jueves, 4 de marzo de 2010

Uribe

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

La decisión de la Corte Constitucional que impide a Uribe Vélez optar a un tercer mandato sería una prueba fehaciente de la fortaleza de las instituciones del país si éstas no fueran realmente los andamiajes de un orden político profundamente excluyente y los mecanismos de protección de un orden social de privilegios aberrantes. Si para quienes confían plenamente en la democracia colombiana el fallo de la Corte confirma la salud del sistema, para los partidarios del actual gobernante por el contrario resultan evidentes las motivaciones políticas del mismo pues ni los defectos de forma o de fondo les parecen de suficiente entidad para echar abajo el referendo reeleccionista y cerrarle el paso mediante argucias al que consideran “el mejor presidente que ha tenido Colombia”.

Entre los primeros hay que distinguir la legión de quienes añoran un orden democrático que jamás existió y aquellos que consideran que el actual solo necesita algunos retoques para mantenerse como un estado de derecho que garantiza la paz y el bienestar de la ciudadanía. Para todos ellos un tercer mandato establecería un precedente peligroso y abriría las puertas a formas inaceptables de gobierno. Por su parte, ni Uribe ni los suyos se caracterizan precisamente por un apego estricto a la legalidad ni ven inconvenientes en retorcer el sentido de la ley para favorecer sus propósitos. Una buena campaña en los medios (que mayoritariamente le apoyan) y sobre todo el amedrantamiento sistemático de los opositores les garantizan un respaldo abrumador en encuestas preparadas a la medida. Su llamado “estado de opinión” estaría siempre por encima de cualquier minucia legal, de cualquier “articulito” de nada, como acostumbra a decir el presidente.

Los antecedentes también parecían jugar a favor del gobierno. La Corte había avalado casi todas las medidas del primer mandatario, en particular su segunda elección, dada por válida aunque estaba claramente afectada no solo por defectos de forma sino por procedimientos abiertamente delictivos. Para muchos entonces ha resultado sorpresivo que el fallo fuese contrario a los deseos de Uribe y les da pié para pensar que los motivos alegados son más bien excusas leguleyas tras las cuales se esconden motivaciones políticas.

Sin duda, la decisión de los magistrados se fundamenta en consideraciones de mucha trascendencia y daría pié a debates de mucha altura y a interpretaciones encontradas. Ahora bien, lo que si no genera duda alguna es el conjunto de razones políticas y de motivos prácticos que seguramente también han influido en el veto de los juristas. Los magistrados ni son neutrales ni son independientes. Basta considerar su ideología, su extracción social y sobre todo el sistema de selección que les permite llegar a la mayor instancia del poder judicial. Si en otras ocasiones se decantaron en favor las decisiones de Uribe (así fuesen muy cuestionadas o abiertamente contrarias al espíritu de la ley) esta vez su voto favorece a los grupos de intereses que se han opuesto a la reelección por motivos diversos. Todo lleva a pensar que la clase dominante – o al menos el bloque mayoritario de la misma- ha decidido impedirle a Uribe permanecer cuatro años más al frente del gobierno contando -como no podía ser de otra manera- con el apoyo de los magistrados.

En el fondo la salida de Uribe y de su equipo podría interpretarse como el desalojo del gobierno del sector más lumpen de la burguesía; aunque han prestado grandes servicios al sistema, también han incurrido en muchos errores, soportan un desgaste considerable y han deteriorado la imagen del país en el extranjero. Tampoco parecía prudente arriesgarse a un referendo de resultados inciertos. Uribe ya había convocado uno para aumentar su poder de manera alarmante y fue un completo fracaso. La votación entonces ni siquiera alcanzó el 25% del padrón electoral que es preceptivo en Colombia como límite mínimo para validar un referendo. El riesgo de una derrota resultaba demasiado grande.

La decisión de la Corte satisface los intereses estratégicos de la gran burguesía y no supone riesgo alguno para el sistema, considerando que prácticamente todos los candidatos con opciones de suceder a Uribe suscriben su estrategia. Todos son -con matizaciones menores- partidarios de la “seguridad democrática”. No habría entonces lugar para cambios que no sean de fachada y los retoques serían los estrictamente indispensables para corregir el rumbo y dar una imagen nueva ante la opinión nacional e internacional. Tampoco se observa -de momento- una fuerza popular opositora que pueda llegar al gobierno y proceda a desmantelar la política económica neoliberal, opte por la solución política del conflicto armado y anule los compromisos militares con Washington.

Uribe se va pero el engendro de la “seguridad democrática” se queda. Más allá de la retórica normal en este tipo de eventos, prácticamente ningún candidato con opciones se propone abandonar realmente una estrategia que ahora desean convertir en una política de estado. Abandonado todo proyecto desarrollista y comprometido a fondo el país con la estrategia imperialista de los Estados Unidos para la región, no sorprende que la burguesía colombiana haya convertido la “seguridad democrática” en su propósito nacional. Hasta la izquierda moderada (el Polo Democrático) muestra en su seno desconcertantes contradicciones en un tema de tanta trascendencia, sorprendiendo a su electorado con declaraciones extrañas (por decir lo menos) de importantes dirigentes del PDA, empezando por su candidato a la presidencia, el senador Petro.

Uribe no será candidato pero deja funcionando un sistema que ofrece amplias garantías a las fuerzas que controlan el poder real en el país. Aún en el caso probable de una disolución de los partidos uribistas, la continuación del uribismo parece garantizada, con o sin ellos. Confiados entonces en la supuesta debilidad de la oposición popular, el reto de la clase dominante no es otro que imponer un gobernante nuevo que siga las políticas de Uribe pero que no aparezca muy comprometido con sus prácticas autoritarias y mafiosas. Una salida diferente, es decir, el triunfo de una oposición real al sistema no parece de momento una posibilidad. Pero en las coyunturas críticas puede cambiar radicalmente el rumbo de los acontecimientos. Colombia es una bomba de tiempo y la confianza de la clase dominante en la desorganización y escasa participación política de las mayorías podría en un momento dado transformarse. Hace falta solo una chispa para incendiar toda la pradera.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Las elecciones en Colombia, un fantasma frustrado

Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

Culminó la primera etapa de las varias que tiene que recorrer el proceso electoral en Colombia. Se podría pensar que en Colombia hay un verdadero hábito electoral que empuja a la gente a definir en desarrollos electorales los problemas políticos más importantes de la nación y el rumbo de las maniobras electorales que trazan los diferentes grupos y dirigentes.

Pero no fue ni es así. Fue una elección para una definición previa de la Corte Constitucional sobre la legalidad jurídica de las elecciones que se llevarían a cabo en las próximas semanas para determinar las personas, las características y plazos de los elegidos para ejercer sus funciones y los rumbos generales del nuevo gobierno que ofrecía con mucho vigor la continuación del mandato del actual presidente Álvaro Uribe Vélez para ejercer el poder por un período de cuatro años más, con lo cual completaría 12 años continuos de ejercicio de la presidencia, quebrando la verdad histórica de América Latina de que el ejercicio tan largo de la presidencia constituye la formación de un poder presidencial personal, de tiempo ilimitado, autoritario y manipulador de los procesos de opinión y de las acciones electorales.

En general, la opinión popular colombiana era adversa a esa propuesta, como lo demostró el día de las votaciones en que las mayorías colombianas y de sus partidos votaron contra la propuesta del gobierno Uribe Vélez y dieron fin a que Uribe continuara en la presidencia ejerciendo un poder autoritario, antidemocrático pero muy ligado a los acuerdos secretos de Uribe Vélez con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien desde su asiento en Washington, esperaba los informes de la supuesta victoria electoral que obtendrían en Colombia, como una respuesta dura a los muy importantes proyectos políticos que vienen unificando a los pueblos de América Latina y del Caribe, en busca de nuevas formas sociales, políticas y de gobierno y nueva ruptura y cambio en lo político y social de Uribe Vélez- Obama.

Estas cuestiones, que menciono con mucho énfasis, eran para Uribe Vélez y Obama su gran aspiración política en América Latina, para poner fin a trascendentales proyectos de democracia social, económica y política y de unidad, con nuevos rumbos de la nueva historia, que están escribiendo los pueblos y naciones latinoamericanas.

Lo que los latinoamericanos vimos en estas elecciones de Colombia era el empeño del presidente Uribe Vélez y el de Estados Unidos Barack Obama, para terminar los cambios revolucionarios que están en marcha en toda Latinoamérica y tomar, definitivamente, el rumbo por una democracia regional con un desarrollo que recogiera los anhelos de nuestros pueblos y los empujara hacia formar parte, también, del grupo de naciones del mundo que logran sus objetivos políticos, civiles, económicos y militares. Lamentablemente, los presidentes Uribe Vélez y Obama tuvieron que bailar sin música y sin nuevas parejas, el proyecto de poner fin al propósito norteamericano de restablecer su imperio y programas en la región, al tiempo que los pueblos de América Latina, como en la vieja época de la independencia de hace 200 años, tomaban en sus manos y en sus capacidades de lucha y unidad para dictar los nuevos rumbos de nuestra región latinoamericana y del Caribe. Esto es lo que celebró el pueblo colombiano el pasado viernes como una gran victoria política y electoral, pese a que el gobierno Uribe Vélez empleó todos los mecanismos y recursos económicos a su disposición para tratar de ganar las votaciones. Por eso puedo decir, con certeza, que las votaciones colombianas del pasado viernes 26 de febrero dieron a nuestro país la más notable victoria electoral, que confirma nuestro propósito de cumplir en el presente siglo XXI todas las aspiraciones y objetivos nacionales, políticos y sociales para colocar a la América Latina y del Caribe en el sitio histórico que le corresponde en el mundo, y decirle a los Estados Unidos que la América latina y del Caribe dirigirá su propia destino y no permitirá que el imperio norteamericano restablezca el sistema colonial económico, político y militar con que ha dominado a nuestra América latina durante 200 años continuos. Ese es el futuro norteamericano. Ese es nuestro futuro. Y ya caminamos por esos senderos hacia la liberación total de nuestros pueblos y naciones.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Costa Rica: ¿Una ideología progresista?

