jueves, 18 de marzo de 2010

El "estado de excepción"

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

El miércoles 17, los diputados de la oposición se propusieron derogar el decreto de las reservas, e incluso cargarse otros decretazos oficiales. Por caso, dos artículos de la ley de “reforma política”. El Senado podría sancionar una reforma que coparticiparía el impuesto al cheque con las provincias. ¿Significaría esto que quedó superado el empantanamiento político entre los tres poderes del Estado?.

Probablemente suceda lo contrario. Si la oposición consiguiera sumar el quórum necesario en las dos cámaras, se enfrentará con impugnaciones del más diverso tipo. La Presidenta vetará los cambios en el impuesto al cheque, y en el caso del DNU para el uso de las reservas internacionales ya contaría con una mayoría en el Senado para ponerlo en vigencia. Sobre ese tema, ya aparecieron otros proyectos opositores que destinan parte de las reservas al auxilio a los tesoros provinciales. Un grupo de gobernadores plantea un perdón a la deuda de las provincias con la Nación. La camarilla oficial, sin embargo, no quiere pagar estos peajes.

El destino de este impasse no se encuentra en el Congreso. Como lo probaron las gestiones del radical Gerardo Morales para ‘concensuar’ las divergencias con el oficialismo, la primera tentativa para salir de este marasmo pasa por un acuerdo de la UCR con los K –que, dicen los radicales, les permitiría alcanzar su objetivo principal de llegar a 2011. Hasta el propio De Narváez ha sido incluido por un sector de la prensa en esos trámites, con la expectativa de que los K lo ayuden a conseguir el reconocimiento de su ciudadanía para candidatearse para Presidente. Es muy difícil, sin embargo, que rosqueando logren superar la crisis.

Detrás de las ‘aspiraciones’ de la UCR y del ‘colorado’ opera la banca Morgan, que quiere el uso de las reservas para consumar el canje con la deuda vieja y precipitarse a una intensa especulación con la deuda externa de Argentina. Varios pulpos (Repsol, Arcor, Aluar) acaban de anunciar que, apenas se concrete el canje, se largarán a colocar deuda en el exterior. Los K pretenden sustentarse hasta 2011 con un nuevo ciclo de endeudamiento público y privado, lo cual significaría un retorno a la ‘plata dulce’ de Martínez de Hoz y a la convertibilidad de Cavallo. Esperan, de este modo, revertir la nueva salida de capitales que se ha producido en enero y febrero, e incluso revertir la retención de dólares por parte de los exportadores.

Algo de esta expectativa ya se estaría manifestando en la primera parte de marzo. La contrapartida de este éxito en frenar el drenaje no sería, sin embargo, auspiciosa, pues supone que el Banco Central esterilice los pesos que se emitan por la entrada de dólares para frenar la inflación. Algunos calculan que, en este caso, la deuda del Banco Central con los bancos que entreguen sus disponibilidades en pesos podría llegar a unos 70 mil millones de pesos, o sea a 20 mil millones de dólares, la mitad de las reservas existentes, a una tasa de interés, al principio, de dos dígitos.

Los K pretenden superar la crisis de financiamiento del sector público con un manotazo de otro tipo al Banco Central: tomando el ciento por ciento de sus utilidades. Ocurre, sin embargo, que éstas no son efectivas sino contables, o sea que el dinero no está sino que hay que emitirlo. Es un caso claro de creación de dinero ficticio. Esas utilidades son igualmente ficticias porque obedecen a la revalorización (medida en pesos) de las reservas en dólares como consecuencia de la devaluación del peso. Así, el Central y el Tesoro ganan cada vez que el patrimonio del país y los salarios y jubilaciones se devalúan. Depender de utilidades semejantes es instaurar el régimen de la devaluación permanente del peso y de la inflación. Para colmo de las contradicciones, los K pretenden ahora, mediante la entrada de dólares por exportaciones y capitales, dejar de devaluar el peso, o sea revalorizarlo.

Estado de excepción

El impasse político-institucional ha creado, en los hechos, las condiciones para crear un “estado de excepción”. En el “estado de excepción”, el régimen de gobierno se aparta de las normas constitucionales invocando, sin embargo, a la Constitución. El ejemplo más claro de esto es cuando Marcó del Pont le dio los dólares del Central al gobierno con el argumento de que, para ella, “un DNU es una ley”, o sea que el país pasa a ser gobernado por decreto. Es claro que en el futuro veremos más de lo mismo, acompañado por el uso abusivo del veto a las leyes. La Corte, por su lado, no tiene facultades para dirimir este impasse, ni puede convertirse en árbitro de disputas cotidianas.

Esto parece entenderlo muy bien los K, como lo demuestra un artículo de su jefe de senadores, Miguel Pichetto, en el diario ‘destituyente’ La Nación (15/3). Allí Pichetto caracteriza que con el “escenario político creado con posterioridad a las elecciones del 28 de junio (...) la división de poderes se transformó en un obstáculo para la gobernabilidad”. Pichetto explica que los DNU se instauraron para permitir el ejercicio del gobierno “en situaciones de crisis”.

Como la gobernabilidad, dice, supone “eficacia decisional” y “un sistema de balances y contrapesos puede tornarse, en ciertas circunstancias, un obstáculo para la gobernabilidad”, Pichetto propone “moderar la división de poderes”. La tarea de ejercer esa ‘moderación’ debe quedar a cargo de los K. Este artículo, que pasó desapercibido, señala la intención de instaurar un ‘estado de excepción’, lo cual equivale a una abolición del llamado estado de derecho dentro del estado de derecho. Como el litigio que justificaría el ‘estado de excepción’ es por las reservas del Banco Central, la conexión entre la crisis financiera (crisis mundial) y la crisis política queda firmemente establecida. Cuando en Alemania se estableció el estado de excepción, en 1929, luego del crash de la Bolsa de Nueva York, la causa de la disputa fue también por los decretos financieros que no conseguían aprobación en el Parlamento.

¿Prosperará esta tentativa? Los K no tienen la autoridad ni los recursos políticos para gobernar bajo un estado de excepción: no tienen a las masas ni tampoco a las Fuerzas Armadas. ¿Podrían crear las condiciones necesarias para ello con el conflicto por Malvinas? Aquí tampoco tienen a las masas ni a las Fuerzas Armadas. Si bien la llamada ‘oposición’ es una bolsa de gatos, el kirchnerismo vive un desangre permanente; el diario Crítica ha dado cuenta de repetidos enfrentamientos dentro del propio matrimonio. Se han ido los Cobos, los Alberto Fernández, los Solá, los Das Neves y otros, luego llegó el turno a varios senadores y todo indica que seguirán por ese camino Pampuro y varios intendentes del conurbano.

El desangre se procesa por dentro y por fuera. Los K quieren el balón de oxígeno de las reservas. Mientras tanto tienen que lidiar con la importación de combustibles por primera vez en tres décadas; con el precio de la carne (y de la merluza) y hasta con el ingreso de los chinos en una petrolera con capitales malvineros, que viene a pelearle territorio a Repsol y su socio K. Lo que queda fuera de un gobierno de DNU, sustentado en decretos financieros y endeudamiento internacional, es un acuerdo con la UCR, que acabaría con las posibilidades presidenciales de la UCR (y con la UCR) o una convocatoria a distancia (por ejemplo para marzo de 2011) para las elecciones presidenciales.

Minga a la deuda externa

La deuda externa corresponde a las llamadas “deudas soberanas” que, desde Estados Unidos a Grecia, amenazan con barrer con la estabilidad política de los principales países. Se ha convertido en el nuevo epicentro de la crisis mundial, luego de que esos mismos Estados empeñaran los recursos fiscales para rescatar, sin haberlo logrado, a un capitalismo en bancarrota.

El no pago de la deuda soberana –que se encuentra, en su mayor parte, en manos de fondos y bancos especulativos– ha pasado a ser el eje para el rescate social de pueblos y naciones, que de otro modo están condenados a un duro proceso de miseria social. Una campaña por el no pago, conjugada con la lucha por la defensa del trabajo y del salario, sería la forma de aproximar a las masas a elaborar una salida propia a la crisis, precisamente a partir de sus necesidades y experiencias. El régimen vigente está agotado, financieramente y políticamente, como lo indica esta necesidad de un estado de excepción y de la abolición de sus propias normas de gobierno. El protagonismo de las masas abrirá el rumbo hacia un gobierno de trabajadores.

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Renovado ciclo de despojo de petróleo y gas. Expansión de la frontera hidrocarburífera en Argentina

OPS

En notas anteriores hemos señalado la vinculación existente entre la expansión de la frontera hidrocarburífera –esto es, el proceso de selección y oferta de áreas secundarias para la explotación de petróleo y gas-, y las crecientes necesidades fiscales de las provincias. La disminución sostenida de los fondos transferidos automáticamente por la Nación y el progresivo aumento del gasto público en las veintitrés provincias y la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2003, han configurado un escenario en el que cualquier ingreso extra -como las regalías hidrocarburíferas- ayuda a paliar la comprometida situación de las cuentas públicas (Pérez Roig, 2010).

Por otro lado, tampoco debe subestimarse la influencia de factores como la actual crisis energética (y el sesgo netamente hidrocarburífero de la matriz argentina), y la demanda de combustibles a nivel mundial, que pese a la crisis y los vaivenes de la cotización, tiende a crecer sin pausa.

Sin embargo, poco diríamos sobre la situación actual si únicamente nos atuviésemos a las razones coyunturales más inmediatas. En sí, la expansión de la frontera hidrocarburífera se presenta como emergente de cambios mucho más profundos a escala global.

Actualidad de la predación, el fraude y la violencia

Por lo general, es un hecho admitido que las bases de la actual sociedad capitalista se sentaron a partir de un complejo proceso histórico que, principalmente a partir la violencia organizada y concentrada en el Estado, implicó el despojo de grandes masas de la población respecto de medios de producción –básicamente a partir de los cercamientos de tierras-, que hasta entonces eran de propiedad comunal.

