viernes, 5 de marzo de 2010

¿Mayo se adelanta?

Luis Brunati (especial para ARGENPRESS.info)

De diciembre a marzo el país se distiende. El fin del período escolar, las colaciones de grado, las fiestas de fin de año, los meses de más calor, las vacaciones. Pero con los K, ya nada es lo que era. El verano pasó a ser tiempo de vértigo. Pero veamos los antecedentes del recalentamiento. El 17 de julio de 2008, la TV, largamente acusada de frívola, transmitió en una espontánea e improvisada cadena, un debate en Senado de la Nación, que terminó a 4:25 de la mañana, con record de espectadores. En esa ocasión la idea fue tensar, tensar y tensar, llevando a Cobos a un callejón sin salida en el cual el tiro salió por la culata.

Lejos de analizar errores propios, la actitud frente a la derrota fue redoblar la apuesta, continuar tensando y acusar de desleal a Cobos, oportunamente elegido como candidato a vice para esKriturar a su nombre un trozo de radicalismo.

En una secuencia que no parece tener límites, la particular forma de actuar de Néstor en las sombras, Cristina continuó con varias sobreactuaciones presumiblemente diseñadas para escorar el barco a babor (izquierda). Así sucesivamente fue el turno a la “nacionalización” de Aerolíneas, el adelantamiento de las elecciones, la “nacionalización” del fútbol, la ley de medios, el subsidio universal por hijo y la “nacionalización” de las AFJP, el fondo del Bicentenario y la reforma política. Medidas útiles a los objetivos y necesidades de la derecha unas y orientadas en sentido contrario otras. Es decir útiles a izquierda y derecha, pero inocuas a los fines k, porque escondían negociados, especulaciones espurias, ausencia absoluta de grandeza y oportunismo extremo y todo eso se percibe. No hay que olvidar que la palabra es entre el 25 y 30% de la comunicación, en tanto que el 70% restante queda día a día más al descubierto con cada representación de Cristina y cada maniobra de Néstor.

Génesis y devenir del peronismo

El peronismo nace de manera muy distinta en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, las provincias con cierto grado de industrialización y el resto de las provincias. Mientras en las primeras, la clase trabajadora, el radicalismo yrigoyenista, sectores socialistas y anarquistas, el nacionalismo popular, los sectores de ese nacionalismo en las fuerzas armadas y las figuras de Perón y Evita las que representan nítidamente al nuevo movimiento, en las provincias no industrializadas son los viejos conservadores los que se apropian de las banderas del nuevo movimiento. En esa mecánica no fuimos diferentes a casi ninguna experiencia social, política, militar o religiosa del mundo. Pero orden a las limitaciones de espacio de un artículo de coyuntura, no voy a ingresar en los varios ejemplos que se me ocurren para ejemplificar esta última afirmación.

Lo concreto es que iniciada la crisis del petróleo, a principios de los 70, inscripción de gran parte de Montoneros en una confrontación con Perón y posteriormente la muerte del viejo líder, a mi juicio último gran estadista argentino, sumado la desindustrialización relacionada con los lineamientos de “Proceso Militar”, la declinación en la demanda de mano de obra generada por las nuevas tecnologías y la consecuente declinación del poder del Movimiento Obrero, el peronismo organizado queda estructuralmente en manos de los caudillos conservadores. Así se entiende la presidencia de Saadí y la importancia que adquieren ese tipo de caudillos expresados en la llamada ortodoxia en combinación con los dirigentes más venales de la CGT.

Así se comprende también el valor de Carlos Menem para esos sectores y el papel que este va a cumplir, primero con asesoramiento de Bunge y Born y luego en asociación con Domingo Caballo y el movimiento obrero desorientado y disciplinado.

Para no hacer muy larga la explicación, abrevio diciendo que en ese marco y en lo que yo denominaría el conservadorismo tardío del sur argentino, se debe ubicar a los K para comprender su forma de pensar la política y operar. Son una mezcla de infantilismo revolucionario, apropiación oportunista de las secuelas más trágicas del “proceso” utilizadas con desparpajo y las vivezas del conservadorismo, la compleja amalgama que puede explicar su adscripción irrestricta al menemismo, sus actividades en el hoy autodenominado exilio interno y su coincidencia con los planteos que de una forma mucho más acabada, completa y presentable exhibió Adolfo Rodríguez Saa en su corto período de gobierno. Basta recordar su discurso a la asamblea legislativa como presidente o recordar su valoración de los derechos humanos, para encontrar los antecedentes de la puesta en escena kirchnerista.

Confundir kirchnerismo con peronismo, es tan absurdo como confundir menemismo con peronismo. Perón no dejó al PJ como su heredero.

Con demasiada vocación de helicóptero

Es de noche tarde, para salir a reclamar apoyo a Kirchner en beneficio de América Latina. Ni América Latina puede exigir un sacrificio tal de nuestro pueblo, ni por honestidad intelectual aceptar tales argumentos. Si alguien efectiva y honestamente cree en ellos, me parece bien que los esgrima. Otra cosa muy distinta es pretender taparle la boca a toda la oposición diciendo que a la izquierda de los k hay un desierto de sal. Que Pino Solanas y Proyecto Sur le hacen el juego a la derecha. Que Pino Solanas y Proyecto Sur se pasaron al enemigo. Que Pino Solanas y Proyecto Sur Mienten. Que Pino Solanas y Proyecto Sur no tienen proyecto.

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Falacias educativas

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Vengo a reiterarme y espero sepan disculpar mi persistencia: es imprescindible discutir sobre políticas educativas en este Bicentenario.

Raúl Scalabrini Ortiz escribió: “Todo lo que nos rodea es falso e irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron. Falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron. Falsas las perspectivas mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que los textos aseguran (…) Volver a la realidad es el imperativo inexcusable. Para ello es preciso exigirse una virginidad mental a toda costa y una resolución inquebrantable de querer saber exactamente cómo somos (1)”.

Es preciso averiguar quién es quién en Argentina.

Entre las escuelas convertidas en galpones las mentiras deben ser descubiertas.

El nueve de agosto de 2006 el entonces Ministro de Educación de la Nación Daniel Filmus se reunió con representantes de siete entidades empresarias del país: Unión Industrial Argentina (UIA), Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de la Construcción, Asociación Empresaria Argentina (AEA), Asociación de Bancos Argentinos, Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural. Filmus conseguía así el apoyo empresarial para su proyecto de una nueva Ley Nacional de Educación finalmente promulgada el 27 de diciembre de 2006 (2).

Según la Web del Ministerio de Educación de la Nación tras ese encuentro los empresarios “son plenamente conscientes de su responsabilidad en materia educativa y están dispuestos a participar en la implementación de acciones que permitan evaluar la calidad educativa y los resultados de las nuevas medidas (2)”.

Educación para el libremercado en este Bicentenario. He aquí las pruebas. Por eso cada vez que escuche, lea o vea a algún funcionario, experto o dirigente explicar que debemos mejorar la “calidad educativa”: desconfíe.

María de Pauli en La empresa educativa subraya un párrafo de Juan Carlos Tedesco (autor de El nuevo pacto educativo: educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna): “Desde esta perspectiva de análisis, las empresas modernas aparecen como un paradigma de funcionamiento basado en el desarrollo pleno de las mejores capacidades del ser humano. Estaríamos ante una circunstancia histórica inédita, donde las capacidades para el desempeño en el proceso productivo, serían las mismas que se requieren para el papel de ciudadanos y para el desarrollo personal (2)”.

Educación al servicio de la plutocracia. He aquí las pruebas. Filmus, Tedesco, FLACSO y la UNESCO la diseñaron. Néstor y Cristina la aprobaron.

Pareciera que aprendieron de la Encyclopaedia Britannica: “La nación que no quiera fracasar en la lucha por el éxito comercial, con todo lo que eso implica para la vida nacional y para la civilización, debe asegurar que sus industrias puedan contar con una oferta constante de trabajadores adecuadamente dotados, tanto en términos de inteligencia general como de entrenamiento técnico (3)”.

Es esencial problematizar y reflexionar sobre políticas educativas en este Bicentenario.

Laura Marrone en su apunte Financiamiento y neocolonización educativa destaca: “¿Por qué están tan contentos los empresarios de la UIA, de la Cámara de Comercio, de la Asociación Empresaria Argentina, de la Sociedad Rural, de IDEA, es decir, del conjunto del arco empresarial, y hasta el propio Llach, ex ministro de Educación de De La Rúa que cayó sin alcanzar a imponer su plan (una versión del famoso proyecto Sofía de la Banca Boston)? Es que este proyecto (Ley de Financiamiento Educativo promulgado el nueve de enero de 2006) junto a la Ley de Educación Técnica pretenden un giro hacia una mayor vinculación de la educación con las necesidades de las empresas capitalistas. Si durante el uno a uno importar hasta los repuestos supuso desatender la formación técnica, con la devaluación vuelve a ser rentable producir algunas auto-partes en el país y los empresarios descubren que ¡no hay técnicos capacitados para satisfacer sus demandas (4)!”.

Me pregunto: ¿Discutirán sobre tales asuntos los dirigentes sindicales de los docentes?

El diario Clarín del 4 de octubre de 2005 informa: “Los 500 hombres de negocios más importantes del país dieron su apoyo a la futura Ley de Financiamiento Educativo y debatieron sobre el modo en que el sector privado puede colaborar con la educación pública (5)”.

Juan Pablo Casiello de Amsafe Rosario es terminante: “La Ley de Financiamiento sancionada en diciembre de 2005 fue presentada por las autoridades nacionales y provinciales de todo el país como el gran instrumento que permitiría, a partir de un mayor compromiso de inversión estatal, una transformación estructural en el campo educativo. En el mismo sentido se expresó la conducción gremial de la Ctera que hasta convocó un paro nacional para apurar la sanción de esta ley.

El pasado 24 de noviembre, mientras los maestros y profesores de todo el territorio provincial (Santa Fe) cumplíamos en forma masiva una nueva jornada de paro, el Ministro de Educación de la Nación Eduardo Sileoni estaba en Rosario. En la Sede local de la Gobernación felicitó calurosamente a las autoridades provinciales por haber “sobre cumplido” la inversión educativa establecida por la Ley de Financiamiento.

Más allá de que el Profesor Sileoni no dio mayores precisiones numéricas, sus palabras y las sonrisas agradecidas del Gobernador Binner y la Ministra Rasino se parecen mucho a la actitud del avestruz que esconde la cabeza para no ver la realidad (6)”.

Stella Maldonado (Ctera) y Adriana Puigross cuasi coinciden: una nueva Ley de Financiamiento Educativo debería aumentar el porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a educación del 6 % (2010) al 10 % (2015/6) (7).

