo senador hasta 2001, mandato que no termina por haber ganado las elecciones de 1999 para cumplir un nuevo período como gobernador, hasta diciembre de 2003.

Ya en su segundo mandato, Reutemann nombró a Enrique Álvarez como Secretario de Seguridad. Éste hombre “formó y forma parte de la SIDE desde marzo de 1976”, afirmó Gustavo Martínez (12), Secretario Adjunto de ATE Rosario e integrante de la Comisión Investigadora No Gubernamental de la Masacre de Diciembre de 2001.

Aquella masacre fue uno de los puntos más importantes del segundo gobierno del ex Fórmula 1. Fue en Santa Fe donde hubo la mayor cantidad de víctimas fatales por la represión de la protesta social en todo el país. Siete en total en la ciudad capital, Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Todas ellas impunes, fundamentalmente, desde una perspectiva política, más allá de lo legal. Ningún responsable político fue juzgado. “No di orden de matar a nadie”, fue el argumento de Reutemann ante los asesinatos descarados. Por esta y otras lavadas de manos fue que Martínez le impuso el nombre de “Poncio Piloto”. (13)

La otra masacre emblemática fue la inundación de la ciudad de Santa Fe en abril de 2003. Según un informe del Departamento de Medio Ambiente del ARI (14) elaborado por Jorge Giles y la bióloga Silvina Gutiérrez, el saldo que dejó aquella inundación fue de 23 muertos, 28 mil viviendas afectadas y 75 mil personas evacuadas, entre otros datos. Ese informe atribuye la responsabilidad del desastre a la suspensión del “sistema de monitoreo en tiempo real” del Río Salado, con el cual podría haberse alertado a la población sobre la crecida que se venía.

Varias fuentes señalan que las autoridades municipales y provinciales tenían información sobre la fuerte crecida del Salado que inundó Santa Fe. Sin embargo, los funcionarios dijeron que no lo sabían y que fue un desastre de la naturaleza. Desde la Fundación Proteger (15), por ejemplo, sostienen que “si el intendente Marcelo Álvarez (PJ) no tenía la información de lo que iba a suceder es un irresponsable total y si, como se supone, la información estaba y no se avisó a la gente, se trata de una irresponsabilidad rayana en lo criminal”. Casualmente, los ejecutivos provincial y municipal estaban sumergidos en plena etapa electoral.

La gestión reutemista no sólo está acusada de no haber avisado. También lo está de haber inaugurado obras que, supuestamente, mejorarían la situación hídrica de la ciudad cuando, al momento de la inundación, sólo complicaron más: la ciudad llegó a tener un nivel de agua superior al del río. Por eso, damnificados del desastre iniciaron causas judiciales (16) contra Reutemann y sus ministros de Obras Públicas, Edgardo Berli y de Gobierno, Carlos Carranza, además del intendente de la capital provincial, Marcelo Alvarez. Los cargos fueron los presuntos delitos de "homicidio calificado por su función, en grado de dolo eventual; desaparición de personas, abandono de personas y violación constitucional de libre reunión". La causa avanzó y llegó hasta la Corte Suprema de la Nación (17), que cerró el círculo de impunidad impidiendo incluso que Reutemann declare. Los únicos procesados fueron Berli, Álvarez y el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti.

Y sin embargo...

Todas las aventuras y los cargos obtenidos por el ex piloto y, en general, por el PJ de la provincia, están enmarcados en un sistema electoral que imperó hasta las elecciones del 2007: la Ley de Lemas. Ésta permitió que, aún con pocos votos, el reutemismo ganara elección tras elección. No es casual que los primeros comicios que se realizaron sin esa legislación las ganara su oposición y actual gestión, el Frente Progresista, Cívico y Social.

Cabe recordar el desprecio de Reutemann por la educación (18), con “escuelas charter”, demoras en el envío de dinero y bajos sueldos docentes de por medio, incluída la rebaja del 13% en los salarios (que también afectó a los estatales); de sus incrementos patrimoniales sin justificar y sus cuentas en Suiza “olvidadas” por su contador; de sus relaciones con la Iglesia santafesina y con el Monseñor Edgardo Storni (19), condenado a 8 años de prisión por abuso sexual; entre otros aspectos de su vida política.