Análisis recientes en las han ratificado la actualidad de estos procesos, ya que no se puede relegar “la acumulación (de capital) basada en la predación, el fraude y la violencia, a un ‘estado original’ considerado no vigente (…), como algo ‘exterior’ al sistema capitalista” (Harvey, 2005). La generación de ganancias, entre otras cosas, no depende únicamente de simples procesos económicos en los que reinan la paz, propiedad e igualdad.

La génesis del capitalismo implicó una amplia gama de procesos como “la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de las poblaciones campesinas, la conversión de varias formas de derechos de propiedad (común, colectiva, estatal) exclusivamente en propiedad privada, la supresión del derecho a usar los bienes comunes, la mercantilización de la fuerza de trabajo y la eliminación de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo, formas coloniales y neo-coloniales e imperialistas de apropiación de activos (incluyendo recursos naturales), la monetarización de los intercambios y de la fiscalización (especialmente de la tierra), el comercio de esclavos, la usura, la deuda nacional y (…) el sistema crediticio” (Harvey, 2005). Esta acumulación originaria de capital implicó en esencia un proceso de separación, una enorme expropiación de la que fueron víctimas grandes masas de la población, que hasta el momento ejercían un control directo sobre la tierra y otros bienes comunes.
Por esta razón, se señala que aquélla “no puede ser confinada a un pasado distante (ya que) no hay nada que indique que esta separación no pueda ocurrir en cualquier momento, inclusive al interior de un modo de producción capitalista ‘maduro’, cuando las condiciones para una separación ex novo están dadas” (De Angelis, 2001: 9)(1).

Las estrategias de despojo son una posibilidad siempre vigente, y se encuentran presentes en toda política tendiente a eliminar las trabas que la sociedad ha impuesto históricamente al mercado.

Los recientes cambios a escala global

La crisis y posterior quiebre del orden económico internacional de la segunda posguerra –entre cuyos hitos se encuentra la crisis del petróleo de 1973 y la salida del régimen cambiario de Bretton Woods(2)-, implicó la apertura de un nuevo ciclo con predominio del capital financiero, que conoció múltiples casos de despojo que oficiaron de antídotos ante las recurrentes caídas en la rentabilidad del capital.

La mercantilización de nuevos ámbitos ha tenido lugar a partir de dos vías:

* Privatización de bienes y servicios públicos, que van desde medios de comunicación y transporte, hasta la banca, los servicios financieros, recursos naturales y fondos de pensión;

* La conversión de nuevas tierras en mercancía.

Las denominadas “crisis de la deuda”, y el fuerte acatamiento dado al Consenso de Washington a partir de la década del ‘90, provocaron grandes cambios en la matriz productiva de los países periféricos, y a su vez en la relación de éstos con los grandes centros de consumo a nivel mundial. Al compás de un nuevo modelo de acumulación nos encontramos que para principios del milenio “todo el tercer mundo, incluida América Latina obviamente, se (reconvirtió) en casi nada más que oferente de hidrocarburos, minerales, biodiversidad y alimentos” (Galafassi, 2008: 154).

Petróleo y gas en Argentina: de recursos estratégicos a commodities

Los procesos analizados más arriba se encuentran en la base de la cirugía mayor con la que en la década de 1990 se desmontó el modelo argentino de gestión y extracción de hidrocarburos. El Estado no sólo se retiró como productor, sino que también se (auto) despojó de todas sus potestades en materia de regulación, a favor de las denominadas “fuerzas del mercado”, que desde entonces asumieron el control y se encargan de asignar “eficientemente” los recursos (Mansilla, 2007).

Vale la pena reseñar que durante poco más de ochenta años los hidrocarburos jugaron un rol estratégico en el país. En primer lugar, cualquier proyecto de industrialización debía contar obligadamente con una abundante oferta de combustibles baratos que funcionara como subsidio energético para el capital industrial, y al mismo tiempo abaratase las mercancías consumidas en el mercado interno, y con ellas, los costos de reproducción de la fuerza de trabajo. En segundo término, buena parte de “la renta petrolera” se destinaba a la realización de obras de infraestructura –muchas de ellas, a favor de la diversificación energética-, se repartía entre las provincias, y el sistema de tarifas funcionaba como redistribuidor del ingreso. Finalmente, YPF era la empresa más grande del país y, muchas veces en detrimento de sus utilidades económicas, cumplía una función social importante a partir de todos los beneficios que otorgaba tanto a sus empleados, como a los habitantes de las localidades en las que operaba.

Si bien los capitales privados nacionales y extranjeros nunca ocultaron sus apetencias hacia el negocio petrolero (y en función de las mismas ejercieron un consecuente lobby), en 1988 apenas acaparaban algo más del 10% de la renta (Mansilla, 2007). Sólo a partir de la desindustrialización del país y la imposición del nuevo modelo de acumulación desarrollado más arriba, se implementaron medidas desregulatorias que, negando el rol estratégico de los hidrocarburos y convirtiéndolos en meras mercancías exportables, cumplieron el objetivo principal de expropiar este recurso energético al conjunto de la sociedad y entregarlo al lucro privado. Entre octubre y diciembre de 1989 se dictaron los decretos Nº 1055, 1212 y 1589, que resultan sumamente ilustrativos de la nueva situación. Mediante los mismos se “creó un mercado libre de petróleo crudo, se otorgó la libre disponibilidad y la libre exportación del petróleo extraído por parte de cada empresa privada. Las empresas pasaron a controlar las reservas de hidrocarburos sin que el Estado pueda siquiera conocer a ciencia cierta la cantidad de reservas que tiene el subsuelo” (Mansilla, 2007: 37).

El posterior proceso de provincialización de los hidrocarburos y el desguace, privatización y extranjerización de YPF abrió las puertas a una acumulación por despojo de tal magnitud que su principal beneficiaria, la multinacional española Repsol, pasó de ser una compañía relativamente pequeña, concentrada en la industrialización y comercialización de hidrocarburos, a una de las petroleras más grandes del mundo (Cervo, 2001). Se estima que entre 1993 y 2000 las veinte petroleras más importantes a nivel global obtuvieron un porcentaje de beneficios sobre ventas entre el 3,3% y el 8,3%. En el mismo período, Repsol elevó esos números a 7,2% y 17,9% (Mansilla, 2007).

Una vez que los capitales privados se hicieron cargo de la gestión, explotación y comercialización de hidrocarburos –con particular anuencia del Estado nacional y los provinciales-, emprendieron una política predatoria sustentada únicamente en la valorización inmediata de sus concesiones, que limitó la inversión a los pozos de explotación ya productivos o con reservas probadas. Mansilla (2007: 76) sostiene que “resulta llamativo el aumento en la efectividad general de la prospección entre 1989 y el 2005, particularmente la de los pozos de exploración. Mientras que en el año 1989 sólo el 25% de los pozos de exploración eran productivos, esa cifra ha ido creciendo hasta llegar al 89% en 2005 (…) los valores argentinos superaron a los mejores del mundo. Mientras que en 2004 la OPEP (con la mejor tecnología del mundo y las mejores condiciones geológicas) tuvo una efectividad del 80% en los pozos de exploración y de desarrollo, las empresas (radicadas en Argentina) declararon una efectividad del 97%”.

Al no tratarse de perforaciones genuinas en búsqueda de hidrocarburos, no sólo hubo una apropiación del recurso en sí mismo, sino que también se usufructuaron las inversiones de riesgo ya hechas por la petrolera estatal.

Como correlato de esta estrategia general, se produjeron enormes incrementos en concepto de explotación y exportación de hidrocarburos que literalmente saquearon las reservas nacionales. Mientras que en 1989 el horizonte de reservas (relación reservas/producción) era de 14 años para el petróleo y 32 años para el gas, en 2009 esas cifras se redujeron a 10 y 8 años, respectivamente (iEco, 3/8/09).

Consecuencias y perspectivas

En la actualidad la revolución en el escenario energético es de tal magnitud, que la industria hidrocarburífera amenaza con expandirse desde las provincias tradicionalmente productoras –agrupadas en torno a las cuencas Neuquina, del Golfo San Jorge, Austral y Noroeste-, a otras sin los mínimos antecedentes en la materia. Actualmente, diez provincias son productoras de petróleo y gas, y otras siete se encuentran en proceso de licitación de áreas para la exploración y eventual explotación. Es decir que de veinticuatro distritos (veintitrés provincias y la Capital Federal), el 70% se encuentra involucrado, o busca involucrase, con la industria.

Desde la irrupción de las provincias en el “escenario petrolero”, se ofrecieron a licitación 241 áreas exploratorias, y se comprometieron U$S 1718 millones de dólares en inversiones (Chebli, 2009). A fines de 2009, la multinacional Repsol lanzó el Plan Exploratorio, que pretende cubrir la totalidad de los bloques aún no asignados, e ingresar en asociación en los que ya fueron adjudicados a otras empresas.

Como contrapartida de este movimiento general, tuvieron que sancionarse nuevas leyes de hidrocarburos provinciales, o adecuar las ya existentes a las “condiciones de inversión” reclamadas por capitales nacionales y extranjeros. Varias administraciones decidieron canalizar parte de su participación en el negocio a partir de la creación de empresas estatales. Aún así, la tendencia general marca una asociación enormemente subordinada al capital privado, y la percepción de magros ingresos –en el mejor de los casos las regalías apenas llegan al 18%- por la explotación de los recursos en territorio.

El reciente ingreso de la petrolera estatal china CNOOC en Bridas Energy Holdings –socia de British Petroleum en Pan American Energy (PAE), segunda extractora de crudo del país- suma un nuevo elemento de presión sobre la expansión de la frontera hidrocarburífera (Crítica, 15/3/10). Sucede que China es el segundo mayor consumidor de petróleo, y su principal importador a nivel mundial, dadas sus crecientes necesidades energéticas, por lo que ha desplegado una estrategia mundial tendiente a asegurarse suministro y nuevas reservas de hidrocarburos. No extrañaría que de ahora en más, PAE se ubique a la par de Repsol en la carrera exploratoria.