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

¿Es factible construir una amplia alianza progresista, a la vez ciudadana y político- partidaria, que constituya una alternativa viable? En principio mi respuesta es sí, y ello con base principalmente en la siguiente tesis (sujeta a debate): porciones importantes del pueblo costarricense mantienen su adhesión a opciones políticas e ideológicas propicias a una alianza de ese tipo. Vale decir, creo que su posicionamiento político-ideológico es progresista, más aún, tiende a situarse en una especie de centro-izquierda, si bien ello admite gradaciones, e incluso contradicciones, de diversa magnitud e importancia. En todo caso, esto nada dice acerca de la capacidad de los liderazgos, a todos los niveles, para conducir el proceso de construcción de esa alianza. Ese es un problema de distinta naturaleza, que aquí no discuto.

Este planteamiento contradice la afirmación –tan conveniente como superficial- que los ideólogos de derechas vienen propalando, la cual niega que el comportamiento político de nuestra pueblo tenga motivaciones ideológicas. Sostengo que una adscripción ideológica sí existe, al menos en sectores significativos, si bien es posible que con alguna frecuencia opere de forma implícita o, incluso, inconsciente. La disputa alrededor del TLC lo ratificó con elocuente claridad: durante cuatro años estuvimos enfrascados en un debate esencialmente ideológico, en el cual se confrontaban dos visiones y dos proyectos de país, así como las respectivas prioridades y valores. Los elementos técnicos que alimentaron el debate tuvieron un carácter accesorio y complementario. Se evidenció entonces que, no obstante la vigencia de poderosos instrumentos de control ideológico, una porción importante del pueblo costarricense es capaz de organizarse y movilizarse en una lucha política saturada de contenidos ideológicos.

Este es un asunto descuidado por la investigación sociológica y política. Por su parte las encuestas –ni siquiera las que realizan las universidades públicas- generalmente no intentan desentrañar las opciones ideológicas subyacentes, presentes a nivel popular. Propongo una suerte de test tratando de formarnos una idea, al menos aproximada, de cuáles podrían ser esas preferencias ideológicas.

¿Qué se considera preferible: el agua como derecho humano de alcance universal o el agua como mercancía sujeta a criterios de peculio?

¿Qué se prefiere: el control soberano sobre los mares, la biodiversidad y, en general, los recursos naturales o su privatización y aprovechamiento según fines mercantiles?

¿Querría el pueblo de Costa Rica la privatización de la Caja del Seguro Social y del sistema educativo? ¿O preferiría una acción política clara y decidida que fortalezca los sistemas públicos de salud y educación, de forma que se logre un mejoramiento sustancial y visible de la calidad, cobertura y oportunidad de sus servicios?

¿Dónde deberían estar –a juicio de nuestro pueblo- las prioridades de las políticas en materia de fomento de la inversión privada: a favor del capital extranjero o a favor del capital nacional; a favor de las grandes empresas del capital nacional o a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales así como de las empresas de la economía social?

¿Está el pueblo de Costa Rica satisfecho con las formas dominantes que ha asumido el crecimiento turístico, hegemonizado por grandes hoteles pertenecientes a cadenas transnacionales y usualmente sustentado en un elevado costo ambiental? ¿No se preferirían formas de desarrollo turístico que distribuyan la propiedad y los ingresos de formas equitativa, que garanticen la protección de la naturaleza y que no excluyan a la población costarricense del disfrute de nuestras bellezas naturales?

¿Considerará nuestra gente que la importación de alimentos es una alternativa aceptable o, en su lugar, preferiría que nos garanticemos un margen apropiado de soberanía y seguridad alimentaria, mediante el apoyo y fomento a la producción agropecuaria autóctona?

¿Aceptaría una reforma tributaria que, de forma efectiva, haga que cada quien contribuya según sus posibilidades y la cual además penalice actividades económicas y formas de consumo que resulten social y ambientalmente dañinas?

¿Está nuestra gente satisfecha con un régimen de concesión-privatización de obra pública (oneroso, corrupto e ineficiente, dicho sea de paso) o querría que el Estado asuma de nuevo –con los debidos controles democráticos- el proceso de ejecución y gestión de la inversión pública?

¿Estará nuestra gente satisfecha con un sistema de manejo de la información controlado por algunas pocas corporaciones mediáticas, o querría que se democratización y pluralice la información?

¿Querría nuestro pueblo que los onerosos mecanismos del marketing político que se ponen en funcionamiento en las campañas electorales, sean sustituidos por un proceso corto y ahorrativo, donde se discutan ideas y propuestas y en el cual todos los partidos y candidatos y candidatas dispongan de similares recursos e igual acceso a los medios de comunicación?

Este listado podría ampliarse, como igualmente los diversos ítems podría ser profundizado de diversas formas. Presumo (especulación de mi parte) que obtendríamos una importante proporción de respuestas –quizá mayoritaria- favorable a las opciones progresistas y opuestas a las de inspiración neoliberal. No es descabellado pensar que, en general, los partidos neoliberales así lo han entendido y justo por ello sus campañas electorales se basan en una agenda mercadotécnicamente concebida, la cual asume tintes que se fingen progresistas. Entretanto mantienen oculta y silenciada su agenda real: la de la liberalización, apertura, privatización y desregulación. Muy probablemente ese ha sido el caso con Laura Chinchilla. A los libertarios, por su parte, se les ha dificultado ocultar su radicalizada agenda neoliberal, y tan solo en esta última campaña lo hicieron con mayor afán y alguna fortuna. De ahí, en parte, su relativo avance electoral.
Al respecto creo que debe diferenciarse entre el partido-aparato –básicamente funcional a los intereses oligárquicos- y el electorado, sobre todo cuando una parte importante de éste no se adscribe a ningún partido en lo particular, y oscila entre uno y otro según las ofertas publicitarias –incluyendo al candidato o candidata- que en cada ocasión se le venden. A estos efectos, el PLN es el mejor y más exitoso ejemplo: su ejecutoria concreta en el gobierno y la Asamblea Legislativa es básicamente neoliberal, pero aún conserva –facilitado por la ineptitud política de sus opositores- capacidad discursiva y publicitaria para tocar las fibras progresistas presentes en la conciencia política popular. Superponer la retórica y el marketing sobre el desempeño político concreto, es posiblemente lo que hace que Enrique Gomáriz Moraga afirme que el PLN debería ser parte obligatoria dentro de cualquier posible alianza progresista. Ello es simplemente impensable.

Los ítems que seleccioné corresponden, en su mayoría, a lo que he designado en escritos previos como una agenda patriótica, de defensa y recuperación del patrimonio natural e institucional. De seguro, esa agenda constituiría el núcleo fundamental de cualquier posible alianza. Aparecen también elementos vinculados con la agenda ambientalista, la republicana (renovación de la institucionalidad democrática) y a la de transformación económica. Estas otras agendas –algo más polémicas- posiblemente tendrían que articularse alrededor de la agenda patriótica, complementándola y reforzándola.

No incluí un solo ítem de lo que he llamado la agenda de cambio socio-cultural, porque, me parece, es ahí donde el posicionamiento ideológico de nuestro pueblo se vuelve más problemático. Pero eso es tema para reflexiones posteriores.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Honduras: “Lo que quieren ellos es descabezar el sindicato”

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson

Los trabajadores del SINTRAUNAH toman posiciones de lucha por el convenio colectivo y en defensa de su presidente.


¿“Por que matan el tigre y se asustan del cuero”? se pregunta José A. Mora ante 500 compañeros afiliados al SINTRAUNAH, sindicato de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), en el gran auditorio de la universidad.

La rectora, apoyada por todo el aparato mediático que posee el poder verdadero en Honduras, ha denunciado que el presidente seccional del sindicato, Marco Antonio Moreno, agredió hace ocho meses durante una toma de la universidad por parte del sindicato y estudiantes antigolpistas en pleno golpe de estado militar, a Ángela Pavón, una estudiante de arquitectura. La entrevistamos el día de la asamblea general del SINTRAUNAH y propusimos que la acompañáramos a la rectora para enfrentar ésta con su denuncia, lo cual la Srta. Pavón aceptó por que ella desmiente categóricamente que ha sido agredida por Moreno y aún menos ha hecho una denuncia ante
la fiscalía hondureña, que los medios sostienen.

Pero la rectora Julieta Castellanos se escondió cuando nos vio llegando a las oficinas de la universidad.

José A. Mora por su lado trabajó más de 50 años en la UNAH. Ahora es pensionado y esta preocupado por los ataques de la rectora por que, como dice, es un ataque contra todo el movimiento popular y la Resistencia Popular de Honduras.

“No tienen como defender lo indefendible”

– Son como arañas y mean y se van. Y van a morir a otro lado. Por que ya no tienen como defender lo indefendible. A mi me gusta decir las cosas como son, poco me importa quien sea, pero cuando son verdades hay que cantarlas. Por que eso es lo que se necesita el pueblo. Hay que quitar esa gente que ha vivido del ideario del presupuesto de la universidad como ese elemento que dice ser periodista. Se fue inmediatamente a decir a la rectora que iba a ir los medios de comunicación con la señorita Ángela Pavón para aclarar la situación por que ella muy clara dijo que “yo vengo a la universidad a estudiar, yo no vengo a politiquear”.

– Acá están los compañeros de la prensa internacional, a ellos los hizo a un lado. Y esto hay que decírselo al pueblo. ¿Cual es el miedo? Todavía no hemos sonado los tambores de guerra ¡que deben de ser! decía el veterano líder obrero y fue recibido con fuertes aplausos del auditorio que no cabía más gente.

Universidad Arrasada por el modelo neoliberal
Los trabajadores del sindicato SINTRAUNAH esta en conflicto con la rectoría de la Universidad Autónoma de Honduras, UNAH, desde ocho meses. La rectora Julieta Castellanos quiere revocar medio siglo de conquistas sociales por la organización de defensa de los trabajadores organizados en Sintraunah, meter su gente allegada, sustituir y botar personal con estabilidad laboral que ha sido fieles servidores durante décadas para reemplazarlos con empresas sin sindicato, seguro social, pensión y una estabilidad laboral. El modelo se llama sencillamente “NEOLIBERAL”. Para lograr su política de Universidad Arrasada necesita desarmar la organización de defensa de los trabajadores y comienza la “limpieza” a través de despedir el presidente seccional del SINTRAUNAH, Marco Antonio Morales.

¿Por que la rectora no firma el contrato colectivo?