A pesar de las investigaciones periodísticas y judiciales, Carlos Alberto Reutemann sigue siendo uno de los "presidenciables" para los grandes medios de comunicación. Los mismos que han trasparentado su capacidad de impulsar y consolidar procesos políticos encabezados por los sectores más retrógrados de la política nacional.

¿Qué será del futuro de la Argentina si Reutemann es la reserva moral del país?

Notas:

Foto 1: Argentina, Política – Otros tiempos el senador Reutemann junto al entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner. / Autor: Presidencia de la Nación
Foto 2: Argentina, Política - Los senadores Reutemann y Menem reunidos en la presentación de Peronismo Federal. / Autor: Patricio Pidal - INDYMEDIA

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La Santafesina SA

Carlos del Frade (APE)

Hay una historia contemporánea de la corrupción.

Un origen que es preciso señalar en aquellos tiempos en donde se mataba para robar, donde el estado fue tomado por asalto para que sus resortes funcionaran a favor de las minorías y en contra de las mayorías.

Y hay también historias particulares de esa corrupción.

Como sucede en la provincia de Santa Fe, uno de los territorios más ricos de América del Sur.

La lógica de aquellos días quizás explique algunos por qué del presente.

He aquí una crónica que suele ignorarse en los grandes medios de comunicación de la zona.

A fines de 1977, sobre la alfombra roja de la Bolsa de Comercio de Rosario, preparada para la ocasión, el entonces ministro de planeamiento de la dictadura, el entonces general Ramón Genaro Díaz Bessone, confesó el ADN de la noche carnívora: “Llevamos adelante el proceso para defender al capital y la empresa privada”. Los empresarios de entonces, las llamadas fuerzas vivas del presente lo ovacionaron y le agradecieron. Díaz Bessone, además, no era un desconocido. Había sido el jefe del comando del segundo cuerpo de Ejército con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Dijo también que la policía de la provincia lo había ayudado y mucho.

Casi cuatro décadas después, La Santafesina SA puede mostrar sus logros. Seis mil quinientos agentes de la policía provincial del segundo territorio argentino están siendo investigados en causas judiciales. La tercera parte de los efectivos que deben brindar seguridad y producir valores de decencia y honestidad, están imputados de diversos delitos.

La Santafesina SA sigue respondiendo a la lógica aquella que tan bien definió el criminal de lesa humanidad. Defiende el capital y la empresa privada. Y lo hace con la misma lógica de los delincuentes de guante blanco. Pasando por arriba de cualquier legislación existente porque, se sabe, el fin justifica los medios. De allí que el perro suela parecerse al amo. La Santafesina SA tiene una tercera parte de sus integrantes investigados porque responden a las necesidades de las minorías. Las mismas que suelen no hacer caso alguno a las leyes de la democracia.

La información proviene del actual ministro de Justicia santafesino, Héctor Superti –ex abogado de grandes empresas y hoy funcionario de la administración socialista que después de casi un cuarto de siglo de gestión justicialista prometió un cambio que todavía no se verifica en la vida cotidiana- que sostuvo que "hay 8.500 causas judiciales" que involucran a "más de 6.500 policías, sobre un plantel de 17 mil hombres".

Para el ministro, "si el policía está involucrado indebidamente creo que de manera rápida hay que desvincularlo porque tiene que seguir trabajando tranquilo, y si es responsable también de manera rápida tiene que estar resuelta su situación".

Tanto el servicio público de justicia como La Santafesina SA no parecen responder a las lógicas de la democracia sino todo lo contrario.

Y el resultado es este número preocupante, un tercio de los efectivos en actividad están siendo investigados por distintos delitos.

La más clara demostración que la policía provincial de Santa Fe no trabaja a favor de sus mayorías si no a favor de los intereses de los pocos, de aquellos que ovacionaron al entonces general instruido por militares franceses.

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Argentina, Jujuy: La usurpación sojera de Palma Sola

LAVACA

En la localidad de Palma Sola, al este de la provincia de Jujuy, ocupando hace ya más de 105 años un terreno de 1.000 hectáreas, conviven 6 familias dedicadas a la ganadería, pobladoras ancestrales del territorio. Con paciencia y trabajo han logrado construir una escuela, una sala de primeros auxilios, conservar sustentablemente los recursos de la zona y vivir de ellos; no habían logrado superar, a pesar de algunas exigencias, la fría indiferencia de la administración provincial y nunca lograron concretar la titularidad formal de las tierras que reclaman desde hace varios años. Pero la historia de estas familias cambió notablemente. Desde hace dos años, su finca La gran largada está siendo usurpada por piratas del agronegocio.

