miércoles, 3 de marzo de 2010

Honduras: La rectora que huye de sus estudiantes en la UNAH y quiere echar al presidente del sindicato. ¿Pero quienes están detrás la Rectora?

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

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Véase las entrevistas en video:

1: Angela Pavón, La “victima” de la rectora:

2: Marco Antonio Moreno, Presidente del sindicato en la UNAH:

La rectora de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, nos huyó este medio día hacia su propia oficina cuando queríamos enfrentarla con la estudiante que la rectora misma ha dicho que fue victima por una agresión hace ocho meses por el presidente del sindicato en la UNAH, Marco Antonio Moreno.

– Para decir que Marco Antonio Moreno me haya agredido o golpeado, no, yo lo niego rotundamente por que es mentira. No he sufrido ninguna agresión por parte de él.

Lo dice categóricamente Ángel María Pavón, estudiante en arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, cuando le entrevistamos adentro la ciudad universitaria.

¿Estás dispuesta de ir a la Rectoría para aclarar y enfrentarte con la Rector que eres una “victima” del presidente del sindicato?

– ¡Pues si! Por que yo no tengo nada y no debo nada y estoy en la mejor disposición, responde sin vacilación.

La rectora se esconde

Cuando llegamos a la Rectoría este medio día, junto con Leny Fajardo de Radio Globo y Ángela Pavón, estudiante que, según la rectora, había sido golpeada por el presidente del sindicato el 16 de agosto de 2009, vimos la rectora Castellanos. Pero cuando ella nos vio a nosotros se apure para esconderse en su oficina. Pedimos a través de la administración dos minutos para confrontar sus acusaciones en la prensa hondureña con el desmentido de la estudiante Pavón, la rectora informa, a través de su secretaria, que se enceuntra en una reunión.

En el diario de El Heraldo del 1 de marzo de 2010 [1], es decir el día antes de nuestra entrevista con Ángela Pavón, la rectora Castellanos denunció que el presidente de SINTRAUNAH, Marco Antonio Moreno habría golpeado dos estudiantes el 16 de agosto de 2009 en la toma de la UNAH y por eso pide, ocho meses después (¡Sic!) “acciones legales pertinentes, solicitando al juzgado la autorización para despedir a Moreno, pues él está amparado en el Contrato Colectivo del SITRAUNAH”, según El Heraldo que es un medio ciego en su odio contra el sindicato universitario y que lleva años en campaña anticomunista contra la organización de defensa de los trabajadores afiliados en SINTRAUNAH.

Rectora “tumbada” por Los Cobras pero no los denunció

Dice Castellanos: “Nosotros pedimos respeto a la vida y la integridad de nuestros estudiantes, que son lo más importante que nosotros tenemos”.

Pero la misma rectora no quería enfrentarse con la estudiante Ángela Pavón que desmiente la
versión de la rectora categóricamente. ¿Por qué no quiere ver la prensa y la estudiante para aclarar este asunto?

Es más, la misma rectora Castellano fue golpeada brutalmente ese mismo día por los Comando Cobra de la policía cuando ella intentó de negociar entre los trabajadores y los estudiantes antigolpistas que habían tomado la UNAH en protesta contra el golpe de estado militar el 28 de junio. Pero la respuesta fue una agresión física que tumbó la rectora al suelo, lo que el canal de televisión Cholusat Sur, adversario a los golpistas, pudo presentar a sus televidentes la misma tarde.

¿Pero donde esta la denuncia y demanda de la rectora Julieta Castellanos contra los Comandos Cobra, es la pregunta que mucha gente se hace ahora?

Por eso atacan a SINTRAUNAH

El presidente del sindicato, Marco Antonio Moreno, desmiente categóricamente que él haya golpeado o dado un “cadenazo” a la estudiante Ángela Pavón o cualquier otro estudiante ese día hace ocho meses.

– La Universidad ha venido persiguiendo a los trabajadores, fundamentalmente la estructura de dirección de SINTRAUNAH, y ha tratado de diezmarla y hacerle daño.

El presidente sindical da testimonio que la dirección de la UNAH, en vez de apoyar y reforzar la UNAH y sus empleados, contrató abogados por sumas muy grandes para iniciar una campaña antisindical y judicial contra dirigentes de la SINTRAUNAH que duró dos años. Recientemente estos procesos judiciales fueron resueltos totalmente al favor a los trabajadores y su organización de defensa.

Sobre los sucesos el 16 de agosto el año pasado, el líder sindical dice:

– En ningún momento nosotros hemos golpeado a nadie. El video que tienen los medios de la oligarquía y las transnacionales se ve cuando su servidor golpea precisamente el portón con la cadena. Pero en ningún momento golpeamos a ningún estudiante como si da fe la estudiante que dice que “Marco Antonio Moreno nunca lo tocó o le dio algún cadenazo”.

El movimiento sindical hondureño considera que la exigencia de la rectora para despedir el presidente seccional de SINTRAUNAH, es un intento para descabezar, no solamente SINTRAUNAH, sino todo el movimiento popular hondureño.

Pero la pregunta quizás más clave es: “Quienes están detrás la Rectora?

Nota:
1) Rectora anuncia medidas contra el Sitraunah, El heraldo 1 de marzo de 2010.

Foto 1: Honduras - Los trabajadores organizados en SINTRAUNAH, en asamblea ante las amenazas de la Rectoría contra el sindicato y especialmente contra su presidente secccional. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson
Foto 2: Honduras - Marco Antonio Moreno, presidente del sindicato en la UNAH. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson
Foto 3: Honduras - Angela María Pavón, estudiante de arquitectura en la UNAH. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson.

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Catástrofe en Chile: Desmanes y descontento social remecen la transición

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Hasta la madrugada del día 27 de febrero, la transición de un gobierno de centro izquierda con 20 años en el poder, a un gobierno de derecha y neoconservador, había sido especialmente calma y colaborativa.

El viernes 26, nadie pensaba que desde el fondo de la tierra se estaba fraguando el peor terremoto en 50 años. Nadie pensaba en la implicancia que este terremoto podía tener en una pacífica y ejemplar transición.

Chile exudaba autosuficiencia, en un ejercicio de alta civilidad y cultura republicana. Terminaban el verano y las vacaciones, y se suponía que el 1ro de marzo el país retomaba su ritmo normal, esperando el día 11 de marzo para la transmisión del mando presidencial.

Los acontecimientos de bandidaje y saqueo de tiendas en la ciudad de Concepción, ubicada a más de 400 kilómetros al sur de Santiago, donde el terremoto llegó a grado 9, han puesto una voz de alerta y comienzan a remecer la pacífica transición.

No se puede determinar aún la dimensión del impacto de los desmanes y del descontento social en esta ciudad, convertida en el segundo complejo urbano más grande del país.

Este es el lugar donde a las autoridades les ha costado una enormidad restablecer servicios y líneas de abastecimiento, y donde se comienzan a producir fisuras en un armónico período de transición.

No son fisuras en las dos coaliciones políticas que se traspasan el mando. Son fisuras entre población y sistema político.

Las dos coaliciones que han monopolizado el poder en los últimos 20 años, enfrentan en el manejo de la emergencia el test más difícil desde que se restauró la democracia.

Algunas fuentes sostienen que habría que ser muy ingenuo para pensar que en los ataques a las tiendas, no hay una motivación política de presionar al sistema. No se descarta que sean grupos de interés partidarios de la “mano dura” en el ejercicio del poder, intentando presionar al gobierno que asume el 11 de marzo.

En el ápice de la situación, se sitúa la alcaldesa de la ciudad de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, que tiene ambiciones presidenciales y es militante de la Unión Demócrata Independiente, un partido de la derecha tradicional chilena.

La alcaldesa, convertida en la persona más célebre de los episodios post terremoto, ha protagonizado una campaña mediática solicitando más apoyo militar para acabar con el vandalismo de los grupos que asaltaron tiendas, vehículos de abastecimiento, hogares y personas.

Esta campaña ha sido notoria particularmente en las transmisiones de CNN en América Latina.

De pronto se veía a la señora Van Rysselberghe en una proporción de 5 a 1, en relación a la Presidenta Bachelet, en las pantallas de Ecuador, Argentina, Colombia, México, EEUU, de donde me llaman para preguntar si Chile se despedaza de sur a norte por las declaraciones de la alcaldesa.

Ya no importaba para CNN las declaraciones diarias del comité de emergencia de la presidencia o las actividades de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior.

Tampoco importaba resaltar que el futuro Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter del nuevo gobierno, declarara que las medidas adoptadas eran las adecuadas.

Lo que importaba era cuantas veces la alcaldesa enfatizaba el punto de que Concepción y su periferia – sin decirlo textualmente- debían ser “ocupadas” por las Fuerzas Armadas.

Con su insistente llamado a la ocupación militar, ha incitado a predicar la violencia, y la ley del ojo por ojo.

Los saqueos, el pillaje y la agitada cobertura mediática intentando sacarle la máxima ventaja al hecho degradante y espectacular, comienzan a poner en jaque a la acostumbrada ponderación y equilibrio de la institucionalidad chilena.

También hay una pérdida de confianza en las instituciones, situación que algunos medios con sus propias agendas, le están sacando un enorme provecho para congraciarse -demagógicamente a mi juicio-con las poblaciones.

De pronto, se palpaba por los medios que el país podría desmoronarse, y una variada gama de analistas alimentaba esa sensación a poco más de una semana del traspaso de mando presidencial más importante desde que se recuperó la democracia.

Este terremoto ocurre en un período absolutamente excepcional en la historia chilena, a menos de dos semanas del traspaso de poder de una coalición a otra. Es así que esta transición tiene un rasgo de doble punta: el buen o mal manejo de la emergencia, puede beneficiar o perjudicar en la misma dimensión tanto al gobierno saliente como al entrante.

Como era esperable, las dos coaliciones han actuado hasta el momento con unidad de criterio para disminuir el impacto de cualquier desajuste en el manejo de la emergencia.

