martes, 23 de marzo de 2010

Los piratas somalíes, otro lucrativo negocio del lumpencapitalismo

Adán Salgado Andrade (especial para ARGENPRESS.info)

La piratería no siempre fue vista como algo ilegal, condenable, deleznable. Baste recordar que durante el reinado de la reina Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, los piratas eran vitales para la corona inglesa, la que permitía que hurtaran los galeones de los codiciosos españoles (éstos ya apoderados por el latrocinio y el robo de los pueblos mesoamericanos) que acarreaban oro y plata principalmente, a cambio de que una parte del botín fuera directamente a las arcas reales.

Alrededor de una tercera parte de lo robado (que finalmente, eran ladrones ingleses robando a ladrones españoles) era para el tesoro de Isabel I, que de ese modo contaba con dinero para financiar parte de los gastos que su gobierno debía de hacer cotidianamente. Se estima que entre un quinto y un cuarto de los ingresos reales provenían de esa tolerada práctica. Así, los privateers, como se les llamaba elegantemente a los piratas ingleses, eran considerados no como ladrones, sino incluso como empresarios que invertían en embarcaciones, tripulación, viandas y cuanto fuera necesario para llevar a cabo su “noble” labor de asaltar a los desarmados galeones mercantes españoles y que el botín les permitiera, además de dar la obligada parte a su reina, tener una muy jugosa ganancia que los convirtiera en hombres ricos y contar con la simpatía de la corona. Personajes como Francis Drake, John Hawkins, Thomas Cavendish, Walter Raleigh (de quien se dice que incluso era amante de Isabel), entre muchos otros, fueron tan importantes por sus monetarias contribuciones al reinado de Isabel, que ésta incluso nombró a varios de ellos como caballeros del trono, luego de lo cual era necesario referirse a ellos como sir. Y los robos de estos piratas a los mercantes españoles fueron tan frecuentes, que merecieron una protesta de parte de Felipe de España, quien pasó de ser un gran amigo de Isabel, a su más acérrimo enemigo. Como Isabel no hiciera caso de las protestas del rey español, quien le pidió que metiera en cintura a sus piratas, éste le declaró la guerra y envió a su famosa Armada Invencible, que no resultó serlo, a que combatiera a los ingleses y a que invadiera la gran Bretaña, pero también en esa famosa batalla, demostraron los piratas ingleses cuán necesarios eran para su corona, pues merced a sus tácticas militares y navales, en pocos días infligieron una severa y rotunda derrota a los españoles, luego de la cual no le quedó de otra a Felipe que firmar un armisticio y… seguir soportando que sus mercantes fueran asaltados en alta mar…

Claro que ahora, en pleno siglo 21, el capitalismo salvaje ha tratado de condenar actividades que en el pasado justamente contribuyeron a su consolidación como sistema económico. Por lo mismo, actualmente la piratería, en todas sus modalidades, desde la copia ilegal de obras intelectuales, hasta, sí, los modernos piratas, es considerada una actividad non grata, opuesta al buen desempeño de los “negocios lícitos”.

Esos modernos piratas a los que me referiré no son otros que las bandas armadas de somalíes, quienes desde hace ya algunos años han convertido su actividad no sólo en un muy lucrativo negocio, sino en una profesión que a muchos de los participantes les ha permitido transitar de una condición de sobrevivencia a una de bienestar, gracias a la cual, pueden también acceder al impuesto sistema de vida occidental, prevaleciente en todo el mundo, como veremos.

Pero importa antes dar algunas referencias históricas de Somalia, pauperizado país africano, cuyo legado colonial aún ahora lo mantiene en marginación extrema, ocupando el lugar 224 en el mundo, es decir, entre los más pobres. Su muy deprimida economía cursa con una frágil estructura de gobierno que frecuentemente tiende a la inestabilidad política. Alguna vez colonia inglesa e italiana, Somalia en 1960, luego de su independencia, logró unificarse y desde entonces trató de funcionar como nación “independiente”, pero varios factores en su contra nunca han garantizado que eso sea del todo posible. De acuerdo con The World Fact Book (una página informativa nada menos que de la CIA), el ingreso per capita (índice económico cuestionable) es de 600 dólares anuales, o sea, menos de dos dólares diarios, y la mayor parte de las actividades se centran en una muy raquítica agricultura, alrededor del 65%. La poca “industria” que existe, si así se le pudiera llamar, no llega al 10% de la actividad económica y se avoca a algunas actividades agroindustriales, tales como la producción de azúcar, producción de textiles y telecomunicaciones (éstas desempeñadas por compañías extranjeras, principalmente árabes). Y aproximadamente un 25%, el resto de la actividad económica, se centra en los servicios: hoteles, restaurantes, negocios, tiendas… pero en general, el nivel de vida poblacional, como mencioné antes, es bajísimo. La mayoría, un 71%, se dedica a actividades agrícolas de pastoreo o de siembra de las pocas tierras arables con que cuenta el país, cuya geografía es principalmente desértica. Sólo el 1.64% del territorio somalí se considera arable, lo que da una idea de que hasta en eso, en la producción de los alimentos que requiere su población, ese país es deficitario. La otra actividad muy socorrida hasta hace algunos años, era la pesquera, pero de acuerdo con las justificaciones que los propios piratas somalíes dan en su página de Facebook (¡sí, hasta su página de esa muy popular red social tienen!), el hecho de que por años sus costas han sido contaminadas con desperdicios de todo tipo tirados allí por los miles de barcos mercantes que cruzan por sus aguas año con año, ocasionó que los peces se fueran acabando y que hasta eso, ser pescadores, no fuera ya posible.

Así que los más, digamos, industriosos, percibieron que convertirse en “modernos piratas” era incluso natural, dada la ventaja marítima que Somalia tiene, como también veremos.

Ubicada en la parte oriental de África, sus costas limitan con el golfo de Aden y con el océano índico, formando el llamado “cuerno de África”. Esto significa que se encuentra justo a la salida del mar Rojo, que es por donde deben de circular los barcos que se dirigen desde el mar Mediterráneo hacia el océano índico o también desde el océano atlántico y viceversa. Y eso significa casi todo el comercio que provenga de Europa o Norteamérica hacia, por ejemplo, la India, China, Japón, Tailandia, Indonesia, Australia…

Así que el paso desde el mar Mediterráneo, como señalé, pasando por el canal de Suez, y enseguida por el estrecho golfo de Aden (el cual en su parte más angosta tendrá unos 20 kilómetros de anchura, pero en las partes más extensas no rebasa los 250 kilómetros), que pasa justamente frente a la costa norte de Somalia, realmente convierten a esa parte marítima en excelente territorio para las actividades delictivas de los avezados piratas somalíes.

Pero un análisis minucioso de esa actividad, requiere que se tenga en cuenta que, tal como hacían los piratas ingleses en el pasado, se trata de un negocio perfectamente establecido, en el que incluso “hombres de negocios”, tanto somalíes como, increíble, de otras nacionalidades (se sospecha que también lumpencapitalistas ingleses le entren al lucrativo negocio), invierten capital que, esperan, rinda muy buenos dividendos. Es decir, no se trata de una simple actividad de sobrevivencia para los que a eso se dedican, sino, como dije antes, es ya un estilo de vida que permite acceder al bienestar occidental, a esa materialidad que el capitalismo salvaje insiste en que todo mundo debe de poseer para ser alguien en la vida y para que se le considere un hombre de éxito (a fin de cuentas, todos los grupos delictivos, se dediquen a la actividad ilícita que sea, aspiran a enriquecerse y, de esa manera, tener acceso a los lujos y buena vida que dicta el sistema).

Y en efecto, si en un principio los primeros piratas somalíes fueron campesinos que, obligados por su miserable existencia, cambiaron por armas sus redes para robar de vez en cuando a alguna embarcación, pronto, al irse organizando más su actividad con los años, se dieron cuenta de que era más lucrativo que robar, el secuestro de tales embarcaciones y la exigencia de un rescate. Un moderno pirata somalí puede ganarse hasta 10,000 dólares en un solo secuestro, que son casi 17 veces más de los 600 dólares que, como dije, es el promedio ganado por año por el somalí común, así que resultará, para empezar, un excelente incentivo para dedicarse a la piratería. Además, no es una actividad tan riesgosa si se compara a que en la capital somalí, Mogadishu, frecuentemente hay insurrecciones y enfrentamientos armados, pues los llamados señores de la guerra comparten, con el frágil gobierno, el mando de ese país y de repente tienen riñas entre ellos por controles territoriales.