Una empresa con relaciones

Al comienzo, la apropiación fue urdida desmontando furtivamente el sector donde se ubicaba la hacienda de las familias, envenenando vacas y baleando caballos.

En septiembre del año pasado, el ingeniero agrónomo Eladio Gómez Salmoral y Eusebio Díaz, ambos empleados de la empresa CRAM S.A , se instalaron cómodamente en el patio de la casa de la familia Mamani, con el objetivo de seguir arrasando con su campo. Todo fue hecho sin pudor y sin explicaciones, bajo el amparo de una título que fue comprado a 650.000 dólares: ese es el precio que tiene la vida de las familias que pueblan La gran largada; ese es el precio por el que se cedió un territorio fiscal de 9.657 hectáreas a la empresa sojera CRAM S.A. para que, a sus anchas, extienda un poco más su imperio de yuyos, fumigaciones y gilosofato.

El presidente de CRAM (empresa constituida en el 2004) es René Augusto Macedo y su director titular es René Alberto Macedo Lagrottería (secretario de la gobernación jujeña, nombrado en diciembre pasado). Son familiares directos de Horacio Macedo, el embajador argentino en Bolivia.

El 30 de diciembre, lejos de esperar con tibios festejos el fin de año, los Mamani soportaban la violencia de los empleados de CRAM, quienes volvían a entrar a su territorio -esta vez armados con palos y armas de fuego- para robar madera del monte. Juan Mamani sufrió al ver como le pisaban los dedos a su abuelo y como golpeaban y arrastraban por el piso a su abuela de 80 años. Se le ocurrió que para espantar a la patota, podía disparar unos tiros al aire. La policía llevó presos a sus hijos Gloria, Armando y Agustín (fueron liberados unas horas después) y Juan Mamani, quien volvió a su casa luego de 5 días en la cárcel.

Los testimonios

La gente de Palma Sola sabe que corre peligro y se está organizando con el Movimiento Nacional Campesino Indígena -Vía Campesina. Su tarea es difícil, y aunque deben sortear a un titán financiero no se dan por vencidos. Gloria Mamani, la nieta de la anciana golpeada, habló con lavaca sobre la usurpación en Palma Sola:

“Hace dos años que están desmontando, pero un poco más atrás, donde estaba la hacienda. En un sector no tan cercano a la casa. No nos tocaban directamente a nosotros, aunque sí a nuestros animales.” Originalmente, la tierra de su finca no podía soportar el cultivo de porotos o de soja, pero el avance en la bio-genética permitió que, desde hace dos años, ese territorio se convierta en un jugoso emplazamiento para las semillas de CRAM.

Gloria continúa: “No respetan nada, ni el impacto ambiental; armaron un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en la casa de gobierno, allá en Jujuy, capital.” El plan fue decretado por el poder ejecutivo provincial, no se filtró por audiencias públicas ni participaron en su realización -tampoco fueron consultados- las comunidades campesinas e indígenas de la provincia. Según la ley nacional de protección de bosques nativos, ese plan de ordenamiento está conformado para delimitar zonas donde el desmonte esté prohibido, y otras en las que se conceda un uso sustentable.

El color del dinero

Según este plan, a los territorios se les asigna un color: el rojo (prohibición de desmonte), amarillo (desmonte parcial) y verde (sector desmontado). Gloria cuenta con impotencia cómo fueron cambiando poco a poco los colores asignados a su territorio, y de esa manera lograban devastarlo cada vez más. El BID otorgó un crédito de 3.000.000 de pesos a CRAM para compras “de inmueble rural para tareas de desmonte y explotación.”

La empresa ni siquiera toma fuente de trabajo lugareña; llevan máquinas y herramientas desde Santa Fe y con “dos locos que están con tractores día y noche, en unas horas ya ocupan muchos kilómetros,” relata Gloria.

El miércoles que viene se presentará un amparo a la justicia para tratar de frenar los asedios de CRAM. Gloria: ”Nos amenazan con que nos van a prender fuego la casa, y con que nos van a llevar a la ruta. Nos matan a los perros que mueven la hacienda. ¿Cómo pueden hacer esa cosa tan maligna? Nosotros tenemos que seguir esperando a la justicia, cuando la justicia está a favor de ellos. Resistimos, pero de a poco, nos desalojan.”