María Victoria Matuté ha trabajado 31 años en la UNAH y cuando marcha a una de las entradas de la UNAH para tomar posición en la toma de los portones platicamos con ella:

– Estamos luchando para defender a Marco Antonio Moreno, presidente seccional de SINTRAUNAH, pero también para firmar el 15º contrato colectivo que debería ser finalizado el año pasado y la señora no ha querido negociar. No llevamos ningún aumento este año y eso es la lucha que tenemos en esta universidad con tantas anomalías.

Relata la señora Matuté con indignación que la gerencia de la universidad debe a los trabajadores otros derechos que no les haya pagado y la gente esta furiosa y decida de luchar hasta las últimas consecuencias. Los nueve meses de golpe de estado y su extensión ha creado una conciencia muy profunda en todos los trabajadores de Honduras y eso se va a reflejar en las próximas peleas por la supervivencia de un pueblo que hasta ahora ha sido condenado por la oligarquía de este país a la miseria y sumiso. Pero la organización del pueblo se refleja cuando señoras con 50-60 años junto con muchachos y muchachas de apenas 20 toman posiciones y bailan y cantan que ¡“No, nooooo, no basta de rezar”!

– Lo que quieren ellos (rectora y régimen) es descabezar el sindicato, pero no lo van a lograr, resume bajo el sol de 40 grados y toma posición en el portón.


Foto 1: Honduras, SINTRAUNAH - Trabajadoras decididas de luchar por su dignidad y sus derechos en la Universidad Autónoma de Honduras, UNAH. / Autora: Mirian Emanuelsson
Foto 2: Honduras, SINTRAUNAH - “Son como arañas y mean y se van. Y van a morir a otro lado. Por que ya no tienen como defender lo indefendible”, dice José A. Mora, en la Asamblea General del sindicato. Mora ha trabajado 50 años en la UNAH. / Autora: Mirian Emanuelsson

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Paraguay: Bisagras liberales

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

La tensión política y social, generada por varios meses de virulentos discursos antiluguistas de la derecha paraguaya, acusa una merma en los últimos días, producto del viraje de algunos sectores, en pleno inicio de un nuevo período parlamentario, en el que la bancada más retrógrada, algo debilitada y de membresía variopinta, insiste en someter al Jefe de Estado a un juicio político.

Pieza clave, en la coyuntura actual, es el cogobernante Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tan antiguo como el Colorado y con similares vicios metodológicos e indefinición ideológica. Del resultado de la puja entre sus dos más fuertes corrientes internas, mucho depende el futuro de la administración de Fernando Lugo.

El Senador Blas Llano encabeza la corriente con más arraigo popular, partidario de continuar apoyando a Lugo, por lo cual es combatido por una alianza, formada en los últimos días y a los ponchazos, por viejos y desprestigiados caciques que han designado como representante al actual Presidente de Diputados, Salim Buzarquis.

Una tercera fuerza la encabeza el actual Ministro de Obras Públicas Efraín Alegre, quien funge de segunda bisagra, ésta involuntaria, en la pelea intestina, ha dirimirse en una Convención Extraordinaria, de la que saldría la nueva dirección partidaria. Habría posibilidad de que la misma sea convocada en el curso de los próximos tres meses.

Algunos sondeos de opinión y otros signos, indican que la mayoría del pueblo, aunque decepcionado, sigue apostando a Lugo, actitud que confirma crecimiento de la conciencia ciudadana a favor de los cambios que, en las bases coloradas y liberales, marca una desobediencia a la conducción actual de ambos aparatos.

El número de parlamentarios requeridos para someter a Lugo al juicio político existe, pues la derecha es mayoría aplastante en ambas cámaras. Entonces, por qué no se hace?.

La respuesta estaría en la certeza casi generalizada de que esa decisión puede desencadenar una masiva movilización de los sectores más postergados de la sociedad, en particular los campesinos, los sindicatos de trabajadores y ese número desconocido, aunque muy grande, de los “sin trabajo”, que coinciden en rechazar el retorno al pasado colorado, a pesar de lo condenable de algunas conductas del actual gobierno.

“Es hora de desmoronar la estructura intermedia desestabilizadora que provee de insumos, desde instituciones (públicas) al signo político que se fue, del que varios rostros conocidos siguen ostentando poder estatal, tras conseguir que se les mantenga en sus puestos”, enfatiza Dionisio Amarilla, brazo derecho de Blas Llanos.

Otro elemento que, sin duda, han debido considerar los partidarios del juicio político es la capacidad de copar Asunción, con decenas de miles de adherentes, que tienen los partidos de izquierda y movimientos sociales, unos treinta, que preparan para el próximo sábado 20 una demostración nacional de fuerzas en apoyo al programa de cambios y rescate de la soberanía nacional, prometiendo superar años de división y personalismos, para conformar un frente unitario.

El empeño en destituir a Fernando Lugo, responde al interés de todo el abanico de la derecha de instalar en su lugar al Vicepresidente Federico Franco, el rostro más visible que tienen en los medios de prensa las fuerzas enemigas del cambio y transformación estructural que el país necesita, para salir del estancamiento y la corrupción que carcome la sociedad.

Sorprende, sin embargo, la voltereta que están dando algunos personeros de la desestabilización, burdos impulsores de la táctica de impedir que Lugo gobierne, como es el caso del Presidente del Senado Miguel Carrizosa, del empresarial Partido Patria Querida, que el vulgo, sabi-hondo a veces, llama Plata Querida, quien declaró el lunes que no veía razones para llegar a un juicio político, al que semanas antes otorgaba suprema virtud.

Franco, en cambio, Presidente con licencia del cogobernante Partido Liberal, y su principal fuerza electoral, se mantiene en la postura desafiante y oportunista, de exagerada mezquindad y desbordante ambición de poder que mostró desde los primeros días de la asunción de Lugo. El Partido Mediático, de indudable influencia en la opinión pública, sería el único capital político que le va quedando.

Su actitud confirma la sospecha de que una parte de la conducción liberal aceptó aliarse al ex Obispo sólo para ganar las elecciones de abril del 2008, con la única intención de desplazarlo en la primera oportunidad, utilizando la figura constitucional del juicio político, para que el golpe sea legal, aunque siempre sea un Golpe de Estado.

Lugo, sin un partido que lo sostenga, tal como llegó a la actividad política y derrotó en las urnas al Partido Colorado, que llevaba 60 años con todas las riendas del país, y aunque muy lejos de responder a las expectativas populares, continúa piloteando el barco, en medio de cenagosas aguas, con aires del religioso acostumbrado a permanecer sereno en medio de las zozobras.

Por momentos, la calle tiene la impresión que todo le resbala, imagen muy distinta a la que da el Presidente Paraguayo en el extranjero, en cada una de las numerosas visitas efectuadas en su año y medio de mandato, sumándose al discurso regional de claro contenido progresista y hasta antimperialista, aunque al interior de su país aplique una política que satisface a Estados Unidos, que acaba de agradecerle la cooperación que ha establecido con la tiranía legal de la Colombia de la IV Flota.

Seguridad, ingenuidad, inconciencia, irresponsabilidad?. Vaya usted a saberlo. La sotana es una indumentaria que permite aprender, a la perfección, el oficio del ocultamiento. Las intrigas, que las novelas cuentan y la realidad confirma, que se tejen en los oscuros y silenciosos pasillos conventuales, tienen un papel destacado en la política, y mucho más en su hija putativa, la politiquería, que tanto reina por aquí.

El bipartidismo tiene más de un siglo y cuarto de vida en Paraguay. Ambos partidos nacieron cuando el país, destrozado, buscaba reponerse de las consecuencias de la Guerra de la Triple Alianza. Brasil, uno de los genocidas, empujó la creación colorada y Argentina, el segundo responsable, a los liberales. Uruguay, en toda la infamia, fue un triste furgón de cola.

La coexistencia, que registra breves paréntesis decentes, producto de la acción de algunas personalidades de inteligencia sobresaliente y valor moral, caracteriza el derrotero político y cultural paraguayo desde entonces, cuando muchos de sus mejores hijos fueron marginados, perseguidos, reprimidos, expulsados al exilio, encarcelados, torturados o asesinados, empobreciendo intelectualmente el país, hasta la guerra, el más evolucionado de Suramérica.

Por diversas razones, los colorados se hicieron del bastón de mando mucho más tiempo que los azules, y convirtieron a Paraguay en una suerte de hacienda de unos pocos cientos de familias, que se enriquecieron apropiándose de la tierra y de la mayor parte de los otros recursos nacionales, inspirando corrupción a los cuatro vientos y practicando el asistencialismo y el paternalismo con los pobres, para asfixiar todo tipo de resistencia y oposición.

Ninguno de los dos partidos ha formado cuadros políticos para el relevo y, de esa manera, se eternizaron los mismos mañosos caciques, los que han llegado a la situación actual sin capacitación, con muy bajo nivel cultural, barreras que los neurotiza y les produce una incomodidad que, aunque distinta, confluye.

Los colorados no saben ser opositores, sólo fueron y son mandones autoritarios, que hicieron de la prebenda su ejercicio diario y los liberales demuestran que ignoran el oficio de gobernar y el de la humildad, careciendo ambas fuerzas de la más mínima autocrítica.

Prueba de ello es que, ante una oportunidad histórica de superar el marasmo y la amenaza de implosión que la amenaza-ba, la familia liberal, parte de un gobierno comprometido con los cambios, está totalmente desorientada y sus pocas armas las consume en batallitas internas que agravan su atomización, dando pie al entrismo de políticos muy desprestigiados.

La polémica está activada en la cabeza de los aparatos partidarios, pero poco se conoce del pensamiento de las inconsultas bases, las que insinúan un leve pronunciamiento porque los dirigentes, demagógicamente, comienzan a recordar que existen, en vísperas de comenzar la campaña por las municipales, previstas para noviembre próximo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

La banca Morgan aplaude a los nacionalistas K

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Luego del anuncio del nuevo manotazo a las reservas del Banco Central, la cotización de los bonos de la deuda de Argentina subió en forma espectacular, al mismo tiempo que el banco J.P. Morgan recomendaba a los especuladores internacionales aumentar la tenencia de deuda argentina en sus carteras. La ‘confianza’ que ha inspirado el atraco a las reservas resulta más singular cuando se tiene en cuenta que la primera tentativa, el fondo del bicentenario, terminó empantanado en la Justicia y en el Senado. Lo que emerge de aquí es que la política del matrimonio oficial parece resultar más adecuada a los intereses de las finanzas capitalistas que las que propugnan notorios agentes de los bancos, como Redrado, Prat Gay o López Murphy.