Es importante lo que recuerda Laura Marrone: “El proyecto de Ley de Financiamiento Educativo fue sancionado en diputados al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo entrega 9.810 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) (4)”.

En efecto, antes que finalice el 2010 se deberá sancionar otra Ley de Financiamiento Educativo. Y Cristina Kirchner con otro decreto de necesidad y urgencia creó el Fondo de Desendeudamiento para emplear las reservas del Banco Central y pagar 4.300 millones de dólares a acreedores externos (8)*.

En definitiva: la plutocracia multiplica sus mentiras y es indispensable desentrañarlas.

“Pacto educativo, calidad educativa, Ley de Financiamiento Educativo, evaluación educativa, formación para la competitividad y la ciudadanía”… “Todo lo que nos rodea es falso e irreal”, sentenció Scalabrini Ortiz.

Que gobernantes y empresarios estén de acuerdo al diseñar las políticas educativas de la plutocracia argentina no debe sorprendernos. Pero lo inaceptable es que quiénes aseguran representar a los “trabajadores de la educación” no hagan otra cosa más que aplaudirlos y bajarse las vestiduras.

Sra. Maldonado: no hace falta una nueva “Ley de Financiamiento Educativo del Bicentenario (7)”. Por más que crezca el porcentaje del PBI destinado a educación el gran capital ya nos contiene brutos y abaratados.

Hay que dejar de pensar cómo desea el amo, Sra. Maldonado. Es ingenuo creer que los sectores dominantes nos van a educar para ser libres y solidarios.

Vencer a la plutocracia y parir el hombre nuevo es nuestra verdadera tarea. Pero se ve que hay algunas/os (y demasiados) que solo aspiran a comportarse como pajes de los opulentos.

¡Pobre Francisco I. Arancibia: sus sucesores no aprendieron nada!

Notas:
1) Citado en la colonización pedagógica y otros ensayos. Antología. Arturo Jauretche. Centro Editor de América Latina. Diciembre 2008.
2) La empresa educativa. María de Pauli. Jornadas de reflexión y debate en torno a la Ley Nacional de Educación. Rosario 28 al 30 se setiembre de 2006.
3) Citado en La educación más allá del capital. István Mészaros. Siglo Veintiuno Editores. Clacso. 2008
4) Financiamiento y neocolonización educativa. Argenpress.
5) Citado en Ley de Financiamiento Endeudativo o el Proyecto Neocolonial Educativo. Darío Balvidares. Argenpress. 05/02/06
6) Sobre el presupuesto educativo. La capital. 14/12/09
7) La Ley de financiamiento educativo del Bicentenario. Stella Maldonado. Página 12. 02/03/2010
8) El gobierno ya comenzó a pagar deuda con las reservas. La Nación. 03/03/2010

* Veremos como termina el Fondo de Desendeudamiento entre idas y venidas de la “oposición” y el poder judicial.

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Petróleo y gas en el Chaco: Nueva amenaza para pueblos originarios, campesinos y bosques nativos

Diego Pérez Roig (OBSERVATORIO PETROLERO SUR)

Hace exactamente un mes publicamos un informe sobre las motivaciones y los riesgos que conllevan las labores de exploración de hidrocarburos -y eventual explotación- que se pondrán en marcha en la provincia de Entre Ríos. Precisamente, el mismo día en que se firmaron esos contratos, la multinacional española Repsol-YPF también cerró acuerdos con Formosa y Chaco.

Si bien muchas de las circunstancias que enmarcan la iniciativa son similares, en el caso chaqueño se conjugan factores adicionales -agravantes, diríamos-, que dificultan aún más la proyección sustentable de la extracción y explotación de hidrocarburos.

1. El plan exploratorio oficial

El primer paso para la exploración, y posterior explotación, de hidrocarburos en territorio chaqueño tuvo lugar a fines de julio de 2008. En un acto encabezado por el gobernador Jorge Capitanich -que contó con la presencia del vicepresidente ejecutivo de YPF, Sebastián Eskenazi- se hizo público el decreto 1884/08, que autoriza “al Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente a otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, almacenaje y transporte, de hidrocarburos existentes en el territorio provincial”(1).

En aquella ocasión Capitanich aseguró que la iniciativa marcaba las amplias expectativas de la provincia de hallar yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Lo que se buscaba, a fin de cuentas, era establecer los mecanismos de oferta, condiciones y áreas de exploración y pago de regalías(2).

En octubre del mismo año el decreto fue cuestionado por diputados de Alianza Frente de Todos, quienes exhortaron al Ejecutivo Provincial a abstenerse de realizar servicios de exploración y explotación sin dar cumplimiento a lo establecido constitucionalmente. A tales efectos mencionaban el artículo 41 de la Constitución Provincial, que prevé que la provincia autorice o lleve adelante actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, “previa ley aprobada por los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura”(3).

Sin embargo, y más allá de las formalidades, no hubo cuestionamientos de fondo al proyecto. De hecho, uno de los diputados en cuestión, Marcelo Castelán, sostuvo que estaban de acuerdo en que la provincia del Chaco se lanzara a la búsqueda de interesados en explorar hidrocarburos en suelo provincial. Y finalizó, “si hay petróleo, debe ser una fiesta para todos los chaqueños”(4).

Finalmente, el 29 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados provincial dio nuevo impulso a la iniciativa oficial. Sancionó el cambio de estatuto de la empresa provincial de energía (S.E.CH.E.E.P.), permitiendo su asociación con capitales privados. Y la ley Nº 6278/08 estableció al Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente como órgano de aplicación, autorizó la forma de concesión por concurso y ratificó el decreto 1884/08(5).

Mecanismo de asignación y acuerdos

El mecanismo de asignación de áreas ha sido uno de los puntos más “novedosos” del actual plan exploratorio. De acuerdo a lo difundido oficialmente(6), el territorio provincial fue subdividido en doce áreas de exploración –denominadas Chaco 1, 2, 3, etc.-, tomando como referencia los bloques que en su momento conformaban el denominado Plan Argentina, con posibilidad de modificación de acuerdo a las propuestas recibidas. Posteriormente, “los potenciales interesados (deberían) realizar una oferta de asociación al Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente para explorar y eventualmente explotar hidrocarburos”(7). Si la propuesta resultara satisfactoria, la provincia firmaría un acuerdo con el interesado, que luego sería “ampliamente difundido” para ser mejorado por terceros.

El 30 de enero de 2009 el gobernador Jorge Capitanich suscribió contratos para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en el Chaco con los representantes de YPF y Unitec Energy S.A. “Esta contratación se (enmarcó) en dos iniciativas del Poder Ejecutivo que (estuvieron) fuertemente ligadas a la actividad energética e hidrocarburífera. La primera fue la ampliación por ley de la razón social de Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (S.E.CH.E.E.P.), que (permitiría la incursión de la empresa) en la actividad petrolífera; la explotación de gas y la comercialización de combustibles. La segunda (fue) la modificación de la Ley de Hidrocarburos (Nº 6.278/08), que permitió descentralizar la exploración y la explotación de estos recursos”(8).

Los contratos firmados correspondieron a seis de las doce áreas en las que se había loteado la provincia. En los hechos, la “amplia difusión” aludida se restringió a la publicación de los acuerdos arribados en el Boletín Oficial del 9 de febrero de 2009:

- Áreas CH B1 (9.600km²), CH B3 (7.150km²) y CH B4 (7.040km²), en el sur/sureste de la provincia: acuerdos firmados por la Provincia del Chaco, S.E.CH.E.E.P. y Unitec Energy, consistentes en la conformación de una UTE entre las dos empresas, que tendrían el 5% y el 95% de participación en la exploración, manteniendo los porcentuales en una eventual explotación.

- Área Santa Sylvina, CH B2 (10.000km²), en el sur/sudoeste de la provincia: acuerdo firmado por la Provincia del Chaco, S.E.CH.E.E.P., YPF S.A. y Unitec Energy S.A., consistente en la conformación de una UTE entre las tres empresas, que tendrían el 10%, 45% y 45% respectivamente de participación en la exploración, manteniendo los porcentuales en una eventual explotación. Este bloque agrupa las áreas originalmente denominadas Chaco 9, Chaco 11 y Chaco 12, que son las que registran antecedentes de exploración.

Proyecto de ley Nº 943/09

En mayo de 2009 el Gobernador Jorge Capitanich envió a la Cámara de Diputados provincial el proyecto de ley Nº 943/09, con el propósito de ratificar los acuerdos firmados en enero entre el Gobierno de Chaco, YPF S.A., S.E.CH.E.E.P. y Unitec Energy S.A. Luego de dos sesiones extraordinarias realizadas en diciembre, el proyecto fue remitido a la Comisión de Legislación General, que volverá a tratarlo durante este mes. A propósito de esta iniciativa, el legislador del Frente Grande, Fabricio Bolatti, sostuvo que es importante “avanzar en lo que sería un escenario futuro respecto a si se encuentra el hidrocarburo, ya que tendremos la explotación en manos de empresas privadas, cuando lo mejor sería que el pueblo del Chaco sea el beneficiado”(9).

El 9 de febrero Capitanich rubricó un nuevo acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de YPF S.A., Sebastián Eskenazi. Durante la reunión el mandatario remarcó: “este convenio que acabamos de firmar entre S.E.CH.E.E.P. e YPF para la explotación de áreas que no fueron adjudicadas por no tener oferta, contribuye a la identificación de las potencialidades. Por eso, constituye un avance cualitativo de la cuenca hidrocarburífera de (la) provincia”(10). Es decir que todo el territorio provincial que no hubiese sido comprendido por los acuerdos de enero de 2009 -que el proyecto de ley Nº 943/09 busca ratificar-, es pasible de exploración y explotación hidrocarburífera.

Los reparos a la ley generaron desgajamientos en el bloque oficialista. Inocencia Charole es la primera diputada provincial de origen toba, formó parte de la lista Frente Chaco Merece Más -que acompañó la candidatura de Jorge Capitanich-, pero sin embargo anunció que votará en contra de la ley de hidrocarburos. Argumentó que el proyecto no tiene un procedimiento transparente, quedando muchos interrogantes sin contestar: “¿Qué pasa con las ganancias?, ¿Cuál es el porcentaje que queda a los chaqueños?, ¿Qué pasa con los territorios que tienen petróleo donde están las reservas indígenas?, ¿En qué y cuánto se beneficia nuestro pueblo? ¿O sólo nos utilizarán en mano de obra barata?”(11).

2. Expansión de la frontera hidrocarburífera y economía chaqueña

La provincia de Chaco se encuentra inmersa en un proceso de selección y oferta de áreas secundarias para la exploración hidrocarburífera que abarca numerosas provincias desde hace aproximadamente tres años(12).