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Argentina, Tucumán: “Bussi era como el ogro en los campos de concentración”

PRIMERA FUENTE

Durante casi seis horas, Juan Martín, el sobreviviente más importante de la dictadura militar en Tucumán, reveló ayer cómo funcionó el centro clandestino de detención de la ex Jefatura de Policía y otros campos de concentración. “En Nueva Baviera, vi a Bussi entrar a una oficina donde torturaban a un joven, allí ordenó que le pusieran una chapa metálica encima para que sienta más la tortura con picana”, relató frente al Tribunal Oral Federal. Aseguró que “El Tuerto” Albornoz, ex jefe del SIC, y el ex policía Luis De Cándido integraban el grupo de torturadores. “En el SIC había un grupo de operativos que secuestraban y torturaban”, precisó y reveló que Zimmermann ordenó matar al detenido Campos.

“Cuando Bussi visitaba los campos de concentración era como el ogro. No tenía demasiado contacto con los prisioneros, pero cuando lo tenía era para golpearlos y torturarlos”, contó ayer el testigo y sobreviviente Juan Martín, en medio de su declaración que se extendió por casi seis horas frente a los jueces del Tribunal Oral Federal, en el marco de la sexta jornada del juicio oral y público que se sigue a los represores por los delitos cometidos en la ex Jefatura de Policía, durante los años negros de los ’70.

Luego, recordó que en un solo caso pudo ver al represor Antonio Domingo Bussi torturar a un prisionero. “A Bussi lo vi, por debajo de las vendas que tenía sobre mis ojos, puntualmente meterse en una oficina donde tenían a un joven (llamado Bombo Avalos, aparentemente del Partido Revolucionario de los Trabajadores) que trajeron de Buenos Aires al campo de concentración de Nueva Baviera. Allí lo torturaron y Bussi ordenó que le pusieran una chapa metálica encima para que sienta más la tortura con picana. Yo lo escuché gritar mientras lo torturaban”, relató dirigiéndose a los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi.

El testigo, quien permaneció detenido entre el 12 de agosto de 1976 y septiembre de 1978 (cuando fue liberado y autorizado a irse a España), pasó por varios centros clandestinos de detención y confirmó que vio a varias víctimas que fueron torturadas y asesinadas en esos lugares (ver aparte). Martín comenzó su testimonio después de las 9.30 y terminó casi a las 4 de la tarde, entre varios intervalos dispuestos por el presidente del TOF, Carlos Jiménez Montilla.

Durante su extenso relato complicó más aún a los represores Roberto “El Tuerto Albornoz y al agente policial Luis De Cándido, sentados hoy en el banquillo de los acusados junto a Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Cattáneo, Mario Alberto Zimmerman y Carlos De Cándido. “A (Luis) De Cándido lo conocí perfectamente, estaba en el grupo operativo del SIC. Es uno de los que me secuestró. Después él y Albornoz me interrogaron y torturaron”, precisó.

Martín, uno de los testigos más importantes en la mayoría de las causas de derechos humanos reactivadas en Tucumán, también involucró a Zimmermann. “Zimmermann ordenó dejar morir a Enrique Campos (un joven militante) porque no quiso decir nada”, reveló.

Cómo funcionaba el SIC

Martín, el testigo más importante de este juicio oral y público, develó ayer cómo torturaban y mataban a las víctimas mantenidas en cautiverio y confirmó la existencia del Servicio de Información Confidencial (SIC), que estaba a cargo de Albornoz. “Era una zona reservada de la Jefatura, a la cual no podía ingresar nadie. Siempre vi a la misma gente, entre civiles y militares, que trabajaba allí, había gente en la parte operativa, administrativa y la encargada de la custodia de nosotros, los detenidos”, señaló. Aseguró que había un grupo que torturaba formado por Albornoz, su hermano Hugo Albornoz, Luis De Cándido, Fariña, Chaile, Bulacio, Sánchez, Vilas, entre otros que mencionó. “No había interrogadores sin tortura. Los grupos operativos secuestraban y además torturaban”, acotó.

El testigo, propuesto por la mayoría de los querellantes y de los defensores y por el fiscal federal Alfredo Miguel Terraf, ratificó de esta manera el testimonio que dejó sentado en los años ‘80 en España ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y la Embajada Argentina en España.