Pero por otro lado, esos piratas dependen de estructuras ascendentes de mando que buscan que el negocio, no sólo se mantenga, sino que “crezca”, así que de cada rescate toman una parte, con lo que viven, mucho mejor que el somalí promedio, y el resto lo invierten en armas, en embarcaciones y, si va bien el negocio, contratan a más hombres. Un pirata que aceptó ser entrevistado, reveló que se necesitan alrededor de 30,000 dólares para sostener un equipo de once hombres armados, pero que se requieren realizar tres o cuatro misiones con tal de que una sola resulte afortunada. Y también cuenta que no secuestran cualquier barco, sino que previamente realizan una investigación, como el cargamento que lleva, el dueño, el lugar de donde salió, y sólo así pueden evaluar qué tan importante sería para los responsables la recuperación de su embarcación. Y hay toda una organización detrás de ellos, comenzando por los consejos de ancianos (siendo pueblos de raíces tribales, aún es muy fuerte el respeto por esas tradiciones de mando. Los ancianos de las tribus juegan el papel de negociadores de los rehenes y mantienen contacto con el mundo exterior), los que reciben el 10% de las recompensas que obtengan. Otro grupo vital es el de los inversionistas, hombres de negocios “respetables” quienes aportan el dinero inicial para las operaciones o el que se requiera (que incluso no sólo son somalíes, sino que pueden estar extranjeros entre sus filas. Una buena parte pertenecen al grupo islamista Al Shabaab). Ellos obtienen el 50% de los rescates, lo que cubre su inversión y les da una ganancia. El 30 % restante se reparte entre los negociadores, que son los hombres encargados de las negociaciones y los acuerdos sobre los rescates (generalmente se trata de profesores de inglés, quienes son los que dominan ese idioma, en el que generalmente se llevan a cabo las negociaciones), los piratas propiamente dichos, formados por el comandante, la tripulación del barco nodriza (que es aquél en donde van las lanchas rápidas que emplean los piratas para los asaltos, en donde guardan sus arsenales, sus provisiones y los rescates), el escuadrón de seguridad (formado por 28 hombres que protegen en tierra al comandante, además de que llevan provisiones y apoyan a los secuestradores) y el escuadrón de ataque, que son los hombres que persiguen a los barcos que secuestrarán, abordarán y mantendrán a sus tripulaciones como rehenes, hasta que sean pagados los rescates. De acuerdo con los testimonios de los capitanes de los barcos secuestrados, como el del tanque carguero Stolt Valor, el capitán Prabhat Goyal, que llevaba un muy importante cargamento de ácido fosfórico desde Carolina del Norte, EU, hasta Mumbai, y que fue secuestrado en septiembre del 2008, narró que cuando avistaron a lo lejos a los piratas, los intentos que trataron de hacer para alejarse, fueron inútiles, pues en poco tiempo les dieron alcance, los abordaron y amenazándolos con armas de alto poder, como rifles AK-47, lanza-granadas (estas armas en el mercado negro son relativamente baratas, pues cada una cuesta en promedio 150 dólares), la tripulación del mercante no osó oponer resistencia alguna, prefiriendo que las negociaciones comenzaran de inmediato y en los mejores términos posibles. Y es que los mercantes no están armados, generalmente, y no cuentan con muchas “armas” a su disposición, pero las pocas de que disponen no matan: manguera de agua de alta presión, que puede noquear a los secuestradores, emisor sónico de alta frecuencia, que provoca pérdida de la audición, bengalas, que pueden provocar incendios y tarimas de madera, que pudieran golpear a los secuestradores cuando escalan los lados del buque.

Como dije, los piratas actúan no sólo como crimen organizado, sino como verdaderos hombres de negocios, cuyo capital, proporcionado por ávidos inversionistas, finalmente busca seguir el ciclo de cualquier inversión, que es obtener una buena ganancia al final de cada secuestro… operación financiera, pues.

Pero a pesar de los secuestros, miles de cargueros, más de 22000 en el 2008, siguen cruzando por el canal de Suez, dado que es mucho más barato hacerlo por allí, pues de otra manera, el costo de rodear África se incrementa en millones de dólares por cada viaje, además de arriesgarse por el peligroso cabo de Buena Esperanza, cuyas traicioneras aguas, combinadas con las frecuentes tormentas que lo azotan, incrementan los peligros de accidentes graves. Tan estratégico sigue siendo el paso por Suez, que alrededor de 7.5% del comercio marítimo circula por allí, es decir, 710 millones de toneladas de carga. Además, 4 millones de barriles de petróleo por día pasan por allí, lo que nos da idea también de su importancia en cuanto al comercio de energéticos. Y el número de kilómetros ahorrados en cada viaje por embarcación al pasar por allí es de más de 16,000, así que el riesgo de ser secuestrado por piratas… pues merece correrse. Pero al revisar el porcentaje de embarcaciones secuestradas, es verdaderamente muy bajo, apenas un 0.5%, alrededor de 110 navíos, y de esos, 0.2%, 44, son atacados exitosamente, y 0.3%, 66, los piratas no logran secuestrarlos, sobre todo porque las embarcaciones de organizaciones internacionales encargadas de la vigilancia del lugar (son doce los países participantes, más fuerzas de la OTAN), logran evitar dichos secuestros, principalmente enviando helicópteros armados cuando los capitanes logran informar de los intentos de secuestro con suficiente tiempo (los más avezados, por ejemplo, podrían realizar maniobras que pudieran crear una turbulencia que lograra volcar las lanchas de los secuestradores), que incluso llevan a la captura de los piratas. Recientemente, por ejemplo, una fragata francesa de vigilancia logró atrapar a 36 piratas en un solo día, la mayor redada lograda desde que se iniciaron las labores de vigilancia en diciembre del 2008.

Y para secuestrar un barco, el mismo pirata al que me refiero arriba, dijo al entrevistador que los criterios es que evitan hacerlo cuando las tripulaciones son africanas o indias, en cuyo caso las sueltan de inmediato, pero si son marineros occidentales, tales como estadounidenses o franceses, entonces es cuando se anotan un punto a su favor. Sin embargo, las posibilidades de éxito para llegar a un golpe de ese tipo dependen, dice, de que haya lanchas de apoyo, de vigilancia, radios de comunicación… pero además siempre los piratas están dispuestos a morir, cosa que las tripulaciones de los barcos secuestrados no lo están, así que prefieren ésas que se inicien de inmediato las negociaciones. De todos modos, ya están entrenadas para que en caso de secuestro, no opongan la más mínima resistencia. Por otro lado, los cargamentos son mucho más valiosos e importantes que la cantidad pagada, así que también ello influye para que los rescates sean pagados.

Para pedir un rescate, los piratas toman como base pasadas recompensas, y hacen una petición inicial de 10 veces lo pagado antes. Por estos días, casi siempre la cantidad acordada es de alrededor de dos y medio millones de dólares. Pero como todo depende de las negociaciones, la rapidez con que sean hechas y que se cumpla a tiempo con la entrega, a veces los piratas se conforman con dinero rápido. En ocasiones, un millón de dólares bastará para arreglar todo. Entre los rescates más altos están los siguientes: el barco Le Ponant, por el que se pidieron 3 millones de dólares (mdd), pero se pagaron 2.2; el barco Bunga Melati 5, por el que se pidieron 5.5 mdd, pero que se pagaron sólo 2 mdd; el Stolt Valor, por el que se pidieron 6 mdd, pero que se pagaron sólo 1.1 mdd; el Sirius Star, por el que se pidieron 25 mdd, pero que sólo se pagaron 3 mdd; por último, el MV Faina, por el que se pidieron 35 mdd, pero que sólo se pagaron 3.2 mdd. Así que, como puede verse, se ha llegado a arreglos, digamos que mucho más bajos que lo originalmente demandado.

Y a pesar de tantos secuestros que ha habido, todo ha funcionado tan bien, que se han evitado muertes innecesarias. Entre agosto del 2008 y agosto del 2009, sólo hubo 18 tripulantes muertos (14 de los cuales están declarados como desaparecidos, en tanto que uno murió de un ataque cardiaco), 6 piratas y otros cuatro que murieron accidentalmente, al voltearse la lancha en la que viajaban.

Pero como dije, no sólo ganan en esto los piratas, sino que se han concatenado varios otros sectores, los que igualmente exigirán su tajada del negocio. Quienes hacen las negociaciones son muy importantes para que sean rápidas y generalmente se trata de compañías de seguridad llamadas contratistas o intermediarios, que son los que establecen los contactos iniciales, llevan a cabo las negociaciones, además del estira y afloja del precio del rescate. Frecuentemente son ex militares que ven una “mina de oro” en tales operaciones (y que, muy sospechosamente, muchos de ellos llevan, al parecer, buenas relaciones con los piratas). Pues bien, su “ayuda” puede costar otro tanto de lo pagado como rescate. Tan sólo la pura entrega del dinero solicitado suele ascender a un millón de dólares y los guardias armados, los planeadores de la seguridad, las demoras, las cuotas legales y otros gastos son extra. Así que si un secuestro es exitoso, pues ello implicará que más bandas de piratas serán organizadas para compartir el negocio… y eso significará que las compañías intermediarias tendrán a su vez más tratos que resolver y… pues también les irá de maravilla, porque entre más secuestros haya, irónicamente, más negocios harán (eso es como las empresas que se dedican a hacer artilugios para evitar ataques terroristas, y que sólo puede medirse su efectividad si logran prevenir o minimizar los daños tras un ataque terrorista. Ver mi artículo en Internet “La amenaza terrorista, el nuevo gran negocio para la industria del miedo).

Y por supuesto que quienes también se benefician de los ataques de los piratas son las compañías aseguradoras, las que, dado que cada secuestro que se paga les cuesta en promedio alrededor de tres millones de dólares, se han visto “obligadas” a incrementar muchísimo los precios de sus pólizas de seguros (¡sí, seguro debe de causarles “mucha pena” cobrar más por sus seguros!). Así, en abril del 2008, tiempo en que comenzaron a contratarse más frecuentemente esos seguros por las compañías navieras, una póliza contra secuestro costaba unos 4000 dólares. Ahora cuesta 30000 dólares asegurar un barco por cada viaje que haga. Pero como ya señalé arriba, es un evento muy raro un secuestro exitoso, así que las compañías aseguradoras deben de estar haciendo también un gran negocio, so pretexto de los secuestros piratas (recientemente, en diciembre del 2009, unos piratas recibieron 4 mdd por soltar un mercante chino, así que pues tienen un buen pretexto las aseguradoras para seguir incrementando el costo de las pólizas). Más frecuente ha sido que las propias tripulaciones prefieren hundir el barco en el que viajan, pues el dinero cobrado por la póliza es mucho mejor que lo que cobrarán varios meses por transportar carga… ¡vaya ironía!, ¿no creen?

Así pues, analizados todos los “inconvenientes” y los convenientes que la actuación de los piratas ocasiona, parece que es una lucrativa actividad, no sólo para ellos, sino para todos los implicados, como vimos, así que es de esperarse que ese “terrible azote” perdure por muchos años más, pues al final es parte de los buenos negocios que el capitalismo salvaje se permite también hacer.

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La sombra de la DynCorp vuela sobre Managua II - La DynCorp, una vieja conocida de Nicaragua

Jorge Capelán (TORTILLA CON SAL)

En el artículo anterior informábamos que la estrategia de desestabilización del actual gobierno sandinista por medio del financiamiento de ONGs locales opositoras se lleva adelante a través del programa CamTransparencia de la USAID que es gestionado por Casals & Associates, filial de la transnacional paramilitar DynCorp. En realidad, tanto la DynCorp como Casalsy Associates tienen una larga historia en Nicaragua.

El 25 de enero de este año, la web de Casals & Associates(1) informaba que DynCorp había comprado el 100 % de las acciones de la empresa por un monto no publicitado.