Los K parecen haber jugado su supervivencia política a una alianza con la gran banca y los fondos internacionales, incluidos los fondos buitres. ¿Cuál es la explicación de esto?

De acuerdo con un dirigente de un importante fondo internacional, «la deuda en moneda local de los países emergentes es el activo más seguro en el mundo» (Financial Times, 1/3) –incluso más que el oro. Los bonos argentinos en pesos han sido, precisamente, aquellos que más aumentaron luego del segundo manotazo. El mercado de deuda internacional en monedas locales trafica valores por un billón de dólares, cinco veces más que en 2003, en tanto que el monto en divisas fuertes sigue estancado en los 250 mil millones de dólares (Financial Times). Esta disparidad obedece a que la gran acumulación de reservas que han registrado los países emergentes y los elevados precios de las materias primas, han reforzado el valor de las monedas locales. La expectativa de los especuladores es que las monedas locales se sigan valorizando y potencien de este modo el valor de la deuda pública de los países emergentes medida en divisas internacionales. Uno de los países que ofrece una mayor trayectoria de valorización es Argentina, donde la deuda pública se ha venido cotizando por el suelo debido al default y a la política de devaluación del peso. Desde que se anunció el canje esta tendencia se revirtió, reforzada por el mantenimiento de un cambio estable para no azuzar todavía más a la inflación. La expectativa de ganancias que ofrecen los países emergentes y Argentina a los buitres internacionales contrasta con el derrumbe de la deuda pública en Europa, Japón e incluso Estados Unidos. Los especuladores sacan préstamos en estos países, donde la tasa de interés es casi cero, y compran deuda pública emergente en proceso de valorización –lo cual les ofrece ganancias extraordinarias en medio de la crisis. En este escenario Argentina va camino a aumentar en gran escala el endeudamiento del sector privado y a un retorno a la ‘plata dulce’ de Martínez de Hoz y Cavallo.

Es obvio también que los bancos descuentan que las reservas manoteadas van a ser repuestas con el superávit de comercio exterior que Argentina espera para 2010. La Presidenta adelantó esta opinión en forma explícita en el Congreso. O sea que los K y la banca Morgan apuestan a que Argentina será la estrella emergente de 2010. Los K esperan, además, que los fondos que quedarán liberados del Presupuesto, permitan compensar el déficit fiscal o, en todo caso, facilitar a las provincias la financiación de sus déficits con nuevo endeudamiento. Como se ve, estamos ante el manual de los dibujos contables que los gobiernos hacen con el Presupuesto, y de nuevo, con la ‘ayuda’ de un banco internacional.

El esquema tiene, sin embargo, un pequeño defecto – y es aquí donde entra la oposición de algunos ‘neoliberales’ que siempre han sido concesivos al capital financiero. Ocurre que los bancos centrales de los países desarrollados (y China en especial) han comenzado a reducir la emisión de dinero destinado al rescate de los capitalistas, y en algunos casos han comenzado a aumentar la tasa de interés. El derrumbe del euro podría llevar a una apretada de clavijas monetaria en Europa, incluso si así se corre el peligro de precipitar cesaciones de pagos tanto públicas como privadas. Esta evolución provocaría una retirada de capitales de los países emergentes; los pronósticos ponen a Brasil como el país que enfrenta el mayor riesgo.

Por todo esto, los bancos centrales promueven la austeridad fiscal con preferencia al manotazo. Estos puntos de vistas diferentes han suscitado polémicas y dividido a la burguesía mundial. La bancarrota capitalista mundial ha entrado en la fase de las crisis monetarias. El agotamiento de la maniobra de pedir prestado a bajo interés para invertir en títulos de deuda de países emergentes, que ofrecen grandes rendimientos, deja planteada la perspectiva de un retiro de capitales (en lugar de mayores ingresos), como ocurriera entre septiembre de 2008 y marzo de 2009, cuando Kirchner compró sus famosos dos millones de dólares. El mes pasado ocurrió algo similar, pues se fueron mil millones de dólares.

Sea como fuere, el manotazo a las reservas acentúa la vulnerabilidad de Argentina a la especulación internacional. Cuando el respaldo de reservas comience a achicarse, los mismos bancos que hoy inflan la deuda de Argentina, mañana saldrán al ataque contra el peso. La conclusión es que, en el Ejecutivo y en el Congreso, Argentina es gobernada por un grupo de truhanes al servicio del capital financiero. Para poner fin a esto es necesario nacionalizar los bancos y el comercio exterior, sin compensación, y el no pago de la deuda externa.

Foto: Argentina - La presidente Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Casa Rosada. / Autor: Presidencia de la Nación

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Olmos: “El Congreso debe asumir su rol auditor de la deuda externa”

INFOSUR

Referencia insoslayable en el estudio de la evolución del endeudamiento externo argentino, estuvo en la ciudad convocado por el ala local de Proyecto Sur. Dice que ya se presentó un proyecto legislativo para que las Cámaras realicen una investigación y asegura que el Gobierno deberá pagar sólo lo que está en el Presupuesto si se cae el fondo del Bicentenario.

Alejandro Olmos Gaona es investigador, historiador y especialista en derecho internacional. Es hijo de Alejandro Olmos, quien durante 18 años impulsó la causa penal que determinó el origen ilícito de la deuda pública argentina, y murió unos meses antes del histórico fallo del juez Jorge Ballestero, quien dictaminó la ilegitimidad de parte de la deuda externa, estableciendo la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura que la contrajeron y la corresponsabilidad de organismos internacionales, como el FMI, que aprobaron préstamos fraudulentos. Su hijo tomó la posta de su padre y fue contratado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para integrar la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, para investigar la deuda ecuatoriana. Volvió a Paraná y desarrolló una conferencia sobre la deuda externa y su relación con el fondo del Bicentenario. Habló con EL DIARIO sobre esta relación y pidió la participación del Congreso Nacional. —El tema de la deuda externa parece haber retoñado en la agenda pública… —Nunca estuvo tan en el tapete como ahora, ya que la propia Presidencia de la Nación la puso en ese lugar a través de este fondo del Bicentenario que no es otra cosa que utilizar reservas para pagar la deuda externa, porque lo que está afectado en el presupuesto lo quieren disponer para otra cosa. Mi posición con respecto al fondo del Bicentenario es que es un decreto de necesidad y urgencia que no es de necesidad ni de urgencia porque, primero, a la plata hay que pagarla dentro de varios meses; segundo, un hecho fundamental: yo no comparto ese slogan que dice que no hay que pagar la deuda. No. A la deuda hay que pagarla, pero hay que auditarla y determinar cuánto tiene de ilegal. Acá, a través de la investigación que ha hecho la justicia federal, y no me refiero sólo al “Fallo Ballestero” (histórico fallo judicial sobre la deuda externa de la Argentina) ya que hay otros juicios que están en pleno trámite, está demostrado que existen delitos de acción pública, ilegalidad, violaciones de la Carta Orgánica del BCRA, en fin, hay un stock de quebrantamientos del orden jurídico realmente notable. Entonces, una de las cosas fundamentales es que lo que es ilegal no puede ser legalizado por nadie ni por ninguna ley de Presupuesto, ningún Congreso, ni ningún Poder Ejecutivo. Esto es desconocer el ABC del derecho. En esto caen los economistas y la mayor parte de la dirigencia política que creen que esto no se puede revisar, que hay un partido único de la deuda —excepto Pino Solanas y la gente del Interbloque— que dicen que hay que pagarla, más allá que se pague con el Fondo del Bicentenario o lo que sea, sin posibilidad de ser discutido. Esto es un disparate.

—El Fallo Ballestero lo que hacía era legitimar esta auditoría sobre la deuda…

—Claro, pero el fallo Ballestero estaba acotado a un período 1976-1983. Ahora, las investigaciones que hay en marcha investigan la deuda hasta ahora…

—¿Megacanje incluido?

—Sí, con el Megacanje incluido. Además por el Megacanje están procesados Domingo Cavallo y Daniel Marx y va a juicio oral y público este año, y por otro lado —otra de las cosas que yo estimo como relevante— es que todos hablan de “deuda vieja” y “deuda nueva”. La deuda vieja es la de la dictadura y la nueva es la de la democracia, y dicen: “son deudas distintas porque una es la de aquellos años y otra es la de ahora”. Pero en las causas judiciales, está acreditado por pericias, informes oficiales, testimonios y documentos que la deuda de hoy es la misma deuda de la dictadura permanentemente refinanciada, con excepción de algunos préstamos del Banco Mundial o BID para algún programa específico…

Otro hecho grave del que se guarda hermético silencio —y tiene lógica porque tiene que ver con los privados—, es que en estos momentos, de acuerdo a las cifras oficiales, holdouts incluidos, tenemos una deuda externa de 176 mil millones de dólares.

—Casi un PBI…

—Claro, casi un PBI. Incluso algunos dicen que disminuyó medido al PBI de 2002. Claro, pero el PBI subió, y la deuda también subió. Lo que no se dice es que la mitad de ese monto es deuda que contrajeron las empresas privadas, que fue contraída en 1982 y perfeccionada en el año 1985. Lo que pocos saben es que esa deuda, su mayor parte, fue peritada y se demostró que eran deudas creadas artificialmente por Renault Argentina, por Fiat Sevel, por las empresas del Grupo Macri, por Celulosa Argentina, por Papel Prensa, para beneficiarse transfiriendo la deuda a toda la comunidad.

Público-privado

—¿Cuál sería el beneficio de estas empresas si crean una deuda ficticia que pagamos todos?

—No las inflaron. Ellos dijeron que tenían una deuda con un banco extranjero, deuda que no existía, y el banco extranjero recibe el pago y se lo remite a estas empresas. Es un beneficio absolutamente directo.

—¿Si la deuda fue refinanciada por gobiernos democráticos se desacredita el argumento que fue contraída por gobiernos ilegítimos?