En efecto, a partir de la promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la ley corta 26.197/06, ambas bajo la presidencia de Néstor Kirchner, muchas provincias encararon el dominio de sus recursos y se lanzaron en una agresiva campaña a licitar zonas de exploración y explotación(13). Actualizaron sus legislaciones internas y otorgaron exenciones impositivas para atraer al capital privado, convirtiéndose en las nuevas interlocutoras de la industria petrolera. Así, motivadas por el alza en el precio de barril de crudo y la caída del horizonte de reservas del país, vieron en el petróleo una nueva fuente de ingresos frente a los crecientes déficits fiscales.

Como trascendió en diversos medios de prensa, en la reunión de noviembre del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en el Palacio de Hacienda, “los ministros de Economía provinciales plantearon desesperados reclamos de fondos a la administración nacional. En varios casos, apelarán a adelantos de coparticipación o al Programa de Asistencia Financiera (PAF) para pagar salarios de este año”(14). Finalmente, veinte administraciones cerraron el 2009 con números rojos, y solamente cuatro distritos lograron superávit financiero. La situación, que no ocurría desde la crisis de 2001/2002 2001/2002, revierte lo registrado hace apenas tres años, cuando precisamente veinte provincias exhibían resultados positivos(15).

De acuerdo al Informe de Provincias(16) de la consultora Delphos Investment, la relación Resultado fiscal 2009 (estimado) / PBG provincial, habría colocado a Chaco en la quinta peor posición, detrás de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca y Jujuy. Ante los crecientes déficits y la falta de financiamiento, “algunas provincias comenzaron a indagar alternativas financieras para pagar deudas con proveedores con bonos (…) Luego de que la Nación girara fondos a Corrientes y Córdoba, los distritos más comprometidos son Chaco y Formosa”(17).

En 2009 la provincia se debatió entre la más grave sequía de los últimos cuarenta años -que afectó particularmente las localidades de Juan José Castelli, Quitilipi, Sáenz Peña, al noroeste- y las inundaciones sobre la margen del río Paraná -localidades de Isla del Cerrito, Colonia Benítez, Barranqueras, Puerto Vilelas y Antaqueras(18). En octubre la Federación Chaqueña de Asociaciones Rurales estimó que las pérdidas de ganado podrían alcanzar las 230.000 cabezas(19). Respecto a la agricultura, el desalentador panorama haría centrar todas las esperanzas en la soja, para la cual se dedicarían alrededor de 800.000 hectáreas, acentuando la tendencia al monocultivo(20). Finalmente, el 20 de enero el gobernador decretó la emergencia agropecuaria(21).

Más allá de la influencia que esta coyuntura particular pudiera haber ejercido sobre las cuentas públicas, existe un movimiento que es general y pronunciado: Chaco no escapa a las recurrentes caídas del superávit que el conjunto de las provincias vienen experimentando desde el segundo trimestre de 2004, y que en 2009 culminó con preocupantes déficits(22).

La situación se explica a partir de dos fenómenos fiscales concomitantes. “Cada año el porcentaje de fondos transferidos automáticamente a las provincias va disminuyendo y ganan terreno los giros discrecionales, no regulados por ley alguna. En el 2009, los fondos coparticipados a las jurisdicciones alcanzarían el 24% de la Recaudación total del Gobierno Nacional, diez puntos por debajo de lo establecido por ley. Incorporando las transferencias discrecionales y la coparticipación del 30% de las retenciones a la soja, el porcentaje sería levemente superior al 29%. La caída progresiva en las transferencias automáticas se debe al cambio en los últimos años de la estructura de ingresos de la Nación (por ejemplo, retenciones a las exportaciones e “impuesto al cheque”) y la no adecuación de la legislación (…) La situación fiscal de las provincias es insostenible y además la distribución primaria está muy alejada (y apartándose cada vez más con el correr de los años) de lo dictado por la (Ley de Coparticipación Federal) Nº 23.548(23)”.

Por otro lado, en un reciente informe, la consultora Economía & Regiones señala el progresivo aumento del gasto público en las veintitrés provincias y la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2003. “En relación a 2008, el incremento del gasto público alcanzaría al 19,3%, unos $27.900 millones adicionales, (por lo que) habría alcanzado a $173.131 millones, equivalente al 14,8% del PIB nacional, la mayor participación de los últimos diez años”(24). La región del NEA, que Chaco integra junto a Corrientes, Formosa y Misiones, es una de las que menos contribuye al gasto consolidado provincial con un 9%. No obstante, es una de las más castigadas por las reformas neoliberales de la primera mitad de la década del 90’, que transfirieron la provisión de salud y educación de la órbita Nacional hacia las provincias; en el NEA el 70% de las erogaciones provinciales se destina a tales efectos.

El informe también señala al NEA como la región que mayor proporción del gasto destina al pago de servicios de deuda, con un 3%. En el caso particular del Chaco, el propio gobernador señaló que sobre las cuentas públicas pesa una abultada deuda de $5.000 millones, que demanda pagos anuales de unos $600 millones por capital e intereses(25).

Debemos destacar, además, que el proceso de reformas administrativas que afectó las capacidades recaudatorias y la situación fiscal de las provincias, se enmarca en una reconfiguración general del papel de Argentina como proveedora de materias primas para los grandes centros de consumo a nivel mundial. Las ruinosas consecuencias que este “nuevo” modelo ocasionó a muchas economías regionales –modelo que en realidad tiene bastante de viejo, ya que en numerosos aspectos retrotrajo al país al siglo XIX-, se cuentan hoy en pobres, indigentes y desnutridos.

Dicho esto, en nada debería sorprender que Chaco busque en las regalías hidrocarburíferas un salvavidas que alivie su comprometida situación económica y social.

3. Antecedentes

La provincia de Chaco cuenta con escasos antecedentes de exploración hidrocarburífera. De acuerdo a un trabajo de la Comisión de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG)(26), entre 1933 y 2007 se efectuaron 38 pozos exploratorios en la Cuenca Chacoparanaense, de los cuales tan sólo seis tuvieron lugar en Chaco(27):

-Año: 1942 / Empresa: YPF / Lugar: Charata / Profundidad del pozo: 1716 m.

-Año: 1950 / Empresa: YPF / Lugar: Las Breñas / Profundidad del pozo: 2058 m.

-Año: 1965 / Empresa: YPF / Lugar: Las Breñas Oriental / Profundidad del pozo: 2887 m.

-Año: 1966 / Empresa: YPF / Lugar: Las Breñas / Profundidad del pozo: 1814 m.

-Año: 1969 / Empresa: YPF / Lugar: Gancedo / Profundidad del pozo: 2558 m.

-Año: 1991 / Empresa: Pluspetrol / Lugar: Pampa Bandera / Profundidad del pozo: 3972 m.

Luego del loteo efectuado por el gobierno provincial, los pozos han quedado comprendidos en las áreas Chaco 11 (Charata y Las Breñas), Chaco 9 (Gancedo), y Chaco 4 (Pampa Bandera).

Proyecto Sur Chaco denunció recientemente la existencia de un pozo petrolífero cerca de Pampa Verde, que ya estaría señalizado y listo para explotar. En 1991 habrían encontrado gas, y según se comenta, esa temporada los dueños del campo recibieron un jugoso subsidio por no poder sembrar. Según la investigación: “Antes de que se realice la exploración habrían sido visitados por personas de origen estadounidense las cuales, a través de un traductor, les ofrecieron un millón de dólares para comprar una fracción del campo en la que posteriormente se realizaría el pozo. (…) El lugar fue visitado hace 9 meses por un ingeniero que decía pertenecer al gobierno provincial, visita que fue repetida hace 3 meses. A 4 o 5 kilómetros unos lugareños declararon que el agua de pozo que extraen ya no la consumen porque a veces sale con olor como a ‘kerosene’. Podría ser otra prueba de que existe un yacimiento en esa zona”(28). Y un indicio de los “cuidados ambientales” que tomarán.

4. “Pampeanización” y desmonte

El avance sobre El Impenetrable

El territorio de la provincia del Chaco se encuentra comprendido dentro de la cuenca sedimentaria Chacoparanaense (o Noreste), y dividido entre dos ecorregiones: el “Chaco seco” al noroeste, y el “Chaco húmedo” al sudeste. De acuerdo al Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos(29), Chaco forma parte de la región fitogeográfica Parque Chaqueño –que comparte con Formosa, Santiago del Estero, y partes de Santa Fe, San Luis, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba y Corrientes.

Si bien la explotación forestal se remonta a la época colonial, recién a mediados del siglo XIX adquirió un carácter mercantil. “Hacia 1860 un nuevo escenario se ofrecía en el panorama mundial y las vastas llanuras argentinas encontraron su ubicación dentro del esquema de división internacional del trabajo característico de la época. La propagación de los establecimientos ganaderos significó la incorporación de los molinos de viento, los abrevaderos metálicos e instaló la práctica del alambrado, inexistente hasta (el momento) y fue entonces necesario el uso de enormes cantidades de postes y varillas de madera dura. Miles de kilómetros de vía férrea se asentaron sobre durmientes de quebracho y el consumo de leña y carbón como combustible industrial y doméstico se incrementó exponencialmente. Todo ello a expensas de la madera del bosque chaqueño (…) En esta misma época los capitales extranjeros invertían comprando tierras en nuestro país, ya sea para ganadería y agricultura como para explotación forestal y en este último caso la tala de árboles, especialmente el quebracho colorado y el ñandubay, fue indiscriminada”(30).

Se estima que entre 1888 y 1943, la extensión del área cultivada pasó de 2.460.000 a 27.300.000 de hectáreas. “La expansión de la frontera agropecuaria se hizo a expensas del bosque, se expandieron el cultivo del algodón en el Chaco y las plantaciones de tabaco en Salta y Jujuy, todo ello en áreas desmontadas”(31).

En la década de 1970 comenzó la “cerealización” de la pampa húmeda, y con ella, un nuevo proceso de presión sobre los bosques de la región chaqueña, que dieron cobijo a las explotaciones ganaderas que fueron empujadas hacia zonas marginales. Los investigadores Walter A. Pengue (UBA) y Jorge H. Morello (CONICET) señalan que “este proceso de ganaderización ha sido menos drástico en la forma de producir el desmonte que los que le siguieron, de agriculturización y pampeanización, ya que la sombra para la rumiación y ventilación de los animales en verano, demandaban la conservación de franjas entre las fajas de pastizales implantados y la conservación de isletas de monte eran prácticas generalizadas”(32).