La adquisición viene a juntar las habilidades, experiencias y capacidades complementarias de Casals y DynCorp International para fortalecer la expansión estratégica de DynCorp International en el campo de la ayuda internacional al desarrollo. Juntas, ofrecen una combinación de capacidades de primera clase para proveer servicios para apoyar las iniciativas y objetivos de los EEUU en la defensa, la diplomacia y el desarrollo internacional, dice la nota.

Casals & Associates tinen una larga experiencia en el "apoyo a la transición democrática" [SIC!] en Nicaragua.

Según su propia web,(2) la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EEUU (USAID) otorgó uno de sus primeros contratos bilaterales anticorrupción a Casals & Associates en 1995 para asesorar al gobierno de Nicaragua que enfrentaba una economía en ruinas luego de años de guerra. El objetivo del proyecto era el de mejorar la capacidad de los gobernantes para reducir el potencial de desperdicio, fraude y abuso de los recursos a través del establecimiento de un sistema de auditoría integral y un sistema de administración financiera integrado.

Lo que sucedió luego es ampliamente conocido en Managua. Un cruento fraude electoral contra el Frente Sandinista en las elecciones del año siguiente y dos gobiernos neoliberales cuyos personeros robaron la friolera de 18.000 millones de córdobas (unos 900 millones de dólares) del erario público.

Pero el "casamiento" entre Casals & Associates y DynCorp es aún más significativo, tomando en cuenta la historia del país.

En febrero de 2007, el Capítulo Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos presentó su acusación contra la transnacional DynCorp por su participación directa en las violaciones contra los derechos humanos en ese país. El informe,(3) elaborado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, cita abundante información sobre las actividades de DynCorp en la guerra sucia de los EEUU contra Nicaragua en la década de los 80s. Veamos:
Una subcontratista de DynCorp se involucró en el conflicto interno nicaragüense. "La empresa Eagle Aviation Services and Technology, Inc. –EAST-, subcontratada por la DynCorp, ayudo al teniente coronel Oliver North, durante el escándalo Irán – Contras de los años ochenta, a transportar armas y municiones para los insurgentes nicaragüenses en su lucha contra el gobierno sandinista [i]".

Según información más detallada [ii], "en la 'poca de los 80's, EAST y su fundador Richard Gadd, ayudaron a North, entonces oficial del Consejo de Seguridad Nacional, a suministrar armas y municiones clandestinamente a la Contra nicaragüense al mismo tiempo que el Congreso había prohibido al Gobierno el suministro de armas letales.

North también preparó todo para que otras compañías de Gadd consiguieran la adjudicación de contratos del Departamento de Estado para el envío de ayuda humanitaria lícita. Eso dio lugar a lo que el asesor independiente sobre el Irán-Contra, Lawrence Walsh, etiquetara de ‘una rara ocasión en la que un programa del Gobierno estadounidense involuntariamente proporciona cobertura a una operación privada encubierta’.

La revelación de la operación de armas para la Contra, que había sido parcialmente financiada con la venta de armas a Irán, llevó a la convicción de que estaban involucrados altos funcionarios de la administración Reagan. Gadd testificó en el caso Ir n-Contra acogiéndose a la cláusula de inmunidad frente a cualquier tipo de enjuiciamiento y ni él ni EAST fueron acusados de ilegalidades.

[…] En su testimonio sobre el escándalo Irán-Contra, Gadd dijo que EAST fue una de las muchas compañías que él formó después de que se retirara en 1982 como teniente coronel de la Fuerza Aérea, donde se especializó en operaciones encubiertas.

En los años 80, los rebeldes de la contra trataron de derrocar al gobierno nicaragüense sandinista de izquierdas. La administración Reagan apoyó a la Contra, percibiendo a los Sandinistas como una amenaza marxista para Centroamérica. Los demócratas, que controlaban el Congreso, creyeron que los Estados Unidos debían mantenerse fuera del conflicto y no permitir que los funcionarios de los Estados Unidos proveyeran ayuda letal.

North acudió al General (RE) Richard Secord para tender un puente privado de armas a la contra. Secord contrató a Gadd en 1985 para que se encargara de la supervisión de la entrega de las armas. A través de EAST, Gadd ayudó en la adquisición de aviones para llevar armas y municiones de Portugal a Centroamérica, y arrojarlas desde el aire directamente a los Contras. EAST también construyó una pista en Costa Rica cerca de la frontera nicaragüense. EAST recibió US $ 550.000 por su trabajo encubierto, según el reporte final de Walsh [iii]".
Como decíamos anteriormente, Nicaragua está sometida a una estrategia de desestabilización igual a la dirigida contra otros países del ALBA como Venezuela y Bolivia. No tiene una Oficina de Iniciativas de Transición, sino un programa para promover la "transparencia". Pero sus principales cuadros tienen amplia experiencia en operaciones de "cambio de régimen".

En realidad, el "compromiso de los EEUU con la democracia en Nicaragua" tiene larga data, y a partir del involucramiento de la DynCorp, retoma su continuidad histórica de manera muy directa y palpable. Los que hoy financian la "transparencia" y la "democracia" en el país son los mismos que hace un par de décadas lo bañaron en sangre. Y lo volverían a hacer, si se les da la oportunidad.
Notas:
1) Casals & Associates Joins DynCorp International, http://casals.com
2) Supporting Democratic Transition in Nicaragua, http://casals.com
3) ACUSACIÓN CONTRA LA TRANSNACIONAL DYNCORP Elaborada por la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" Tribunal Permanente de los Pueblos
Sesión Colombia Audiencia sobre Biodiversidad Zona Humanitaria, Cacarica 24 a 27 de febrero de 2007

[i] LA TERCERIZACION DE LOS CONFLICTOS. Por el Prof. Dr. Adalberto C. Agozino. Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales. Disponible en la página:
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/ieeri/ennee/vii/tercerizacion.htm.
[ii] Fuente: Associated Press, Por Ken Guggenheim – 05 jun 01. Traducción al español realizada por el Equipo Nizkor el 01 jul 01. Tomado de: LA ESTADOUNIDENSE EAGLE AVIATION SERVICES AND TECHNOLOGY INC ESTUVO IMPLICADA EN EL ABASTECIMIENTO DE ARMAS Y DROGAS. Disponible en la página http://www.informativos.net/Noticia.aspx?noticia=32492
[iii] Ibídem.

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“No es el ejército, todo México no puede contra el narcotráfico, rebasa las fronteras, se requiere apoyo internacional”

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Enorme expectativa por la visita a México que realizará este martes la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. Abordará con miembros del gobierno mexicano medidas de combate al narcotráfico. Clinton encabezará una delegación integrada además por la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano; el secretario de Defensa, Robert Gates; el director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair; el asesor presidencial John Brennan y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Michael Mullen.

La reunión tendrá lugar en un momento extremadamente difícil: México –que lleva más de tres años desplegando al ejército en todo el país provocándose alrededor de 20 mil muertes- ha manifestado su impotencia al sufrir una ola de homicidios que ha llevado al Gobierno de Estados Unidos a reconocer que su vecino sufre un problema "muy serio" de violencia. ¿Podría haber mejor momento para que el gobierno yanqui imponga sus exigencias a México?

2. El general Benito Medina, director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y de la Fuerza Aérea, dijo que en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ni el Ejército ni México pueden enfrentar solos el problema; se requiere de la cooperación internacional ante un fenómeno transnacional en el que se necesita combatir el lavado de dinero, el tráfico de armas y los mercados de consumo. La sociedad debe entender, dijo, que “no es por decreto, no es porque la presencia de parte del poder nacional, como son las Fuerzas Armadas y otras fuerzas, se presenten a tratar de mitigar el problema, éste va a dejar de existir”, aunque se han tenido resultados importantes, urge una estrategia social. Insistió en que el combate al narcotráfico y el crimen organizado rebasan fronteras. “No podemos decir que el Ejército no puede, no, es que no solamente no es el Ejército, todo México no puede solo, necesitamos de la colaboración de la comunidad internacional”.

3. Al parecer la llamada “Iniciativa Mérida” será enterrada porque fue un acuerdo firmado por el ya ex presidente Bush y porque no funcionó de manera eficiente. Lo probable es que ahora se convierta en Plan México y los EEUU impongan el control total que requieren. ¿Puede alguien olvidar que el Plan Colombia funcionó desde 1999 de la misma manera al pasar a controlar totalmente la política del país, convertir al gobierno colombiano en un simple pelele y luego usar el territorio para instalar siete bases militares? Quizá, como me decía un amigo, las condiciones del mundo no estén para soportar una invasión abierta a México, pero el total control de la frontera por parte del gobierno parece que no se podrá evitar. Sin embargo nunca conoceremos a ciencia cierta los contenidos del la reunión de mañana. Lo que sí puede verse con absoluta claridad es que el gobierno de Calderón está recibiendo un fuerte espaldarazo para que termine su período de gobierno.

4. Los EEUU han penetrado al fondo de la política mexicana, sobre todo a partir del gobierno de Salinas (1988-94) Fue este personaje quien trazó la línea de dependencia económica y política total que los gobierno panistas han llevado hasta sus últimas consecuencias. Si México durante varias décadas, antes de 1982, mantuvo una relación de asociación y competencia, de cierta independencia relativa, que lo llevó en muchas ocasiones a chocar con los intereses yanquis, a partir de la implantación del modelo del neoliberalismo y la privatización los pequeños márgenes de independencia impulsados por el “nacionalismo” desaparecieron para dar paso el poder a una poderosa burguesía sometida totalmente al capital yanqui e internacional. En 30 años el neoliberalismo ha provocado un gigantesco desempleo, migración, comercio informal, miseria, prostitución y delincuencia; pero también una enorme concentración de capital en una cuantas manos.

5. La presencia del secretario de la Defensa y de la secretaria de Seguridad Nacional en esa cumbre de “seguridad nacional”, me causa alarma y mucha preocupación. ¿Qué se plantea el gobierno aún fuerte de Obama frente al débil gobierno de facto de Calderón? Quizá los resultados de la reunión no los veamos de inmediato, pero en el transcurso de las semanas se comenzarán a acomodar las cosas. Por ahora se abordarán la situación de los enemigos en los que EEUU coloca en primer plano al terrorismo y no propiamente a la venta y distribución de droga; pone atención al gran fortalecimiento y organización militar de los narcotraficantes y no de la droga que ha sido ampliamente legalizada en los EEUU. Seguramente se acordarán gigantescos montos económicos, compra de armas, asesoría técnica y helicópteros de vigilancia y de combate. Pero donde seguramente se pondrá el acento es en la frontera entre los dos países; pues más que combatir la droga los yanquis ponen en primer lugar la lucha contra el terrorismo.