Al término de su declaración como testigo, el presidente del TOF le mostró un plano actual de la ex Jefatura de Policía para que reconozca los lugares que funcionaron en el año ’76. Así, explicó que el SIC, donde funcionaba el despacho de Albornoz, las salas de tortura y los calabozos estaban ubicados en el ala lindante con la calle Santa Fe. Luego, Jiménez Montilla anunció que se realizará una inspección in situ en el lugar donde ocurrieron los hechos de la dictadura.

Secuestro y libertad

A plena luz del día, Martín, apodado “Pancho” en ese entonces, fue secuestrado el 12 de agosto de 1976 en un bar de la calle Lamadrid y Lavalle, junto a otra persona que identificó como Araujo (le decían Viru). En ese entonces era técnico electricista, estudiaba la carrera de Ingeniería Civil, era representante de la Juventud Peronista de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y militaba en la agrupación de Montoneros.

A fines de 1978, luego de pasar por varios centros clandestinos de detención, Martín logró gestionar junto al ex teniente coronel Mario Dursi, supervisor militar del D2, un pasaporte para irse a España, pero antes se fue a la isla de Guadalupe, ubicada en el Caribe. “Para que me dejaran en libertad, tuve que dar una explicación convincente. Por eso conseguí un contrato de trabajo en un ingenio azucarero en la isla de Guadalupe, en septiembre de 1978 y un mes después, me fui a Madrid”, contó.

También se refirió a una causa que iniciaron los acusados en su contra por falso testimonio. “Los que me secuestraron, torturaron y liberaron, ahora me hacen causa”, dijo en sentido irónico.

Por último confirmó, que desde Madrid (España), respondió varias cartas de familiares de desaparecidos que le pedían información de las víctimas. “Intenté decir lo que supe. Es lo mínimo que podía hacer”, señaló.

Vio, leyó listas ‘negras’ y supo de muchas víctimas del horror

Juan Martín, al haber recorrido durante dos años varios centros clandestinos de detención, brindó ayer precisiones de cómo vio o qué es lo que supo de una veintena de víctimas que no lograron sobrevivir a las atrocidades de las fuerzas militares. Así contó que supo de las detenciones, entre otras personas, del periodista Eduardo Ramos y su esposa Alicia Cerrota de Ramos, el médico Carlos Apaza, el odontólogo Hugo Díaz y del ex senador Guillermo Vargas Aignasse.

En el caso de Marta Coronel, aseguró que murió en el campo de concentración de la ex Jefatura. “Marta estaba muy enferma, deliraba, tenía una enfermedad en los pechos como consecuencia de las torturas. La vi cuando repartía la comida pero no me conoció; después murió”, relató. Luego, recordó que el médico Ricardo Galdeano le puso una inyección para que se muriera rápido. “La sacaron envuelta en una manta, la subieron en un rastrogero y la llevaron a enterrar en horas del día”, acotó. Según Martín, ese médico era el encargado de supervisar el estado de los prisioneros en los calabozos. “La gente se enfermaba mucho en los calabozos”, dijo.

Sobre Carlos Araldi, dijo que llevaron su cadáver a la ex Jefatura, en julio o agosto del ’77. En el caso de Diana Oestherheld, aseguró que sabía que estaba embarazada y escuchó sus gritos en una de las celdas de tortura. Los casos mencionados figuran en la megacausa de la ex Jefatura, por los que son juzgados Bussi, Menéndez, y otros cinco imputados.

Después de permanecer hasta enero de 1977 en la ex Jefatura, Martín fue trasladado a Nueva Baviera, comisaría de Monteros y en ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, donde permaneció hasta mayo del ‘77. Precisó que también estuvo en la base militar de San Javier. “Me trasladaban porque hacían conmigo lo que quisieron, querían sacarme información”, argumentó ante las consultas de los abogados querellantes y defensores.

Después de haber sido torturado y estado en cautiverio en la ex Jefatura, Martín contó que fue obligado a realizar otras tareas como la de organizar los archivos y documentación del SIC, que en ese entonces pasó a llamarse Departamento de Inteligencia de la Policía, según su relato. Allí se enteró de la existencia de las “listas negras” y pudo enterarse de los nombres de varias víctimas desaparecidas. “Vi bastantes listados y documentos entre fines del ‘77 y principios del ’78, que estaban en la zona de torturas”, precisó. El dato más escalofriante fue cuando contó que había listados con la sigla DF, que significaba “Disposición Final”. “Era la orden para que se los mate”, aclaró ante el Tribunal.