En efecto, la expansión territorial de la agricultura argentina –fundamentalmente de la mano de la soja a partir de la década de 1990- no se limita en la actualidad a la ecorregión pampeana, sino que ha penetrado en otras como la chaqueña, “de una manera y a una velocidad inédita transformando paisajes y estructuras urbanas de una manera irreversible. La ‘pampeanización’ como proceso de importación del modelo pampeano sobre ecorregiones como el Chaco, que tienen otras funciones productivas y otras características ecológicas y sociodemográficas muy diferentes, es un cambio productivo insostenible que sólo puede producirse de la mano de la incorporación de nuevas tecnologías, formas de manejo, capital y demanda externa que sólo se sostiene por el precio de la materia prima, implantado sobre muchas áreas que previamente eran ricas en biodiversidad”(33).

En la actualidad, y de acuerdo al informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, los principales problemas de la región convergen en torno a:

-“Un aumento de las áreas agrícolas de medianas y grandes empresas, cuya tecnología resulta incompatible con el bosque nativo;

-La degradación de los bosques y suelos en las áreas más secas del chaco semirárido con sistemas ganaderos extensivos;

-Aumento de la salinización de los suelos por malas prácticas agrícolas y de riego, sobre todo en los límites entre el chaco semirárido y el húmedo;

-El aumento de la colmatación en esteros, bañados y lagunas por erosión hídrica y el incremento de las inundaciones en áreas de relieve más bajas, debidos al sobrepastoreo y sobre todo a las malas prácticas agrícolas, en especial en la subregión húmeda;

-El aumento de la contaminación por uso y abuso de agroquímicos en áreas agrícolas (soja, algodón, arroz, etc.) con expansión de sus efectos por vía hídrica a ambientes circundantes”(34).

Diversas estimaciones apuntan la pérdida de más de 2.500.000 de hectáreas de bosques nativos a nivel nacional en los últimos diez años, siendo el Parque Chaqueño la región más depredada: “allí se produce cerca del 70% de la deforestación anual de todo el país, y su región semiárida se encuentra al borde de la pérdida total de sus masas boscosas”(35).

A los efectos de cumplir con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (o “Ley de Bosques”), el gobierno del Chaco realizó una Propuesta de Ordenamiento Territorial a fines de 2008. A pesar de la crítica situación provincial, las autoridades decidieron declarar como área protegida únicamente al 5% (271.438 has.) de los bosques, y exponer a más del 40% (2.039.648 has.) al desmonte parcial o total.

Luego de duras críticas por parte de organizaciones sociales y ambientalistas, se sancionó en la Legislatura local un nuevo ordenamiento que elevó a poco más de un magro 9% (501.958 has.) el área en la que no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal y silvopastoril.

Los Bajos Submeridionales

De los acuerdos suscriptos en febrero de 2009, se deduce que el bloque con mayor prospección es el Área Santa Sylvina, que será explotado conjuntamente por Unitec Energy, Repsol-YPF y S.E.CH.E.E.P. No en vano es el que registra cinco de las seis perforaciones hechas en territorio chaqueño por la YPF estatal.

Sin embargo, la zona no sólo tendría potencial hidrocarburífero, sino que también alberga parte de los Bajos Submeridionales, uno de los humedales más importantes del territorio nacional -comprendido por el Sistema Acuífero Guaraní-, y refugio de numerosas especies animales y vegetales. Un informe preparado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos (dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación), señala que son naturales los períodos de sequías e inundaciones debido a la gran irregularidad en las precipitaciones mensuales y la falta de una red de escurrimiento definida y organizada(36). Esto haría que el humedal funcione regionalmente “como un inmenso colector de agua, vital en la dinámica del río Salado”(37).

La “pampeanización” de la zona ha causado severos impactos, en primer lugar con el avance de la frontera agrícola y el reemplazo de grandes extensiones antiguamente recubiertas por monte, y en segundo lugar, a partir de la reciente construcción de una red de canales de desagüe. “Esta obra, que ha adquirido proporciones ecosistémicas, amenaza el funcionamiento del ambiente y afecta las economías locales, dado que altera la capacidad natural del humedal para regular el nivel de las aguas y con ello sus aptitudes productivas”(38).

Vale la pena destacar que la búsqueda y extracción de petróleo en los Bajos Submeridionales no correría únicamente por cuenta de la provincia del Chaco. La empresa Raiser S.A. comenzó tareas de exploración en el norte santafesino en septiembre de 2008. Los acuerdos firmados por el gobernador Hermes Binner tuvieron tal grado de sigilo que la iniciativa trascendió recién dos meses antes de iniciarse la prospección. Esto motivó en su momento un pedido de informe de carácter urgente de la cámara de diputados provincial al poder ejecutivo provincial.

Sin consulta a pueblos originarios

El virtual loteo de la provincia tampoco tuvo en cuenta la posesión y propiedad de los territorios de los pueblos Toba, Wichí y Mocoví. Sería demasiado extenso detallar todas las violaciones de normas constitucionales, tratados internacionales y leyes del Estado Nacional y provincial, en las que la iniciativa petrolera incurre. A modo de reseña, podemos señalar algunas de las más graves.

En primer lugar la Constitución Nacional -artículo 75 inciso 17- reconoce “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y el derecho a recibir otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, estableciendo que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. La Carta Magna también asegura el derecho de los pueblos indígenas a “la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”(39).

Por otro lado, el Convenio 169 de la OIT -que Argentina ratificó mediante la ley 24.071- reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa, libre e informada, participación, e inclusive, la obtención de beneficios que se deriven de la explotación de recursos naturales en los lugares que tradicionalmente habitan.

Finalmente, la ley provincial Nº 3258, establece en su artículo 12 que “las tierras adjudicadas en propiedad a las familias y comunidades indígenas no podrán ser usadas o explotadas directa o indirectamente por personas ajenas a la comunidad, físicas o jurídicas no indígenas”.

5. La nueva burguesía petrolera: el Grupo Eurnekian

Al calor de sucesivas administraciones provinciales –entre las que se destacan las de los radicales Ángel Rozas y Roy Abelardo Nikisch, y el justicialista Jorge Capitanich- proliferaron las tierras dedicadas al monocultivo y a la ganadería, a costa de las que debían ser asignadas a comunidades indígenas o criollos campesinos. De acuerdo a datos del Instituto de Colonización chaqueño, la provincia perdió el 80% de sus tierras fiscales entre 1994 y 2007(40).

“Por la burocracia y la corrupción que campean en los organismos del Estado, los desmontes terminaron por ser grandes emprendimientos que benefician a sectores concentrados del poder económico, con el último gran beneficio derivado del anonimato de las sociedades organizadas para devastar el ambiente y la biodiversidad del Chaco”(41). Uno de los grandes favorecidos por esta situación ha sido el Grupo Eurnekian.

Corporación América y los recursos hídricos

Unitec Energy S.A. forma parte de Corporación América, firma que nuclea empresas de diversos rubros y cuyo dueño mayoritario es Eduardo Eurnekian. Entre otras empresas se encuentran Unitec Bio –productora de biocombustibles y gran beneficiaria del corte del 5% de nafta y gasoil con etanol y biodiesel vigente desde el 1º de enero- y Unitec Agro. Esta última nació a mediados de la década de 1990 y actualmente posee alrededor de 100.000ha en las provincias de Chaco y Formosa, en las que cultiva soja, girasol, trigo y maíz(42).

No resulta llamativo que los acuerdos de enero de 2009 incluyeran la exploración de cauces de aguas subterráneas, con el propósito de “promover sistemas de manejo integral y sustentable de los recursos hídricos que permitan aumentar la productividad del sector agropecuario”(43). El negocio no resulta ajeno al Grupo Eurnekian, que ya cuenta con un acueducto de 273km en la región.

6. “No a la entrega del petróleo”

El 26 de enero se conformó la Multisectorial, coordinadora de lucha que agrupa un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas que se oponen a la entrega del agua y el petróleo chaqueños. En el documento No a la entrega del petróleo se señala que en el marco de la privatización y la venta de YPF, llevada adelante por el gobierno de Carlos Menem en la década del 90’, el actual gobierno de Capitanich “envió a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley con un sólo punto: ratificar el contrato de concesión firmado por el Frente Chaco Merece Más con REPSOL (YPF) y UNITEC ENERGY para la exploración y explotación del petróleo en la provincia”.

“Nosotros denunciamos (como) fraudulenta la forma en que se avanzó con dichos contratos, porque nunca se debatió si queríamos una empresa Estatal o las Multinacionales, no consentimos el solapado mecanismo al que le llaman ‘concurso’ pero es una adjudicación directa y porque no se dio a conocer cuál es el contrato firmado, cuál es la resolución que establece la forma del ‘concurso’ y porqué se incluye a S.E.CH.E.E.P. como socia boba de las multinacionales”, continúa el escrito. “Pero fundamentalmente cuestionamos y nos oponemos profundamente a que las cuantiosas rentas del petrolea sean ‘entregadas’ a las grandes concentraciones económicas de adentro y de afuera”, concluye(44).

Danilo Ismael “Polo” Legal participó en los primeros actos de resistencia a la iniciativa gubernamental y es integrante de la Multisectorial. En diálogo con el OPS señaló que “el viernes 19, se fundó una nueva Multisectorial en defensa del petróleo con compañeros de Proyecto Sur, del movimiento (Unión Campesina) Poriajú y el PC (Partico Comunista) en la segunda ciudad del Chaco, Presidencia Roque Sáenz Peña, pero lamentablemente los diarios se negaron a publicar nada de ese importante evento”.

Consultado acerca de las consecuencias de la movilización, sostuvo: “los diputados radicales y de Libres del Sur nos recibieron y afirmaron que por ahora no van a aprobar la ley, (y) que propiciarán un gran debate público antes. (De hecho) Carlos Martínez de Libres del Sur(45) ratificó que no va a votar esta ley. Al otro día también tuvimos la grata sorpresa de que la diputada Inocencia Charole, que representa a los pueblos originarios a través del partido oficialista, expresó que no va a aprobar esta ley porque no es clara y atenta contra derechos aborígenes, (declarando además) que en otros temas como el desmonte (…) el gobierno tampoco avanzó nada”.

Luego añadió que la ley Nº 943/09 “necesita de los dos tercios de los diputados para aprobar los contratos, y el gobierno por ahora está complicado. Acá es importante la decisión del radicalismo, que primero aprobó las dos primeras leyes (que sentaron las bases para esta política energética), pero ahora que se hizo público el tema está queriendo ‘preocuparse’ por los recursos naturales”.

Por otro lado, Legal denunció que “en el mes de enero el Gobernador dijo que el tema de los contratos petroleros lo iba a someter a debate en dos localidades lejanas de la capital, Charata y Las Breñas, porque dice que allí habría petróleo. De esta forma confirmamos que se está escondiendo información, y se está pagando a las petroleras por explorar donde ya se sabe que hay (hidrocarburos), o en el peor de los casos, premiando a Repsol-YPF, (a pesar de) no haber cumplido con sus obligaciones contractuales de exploración”.