6. Recuerdo que en los años sesenta y sesenta hacíamos grandes manifestaciones antiimperialistas en el Paseo de la Reforma de la ciudad de México. Los gritos contra el imperio yanqui por la invasión y guerra en Vietnam, por las provocaciones contra Cuba, en apoyo a las luchas de los negros para la igualdad racial, sobre todo contra las visitas de los presidentes Kennedy, Johnson, Nixon, fueron siempre batallas en las que la izquierda se unía. Aunque aquellas marchas no llegaban al Zócalo, en el monumento a Juárez se realizaban todos los mítines de aquella combativa izquierda que no había entrado al juego electoral de la democracia burguesa. Mañana estarán los grandes jefes militares de los EEUU –los mismos que planean los bombardeos contra Afganistán, Irak y que planearon el golpe de Estado en Honduras- y la izquierda no ha programado ningún acto de repudio o muchos no estamos enterados. ¿Puede decirse que la izquierda es cada vez más fuerte?

7. Pareciera que esa reunión del gran poder de “seguridad” entre los gobiernos de EEUU y México, es simplemente una más. Sin embargo puede cambiar radicalmente muchas cosas: a) Ahora sí, la total subordinación de Calderón (alguien me diría que más no se puede); b) La creación de un comité binacional bajo las órdenes de los EEUU apuntando sobre el “terrorismo”; c) reanudar el cierre militar de la frontera; d) plazos para que el ejército demuestre que sí puede acabar con el narcotráfico, de lo contrario habría una intervención militar yanqui; e) acuerdo de un fuerte financiamiento y compra de armas. En fin, el objetivo de los EEUU es, más que frenar el tráfico de drogas (legales en los EEUU), aniquilar la guerra que crece en la que los ejércitos de los narcotraficantes están representado un verdadero peligro para la estabilidad de México (su traspatio) y del gobierno calderonista. ¡Debemos seguir muy atentos, no hay otra tarea más importante hoy!

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Lula en Israel

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Con 65 años, ocho de ellos al frente de Brasil, un país que bajo su dirección debutó como potencia emergente, en plenitud de forma física, la popularidad en progreso y el final de su carrera presidencial a la vista, Luis Ignacio Lula da Silva, sorprendió al auto promoverse como mediador en el Medio Oriente, un lugar donde algunos conflictos tienen raíces bíblicas, nunca se ha resuelto ninguno y algunos mediadores, comenzando por el conde sueco Folke Bernardotte, han pagado con su vida la buena fe.

Aunque el gobierno israelí no debe haber estado entre los sorprendidos, la idea debe haberle resultado embarazosa no sólo porque una mediación de buena fe es difícil de rechazar y porque Lula no es un advenedizo en busca de notoriedad a quien pueda darse un portazo, menos aun cuando la diplomacia hebrea realiza esfuerzo por abrirse paso en Sudamérica donde está siendo superada por Teherán.

No deja de resultar extraño que Lula, un político serio y talentoso, una de las figuras políticas latinoamericanas del momento y un estadista mundialmente respetado; al pisar Israel, por un asunto del ceremonial protocolar haya sido eje de un entuerto que el canciller hebreo se encargaría de ahondar en cuanta oportunidad tuvo.

Más de 500 cables de prensa y todas las emisiones informativas del día se encargaron de contar que el presidente brasileño contrarió a sus anfitriones al declinar la invitación de rendir homenaje en su tumba a Theodor Herzl, conocido como el padre del sionismo. El hecho fue más llamativo debido a Israel y su población son poco dados a identificarse con liderazgos personales, excepto los bíblicos.

Lo que puede haber ocurrido es que la diplomacia israelí haya creado un escenario para darse por ofendida y montar una especie de provocación blanda que, sin llegar a la ruptura, marcar diferencias ideológicas con Lula y frustrar su postura de interlocutor válido y su pretensión como mediador. En realidad a Israel no le interesa la mediación de Brasil ni de nadie porque ninguna solución verdadera en la región sería favorable a sus intereses geopolíticos y estratégicos.

Todo puede haber ocurrido porque en realidad ambas partes necesitaban la visita, Tel Aviv porque en términos de imagen la presencia de Lula es positiva y el mandatario brasileño necesita equilibrar su aproximación a Irán, que puede tener para Brasil una importancia económica y comercial estratégica. Ser amigo a la vez de Abbas, Netanyahu y de Mahmud Ahmadineyad, como de Obama, Fidel Castro y Chávez, se aproxima a la “jugada perfecta”

Párrafo aparte merece la figura que sirvió de eje al malentendido, Theodor Herzl otra destacada figura que, debido a manipulaciones y maniobras de cobertura ideológica, son veneradas por cosas que no hicieron y criticas por aquello que nunca se plantearon.

El entuerto me hizo recordar el modo como me aproximé al conocimiento de la vida y obra de Theodor Herzl a quien incorporé al panteón de las figuras que en la compleja dinámica de la acción social, en una indisoluble relación con su tiempo y con las tareas históricas que le corresponden, participan de modo relevante en las luchas de liberación nacional y, una vez muertos, son convertidos en objeto de culto y presentados como los hombres de una sola pieza que nunca fueron.

Aunque había oído hablar del sionismo, en realidad descubrí a Herzl por la descripción que de él hace otro judío, Stefan Zwig en un libro que merece ser leído: El Mundo de Ayer, una especie de autobiografía de toda su generación en la cual Zwig, un intelectual que pasó por la experiencia de ver sus libros quemados por los nazis y que físicamente agotado y emocionalmente quebrantado, en 1941, el mismo año en que escribió el libro, precisamente en Brasil, se suicidó.

Herzl, húngaro de nacimiento, abogado por estudios y periodista de profesión, empobrecido y enfermo, era esencialmente un luchador social, un socialista, uno de los que en Europa, victimas del antisemitismo se unieron en comunidades extraordinariamente politizada, muchos de los cuales, comenzando por Carlos Marx, Trotski, Rosa Luxemburgo y la mayor parte de la magnífica vanguardia bolchevique, se inclinaron al socialismo.

Cierta vez, en Buenos Aires le pregunté a un anciano militante comunista, húngaro de nacimiento, de quien se decía había llegado a Argentina como enviado de la Internacional Comunista, por qué Stalin instruyó a su embajador en la ONU para que votara a favor de la partición de Palestina y el nacimiento del Estado de Israel.

-Se confundió, -me dijo-. Él creyó que debido a Chaim Weizmann, primer presidente de Israel, David Ben Gurión el primer jefe de gobierno, Golda Meir, y Menajen Begin, las más prominentes figuras del sionismo eran rusos y Herzl su ideólogo, Israel iba a ser un baluarte socialista en el Medio Oriente.

Foto: Israel - El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, junto a su par del Estado de Israel, Shimon Peres, durante la visita oficial a Israel. / Autor: Ricardo Stuckert - ABR

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Las regalías hidrocarburíferas en la desigualdad fiscal provincial

Diego Mansilla - Martín Burgos Zeballos (INFOMORENO)

El reparto de la renta petrolera entre el Gobierno Nacional, las provincias petroleras y las empresas impacta sobre la estructura económica en la que se asientan las relaciones políticas entre esos actores. Los autores evalúan el peso de las regalías hidrocarburíferas en las finanzas de las provincias petroleras, y el efecto que sobre ellas producen las retenciones impuestas por el Gobierno Nacional a las exportaciones.

Introducción

La asunción en 2003 del primer presidente que fue gobernador de una provincia patagónica no solo fue resultante de una coyuntura política particular, vinculada a la necesidad de la clase política en su conjunto de legitimarse en ese momento, proponiendo nuevas figuras luego de la crisis económica, política e institucional en la cual había caído argentina en 2001. También es consecuencia de variables estructurales, como el creciente peso que tuvieron las provincias patagónicas en una economía argentina, donde los recursos naturales pasaron a ser un eje de modelo económico de los años noventa. Entre esos recursos naturales, sobresalen los del sector hidrocarburífero -gas y petróleo-, cuya privatización y creciente extranjerización favoreció la aparición de poderosas empresas de destacada incidencia sobre los destinos de las provincias patagónicas, y más generalmente, sobre la vida política argentina.

La relación entre la Nación y las provincias durante el período 2003-2007 fue marcada por una relación desigual, causada entre otros por la asimetría en la recaudación entre Nación y provincias. En efecto, la recaudación tributaria nacional se incrementó debido al crecimiento del mercado interno y a la implementación de nuevos impuestos (retenciones a las exportaciones e impuesto al cheque), reforzando de esa manera el poder del gobierno nacional. Sin embargo, durante el mismo período, los ingresos provinciales no se aumentaron en la misma medida, aunque veremos que existen diferencias entre provincias.

Uno de los ejes sobre el cual se tejen las relaciones económicas entre empresas petroleras, gobernadores patagónicos y el gobierno nacional es el reparto de la renta petrolera entre beneficios empresarios, impuestos nacionales y regalías provinciales. En este artículo, nos proponemos evaluar la importancia que tuvieron las regalías hidrocarburíferas sobre las finanzas públicas de las provincias petroleras, para luego analizar los efectos que tienen las retenciones recaudadas por la Nación sobre las regalías cobradas por las provincias petroleras. De esa manera queremos poner de relieve la estructura económica subyacente a las relaciones políticas entre los actores y las instituciones involucradas.

1- Las regalías hidrocarburíferas

Antes de entrar en un análisis de las características de la distribución regional de las regalías hidrocarburíferas en Argentina, conviene decir unas palabras sobre el concepto propio de regalía.