—Sí, lo que pasa es que se confunden algunas cosas. Para el derecho
internacional es irrelevante si la deuda ha sido contraída por un régimen de derecha, de izquierda o un gobierno de facto. Toda la doctrina jurídica establece que una deuda es exigible. Lo que pasa es que acá hay una serie de hechos incontrastables: primero los acreedores sabían a quiénes le estaban prestando; segundo, de acuerdo a la doctrina jurídica de los EE.UU., una deuda no utilizada en beneficio de un pueblo que la contrajo es una deuda que puede ser repudiada, y por otro lado acá hubo una complicidad estructural entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los operadores privados que creaban deuda. Esto es tan así que el FMI, por primera vez en la historia nacional, tuvo oficinas en el Banco Central de la República Argentina en 1976, y no se fue sino hasta el año 2004, y monitoreaban todos los procesos en forma sistemática. Acá hay toda una maraña difícil de desentrañar porque toda la documentación es reservada.

El futuro del fondo del Bicentenario

El Poder Ejecutivo no va a tener otra alternativa que pagar lo que tiene asignado por el presupuesto, 6.700 millones de dólares. Por otro lado, el déficit fiscal de este año va a exceder los 90 mil millones de pesos, o sea que el gobierno se verá en una encerrona muy difícil de salir. Por otro lado, Proyecto Sur va a presentar en el congreso la semana que viene —donde parece que existen algunos apoyos— para constituir una comisión bicameral de investigación de la deuda externa por un año, y por primera vez el Congreso va a tomar el papel que le corresponde institucionalmente, auditando y controlando la deuda externa argentina.

Las similitudes en Latinoamérica

Alejandro Olmos adquirió relevancia internacional cuando el presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado lo designó miembro de la Auditoría Ecuatoriana de la Deuda Externa y compartió un equipo de trabajo que cuestionó la legitimidad de los compromisos externos de ese país. Al respecto, Olmos dice que cuando fue asesor personal del Presidente ecuatoriano para el proceso de suspensión de los pagos, allí se pudo ver todo el proceso completo y era exactamente “igual al de la Argentina”. “Deuda de la dictadura, reestatización de 1982, refinanciación de la democracia, plan Brady, Bono del 2000, Megacanje, exactamente lo mismo.”

—¿Correa terminó aceptando un 30 % de deuda legal?

—No, la totalidad de la deuda fue considerada espuria. Lo que sucede es que primero pidió la solidaridad de todos los países latinoamericanos y nadie se la dio, más allá de alguna manifestación y declaraciones a la prensa. También sucedió que los precios del petróleo se desbarrancaron y los migrantes ecuatorianos con motivo de la crisis dejaron de enviar divisas al Ecuador y el presidente se vio en una situación grave. A las cinco horas de haber presentado esta auditoría me llamó el Dr. Arturo Carrillo, abogado de la Chase Morgan, para preguntarme “cómo se arregla esto”. Para el Chase Morgan la deuda ecuatoriana era nada —3.500 millones de dólares— el problema era que por primera vez un Gobierno fue a EE.UU. a cuestionar los contratos de deuda y mostrar la arquitectura del fraude, era mostrar lo que se hizo en la Argentina, Brasil y todos los países, y eso no se podía permitir.

Foto: Argentina, Deuda externa - Alejandro Olmos Gaona es investigador, historiador y especialista en derecho internacional. / Autor: DEUDA ILEGITIMA

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Crisis sanitaria. Estiman que el paro en hospitales de todo el país fue del 90%

ACTA

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) estimó en un 90 por ciento el nivel de acatamiento que tuvo el paro nacional realizado ayer en los hospitales públicos en apoyo a la lucha de los trabajadores de Santiago del Estero, en conflicto desde hace seis meses.

El cese de actividades fue por 24 horas en los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires y en centros sanitarios públicos de Chaco, Catamarca, Santa Fe y Santiago del Estero.

En el Hospital de Paraná, Entre Ríos, el paro fue por 6 horas, entre las 7.00 y las 13.00 y también se realizaron asambleas.

Los profesionales de la salud jujeños llevaron adelante un paro de 10.00 a 12.00 en el Hospital Pablo Soria de Jujuy, mientras que hubo un cese actividades de 11.00 a 12.00 en los centros de salud públicos de la capital de La Rioja y Chilecito, el Hospital de Niños de Córdoba capital, el Hospital Vidal de Corrientes, el Hospital Lucio Molas de La Pampa y el Hospital de Niños de Tucumán.

En el marco de la medida de fuerza, se hicieron protestas y asambleas en centros de salud públicos y trabajadores de la salud marcharon a la Casa de Santiago del Estero, en la Ciudad de Buenos Aires, acompañando los santiagueños Ana Marchese, Gustavo Cáceres y Carlos Díaz afiliados de FESPROSA y a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA).

"En Santiago del Estero sigue el paro total de actividades y ahora estamos a la espera de que el gobernador (Gerardo Zamora) conteste una nueva nota que mandamos hoy" (por ayer), señaló el presidente de FESPROSA y miembro de la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina, Jorge Yabkowski.

El dirigente indicó que en esa la provincia "las asambleas pusieron como condición para suspender la medida de fuerza que reincorporen a los 33 empleados cesantes, que se abra la mesa de diálogo a agenda abierta y se reconozca a los delegados de los trabajadores".

"Con esas tres condiciones están dispuestos a suspender las medidas de fuerza y a discutir con el gobernador", dijeron desde el gremio.

En ese sentido, Yabkowski manifestó que "Zamora ya no tiene más justificaciones para no abrir el diálogo" y afirmó que "el paro sigue por tiempo indefinido".

En tanto, los trabajadores de la salud de Santiago del Estero realizarán hoy una nueva movilización, a las 20.00 en Plaza Libertad de la capital.

FESPROSA denuncia que de los 8 mil trabajadores de la salud de la provincia, 5.600 se encuentran en situación de precarización laboral y 4 mil enfermeras, choferes, administrativos y técnicos cobran 660 pesos por mes.

Personal de la salud de Santiago del Estero lleva adelante medidas de fuerza desde hace seis meses en la provincia y desde hace 45 días cumplen un paro por tiempo indeterminado.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Diputados trabajan para que EIDICO no se apropie de un sitio sagrado. La defensa de Punta Querandí suma respaldo en el Congreso Nacional

INDYMEDIA

Legisladores de distintos partidos políticos se comprometieron a pelear desde sus bancas para que los barrios privados no se adueñen de un predio reivindicado como "sagrado" por comunidades indígenas y vecinos en la localidad bonaerense de Dique Luján, partido de Tigre. En una conferencia de prensa realizada la semana pasada, calificaron como "inescrupulosos" a los directivos de la desarrolladora de barrios naúticos, a quienes relacionaron con sectores católicos ultra-conservadores. El lote pertenece al Estado Nacional, sin embargo ya fue arrasado por el empresario inmobiliario Jorge O'Reilly, quien dice ser su dueño y pretende que allí aprendan equitación los niños de los countries. Desde el 19 de febrero, en el acceso al sitio hay un acampe "en defensa del patrimonio público y cultural": sus integrantes quieren que el lugar siga sirviendo a la revalorización de las culturas originarias, entre otros proyectos comunitarios.

"Inescrupulosos que no tienen ningún problema en pasar topadoras por la memoria y encima hacen negocios de muy dudosa legitimidad". Así describió la diputada Verónica Benas (Solidaridad e Igualdad - SI) a la desarrolladora de barrios privados EIDICO, que lleva urbanizadas miles de hectáreas de humedales en el Delta bonaerense destruyendo su patrimonio natural y cultural. "Son Tradición, Familia y Propiedad", dijo Silvia Vázquez (Concertación - FORJA), relacionándolos con la agrupación católica ultra-conservadora. Jorge Cardelli (Proyecto Sur) los vinculó con un "proyecto que implica ir adueñándose del territorio de nuestro país".

Las declaraciones fueron vertidas en una conferencia de prensa realizada el miércoles 24 de febrero en el salón José Luis Cabezas del Congreso, donde legisladores y vecinos denunciaron la impunidad con que se manejan las desarrolladoras de barrios náuticos. Y seguramente traerán repercusión por las contundentes críticas que dirigieron contra la empresa de Jorge O'Reilly, ex asesor de Sergio Massa cuando estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

Además de los legisladores citados, estuvieron presentes la titular del Bloque Socialista en Diputados, Mónica Fein, y Eduardo Macaluse, del SI, quienes escucharon atentamente el testimonio de los vecinos. Todos los legisladores se comprometieron trabajar "fuertemente" para que "se retire EIDICO de la zona".

"La empresa tiene que entender que se les va a armar un soberano despelote por 3 hectáreas", expresó Silvia Vázquez, presidenta de la Comisión Bicameral de Conmemoración de los Bicentenarios de la Revolución de Mayo y organizadora de la conferencia de prensa. Y agregó que los diputados continuarán con las acciones de "incidencia" sobre los gobiernos para "frenar la depredación del predio mientras nos aplicamos a soluciones de fondo".

"Hay funcionarios de todo orden que están involucrados", expresó Vázquez, aunque sugirió que "la presión se la tenemos que hacer a (Sergio) Massa (intendente de Tigre), porque es un muchacho que le encanta salir en los medios de comunicación". Sobre el jefe municipal, contó que intentó comunicarse los días anteriores con él pero nunca respondió los llamados. Además relató que transmitió toda esta situación al Ministro del Interior, Florencio Randazzo, a quien le manifestó su preocupación por posibles incidientes que pudieran agravar el conflicto.

La situación es tensa porque los vecinos indígenas y no indígenas nucleados en el Movimiento en Defensa de la Pacha acampan en el acceso a Punta Querandí, en la calle Brasil y el Canal Villanueva, un escenario marcado por los barrios privados de EIDICO y sus puestos de seguridad. Mientras, las maquinarias amenazan con ingresar al territorio en disputa, y se da una desigual pelea cuerpo a cuerpo. "No somos violentos, pero estamos dispuestos a ponernos frente a las topadoras para frenarlas", dijo en la conferencia el abuelo kolla Pedro Moreira, integrante de la Biblioteca Inti Huasi de San Miguel.

Pero volvamos atrás para entender más sobre esta puja entre la construcciòn de barrios privados y la preservación de sitios prehispánicos, que son considerados sagrados por las comunidades indígenas debido a que guardan las huellas de las naciones que habitaron Buenos Aires antes de la invasión europea.