Notas:
1) Traducción propia del inglés: “There is nothing indicating that this separation may not occur any time, even within a ‘mature’ capitalist mode of production, when the conditions for an ex novo separation are posited”.
2) Es decir, la ruptura del sistema cambiario oro-dólar

Referencias:
- Cervo, Augusto: La privatización de YPF y sus consecuencias. Tiempos Patagónicos N° 7, PIGPP, 2001
- Chebli, Gualter A: La problemática exploratoria. Protagonismo de las provincias en el gerenciamiento de los hidrocarburos: implicancias y expectativas (en línea). Phoenix Oil & Gas S.A., agosto de 2009 http://www.iae.org.ar/conferencias/ARGEN2CHEBLI.ppt
- Crítica: Los chinos se quedan con la segunda petrolera del país, 15 de marzo de 2010
- De Angelis, Massimo: Marx and primitive accumulation: The continuous character of capital’s “enclosures” (en línea). The Commoner Nº2, September 2001 http://www.commoner.org.uk/02deangelis.pdf
- Galafassi, Guido: Estado, capital y acumulación por desposesión. Los espacios rurales patagónicos y su renovado perfil extractivo de recursos naturales. Páginas. Revista digital de la escuela de Historia. Universidad Nacional de Rosario. Año 1, Nº2, agosto – diciembre de 2008, pp. 151-172
- Harvey, David: El “nuevo” imperialismo. Sobre reajustes espacio-temporales y acumulación mediante desposesión. Herramienta Nº29, junio de 2005, pp. 7-21
- iEco: La Argentina, cerca de quedarse sin reservas de gas y de petróleo, 3 de agosto de 2009
- Mansilla, Diego: Hidrocarburos y política energética. Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2007
- Pérez Roig, Diego: Criminalización e industrias extractivas: hidrocarburos en la Patagonia (en línea). Panorama, 25 de noviembre de 2009 http://opsur.wordpress.com/2009/11/25/criminalizacion-e-industrias-extractivas-hidrocarburos-en-la-patagonia

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Soberanía energética: El petróleo, nuestro recurso más valioso ¿para los santacruceños o para las multinacionales?

Alejandro Garzón (FETERA)

"Planteamos la necesidad de un cambio y que con urgencia se recupere el control de la renta petrolera y su explotación sustentable por parte del Estado. Y por sobre todo, la sanción de un marco regulatorio estricto que resguarde el medio ambiente contra la explotación indiscriminada".

Hoy en Santa Cruz, tenemos una demanda que nos urge canalizar, esto es profundizar las bases de la lucha por nuestros recursos naturales.

La privatización de la explotación del petróleo y la consecuente crisis energética en la que se sumió al país, puso de manifiesto el fracaso de este modelo de “argentinización” que nos quisieron vender y que sólo significó la concentración de la riqueza, en manos extranjeras, y la sobreexplotación de los suelos con secuelas nefastas en materia ambiental y sanitaria.

Nosotros entendemos que no se puede esperar más para reclamarle al gobierno políticas de estado y estamos transitando un arduo camino, el de la recuperación nacional de aquello que nunca debió partir del poder del pueblo.

Recursos como el petróleo, la electricidad, la minería, el carbón y la energía nuclear tienen, para nosotros, carácter estratégico y deben ser puestos al servicio de un proyecto de desarrollo nacional y, sobre todo, debe ser soberano.

Desde ATE-CTA denunciamos todas las extensiones de las concesiones petroleras aprobadas en estos últimos años por fraudulentas ¿no le bastó al gobierno de Santa Cruz la experiencia con Pan American Energy? Fue un triste espectáculo al servicio de las corporaciones, al cual se aferraron todos los legisladores e Intendentes del Frente para la Victoria, votando el pliego entre gallos y medianoche, alegando previsibilidad. En pocos meses ese argumento, con el que ni siquiera muchos de ellos estaban persuadidos, se esfumó.

Luego de los anuncios con bombos y platillos llegaron los despidos, las empresas no invirtieron y por si fuera poco, cuando empezó la crisis, amenazaron con irse del país ante cualquier demanda de los trabajadores. Este gobierno ha sostenido y alentado el saqueo y contribuyó a llevar al país a la dependencia de los combustibles importados castigando el bolsillo de los trabajadores con injustos tarifazos.

El gobierno concedió todo ¿a cambio de qué? Son indudablemente responsables de la inequidad y la pobreza en Argentina, aunque de eso, aún, no se hagan cargo.

Hoy, sabiendo el malestar que hay en los santacruceños por ver depreciados su poder adquisitivo, recurren a un falso lema “el dinero que ingrese por las concesiones, es para los sueldos” para obtener la aprobación de las renegociaciones, que nunca se hicieron con consenso.

Debemos ser defensores del futuro, pero estamos convencidos que un revisionismo vacío de nuestra historia provoca que se reincida en los mismos errores.

Planteamos la necesidad de un cambio y que con urgencia se recupere el control de la renta petrolera y su explotación sustentable por parte del Estado. Y por sobre todo, la sanción de un marco regulatorio estricto que resguarde el medio ambiente contra la explotación indiscriminada.

En nuestro camino hacia la Constituyente Social creemos que necesariamente hay que reflexionar sobre el concepto de soberanía, porque en la actualidad, en nuestro país y en el sistema que tenemos, “la soberanía sobre los recursos naturales” está acotada a la idea del respeto a la propiedad privada y a la explotación de empresas privadas. La nacionalización y socialización comunitaria de los recursos naturales, el medio ambiente y el hábitat son políticas que muchos países de Latinoamérica están aplicando. Desde nuestro espacio invitamos a todos los ciudadanos a participar de este nuevo movimiento, ya que la crisis de representatividad política y sindical nos obliga a repensar lo que queremos para Argentina, pero esta vez con una mirada inclusiva abriendo el debate a los jóvenes.

Como sostiene nuestro compañero Víctor de Genaro “el Imperio ha resuelto adueñarse de nuestro país con la complicidad de sus gerentes. Solo la soberanía y la dignidad de los argentinos puede impedirlos, porque como decía el Gral. Mosconi, entregar el petróleo es como entregar la bandera”

Alejandro Garzón es Secretario General de ATE Santa Cruz.

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“El Gobierno utiliza a los DDHH, nosotras los defendemos”: Una Madre, una Nieta y una Hija

CEPRODH

Entrevistamos a Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo; María Victoria Moyano, Nieta Recuperada y militante del Ce.Pro.DH. y Alejandrina Barry, Hija de Desaparecidos, Miembro del Ce.Pro.DH.

Se van a cumplir 34 años del Golpe, ¿cómo ven la política del Gobierno?

E. E.: Pienso que el Gobierno utiliza la lucha por los DDHH, su política en estos años fueron los juicios, que está bien enjuiciar, pero solamente han caído las cabezas de las F.F.A.A y tendrían que caer los que están debajo de ellos, y para eso deberían abrirse los archivos, que verdaderamente están. Lo que pasa es que este Gobierno no lo quiere hacer porque hay comprometidas grandes empresas y multinacionales y no quieren que salga a la luz.

El Gobierno y personalidades afines al mismo como Hebe de Bonafini, quieren copar la Plaza, ¿qué opinan?

E. E.: Opino que están equivocados, hay que permitir que todas las organizaciones realicen su acto. Siempre digo lo mismo porque lo creo así; DDHH no son solamente los desaparecidos y te lo digo como Madre de desaparecido, son también el derecho al trabajo, al alimento, a la salud, a la educación y es por eso que hay que apoyar a los trabajadores. Yo que estoy cerca de los obreros de Terrabusi, cerca de los obreros del Subte y de muchos más, y voy a seguir estando porque es el lugar que pienso en el que todas las Madres tendríamos que estar, porque nuestros hijos lucharon por un país mejor.

V.M : Este 24 de marzo nos encuentra frente a una discusión acerca del pago de la Deuda Externa, no pagarla fue una de las banderas defendidas históricamente por Hebe, que la ha abandonado, pero nosotros la tenemos que seguir defendiendo junto a los que están luchando.

A.B: Vemos que hay sectores que defienden la política del Gobierno como Moyano, que están de acuerdo con el pago de la Deuda y coinciden con Yaski en defender a Marcó del Pont. Pero también vemos a los trabajadores de Kraft, del Subte y otros, que salen con sus organizaciones democráticas, construidas desde abajo, a las calles por su salario, contra los despidos y persecuciones a los activistas que pelean por sus derechos, o por su reincorporación como en Kraft. Y además vamos a estar junto a los que se empiezan a organizar por la independencia política de los trabajadores.

¿Porqué marchar junto a los trabajadores?

V.M.: Es un orgullo marchar este 24 con los trabajadores. Nosotras en Kraft los vimos luchar contra la empresa, contra el sindicato, el Ministerio de Trabajo, la Justicia, la Policía Bonaerense, enfrentando a todos aquellos que defienden intereses opuestos al de los trabajadores. Si uno se remonta 34 años atrás, son los mismos sectores que actuaron el 24 de marzo del `76. Los empresarios fueron a golpear la puerta de los cuarteles para pedir "orden" y liquidar a esa generación de luchadores. También la burocracia sindical junto a los gerentes, confeccionaban listas negras de compañeros y las entregaban a las FF.AA; los Jueces eran parte del accionar negando cualquier información a los familiares cuando presentaban los "habeas corpus".

E.E: Cómo no estar en esta fecha junto a ellos, si son quienes realmente pelean por el trabajo, la salud, la educación; yo estoy donde estaría mi hijo.

¿Qué opinan de los desaparecidos de hoy…?

A.B.: Nosotros estuvimos desde el primer momento en esta pelea, fundando en común la coordinadora por la aparición con vida de Luciano Arruga, junto a decenas de organizaciones. Luciano se convirtió en una causa apoyada por miles de jóvenes, en La Matanza y en todo el país. Luciano era parte de los más de 400.000 jóvenes que no acceden al trabajo y al estudio y que viven reprimidos y hostigados por la maldita policía Bonaerense.

La desaparición demostró también, lo que venimos denunciando, que la impunidad para los asesinos de la dictadura que impera en nuestro país, tiene consecuencias en el presente, no como metodologías aisladas, sino como una práctica sistemática.

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Tiziano y Las Flores

Carlos del Frade (APE)

Rosario se ha convertido en la capital nacional de la delincuencia – dijo en su momento el entonces vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio “Nito” Vanrell que luego se hiciera famoso cuando compró juguetes inexistentes, fue procesado, se fugó al Paraguay y hoy sigue dando cátedras de política y fútbol en la zona oeste de la otrora ciudad industrial.

