Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)
Entre los primeros hay que distinguir la legión de quienes añoran un orden democrático que jamás existió y aquellos que consideran que el actual solo necesita algunos retoques para mantenerse como un estado de derecho que garantiza la paz y el bienestar de la ciudadanía. Para todos ellos un tercer mandato establecería un precedente peligroso y abriría las puertas a formas inaceptables de gobierno. Por su parte, ni Uribe ni los suyos se caracterizan precisamente por un apego estricto a la legalidad ni ven inconvenientes en retorcer el sentido de la ley para favorecer sus propósitos. Una buena campaña en los medios (que mayoritariamente le apoyan) y sobre todo el amedrantamiento sistemático de los opositores les garantizan un respaldo abrumador en encuestas preparadas a la medida. Su llamado “estado de opinión” estaría siempre por encima de cualquier minucia legal, de cualquier “articulito” de nada, como acostumbra a decir el presidente.
Los antecedentes también parecían jugar a favor del gobierno. La Corte había avalado casi todas las medidas del primer mandatario, en particular su segunda elección, dada por válida aunque estaba claramente afectada no solo por defectos de forma sino por procedimientos abiertamente delictivos. Para muchos entonces ha resultado sorpresivo que el fallo fuese contrario a los deseos de Uribe y les da pié para pensar que los motivos alegados son más bien excusas leguleyas tras las cuales se esconden motivaciones políticas.
Sin duda, la decisión de los magistrados se fundamenta en consideraciones de mucha trascendencia y daría pié a debates de mucha altura y a interpretaciones encontradas. Ahora bien, lo que si no genera duda alguna es el conjunto de razones políticas y de motivos prácticos que seguramente también han influido en el veto de los juristas. Los magistrados ni son neutrales ni son independientes. Basta considerar su ideología, su extracción social y sobre todo el sistema de selección que les permite llegar a la mayor instancia del poder judicial. Si en otras ocasiones se decantaron en favor las decisiones de Uribe (así fuesen muy cuestionadas o abiertamente contrarias al espíritu de la ley) esta vez su voto favorece a los grupos de intereses que se han opuesto a la reelección por motivos diversos. Todo lleva a pensar que la clase dominante – o al menos el bloque mayoritario de la misma- ha decidido impedirle a Uribe permanecer cuatro años más al frente del gobierno contando -como no podía ser de otra manera- con el apoyo de los magistrados.
En el fondo la salida de Uribe y de su equipo podría interpretarse como el desalojo del gobierno del sector más lumpen de la burguesía; aunque han prestado grandes servicios al sistema, también han incurrido en muchos errores, soportan un desgaste considerable y han deteriorado la imagen del país en el extranjero. Tampoco parecía prudente arriesgarse a un referendo de resultados inciertos. Uribe ya había convocado uno para aumentar su poder de manera alarmante y fue un completo fracaso. La votación entonces ni siquiera alcanzó el 25% del padrón electoral que es preceptivo en Colombia como límite mínimo para validar un referendo. El riesgo de una derrota resultaba demasiado grande.
La decisión de la Corte satisface los intereses estratégicos de la gran burguesía y no supone riesgo alguno para el sistema, considerando que prácticamente todos los candidatos con opciones de suceder a Uribe suscriben su estrategia. Todos son -con matizaciones menores- partidarios de la “seguridad democrática”. No habría entonces lugar para cambios que no sean de fachada y los retoques serían los estrictamente indispensables para corregir el rumbo y dar una imagen nueva ante la opinión nacional e internacional. Tampoco se observa -de momento- una fuerza popular opositora que pueda llegar al gobierno y proceda a desmantelar la política económica neoliberal, opte por la solución política del conflicto armado y anule los compromisos militares con Washington.
Uribe se va pero el engendro de la “seguridad democrática” se queda. Más allá de la retórica normal en este tipo de eventos, prácticamente ningún candidato con opciones se propone abandonar realmente una estrategia que ahora desean convertir en una política de estado. Abandonado todo proyecto desarrollista y comprometido a fondo el país con la estrategia imperialista de los Estados Unidos para la región, no sorprende que la burguesía colombiana haya convertido la “seguridad democrática” en su propósito nacional. Hasta la izquierda moderada (el Polo Democrático) muestra en su seno desconcertantes contradicciones en un tema de tanta trascendencia, sorprendiendo a su electorado con declaraciones extrañas (por decir lo menos) de importantes dirigentes del PDA, empezando por su candidato a la presidencia, el senador Petro.
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