“He visto salir en múltiples traslados a la gente que era llevada atada y con los ojos vendados en camiones de color gris plateado que decían ‘transporte higiénico de carnes’. Escuché que decían que eran llevados al pozo”, reveló.

Martín también detalló que existía una Comunidad Informativa que funcionaba en el Comando. “Allí se decidía sobre los prisioneros, si iban a DF, a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) o quedaban en libertad”, especificó.

A fines del ’77, Martín contó que permaneció bajo libertad vigilada, lo que implicó que fuera separado del resto de los prisioneros y autorizado a ir a su casa para pasar la noche y volver al otro día.

Bussi le hizo preguntas a través de su defensor

En la última parte del testimonio de Juan Martín, el defensor público Pablo Lauthier le hizo tres preguntas en representación del acusado Antonio Domingo Bussi, que no tuvieron mayor trascendencia. Cuando el abogado le preguntó si había participado de un enfrentamiento en Lules en el que habría muerto su hermano Sebastián, Martín no tan solo negó el hecho sino que aclaró que no tiene ningún hermano llamado Sebastián. “Mi hermano es Julio Antonio Martín y fue secuestrado el 27 de diciembre de 1975 en Bella Vista”, contestó categóricamente. Al comienzo de este juicio, Bussi calificó a Martín de "fabulador"

Luego se refirió al caso Mc Donald. “Era un muchacho del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), lo esperaron en su casa de Concepción, en una emboscada. Allí lo mataron y llevaron el cadáver a Nueva Baviera”, relató y finalizó su testimonio.

Por último, el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, llamó a declarar al testigo Gustavo Holmquist y luego a Carlos Soldati, pero este último no pudo terminar su relato debido a que Bussi sufrió un dolor en el pecho y fue llevado al Centro de Salud para su asistencia médica.

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Argentina: La Comisión Interamericana pide explicaciones a la Nación sobre la situación de los pueblos originarios de Tucumán

PRIMERA FUENTE

El organismo internacional de Derechos Humanos le pidió a la Nación un informe sobre la situación de las comunidades originarias en Tucumán, dejando abierta la posibilidad de “la posible apertura de un trámite de medidas cautelares". Además, pide que se aclare si se está cumpliendo la ley Nº 26.160 en cuanto a los desalojos que las comunidades autóctonas vienen sufriendo en forma permanente.

En noviembre del año pasado, la organización Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) en representación de diez comunidades indígenas de la provincia, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que solicite al Estado argentino la inmediata adopción de medidas cautelares con el objeto de proteger derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Según se informó desde Andhes, como primera medida, el organismo internacional le pidió a la Nación que brinde un informe sobre la situación denunciada, "sin prejuzgar sobre la posible apertura de un trámite de medidas cautelares".

De esta forma, la Nación deberá responder ante CIDH sobre "las medidas que se han tomado para responder a los presuntos actos de agresión denunciados por los solicitantes (Andhes) a miembros de las Comunidades India Quilmes, El Nogalito, Chuschagasta, Valle de Tafí, Diaguita El Mollar, La Angostura , Casas Viejas, Diaguitas de Anfama, Amaicha del Valle y Tolombón para prevenir la realización de desalojos en las comunidades denunciadas".

Además, se deberá informar a la CIDH sobre "la implementación de la ley 26.160; si tal normativa prohíbe los desalojos de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país; y qué medidas se han adoptado para formalizar la titulación de las Comunidades".

El escrito, presentado hace dos semanas, aclara que la información solicitada se realiza "sin prejuzgar sobre la posible apertura de un trámite de medidas cautelares".

La violación de la ley 26.160

"Desde hace algún tiempo, pero especialmente desde mediados de 2009 cuando comenzó la implementación en la Provincia de Tucumán de la Ley Nacional N° 26.160, las Comunidades han sufrido una serie de desalojos violentos (e intentos de desalojos) ordenados por diversas autoridades judiciales del Estado provincial", plantea el escrito presentado por Andhes ante la Corte Interamericana. Cabe recordar que a comienzos de noviembre de 2006, el Congreso de la Nación había aprobado la ley N º 26.160 declarando la "Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas originarias del país".

La norma ordena la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Esta "prohibición de desalojo" es por un período de 4 años mientras el Estado.