7. De la “pampeanización” a la “patagonización”

En el informe que dedicamos a la posible explotación de hidrocarburos en Entre Ríos señalábamos que buena parte de los riesgos socio-ambientales no descansaban ya en la (probable) negligencia gubernamental y empresarial, sino en la contradicción capital-naturaleza. En aquella oportunidad decíamos que “la caída del 60% en las ganancias operativas de Repsol-YPF (que la llevó a una fuerte disputa interna entre accionistas por la reducción de dividendos) y la consabida avidez de utilidades que tal situación acarrea, los elevados costos de exploración y explotación que impone la región, y la imperiosa necesidad de recursos que experimenta la administración local, plantean severas dudas respecto de una explotación sustentable de los recursos hidrocarburíferos, si tal cosa existiese. Los cuidados y controles ambientales (…) harían inviable el proyecto desde el punto de vista económico. Por otro lado, la externalización de estos costos pondría en grave peligro al medio y las producciones locales (…) será imposible conjugar el interés económico empresarial con la sostenibilidad socio-ambiental”(46). En este sentido, creemos que en el Chaco -como en todo el país- la pelea no debería reducirse únicamente a la apropiación de la renta petrolera, sino que sería sumamente saludable si avanzase sobre cuestionamientos de fondo respecto a su generación.

Así las cosas, basta con observar el saldo sumamente negativo, en términos sociales y ambientales, de las industrias extractivas que actualmente operan en el territorio provincial, producto de la aludida “pampeanización”. Con este antecedente, no es aventurado sostener que nada bueno puede esperarse de una virtual “patagonización”, es decir, de la importación lisa y llana del modelo de gestión y explotación de hidrocarburos que rige en las provincias patagónicas.

Notas:
1) Decreto Nº 1884/08, artículo 1º.
2) Derewicki, José. “Chaco quiere producir petróleo y gas” (en línea). La Nación, 28 de julio de 2008. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1034118
3) Citado en “Rechazan Decreto del Ejecutivo para exploración y explotación petrolífera” (en línea). Chaco día por día, 16 de octubre de 2008. http://www.chacodiapordia.com/noticia.php?n=22404
4) Íbid.
5) “Formarán la Multisectorial en defensa del petróleo y el agua” (en línea). Sólo Chaco, 16 de enero de 2010. http://www.solochaco.com/2009/ultimo-momento/5774-formaran-la-mult
6) “Mecanismo de asignación de áreas” (en línea). Gobierno del Pueblo de la Provincia de Chaco. http://portal1.chaco.gov.ar/uploads/contenidos/356bf11e83bfa5d6b74e828f9703764daa0a65b8.pdf
7) Íbid.
8) “El Chaco firmó convenios para la explotación de hidrocarburos” (en línea). Análisis NEA.com.ar, 2 de febrero de 2009. http://www.analisisnea.com.ar/content/view/2891/202/
9) “Diputados se llevó a marzo las leyes de exploración de hidrocarburos” (en línea). DERF, Agencia Federal de Noticias, 22 de diciembre de 2009. http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=309642
10) “Acuerdo entre YPF y la provincia para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos” (en línea). Portal del Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco, 9 de febrero de 2010. http://nportal.chaco.gov.ar/pagina?id=5974
11) “Charole no votará la ley de explotación de petróleo” (en línea). Tu Chaco.com, 18 de febrero de 2010. http://www.tuchaco.com/noticias/2010/02/18/70744/charole-no-votara-la-ley-de-explotacion-de-petroleo
12) Para más información, ver el trabajo de Chebli, Gualter A. “La problemática exploratoria. Protagonismo de las provincias en el gerenciamiento de los hidrocarburos: implicancias y expectativas” (en línea). Phoenix Oil & Gas S.A. Agosto de 2009 http://www.iae.org.ar/conferencias/ARGEN2CHEBLI.ppt
13) Ver: OPS. “Áreas (des)protegidas, el avance de la frontera extractivista” (en línea). Panorama, 21 de octubre de 2009. http://opsur.wordpress.com/2009/10/21/areas-desprotegidas-el-avance-de-la-frontera-extractivista/ y Pérez Roig, Diego. “Criminalización e industrias extractivas: hidrocarburos en la Patagonia” (en línea). Panorama, 25 de noviembre de 2009. http://opsur.wordpress.com/2009/11/25/criminalizacion-e-industrias-extractivas-hidrocarburos-en-la-patagonia/
14) “Las provincias alistan bonos para cubrir déficit” (en línea). El Cronista, 18 de noviembre de 2009. http://www.cronista.com/notas/211618-las-provincias-alistan-bonos-cubrir-deficit
15) Galak, Oliver. “Veinte provincias cerrarán 2009 con sus cuentas en rojo” (en línea). La Nación, 28 de diciembre de 2009. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1216124
16) Benegas Lynch, Martín; Dias Lourenco, Hugo; Chialva, Leonardo. “Informe de provincias”. Delphos Investment, Buenos Aires, diciembre de 2009
17) Rafele, Esteban. “Por la crisis del Central, las provincias insisten con los bonos a proveedores” (en línea). Cronista Comercial, 27 de enero de 2010. http://www.cronista.com/notas/219118-por-la-crisis-del-central-las-provincias-insisten-los-bonos-proveedores
18) Piestruszka, Martín. “Chaco pelea entre la crecida y la sequía” (en línea). Crítica, 5 de noviembre de 2009. http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=32355
19) Derewicki, José. “Feroz sequía en el Chaco” (en línea). La Nación, 17 de octubre de 2009. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1186992
20) Íbid.
21) Londero, Oscar. “Por la sequía, Entre Ríos y Chaco tuvieron que decretar la emergencia” (en línea). Clarín.com, 19 de enero de 2009. http://www.clarin.com/diario/2009/01/20/um/m-01842875.htm
22) Benegas Lynch, Martín; Dias Lourenco, Hugo; Chialva, Leonardo. “Informe de provincias”. Op. Cit.
23) Íbid.
24) “Boletín regional Nº 118: el destino del gasto público provincial”. Economía & Regiones, 22 de enero de 2010.
25) “Ante la caída de $350 millones en los ingresos, Capitanich reducirá los gastos y gestionará créditos” (en línea). Diario Norte, 19 de julio de 2009. http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=36551
26) Chebli, Gualter A. “Cuencas onshore aún no productivas” (en línea). Comisión de exploración y desarrollo de hidrocarburos. Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Diciembre de 2007. http://www.iapg.org.ar/sectores/eventos/eventos/listados/PPT/On/Cuencasnoproductivas.ppt
27) Los pozos restantes tuvieron lugar en Santiago del Estero (13), Santa Fe (10), Córdoba (4), Formosa (2), Salta (1), Entre Ríos (1) y Buenos Aires (1). Ibíd.
28) Rodríguez, Natanael; Oteiza, Luis. “Lo que el gobierno no informó sobre el petróleo”. Proyecto Sur Chaco
29) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. “Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos: informe nacional”. 1ª Edición. Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2007
30) Ibíd. Pág. 16
31) Ibíd.
32) Pengue, Walter A. y Morello, Jorge H. “Procesos de transformación en las áreas de borde agropecuario: ¿una agricultura sostenible?”. UBA, Revista Encrucijadas Nº 41, julio de 2007.
33) Ibíd.
34) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Op. Cit. Pág. 16
35) Greenpeace. “Propuesta de ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia del Chaco”. Febrero de 2009. Pág. 4
36) Sarafian, Paula. “Cuenca propia de los Bajos Submeridionales”. Subsecretaría de Recursos Hídricos, abril de 2006
37) Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz. 2007. Zonificación de los Bajos Submeridionales del Norte Santafesino. Una Herramienta para la Planificación del Desarrollo Productivo y la Conservación de la Biodiversidad del Humedal. Buenos Aires. Vida Silvestre Argentina. Pág. 4
38) Ibíd.
39) Salgado, Juan Manuel; Gomiz, María Micaela; Huilipán, Verónica. “Informe de situación de los Derechos Humanos del pueblo mapuche en la provincia de Neuquén”. Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Neuquén, 2009. Págs. 19 y 20.
40) Dandan, Alejandra. “Tierra arrasada” (en línea). Página/12, 1 de junio de 2008. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-105270-2008-06-01.html
41) Núñez, Rolando (Centro Mandela DDHH. Centro de Estudios e Investigación Social). “Sociedades de desmontes”. Octubre de 2009.
42) “Desmontes S.A. Quiénes están detrás de la destrucción de los últimos bosques nativos de la Argentina, parte I” (en línea). Greenpeace Argentina. http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/bosques/desmontes-s-a.pdf
43) Íbid.
44) “No a la entrega del petróleo chaqueño” (en línea). Observatorio Petrolero Sur, 28 de enero de 2010. http://opsur.wordpress.com/2010/01/28/no-a-la-entrega-del-petroleo-cha
45) El 24 de febrero, esta organización -que además de contar con un diputado por el frente oficialista Chaco Merece Más, ocupaba la Subsecretaría de Derechos Humanos- quitó su apoyo al gobernador. Marcelo Salgado, el subsecretario renunciante, fundamentó la renuncia en “la imposibilidad de poder profundizar la política de derechos humanos dentro del ministerio por la visión encontrada que tenemos con la ministra sobre cómo hay que abordar las distintas temáticas que hoy afectan a nuestra población, y la intencionalidad permanente de ella de vaciar la subsecretaría, reduciendo el personal, dándonos condiciones infrahumanas de trabajo, siendo incoherentes con lo que nosotros hemos planteado cuando nos incorporamos al Frente Chaco Merece Más, y que fue la tarea que nos encomendó el gobernador en 2007. Hoy no la podemos llevar a la práctica porque esta persona no lo quiere”.
Ver: “Con acusaciones a Bogado, Libres del Sur confirmó su retiro ‘irreversible’ del oficialismo” (en línea). Diario Norte, 24 de febrero de 2010. http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=44350
46) Observatorio Petrolero Sur. “Entre Ríos, ¿nuevo caso de despojo y contaminación?” (en línea). Panorama, 3 de febrero de 2010. http://opsur.wordpress.com/2010/02/03/entre-rios-%c2%bfnuevo-capitulo-de-despojo-y-contaminacion/

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Malvinas y petróleo: Antecedentes y perspectivas de una agresión neocolonial

Sebastián Zurutuza (INFOSUR)

Este informe especial de InfoSUR, da cuenta de la situación actual por Malvinas y repasa la política menemista hacia las islas, que desemboca en la situación actual. Además se incluye en 2 partes, el condensado documental "Pampa Sumergida" que analiza el alcance geostratégico de la disputa por la soberanía en el Atlántico Sur.