Que es Punta Querandí

Este terreno fiscal aledaño al Canal Villanueva en la localidad de Dique Luján contiene los restos del sitio arqueológico "Punta Canal" (1000 D.C.) y está ubicado a 50 metros de donde se encontraba otro yacimientode las mismas características: "Garín", que yace destruído debajo del barrio privado Santa Catalina. El lugar es paradigmático porque es el centro del inédito movimiento social que involucra por igual a vecinos de comunidades indígenas, ambientalistas y personas preocupadas por la destrucción del patrimonio arqueológico, cultural y natural del Delta bonaerense. Pero el predio es solo un fragmento de un drama mayor: en su afán inmobiliario las empresas se adueñan del patrimonio público - costas y tierras fiscales - y generan un impacto social porque desplazan a los vecinos prexistentes a los emprendimientos o los afectan negativamente con sus obras. En lo que respecta al patrimonio cultural, al rellenar miles de hectáreas de humedales, los countries arrasan con un número inestimable de sitios arqueológicos con enterratorios humanos de las culturas prehispánicas; o más sencillamente, cementerios indígenas.

Punta Querandí ya era conocido hace algunos años en sectores indígenas del Gran Buenos Aires gracias a la difusión de Graciela Satalic, vecina de Ingeniero Maschwitz (Escobar) que en el 2002 encontró restos arqueológicos en el lugar. Pero las ceremonias y actividades se acrecentaron durante todo el 2009, y de a poco el predio comenzó a ser cercado por EIDICO. A pesar de esto, "nunca tuvimos oposición para entrar", contó Graciela, hasta que el domingo 14 de febrero apareció un candado en el portón. A los pocos días entraron las maquinarias: "Removieron lo poco que quedaba de vegetación, lo destrozaron", describió. Sin embargo la tenaz persistencia de los integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha lograron frenar los trabajos. Hoy la empresa continúa haciendo obras de rellenado con una draga pero en el lote contigüo al terreno ferroviario, con la permamente vigilancia de los vecinos.

El aymara Daniel Apaza, colaborador del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) desde la nueva gestión de Claudio Morgado, resaltó que estas personas que se organizaron en resguardo de Punta Querandí "en la práctica son los ocupantes del lugar". Por su parte la legisladora Verónica Benas destacó que ese territorio le pertenece a todos los argentinos como tierra pública, ya que es de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF, ex ONABE). Y relacionó la supuesta entrega del predio con el desguace del patrimonional nacional en otros rubros durante las últimas décadas.

Algo similar apuntó el militante indígena Pedro Moreira: "Nuestra lucha es por el territorio sagrado pero sobrepasa eso. También estamos peleamos por los intereses de las tierras residuales del ferrocarril que es de todos y además defendemos los humedales para dejarles una mejor situación a nuestros nietos".

Benas adelantó que cuando se renueven las actividades en el Parlamento va a insistir con dos proyectos presentados en diciembre; en uno se declara de interés la preservación de las tierras aledañas al Canal Villanueva y en otro se le pregunta a ADIF si tomó conocimiento de que esas tierras fueron ocupadas por el Complejo Villa Nueva; si conoce que el terraplén fue destruido para prolongar el Canal; y si se encuentra en trámite la transferencia del dominio.

"No es un detalle: si realmente se encuentra en trámite la transferencia, nosotros tendríamos que exigir que se anule este negocio ilegítimo y anti ético que se está haciendo", alertó Benas. "Es una negligencia del Estado Nacional y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a quien pedimos que se oponga a este gran negocio inmobiliario que pone por delante el propósito de un barrio privado cerrado por sobre los derechos de nuestra gente", expresó la legisladora.

Ninguneo al Poder Legislativo

Los proyectos de la diputada Benas son similares a dos iniciativas aprobadas durante el 2009 en el Parlamento bonaerense. Estas resoluciones representan un apoyo para quienes demandan la preservación de Punta Querandí, sin embargo cuando los vecinos en su lucha contra las maquinarias alegaron los dictámenes, los directivos y abogados de EIDICO les respondieron que "no sirven para nada", destacó la legisladora del SI.

En mayo, a instancias de la diputada Liliana Piani (Coalición Cívica), la Cámara elevó al poder ejecutivo provincial un pedido de informes dirigido a distintas dependencias por la habilitación de las obras en el Canal Villanueva y sobre el terraplén ferroviario. Aún no hubo respuestas de ningún tipo. En noviembre, en tanto, el Senado aprobó el proyecto de Daniel Expósito (CC) para declarar de interés la preservación de las tierras aledañas a este curso de agua como patrimonio arqueológico y sagrado de los pueblos originarios.

Municipio record

"Durante los 90' Tigre recibió la mayor inversión privada de toda la República Argentina. Allí resaltan dos grandes empresarios, Constantini por un lado y O'Reilly por el otro", apuntó el concejal de Tigre Luis Cancelo (CC), quien hizo una concisa intervención para dar un marco sobre el partido donde se desarrollan estas situaciones. Además de las profundas relaciones entre EIDICO y el Municipio, y de la responsabilidad de Nación por tratarse de tierras fiscales, apuntó a la ausencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires "que es el que termina autorizando el endicamiento, el terraplenado y la draga". "(Daniel) Scioli vive a 30 cuadras del lugar, es vecino", resaltó.

¿Negligencia o complicidad? Para Cancelo, los gobiernos "históricamente han sido parte del negocio de los barrios privados". Un negocio que es redondo: "Compran a 50 centavos de dólar el metro, rellenan los humedales y venden a 2000 dólares el metro", describió. Y concluyó: "Estamos defendiendo 3 has de las mil y pico que tiene O'Reilly. Las leyes nos asisten".

Problema nacional

El legislador de Proyecto Sur, Jorge Cardelli, relacionó lo sucedido en Tigre con otras situaciones en el país, como la agresión violenta a la comunidad mapuche Paichil Antriao, en Villa La Angostura, Neuquén. "Entraron a un sitio sagrado sin ningún tipo de inconveniente y (los mapuche) están rodeados por la policía o por patotas porque el gobierno los apoya", describió. También citó un conflico en Salta que involucra al Jockey Club, quien tomó tierras indígenas para construir canchas de rugby. "Esto es un problema nacional", dijo Cardelli, y apuntó más allá de las instituciones del Estado. "No es simplemente algún presidente sino que acá detrás hay un proyecto que implica ir adueñándose del territorio de nuestro país. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para pelear y denunciar", expresó.

Foto: Argentina, Naciones originarias, Congreso Nacional - De izquierda a derecha: Jorge Cardelli (Proyecto Sur), Verónica Benas (SI), Silvia Vázquez (FORJA), Mónica Fein (Partido Socialista) , Eduardo Macaluse (SI) y Pedro Moreira (Movmiento en Defensa de la Pacha). / Autor: Georgina García - INDYMEDIA

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Las irregularidades de la desarrolladora de barrios nauticos: Impunidad S.A.

INDYMEDIA

Graciela Satalic contó que EIDICO violó dos medidas cautelares que obligaban a no tocar dos parcelas del terraplén ubicadas a pocos metros del yacimiento arqueológico "Punta Canal". Estos fallos judiciales habían sido logrados por el vecino Carlos Arrambide, afectado por las obras de los barrios San Benito y San Marco. Hoy esa parte del terraplén ya no existe, en su lugar hay una nueva extensión del Canal Villanueva. Esas tierras "desaparecidas" funcionaron durante décadas como un camino de uso público para acceder a Dique Luján desde Benavidez y era la única manera de ingresar con automóviles a la zona. Si bien a fines de 2009 se instaló un puente en el arroyo Garín a pocos metros de su desembocadura en el Canal, por lo que se puede ingresar al lugar desde ahí, no se sabe por cuánto tiempo permanecerá este puente ya que es alquilado y su manutención tiene que ver con las obras de una planta potabilizadora de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en la calle Brasil y la ruta 26, a un km de distancia.

"La empresa viola todas las leyes: la de humedales, la de patrimonio arqueológico, y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional donde se reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas", repudió Pedro Moreira. El abuelo dijo que, por el dinero que tiene EIDICO, los políticos y las autoridades -municipales, provinciales y nacionales- miran hacia al costado.

En el mismo sentido, Satalic agregó: "Se manejan con una impunidad total, ellos avasallan los derechos de todos los vecinos", y habló de una anciana de 94 años llamada Sara Espinosa, que vive desde hace 60 años a pocos metros de Punta Querandí y está siendo cercada por los últimos movimientos de suelos que rellenan el predio lindero. "Toda esa tierra era humedal, vamos a qué pasa cuando se inunde", advirtió la vecina. Por otro lado, la draga con la que actúa la empresa no tienen autorización para trabajar, pero Prefectura no puede actuar porque la misma está asentada en "aguas privadas", según le dijeron al concejal Luis Cancelo.

Según trascendidos, en las tierras de Punta Querandí el empresario inmobiliario Jorge O'Reilly quería construir su casa, por lo menos hasta diciembre de 2008. Parece que todo el revuelo lo hizo cambiar de parecer -por ahora- ya que hace dos semanas un profesor de la escuela que funciona en el Convento del Instituto Religioso Mater Dei -la primera edificación del barrio San Benito, que continúa en construcción- dijo que O'Reilly "cedió" las tierras. "Van a poner caballos para que los chicos del country practiquen equitación", contó Graciela.

Del lugar los arqueólogos excavaron más de 10 mil piezas prehispánicas a fines de 2008. "Que más prueba que eso para que sea considerado de interés nacional y se defienda", se preguntó Moreira, quien destacó que continúan apareciendo restos. Además mencionó un documento oficial del INAPL que en el 2001 advierte sobre la destrucción de sitios arqueológicos con enterratorios humanos por parte de los barrios privados de Nordelta y EIDICO. "Y si no hubiera un cementerio indígena de todas maneras es un sitio ancestral y hay que respetarlo", expresó.

Satalic también alertó que la empresa habría comprado el campo de La Bellaca (70 hectáreas) donde se encuentran tres sitios arqueológicos para desarrollar un nuevo barrio privado del Complejo Villa Nueva. La amenaza se amplía.