“El plazo es muy corto. Sería suicida para el sistema político, que cualquier coalición pretendiera perjudicar a la otra”, nos dice una fuente de gobierno.

Como que ambas entidades hasta hace poco opuestas, estuvieran decididas a doblarle la mano al curso histórico de una sociedad chilena que mantiene profundas contradicciones en el área de las desigualdades sociales que algún día podrían explotar.

Ese Chile profundo, de un subdesarrollo todavía indómito de grupos que viven con descontento y bajo la desesperanza, y que exhibe el pesimismo desatado de la clase media y de empleados en servicios estacionales, las víctimas más afectadas por las crisis económicas, aparecía como el terremoto desde el fondo, aunque con una diferencia, era algo que se sentía, pero que aún no golpeaba.

En los saqueos y el pillaje de las 48 horas posteriores al terremoto, Chile mostraba la debilidad del sistema democrático para incentivar y crear mecanismos que reduzcan la exclusión, y la insuficiencia de las políticas que incentiven a los grupos excluidos de las oportunidades del desarrollo.

El grave peligro reside en que estos grupos, que cada son vez más numerosos y abandonados, en vez a formar parte de la regeneración de la democracia, pasen a formar las filas de la descomposición social y digámoslo con letras que duelen, del neofascismo.

Los escándalos de corrupción y la falta de eficacia en el sistema, y la brecha en las desigualdades, es el escenario para alimentar el desplazamiento de estos grupos hacia posiciones de mero rechazo del sistema y destrucción.

Un periodista me dijo: “Por lo que está sucediendo en Concepción hay que actuar como en el terremoto de 1939, sacar los soldados y tirar a matar”.

Antes de disparar, hay que ver qué sucede con la determinante cultural de la actual forma de desarrollo. Pocos le prestan atención a este tema.

Al parecer las agencias en general consideran que las estrategias de intervención para el desarrollo están funcionando. Chile, con el episodio de Concepción es un buen ejemplo de que efectivamente no es así.

Fuente imagen: XINHUA

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Chile: Grietas de un terremoto

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

Nuestro país ha sufrido un terremoto de magnitud mundial. Todos sabemos que no es el primero y que no será el último. Este tipo de catástrofes que nos sacuden cada tanto desnudan todas aquellas carencias que se han acumulado a lo largo de los años. Como suele ocurrir en estos casos, en un país desigual, las víctimas son los más débiles, los más pobres. Es cierto, las catástrofes no se pueden predecir con exactitud y son eventos fuera del control humano. No obstante, para cualquier gobierno en nuestro país, este tipo de cataclismo es absolutamente previsible y está dentro del horizonte de probabilidades. Por ello, resulta más que inquietante la ausencia de una política seria a este respecto. Este papel le corresponde al Estado, aunque les moleste a los fanáticos del neoliberalismo.

Ante la tragedia que hoy enfrentamos todos los chilenos, es imprescindible esclarecer algunas cuestiones de fondo. Desde un primer momento se ha advertido una grave falta de coordinación entre las diferentes instituciones que suponemos debieran actuar en circunstancias extremas. Digámoslo con todas sus letras, los funcionarios civiles o uniformados no han estado a la altura. El terremoto ha mostrado las grietas no sólo de los edificios, carreteras y puentes sino que ha mostrado las graves fisuras institucionales y sociales que aquejan al país. Los síntomas son claros, abandono de amplios sectores populares, negligencia de funcionarios y, consecuentemente, vandalismo desatado. Si bien la respuesta inmediata ha sido la militarización de la zona – que promete ampliarse - es claro que tal medida no soluciona ninguno de los problemas de fondo.

En estos momentos de tristeza y aflicción para todos quienes compartimos una historia y una geografía, la única conducta responsable es la más amplia solidaridad hacia los que están sufriendo no sólo el luto sino el desamparo. Pero al mismo tiempo, reclamar políticas concretas tendentes a mejorar las condiciones de vida de los sectores más marginados del país. La situación actual ha agravado la falta de caminos, hospitales y escuelas en varias regiones, es hora de que el Estado recupere la iniciativa ante tales demandas. La caridad no debe confundirse con justicia social.

El desastre ha puesto de manifiesto todas las falencias del “modelo chileno”, desde el debilitamiento del Estado para actuar a este tipo de situaciones hasta la ausencia de una cultura cívica y solidaria responsable. La televisión exhibe hasta la saciedad las consecuencias físicas del cataclismo, sin embargo, pocos advierten las fisuras sociales que han quedado de manifiesto ante el grave sismo. Los sueños de llevar a nuestro país a los umbrales del mundo desarrollado, se desdibujan ante la mísera realidad social, que vive una gran mayoría de los chilenos. Contra el individualismo, el éxito y la competitividad proclamados por los idólatras del mercado, los grandes desastres naturales nos confrontan con un imperativo ético y político que apunta al “bien común”. Las tragedias no pueden privatizarse.

Foto: Chile, Terremoto - Puente sobre el Río Claro a 280 Kms al sur de Santiago de Chile. / Autor: XINHUA

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Un favor a propósito del terremoto en Chile

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

Mi pueblo arde en las plazas públicas y las veredas, aterido por la inclemencia telúrica que cayó como una maldición en medio de la noche del 27 de febrero.

Mi pueblo es noble y sencillo. Como todos los pueblos del mundo. Sus madres persiguen el alimento para sus hijos. Así la noche agazapada huele a calor y hace invisible los terrores infantiles.
Es cierto, mi pueblo no está organizado como el ángulo matemático de las estructuras. Pero paulatinamente de despereza de tantos años de gorilas, primero, y luego de los administradores del egoísmo y la competencia y la concentración de la riqueza.
En medio de mi pueblo hay delincuentes, gente sin salida que busca el dinero perverso con el deseo secreto de ser rica un día –en el sentido de acumular muchas más mercancías que las precisas para vivir decorosamente y también ser famosa y dominar a otros-. Pero mi pueblo, los millones que trabajan sin contrato por un salario que alcanza apenas para endeudarse, son la mayoría. Mi pueblo no es sinverguenza, ni ladrón, ni asesino. Y los que delinquen son una fracción fabricada por la miseria y la ignorancia.
Los medios de comunicación de masas en Chile, especialmente la televisión, están bajo control absoluto de la minoría privilegiada que manda en la economía, en la política y que es dueña del Estado. Por eso mi pueblo siempre aparece en las pantallas como víctima sin vuelta o victimario, y los poderosos como gente de bien. Y la televisión -la recreación más barata que tiene mi pueblo- es el modo de domesticar, construir temor ambiental y opinión pública siempre favorable a la visión de las cosas que tienen los que poseen todo. Al respecto, la iglesia oficial y la educación formal no se quedan atrás.
En Chile los militares son la guardia armada de los intereses del capital y de la propiedad privada. Por eso en la hora de la desgracia y el terremoto, la oficialidad y la tropa ordenada por la oficialidad, es destacada para custodiar los supermercados y no para ponerse al servicio de los dolores de mi pueblo. Siempre resulta una paradoja extraña que la tropa, que es tan pueblo como el que más, se ponga del lado de la minoría.
Chile no es un país desarrollado. El terremoto devastó también el avisaje publicitario edificado por los poderes para el turismo financiero y el inversionismo transnacional. Chile sólo es exportador de cobre, un poco de madera, pecado, uvas y plataforma de negocios para la región. Es despojado de sus recursos naturales por fuerza y decreto. En Chile ni siquiera queda industria textil. El 60 % de los trabajadores vende algo para vivir y está subcontratado o simplemente no tiene contrato, ni seguridad social. El 80 % se atiende en el espanto de los hospitales públicos –cuyos trabajadores son mártires-, y educa a sus hijos, pagando lo que no tiene, a una enseñanza particular privada pobremente subvencionada por el Estado, la cual sólo repite hasta el hartazgo, las distancias de clase. Porque Chile es una sociedad de clases, y una de las más desiguales del planeta.
Pero mi pueblo también apura su armadura cuando las crisis económicas y naturales le golpean el pecho. Entonces se solidariza, se encuentra en la calle, se reconoce de a poco otra vez, se esperanza, se conduele y de tanto buscarse, comienza a espejearse en el otro como un igual.
Mi pueblo tiembla de ternura cuando está en apuros y entonces sus trozos empiezan a reunirse. Mi pueblo es noble y sencillo. Como todos los pueblos del mundo. Y aunque la televisión ensucie su pantalla con saqueos editados convenientemente para los intereses de los pocos, e incluso, aunque una fracción de mi pueblo habite la puerta mugrosa e individual de la delincuencia, hoy estuve en la calle viendo con gente que acampa en las calles de Santiago viejo a cantores populares y aplaudimos un documental proyectado contra una pared sobre unas mujeres colombianas y pobres que se autoorganizan ejemplarmente en ese territorio tan vasto y dolido.
Cuando usted observe o tenga noticias de mi pueblo no olvide, y es un pedido colectivo, que ha sido muy magullado por asuntos bien conocidos, pero que está hecho de materiales sensibles, amorosamente desordenados, igual que el pueblo suyo.

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Estados Unidos: Legitimidad vs legalidad. Los amigos del rifle

Jorge Majfud (especial para ARGENPRESS.info)

Libertad de expresión

Como cualquier país, como cualquier sociedad, Estados Unidos es un cúmulo de contradicciones. Gracias a la libertad de expresión rigurosamente reconocida por ley y por tradición, una persona puede desfilar con la bandera nazi por una calle sin consecuencias legales. En Europa basta que un historiador o un panadero cuestionen una parte de la historia oficial sobre el nazismo para ir a la cárcel, como si la libertad se pudiese proteger de los brotes autoritarios con métodos autoritarios. Como si la verdad se pudiese legislar. Como si la verdad necesitase de la policía para sobrevivir a las agresiones de la ignorancia.

Pero en Estados Unidos el derecho a la libre expresión irremediablemente lleva a otra contradicción. Al no existir, como en muchos países, la misma figura criminal de la apología del delito, una persona o un grupo pueden incitar al odio. El odio no está prohibido. Solo se puede prohibir los crímenes por odio. El argumento que sostiene esta práctica no es malo: si limitamos a unos su derecho de expresión, unos estarían tomándose atributos sobre otros sobre qué se puede decir y qué se debe callar.