Aquella frase la dijo en mayo de 1989, cuando surgieron los primeros saqueos de la historia contemporánea de la Argentina. En la agonía del alfonsinismo y después del triunfo del riojano Carlos Menem que prometía la revolución productiva y el salariazo. Los saqueos de 1989 tuvieron un epicentro. Barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario. Las imágenes de los supermercados invadidos por los necesitados recorrieron el mundo y luego reaparecieron y hasta se repitieron en diciembre de 2001.

Pero desde aquellos días de mayo de 1989, el hermoso barrio Las Flores fue satanizado. Como si la geografía del mal lo hubiera elegido como base de propagación. Sus miles de habitantes debían explicar lo obvio: ellos eran hijas e hijos de trabajadores atravesados por una historia que dejó sin trabajo a las mayorías rosarinas.

En realidad, Las Flores fue elegido por los delincuentes de guante blanco como el lugar donde depositar las culpas para desviar la atención de sus verdaderos negocios.

Más de veinte años después, en Las Flores es difícil encontrarle el sentido a la palabra futuro.

Nadie se hizo cargo del verdadero saqueo, de la destrucción de las fuentes de trabajo y la ausencia de una política de transformación.

Y más allá del asistencialismo, en Las Flores apareció –como en las mayorías de los barrios de las grandes ciudades argentinas y latinoamericanas- el narcotráfico con sus códigos, identidades y reglas. Aparecieron las bandas y los soldaditos, pibes que encontraban sentido a pertenecer a alguno de estos grupos antes de seguir e insistir en las escuelas del barrio satanizado desde 1989.

En medio de esta historia que no suele aparecer nunca en los discursos de los dirigentes políticos supuestamente progresistas, son las noticias policiales las que dan cuenta del delito capital cometido por los criminales de guante blanco. Haber naturalizado la vida sin sentido, madre de la muerte sin sentido.

Tiziano Gamarra tenía cuatro años. Jugaba con sus amigos cuando una bala perdida, consecuencia de varias vidas perdidas, le atravesó la cabeza y murió.

Los medios de comunicación regionales y nacionales repitieron la palabra tragedia para intentar una explicación acerca del fin de Tiziano. Pero no fue una tragedia. No se trató de un avatar del destino. Sino de la consecuencia de la larga cadena de impunidades que hicieron del barrio Las Flores, desde mayo de 1989, el supuesto escenario del enfrentamiento entre bandas dedicadas a la venta de droga de mala calidad, cuando en realidad los culpables de la muerte de Tiziano son aquellos delincuentes de guante blanco que satanizaron la zona sur de la ex ciudad obrera.

Tiziano quería seguir jugando. No lo dejaron. La bala que mató al chiquito de cuatro años tiene autores intelectuales que están muy lejos del barrio Las Flores. Son los que destruyeron la expectativa y la esperanza de varias generaciones no solamente en la zona sur rosarina sino en otros tantos puntos del país.

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Argentina, Córdoba: ¿Lobby o Periodismo?

Lázaro LLorens (PRENSARED)

El periodista Lázaro Llorens explica porqué los incrementos en el servicio del Agua benefician a la empresa Roggio. Debate y contrargumenta las razones expuestasa favor de la medida por su colega Adrán Simioni en una nota publicada en La Voz del Interior.

Este viernes, en medio de fuerte cuestionamientos, el ERSEP llevará adelante una audiencia pública para incrementar en un 28 por ciento la tarifa de agua. De ese incremento, un 10 por ciento será para compensar a la empresa Aguas Cordobesas por mayores costos en el servicio; y el 18 restante para financiar la instalación “selectiva” de 100 mil medidores, inversión que según el contrato original debía haber sido costeada por la empresa concesionaria.

En un abierto espaldarazo a esta iniciativa, hace unos días, el periodista de La Voz el Interior (Clarín) Adrián Simioni, Jefe de la Sección de Economía, escribió una nota defendiendo a capa y espada este nuevo incremento en la tarifa del agua, que será el séptimo en menos de dos años. Para justificarlo, mi colega, desliza una serie de sesgados argumentos, que parecen provenir no de la pluma de un periodista ecuánime e independiente, sino de Don Aldo Roggio presidente y dueño de la empresa Aguas Cordobesas.

La nota lleva el tituló “Pensar en el agua para no hacer agua” -http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=591760- y fue publicada en La Voz del Interior el 18 de febrero del 2010. En ella, para convencer a sus lectores de que el aumento en ciernes es justo, Simioni brinda los siguientes razonamientos:

•“Se plantea una suba tarifaria y un cargo fijo específico de 18 por ciento extra destinado a financiar la colocación de medidores, que la ciudad necesita con urgencia para reducir el consumo por habitante, incompatible con la provisión de agua a mediano y largo plazo.”

•“Va a ser un parche para un contrato que debió ser modificado tras la debacle de 2001. Y que nunca más volvió a la normalidad.”

•“…desde la propia Aguas Cordobesas se admite, extraoficialmente, que con ese nivel de tarifas no se puede mantener con todas las de la ley la infraestructura y mucho menos ampliar el servicio de redes para cubrir el crecimiento vegetativo de la población.”

•“…todas esas inversiones necesarias se las ha estado pateando para adelante con diversos acuerdos por los cuales, se supone, el Estado va determinando cómo financiar cada obra que se considera necesaria. Podría hacerlo de cualquier modo: autorizando nuevas subas tarifarias o subsidiando obras con plata de los impuestos, créditos o cargos fijos, entre otras alternativas.”

•“Más allá de las discusiones ideológicas, sería bueno que los cordobeses debatieran en serio si están dispuestos o no a costearse lo que cuesta llevar agua limpia a cada casa, todos los días del año. Y si están comprometidos a que ese servicio sea sustentable en el tiempo.”

•“Por si alguien aún no lo sabe, la factura promedio que cobra Aguas Cordobesas es de 28 pesos. Compare usted con lo que paga por cualquiera de los demás servicios que recibe en su casa.”

Como se puede leer, en ningún pasaje de la nota, mi colega Simioni da cuenta de una serie de hechos relacionados con el contrato concesión de Aguas Cordobesas; y que resultan indispensables para saber si el aumento solicitado por la empresa concesionaria es apropiado o no. Enumero sólo algunos:

•Desde el año 2006 a la fecha, computado este aumento que se avecina, Aguas Cordobesas casi logró duplicar su tarifa de agua. Concretamente, con su infalible treta del gradualismo tarifario, en tres años Don Roggio logró elevarla en 96%. Por esa razón, un vecino que en el 2006 pagaba 14 pesos por el servicio del agua, hoy como apunta Simioni paga “tan solo” 28 pesos.

•A pesar de duplicar su tarifa, desde el 2005 a la fecha, Aguas Cordobesas no realizó ningún tipo de inversión. Se abocó exclusivamente a realizar tareas de mantenimiento preventivos. Es paradójico que ante la cantidad de barrios que hoy existen en Córdoba, sin red primaria de agu, la primera inversión que realizará la empresa de Roggio, con plata de los vecinos, es la colocación de 100 mil medidores.

•Como si fuera poco, Aguas Cordobesas, no solo duplicó la tarifa de agua en dos años, no realizó inversiones, sino que además recibió, de la Provincia, subsidios por 20 millones de pesos. Estos fueron acordados por el gobernador Juan Schiaretti en el 2006, cuando re-renegocio el contrato”.

•A pesar de duplicar su tarifa, no invertir, recibir millonarios subsidios, desde hace años, Aguas Cordobesas no le paga a la provincia el canon por la explotación del servicio que ronda los 10 millones de dólares anuales y que fuera establecido en el contrato original firmado por Ramón Mestre en los ´90.

•La instalación de los medidores, según el contrato original, debía estar a cargo de la empresa concesionaria, no de los usuarios. Esta transferencia de obligaciones fueron autorizadas por el actual gobernador Juan Schiaretti en su famosa “Addenda”. Este punto tiene un agravante: la instalación de los medidores, según La Voz del Interior, fue cotizada por Aguas Cordobesas en unos 450 pesos cuando en el mercado los medidores apenas salen… ¡200 pesos!
Seguramente, si Adrián Simioni hubiera mencionado alguno de estos hechos, quizás le hubiera sido más difícil convencer a sus lectores a que acepten este incremento tarifarlo. Aun así, su actitud no debe sorprender a nadie. Responde a las clásicas tretas del periodismo contemporáneo que básicamente consiste en esconderle a sus lectores o audiencias, toda aquella información que le resulta vital para comprender la compleja realidad que nos rodea.

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Argentina: La ONU pidió que se detenga la expulsión de indígenas en el país

PRIMERA FUENTE

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU pidió a Argentina que cese la expulsión de indígenas que ocupan tierras. Hizo mención a la situación de la comunidad de Chuschagasta, ubicada en Trancas, donde supuestos terratenientes asesinaron a un referente indígena.

"Urge (...) que tome las medidas necesarias para frenar los desalojos y asegurar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas", afirma la resolución del comité sobre Argentina, reseñó AFP.

El organismo entiende que la Ley 26160, de noviembre de 2006, declaró una emergencia en Argentina por cuatro años, "a fin de detener los desalojos de pueblos indígenas", pero seis provincias -Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco y Neuquén- "no han aceptado aplicar dicha ley".

Compuesto por 18 expertos independientes elegidos por los 173 Estados que ya han ratificado la Convención Internacional contra la Discriminación Racial, para que controlen su cumplimiento, el Comité indica que en Argentina se han dado desalojos violentos de tierras indígenas.

Recuerda por ejemplo que "el 12 de octubre de 2006 hubo un muerto en la provincia de Tucumán y han ocurrido dos desalojos violentos recientes en la provincia de Neuquén".

El Comité identificó como comunidades indígenas que han sufrido tales desalojos a la de Chuschagasta, en Tucumán, y a la de Currumil, en Aluminé, provincia de Neuquén.

El Comité solicita a la Argentina "investigar y sancionar a los responsables de muertes y heridos en los desalojos forzosos en las provincias".