Foto: Argentina, Naciones originarias - Para Daniel Apaza, la pobladora Sara Espinosa resume la historia del país. "Tiene rasgos indígenas, el pelo mota como los africanos y es rubia". / Autor: Georgina García - INDYMEDIA

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Tucumán: El juicio a los represores podría suspenderse otra vez pero no caería

PRIMERA FUENTE

El estado delicado de salud de los represores Antonio Domingo Bussi y Mario Zimmermann abre posibles escenarios sobre el futuro del histórico juicio. Si uno de los imputados no podría seguir el proceso, el Tribunal Oral Federal podría optar por una nueva suspensión del debate o por excluir al acusado enfermo.

La delicada salud de los represores Antonio Domingo Bussi y Alberto Mario Zimmermann abre dos escenarios posibles en cuanto al futuro del histórico juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía.

Si uno de ellos, o eventualmente otro de los cinco imputados restantes también con cuadros críticos de salud, no pudiera continuar presenciando las audiencias de debate, el Tribunal Oral Federal, integrado por Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, tiene la posibilidad de excluirlo del proceso, ya que el Código Procesal Penal de la Nación prohíbe continuar el debate sin la presencia de alguno de los imputados.

En este sentido, el próximo martes 16 de marzo será clave para saber qué determinará el Tribunal Oral, cuando escuche otra vez al médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cristian Rando, quien horas antes deberá examinar personalmente por segunda vez al ex gobernador de facto en su domicilio ubicado en un country de Yerba Buena. Cabe recordar que el cardiólogo judicial aconsejó el martes que Bussi guarde reposo por 10 días hábiles ante sospechas de haber sufrido un síndrome coronario agudo. Antes de partir hacia Capital Federal, Rando dejó las instrucciones para que le realicen entre el 11 y 12 de este mes una serie de estudios hasta su regreso, según lo dispuesto el martes por los jueces del Tribunal Oral.

En el caso hipotético de que ese día el médico de la Corte aconseje que Bussi continúe con el reposo, el Tribunal Oral puede decidir suspender nuevamente las audiencias o, según sea el plazo solicitado, evaluar la exclusión del militar retirado del juicio. Si se decide una nueva suspensión, el TOF no puede hacerlo por más de 10 días hábiles ininterrumpidos, tal como lo establece el artículo 365 del Código Procesal. Un plazo mayor implicará la caída del debate, es decir que todo el proceso vuelva a foja cero.

En tanto, en caso de muerte de alguno de los imputados, sólo finalizará la causa para ese acusado y el Tribunal Oral Federal deberá declarar su sobreseimiento, según explicaron fuentes judiciales. En ese escenario, el debate continuará para el resto de los imputados.

En este juicio, además de Bussi, de 84 años, y Zimmermann, de 76, están sentados en el banquillo de los acusados Luciano Benjamín Menéndez (83), Alberto Cattáneo (81), Roberto “El Tuerto” Albornoz (79) y los hermanos Luis (71) y Carlos De Cándido (59).

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Salta: La Asociación de Periodistas denuncian hecho grave de la Corte de Justicia provincial

COPENOA

Desconociendo leyes vigentes que derogan las figuras de calumnias e injurias como delitos penales para expresiones referidas a asuntos de interés público, la Corte de Justicia salteña confirmó la condena contra el periodista José Acho, en una causa iniciada por el Chaqueño Palavecino.

La periodista Elena Corvalán, presidenta de la Asociación de Periodistas de Salta , informó a COPENOA que lamenta que la Corte de Justicia de Salta no esté adoptando en sus fallos la nueva normativa que deroga las figuras de calumnias e injurias como delitos penales para expresiones referidas a asuntos de interés público. Agregó que “la ley que deroga estas figuras penales fue aprobada en noviembre pasado por el Congreso Nacional en cumplimiento de un fallo por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado argentino derogar estos delitos, por considerarlos lesivos de la libertad de expresión y el principio de legalidad. A pesar de que la ley está promulgada, y de que ya motivó que en otros puntos del país se dejaran sin efecto causas abiertas contra periodistas, el pasado 11 de febrero la Corte de Justicia salteña confirmó un fallo de condena contra el periodista José Acho, en una causa iniciada por el cantante Oscar Esperanza Palavecino, que se sintió agraviado por publicaciones realizadas en 2005 referidas a un supuesto intento de apropiación de tierras fiscales del departamento Rivadavia. En octubre de 2007 el juez Correccional y de Garantías de Tercera Nominación, Marcelo Torres Galvez, condenó a Acho a dos años de prisión en suspenso y a pagar una indemnización de 20 mil pesos al demandante. El caso llegó a la Corte de Justicia por una apelación del demandado. El fallo que confirma la condena fue dictado por un tribunal integrado por los jueces Guillermo Posadas, María Cristina Garros Martínez, María Rosa Ayala, Guillermo Catalano, Abel Cornejo y Fabián Vittar. Las expresiones de Acho fueron referidas a un caso de interés público, dado que estaba en juego el destino de tierras fiscales (públicas). Sin embargo, según se desprende de la lectura del fallo ratificatorio de la condena, la Corte no tuvo en cuenta la existencia de la nueva normativa que deroga las calumnias e injurias para estos casos. Dado que se han previsto otras vías (como la demanda civil) para el caso de que un periodista haya sido negligente a la hora de chequear una información, APeS considera un hecho grave que el máximo tribunal de la provincia decida pasar por alto la existencia de una ley que viene a evitar formas de presión sobre el trabajo de los periodistas y la prensa”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Chile: Talcahuano, la ciudad con más daños tras el terremoto en Chile

.
La policía chilena calculó en unos treinta el número de fallecidos y un centenar de heridos en una evaluación preliminar en la ciudad puerto de Talcahuano tras el terremoto y posterior tsunami del sábado en la madrugada, en lo que autoridades definieron como la urbe más dañada por la catástrofe que deja según un último balance oficial 799 muertos.

"Calculamos en unas treinta las personas muertas, pero eso aún es preliminar", dijo un oficial de la policía militarizada de Carabineros quien prefirió no identificarse.

"El principal problema fue no dar aviso de tsunami", agregó el uniformado, para quien sólo la cultura sísmica de los chilenos explica tan alto nivel de destrucción con un número no tan grande de fallecidos, tras un terremoto de 8,8 grados Richter y una posterior ola gigantesca que se adentró a unas cinco cuadras del borde costero.

"Se trata de la ciudad en términos de importancia más afectada por el sismo. Las pérdidas en el puerto aún no son estimadas pero sólo en el astillero son millonarias", dijo Iván Gutiérrez, un ingeniero jefe del Ministerio de Obras Públicas durante un recorrido por el puerto.

El funcionario comentó que oficiales de la Armada "incluso me advirtieron que había minas (explosivos) varadas en la bahía" tras la invasión de una ola gigante tras el terremoto a la Base Naval de la zona, donde la rama castrense dijo que murieron 3 personas, familiares de marinos.

La remoción de al menos uno de los explosivos de gran tamaño fue verificable desde la bahía, lo que fue posteriormente confirmado por un grupo de uniformados de la marina que participó en las tareas de extracción, las que eran dirigidas por dos helicópteros de la prefectura a primeras horas de la mañana.

En la ciudad ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Concepción a unos 500 kilómetros de Santiago, comenzaron hoy oficialmente las tareas de remoción de escombros. Se trata de la segunda urbe de la región del Bíobío con 150 mil habitantes y que tiene como promedio tres casas por cuadra en el suelo como es perceptible con facilidad.

La ciudad que amaneció con "Toque de queda" que se extendió hasta el mediodía enfrenta ahora serios problemas de escasez de víveres. La falta de agua es suplida recurriendo a fuentes de agua subterránea y pequeños esteros y lagunas, por lo que es hervida por precaución.

"Necesitamos que comience a llegar la ayuda por que mañana no tendremos nada, pero nada para comer", dijo Eliana, una mujer de mediana edad que vive en una de las tantas poblaciones sobre los cerros que componen una ciudad donde desde el sábado no existe ningún tipo de comercio ni abastecimiento de combustible.

En las partes populosas de la ciudad es común apreciar comedores comunitarios, mientras los habitantes que perdieron sus viviendas viven en carpas en las aceras, mientras entre la población más acomodadas las viviendas han sido por lo general abandonadas.

Ayer miércoles en Concepción comenzaron a distribuirse alimentos los que se espera comiencen a llegar por la tarde a esta ciudad.

De acuerdo a cifras oficiales el sismo dejó a unos dos millones de personas damnificadas, mientras los daños en infraestructura pública y privada superan los 30 mil millones de dólares en estimaciones del Ministerio de Hacienda.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Ecuador: Analizan el reestablecimiento de relaciones diplomáticas con Colombia

.

A dos años del conflicto generado entre los dos países por la incursión colombiana a territorio ecuatoriano, Ecuador y Colombia analizan el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas, rotas hace dos años, con el nombramiento de embajadores.

Recién, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, afirmó que las relaciones diplomáticas con Colombia están restablecidas, aunque matizó que aún no en su más alto nivel al no haber designado aún a sus embajadores.

Hace dos años, Quito rompió sus vínculos diplomáticos con Bogotá tras el bombardeo del ejército colombiano a un supuesto campamento guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo ecuatoriano, en donde murió el segundo al mando de la guerrilla colombiana, Raúl Reyes, junto a otras 25 personas.

Ecuador aguarda la entrega, por parte de Colombia, de la información sobre el bombardeo a la zona ecuatoriana de Angostura.

En septiembre pasado, en Nueva York, el ex canciller ecuatoriano, Fander Falconí, y su colega colombiano, Jaime Bermúdez, trazaron una hoja de ruta para recomponer las relaciones y en noviembre designaron a los respectivos encargados de negocios.

Quito y Bogotá están a la espera de que se instale la comisión de Asuntos Sensibles para tratar los problemas más difíciles, que incluyen requerimientos de Ecuador y Colombia para despejar las dudas sobre el ataque.

Ecuador, pide información del ataque y una mayor presencia militar colombiana en su frontera, donde operan los guerrilleros colombianos y Colombia quiere que la Justicia ecuatoriana entierre los procesos por asesinato, imputados a funcionarios de alto nivel que dirigieron la operación.

El proceso se disipó con el sobreseimiento provisional dictado la semana pasada por el juez ecuatoriano Francisco Revelo, al ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos; el jefe de las Fuerzas Armadas colombianas, Freddy Padilla; el director de la Policía de Colombia, Oscar Naranjo, y el ex comandante del Ejército colombiano Mario Montoya.