De cualquier forma, en los hechos ni la libertad ni la libertad de expresión son iguales para todos. En los países con gobiernos autoritarios el Estado censura y controla la libertad de expresión; en países capitalistas como Estados Unidos el capital censura y administra la libertad de expresión, ya que un millonario siempre tendrá algunos millones de oportunidades más que un obrero para expresar su voz o para promover su agenda política (to lobby).

Sin embargo, si ante estas contradicciones casi irresolubles fuese necesario elegir entre encarcelar a los locos y revisionistas y tener que escuchar las peores ideas y expresiones de los perores criminales, me quedo con esta última opción.

Derecho a portar armas

Otra contradicción fundamental surge en disputas éticas y legales como el derecho a portar armas para la defensa propia.

Recientemente se ha reinstalado el debate en Estados Unidos sobre la validez de portar armas. En los campus universitarios están prohibidas pero en Utah existen casos donde la ley lo garantiza.

No hace mucho un amigo me decía que no son las armas las que matan a las personas sino las personas que las usan. Aunque esta es una verdad irrefutable e innecesaria, advertí que el argumento venía en defensa del porte de armas. Según sus defensores, la Segunda Enmienda de la constitución de Estados Unidos lo garantiza junto con el derecho a la autodefensa. No está claro si el sujeto de derecho se refiere a los individuos o a los pueblos.

Tradicionalmente, la poderosa y bien temida Asociación del Rifle de Estados Unidos ha usado el mismo argumento para defender la propiedad y el millonario mercado de armas que circula en este país.

Sin embargo, no es lo mismo un criminal con un palo que con una pistola. Si como víctima tuviese la libertad de elegir, yo elegiría la primera opción. No solo porque mis posibilidades de sobrevivencia serían mayores sino porque al menos me quedaría algo de mi derecho a la autodefensa, ese derecho que tanto esgrimen los amantes del rifle y que protege la constitución.

Mientras volaba por la autopista I-95, camino a la universidad, escuchaba esta misma discusión por PBS, la radio publica. Quien criticaba este derecho a portar armas por defensa propia argumentaba que de esa forma pronto cada ciudadano podría portar una bazooka. Quien defendía este derecho respondió que ese tipo de armas no están contempladas como armas de defensa individual.

La discusión es infinita y, por alguna razón, se detiene y se pierde en ad hocs.

Ahora, como la discusión se centra en los aspectos legales de las interpretaciones constitucionales, nada mejor que ir a la fuente. La Segunda Enmienda es muy simple y no especifica el tipo de arma que se contempla.

De hecho, la enmienda se refiere a las milicias populares y a los ejércitos organizados. Simplemente reza: “Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo de portar armas, no debe ser vulnerado”.

Esta enmienda se comprende si recordamos que los padres fundadores de Estados Unidos en su mayoría hacían gala de un espíritu anarquista y solían repetir que los pueblos tenían derecho a revelarse contra cualquier gobierno que se extralimitase en sus atributos. Irónicamente, esto es lo último que quieren recordar los conservadores más radicales que abogan por un gobierno mínimo con un ejército máximo.

También el “right to keep and bear arms” es otra de las contradicciones constituyentes y fundadoras que podemos observar en cada país. Toda constitución reconoce que lo legítimo es superior y preexiste a lo legal, pero al legalizar lo legítimo proscribe toda legitimidad ilegal. Es decir, la constitución defiende el derecho civil a la rebelión y al uso de armas contra el poder oficial, pero en muchos casos cada legitimidad, los limites de cada derecho, puede ser materia de discusión. Como los limites de la libre expresión, del porte de armas y del derecho a la modificación de la misma constitución.

Ahora, si los mismo defensores de las armas reconocen que ni un tanque de guerra ni una bazooka pueden ser considerados como armas de defensa personal, ¿dónde esta el limite legítimo y legal? ¿Por qué, por ejemplo, este derecho constitucional cesa completamente en los aeropuertos?

La solución, entiendo, aun desde el punto de vista más conservador (los defensores de las armas son el extremo más conservador de la sociedad americana) consiste en ir directamente al tiempo en que fue escrita la enmienda que se evoca con tanta pasión. Es decir, 1791.

Supongamos, arbitrariamente, que la palabra “arms” no se refiere a un palo ni a un cuchillo. Se refiera a un arma de fuego. Por entonces, el arma de fuego personal más peligrosa no era mucho más que una pistola tipo flintlock (mosquete o revolver de chispa).

Una pistola estándar en 2010 puede alcanzar una distancia de cincuenta a cien metros. A poco menos distancia puede volarle la cabeza a cualquier ser humano con un solo disparo. Un viejo trabuco o una flintlock difícilmente podrían herir de gravedad a un hombre a quince pasos. Por algo este tipo de pistolas eran comunes para uso personal y para la práctica de duelos, precisamente porque los contendientes rara vez perdían la vida por un disparo a corta distancia. Quienes se defendían de un delincuente salvaban la vida, la vida propia y la vida del delincuente; quienes se defendían de un agravio salvaban el honor en el siglo XIX y hacían el ridículo en el siglo XX.

Si la diferencia entre una pistola y una bazooka, entre un arma legal y otra ilegal, es su poder de destrucción, la misma lógica debemos aplicar para distinguir una pistola antigua de una pistola moderna. El diablo y la diferencia constitucional están en el adjetivo.

La solución técnica y legal es obvia. Si defendemos la Segunda Enmienda desde una perspectiva verdaderamente conservadora, las únicas armas que podrían ser legales para uso individual no podrían tener más potencia ni ser mas peligrosas que una equivalente a una flintlock de 1790. Es decir, algo poco más potente que una onda o una piedra lanzada con la mano.

Foto: Estados Unidos - Ejemplar de colección de una pistola flintlock de 1790.

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Argentina: Deudas de lesa humanidad

Alberto Morlachetti (APE)

La presidenta Cristina Fernández el miércoles 13 de febrero -en uno de sus tantos discursos- decía haber escuchado comentar de la procedencia o no de la deuda. “El momento de analizar si la deuda dejada por la dictadura era legítima o ilegítima era durante el primer momento democrático". Hoy -agregaba- no hay manera de hablar de deuda ilegítima, por más que suene bonito. Intentando cerrar un debate tan caro a nuestras convicciones.

Deduce que la deuda ha devenido legítima porque el primer gobierno democrático y los que le siguieron por complicidad, tibieza o silencio han perdido el derecho de establecer la licitud o no de las acreencias. No importa el rosario interminable de entierros y sufrimientos que la deuda externa produce hoy en nuestro país. Niños, mujeres, viejos, hombres que se caen de sus vidas o deshojan antes del otoño. La "derecha es un delirio eterno".

Las "deudas de lesa humanidad" no pueden ni deben pagarse, porque quienes produjeron ese engendro contable no tenían credenciales jurídicas, ni soberanía ni voluntad colectiva. Un grupo criminal se adueñó del estado mediante las más altas cotas del espanto. El 24 de marzo de 1977 Rodolfo Walsh, da testimonio de un tiempo que no "era humano todavía", notificando al mundo del exterminio, de “las cifras desnudas de ese terror”. Un tiempo -inclusive- que para ir al infierno no era necesario morirse, bastaba con estar vivo en el lugar y el tiempo equivocados.

Un genocidio produce un infinito de penas irreparables en nuestros hombres, mujeres y niños y se extiende a traves de los tiempos. Es imperativo para la política recuperar el mundo de la memoria: si todo prescribe, si todo se olvida, ¿qué impide que el crimen se repita? No sólo está en juego arreglar nuestras cuentas con el pasado, sino preparar decentemente el futuro.

Lo contrario supone arrodillarse frente al porvenir y pedirle a nuestros descendientes "acordaos de nosotros con indulgencia".

Fuente imagen: APE

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Las garantías procesales benefician a los represores

Irina Santesteban (LA ARENA)

Algunos de los acusados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, llegan a los juicios gozando del beneficio de la excarcelación. Sin embargo, ningún defensor de la "mano dura" ha protestado por ello.

El viernes 26 comenzó en los Tribunales ubicados en la calle Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, el juicio por los delitos que se cometieron en el campo de concentración conocido como "El Vesubio". En el mismo están acusados ocho ex represores: el general Humberto Gamen, los coroneles Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli y los agentes penitenciarios Ramón Erlán, José Maidana, Roberto Zeolit, Diego Chemes y Ricardo Martínez.

Cual reflejo de las diferencias de clase que existen dentro de las filas del Ejército y las fuerzas de seguridad, los cinco penitenciarios ingresaron a la sala de audiencias con sus manos esposadas, de las que fueron liberados antes de tomar asiento.

Sin embargo, los tres jefes militares entraron con sus manos libres, impecablemente trajeados, como si fueran respetables señores mayores. Es que los tres gozan del beneficio de la excarcelación, por haber transcurrido los dos años que la ley procesal establece como límite de la prisión preventiva. Una garantía procesal que los impulsores de la "tolerancia cero" en la lucha contra el delito, han impugnado siempre como un "exceso de garantías" que beneficia a los delincuentes.

El Centro

El Vesubio fue uno de los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura videlista, está ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, en Camino de Cintura y Autopista Richieri. Dependía del Primer Cuerpo de Ejército y en sus instalaciones fueron vistos secuestrados y aún figuran desaparecidos, el escritor Haroldo Conti, el cineasta Raimundo Gleyzer y el dibujante Héctor Oesterheld.

Aunque se calcula que fueron cerca de cuatro mil los detenidos que pasaron por ese campo, en este juicio se ventilarán los casos de 157, algunos de los cuales sobrevivieron al horror de la detención ilegal y las torturas y son parte de los más de 300 testigos que prestarán su declaración en las audiencias, que se estima se prolongarán hasta noviembre.