Le recomienda asimismo instaurar "mecanismos adecuados" para respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estipula el "consentimiento libre, previo e informado" de las poblaciones indígenas que pudieren "verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales".

"Si se llega a determinar que es necesario llevar a cabo un desalojo", el Comité requiere que las personas afectadas reciban "una indemnización adecuada" y lugares de reubicación con "servicios básicos, como agua potable, electricidad, medios de lavado y saneamiento, y servicios adecuados, entre otros, escuelas, centros de atención sanitaria y transportes".

El Comité concluye que la Argentina debe intensificar esfuerzos "para lograr el reconocimiento de sí mismo como un estado multiétnico, que valora y aprende de sus culturas indígenas y de origen africano".

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Argentina: Isla del Puerto, Concepción del Uruguay provincia de Entre Ríos - ¿Un nuevo negocio inmobiliario sobre un área protegida?

RENACE

La Isla del Puerto es un espacio mixto, de distintos propietarios que han levantado su “rancho” o se dedican a la pesca. Unas fracciones son aún del Estado y la gente cruza a pasar el día, pues es un sitio de gran belleza natural. Para acceder a ella desde la ciudad se puede cruzar en bote, ya que está a solo 200 metros de río o menos. La Isla es un Área Natural Protegida por la ley 9718 y posee especies en peligro de extinción.

Un día, los dueños de las pequeñas fracciones de la Isla vieron llegar personas y máquinas a hacer perforaciones en sus terrenos: habían sido expropiados, pero nadie les avisó.

El Vicegobernador de Entre Ríos, doctor José Eduardo Lauritto había presentado el proyecto en el presupuesto con un nombre equívoco: "Costanera de Concepción del Uruguay". Entendiendo que se trataba de obra publica costera, se aprobó el endeudamiento de $100 millones ante el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

Nadie preguntó por el proyecto (que aún no existía) ni si acaso, de hacerlo, afectaría el entorno, como Banco Pelay que es la playa de río más grande de Sudamérica que se encuentra a 200 mts del proyecto, el Balneario Municipal Itapé o la costanera Norte.

La obra

Consiste en un terraplén de casi tres kilómetros de largo y nueve metros de altura sobre el que irá un camino de hormigón doble mano hacia la isla, ocupando la mitad de la longitud de la Isla del Puerto ubicada frente a la ciudad de Concepción del Uruguay. Para acceder al mismo se contempla un puente de 230 metros de longitud que partiendo del Balneario Municipal, cruce hasta la Isla y continúe en el nuevo camino. Contempla paradores, salones de convenciones. Proponen –desconociendo la hidrodinámica del río- la “fabricación” de playas en el lado en el cual el río no forma playas…

Ese refulado se realizaría, dicho sea de paso, en terrenos del Estatuto del Río Uruguay, aunque nadie ha solicitado permiso a la Comisión Administradora del Río Uruguay.

El Estudio de Impacto Ambiental estuvo a cargo de la misma empresa que realizó el proyecto que es también la constructora que lo llevaría a cabo.

La Evaluación del EIA realizada por el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia dió como resultado las Resoluciones 108 y 115 por las que plantea que aprueban el proyecto con las condiciones terminantes de que debía reformularse ya que no contemplaba el hecho de que la Isla es un Área Natural Protegida por la ley 9718 "Declárense Áreas Naturales Protegidas los Humedales e Islas de los Departamentos Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuí".

Exige un Inventario pues hay especies en peligro de extinción, un Plan de Manejo para la Isla que incluya guarda parques y la expropiación total, con la formación de una Comisión de Control.

Como se ve, la Evaluación del EIA invalida gran parte del proyecto original y con el paso del tiempo surgen cada vez más razones para no realizar la obra.

Que han hecho los habitantes

Todo esto fue conocido por la comunidad gracias al accionar de la sociedad civil. Solicitudes de informes, expediente en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la Embajada de la República Oriental del Uruguay, en la Cancillería (que lo remitió a la CARU), en Senadores y Diputados de la Nación, Presidencia de la República (que lo remitió a Ambiente de la Nación), Ambiente de la Nación, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, la Gobernación de la Provincia, Diputados y Senadores provinciales, Secretaría de Planeamiento, Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, la Comisión Administradora del Río Uruguay, el Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y la Secretaría de Salud y Ambiente local. Hasta ahora: silencio.

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Argentina, Entre Ríos, Federal: Dan clases en condiciones de extrema precariedad

EL DIARIO - INFOALTERNATIVA

La escuela Eva Perón tiene cursos de hasta 55 alumnos. A ella asisten 220 estudiantes todos al turno de la mañana. Denuncian hacinamiento. Hay dos cursos en un aula, divididos por un biombo y los alumnos se sientan de a tres.

El edificio no es propio, sino que originariamente perteneció a la Escuela Nº 63, de nivel primario, que funciona de tarde. Las aulas, claro, pronto resultaron escasas, y entonces docentes y directivos apelaron a cualquier recurso, hasta que la inventiva se acabó, y no hubo forma de ubicar el lógico crecimiento poblacional.

Este año, al inicio de clase, decidieron que los chicos de 1º año tendrían clases por turno: una semana unos, otra semana otros. El sistema ya derivó en que todos hayan perdido una semana de clases, así que desde ayer, la rectora, Alejandra Lanz, decidió que todos estuvieran en clase, aunque la medida resultó complicada de implementar.

Hubo que “armar” un aula en el pasillo de ingreso, dividir aulas con biombos, y superpoblar cursos, como un 2º año, que tiene 55 alumnos.

Todos juntos

La rectora dice que esta semana comenzaron a dar clase “hacinados”, porque si bien hay posibilidad de desdoblar cursos, no pueden llevar a la práctica esa medida por falta de espacio. “Hay un curso para desdoblar pero no tenemos aula. Tenemos un aula con 55 alumnos, y dos cursos en uno, divididos por un biombo. Hay chicos que están sentados de a tres”, asegura.

La docente no sabe cómo, pero este año la matrícula se incrementó de un modo inesperado. “Hay muchos chicos que se han sumado. Los papás los traen acá porque dicen que no consiguen bancos en otras escuelas. Muchos han repetido año. Pero nosotros estamos imposibilitados de darles bancos a todos, porque nos faltan aulas y mobiliario. En una silla, se sientan de a tres”, dice, con tono de alarma.

El tema, apunta, no es nuevo: durante 2009 fue planteado a las autoridades educativas, e incluso la comunidad educativa consiguió mantener una audiencia con el vicegobernador, José Lauritto, a quien le llevaron la inquietud.

“Nos dijeron que la construcción de dos aulas está presupuestado. Pero la cuestión es que nosotros necesitamos una solución urgente. Nosotros pedimos que al menos se alquilara algo -–aunque en Federal no hay muchos lugares para alquilar—o que se encuentre algo provisorio, como un container o una prefabricada, para que nos den una solución transitoria. Hasta ahora no hemos tendido respuesta”, sostuvo.

Aulas provisorias

Una alternativa que ayer empezó a manejar la directora de Educación de Federal, Nélida Ester Gatti, es construir aulas provisorias, de emergencia, estilo casas prefabricadas, a la espera de que se construyan las aulas “de verdad”.

“Nosotros sabemos que la directora departamental está haciendo gestiones, que viaja a Paraná, pero la realidad es ésta: las aulas no están, y nosotros tenemos que dar clase con los chicos hacinados. Esta es una escuela que tiene un solo preceptor, que tiene chicos que vienen de la Colonia, que recorren muchas distancias, y por todo eso es imposible funcionar a la tarde. De esa forma, chicos de primer grado tendrían que compartir baños con adolescentes de secundaria”, asegura.

De igual modo, la directora Departamental de Educación dijo que la solución “está al salir en breve”, y al respecto sostuvo que la construcción de las dos aulas está incluida en el presupuesto 2010. Aunque mientras eso no se dé, anunció que se dispondrá de una estructura provisoria, que permitirá dar solución a la falta de aulas.

–¿Una especie de casa prefabricada?

–Sí, algo así.

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Argentina: Memorial del pueblo: Nuevo recordatorio del "Villazo"

ACTA

La UOM Seccional Villa Constitución informó que el martes por la tarde se celebró el 36º aniversario del "Villazo" con un sencillo acto realizado en el salón de nuestros Sindicato histórico, sito en San Martín 1744. En su transcurso los secretarios General y Adjunto, Alberto Piccinini y Juan Actis, respectivamente se refirieron a la importancia de esta gesta y a su legado.

Compartieron el encuentro compañeros que también participaron de aquel hecho histórico enrolados en la Agrupación Ex Metalúrgicos Años ’70 Lista Marrón.

En su alocución Piccinini manifestó que el 16 de marzo de 1974 “es una fecha para nosotros muy importante porque fue cuando los trabajadores nos unimos. Nos unimos, y lo deben tener bien en cuenta algunos que no tienen la madurez necesaria. La unidad de los trabajadores es fundamental, no hay ninguna lucha que vaya adelante si no hay unidad de los trabajadores. Y esto es l que debemos tener en cuenta y no perderlo hasta el día que nos vayamos al otro mundo. La fuerza de los trabajadores está en la unidad y la organización”.

“En Villa han ocurrido cosas y algunos de nosotros tenemos la suerte de estar vivos todavía porque hay compañeros que ya no están. Por esos compañeros que dieron la vida peleando por un sindicato mejor, por una mejor obra social. Por esos compañeros no debemos olvidarnos que es lo que pasa en una sociedad como la que estamos viviendo, una sociedad capitalista, en donde muchos compañeros se quedan sin trabajo y pierden su oportunidad de vivir en un mundo normal”, señaló.

“Tenemos que tener en cuenta qué pasa en la sociedad, cómo se distribuyen los recursos y, además, que es lo que hace el enemigo. Porque el enemigo reprimió, persiguió, amenazó, mató… Otros tuvimos la suerte de estar vivos en la cárcel… Creo que es importante que nosotros valoremos la organización y que le digamos a la gente joven qué es lo que debemos hacer para cuidar lo que tenemos. Por eso le agradezco que estén acá, que se preocupen para decirle a la gente qué fue el 16 de marzo”, recalcó.