El ex canciller ecuatoriano, Fander Falconí, artífice del acercamiento con Bogotá, indicó que con la entrega, aun pendiente, de la información requerida por Quito sobre el bombardeo, "Ecuador ya puede dar un salto hacia adelante en la normalización plena de sus relaciones diplomáticas".

Para los analistas, el restablecimiento de relaciones entre el Ecuador y Colombia, tras el bombardeo de Angostura, requerirá todavía de tiempo.

El pasado 9 y 23 de febrero, los presidentes Rafael Correa y Álvaro Uribe se mostraron optimistas tras la reunión en Quito y la Riviera Maya (México), donde ratificaron su decisión de impulsar el proceso de acercamiento.

Para Ecuador es vital obtener la información sobre el contenido de las computadoras de "Raúl Reyes" y los detalles del operativo Fénix, el 1 de marzo de 2008.

Aunque la Interpol aseguró que las computadoras no fueron manipuladas por las autoridades colombianas, el gobierno de Ecuador descalificó su contenido.

Se habló sobre supuestos aportes de las FARC a la campaña de Correa y se menciona una reunión entre Gustavo Larrea, ex ministro de Gobierno y de Seguridad, con Reyes.

En el plano militar se anuncio en cambio la profundización del intercambio de información entre los ejércitos para luchar contra el narcotráfico.

Los encuentros de Correa y Uribe, en Quito y Cancún, tras la crisis diplomática entre los dos países, contribuyeron a allanar el camino para restablecer las relaciones diplomáticas al más alto nivel, el nombramiento de los embajadores, decisión que aún no se toma.

Ambos mandatarios se entrevistaron en la Cumbre del Grupo de Río, en la Riviera Maya de México, y acordaron instruir a "la Comisión de Asuntos Sensibles para que se reúna en el más breve plazo a fin de avanzar en la superación de los temas pendientes".

La Comisión de Asuntos Sensibles es uno de los varios grupos de trabajo que crearon los gobiernos de Quito y Bogotá el último trimestre de 2009, como parte de un proceso que busca avanzar hacia la normalización de los lazos bilaterales.

La comisión está prevista que se active tras una reunión en Atlanta, Estados Unidos, con el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Correa y Uribe también dispusieron que el mecanismo Ecuador-Colombia-ACNUR se reúna para analizar la situación de los ciudadanos colombianos refugiados en Ecuador.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

El Salvador: Piden que Funes y Obama revisen TLC

Daniel Trujillo (COLATINO)

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica pidió al Presidente de la República, Mauricio Funes, abogar por una revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC), durante el encuentro que sostendrá la próxima semana, con su homólogo estadounidense Barack Obama.

La organización social espera que el Presidente Funes les tome la palabra porque “está obligado a hablar de este punto”, ya que “los privilegios” de las transnacionales en el país se convirtieron en derechos desde la firma del acuerdo.

Representantes de la Mesa indicaron que la revisión radicaría en cambiar el TLC por un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos (EEUU) y los países centroamericanos.

Para ello, Funes debería de poner sobre la mesa que en el TLC ya no se contemplen la producción de los granos básicos; eliminar el trato igualitario y de Nación más favorecida entre los países miembros; suprimir la cláusula de “inversionista-Estado”; sacar los servicios públicos del acuerdo; y, eliminar el capítulo de propiedad intelectual.

Para el economista Raúl Moreno, si esos puntos se eliminan existiría un mejor trato para los países centroamericanos, respecto a la asimetría entre estos y EEUU.

“No estamos por reformar el acuerdo (TLC), estamos por revisarlo críticamente para avanzar en su desmontaje”, indicó Moreno.

El lunes se cumplieron cuatro años de la vigencia del TLC. Desde 2006 a la fecha la balanza comercial entre El Salvador y la Nación del norte es deficitaria.

En su defensa, el Consejero para Asuntos Económicos de la Embajada de EEUU en el país, Mitchell Ferguson, sostuvo que el acuerdo es muy joven y que es necesario darle más tiempo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó, a finales del año pasado, un recurso de inconstitucionalidad presentado por una organización de la sociedad civil.

Moreno dijo que la CSJ estudia la supuesta violación a los artículos 3, 89, 106, 125, 131 ordinal “b”, 135 y 144 de la Constitución de la República.

Los miembros de la Mesa están conscientes que el Presidente Obama no es el mismo cuando era Senador y cuando votó en contra del TLC hace cinco años.

De ahí que ambos mandatarios –dijo el ambientalista, Angel Ibarra– tienen la obligación de revisarlo y “desmontarlo”, aún cuando la CSJ estudia la posible inconstitucionalidad del acuerdo.

“Esto no contradice la posibilidad de que se abra entre los Ejecutivos de Estados Unidos y Centroamérica revisión crítica”, subrayó Ibarra.

Uno de los impactos del TLC contra el país es la demanda de $100 millones interpuesta por la empresa minera Pacific Rim contra el Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), por no otorgarle el permiso de extracción de oro.

La transnacional canadiense se amparó en el capítulo “inversionista-Estado” del Tratado para demandar al país.

La Mesa enviará una carta al Presidente Funes donde le plantean con más detalle su petición de revisión del TLC e incluirlo en su agenda durante la visita a Obama.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Guatemala: Jefes policiales capturados por nexos con el narcotráfico

CERIGUA

El director de la Policía Nacional Civil (PNC) Baltazar Gómez, la jefa de la División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA), Nelly de Bonilla y Fernando Carrillo, de alta en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, capturados por las fuerzas de seguridad, fueron sindicados de pertenecer a una estructura clandestinas ligada a un grupo de narcotraficantes.

El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana y el fiscal del Ministerio Público (MP), Amílcar Velásquez dijeron que las investigaciones establecieron que ambos formaban parte de la cúpula de un grupo clandestino que el 24 de abril pasado efectuaron un tumbe de 700 kilos de cocaína en un complejo de bodegas en el municipio de Amatitlán.

Según Carlos Castresana, las inconsistencias en las pesquisas del enfrentamiento con presuntos narcotraficantes, donde murieron cinco policías, hicieron surgir sospechas sobre la participación de los funcionarios policiales.

Agregó que una de las cuestiones inexplicables del enfrentamiento ocurrido en Amatitlán, fue el hecho de que elementos de la DAIA no permitieron a los fiscales y peritos el acceso al lugar donde fallecieron sus compañeros, argumentando razones de seguridad.

El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, explicó que aunque era obvio que el director de la PNC debió ser separado del cargo junto con el ex ministro de Gobernación, por haber firmado el contrato de combustible por el caso Maskana, no se hizo para lograr la orden de detención que emitió finalmente el juzgado de Amatitlán; los tres funcionarios esperaban ser interrogados en los tribunales.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Hillary Clinton niega que Estados Unidos esté orquestando una campaña contra Venezuela

RIA NOVOSTI

La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, negó que su país esté orquestando una compaña contra el gobierno venezolano, en respuesta a acusaciones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

"[EEUU] jamás ha tenido participación alguna en actividades contra Venezuela, ni contra ningún venezolano", declaró hoy Clinton en rueda de prensa en el Palacio Itamaraty, sede de la cancillería del Brasil, junto a su par brasileño, Celso Amorim.

Al respecto, el lunes pasado Chávez calificó de una "orquesta contra su gobierno" las acusaciones de EEUU en un informe anual que realiza el Departamento de Estado sobre Control y Estrategia Internacional Antinarcóticos y las de un juez de la Audiencia Nacional de España sobre supuestos vínculos del país sudamericano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el grupo vasco ETA.

"Es como una orquesta, se ponen de acuerdo: en España la realísima audiencia, en Washington tal. (...) Eso indica que eso no es casual, es una orquesta y detrás de todo eso está el imperio yanqui", dijo el mandatario venezolano desde Uruguay, en donde asistió a la toma de posesión del presidente, José Mujica.

El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional española, vinculó este lunes al Gobierno de Venezuela con una supuesta cooperación entre las FARC y la ETA, destinada presuntamente a planear la muerte del presidente colombiano, Álvaro Uribe.

A la par con las acusaciones del juez español, en el citado informe se señala de nuevo a Venezuela como un país que supuestamente colabora con el tráfico de drogas, acusación que también fue rechazada categóricamente por el mandatario de la nación sudamericana.

"No nos va ni nos viene lo que el imperio haga en nuestra contra. No podrán contra nosotros, porque representamos a millones", apuntaló el presidente Hugo Chávez.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Estados Unidos: Su nueva doctrina militar prevé ataque nuclear preventivo y el desarrollo de nuevas armas convencionales

.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pretende conjugar el derecho al ataque nuclear preventivo con el desarrollo de nuevas armas convencionales en la nueva doctrina militar del país, escribe hoy el diario ruso Kommersant.

Recientemente, el líder estadounidense rechazó el borrador inicial de la nueva doctrina porque preveía una renuncia al derecho al ataque preventivo que se atribuye Washington y que Obama, premio Nobel de la Paz 2009 por su plan de desarme nuclear global, ahora quiere mantener.

De esta forma, la aprobación de la doctrina que el Pentágono viene preparando desde hace casi un año, se aplaza un mes más.

Según se desprende de su borrador, Washington apuesta por las armas convencionales y entre otras cosas prevé el despliegue del escudo antimisiles en la zona del golfo Pérsico.

Además, se impulsa el desarrollo de nuevos misiles convencionales bautizados Prompt Global Strike, capaces de alcanzar objetivos en cualquier parte del mundo en menos de una hora.

Según fuentes de Kommersant, las plataformas de lanzamiento de estos misiles serán emplazadas en EEUU y podrán recibir visitas de inspectores internacionales, entre ellos los rusos, para que comprueben que no llevan carga nuclear.

Los militares estadounidenses destacan que las nuevas armas permitirán atacar las bases de Al Qaeda en Afganistán o prevenir el lanzamiento de un misil norcoreano y que además, tendrán el mismo efecto disuasorio que las armas nucleares, pero sin las consecuencias desastrosas que provocaría el uso de estas últimas.

No obstante, los expertos consultados por el rotativo advierten que el líder estadounidense tendrá que explicar por qué su país seguirá teniendo armas nucleares.

Así, Daryl Kimball, director de la Asociación de Control de Armamento, señaló que las afirmaciones de que "la disuasión es el objetivo principal del arsenal nuclear dejan entrever que hay más objetivos".

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...