Además de las continuas dilaciones que plantean las defensas de los genocidas, los juicios por los crímenes de la dictadura, enfrentan varios otros problemas, entre ellos la falta de espacios adecuados para desarrollar las audiencias públicas.

En el enorme edificio de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, se utiliza la sala del subsuelo para tres juicios diferentes. Tres días a la semana, semana por medio, tienen lugar las audiencias por la mega-causa "Atlético - Banco- Olimpo", más conocida como ABO y donde se encuentran acusados quince ex represores, en su mayoría ex comisarios de la Policía Federal, algunos gendarmes y agentes de inteligencia militar.

Otros tres días a la semana, también semana de por medio, en la que no se ventila la causa anterior, se llevan a cabo las audiencias por la causa "ESMA", que comenzó en diciembre del año pasado y que tiene 19 acusados, entre ellos Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, el médico Carlos Octavio Capdevilla, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón y Ricardo Cavallo.

Dudas

En esa misma sala, desde el pasado viernes 26 de febrero, también tienen lugar allí las audiencias de la causa "Vesubio" aunque hasta esta semana no se sabía cómo iba a continuar, por la falta de espacio adecuado.

El día del inicio de la audiencia, hubo que esperar a que se desocupe la sala y partieran los acusados de la causa "ESMA", quienes fueron repudiados con cánticos por los militantes que se encontraban en la puerta de Comodoro Py, mientras al interior de los Tribunales se acondicionaba rápidamente la sala de audiencias para comenzar, con una hora de retraso, con la lectura del requerimiento fiscal en la causa "Vesubio".

No fue el único retraso en esta causa, la renuncia al Tribunal Oral Federal Nº 4 (TOF 4), quien tiene a su cargo el juicio, de la magistrada María Cristina Sanmartino, ya había prorrogado el inicio de las audiencias previstas inicialmente para el 15 de diciembre del año pasado. Finalmente el Tribunal quedó conformado por el camarista Leopoldo Oscar Bruglia (presidente), Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi, éste último miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

El procesamiento con prisión preventiva de los imputados había sido dispuesto por el juez Daniel Rafecas el 23 de mayo de 2006, que analizó 16 homicidios agravados y 157 privaciones ilegales de la libertad en concurso real con imposición de tormentos. Un año después, el 10 de abril de 2007, la Cámara Federal confirmó dicho procesamiento y finalmente, luego de innumerables dilaciones, comunes a estos juicios, el 22 de julio de 2008 se dispuso la clausura parcial de la instrucción y su elevación a juicio oral y público.

Primera audiencia

La primera audiencia se prolongó por casi cuatro horas, y la lectura del extenso escrito de la Fiscalía fue seguida con atención por el público conformado por unas setenta personas, sentados detrás de un vidrio que los separaba de los miembros del Tribunal, imputados y abogados. Los presentes eran mayoritariamente familiares de las víctimas, ex detenidos del Vesubio y personalidades de los organismos de Derechos Humanos, como Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Jorge Watts, sobreviviente del Vesubio y uno de los principales testigos en la causa; María Eleonora Cristina y Mónica Cristina, hija y hermana de Roberto Cristina, secretario general de Vanguardia Comunista y desaparecido en "El Vesubio".

En la parte superior de la sala, se ubicaron los escasos familiares de los imputados, quienes formaron fila con el resto del público al momento de ingresar a la audiencia. Su porte militar y rostros adustos contrastaban con el bullanguero grupo de familiares y militantes, que expresaban su satisfacción por haber arribado a este juicio aunque con 32 años de demora.

La emoción y el llanto embargaron a algunas mujeres cuando el secretario del Tribunal leía sus nombres, cuyos casos figuran entre los 157 que juzgará este juicio, y que serán importantes testigos por haber sido detenidas ilegalmente y torturadas en ese campo de concentración.

Entre las víctimas del imputado Durán Sáenz, figura la pampeana Elena Alfaro, secuestrada embarazada en abril de 1977 y liberada en noviembre de ese año, actualmente residente en Francia. El padre de su hijo, el cordobés Luis Fabbri continúa desaparecido y también es uno de los casos que se juzgará en esta causa.

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Buenos Aires oculta: Cerraron el hospital oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze

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El diputado Jorge Selser, Presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña manifestó, junto a los trabajadores, su preocupación por la decisión del Ministro Lemus de cerrar ese centro asistencial. Además, acompañara mañana a partir de las 11 hs. Una conferencia de prensa que realizarán los trabajadores del Laglayze en el Hospital -Av. Juan B. Justo 4151-.

Mediante la Resolución 466 del Ministerio de Salud, fechada el 26 de febrero, el Ministro de Salud, Dr. Jorge Lemus, resolvió realizar el cierre preventivo del Hospital Pedro Lagleyze, argumentando que el hospital no se encuentra en situación operativa como consecuencia de las inundaciones que sufriera la Ciudad de Buenos Aires los días 15 y 19 de febrero.
Sin embargo, Selser considera, luego de una visita realizada hoy al hospital, que la situación del nosocomio no justifica el cierre preventivo dado que el sótano se ha desagotado totalmente y la empresa Edenor restituyó el servicio eléctrico y cuentan con agua potable.
En tanto, el Dr. Lemus encomendó, a través de la misma resolución, al director de Recursos Físicos en Salud que le informe las medidas que correspondan a los efectos de la reapertura del hospital, de fecha incierta hasta el momento. Por lo que Selser considera que Lemus no toma las medidas que garanticen la reapertura del mismo.
Por otra parte, la Dirección General Sanitaria III se encuentra empeñada en trasladar los equipos de alta tecnología con que cuenta Lagleyze al hospital Durand, a pesar de que dicho equipamiento no se encuentra en riesgo alguno.
El 50% del equipamiento de alta tecnología que posee el hospital son productos de distintas donaciones, alguna de ellas de los propios médicos. Todos estos equipos corren alto riesgo de rotura en el caso de deban ser trasladados por lo que los trabajadores del hospital están resistiendo las presiones por parte de las autoridades Ministeriales.
Trabajadores del hospital manifiestan que desde el comienzo de la gestión del Ingeniero Macri, en Lagleyze ha padecido el total desinterés de las autoridades del Ministerio de Salud. Es así como durante el año 2008 se le destinó la suma de $ 10.000 (diez mil pesos) para la compra de equipamiento, mientras que el otro hospital oftalmológico de la Ciudad recibió para el mismo fin casi dos millones de pesos.
En el presupuesto 2009 se les asignó a Lagleyze la misma suma que el año anterior la que debió ser elevada a $ 30.000 ante la ruptura de dos lámparas de hendidura, fundamentales para la atención de guardia. Dichas lámparas ya no podían ser reparadas, con la suma asignada sólo fue suficiente para comprar una lámpara, con el perjuicio para los pacientes que necesitan de la atención por guardia.
El hospital Lagleyze realiza alrededor de 1.000 consultas diarias y efectúa 35 cirugías diarias. Además posee el único tomógrafo computada de retina del país, obtenido producto de una donación. En el nosocomio se realizan alrededor de 200 tomografías por mes que podrían duplicarse si el Ministerio designase a los profesionales que han concursado en el mes de mayo y cuyas designaciones se encuentran actualmente frenadas sin causa aparente.
Con el cierre del hospital Lagleyze se perdería un centro de alta especialización en cirugía oftalmológica y un centro de formación de profesionales de pre y post grado. También se vería perjudicado el programa de Salud Visual de Nación ya que este hospital opera el mayor número de pacientes derivados de todo el país por dicho programa.

Actualmente la dotación profesional asciende a 300 personas de las cuales casi la mitad están constituidas por oftalmólogos altamente especializados difícilmente reemplazables en el sistema de salud. El Director y Subdirector que se encuentran a cargo, no han sido designados, a pesar de haber ganado el concurso efectuado por las autoridades del Ministerio y anunciado como logro por el Ingeniero el dia de apertura de las sesiones. De los 58 cargos concursados en el mes de mayo del 2009 se otorgaron solo 22.
El intento de trasladar el equipamiento al hospital Durand se acompaña del pase a ese efector de la planta profesional que de ninguna manera puede ser absorbida por el mismo.
Hospital fundado en la década del 40 debe su nombre a un de los mas distinguidos médicos oftalmólogos del país
El Hospital viene sufriendo el desfinanciamiento y desatención desde hace 2 años. La disminución en el presupuesto para la compra de insumos solicitado por valor de 3.050.000, asignándose 800.000 para insumos y medicamentos, monto que incluye las compras efectuadas por el nivel central y del propio hospital, cabe destacar que una sutura cuesta 15 dólares y una punta de vitrectomìa 150 dólares.
En el hospital se efectúan intervenciones de alta complejidad como Facoemulsificaciòn, vitrectomia, injerto de cornea, desprendimiento de retina, cirugía glaucoma, de vías lagrimales, de estrabismo, de orbita. Mediante el Programa Nacional de Salud Visual el hospital recibe pacientes de todo el país y es el que mayor numero de casos opera- Con el presupuesto asignado se gasta a razón de 2 $ por paciente.
Cabe destacar que es la única institución que posee un tomógrafo computado de retina, TOPCOM tridimensional, microscopio Zais de ultima generación por valor de 150000 dólares, Laser YAG (capsulotomia y trabeculotomia glaucoma), láser de Argon, equipo para estudio de retina digitalizado, y otros- El 50% de estos equipos donados por profesionales del hospital y otras institución de bien publico.
Funcionan en el hospital la Escuela de retina, Escuela de cirugía ambulatoria, residencias, UDH y concurrentes. Cuenta con 36 camas de internación.

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La CTA exige el aborto terapéutico en caso de niña en Comodoro Rivadavia

ACTA

La Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA nacional encabezada por Alejandra Angriman manifestó su apoyo al derecho al aborto terapéutico de la niña de 15 años embarazada producto de la violación de su padrastro en la ciudad de Comodoro Ridavia. A su vez denunció el accionar ilegal de la Cámara de Apelaciones de dicha localidad al negar esta posibilidad no ateniéndose al respeto de la legislación vigente ni al derecho de la adolescente a un aborto seguro poniendo incluso en riesgo la vida y la salud mental de una niña.