“Porque el 16 de marzo para algunos jóvenes no existe, no lo conocen, no saben. Nosotros tenemos que decirle que el 16 de marzo fue la unidad de los trabajadores. Fue la unidad por encima de todos los partidos políticos, peronistas, radicales, comunistas, socialistas, demócratas, todos, todos se unieron para pelear por los intereses de los compañeros”, expresó Piccinini entre otros conceptos.

Agradecimiento

"Por otra parte destacamos y agradecemos la presencia de trabajadores de prensa de diversos medios de comunicación de la ciudad.

Asimismo expresamos nuestro más hondo agradecimiento al periodista José Bocca por la entrega de un ejemplar del libro editado con motivo de los 150 años de Villa Constitución y en el que se incluye un texto de su autoría relacionado con el Villazo.

Finalmente comunicamos que el día 19, a las 8.30, se realizará un congreso de delegados en nuestro salón auditorio sito en Juan Manuel de Rosas 710. El motivo es recordar el infausto 20 de marzo de 1975 cuando el terrorismo de estado desató la más feroz represión sobre Villa Constitución. A su término, aproximadamente a las 10.30, nos dirigiremos al cementerio local para realizar el habitual homenaje a los compañeros caídos en aquel tiempo", indica un comunicado gremial.

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Argentina-México: Solidaridad de clase

Julia Campos (ACTA)

El 11 y 12 de marzo se realizó en México DF la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Más de 20 organizaciones sindicales de la energía de todo el mundo, entre las que se encontraba la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FETERA-CTA), se concentraron en un acto multitudinario en el que se expresó la indignación por el accionar del gobierno de Felipe Calderón frente al SME.

En la oportunidad también se expresó el apoyo incondicional a los compañeros que ya llevan más de 150 días de lucha y resistencia. Esta conferencia resolvió, como principal medida, realizar actos de repudio frente a las embajadas mexicanas de todos los países apoyando el plan de lucha que se realizó en México el día 16 de marzo.

El conflicto comenzó en octubre de 2009 cuando el presidente de México dictó un decreto por el cual liquidaba la empresa de Luz y Fuerza del Centro, una empresa estatal que imparte electricidad a la mitad del territorio del Estado de México, unas 24 millones de personas.

El decreto, que se llevó delante con el asalto militar y el desalojo forzoso de los trabajadores, tiene un doble objetivo, por un lado desarticular al SME, ya que la disolución de la empresa ha significado en la práctica el despido de los 44.000 trabajadores que desempeñaban tareas en la empresa, todos afiliados al SME.

Este sindicato, uno de los más antiguos de la historia mexicana, es uno de los sindicatos más democráticos y confrontativos que tiene el pueblo mexicano.

El SME tiene uno de los contratos colectivos más revolucionarios de Latinoamérica que contempla entre otras cosas instancias de cogestión en el manejo de la empresa en lo que refiere a productividad, incorporación tecnológica y finanzas.

Por otro lado, pero sobre lo anterior, Calderón busca sentar las bases para privatizar una de las empresas con mayor ganancia que tiene México.

La disolución del SME, es en este sentido, la condición de posibilidad de la privatización. Así se cierra el circulo, privatización y disolución de uno de los principales actores opositores del gobierno, el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Al día de hoy, la mayoría de los trabajadores no ha aceptado la indemnización propuesta por el gobierno y se mantienen en una lucha frontal que entre otros hitos contó con tres manifestaciones de más de 100.000 trabajadores en el Distrito Federal. Al mismo tiempo las instalaciones de la empresa se encuentras militarizadas con rompe huelgas realizando las tareas imprescindibles para que la electricidad se distribuya.

Este no es, sin embargo, el único conflicto que enfrentan los trabajadores mexicanos, la escalada represiva del gobierno de Calderón ha golpeado fuertemente a los docentes y a los mineros.

Es por esto, que el SME, junto a diferentes sindicatos y organizaciones sociales y campesinas convocó a una Huelga Política Nacional para el 16 de marzo.

Es por esto que desde la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas, todas las organizaciones presentes mantuvieron su compromiso de fortalecer el plan de lucha mexicano con manifestaciones frente a las embajadas de México en cada país.

Julia Campos es Socióloga, integrante del Observatorio del Derecho Social de la CTA.

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Brasil: Sube al 75% la evaluación positiva del gobierno de Lula

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La evaluación positiva del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva subió a 75 por ciento, según una encuesta del instituto Ibope realizada a pedido de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y divulgada hoy.

El número es el más alto de la serie histórica de la encuesta Ibope, resaltó la entidad empresarial.

En el sondeo anterior, divulgado en diciembre, 72 por ciento de los entrevistados consideraron que el desempeño del gobierno era "bueno u óptimo".

El porcentaje de personas que consideraban el trabajo del gobierno malo o pésimo, a su vez, era de 6 por ciento en diciembre y cayó a 5 por ciento.

La encuesta muestra que la aprobación de la actuación gubernamental aumentó en seis de nueve áreas analizadas, mientras que la desaprobación supera a la aprobación en los sectores de salud, seguridad pública e impuestos.

En tanto, la manera de gobernar del presidente Lula da Silva es aprobada por 83 por ciento de la población, porcentaje similar al de diciembre, mientras que 13 por ciento desaprueban la manera en que el presidente conduce al país.

El informe indicó que 77 por ciento de los brasileños confían en el mandatario, nivel similar al sondeo anterior.

Consideran, además, que el segundo mandato del ex sindicalista es mejor que el primero 49 por ciento de los entrevistados, frente a 46 por ciento en diciembre.

Ibope entrevistó a 2.002 personas del 6 al 10 de marzo en 140 municipios brasileños, y la encuesta tiene dos puntos porcentuales de tolerancia.

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Chile: Los comunistas en el parlamento están dispuestos a colaborar con el gobierno de Sebastián Piñera

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Los comunistas en el parlamento chileno se mostraron hoy dispuestos a colaborar con el gobierno de derecha encabezado por Sebastián Piñera ante los estragos causados por el mega terremoto 8,8 grados Richter que sacudió al país el 27 de febrero pasado.

Tras 37 años de ausencia del poder legislativo, tres diputados comunistas hicieron ayer miércoles sus primeras intervenciones en el Congreso chileno para aprobar la entrega por una única vez de un bono de unos 80 dólares a los cuatro millones de chilenos más pobres, en una de las primeras medidas del gobierno de Piñera.

"Quiero decir que vamos a votar favorablemente el bono, pero no porque seamos partidarios de éste, ya que nosotros pensamos que la reducción de la desigualdad no se da con un bono", dijo el legislador Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile.

El parlamentario agregó que le habría gustado que el bono para las familias más afectadas por el terremoto fuera superior al monto propuesto. "Por eso le pido al gobierno que no haga oídos sordos a la posibilidad de repetir este bono en las zonas afectadas si es que todavía no se ha avanzado en otras medidas paliativas", señaló.

Si bien pidió al Ejecutivo que muestre la "eficiencia" que se prometió durante la campaña, el diputado comunista sostuvo que "le quiero decir a los representantes del gobierno que nosotros no vamos a tener la actitud de negarle la sal y el agua al gobierno de Piñera como han dicho algunos. Estamos dispuestos a estudiar, a contribuir y a colaborar".

Sin embargo, Teillier dijo que "nosotros vamos a ser firmes en muchos aspectos, por ejemplo, nos opondríamos tenazmente a que se planteara que a causa del terremoto hay que privatizar (la minera de cobre estatal) Codelco".

El cataclismo y posterior tsunami que dejó medio millar de víctimas fatales y a unas 120 mil familias sin vivienda causó para el país pérdidas estimadas oficialmente en 30 mil millones de dólares.

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Uruguay: El presidente José Mujica descarta un "punto final" sobre crímenes de dictadura

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El presidente de Uruguay, José Mujica, aclaró ayer miércoles que su propuesta de "unidad nacional" no implica un "punto final" sobre los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985).

Al defender el planteo que realizó el martes ante las jerarquías de las fuerzas armadas, Mujica dijo esta mañana que "no puede haber punto final, esto es lo contrario a un punto final".

"Tenemos que convivir, no podemos todos pensar y sentir lo mismo, eso es imposible en la sociedad", sostuvo Mujica, un ex líder guerrillero que encabeza el segundo gobierno de izquierda del país.

"Lo que le quiero decir a mi sociedad es que la unidad hay que construirla hacia delante", señaló Mujica, quien durante el gobierno de facto sufrió la prisión en condiciones infrahumanas.

El mandatario indicó la víspera que los militares de hoy "no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo" y agregó que eso "hay que cultivarlo y hacerlo evidente a los ojos de la gente".

Durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) se fijaron excepciones a una ley de amnistía (caducidad) que habilitaron el envío a la cárcel de una docena de ex uniformados.

Mujica, que asumió el 1 de marzo, mantendrá el criterio de analizar caso a caso, si la Justicia pide autorización para actuar, tal como lo establece la norma.

Entre los militares procesados por la "desaparición forzada" de los opositores de izquierda se cuentan dos ex dictadores.

La ley de amnistía fue ratificada en dos plebiscitos (1989 y 2009).

Excavaciones en predios militares impulsadas por Vázquez determinaron, por primera vez, el hallazgo e identificación de dos cuerpos de opositores desaparecidos, en un total de 200.

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Colombia: El recuento de votos es aplazado y provoca una tormenta política

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Por fallas en los sistemas informáticos el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ordenó suspender los escrutinios oficiales de las elecciones para renovación total de congreso, celebrada el domingo.

El CNE intimó que las empresas encargadas del recuento brinden este jueves, como máximo a las 9 de la mañana, un sistema informático confiable para consolidar los resultados a nivel nacional.

En caso contrario, dio instrucción para que la Registraduría contrate otras empresas.

Tras unos 25 años de entrega a tiempo de los resultados de las elecciones, el preconteo manual que se hace los domingos al terminar los comicios no fue comunicado de manera eficiente a nivel nacional, aunque sí se pudieron hacer buena parte de los conteos en cada uno de los municipios.

Al ambiente enrarecido y de reclamos en distintos puntos del país se sumó este miércoles la del presidente Álvaro Uribe, quien sugirió que el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, encargado operativo de las elecciones, consumió alcohol en la tarde del domingo durante la etapa de preconteo.