Históricamente, la regalía fue la forma más común de abonar la renta al propietario de los recursos naturales no renovables. Más allá de las definiciones teóricas sobre la manera de calcular la renta diferencial por parte de Smith y de Ricardo, la realidad nos indica que la renta presentó la figura de una “renta consuetudinaria” en forma de una regalía fija que era pagada al propietario, calculada como un porcentaje dado de la producción. Este fue el sistema que primó en la industria del carbón inglés por lo menos desde el siglo XVIII. Las ventajas de ese sistema eran que su administración era económica (no eran necesarios costos de control como en el caso de reparto de ganancias) y la recaudación de la renta se podía realizar sin riesgo de desactualización (como sucedía anteriormente con los montos fijos). Esta tradición se desplazó posteriormente a los primeros arrendamientos petroleros en Estados Unidos a partir de 1860 y de ahí al resto del mundo. La regalía consuetudinaria más frecuente, desde comienzo del siglo XIX, fue un octavo (12,5%), cifra que fue utilizada para los arrendamientos estadounidenses (1).

A diferencia de Estados Unidos, las regalías tuvieron en Argentina un papel menor en los primeros años de la historia petrolera. En efecto, a diferencia de la tradición anglosajona de dominio privado, la legislación española sobre las minas y yacimientos planteaba un claro dominio estatal. El primer antecedente en este sentido fueron las Ordenanzas de Minería de Carlos III (1783) donde se declaraba que “las minas son propias de mi Real Corona”. Sin embargo desde un comienzo existieron fuertes controversias sobre el dominio hidrocarburífero entre la Nación y las provincias (2).

Luego del descubrimiento del petróleo en Argentina en 1907 en Comodoro Rivadavia (en ese entonces Territorio Nacional de Chubut), el Estado Nacional fue quien se encargó de su exploración y explotación, lo que volvió excepcional la figura de la regalía. En algunas áreas lindantes a los yacimientos estatales existían algunos permisos de cateo otorgados a privados (según el Código de Minería) que a su vez eran arrendados a empresas petroleras internacionales como la Shell o la Anglo Persian (actualmente BP) a cambio de una regalía.

El nacimiento real de las regalías en Argentina se remonta a 1935 cuando el congreso ratificó un decreto de Justo, permitiéndole a la petrolera estatal YPF operar en todas las provincias. Hasta ese momento, YPF llevaba adelante la mayor parte de la extracción petrolera, pero sólo operaba en los Territorios Nacionales (principalmente Chubut y Neuquén). Las provincias con reservas (particularmente Salta, Jujuy y Mendoza) habían acordado una política de acuerdo con las petroleras internacionales, no otorgando permisos de cateo a la petrolera estatal. Por la Ley 12.161/35, YPF podía operar en todas las áreas provinciales que no hayan sido arrendadas a otras petroleras, pagando una regalía a la provincia del 12% del valor extraído(3). A partir de ese momento, las regalías fueron el pago que YPF (y posteriormente las petroleras privadas) realizaban a las provincias (o al Estado Nacional en los Territorios Nacionales y el Mar Argentino). Si bien la alícuota (12%) continuó vigente desde 1935 (siendo actualmente una de las más bajas del mundo), en sucesivas legislaciones se modificó el precio al que se valorizan los hidrocarburos y los costos que deben descontarse del precio para llegar al “Valor a Boca de Pozo” -sobre el que se calcula el 12% de regalías (4).

Actualmente, las regalías se pagan sobre el precio de mercado al que se venden los hidrocarburos, valorizados a “Boca de Pozo”(conocido como “playa de tanques”) por lo que se debe descontar fletes y seguros así como los gastos y tratamientos necesarios para la venta del producto (5). Para el caso del Gas Natural, el precio relevante es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que se le descuentan los costos de transporte (independientemente de donde se venda el gas). Luego de la devaluación del 2002 y el aumento de los precios internacionales, las retenciones se transformaron en el principal descuento sobre el precio de mercado (que además no son coparticipables) (6). En 2004 se estipuló un sistema de retenciones móviles por el que se abona una retención neta de 31% para valores internacionales superiores a U$S 45 por barril (7). Finalmente, la última modificación se realizó a fines de 2007 mediante la resolución 394, se creó un sistema en que las retenciones dejan fija la remuneración al exportador (U$S 42 por barril), debiendo abonarse como retenciones la diferencia entre este valor y el precio internacional. Sin embargo, a partir de octubre de 2008, el precio de las exportaciones se mantuvo por debajo del valor de referencia para dicha alícuota (U$S 60,9 por barril o U$S 383 por m3) por lo que desde entonces se regresó a la retención del 31%. Más adelante se describirá mejor el funcionamiento actual de las retenciones.

2- Distribución geográfica de los hidrocarburos

En el territorio argentino, existen 11 cuencas sedimentarias de las cuales en 5 (Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral) que tienen una extensión de 590.000 Km2 se encontraron hidrocarburos en condiciones comerciales. Sin embargo, las reservas y extracción de hidrocarburos se concentran en pocas provincias. Apenas 4 provincias acaparan el 84% de la extracción de los últimos 10 años para el petróleo y el 82% para el gas. En este último caso, se observa una fuerte preponderancia de la provincia de Neuquén, mientras que en el de petróleo, a pesar de ser importante, esta pierde participación en comparación con la provincia de Chubut.


Si bien el precio del gas natural ha mejorado desde 1993 (año de la desregulación), la recaudación por regalías gasíferas es menor que el ingreso petrolero (sobre todo luego de los aumentos del precio del petróleo desde 2001). Esto hace que las provincias esencialmente gasíferas (como Salta o Tierra del Fuego) reciban menores importes que las petroleras, como puede apreciarse en el siguiente cuadro. Además, las diferentes calidades del petróleo argentino hacen que las provincias con petróleo más liviano (Neuquén, Mendoza o Río Negro) obtengan por su producción precios más altos que los de las provincias con petróleo más pesado (como Chubut o, Santa Cruz) y por tanto mayores regalías

En el cuadro II se observa claramente como apenas 4 provincias (lideradas por Neuquén) acaparan año a año más del 80% del total de las regalías hidrocarburíferas (petróleo y gas). Como se mencionó, las provincias esencialmente gasíferas reciben importes menores con respecto a las petroleras, marginando a provincias como Tierra del Fuego, a priori consideradas como grandes beneficiarias de la industria hidrocarburífera.

Sin embargo, todas las provincias mejoraron los montos recibidos en concepto de regalías, aumentando el total distribuido un 75% entre 2003 y 2007. Cabe aclarar que a nivel nacional la extracción de petróleo cayó entre esos años un 13% mientras que la de gas natural apenas aumentó un 0,4% (8). Es decir, el aumento de las regalías cobradas se debió más a un aumento del precio de referencia (atado al internacional) que a un aumento de las cantidades extraídas (salvo en el caso de Chubut que experimentó un importante aumento en la extracción).


En el gráfico 1 se muestra la estrecha relación existente desde 1994 entre los montos cobrados por regalías a nivel nacional y el precio internacional del petróleo (descontado las retenciones desde 2002), casi independientemente de los cambios en la extracción petrolera y gasífera. Dicha correlación se debe a la desregulación de 1989, que provocó la internalización del precio internacional del petróleo, independientemente de los costos efectivos de extracción; esto a pesar de que Argentina es un país con autoabastecimiento que llegó a exportar hasta el 40% del petróleo crudo. Por ese motivo, internamente, el petróleo se comercializa a las refinadoras a precio de “paridad de exportación”(precio internacional menos retenciones y fletes) (9) y es la base sobre la que se calcula las regalías a pesar de que en la actualidad, el 80% del petróleo crudo extraído en nuestro país sea refinado internamente y no exportado.

En el contexto de precios internacionales récord -mayores a los vigentes al momento de la firma de las concesiones- no aumentó la participación estatal en la apropiación de la renta petrolera (a diferencia de muchos países del mundo). Mientras que países como Bolivia, Venezuela, Ecuador o Canadá, por ejemplo, implementaron impuestos a las ganancias extraordinarias, aumentaron las
regalías o la participación de las empresas estatales, en Argentina las empresas extranjeras que extraen el petróleo y el gas obtuvieron rentas extraordinarias, como se observa en sus balances.

3- La distribución de los recursos fiscales entre provincias

A continuación presentaremos algunos aspectos de las finanzas públicas provinciales que resultan de interés para el estudio de las regalías.

En primer lugar nos referiremos a la relación entre las Provincias y la Nación, la cual por cuestiones históricas constituyen un caso particular de federalismo. Desde el punto de vista fiscal, Argentina se distingue por tener una fuerte concentración de la recaudación de los impuestos en la Nación, mientras que la descentralización del gasto se fue acrecentando en las últimas décadas, especialmente en lo referido a la salud y la educación.


En la práctica, los impuestos recaudados por las Provincias son el inmobiliario, el automotor, a los sellos y a los ingresos brutos, el resto quedando en manos del gobierno nacional. Sin embargo, una parte de los impuestos recaudados por el Estado nacional -básicamente el IVA, el impuesto a las Ganancias y el impuesto al cheque- se redistribuyen a las Provincias bajo la forma de coparticipación federal de impuestos, mientras otros -como los impuestos al comercio exterior (retenciones y aranceles aduaneros)- no eran coparticipables durante el período analizado y eran de uso exclusivo de la Nación. (10)

En ese esquema, resultan fundamentales las transferencias de la Nación hacia las Provincias con criterio redistributivo para equiparar los recursos entre regiones. Esto fue explícito en la ley 20.221 de coparticipación federal de impuestos que tuvo vigencia del año 1973 hasta 1984, donde los recursos se repartían en función de la población, las brechas de desarrollo y dispersión de la

población. Sin embargo, desde 1984 este importante instrumento de redistribución del ingreso entre las Provincias no tuvo un criterio claro de reparto, y fue distribuido en función del poder de negociación de cada gobierno provincial.

Más allá de la relación con la Nación, las fuertes disparidades existentes entre las estructuras económicas de cada provincia conllevan distintas capacidades de recaudación. Esto es un serio obstáculo a la posibilidad de aplicar la correspondencia fiscal, según la cual cada provincia financie con impuestos propios sus gastos (Cetrángolo y Jiménez, 2004). Este aspecto puede apreciarse en el siguiente gráfico, que muestra la relación entre el peso económico de cada Provincia (11) y el grado de autonomía de cada una, medida como el porcentaje de sus ingresos propios en el total para el año 2006.
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Entre las provincias con mayor grado de autonomía, se distingue dos grupos: en primer lugar las de mayor desarrollo productivo (Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza), y por otro lado las patagónicas (Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro) (12). Si agregamos la evolución de las finanzas provinciales de las 6 provincias petroleras (las 5 provincias patagónicas y Mendoza) notamos que la recomposición de sus ingresos luego de la crisis del 2001 es mucho más rápida que la del resto del país, ya que en el año 2002, estos se incrementan un 24% respecto del año anterior, mientras que en el resto del país solo aumentan 5%.