Las tareas de relevamiento ordenadas por la Ley N ° 26.160 comenzaron a nivel nacional por Tucumán (con casi tres años de demora) recién a mediados de 2009, por lo que el período de relevamiento se prorrogo hasta el 2013.

Desde Andhes plantearon que "el comienzo de los relevamientos alertó a los terceros con pretensiones sobre las tierras de las Comunidades, que reaccionaron violentamente, tanto a nivel judicial (promoviendo e influyendo para lograr desalojos a pesar de la ley) como a través de la ilegalidad de las amenazas y presiones". Para la fundación, pese a los reiterados pedidos de las Comunidades en este sentido (y de la legalidad vigente) el Estado argentino no llevó adelante las acciones razonablemente necesarias para evitar los ataques contra las comunidades. Por el contrario, las acciones en perjuicio de las comunidades contaron con el apoyo directo de un amplio sector del Poder Judicial y las policías locales, y la indiferencia de los poderes ejecutivos local y federal.

Por ello, "es urgente que la CIDH solicite a la Argentina la adopción de medidas cautelares para evitar que las víctimas y demás habitantes de las Comunidades continúen siendo expuestos a daños irreparables para su vida, integridad personal y derecho comunitario a la propiedad e identidad cultural", indicaron desde andhes. En este sentido, solicitaron la "adopción por parte del Estado Argentino, en un plazo no mayor a 15 días, de medidas orientadas a garantizar la vida e integridad personal de las personas pertenecientes a las Comunidades peticionantes y a garantizar la vida e integridad personal de los Caciques y los y las Miembros de los Consejos indígenas de las Comunidades peticionantes en su carácter de tales y de defensores de derechos humanos de sus comunidades".

También recalcaron la necesidad de que la Argentina , de manera inmediata, "decida las medidas adecuadas y efectivas necesarias para proteger los derechos a la vida, la propiedad y la protección judicial de las Comunidades y sus miembros, garantizando la suspensión de todo acto o medida que implique el desalojo de las comunidades indígenas peticionantes de sus territorios, al menos hasta que se presente el informe final del relevamiento técnico territorial iniciado en cumplimiento de la Ley N ° 26.160".

Finalmente, pidieron "medidas adecuadas y efectivas para proteger los derechos a la vida, la propiedad y la protección judicial de las Comunidades y sus miembros, garantizando la suspensión de todo acto o medida que implique el desalojo de las comunidades indígenas peticionantes de sus territorios, al menos hasta que se presente el informe final del relevamiento técnico territorial iniciado en cumplimiento de la Ley N ° 26.160" .

La presentación de Andhes ante la Corte Interamericana

El 16 noviembre del año pasado, Andhes -en representación de diez comunidades indígenas de la provincia- acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que solicite al Estado Argentino la inmediata adopción de medidas cautelares con el objeto de proteger derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

El pedido se basó en "la amenaza actual e inminente al goce y disfrute de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la propiedad y a la protección judicial (artículos 4, 5, 21 y 25 de la CADH ) de las comunidades y personas mencionadas, cuya protección y garantía es responsabilidad del Estado Argentino", reza el escrito firmado por Darío Abdala, Director Ejecutivo de Andhes.

Según indicaron desde la organización de Derechos Humanos, "esta medida se solicita en el marco de diferentes atentados contra las comunidades; el más grave, el sucedido el último 12 de octubre, un día de una enorme significación para los pueblos indígenas de todo el continente americano".

El ataque no fue un hecho aislado, sino "la última manifestación de un proceso que debe rastrearse en los intentos por despojar a las Comunidades de sus tierras ancestrales, frente a una actitud estatal que desconoce las obligaciones asumidas para su especial protección a pesar de todos los intentos de las Comunidades y sus defensores y defensoras", según puede leerse en la solicitud de las Medidas Cautelares presentadas ante la CIDH.

Además de múltiples amenazas, a un evidente proceso de criminalización de la protesta indígena desatado como respuesta a los intentos de las Comunidades por defender colectivamente sus derechos y al hostigamiento judicial a los que se ven sometidos, se están produciendo con respecto a las Comunidades peticionantes desalojos masivos.

Foto: Argentina, Tucumán, Naciones originarias - Comunidades indígenas realizaron marchas en defensa de sus derechos ante el avance terrateniente. / Autor: PRIMERA FUENTE

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