Sánchez negó tal afirmación y fue respaldado por otros altos funcionarios públicos testigos de su proceder de esa noche.

Sánchez dice que el gobierno nacional le está "pasando la cuenta de cobro" por no haber expedido una certificación sobre los gastos de la campaña que buscaba un referendo para que Uribe se presentara como candidato por tercera vez.

El país mantiene una expectativa mayor sobre quien ganará la candidatura del partido conservador, que se votó también el domingo, y que definiría el mapa político nacional para las elecciones presidenciales de mayo próximo.

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El Salvador: Regulación de empresas de seguridad privada, a discrecionalidad de dueños

Beatriz Castillo (COLATINO)

Se ven en cualquier residencial, colonia, cualquier establecimiento comercial, en los camiones distribuidores de alimentos o en la calle. Portan armas largas y cortas, tienen bajo sus hombros la responsabilidad de la “seguridad privada” del país.

Ofrecen sus servicios “como una solución al problema de la seguridad” en el país.

¿Pero quién controla su accionar en las calles? ¿Qué hacen con las armas asignadas? ¿Quién supervisa el uso de estas armas? Hasta hoy es difícil esa regulación.

La Ley de Servicios Privados de Seguridad, faculta a la Policía Nacional Civil (PNC), para regular las empresas de seguridad, empresas de investigación privada, empresas de servicios propios de protección, con cuatro elementos o menos de cuatro; las asociaciones de vigilantes y los vigilantes independientes.

Pero esa regulación se basa más en lo administrativo. Es decir, que las empresas cumplan los requisitos para establecerse o para contratar al personal civil.

Esta división maneja el dato de que un promedio de más de 23 mil armas son manejadas por las 212 empresas de seguridad privada registradas; y 201 casas que se dedican a otras labores, siempre de la seguridad e investigación.

“Hay empresas que manejan 15 armas, pero hay empresas grandes que manejan mucho más”, explica Belky Fajardo, jefa interina de la Unidad de Servicios Privados de Seguridad de la PNC.

Aunque es el Ministerio de la Defensa Nacional el que regula los permisos y la adquisición de las armas de estas empresas, que florecen rápidamente.

Fajardo asegura que la responsabilidad de la división de la PNC es “controlar” más a aquellas que están debidamente registradas y que cumplan con los artículos 19 y 20 de la Ley.

El control se centra en la “inspección de las empresas” y la supervisión de los servicios.

La primera es una inspección física, de la documentación, verificar si la empresa paga el seguro social, seguro de vida y otras prestaciones de ley. La segunda es la supervisión de cómo ejercen los empleados la seguridad.

La primera inspección, la unidad la realiza una vez al año, y la segunda dos veces al año. Si se encuentra una falta se implementa una sanción de acuerdo a lo que establece la ley, que puede ser una multa económica o el cierre de la empresa; aunque hay empresas que al detectar faltas “tratan de corregir”.

La jefa interina está consciente de que la ley no determina un control para conocer qué pasa con cada una de las armas que se usan, o las actividades que realizan los agentes de la seguridad privada. Eso queda a la “discrecionalidad” de cada uno de los socios o dueños de las empresas privadas.

Es muy difícil controlar más de 400 empresas, con un amplió personal. “Se trata de hacer que las empresas trabajen de acuerdo a la ley” explica la jefa de la PNC.

Pero para el brasileño y experto en temas de prevención y seguridad, Antonio Rangel, es muy importante que el Estado tenga un control de estas empresas.

“Muchas veces son vigilantes… Pero también son bandidos. Vigilar no es muy difícil porque los dueños regularmente son generales, diputados, gobernadores…” explica.

“Recordemos que ellos manejan armas de fuego, y las armas de fuego matan y sirven para todo tipo de cosas como chantaje, secuestro y nadie los controla. Las leyes son muy bien implementadas porque los dueños son muy poderosos”, critica.

Rangel agrega que, en la mayoría de países de Latinoamérica, la seguridad privada se ha vuelto un “negocio muy bueno, y muy poderosos. Más cuando tenemos inseguridad”.

Según los datos de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, la pequeña y microempresa paga en concepto de seguridad privada casi 600 millones de dólares.

Entonces, Rangel considera que estas empresas “no pueden seguir haciendo lo que quieren y deben de estar bajo el control de la fuerza de seguridad pública. Eso desde el punto de vista democrático y para proteger a todos, no sólo a los ricos que son los que la compran. Porque los pobres no pueden costearse la seguridad privada”.

El experto brasileño le apuesta a un ajuste de la razón y las políticas de las empresa privadas, “para que se vuelva complementaria”.

Seguridad privada supera a la nacional

El Presidente de la República, Mauricio Funes, ha mostrado su disposición en que exista mayor regulación para las empresas de seguridad privada.

Según el reporte de la división de Servicios Privados de Seguridad de la Policía Nacional Civil, se tienen registradas 212 casas de seguridad hasta la fecha.

Además, la cifra de civiles realizando tareas de seguridad privada supera a la pública. Se cuenta con 18 mil agentes de la PNC y las casas de seguridad sobrepasan las 23 mil.

“Estamos hablando de un verdadero ejército, ni siquiera sumando los policías y los efectivos militares tenemos tal cantidad de personas armadas, sin ningún control…” agrega Funes.

Ante eso, el Presidente considera prudente un mayor control a estas empresas. El mandatario considera que en el pasado pudo existir “una deliberada” falta de control de la inseguridad del país, para darle vida a estas empresas que tienen mucho apogeo.

A favor de una regulación

El Ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, es de los que cree que se debe regular a estas empresas. “Hay una unidad en la Policía que se encarga del control y supervisión, pero yo creo que debemos de fortalecerlas”, explica.

Melgar agrega que, en los últimos años, se ha incrementado el número de empresas y de los mismos civiles que pasan a formar parte de este servicio. Por eso, en los planes operativos de la PNC, se tiene contemplado hacer modificaciones a la Ley que regula a estas empresas, ya que mueven gran cantidad de armas, vehículos, equipo de comunicaciones y dinero.

Nelson Flores, coordinador del programa de Seguridad Publica y Justicia Penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), coincide con el titular de seguridad.

“Creemos que estas empresas venden inseguridad porque, a través de esa inseguridad, es que ellos pueden tener ganancias… y si no hay un control efectivo de la policía, puede ser peligroso”, advierte Flores.

Además, reflexiona que al no tener control, nadie puede garantizar que estos grupos civiles, que están armados, prestando seguridad, puedan estar involucrados con el crimen organizado.

Mientras que para el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador (UES), José Humberto Morales, miembro de la Mesa por la Justicia Penal y Estado de Derecho, la debilidad radica también en la capacitación del personal.

Un policía se prepara mucho más tiempo para ejercer la labor de la seguridad pública, mientras que un agente es un curso muy corto.

“Creemos que es muy importante la profesionalidad del personal, y que la PNC cumpla con la regulación de la Ley” puntualiza.

Requisitos para agente de seguridad
* Referencias laborales
* Personales y la documentación necesaria
* Curso de la ANSP (que dura una semana)
* La licencia de portación de armas.
* El requisito académico parece ir bajando, cuando en un principio se estaba exigiendo un mínimo de noveno grado o bachillerato hoy se contrata gente que ha cursado hasta el sexto grado
* Solvencia de PNC y antecedentes penales

Requisitos para propietarios de empresas de seguridad
* Legalización y conformación de sociedad
* Registro de comercio
* Antecedentes de los socios o dueños
* Credenciales de los administradores y representantes
* Después de una análisis de menos de dos meses se otorga el permiso

Capacitación

La Academia Nacional Seguridad Publica (ANSP) imparte el curso que dura una semana, este se basa por un lado en estudio de derechos humanos y de normas del código penal, tales como las clases de faltas y delitos y su diferenciación entre faltas leves, graves, etc. Por otro lado, también se aprende a usar armas, a realizar detenciones o arrestos y se imparte un curso de salud mental.

Además, existen dos empresas que imparte un curso extra, estas son la “Wakenhut” y la del grupo “Golán”. Consiste en una semana de capacitación en técnicas de defensa, armas y arrestos.

Los salarios no varían mucho de los demás salarios. Van desde el mínimo hasta 401 dólares, pero en las principales empresas llegan a pagar más. En el caso de los vigilantes que son contratados por zonas residenciales, empresas privadas o gubernamentales, la empresa cobra una cantidad, pero, solamente un porcentaje les es remunerado por sus servicios.

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El Salvador: “Pacto fiscal debe obligar al sector poderoso a pagar impuestos”

Daniel Trujillo (COLATINO)

Lo que caracterizaría un buen pacto fiscal en el país es que obligue a los sectores poderosos del empresariado salvadoreño a pagar los impuestos que el Estado necesita para financiar sus políticas públicas.

El economista e investigador de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) Raúl Moreno, es enfático en decir que esto se logrará siempre y cuando el gobierno logre una correlación de fuerza igual al de la gran empresa.

“Esto se logra no con una solicitud o imposición de una medida, se logra con tener claridad en las relaciones de poder. Tener la capacidad de doblarle el brazo al sector empresarial”, aseguró el experto en la materia.

Luego agrega: “El pacto debe lograr que los grupos económicos de poder asuman la responsabilidad de pagar”.

El gobierno convocará a un pacto fiscal en los próximos meses con el propósito de que el Estado aumente su capacidad de recaudar impuestos.

Con la medida se estima que la carga tributaria del país llegue al 17%, un porcentaje aceptable para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En enero entró en vigencia el paquete de reformas fiscales que le darán al gobierno una entrada de $175 millones en este 2010, cantidad inferior a la estipulada en un principio que era de $250 millones.

El pacto trae consigo un debate con el empresariado sobre el tipo de país que necesita la sociedad salvadoreña en el largo plazo.

Para Moreno, en la mesa de debate debe estar el establecimiento y eliminación de impuestos. Uno que tiene que incorporarse es el del patrimonio que, sin duda, será de discusión intensa, ya que le dará progresividad al sistema tributario salvadoreño.