Sin embargo, dichos guarismos no pueden atribuirse exclusivamente al efecto de la devaluación sobre la recaudación por regalías a la producción exportada, sino también a los aumentos registrados en el precio del petróleo crudo que suben 34% entre 1999 y 2001. Esto se refleja en un crecimiento de los ingresos corrientes de 1998 al 2001, cuando el resto de las provincias vivía una fuerte reducción de los mismos. La influencia de las regalías en este resultado diferenciado de los ingresos corrientes de las provincias petroleras se refleja en el aumento del peso de las regalías en la composición de los ingresos provinciales que pasan de 13% de los ingresos corrientes de las PP en 1998 al 36% en el año 2003.


Estos rasgos configuran una situación novedosa, en la cual las provincias petroleras se benefician de un mayor grado de autonomía respecto del resto de las provincias. Se pone de relieve la evolución de la autonomía de las PP a través de un indicador que resulta del cociente entre los ingresos propios (ingresos tributarios provinciales y regalías) y los ingresos corrientes.


Por el lado del gasto de las PP, este se compone en primer lugar de los salarios. Sin embargo, su peso en el total del gasto es menor que en el resto de las provincias, y el ajuste del año 2002 no implicó reducción de masa salarial en términos absolutos al contrario del resto de las provincias. En 2003, inclusive, se da en el agregado un aumento de la masa salarial del 14%, tal vez debido a una mejor evolución en sus ingresos corrientes. Un análisis desagregado por provincias nos muestra que la Provincia de Santa Cruz es la de mayor densidad de empleado público del país, superando incluso La Rioja (Cetrángolo et al., 2002) 13.


En consecuencia, las PP ostentan buenos resultados en comparación con las demás provincias argentinas. Esto puede medirse con un indicador de fortaleza fiscal (el cociente entre el resultado primario y los gastos primarios) donde el conjunto de las PP tiene una evolución positiva desde el año 2002, mientras que el resto de las provincias mejora recién en el año siguiente. La Provincia de Buenos Aires se consideró aparte del resto debido a su peso en el total y su evolución particular.

Esa evolución nos muestra que las PP tienen mayor capacidad de respuesta para realizar determinada política, como aumentos de sueldos a docentes o estatales, por ejemplo. Al respecto, el análisis que realiza la CTA (14) muestra que, para el año 2006, todas las provincias petroleras tomadas separadamente alcanzan un nivel de fortaleza fiscal superior al promedio nacional, salvo Tierra del Fuego (cuyo ingreso por regalías es menor).

Por lo señalado anteriormente, podemos concluir esta parte diciendo que, debido principalmente a la ventaja de cobrar regalías hidrocarburíferas, las finanzas públicas de las provincias petroleras lograron un mayor grado de autonomía respecto de la Nación, posibilitándoles mayor libertad de acción en el manejo de sus gastos.

4- Estimación de la distribución de la renta petrolera 2003-2008

Hemos descrito la importancia de las regalías en los presupuestos provinciales de las provincias petroleras. Como se mencionó, las retenciones son uno de los mayores descuentos sobre el precio internacional que reciben las provincias a la hora de cobrar las regalías. Esto explica el motivo por el cual desde la imposición de las retenciones a las exportaciones de petróleo crudo y gas natural, las provincias petroleras se encontraron entre las principales voces opositoras, alineándose con los intereses de las empresas privadas. Esta posición se hizo más evidente con el aumento de las retenciones a los hidrocarburos mediante un sistema de alícuotas móviles (tanto al petróleo crudo como a los subproductos, anteriormente gravados con alícuotas sensiblemente menores) firmado en noviembre de 2007. Las provincias y varios medios de comunicación se hicieron eco de los reclamos de las petroleras de que las retenciones “desalientan la inversión” y provocarán el desabastecimiento (15).


En términos económicos, las provincias petroleras aducen que el cobro de retenciones creadas en 2002 (que con el tiempo se fueron haciendo cada vez más importantes, al compás del aumento del precio internacional) implicó un nuevo descuento para las empresas a la hora de pagar las regalías, a pasar de lo indicado en la propia Ley 25.561. Como las retenciones no son coparticipables, la totalidad de lo recaudado fue a las arcas nacionales. Se concluía que las provincias

petroleras perdían parte de su recaudación y, en consecuencia, parte de sus “grados de libertad” respecto de la Nación.

Lo que esconden estos debates es el reparto de la renta petrolera. Si bien, como lo vimos, los montos abonados como regalías aumentaron desde 2002 (producto del gran aumento de precios ya que los volúmenes extraídos caen desde ese año), la participación de las provincias en la apropiación de la renta petrolera bajó, a la vez que aumentó la participación de la Nación. En tanto, las empresas petroleras extranjeras continúan apropiándose de gran parte de la renta petrolera argentina y la participación estatal (sumando la provincial con la nacional) es de las más bajas del mundo.

Para poder demostrarlo, se estimó la renta petrolera argentina y su distribución para el período 2003-2008 entre Provincias, Nación, Empresas y Consumidores / Refinadoras (16). Las Provincias se apropiarán únicamente de las regalías (17), calculadas sobre el valor de venta interno o externo menos retenciones. La Nación obtendrá las retenciones a las exportaciones y el correspondiente al 35% de las ganancias extraordinarias de las empresas (por impuesto a las ganancias). El monto de la renta que es apropiado por los consumidores / refinadoras se debe a la diferencia entre el precio internacional y el interno que abonan las refinadoras. Sin embargo, no es posible saber cómo se distribuye entre ellos esa parte de la renta petrolera. Si las refinadoras vendieran la totalidad de los subproductos en el mercado interno manteniendo ese descuento, esta renta sería apropiada por los consumidores. En cambio, si los subproductos destilados se vendieran a precios internacionales, el 100% de esta renta iría para las refinadoras. Actualmente, nos encontramos en un punto intermedio y a medida que aumenta el precio internacional del petróleo y se mantiene el de los destilados, la apropiación por parte de los consumidores es mayor. No obstante, dado que los precios internos no son al costo y que la participación de las exportaciones en las ventas de las refinerías es elevada (llegando al 50% aunque reduciéndose año a año), la participación de estas últimas en la apropiación de esta renta no es despreciable (18). Las empresas obtienen como ganancia extraordinaria la diferencia entre los importes abonados y la renta apropiada por los otros actores.

Como se observa, la renta petrolera total (es decir, el petróleo extraído valorizado por el precio internacional menos el costo de extracción y una ganancia normal) llega a más que duplicarse entre 2003 y 2008. Esto se debió al aumento de precios ya que las cantidades extraídas cayeron un 15% en el mismo período. Si bien cada participante aumentó su factura petrolera en términos absolutos, la participación del sector público (nacional y provincial) cayó del 41% en 2003 al 21% en el 2008. Considerando sólo la parte realizada de la renta (es decir, excluyendo la renta apropiada por los consumidores y las refinadoras por menores costos) la participación estatal pasa del 48% al 54%.


Esto es producto de la importancia que tomó en los últimos años la parte de la renta apropiada por Consumidores y Refinadoras, producto de la separación del precio interno del internacional. Esto es particularmente importante en el año 2008 cuando la resolución 394 impuso (hasta el mes de octubre) un precio interno de u$s 47 para el barril de petróleo de mayor calidad, mientras el precio internacional marcaba niveles récord, casi alcanzando los u$s 150. Esto, sumado a la menor participación de la apropiación estatal vía retenciones, es una muestra que la principal consecuencia de la política de retenciones petrolera fue la separación del precio interno del internacional, más que un aumento de la recaudación.

Es necesario hacer una aclaración sobre los importes estimados para el gobierno nacional. Como se mencionó (y se muestra en el Apéndice), se consideran las retenciones a las exportaciones y el pago de impuesto a las ganancias (35%) sobre las beneficios extraordinarios de las empresas. Como los volúmenes exportados caen dramáticamente (exportándose en el 2008 un 75% menos que en 2003), los importes de las retenciones son bajos (998 millones de dólares en 2008, apenas el 35% de lo recaudado por el Estado Nacional). Por tanto, la mayor parte de los ingresos nacionales se debe a los impuestos a las ganancias que “correspondería” cobrar a las empresas petroleras. Sin embargo los montos efectivamente percibidos en concepto de impuestos a las ganancias por parte de la Nación son cuantiosamente menores (19).

Por último se observa que las regalías, que por ley deben ser el 12% del valor del petróleo extraído, apenas representan el 6% de la renta petrolera en 2008. Sobre el valor en que el petróleo es efectivamente vendido (ya sea en el mercado nacional o internacional), la participación de las regalías es del 10,8%. Esta diferencia en parte está explicada por los descuentos provocados por las retenciones.

Luego de estas consideraciones acerca de la distribución de la renta petrolera, a continuación realizaremos un ejercicio tendiente a simular como se hubiese repartido dicha renta de no haber existido las retenciones a las exportaciones, haciendo hincapié en los montos abonados como regalías a las provincias. De esa manera podremos cuantificar la pérdida de recaudación y ver quienes serían los más favorecidos por la eliminación de las retenciones.

En un primer momento, sólo se consideró a las retenciones como “impuesto a las exportaciones”, es decir tomando en cuenta solo su papel fiscal, y suponiendo que la eliminación de las retenciones no tendría impacto en términos de precio interno de los subproductos, inflación, pobreza, distribución del ingreso, tipo de cambio real, etc. Con estas consideraciones metodológicas, se llegó a los siguientes resultados:


De esta manera se demuestra que, si bien la eliminación de las retenciones genera un aumento de ingresos para las provincias petroleras en carácter de regalías, el importe no sólo es menor al reclamado por las provincias (apenas 120 millones en el 2008, lo que representa un aumento del 10%) sino que el monto que debe resignar el Estado Nacional supera ampliamente la ganancia de las provincias (20). A su vez, los beneficios de las empresas petroleras hubiesen mejorados en casi U$S 2.400 millones durante el período 2003-2008. Estos resultados dejan en claro que estas últimas serían las principales beneficiarias de una eliminación de las retenciones (o de su disminución).