"Hay suficiente jurisprudencia en varias provincias de nuestro país que ratifican que el aborto no punible no requiere intervención judicial y que los servicios públicos de salud deben garantizarlo como deber y obligación del Estado. Es increíble que aún hoy los equipos de salud sigan judicializando este tipo de casos incumpliendo tanto con en el artículo 86 del Código Penal y con la Guía Técnica de Atención de Abortos no punibles elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación. Sin duda la mentada objeción de conciencia de algún profesional de la salud no puede llevar a que el sistema público de salud de cualquier provincia incumpla su responsabilidad de dar asistencia sanitaria para realizar una aborto terapéutico que corresponde a la normativa vigente en nuestro país”, puntualizó la titular de la Secretaría de Género de CTA Alejandra Angriman.

Según propias fuentes del Ministerio de Salud de la Nación alrededor de 500 mil abortos por año, en su mayoría clandestinamente, ingresan a los hospitales públicos 68 mil mujeres con complicaciones post aborto y que de ellas, casi 100 mueren por año. Muchas de estas muertes serían evitables si las mujeres tuvieran mayor acceso a la información sobre un aborto seguro.

Finalmente, la Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CTA, Alejandra Angriman, agregó al respecto que “las compañeras y compañeros de la CTA nos estamos movilizando para que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Chubut cumpla con el derecho de esta niña de 15 años. Históricamente desde CTA peleamos desde nuestra constitución porque el Estado modifique la legislación nacional, despenalizando y legalizando el aborto como principio esencial de salud pública y defensa de los derechos humanos de las mujeres, practicándose en los hospitales públicos con carácter de atención gratuita, universal, de cuidado integral y de calidad con accesibilidad por el principio de ciudadanía o residencia en todo el territorio nacional”.

“Desde la CTA tenemos un compromiso por la vida de nuestro pueblo y una bandera de lucha que va a las raíces de este tipo de injusticias: construir entre todas las compañeras y compañeros un país con igualdad social, soberanía popular y más democracia en el marco de un buen vivir, donde el derecho a la salud de nuestro pueblo sea integral, gratuito, universal tanto para varones como mujeres garantizado por el Estado”, concluyó Angriman.

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Argentina: 6 femicidios en febrero

Gabriela Barcaglioni (ARTEMISA)

Durante el mes de febrero 6 mujeres fueron asesinadas en el país por razones de género. Los datos surgen de un monitoreo propio elaborado a partir de información de los principales diarios nacionales y de las tres agencias de noticias nacionales (Telam, Dyn y NA).

RAQUEL TERRA, 37 años
Su cuerpo fue encontrado en la habitación de un hotel de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
El Juez de Instrucción Nº 1, Eduardo García, ordenó la detención de un joven de 23 años, de apellido Fiorotto quien confesó ser el autor del asesinato.
3 Febrero 2010
ANDREA PAREDES, 35 años
Asesinada por su ex pareja, un hombre de 37 años, en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.
El fiscal Ricardo Mazzuchi dispuso la detención de la ex pareja de la mujer, como supuesto autor de 'homicidio simple'.
15 Febrero 2010
NANCY NATEL, 49 años
Apuñalada por su pareja, Alberto Cepeda, de 46 años, en el barrio Las Torcacitas de la ciudad de Maipú en la provincia de Mendoza.
El diario Los Andes al informar del hecho indica que el hombre asesinó a la mujer 'tras una pelea doméstica'.
17 Febrero 2010

WANDA TADEI 29 años
Murió en el Hospital del Quemado, al que ingresó el 10 de febrero tras un hecho de violencia de Género que la Justicia aún investiga.
Su marido, Eduardo Vazquez de 33 años, permaneció detenido bajo la acusación de intento de homicidio, pero fue liberado por falta de pruebas. Vazques declaró –según las crónicas policiales- que su mujer lo roció con alcohol y que al prender un cigarrillo se inició el fuego que quemó el 60 % del cuerpo de la mujer y las manos del Vazquez.
'Ella se me vino encima y no puedo decir cómo fue que los dos nos prendimos fuego', relató.
El hecho ocurrió en el barrio porteño de Mataderos. Luego de la muerte de la mujer su padre denunció que existían hechos de violencia en la pareja, también trascendió que Wanda había denunciado a Vázquez por violencia familiar y su ex esposo con quien tenía dos hijas que vivían con Tadei y Vázquez también .
21 Febrero 2010

MIRTA SCHOSSLER, de 30 años
Daniel Aguirre, de 30 años, la apuñaló y luego se suicidó en el barrio porteño de la Recoleta cuando la mujer llegó al domicilio que compartía con él acompañada por dos efectivos policiales a retirar sus pertenencias.
Uno de los agentes de la Policía Federal resultó herido.
22 Febrero 2010
NN 36 años
Apuñalada por su pareja en el barrio Los Pozos del partido de Cañuelas.
El asesino persiguió a la mujer por el barrio y en su carrera hirió a un vecino que intentó defenderla; fue herido por la Policía y trasladado a un centro asistencial junto a la mujer, que ingresó sin vida al lugar.
En la causa, que está caratulada homicidio calificado y lesiones interviene la UFI descentralizada de Cañuelas, a cargo del Dr. Rodolfo Robatto, del Departamento Judicial La Plata.

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Una fiscal ya actúa de oficio en supuestos casos de abuso en una parroquia: Mollaghan sabía, pero dice que no encubrió

REDACCION ROSARIO

Los presuntos casos de abuso llevados a cabo por el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Pompeya motivaron la intervención de oficio de la fiscal Adriana Camporini, quien ya está actuando en el caso y, según la agencia de noticias DyN, ya redactó un escrito que presentó a la jueza Raquel Cosgaya.

El principal escollo para la prosecución de la causa es la falta de denuncias por parte de las presuntas víctimas, que habrían sido abusadas por el cura Reynaldo Narvais, párroco de la mencionada iglesia y del colegio del mismo nombre. Según la misma agencia informativa, el propio arzobispo de Rosario, monseñor José Luis Mollaghan, reconoció que “desde fines de 2008” conoce las denuncias por supuesto acoso sexual de un sacerdote de su diócesis contra feligreses, a pesar de lo cual negó que haya existido encubrimiento por parte de la Iglesia, a la vez que expresó sus dudas respecto de algunas de las acusaciones. La diputada provincial Alicia Gutiérrez se quejó: “Es sorprendente cómo la jerarquía de la Iglesia rosarina mantuvo en secreto estos deplorables hechos”.

Los supuestos hechos de abuso tomaron estado público a partir de una nota del diario La Capital, de Rosario. El artículo precisaba que el sacerdote Narvais había sido separado del cargo después de que lo acusaran de al menos ocho casos de acoso sexual y abuso de autoridad.

El matutino indicó que esos episodios acontecieron “hace más de un año”, y que “eran mantenidos en el más completo hermetismo”. El mismo día en que fue publicada la denuncia periodística, “un sacerdote de la misma congregación se encargó de confirmarlos en un discurso a los fieles que se congregaron en el templo de Mendoza al 5160”.

Ante la difusión de los presuntos casos de abuso, la fiscal Camporini decidió intervenir de oficio y este lunes presentó un escrito a la jueza Cosgaya.

Hasta este martes, el Azobispado de Rosario había evitado referirse al caso. Sin embargo, siempre según DyN, su titular, monseñor José Luis Mollaghan, reconoció esta jornada que “«desde fines de 2008» está «en conocimiento de las denuncias» por acoso sexual contra ocho personas, entre ellas una docente y una menor de edad discapacitada, presuntamente cometidas por Raynaldo Narvais, ex párroco y autoridad del colegio de Nuestra Señora de Pompeya de Rosario”.

El prelado, no obstante, expresó que “de ninguna manera hubo encubrimiento o un manto de silencio o secreto”. Mollaghan señaló que “no se judicializó el tema porque eso lo deben hacer las supuestas víctimas” y destacó que los feligreses que denunciaron a Narvais presuntamente “aceptaron que quienes diluciden la cuestión sean sus superiores de la orden de los Canónigos Regulares de Letrán”.

El obispo rosarino aseguró que “recibió personalmente las quejas de un grupo de alrededor de 20 feligreses, que denunciaban al sacerdote de varias cuestiones que iban desde autoritarismo a acoso y luego fue separado de la parroquia”, explicó.

En cambio, expresó reparos respecto de la total veracidad de las denuncias al asegurar que “otro grupo se acercó a defenderlo y había una maniobra pergeñada para perjudicar al sacerdote”.

Reynaldo Narvais tiene 46 años y en octubre de 2008 era párroco del templo y también representante legal del colegio Nuestra Señora de Pompeya.

“Había hechos que podían representar la verdad, pero también eran difusos”, dijo, tras lo cual insistió en adjudicar a la propia decisión de las supuestas víctimas que no se haya hecho una denuncia judicial.

El obispo agregó que “la Iglesia tiene un Derecho propio que permite que sea el propio superior quien investigue a un sacerdote, que es lo que se hizo”, sostuvo.

“La investigación ha avanzado, incluso vino dos veces desde Roma el abad de los Canónigos Regulares de Letrán”, manifestó, con quien se reunió por esta cuestión.

Diputada sorprendida

Por su parte, la diputada provincial de Solidaridad e Igualdad (SI), Alicia Gutiérrez, requirió que intervenga la Justicia para esclarecer los supuestos episodios, a la vez que señaló que “es sorprendente cómo la jerarquía de la Iglesia rosarina mantuvo en secreto estos deplorables hechos, escandalosos al ser cometidos desde una institución que se vanagloria de administrar los valores morales de la sociedad”.

La agencia DyN Recuerda en su despacho que “tres meses atrás, la Justicia de Santa Fe condenó al ex obispo de la ciudad de Santa Fe Edgardo Storni a ocho meses de prisión por abuso sexual contra dos seminaristas, perpetrados en 2002.