El economista aseguró que este tributo tocará las riquezas de un grupo reducido que no ha pagado en los últimos 20 años los impuestos como debería.

“Los ricos en este país deben pagar por el patrimonio, por las riquezas acumuladas. Eso dará progresividad y garantizará un flujo de ingresos públicos que hasta ahora no lo tiene el Estado”, puntualizó el investigador de FESPAD.

La idea del impuesto previal es aplicarlo a las personas o entidades propietarias de grandes extensiones de terreno, no exactamente a quien posea una manzana de terreno.

A juicio del economista, el país necesita de un “esfuerzo mayor por parte de las personas que tienen más ingresos y que acumulan un mayor nivel de riquezas”.

Es exactamente en ese punto donde existirá un dique, una barrera, para implementar un pacto fiscal que le permita al Estado aumentar sus ingresos y mejorar sus programas sociales.

“¿Qué pasaría en este país si se grava con una tasa un impuesto ad valorem del 60% ó 70% el valor de las riquezas que asciendan los diez millones de dólares? Vamos a ver las reacciones que vienen y ver si eso es posible”, desafió Moreno.

El economista añadió otro elemento: “A ver qué pasa también si se gravan las ganancias de las empresas financieras que excedan sus utilidades en una cantidad determinada de millones de dólares”.

Se prevé que el pacto se discuta en el seno del Consejo Económico y Social (CES), organismo donde están presentes representantes de las organizaciones sociales, el empresariado y el gobierno.

Redistribución y focalización

De nada servirá si el pacto logra aumentar los ingresos del Estado, si no mejora su eficiencia en los servicios públicos.

Moreno plantea una política redistributiva de los impuestos. Para ello, el Gobierno tiene que devolverle a los sectores más empobrecidos servicios de calidad en las ramas de salud y educación.

También implementar una transferencia de subsidios a las familias de escasos recursos para que puedan paliar su situación.

Si los ingresos se incrementan tiene que acompañarse de una focalización de los presupuestos de las diferentes carteras de Estado, para otorgar más dinero a entidades que velan por el cumplimiento de los derechos humanos.

Es necesario, para Moreno, que el presupuesto del Ministerio de la Defensa y del Órgano Judicial se revisen y una parte pase a entidades como el ISNA o el ISDEMU.

A estas instituciones se deben reforzarle sus gastos anuales para mejorar sus servicios a la ciudadanía.

Sin embargo, para Moreno, esto pasa también por una reforma interna del sistema organizativo de las referidas instituciones.

Lo anterior se logrará si el Ejecutivo acopla su poder con el de la gran empresa, no obstante, Moreno duda que esto suceda porque el gobierno ya cedió una vez a la presión empresarial: creyó conveniente reducir la cuota básica en la telefonía fija y no eliminarla, como lo aprobó en su momento la Asamblea Legislativa a inicios de este año.

En este punto el economista llama al movimiento social para hacer sentir su “poder popular” y haga posible la construcción de un “El Salvador diferente”.

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Estados Unidos: Según Gallup el presidente Obama recibe más evaluaciones negativas que positivas


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Por primera vez desde que el presidente estadounidense Barack Obama asumió el cargo hace más de un año, más estadounidenses desaprueban su desempeño en lugar de aprobarlo, según la encuesta más reciente de Gallup publicada hoy.

La encuesta muestra que el 47 por ciento de los estadounidenses desaprueban su desempeño, un punto porcentual más en comparación a aquellos que lo aprueban.

La tasa de aprobación de Obama ha experimentado una pronunciada caída desde que asumió el cargo el 21 de enero de 2009, cuando el 68 por ciento de los estadounidenses aprobaban su desempeño.

En meses recientes, la tasa de aprobación de Obama ha sido de alrededor del 50 por ciento. La tasa de aprobación para la semana del 8 al 14 de marzo obtuvo el mismo promedio semanal más bajo que ha tenido su administración hasta ahora, un 48 por ciento.

Otra encuesta de Gallup encontró que Obama no ha cubierto las expectativas del público en relación a su política ambiental y energética, así como respecto a conseguir que los estadounidenses sean prósperos.

De estos tres temas, la clasificación de los estadounidenses para su política energética experimentó el descenso más pronunciado, del 72 por ciento de hace un año al actual 43 por ciento.

Los descensos son comprensibles dadas las altas expectativas respecto a Obama cuando asumió el cargo y debido a la erosión de su tasa de aprobación general a lo largo el año pasado, dijo Gallup.

Foto: Estados Unidos - Barack Obama. / Autor: Pete Souza - White House

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Alemania: Defiende Angela Merkel el manejo de la economía y sugiere reglas de expulsión de la eurozona

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La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, defendió su plan de elevado déficit presupuestario y su estrategia de exportación en medio de las críticas en el país y en el extranjero, y sugirió que la eurozona emprenda procedimientos de expulsión si algunos países siguen violando las reglas declaradas. La nueva deuda récord de Alemania era necesaria para enfrentar la severa crisis económica, dijo Merkel, quien afirmó que el país se apegará a su estrategia de exportación para acelerar la recuperación.

En un debate parlamentario sobre el presupuesto alemán 2010, Merkel dijo que es necesario mantener un alto nivel de deuda nueva en el plan de presupuesto para combatir la crisis financiera histórica.

"Es natural que a la gente le preocupe la deuda", dijo. "(Pero) ninguno de nosotros tenía alguna experiencia sobre una crisis económica tan dramática".

El proyecto de presupuesto 2010 propuesto a la Bundestag o cámara baja del parlamento alemán, incluye 80.200 millones de euros (110.000 millones de dólares), equivalentes a 25 por ciento del presupuesto. Se espera que el déficit presupuestario de Alemania llegue a 5,2 por ciento del PIB (producto interno bruto), superando el límite de 3 por ciento establecido por la Unión Monetaria Europea para los países del euro.

La Bundestag va a votar el viernes sobre el presupuesto federal de 2010.

El déficit presupuestario 2009 del país fue de 3,3 por ciento del PIB, violando las reglas de la eurozona por primera vez desde 2005, porque los gobiernos ofrecieron enormes paquetes de estímulo para impulsar la recuperación. En 2008, Alemania registró un presupuesto bien equilibrado.

La Comisión Europea advirtió que Alemania y otras cuatro naciones europeas, tales como Francia y España, deben estar conscientes de sus crecientes deudas y tratar de disminuir la proporción de deuda.

En su discurso, la canciller federal también insistió en que el gobierno no cambiará su política orientada a la exportación a pesar de que otros países no están a favor de ella.

Pedir a Alemania que renuncie a su ventaja en exportaciones "sería una respuesta europea errónea para garantizar la competitividad de nuestro continente", dijo Merkel.

Durante el debate, el Partido Socialdemócrata, el mayor partido de oposición, emprendió una ofensiva contra el gobierno de coalición de centro-derecha de Merkel, y dijo que Alemania "no había estado tan mal gobernada durante décadas" y que "está perdiendo terreno día a día".

Al hablar sobre la crisis fiscal en Grecia, Merkel declaró: "Un acto rápido de solidaridad no es la respuesta correcta", y cualquier solución a la crisis de endeudamiento debe estar basada en una visión de largo plazo y atacar "las raíces" de los problemas.

"No necesitamos una solución que ayude en el corto plazo pero que debilite el euro en el largo plazo", afirmó. "La situación griega no fue causada por especuladores, (y) ellos sólo la agravaron".

"El euro está enfrentando el desafío más fuerte de su historia", agregó. La crisis actual fue "resultado de muchos años de romper las reglas".

La canciller federal sugirió que "en el futuro, necesitamos un punto en el tratado (de la UE) que vuelva posible, como un último recurso, excluir a un país de la eurozona si las condiciones no se cumplen de nuevo en el largo plazo".

Los medios de comunicación habían especulado previamente si Grecia, que actualmente tiene enormes déficits presupuestarios de hasta 12,7 por ciento del producto interno bruto, sería expulsada del club del euro por su grave violación al límite de 3 por ciento de la eurozona.

Sin embargo, muchos líderes de países de la UE, incluida Merkel, rechazaron la especulación más tarde.

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Rumania afirma que su decisión sobre DAM fue libre

RIA NOVOSTI

La decisión de Rumania de alojar en su territorio elementos de la defensa antimisiles (DAM) de Estados Unidos fue una decisión libre y autónoma, afirmó hoy el ministro de Exteriores rumano, Teodor Baconschi.

"Rumania decidió permitir el emplazamiento de elementos de DAM en su territorio como un país soberano y miembro de la OTAN. Estamos convencidos de que este proyecto contribuirá a proporcionar una mayor seguridad al país y demostrar que somos un socio fiable", declaró Baconschi en rueda de prensa conjunta con su homólogo azerbaiyano, Elmar Mamediarov.

El jefe de la diplomacia rumana aseguró que nadie obligó a Rumania a tomar esta decisión.

Según Baconschi, DAM es un sistema de defensa nuevo y moderno que no apunta contra ningún país.

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Ucrania: Víctor Yanukóvich destituye al comandante de la Armada del país

RIA NOVOSTI

El presidente de Ucrania, Víctor Yanukóvich, destituyó al comandante de la Fuerza Naval del país, el almirante Igor Teniukh, según la página web del mandatario ucraniano.

Fuentes de la Armada ucraniana dijeron a RIA Novosti que el vicealmirante Víctor Maksimov fue elegido como el sustituto de Teniuh y su nombramiento será anunciado por Yanukóvich hoy, durante una visita a la ciudad de Sebastopol, en el mar Negro.

Teniukh, quién encabezó la Armada ucraniana en 2006, fue uno de los ideólogos de una campaña en contra de la permanencia de la Flota rusa en la base de Sebastopol, alquilada por Moscú a Kiev según tratados bilaterales.

En agosto de 2008, Teniukh ordenó a buques ucranianos impedir la entrada en Sebastopol a los navíos rusos que participaron una operación militar contra Georgia después de que el ejército georgiano invadiera Osetia del Sur.

En la Flota rusa del Mar Negro expresaron la confianza de que el nuevo comandante de la Armada de Ucrania logrará normalizar las relaciones entre los marinos rusos y ucranianos deterioradas durante el mandato del almirante Teniukh.

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