Sin embargo, como se mencionó, para ese ejercicio se mantuvo el precio interno del petróleo crudo. Si hubiéramos supuesto que, durante el año 2008, la eliminación de las retenciones impactaría en un aumento de precios internos, las regalías habrían llegado a U$S 2.684 millones (U$S 1.470 millones por sobre lo estimado). Pero los consumidores argentinos habrían pagado el triple por todos los subproductos derivados del petróleo (que incluyen tanto combustibles como energía eléctrica, medicamentos, plásticos y fertilizantes) con el consecuente aumento en todos los precios de la economía y generando enormes ganancias a las petroleras extranjeras que extraen el petróleo argentino.

Mediante la resolución 394 de noviembre de 2007, el gobierno nacional aumentó las retenciones a las exportaciones, estipulando en U$S 42 la retribución a las empresas petroleras. No obstante, el mayor impacto de esta medida es el aumento en las alícuotas para la exportación de subproductos (especialmente las naftas) llegando a un mínimo de 31% contra el 4,7% vigente anteriormente, además de bajar la “paridad de exportación” a la cual se comercializa el petróleo en el mercado interno. Como se mencionó, su mayor consecuencia fue el alejamiento del valor interno del petróleo del precio internacional.

En el 2008, luego de la presión de las provincias petroleras, una resolución estipuló que los U$S 42 por barril se refiere al petróleo “Escalante” que se exporta (es un petróleo “pesado”) (21) por lo que para pagar las regalías, se debe ajustar el precio de los petróleos “livianos” (como los de Neuquén o Salta) llegando a casi U$S 47. Esta medida, a la vez que aumenta la recaudación por regalías de estas provincias, sirvió a las petroleras para exigir un ajuste de precios a las refinadoras, con la consecuente presión sobre precio de los subproductos. Además, según el artículo 2, “se analizará la posibilidad de resarcimiento al fisco provincial” cuando el barril supere los U$S 95. Sin embargo, no aclara de qué manera se realizará ese resarcimiento y si el mismo correrá por cuenta de las empresas o de la Nación (como parece indicar la medida). A pesar de que el valor internacional superó esa cifra, no se avanzó en el tema sin que a la fecha se sepa si dichos resarcimientos serán abonados.

Según un informe de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos que agrupa a las provincias petroleras) publicitado en los medios, con el aumento de las retenciones las provincias perderían hasta U$S 1.300 millones, al bajar el precio en “boca de pozo”(22). Más allá que esa pérdida es imposible (ya que es mayor a lo cobrado en 2008), interesa saber el impacto fiscal de la Resolución 394. El precio fijo de U$S 42 por barril para el exportador (y U$S 47 para el mercado interno) estuvo vigente desde diciembre de 2007 a octubre de 2008, mientras que el precio internacional de referencia superó los U$S 60,9 por barril. Para esos meses se hizo el ejercicio de calcular la distribución de la renta en caso de haberse mantenido el anterior sistema.


Se observa que de no haberse implementado las retenciones móviles, la recaudación de retenciones hubiera disminuido en U$S 461 millones. No obstante, el mayor impacto se hubiera sentido en el mercado interno ya que la parte de la renta apropiada como resultado de la separación del precio interno del internacional se ve disminuida en U$S 5.530 millones. Como se suponía, la eliminación de la Resolución 394 implica una mayor recaudación por parte de las provincias al aumentar el precio al que se vende el petróleo (tanto internamente como exportado), llegando a una diferencia de U$S 709 millones. Pero el principal beneficiario hubiera sido las empresas petroleras privadas que extraen el petróleo argentina, que aumentan sus ganancias extraordinarias en U$S 3.316 millones.

Con respecto al sector público nacional, la estimación muestra que, si bien las retenciones caen, las ganancias extraordinarias de las empresas son tan importantes que los impuestos a las ganancias que corresponderían cobrar más que compensan esa menor erogación. Esto esta indicando que la Resolución 394, antes de aumentar la recaudación, tuvo un efecto fiscal negativo de U$S 1.325 millones. Esto se debe a que, si bien aumentan los montos cobrados por retenciones(23), la mayor alícuota se cobra sobre las exportaciones que representan apenas el 8% de la extracción del período. Sin la Resolución 394, el petróleo exportado pagaría menos retenciones, pero el 92% del petróleo extraído que se vende en el mercado interno, hubiese tenido un precio promedio de U$S 74,5 en vez de U$S 47. Ese cambio en los precios hubiera generado grandes excedentes a las empresas cuyas erogaciones del impuesto a las ganancias superarían con creces la menor recaudación por retenciones.

Nuevamente, estos montos se basan en el supuesto de que las petroleras abonan la totalidad de los impuestos a las ganancias. En caso de que, como se observa en la práctica, las empresas logren eludir parte de su carga fiscal, las ganancias extraordinarias del sector privado petrolero aumentarán aún más. Se podría argumentar que las voces que se opusieron a las retenciones móviles argumentando que el objetivo estatal era aumentar la recaudación (incluyendo a las propias empresas petroleras), tenían claro que las petroleras no abonan lo que les corresponde como parte del impuesto a las ganancias.

Conclusión

Como lo vimos, aún en un contexto de recesión como el vivido durante el período 1999-2002, las cuentas públicas de las provincias petroleras muestran una fortaleza destacada. Desde entonces sus grados de autonomía fiscal respecto de la Nación aumentaron, mientras las demás provincias seguían muy dependientes de los recursos de la coparticipación federal de impuestos. Esta evolución tiene su explicación en los aumentos de los precios internacionales del petróleo y del tipo de cambio, los cuales supusieron un aumento de la renta petrolera y, en consecuencia, un aumento de la recaudación por regalías.

Como también pudimos ver, la distribución de la renta petrolera está influida por las decisiones de política económica del gobierno nacional, entre las cuales deben mencionarse en primer lugar las retenciones a las exportaciones. En ese sentido, las provincias petroleras centran sus reclamos en el Poder Ejecutivo Nacional pidiendo la disminución de las retenciones a los hidrocarburos, de manera de aumentar la parte provincial en la distribución de la renta petrolera.

Sin embargo, tal como lo demostramos en el presente artículo, una reducción o eliminación de dichas retenciones tendría efectos negativos para las cuentas públicas argentinas (tomando en conjunto Nación y Provincias), además de los efectos macroeconómicos que supondría el aumento del precio del petróleo crudo en el conjunto de la actividad económica y su impacto sobre los indicadores sociales. Asimismo, los principales beneficiarios de una reducción o eliminación de las retenciones a las exportaciones serían las empresas privadas, que aumentarían su parte en la distribución de la renta petrolera.

Si se tratara de mejorar las cuentas públicas de las provincias petroleras, existen varias medidas alternativas a la reducción de las retenciones, que no supondrían pérdidas para las cuentas públicas consolidadas ni mayores ganancias para las empresas petroleras. Entre ellas, debe tomarse en consideración el aumento de la alícuota de las regalías hasta el 12% real -tal como establece la ley- que sólo disminuirá los ingresos extraordinarios de las petroleras.

Recién en 2007 empezaron a escucharse pedidos de las provincias petroleras (agrupadas en el Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI) orientados a aumentar la alícuota de las regalías, modificando para ello la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319/67. La provincia de Neuquén, por ejemplo, exigió una alícuota de regalías un 3% mayor, como condición para prorrogar las concesiones de Repsol que vencen en 2017. Sin embargo, este criterio no fue tomado en cuenta a la hora de prorrogar los mayores yacimientos argentinos, Loma de la Lata en Neuquén y Cerro Dragón en Chubut y Santa Cruz (aunque Santa Cruz considera un aporte especial del 3% sobre los ingresos netos).

Por último se demostró que el principal impacto de la Resolución 394/07, que impuso retenciones móviles a los hidrocarburos siguiendo el precio externo, fue la separación del precio interno del internacional, aumentando en gran forma la parte de la renta petrolera apropiada por los consumidores y las refinadoras locales. De no haberse instaurado el sistema -si bien las provincias hubieran recibido mayores regalías- las petroleras se hubieran beneficiado con los precios extraordinarios del petróleo a costa de mayores precios en el mercado interno. Además, los importes que las petroleras tendrían que haber pagado de impuesto a las ganancias hubieran más que compensado los menores ingresos por retenciones, por lo que las denuncias de medios, políticos y petroleras de que la Resolución tenía intenciones fiscalistas, están reconociendo implícitamente que las petroleras no abonan la totalidad de los importes correspondientes a dicho impuesto.