Foto: Argentina, Iglesia Católica - Arzobispo de Rosario, monseñor José Luis Mollaghan. / Autor: REDACCION ROSARIO

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Consejo del médico de la Corte de la Nación: Por la salud de Bussi, suspendieron el juicio hasta el 16 de marzo

PRIMERA FUENTE

En la audiencia que se realizó ayer exclusivamente para tratar la salud del ex gobernador de facto, los jueces del Tribunal Oral Federal decidieron suspender el debate hasta el martes 16 de marzo. La medida fue tomada tras escuchar la recomendación del médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cristian Rando, quien aseguró que el represor padece de un síndrome coronario agudo y por ello necesita permanecer en reposo 10 días hábiles.

Después de escuchar al médico forense de la Corte Suprema de Justicia, Cristian Rando, quien había revisado en las últimas horas al represor Antonio Domingo Bussi, los jueces del Tribunal Oral Federal decidieron suspender hasta el próximo 16 de marzo las audiencias del juicio oral y público que se sigue por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía. El cardiólogo judicial aseguró ayer, en el marco de la audiencia que se reanudó exclusivamente para tratar este tema, que el ex gobernador de facto, de 84 años, debe permanecer en reposo por un síndrome coronario agudo producido por la falta de un aporte sanguíneo apropiado al músculo cardíaco.

“En base al cuadro sufrido el 25 de febrero pasado y a los antecedentes con patologías múltiples, uno está obligado a sospechar que Bussi presenta un síndrome coronario agudo, con lo cual el músculo cardíaco ha sufrido un deterioro por falta de un aporte sanguíneo apropiado. Esto somete al paciente a un aumento de riesgo de vida. Por eso es conveniente que Bussi guarde reposo por 10 hábiles, por lo que se aconseja que no sea sometido al juicio, ya que podría incidir peor que en situaciones normales”, explicó Rando, quien revisó al militar retirado en la noche del lunes en el domicilio donde cumple arresto domiciliario, ubicado en un country de Yerba Buena. La revisión médica se realizó en el marco de una Junta Médica integrada por los doctores de partes Ramiro Castellanos (médico de cabecera de Bussi), Jorge Luis Barrionuevo y Ricardo Jorge Lacroix (en representación de los querellantes), y de Fernando Depaz, por parte del Siprosa.

“Es poco probable que un paciente con este cuadro mejore, lo más posible es que con el tiempo, empeore. Por eso propongo volver a evaluarlo en 10 días, antes de eso es difícil dar pronósticos”, respondió ante las preguntas de la abogada querellante Laura Figueroa, quien también le consultó si se hizo tratamiento adecuado en el momento en que fue internado por solo tres horas el jueves pasado en el Centro de Salud. “Es difícil juzgar la conducta médica retrospectivamente”, se limitó a decir.

El TOF también resolvió, a pedido del fiscal general Alfredo Miguel Terraf, que a partir del lunes Bussi sea sometido a nuevos estudios solicitados desde Capital Federal por el perito forense de la Corte a fin de realizar un chequeo permanente de su salud.

Foto: Argentina, Tucumán, Juicios a represores - El médico forense Cristian Rando explicó en la audiencia los resultados de los estudios médicos que se realizaron a Bussi. / Autor: PRIMERA FUENTE


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Comunicado de H.I.J.O.S: Aseguran que Bussi intenta instalar la imagen de “enfermo”

PRIMERA FUENTE

Representantes de H.I.J.O.S aseguran que las actitudes del represor Antonio Domingo Bussi dentro de la sala de audiencias están alejadas de la imagen de “una persona mayor y senil que intenta mostrar” ante la opinión pública. “Allí se lo puede observar charlando con su antiguo “camarada” Cattáneo; escuchando atentamente el desarrollo de los testimonios; tomando nota de ellos; hasta hace pocos días interrogando directamente a los testigos y el pasado jueves dictando preguntas a sus abogados defensores”, señalaron.

Desde la agrupación H.I.J.O.S salieron al cruce de la suspensión del juicio oral y público hasta el 16 de marzo y alertaron que el ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi “intenta mostrarse como un anciano enfermo y perseguido políticamente, para opacar la importancia histórica de este juicio y de la verdad que en el mismo se está develando”.

“Esta imagen que intenta instalar Bussi a través de sus declaraciones y la de sus hijos candidatos en campaña, esta alejadísima de la realidad que día a día se ve en el debate oral y público. Allí se lo puede observar charlando con su antiguo “camarada” Cattáneo; escuchando atentamente el desarrollo de los testimonios; tomando nota de ellos; hasta hace pocos días interrogando directamente a los testigos y el pasado jueves dictando preguntas a sus abogados defensores. Bastante alejado de la imagen de una persona mayor y senil que intenta mostrar ante la opinión pública”, sostiene un comunicado de prensa firmado por H.I.J.O.S Tucumán (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).

“Tenemos conciencia que la mayoría de los imputados en estos juicios son personas de avanzada edad. Pero también tenemos conciencia, y la sociedad lo sabe, que nuestras madres y padres, abuelas y abuelos, compañeras y compañeros han esperado más de 30 años para poder obtener justicia. Muchas de ellas también tienen avanzada edad, o condiciones complicadas de salud, y muchas de ellas lamentablemente nos han dejado, sin poder ver nunca justicia por lo que les sucedió a sus seres queridos. Tal el caso de Marta López, que hoy no puede estar presente en el juicio por la desaparición de sus tres hermanos Ceferina, Juan y Ramón, y su propio secuestro”, agregaron.

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Argentina, Córdoba: Una tarde junto a los obreros de Bicupiro, ocupada y en lucha

Fernando Rosso (PRENSA RED)

Los trabajadores de la fábrica ubicada en la “sojera” ciudad de Oncativo ocupan la planta y denuncian un proceso de vaciamiento por parte de la patronal, como así también una llamativa “pasividad” de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En medio del corazón sojero de la provincia de Córdoba, a 75 km. al sur de la Capital mediterránea, se encuentra la ciudad de Oncativo. Allí, rodeados de la abundancia de la que será una nueva cosecha histórica de soja, poco más de 70 obreros defienden sus puestos de trabajo y ocupan la fábrica Bicupiro, hace ya una semana.

Entrada la tarde, un grupo de trabajadores, que mantiene una relajada pero alerta vigilancia, nos recibe amablemente. Rodeados de los dos inmensos galpones que están a uno y otro lado de la calle y que forman parte de la empresa, comienzan el relato de las peripecias por las que los hizo pasar el patrón quien llevó adelante un proceso de vaciamiento de la empresa, al que solo la ocupación puso límite.

Bicupiro fabrica equipos para higiene urbana para camiones recolectores de basura y contenedores, compactadores entre otros productos. Según los trabajadores hay cuatro empresas que fabrican estos productos en el país, una de ellas es Bicupiro. En su página de Internet informan que tienen más de 80 clientes, entre las que figuran las principales empresas privadas de recolección que operan en el país como Cliba y Taym y otras grandes empresas como Arcor y Techint.

“El ´venezolano´ (así llaman a Salomón Yehia actual accionista mayoritario de la fábrica),cagó a medio mundo y a nosotros también. Cuando llegaron nos prometieron de todo, nos dijeron que a fin de año íbamos a andar todos en auto nuevo. Nosotros nos comimos el verso…y mirá donde estamos”. Otro trabajador, uno de los más antiguos con 33 años de fábrica, saca de su flaca billetera, algunos cheques sin fondo, con los que la patronal le había pagado los salarios adeudados. Desde diciembre que no cobran los sueldos y tampoco se les abonó aguinaldo ni vacaciones.

Una tras otra se suceden la anécdotas de las estafas del “venezolano” y la conclusión unánime: “sino ocupábamos la fábrica (sintetiza un operario), y seguíamos laburando, el dueño o los acreedores, empezaban a llevarse todo y a vaciarla definitivamente”.

Con sólo quedarse un rato junto a los obreros en la puerta de la fábrica, se nota el apoyo y la solidaridad del pueblo de Oncativo, para con estos trabajadores que se defienden con dignidad. Nadie pasa de largo, sin dar un saludo afectuoso o un mensaje de aliento.

-¿Parece que tienen bastante apoyo de la gente?, preguntamos cuando al grupo ya se habían sumado unos cuantos trabajadores más y entre ellos varios jóvenes que mastican bronca.

“Menos los ´gringos´, todos nos apoyan”, aclaran rápidamente. Los “gringos” son los dueños de los campos, los que se preparan a engordar sus cuentas con la “cosecha histórica”. Otra voz agrega, resignada, algo que suena a autocrítica: “nosotros paramos la fábrica cuando ellos estaban con su quilombo, pero ahora no apareció ni uno”. “¡Y el cura tampoco!”, interrumpe inmediatamente el más joven del grupo y se explaya,“cuando estaban los “gringos” en la ruta, el cura andaba tirando agua bendita para todos, pero acá no vino ni a saludar”. Y en forma lapidaria otro obrero sintetiza “lo que pasa es que ellos no se juntan con los ´negros´”.

Pareciera que la vida misma, y en unos pocos días, dio una lección de conciencia a estos obreros y marcó a fuego los límites de clase y sus intereses contradictorios e irreconciliables. Como plus, dejó en claro el rol de la curia y de qué lado se ubican cuando las papas queman.

Más allá de esto, efectivamente, la población de Oncativo los apoya y los dos lechones, las bolsas de comida y víveres que les donaron, para que puedan aguantar, son una muestra de esto.

La experiencia de Zanón bajo gestión obrera e incluso la situación de Stefani (en Cutral-Có), surge como referencia ineludible en el intercambio y algunos videos documentales quedan en manos de los trabajadores para que puedan mamar de esas experiencias.

Pero la fuerza de estos obreros y el inmenso apoyo que reciben, contrasta con la pasividad de la dirección de la UOM. A las preguntas y propuestas sobre movilizaciones y acciones, que la mayoría de los obreros empieza a ver como necesarias, sobre todo los mas jóvenes, los delegados responden con evasivas o un “puede ser, hay que hablarlo, etc, etc.”. Cerca de 300 obreros, enrolados en la misma UOM rodean a la empresa y trabajan en fábricas a sólo unos metros de Bicupiro.