El atropello que el Reino Unido está llevando contra la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur no es peregrino ni aislado. Esta vez, la agresión radica en la instalación de la plataforma petrolera Ocean Guardian en el área norte de Malvinas a cargo de la empresa británica Desire Petroleum. El objetivo: comenzar la fase de exploración y posterior extracción de hidrocarburos, en caso de que efectivamente se encuentren yacimientos. Debemos considerar que esto es parte de una “gran estrategia” que lleva años desarrollándose y cuyo objetivo es apoderarse de posibles e inmensas fuentes de recursos naturales a lo largo del corredor atlántico

Históricamente, y más aún desde la usurpación de 1833, el Reino Unido puso mayor atención sobre las islas como territorios de ultramar con un alto valor geoestratégico: soporte de la presencia colonial en el Atlántico Sur y plataforma de proyección de poder hacia la Antártida y el Pacífico a través de los pasos oceánicos. El interés de Londres se traduce en aspectos políticos, económicos y militares en torno a la también histórica geopolítica británica: el dominio oceánico y sus potencialidades.

Desde que derrotó a la potente Armada Española en el siglo XVII, Inglaterra desarrolló una “conciencia” marítima que estaba latente y que mantiene hasta hoy. La voluntad expansionista imperial, esa conciencia marítima y el condicionamiento de la coyuntura internacional nos colocan ante esta nueva y prepotente acción británica contra nuestra soberanía.

Escenario internacional Los recursos estratégicos no renovables se tornan escasos por el aumento de la demanda global de las naciones desarrolladas y de las que están creciendo. Alimentos, hidrocarburos y minerales suben sus precios –más allá de la baja temporal por la reciente crisis mundial especulativa- y vemos como se recomponen día a día, pese a las fluctuaciones que puedan presentar. Observamos un mundo en el cual los conflictos, crisis y guerras serán básicamente por los recursos. Las nuevas “líneas de fractura” no pasarán tanto por cuestiones limítrofes, ideológicas, culturales o “humanitarias”, que suenan como buenas excusas para ocultar la causa real: la necesidad de los países más fuertes de apoderarse de los ricos recursos de los más débiles. Un nuevo capítulo en la vieja historia del imperialismo y el colonialismo.

Estamos en un escenario signado por la competencia violenta, la supervivencia y la incertidumbre. El “momento multipolar” que se está generando a causa de la pérdida gradual de hegemonía de las potencias tradicionales (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, etc.) nos muestra a otros actores con proyección global y regional (China, Rusia, India, Brasil) e incluso a algunos que desafían el mandato angloamericano (Irán, Venezuela, Corea del Norte, Bielorusia, etc.) junto a actores supranacionales (bloques de poder regional) y subnacionales (grupos de resistencia político-sociales) que reconfiguran todo el sistema.

Por ello, las potencias tradicionales intentan asegurarse las fuentes de energía que se encuentran en territorios susceptibles de su influencia, intervención y/o control, y que necesitan para mantener su hegemonía: el Golfo Pérsico, sur de Asia Central, América Latina y el Atlántico Sudoccidental. Lo vimos con las “guerras por los recursos” desatadas desde los tempranos ´90 por parte de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente y acentuadas a partir del 11-S, incluyendo la intervención en América Latina, como ocurrió en Venezuela –enclave hidrocarburífero- en abril del 2002.

Pero esas potencias también encuentran “obstáculos” para desarrollar su estrategia: estados más débiles que defienden lo suyo como pueden (guerra asimétrica), grupos de resistencia locales, gobiernos poco dispuestos a entregar su patrimonio y territorios bajo disputa por soberanía, como en el caso de Malvinas.

Una política fallida y una agresión sostenida Con la llegada de Carlos Menem a la presidencia, la política en torno a Malvinas fue reactivada mediante las Declaraciones de Madrid (1989/1990). Estos acuerdos buscaban el reestablecimiento de las relaciones bilaterales, rotas por la guerra de 1982 y poder avanzar en temas “prácticos” del Atlántico Sur (explotación de recursos, seguridad militar, comunicaciones) La idea era generar un supuesto clima de confianza para tratar el tema de fondo: la disputa de la soberanía, “de cara al futuro” según el mismo Menem. La Declaración de 1989 incluía la fórmula de soberanía o “paraguas”. Este artificio jurídico salvaguardaba –y aislaba- el reclamo argentino de esos temas prácticos y accesorios en la zona disputada. Y, lógicamente, generó el congelamiento indefinido de la negociación bilateral por la soberanía, que quedaba al margen de cualquier otro tema contingente.

Gran Bretaña salió favorecida, ya que contaba con el dominio efectivo del territorio. La crudeza del hecho consumado hacía pedazos la “salvaguarda” de los derechos argentinos y sacaba de la escena a la cuestión principal: resolver el tema de la soberanía.

¿Por qué el menemismo promovió esta política? Negocios. La Rosada buscaba insertarse en los flujos financieros globales y acceder a créditos e inversiones para solventar el programa menemista. Y esto no era posible sin reestablecer las relaciones con una potencia euro-occidental, principal aliada de Estados Unidos y miembro de la OTAN. Para el gobierno, la cuestión de la soberanía podía esperar. Ahora había que conseguir inversiones, brindar “seguridad jurídica” –las Declaraciones de Madrid mencionan acuerdos de protección mutua de inversiones- y cuadrarse en el Nuevo Orden neoliberal timoneado por Estados Unidos y sus aliados. Al poco tiempo, el ex Canciller Guido Di Tella lanzaría su “política de seducción” hacia los isleños.

Esta conducta demostró la sumisión y debilidad que Londres necesitaba para avanzar la Resolución de la Asamblea General de la ONU 31/49 (XXXI) que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación. La instalación de la plataforma Ocean Guardian es un claro efecto, junto a la otorgación de licencias a las empresas Falkland Oil and Gas Limited (FOGL), Rockhopper Exploration y Borders & Southern Petroleum para explorar y extraer recursos a la sombra del hecho consumado.

En este panorama hay que destacar la cuestión militar. La base conjunta de Puerto Argentino transformó a las islas en una verdadera fortaleza equipada con dispositivos de defensa de alta performance: fragatas misilísticas, defensas antiaéreas de medio y corto alcance, aviones caza de última generación, más de 1500 efectivos con actualización constante del material. Y un doble objetivo: fortalecer la presencia militar en las islas y las aguas circundantes, y proyectar poder sobre el Atlántico Sudoccidental, como lo prueba un informe presentado por el Subcomité de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo (2009).

Detrás de esto está el reaseguro de las posibles reservas de hidrocarburos y demás recursos estratégicos. El fantasma guerrerista sobrevoló a través de las declaraciones de Gordon Brown, deseando “que la disputa no escale al nivel de una confrontación militar”.

Las Malvinas han sido re-jerarquizadas en el pensamiento geoestratégico inglés. En 2009 Londres presentó ante la ONU la ampliación de la plataforma continental submarina de las islas, conforme a la Convención Internacional de los Derechos del Mar (CONVEMAR) que si bien será desestimada por existir una disputa con Argentina, sienta un precedente notable. Dentro de esa “gran estrategia” se cuentan otros territorios de ultramar en la cuenca atlántica: el islote Hatton Rockall (Atlántico Norte) cuyo subsuelo es rico en gas y petróleo, y es disputado con Islandia y las Islas Faroe, y las islas Santa Helena y Ascensión (Atlántico Central) que Brasil también reclama. Sobre todos estos territorios Londres presentó la ampliación de la plataforma continental en 2009.

A todas luces, los territorios de ultramar bajo control británico adquieren una nueva dimensión y se transforman en potenciales “almacenes” de recursos. El British Geological Observatory estima que en la cuenca norte de Malvinas -una de las zonas donde opera Desire Petroleum- podría existir un potencial de 100 mil millones de barriles de crudo, sobre un total posible de 6 billones. No cuesta imaginar el efecto si esa cantidad fuese efectiva y estuviera bajo dominio argentina.



La política oficial y las preguntas incómodas La política del Poder Ejecutivo sobre la disputa de soberanía estriba en las continúas protestas ante el gobierno británico frente a cada avance ilegal y unilateral, como también en los organismos y foros multilaterales (ONU, OEA, UNASUR, Grupo de Río, MERCOSUR, etc.), intentando reconvocar a Londres a la mesa de negociación sin ningún éxito. Por otro lado, se han cosechado declaraciones de apoyo de casi todos los países de la región y de los distintos bloques representativos en relación al reclamo argentino y al reconocimiento de la existencia de la controversia.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner se dio por terminado el “Acuerdo de Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental” (marzo de 2007) debido a las grandes diferencias de interpretación entre ambos estados. En estos días se emitió el Decreto 256/10 por el cual todo buque que quiera transitar entre puertos argentinos y los territorios usurpados, o atravesar nuestras aguas en dirección a estos últimos, deberá solicitar autorización.

Pero estas reacciones no pueden soslayar otras cuestiones incómodas: ¿porqué el gobierno eligió al Barclays Bank, accionista de Desire Petroleum, para realizar el polémico canje de deuda?, ¿esa entidad también hace negocios en el país con la minería como en el caso de Minera Alumbrera, en Catamarca?, ¿hasta que punto el conglomerado económico-financiero global vinculado a las petroleras en Malvinas –caso de la estrecha relación entre Rockhopper Exploration y el HSBC Bank- inciden y se ramifican en la actual economía nacional?, ¿se ataca al colonialismo sobre unas islas lejanas y se lo recibe con un guiño de ojo en el corazón del poder? Finalmente: ¿avanzaría el gobierno con sanciones contra los que invierten en Argentina y que, al mismo tiempo, ayudan a violar nuestra soberanía? Por ahora, más preguntas que respuestas.

La necesidad de una política integral La disputa por soberanía en el Atlántico Sur requiere una política integral y de Estado adecuada a una estrategia para la recuperación de la soberanía. El elemento diplomático es fundamental, pero no excluyente. En ese ámbito se debe continuar con las protestas bilaterales ante cualquier acción que avasalle nuestros derechos soberanos, también con la denuncia ante los organismos y foros multilaterales de toda violación al orden jurídico internacional. Es importante lograr apoyos y adhesiones de otros estados, bloques regionales y organismos internacionales para que se continúe reconociendo la existencia de la disputa. Al mismo tiempo, se debe mantener el llamado a la mesa negociación, respaldado y solicitado por la comunidad internacional y los aliados regionales.

En lo político-económico se debe sancionar a los capitales involucrados y que al mismo tiempo puedan tener inversiones en el país. El aislamiento económico de los isleños es una opción que debe ser tenida en cuenta.