Y al sindicato no se le ocurrió -mas preciso sería decir se niega terminantemente-movilizarlos en apoyo de estos compañeros. Algunos empiezan a ver como razonable la necesidad de comenzar un plan de lucha y entre los jóvenes, mas de uno se entusiasma con votar ya, una medida para esta semana.

Comienza a parecer lógico reclamarle a un gobierno que subsidia con millones a las multinacionales como FIAT, RENAULT, VW y que salió primero en la fila a defender a los “gringos” para que nos les toquen su rentabilidad. Que se haga cargo de la deuda y permita que esta empresa, una de las pocas en el país que fabrica estos materiales, siga funcionando y se mantengan los puestos de trabajo.

Todavía es un conflicto abierto y los próximos días serán decisivos para ver si se imponen los trabajadores que quieren pelearla hasta el final, por sobre la línea pasiva y sin salida a la que los empuja la dirección de la UOM, con negociaciones estériles y puras promesas.

Hay que buscar la solidaridad entre los trabajadores, los estudiantes y la juventud para ayudar al triunfo de los obreros de Bicupiro.

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Argentina, Córdoba: El ex Secretario de Gobierno de Villa Allende fue Personal Civil de Inteligencia en la dictadura

Víctor Valente (LA UNION)

José Luis de Olazábal habría tenido participación en la sangrienta dictadura del 1976. Él mismo manifestó que fue Personal Civil de Inteligencia que actuó del ´76 al ´80 en la provincia de Santa Fe en una “oficina de servicios”. Renunció al cargo en noviembre de 2009.

Más de un vecino de la ciudad de Villa Allende habrá quedado perplejo tras conocer la noticia de que un ex miembro del Departamento Ejecutivo habría tenido participación en los años de plomo. Se trata de José Luis de Olazábal, el último secretario de Gobierno de la gestión de Máximo Martínez que renunció a ese cargo el 3 de noviembre de 2009.

Cuando el matutino Día a Día dio a conocer en forma exclusiva esta noticia el pasado 27 de diciembre, ninguno lo podía creer, mucho menos las personas vinculadas a la estructura de poder municipal y al partido radical, del cual el ex funcionario fue -y sigue siendo- parte.

Es que nadie, absolutamente nadie, imaginaba que De Olazábal podría aparecer en los medios por cuestiones vinculadas a su pasado. Ya se ha dicho y él mismo lo corroboró: era un PCI (Personal Civil de Inteligencia) que actuó del ´76 al ´80 en la provincia de Santa Fe en una “oficina de servicios”, según detalló, en la cual se desempeñaba llevando el registro de los soldados, con las asistencias, las guardias que hacían, las enfermedades, los traslados al Hospital de Paraná, etc.

Toda esta información comenzó a traslucirse el 2 de febrero de 2009 cuando en el marco de la causa llamada “Horacio Barcos”, la Justicia Federal santafesina pidió al Ministerio de Defensa que contestara si el aludido en esa investigación había revestido como PCI durante la dictadura.

La respuesta no sólo confirmó que Barcos trabajó como tal, sino que también la cartera dirigida por Nilda Garré remitió una valiosísima lista con las 50 personas que trabajaron como PCI en la ciudad de Santa Fe durante el año 1978. En esa lista apareció José Luis de Olazábal y su hermano Marcelo.

El único medio que tuvo acceso a De Olazábal fue Día a Día a través del periodista Adolfo Ruiz quien, entre otras cosas, le preguntó si alguna vez había realizado tareas vinculadas con la inteligencia o la represión, a lo que respondió: “No, eran solamente actividades internas con relación a la tropa, a los soldados”.

Siguiendo con lo publicado por el matutino, cuando esa lista se hizo pública surgieron nombres de personas que luego, durante la democracia, se reciclaron dentro de la política, tanto en Santa Fe como en Buenos Aires y Córdoba.

¿Quién es José Luis?

Que quede claro de movida: el presente artículo no pretende demonizar a José Luis de Olazábal, pero su pasado no está del todo claro en este presente plagado de descubrimientos, de alguna manera necesarios y muy anhelados en cuanto a Derechos Humanos se refiere, y más aún en la búsqueda de verdad y justicia de lo que nos dejó la última dictadura militar.

Hombre simpático, atento, predispuesto a atender a la prensa y a los ciudadanos comunes, a simple vista un tipo austero y simple este José Luis de Olazábal, vecino de barrio San Alfonso.

Según pudo averiguar La Unión Regional, habría pisado suelo villallendense a principio de los ´80 de la mano de un conocido escribano de esta ciudad, y desde entonces su vida se vinculó a la política dentro de la -hasta ahora- irrompible estructura de poder de la Unión Cívica Radical, partido al cual está afiliado y que le dio la chance de ocupar muchos cargos y funciones de las denominadas “expectantes” en el municipio desde el advenimiento de la democracia. Trabajó en distintas direcciones y áreas, fue concejal y miembro del Ejecutivo en las gestiones de Martín Ambort, Heriberto y Máximo Martínez.

A poco de asumir como Secretario de Gobierno de la actual gestión, muchos lo señalaban de ser el “operador” de Ambort (enfrentado con el actual intendente) en el seno del Ejecutivo. Lo desmintió categóricamente en una nota para este medio asegurando que “le cuidaba las espaldas” al primer mandatario.

Y muy curiosamente, los primeros días de noviembre presentó su renuncia -o lo hicieron renunciar- porque, según afirmaban algunos radicales “influyentes”, era una de las figuras más potables para suceder a Martínez en la intendencia.

Es más, en oportunidad del acto de asunción de la nueva Secretaria de Gobierno, la abogada María Rosa Rizzi, el intendente municipal ponderó la labor de De Olazábal y luego hizo lo propio el edil Horacio Santucho Saravia.

Era un 3 de noviembre, y aquel día sucedía algo que no resulta natural en la arena política de esta era: la gente (léase los afiliados radicales) ovacionaba espontáneamente al funcionario saliente con aplausos muy cerrados y al grito de “¡José! ¡José! ¡José!”…

Vaya las paradojas de la vida o del destino: un hombre que cosechó el cariño y el respeto de mucha gente y de sus compañeros de trabajo parece haber tenido un pasado que, de comprobarse, tiraría todo por la borda por lo funesto, lo nefasto y lo deplorable que nos dejó el Gobierno de Facto y el accionar de todos sus actores en la Argentina.

La reacción de sus correligionarios

Ni Heriberto Martínez o el propio Martín Ambort han podido digerir esta noticia. Aparentemente todos desconocían el “ayer” de José Luis de Olazábal. Nada menos que un PCI, cuya traducción -para que todo el mundo lo entienda claramente- sería algo así como “el botón” o “el acusete” o “el entregador” o “el espía” a merced de los militares.

“Me siento engañado” -le dijo Heriberto a Día a Día- porque “durante 27 años hemos compartido un mismo partido político con una persona que, ahora me doy cuenta, no sé quién era”. Luego expresó: “Es tristísimo que haya escondido todo esto”.

En tanto, Ambort se mostró tan sorprendido que prefirió no aportar nada. Y algo similar hizo el actual presidente de la UCR de la Villa, Ricardo García, quien en diálogo telefónico con La Unión Regional manifestó que “hasta que la Justicia resuelva desde el partido no se tomará ninguna medida”, y agregó que “por ahora sólo son comentarios” que, inclusive desde lo personal, lo obligan a “no tomar posición”.

Por su parte, el intendente de Río Ceballos, Dr. Gaspar Lemos (UCR), consultado por esta revista sobre qué opinión tiene al respecto, recalcó que si a él le hubiese pasado algo así con un funcionario de su cartera, lo tomaría como “una traición”.

Año duro si los hay este que tuvo la Unión Cívica Radical de Villa Allende. El cierre de 2009 terminó descomponiendo a más de uno y no fue para menos.

¿Será José Luis de Olazábal uno más de los tantos lobos disfrazados de cordero que deambulan la región?... Sólo el tiempo lo dirá, y posiblemente sea dentro de muy poco, cuando concluya el largo receso que se toman los tribunales encargados de hacer y brindar justicia.

Primer repudio

A la luz de la información publicada por el diario Día a Día, sobre la supuesta participación durante la dictadura militar como Personal Civil de Inteligencia de José Luis de Olazábal, el Consejo Municipal de Cultura (CMC) en asamblea permanente, exteriorizó su “absoluto repudio a todas las modalidades y prácticas de Terrorismo de Estado en todas sus figuras de accionar implementadas por la dictadura militar y sus cómplices civiles”

Al mismo tiempo se solicitó al Poder Ejecutivo Municipal de la ciudad de Villa Allende toda la información sobre el funcionario en cuestión, sin dejar de expresar la “preocupación sobre la posibilidad que un funcionario municipal -y actual asesor de gobierno-, hubiera desempeñado actividades de inteligencia sobre personas desaparecidas en épocas de dictadura militar”.

Lamentablemente, desde la intendencia no hay respuestas a este pedido, ni siquiera a la insistencia de esta revista por contar con la palabra de Máximo Martínez.

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Argentina, Tucumán: Aroma a impunidad. Los presuntos asesinos de Chocobar están libres y temen otro ataque contra la comunidad indígena

PRIMERA FUENTE

Los supuestos responsables de la muerte del integrante de la Comunidad Indígena de Chuschagasta ya no están en prisión preventiva gracias a una apelación de sus abogados. Su libertad genera temor en los pobladores de origen diaguita ya que temen por nuevos ataques terratenientes con el fin de quitarles sus tierras.

La Justicia local nuevamente emitió un fallo que no tardó mucho en ganarse el repudio desde diferentes sectores de la sociedad. Los vericuetos y estrategias judiciales permitieron, en forma controversial, que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, declare nula la sentencia del 6 de noviembre de 2009 que dictaba la prisión para los imputados Darío Amín y Luis Gómez, por carecer de elementos probatorios.

Amín y Gómez estuvieron en prisión preventiva por disposición del juez Alfonso Zóttoli emitida el 10 de noviembre, acción que fue apelada por la defensa de los presuntos asesinos.

Ambos fueron imputados por el asesinato del referente de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, Javier Chocobar, y de haber herido con armas de fuego a otras dos personas, el 12 de octubre pasado.

Tanto Luis Gómez como José Valdivieso (ya estaba libre) son acusados por familiares de las víctimas de haber sido ex oficiales exonerados. También se acusa a Gómez de haber integrado el comando paramilitar Atila, que encabezó el "Malevo" Ferreyra a fines de la década del 80.

Frente a esto, el cacique de Chuschagasta, Demetrio Balderrama, admitió que prima en la Comunidad el estado de alerta debido a que dos días después de la liberación de los acusados, personas desconocidas fueron sorprendidas merodeando la casa de los familiares de Chocobar.

"No entendemos cómo pueden dejar libres a dos ex policías. Es un peligro para la comunidad porque estas personas pueden volver a amenazar y atacar como lo vienen haciendo desde hace años", agregó Balderrama.

Foto: Argentina, Tucumán, Naciones originarias - Los familiares de Chocobar marcharon en diciembre en Plaza Independencia. / Autor: PRIMERA FUENTE

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Argentina, Tucumán: Desde la CTA se denuncia al Gobierno por la persecución de un dirigente gremial

ACTA

La Central de Trabajadores de la Argentina de Tucumán denunció al gobierno de esa provincia por manifiesta deslealtad y persecución gremial en la figura del dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y de la propia Central, Martín Rodríguez.

“La CTA Tucumán repudia la actitud antisindical del gobierno en la persona de su máximo representante el Gobernador José Alperovich, toda vez que el mismo, a modo de represalia a la lucha por los reclamos salariales del sector estatal trata de involucrar en procesos penales al dirigente Martín Rodríguez, secretario de Prensa de ATE Nacional y secretario gremial de la CTA Tucumán”, lo manifiesta un comunicado rubricado por su titular, Salvador Agliano.

Más adelante señala que “por el contrario, ninguna respuesta ha dado el Gobierno ni la Justicia tucumana ante las denuncias efectuadas por las persecuciones de las que fue victima Rodríguez.

Cabe consignar que éstas intimidaciones "llegaron a poner en riesgo su vida en los últimos atentados a la sede de CTA, sita en calle Moreno al 800 de la capital tucumana en Febrero de 2009, y el ataque que sufrió junto a su hijo cuando circulaba con su vehículo particular en Octubre de 2009″, agrega la declaración.

“Por otra parte, –reza el comunicado– el gobierno provincial ha sido denunciado desde esta Central sindical por práctica desleal, al intervenir arbitrariamente en la vida interna del Sindicato de Vialidad Provincial conculcando los derechos gremiales de sus legítimas y legales autoridades, llegando incluso a incurrir en el delito de retención indebida de los haberes que le corresponden a los mismos, haciendo caso omiso a lo dispuesto por el Juzgado Laboral de la IIIª Nominación y la Sala en lo Contencioso Administrativa Nº II que entiende la causa, incurriendo en desobediencia judicial”.

Finalmente Agliano advierte que “la CTA Nacional llevará a cabo las denuncias pertinentes por ante el Comité de Libertad Sindical dependiente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

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Aplica Argentina medida antidumping a mecanismos chinos

XINHUA

El Ministerio de Industria y Turismo de Argentina decidió aplicar medidas antidumping a mecanismos motores para ascensores y montacargas originarios de China, según una resolución publicada en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la resolución, "las operaciones de exportación hacia Argentina de mecanismo motor para ascensores y montacargas, provisto de polea y dispositivo de freno, cuya potencia de accionamiento sea superior o igual a 2,25 kilowatios, pero inferior o igual a 37,5 kilowatios originarias de China tendrán un valor mínimo de exportación FOB por unidad de 6.856 dólares".

Estableció que "cuando se despache a plaza la mercadería descripta a precios inferiores al valor mínimo de exportación FOB provisional indicado, el importador deberá constituir una garantía equivalente a la diferencia existente entre ese valor y los precios de exportación FOB declarados".

La norma comenzará a regir a partir del miércoles 3 de marzo, con una vigencia de cuatro meses.

Fuentes de Industria dijeron a esta agencia que la decisión se tomó en un expediente iniciado el 24 de febrero pasado, a requerimiento de la firma Adsur Sociedad Anónima.

En esa investigación, la Comisión de Comercio Exterior de la cartera estimó que "las importaciones de máquinas de tracción para ascensores y montacargas originarias de China han aumentado fuertemente tanto en términos absolutos como relativos al consumo aparente y la producción nacional".

Según Industria, entre 2006 y 2008 hubo un crecimiento en las importaciones de casi diez veces, lo que supuso un aumento de 2 a 13 por ciento en la participación de esos productos en el mercado local.

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Chile: Amenaza Bachelet a saqueadores de las zonas afectadas por el terremoto

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La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró que se aplicará todo "el rigor de la ley" a los responsables de saqueos y disturbios en las zonas afectadas por el terremoto que el sábado azotó al centro-sur del país.

"Hemos instruido a que se actúe con la severidad necesaria para impedir que sigan ocurriendo hechos de esta naturaleza; quienes no entiendan eso van a recibir todo el rigor de la ley", manifestó la mandataria.

Bachelet se refirió a los saqueos y al incendio que se produjo el pasado lunes en la ciudad de Concepción, calificándolos de "acciones delictuales de pequeños grupos que están provocando enormes daños materiales y humanos".

"No es tolerable, que Bomberos, que hoy está cumpliendo importantes labores de rescate en Concepción, haya tenido que destinar recursos a sofocar un incendio en una multitienda, además destinando un recurso tan valioso en estos momentos para la población como el agua", declaró.

Junto con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones (PDI), la presidenta señaló que en horas deben quedar instalados los hospitales de campaña, repartición de víveres, agua, frazadas y ropa en las zonas más afectadas por el sismo.

Para ello, el Ejército y la Armada dispondrán de dos fragatas, una barcaza, 11.855 efectivos del Ejército entre las regiones del Maule y el Biobío, además de 2.131 miembros de la Armada y medio centenar de aeronaves para repartir la ayuda necesaria.

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Chile: La red hospitalaria enfrenta un duro escenario a raíz del terremoto

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La red hospitalaria chilena se ha visto enfrentada a un duro panorama luego del terremoto que la madrugada del sábado afectó la zona centro sur del país, ofreciendo al mismo tiempo testimonios de la voluntad y compromiso de su personal.

Según informó el Ministerio de Salud, nueve hospitales se encuentran inutilizables en el país, lo que ha originado que cerca de cuatro mil camas no puedan ser usadas en las zonas más afectadas por la emergencia, fundamentalmente en las regiones del Maule y del Bíobío.

Entre los recintos que fueron cerrados, se encuentra el Hospital Félix Bulnes, ubicado en la región metropolitana, el cual es uno de los dos centros de salud que dejaron de funcionar en la capital chilena por presentar serios daños en su estructura interna.

En el principal edificio del complejo "lo que está caído es toda la tabiquería interna, todo el revestimiento. Si bien entendemos que es muy poco probable que se caiga, es un riesgo, ya que quedó absolutamente inhabilitado para la atención de público", relató a Xinhua Felipe Cañas, encargado de comunicaciones del recinto.

La madrugada del sábado, el Félix Bulnes tenía alrededor de 400 pacientes hospitalizados, los cuales comenzaron a ser inmediatamente evacuados a zonas más seguras, principalmente patios y jardines, en sólo "17 minutos", recalca Cañas.

Una vez transcurrida la emergencia, llegó personal técnico del ministerio de Salud a evaluar la estructura, el cual concluyó que a causa de los daños los pacientes ya no podían ser atendidos en el lugar, comenzando a ser reubicados y derivados a otros hospitales, tanto públicos como privados de la red.

Finalmente, el lunes se realizó una nueva inspección de ingenieros calculistas del ministerio, luego de lo cual se determinó el cierre del hospital Félix Bulnes, de modo de acelerar su concesión e iniciar la construcción de uno nuevo.

"En este minuto esta atendiendo Urgencia Infantil, que es el único servicio de estas características en este sector de la capital, por lo tanto no puede dejar de funcionar, mientras que la urgencia de adultos está siendo trasladada al hospital San Juan de Dios", detallo Cañas.

Este último recinto, ubicado en el sector poniente de la capital chilena, es uno de los hospitales más grandes del Servicio Metropolitano Occidente y el que ha debido enfrentar una de las mayores demandas de salud, a raíz de la emergencia y del cierre del Félix Bulnes.

Fuentes autorizadas señalaron que los servicios de urgencia de este centro asistencial están operando a su máxima capacidad, por lo que por un aspecto de seguridad se han comenzado a restringir las visitas de modo de no sobrecargar la planta física.

A causa del sismo, el Hospital San Juan de Dios no resultó con daños estructurales serios, sino con daños menores, por lo que el Ministerio de Salud extendió su funcionamiento a las 24 horas del día, sobre todo en relación a urgencias de obstetricia.

El Hospital destacó la voluntad y compromiso de sus funcionarios al momento de hacer frente a la emergencia, valorando su esfuerzo y dedicación, lo que se vio reflejado en el hecho de que el sistema continuó operando pese a las fallas preliminares del suministro eléctrico.

En cuanto a las zonas más afectadas por la catástrofe, el Ministerio de Salud anunció la implementación de cinco hospitales de campaña de las Fuerzas Armadas: dos de mayor complejidad que serán instalados en Talca y Curanilahue, y tres de nivel intermedio en Curicó, Chillán y Talca.

Otros tres recintos hospitalarios de campaña provenientes de Argentina se instalarán en Curicó, Parral y Cauquenes; mientras que el Colegio Médico anunció que unos 65 profesionales se inscribieron voluntariamente para colaborar con las labores de ayuda en la zona.

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