Una política integral debe generar consenso en la sociedad. Esta debe conocer a fondo la “cuestión Malvinas” y adquirir conciencia sobre la importancia de los recursos naturales, la existencia y vigencia de nuestros derechos y la ilegalidad del accionar británico. A la campaña de “desmalvinazción” que se produjo por años –y sobre todo en la década pasada- se debe oponer una “re-malvinización” seria, responsable, sin patrioterismo ni militarismo opuesto al espíritu democrático.

Finalmente, la cuestión de la defensa nacional se vuelve insoslayable y crucial. No hay poder nacional ni protección de los intereses vitales sin capacidades defensivas acordes a los desafíos del presente. Las hipótesis de conflicto actuales y futuras estarán condicionadas por el tema de los recursos naturales y una política de defensa responsable, democrática y moderna lo deberá tener en cuenta.

La Argentina siempre tuvo una vocación pacífica en el concierto internacional, pero ello no se debe confundir con la renuncia al ejercicio de nuestros derechos, a la protección de nuestro patrimonio –herencia para el futuro- ni al cumplimiento de nuestros objetivos e intereses, que entroncan con una perspectiva emancipadora en la idea de una Patria Grande libre de la usurpación neocolonial. Por eso, y habiendo padecido durante años una política exterior entreguista y contraria a los intereses nacionales, es hora de recuperar la iniciativa para trazar una nueva política, que en palabras de Hipólito Yrigoyen debería pasar de “pasiva y claudicante”, a “activa y altiva”.

Sebastián Zurutuza es analista internacional.

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Ecuador investigó su deuda externa

Alejandro Olmos Gaona (LA ARENA)

Ecuador pudo investigar el origen de su deuda externa y comprobar las aberraciones políticas y jurídicas que se cometieron. Le sirvió para pagar menos y negociar en mejores condiciones con sus acreedores.

Respondiendo a las viejas luchas de organizaciones de la sociedad civil y los grupos indígenas, al poco tiempo de asumir el gobierno, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), mediante el decreto ejecutivo 472, tomando juramento a sus miembros el 23 de julio de 2007 en la Gobernación de Guayas, de la ciudad de Guayaquil.

La CAIC, estuvo integrada por diez miembros ecuatorianos y cinco extranjeros, entre los que se encontraba quien esto escribe y fue presidida por el ministro de Coordinación de la Política, economista Ricardo Patiño y se dividió en distintas comisiones, para proceder al trabajo que se les encomendara que comenzó, en realidad en el mes de enero del 2008, debido a una serie de trabas burocráticas, que recién en esa fecha pudieron superarse.

El presidente Correa consideró que el paso previo a cualquier renegociación de la deuda heredada de los anteriores gobiernos era analizar cuidadosamente su origen, su formación y, en definitiva, qué parte de ella era legítima y cuál no lo era, para proceder en consecuencia a cortar de raíz con una transferencia de recursos que impedía seriamente el desarrollo de emprendimientos productivos de interés nacional.

Oposición de la burocracia

La auditoría que encargó no tuvo sólo el propósito de limitarse a los aspectos meramente contables del endeudamiento externo, sino que abordó un espectro amplísimo de trabajo capaz de determinar las graves consecuencias que tuvo para el país y su incidencia no únicamente económica, sino en todo aquello que hubiera afectado al medio ambiente, a los pueblos originarios o a los afrodescendientes, etc.

Debe destacarse que en un principio, hubo que enfrentarse con las trabas puestas por funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Finanzas que provenientes de administraciones anteriores, que no tenían el menor interés que se trasparentaran las cuentas públicas, ya que muchos de ellos, habían intervenido en algunas negociaciones.

El estado caótico de los archivos hizo muy dificultosa la tarea, pero la voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación suplió todas las dificultades, y se trabajó arduamente en el análisis de todos los papeles que se fueron encontrándose, aunque en algunos casos no fue posible reconstruir algunas negociaciones, por haber sido destruidas las evidencias de las mismas.

Igual que Argentina

En minucioso análisis de toda la documentación que fue verificada mostró que el proceso de endeudamiento fue similar al argentino, ya que habiéndose cancelado toda la deuda externa en 1975, al asumir el triunvirato militar en 1976, comenzó una política llamada "de endeudamiento agresivo" que llevó las obligaciones externas a más de 3.600 millones de dólares a fines de 1979, cuando retornó la democracia. En el año 1982, el Presidente Osvaldo Hurtado procedió a estatizar la deuda privada, y a partir de 1983 se realizaron distintas negociaciones con la banca extranjera, que determinaron que la deuda siguiera creciendo, hasta producirse la interrupción de los pagos en 1986.

En diciembre de 1992, con la casi totalidad de la deuda prescripta de conformidad con las pautas del Estatuto de Limitaciones del Estado de Nueva York, el gobierno decidió renunciar a los derechos de prescripción actualizando la deuda por otros seis años, lo que permitiría, firmar en 1994 el Plan Brady, que era una copia del firmado por la Argentina y otros países latinoamericanos, con la excepción de los montos, los nombres de los funcionarios intervinientes y la legislación de cada Estado que era diferente.

Ante el incumplimiento de las obligaciones del Brady, y violando las propias disposiciones contractuales que establecían, que sólo la mitad de la deuda era susceptible de ser refinanciada, porque la otra parte estaba garantizada por bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que el Ecuador había comprado, se decidió de acuerdo con los acreedores, refinanciar la totalidad, volviendo a incrementarse la deuda, y las garantías fueron vendidas por Salomon Smith Barney (Citibank) uno de los que interviniera en la operación, desconociéndose el destino de los fondos, con excepción de algunas pocas sumas que pudieron ser documentadas.

El "libreto"

Los autores intelectuales de todos los contratos de deuda furon el estudio Milbank, Tweed, Hadley y McCloy, abogados y socios de la familia Rockefeller desde 1930, y que tuvo como abogados destacados entre muchos otros a John Mc Cloy, que fuera presidente del Banco Mundial y asesor de siete presidentes de los Estados Unidos, y a William Webster, que fuera director del FBI de 1978 a 1987, y director de la CIA de 1987 hasta 1991, cuando se decidió la implementación del Plan Brady.

Es importante puntualizar que además de remitir todos los contratos, que debían ser firmados sin ningún cambio, los acreedores, enviaban el modelo de la opinión legal que debía emitir el Procurador de Estado, quien en vez de cumplir con su función de defender al país como abogado del mismo, se limitaba a firmar lo que le mandaban, exactamente igual a lo que ocurrió aquí cuando se firmó el Plan Brady.

Aberraciones jurídicas

Haciendo una síntesis de los hallazgos encontrados, tienen relevancia especial los siguientes que revelan, a los extremos que se llegó:

1) La indudable lesión a los intereses del Estado y al patrimonio público

2) La violación a principios fundamentales del derecho administrativo

3) La ignorancia del cabal destino de los fondos durante la dictadura.

4) La violación del Código Civil, el Código de Comercio y la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.

5) La violación de la Constitución.

6) La obligatoriedad de contraer préstamos con el FMI, aún cuando no se necesitara el dinero, como condición de cumplimiento del contrato con los bancos acreedores.

7) Se eximió de cualquier responsabilidad, por cualquier acto lesivo, a los bancos acreedores, representantes, empleados, directivos, etc.

8) Se renunció a cualquier tipo de inmunidad.

9) El Ecuador se hizo cargo de la totalidad de los gastos de los acreedores, sus abogados, asesores, operadores, etc.

10) Se firmaron convenios sin autorización legal.

11) Se renunció a todas las defensas que pudiere oponer el país, en caso de una acción legal.

12) Se renunció a cualquier acción legal, en caso de que el convenio firmado fuera nulo, ilegal o no ejecutable.

13) Los procuradores del Estado, incurrieron desde 1977 hasta el 2005 en los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

14) Se estableció, falsamente, en los convenios que éstos se encontraban en legal forma bajo las leyes del Ecuador.

15) En el caso de los bonos 2012 y 2030, el convenio "Indenture" que establecía las pautas a las que debían ajustarse, no tuvo el obligatorio dictamen de la Procuraduría, y el mismo recién fue remitido a las autoridades ecuatorianas cinco años después de ser firmado por el Cónsul de Ecuador en Nueva York.

16) Se firmaron convenios con fechas antedatadas.

17) En la generalidad de los casos las emisiones de bonos fueron colocaciones privadas a ser negociadas en gran parte en paraísos fiscales y nunca obedecieron a las formalidades de una oferta pública, sujeta a las estipulaciones de la Securities Exchange Comisión de Estados Unidos, como correspondía a una negociación clara y transparente.

18) Se aceptaron créditos de los organismos multilaterales, para privatizar sectores estratégicos, y no para proyectos de desarrollo.

19) Se convalidó el abuso de derecho.

La presentación

El denominado Resumen Ejecutivo de la Auditoría fue presentado al presidente Rafael Correa el 20 de noviembre de 2008, en un acto público que contó con la participación del gabinete de ministros, los más altos funcionarios del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, asambleístas, cuerpo diplomático e invitados especiales de otros países. La economista Karina Sáenz, directora del Banco Central, fue la encargada de mostrar los aspectos estadísticos de la deuda, y quien esto escribe, en su carácter de miembro de la Comisión de Auditoría, fue quien expuso extensamente los aspectos fundamentales de la ilegalidad de todas las contrataciones.

Ante la existencia de graves irregularidades, de los delitos de acción pública mostrados y del incumplimiento de los principios fundamentales del orden jurídico del país y aún de los Estados Unidos, a cuya legislación estaban sometidos los contratos, y los que aún se encuentran vigentes, el presidente Rafael Correa decidió que el Ministro Fiscal del Estado, Washington Pesantez, iniciara una indagación previa sobre la base de la voluminosa documentación reunida por la Comisión a los efectos de imputar a los responsables del endeudamiento, habiendo sido citados ya varios ex presidentes y otros funcionarios.

Suspensión de pagos

Además el Presidente Correa ordenó la suspensión de los pagos de los bonos Global 2012 y 2030, procediéndose a realizar el análisis de las posibles acciones a seguir. En una de las reuniones de gabinete en las que participé, propuse la impugnación de los créditos, ya que tenía en mi poder un informe que había pedido al estudio de abogados de Nueva York Rabinowitz, Leaderman, Standard & Krinsky, pero se decidió seguir la opinión de Paul Reichler, un abogado norteamericano que representaba al Ecuador en un litigio ante la Corte de Justicia de La Haya, quien sostuvo que resultaba imposible accionar legalmente y que sólo cabía negociar con los acreedores. A esto se sumó la baja de los precios del petroleo, y la crisis financiera en Europa y Estados Unidos que determinaron que los migrantes ecuatorianos dejaran de remitir fondos, con lo que la economía del país sufrió los efectos de la crisis, y Correa no tuvo otra alternativa que ver la mejor manera de enfrentar a los acreedores, pero sin acceder a la totalidad de sus reclamos.

Fue así que se decidió hacer una oferta de pagar el 30% de los bonos, en efectivo, y desprenderse así de obligaciones por más de 3.200 millones de dólares, lo que fue aceptado por el 92% de los tenedores. Eso significó terminar con transferencias del orden de los 7.000 millones de dólares en los próximos años en concepto de intereses y amortizaciones, y el consiguiente condicionamiento económico que esa deuda significaba para el Ecuador. El elemento fundamental para que no fuera cuestionada la oferta, fueron los resultados de la auditoría que mostraba todo lo que señalé anteriormente, y los acreedores no iban a arriesgarse a un pleito interminable, de resultados inciertos.

"Cómo arreglamos"

Finalmente, y como una evidencia más de lo importante que resulta efectuar una auditoría que muestre con claridad todo este conjunto de operaciones fraudulentas, puedo consignar el hecho, que a las pocas horas que yo hiciera la presentación al país, se comunicó conmigo vía mail y telefónica unos de los abogados del Chase Morgan, para ver "cómo se podía arreglar todo esto", ya que tenía conocimiento de mi participación en la decisión del Presidente Correa de no pagar la deuda, y era necesario según él llegar a algún acuerdo que fuera beneficioso para las partes.

Alejandro Olmos Gaona es historiador, docente, investigador del proceso de endeudamiento argentino y latinoamericano. Autor del libro "La deuda odiosa".

Foto: Argentina, Deuda externa - Alejandro Olmos Gaona es investigador, historiador y especialista en derecho internacional. / Autor: DEUDA ILEGITIMA

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Libertad y democracia sindical: La Barrick reincorporó a José Leiva, secretario general de OSMA

Carlos Saglul (ACTA)

A poco de haber logrado el reconocimiento gremial que implicó sentarse en la mesa de negociación con la empresa multinacional Barrick Gold y haber obtenido un aumento salarial del 23 por ciento, la Organización Sindical Minera Argentina (OSMA-CTA) se apuntó un nuevo logro:la reincorporación de su secretario general, José Leiva, así como el reconocimiento de los salarios caídos.

Leiva dialogó ayer por la tarde con ACTA luego de haber participado de una audiencia en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a la que concurrió acompañado por Pedro Wasiejko, Victorio Paulón, Horacio Meguira y Paula Quinteros, secretario adjunto, gremial, Director del Observatorio Social e integrante del Departamento Jurídico de la CTA respectivamente.

La audiencia fue convocada por Mario Luis Gambacorta, subsecretario de Relaciones Laborales, asistido por Magalí Troya, en tanto que por la Minera Argentina Gold S.A compareció su asesor letrado Glauco Marqués.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, las partes ratificaron el acuerdo obrante en el expedidente judicial "Leiva José c/ Minera Argentina Gold S.A s/sumarísimo" que se tramita por ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 25 por el que se reinstala a Leiva en su trabajo.

Cedida la palabra a la parte gremial, ésta manifiesta que no obstante el reconocimiento de la empresa de la continuidad provisoria de la relación laboral, le preocupa que se repitan actos discriminatorios como impedir que Leiva forma parte de instancias de diálogo entre la empresa y los trabajadores en su doble condición de representante gremial del Grupo 3 y secretario general de la OSMA, por lo que se solicita el cese de dichas conductas permitiendo que Leiva participe en igualdad de condiciones.

Luego de un extenso intercambio de opiniones y que la empresa negara la existencia de cualquier tipo de discriminación hacia Leiva, las partes aqcordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 26 de marzo a las 11.340

Leiva señaló a ACTA que “creemos que es un paso importante aunque no nos olvidemos que la empresa continúa apostando a otro tipo de gremios, como aquellos con los que se manejó hasta ahora (en alusión a la Asociación Obrera Minera Argentina). Por un lado, se sienta a negociar con nosotros, por el otro le dice a los trabajadores que todavía somos ilegales. De esta manera trata de debilitarnos”, apuntó el dirigente sindical sanjuanino.

El dirigente de OSMA, organización sindical enrolada en la Federación de Trabajadores de la Energía de la Republica Argentina (FeTERA-CTA), advirtió también sobre los intentos de judicialización sobre su persona a través de denuncias de penales de diferente calibre.

Lo que sigue es parte de la conversación mantenida con el trabajador minero de Veladero y secretario general de OSMA:

¿Cuál es la reacción de los compañeros ante la actitud de la Barrick?

Cada vez le creen menos a la empresa, eso se ve en nuestros padrones que superan los 500 afiliados. Aunque sería bueno que aprendieran a jugar limpio. Hay no obstante, un punto de inflexión en el último conflicto que termina con la empresa comprometiéndose a no tomar represalias por las medidas de fuerza realizadas en diciembre pasado y, al mismo tiempo, aceptar que las partes continúen discutiendo los puntos del petitorio que dieron origen al conflicto y a esta negociación.

Puntualice los temas que están en la agenda.

Tenemos algunos desacuerdos en la forma que se pagan las vacaciones y por otro lado es central avanzar en el tema del reconocimiento de las recategorización del personal.

¿La relación de dependencia de todos los trabajadores es la misma?

Aquí hay ocho gremios. Nosotros representamos a los operarios mineros pero hay otras tareas. Los contratados están en una situación bastante precaria, además hay disconformidad con sus salarios, que no son iguales a los nuestros.

¿Y en ese cuadro como prende el ejemplo de OSMA?

Nosotros creemos que debería existir un solo Convenio Colectivo de Trabajo, el de los mineros para todo el personal. Todos los compañeros, más allá de la tarea que desempeñamos, enfrentamos las mismas duras condiciones de trabajo, luchamos con iguales inclemencias del tiempo, y llevamos adelante la tarea misma del minero, que es dura.

Palabras de Leiva. Palabras de minero. Palabras de un trabajador que está llevando adelante una organización sindical de nuevo tipo a 4.500 metros de altura. En Veladero. En la provincia de San Juan. En la Cordillera de los Andes. En el techo de la Argentina.

Ser trabajador, ser minero, ser CTA. He allí las razones de tanta fuerza de voluntad.

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Argentina, Jujuy: Protesta de Campesinos e Indígenas contra el desmonte y el agronegocio

COPENOA

Como organizaciones en lucha continuamos en alerta y tomaremos las medidas que sean necesarias en nuestro territorio para frenar los desmontes, las pulverizaciones y la siembra de soja transgénica. No nos quedaremos esperando pasivamente a que los políticos, funcionarios y jueces nos den una respuesta y continuaremos denunciando los atropellos de los que somos víctimas.

Familias de Palma Sola, que conforman la Organización Campesina Agro-Ganadera (OCA), las familias del barrio Nueva Esperanza de la misma localidad, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), ATE-CTA Parques Nacionales, el Colectivo Caminando del Frente Popular Darío Santillan, CAPOMA, el Movimiento Fuerte Verde, el Grupo de Reflexión Rural (GRR), el Grupo de Trabajo de Maimará (GTM), la Comunidad Guaraní Penti Caranday, Yantas Maky, el Movimiento Tupaj Katari, y el Movimiento de Teatro del Oprimido informaron a COPENOA que protestaron por las calles de la ciudad de San Salvador. Exigen a las autoridades la anulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la suspensión de los permisos de desmontes y de la utilización de agrotóxicos. Asimismo reclamaron la entrega inmediata de los títulos de tierra a las familias poseedoras de la Organización Campesina Agro-Ganadera (OCA). La caminata y reclamos llegaron a las puertas de la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, la Legislatura y los Tribunales de la provincia de Jujuy. Los manifestantes expresaron a COPENOA que la primera intervención se realizó en la Dirección de Ambiente, donde fueron atendidos por la Ingeniera Gómez, Directora Interina de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. Allí se leyó el petitorio, en donde se expone la situación de atropello de la que denuncian ser víctimas por parte de la familia Macedo (propietaria de la empresa CRAM S.A. y vinculada al poder político). La Directora interina manifestó que desde la Secretaria de Ambiente se está analizando el Plan de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, Gómez no dio ninguna garantía de que esto signifique un cambio significativo en el POT o en la suspensión en el otorgamiento de los permisos de desmonte que exigen los campesionos e indigenas. Ante el reclamo por la falta de audiencias públicas para el diseño del POT, la Directora reconoció la irregularidad en que se encuentra la provincia y se comprometió a discutir con el Secretario de Ambiente, una solución para que las comunidades sean partícipes del proceso. La segunda intervención se realizó en la Legislatura, en donde fueron recibidos por el Diputado Pablo Baca, quien fuera presidente de la comisión de ecología en el reciente período. Baca se comprometió a llevar el petitorio a la comisión y encontrar la forma de reunirse con las organizaciones en el territorio. Además, solicitó copias de las denuncias contra la empresa de la familia Macedo, y el amparo que luego se presentara en Tribunales. Por último, las organizaciones reclamantes presentaron formalmente un amparo ambiental colectivo ante los Tribunales, con el objeto de frenar los desmontes y las pulverizaciones con agrotóxicos en La Gran Largada, finca ubicada en la localidad de Palma Sola y otras donde se realizan los desmontes y siembra de soja transgénica y poroto. En las intervenciones se realizaron volanteadas, pegada de carteles y presentaciones de teatro con el objetivo de informar y concientizar a la sociedad en general sobre los efectos del desmonte, las pulverizaciones, el monocultivo de soja y los atropellos y amenazas de desalojo que sufren las familias campesinas agro-ganaderas. El petitorio al que tuvo acceso COPENOA expresa “ Como organizaciones en lucha continuamos en alerta y tomaremos las medidas que sean necesarias en nuestro territorio para frenar los desmontes, las pulverizaciones y la siembra de soja transgénica. No nos quedaremos esperando pasivamente a que los políticos, funcionarios y jueces nos den una respuesta y continuaremos denunciando los atropellos de los que somos víctimas. Exigimos se anule el actual Plan de Ordenamiento Territorial realizado de forma irregular, aprobado por decreto, y se sancione por ley de acuerdo a las exigencias que establece la Ley de Bosques Nativos, garantizando la convocatoria y realización de las audiencias públicas previas. Se establezca mediante ley restricciones y prohibiciones a la actual utilización indiscriminada y sin controles de agroquímicos altamente tóxicos como los usados en el paquete tecnológico de la soja transgénica.Exigimos que mediante ley se regularice la entrega de títulos a las familias campesinas que poseemos tierras ancestralmente en la zona de Palma Sola.

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