Apéndice:
Fórmulas para la estimación de distribución de la renta petrolera.
Y= Y* + Yn donde Y = extracción total
Y*= exportaciones
Yn= extracción vendida al mercado interno
Provincias
Rt = R + R*
R*= Y*.( P*-RX -0,5).12%
R= Yn (Pn-0,5). 12%
donde Rt= Renta apropiada por Provincias
R = Regalías por consumo interno
R* = Regalías por exportaciones
Pn = precio nacional
RX= retenciones
P* = precio internacional
Nación
N= RX.Y* + (Y.Pn - R-C). 35%+ [(P*-RX).Y*-R*-C].35%
donde N= Renta apropiada por Nación
C= costos de extracción
Distribución/Consumidores
DC= Yn.(P*-Pn) donde DC= Renta apropiada por Mercado Interno
Empresas
B=Y.P*-N-Rt-DC-C donde B= Renta apropiada por Petroleras

Notas:
1.Mommer, B. (2003)
2.Ver una historia de la legislación hidrocarburífera referida a la relación entre Nación y Provincias y los debates que ésta generó hasta la Ley 26.197/06 que “federalizó” las reservas en Hidalgo (2009)
3.En esta ley se reconocía el dominio privado de las provincias, manteniendo el criterio del Código de Minería Hidalgo (2009)
4.La Ley de Hidrocarburos vigente 17.319/67 establece regalías del 12% que podrán ser reducidas hasta el 5%. Esto fue modificado por la ley 26.197 conocida como “Ley Corta”, que permite a las provincias cobrar regalías superiores. Sin embargo, la tasa para casi la totalidad de la explotación hidrocarburífera sigue siendo el 12%.
5.Lanardonne T. (2008)
6.Cabe aclarar que en el Artículo 6° de la Ley 25.561 de 2002, que modificó la Ley de Convertibilidad y estipula las primeras retenciones a la exportación del petróleo, se dictamina que “En ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo, para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras”. No obstante, desde entonces las retenciones son descontadas del precio internacional para obtener el valor “a Boca de Pozo”. Si bien la provincia de Neuquén obtuvo una medida cautelar favorable para que las empresas abonen las regalías según esta Ley, la misma no tuvo efecto, tanto por cuestiones formales (las provincias no deben presentar amparos) como de fondo (las regalías deben liquidarse sobre el importe real de venta y no sobre el “precio internacional” que es apenas un indicador). Abella A. et. al (2005)
7.La Resolución 532/04 impuso una retención del 25% más una sobretasa según la cotización del crudo WTI (indicador del mercado norteamericano) que, para montos superiores a U$S 45, es del 20%. Sin embargo, según la Ley 21.453 se estipula que el precio internacional contiene el monto de las retenciones, por lo que la erogación real baja. Ver Mansilla, D. (2007)
8.Con diferencias provinciales, como se observó en la evolución de la distribución de la extracción petrolera. Mientras que Chubut aumentó su extracción un 30%, Neuquén disminuyó un 24% en el mismo periodo
9.En realidad, esto es válido únicamente para las ventas a las refinerías no-integradas como Esso o Shell ya que Petrobras y Repsol (que refinan el 68% del crudo) son petroleras que extraen su propio petróleo por lo que este precio existe sólo en los libros contables. Para ellas, el precio del petróleo sigue siendo el costo de extracción más el de trasporte.
10.A principios del año 2009, el gobierno nacional decretó la coparticipación del 30% de lo recaudado en concepto de retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados, destinando de esa manera una suma estimada con los precios actuales a 2.500 millones de pesos a las arcas de las provincias, de los cuales 40% corresponderán a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. De ese modo, esas provincias recibirán el equivalente a 6% de sus ingresos corrientes por dicho concepto y empezarían a incidir en la distribución de la renta agraria
11.El peso económico se midió para el año 2001, año del último censo poblacional
12.Nótese que Mendoza se considera una provincia desarrollada económicamente, y a su vez es una provincia petrolera ya que 15% de sus recursos provienen de regalías. Por otra parte -aunque tenga una parte importante de reservas de gas- se excluye a la provincia de Salta del análisis, dado que las regalías cobradas representaban menos de 15% de sus ingresos corrientes en 2006
13.En el estudio mencionado, se calculó una densidad de 86 empleados públicos por cada mil habitantes para Santa Cruz, 85 para la Provincia de La Rioja y un promedio de 37 para el total del país.
14. Lozano C., Larrosa R. y Raffo T. (2007) “Situación fiscal y financiera de las Provincias”, IDEP-CTA
15.Ver por ejemplo “Provincias y sindicatos reclaman al Gobierno por aumento de retenciones” El Cronista 18/12/07, “Además de otros aumentos de las naftas, las retenciones provocaran falta de gasoil” Perfil 18/11/07 o “Otro desaliento a la inversión petrolera” La Nación 17/11/07.
16.La metodología se obtiene en Mansilla (2006) y Mansilla (2007). En el Apéndice se expresa analíticamente la forma de calcular la renta y su distribución. La renta no incluye la ganancia “normal” de las petroleras (supuesto en 20% sobre costos). Se consideró el cambio en las retenciones por la resolución 394 a partir de diciembre de 2007 a octubre de 2008, estimando la distribución en forma mensual para ese período
17.Como se explica en el Apéndice, el precio interno y las regalías se calcula por la fórmula correspondiente para la provincia de Neuquén (cuyo petróleo es más caro que el del resto del país), por lo que se está sobrevaluando la recaudación por regalías
18.La separación entre empresas extractoras y empresa refinadoras es un supuesto ya que, como se mencionó, la mayor parte de la refinación de crudo está en manos de empresas integradas (Repsol y Petrobras) por lo que el costo del petróleo no es la “paridad de exportación” sino el costo de extracción (alrededor de U$S 10 por barril)
19 Esto puede deberse a varios estratagemas de las empresas para eludir el pago de impuestos, como por ejemplo que las empresas integradas puedan utilizar precios de transferencia a los fines de contabilizar más o menos ganancias en algún sector de la cadena.
20 Cabe aclarar que el importe cedido por la Nación es menor a lo recaudado por retenciones ya que se contabiliza un mayor devengamiento de impuesto a las ganancias de las empresas (cuyo cobro es mucho más difícil que las retenciones).
21 Disposición 1/08 de la Secretaría de Combustibles.
22 “Provincias dejan de cobrar hasta U$S 1.300 millones por más retenciones al crudo”, Ámbito Financiero, martes 4 de diciembre de 2007.
23 En la estimación de la recaudación sin la resolución 394 no se considera, por ejemplo, la menor erogación por impuesto a las ganancias de las refinadoras (cuyos costos aumentarían) ni el enfriamiento de la economía que hubiese generado la duplicación del precio de los combustibles.

Bibliografía:
- Abella, A., Albarenque J. y Peralte M (2005) “Tratamiento impositivo y jurídico de las regalías en la Argentina” en revista Petrotecnia agosto de 2005.
- Cetrángolo O. y Jiménez J.P. (2004) “Las relaciones entre niveles de gobierno en Argentina.” Revista de la CEPAL Nº 84.
- Cetrángolo O., Jiménez J.P., Devoto F. y Vega D. (2002) “Las finanzas públicas provinciales: situación actual y perspectiva.” Serie Estudios y Perspectivas Nº 12. CEPAL.
- Gaggero J. y Grasso F. (2005) “La cuestión tributaria en Argentina. La historia, los desafíos del presente y una propuesta de reforma.” CEFID-AR
- Hidalgo E. (2009) “Competencias de la Nación y las provincias en la explotación de hidrocarburos en la Argentina”. Realidad Económica N° 241
- Lanardonne T. (2008) “Regalías Hidrocarburíferas. Análisis e Instructivo para su Cálculo”. Suplemento de Derecho Económico, ElDia.com en http://www.eldial.com/suplementos/economico/tcdNP.asp?id=4056&id_publicar=6602&fecha_publicar=21/11/2008&ca
- López R. (2003) “Imponernos. Progresividad y recaudación en el sistema tributario argentino”. CCC
- Lozano C., Larrosa R. y Raffo T. (2007) “Situación fiscal y financiera de las Provincias”, IDEP-CTA.
- Mansilla D. (2006) “Una aproximación al problema de la renta petrolera en la Argentina (1996-2005)” Realidad Económica Nº 223. IADE.
- Mansilla D. (2007) “Hidrocarburos y política energética. De la importancia estratégica al valor económico: desregulación y privatización de los hidrocarburos en Argentina”. CCC.
- Mommer B. (2003) “Petróleo global y estado nacional”, Comala.com
- Piffano H. (2004) “Los recursos no renovables en un sistema federal” en Porto A. (Director) “Disparidades regionales y federalismo fiscal”, EDULP.
- Rofman A. (1999) “Las economías regionales a fines del siglo XX. Los circuitos del petróleo, del carbón y del azúcar.”, Ariel.
- Solberg C. (1986) “Petróleo y nacionalismo en Argentina”, Hyspamérica

Publicado en “Realidad Económica” No 246, ag-set de 2009.

Diego Mansilla y Martín Burgos Zeballos son investigadores del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

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24 de marzo de 1976: ¿Por qué el golpe?

Mario Hernández (especial para ARGENPRESS.info)

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Todo indicio de iniciativa autónoma de los grupos subalternos tiene que ser de inestimable valor para el historiador integral.
Gramsci

Presentación

En los últimos años se han escrito en la Argentina una serie de trabajos que tienden a explicar la recuperación de la hegemonía por parte de la burguesía -entendiendo su pérdida en el sentido gramsciano de crisis de autoridad o crisis del Estado en su conjunto-, a partir de la política desarrollada por la dictadura militar instaurada en 1976. A modo de ejemplo daré cuenta de algunos de ellos:

1) Juan Villarreal (1984) señala que la crisis política posterior a 1955 se relaciona con las bases sociales del poder: una estructura social heterogénea en el campo de los sectores dominantes del capital y homogénea dentro de las clases subalternas con un peso mayoritario de los trabajadores industriales articulados políticamente en el peronismo.

Socialmente homogéneos y mayoritarios, los trabajadores en sus acciones de lucha frecuentemente desbordaron los límites que le imponía su conciencia peronista; fortalecidos por la heterogeneidad y contradicciones de los grupos dominantes comenzaron a presentarse a principios de los setenta como virtual amenaza al orden establecido.

Frente a este panorama se alzaba la incapacidad de los grupos dominantes de desarrollar un proyecto estabilizador que articulara sus distintos intereses.

Los sectores industriales impulsaron un desarrollo orientado al mercado interno apoyándose en el Estado y favoreciendo la redistribución de ingresos. Esta política posibilitó una armonización de intereses con el proletariado que se expresaba políticamente en el peronismo.

Sin embargo, los obreros en las fábricas entraban en conflicto con sus aliados en la política amenazando frecuentemente con el fantasma del poder obrero más allá de límites aceptables.

El gobierno militar que se inicia en 1976 resultó así un proceso general de respuesta autoritaria, disciplinaria y represiva a los avances de radicalización y lucha de los sectores populares en los años anteriores y en un sentido más estratégico produjo efectos de recomposición de las bases sociales de poder dejando como herencia fundamental la fragmentación popular.

2) Perry Anderson (1987) señala que las particulares características que asume el conflicto social en la Argentina y el cono sur de América Latina habría sido consecuencia del equilibrio de fuerzas entre la clase terrateniente tradicionalmente fuerte y la clase obrera fuerte también.

El enfrentamiento entre estas dos clases fundamentales fue decisivo para el advenimiento de las dictaduras militares desencadenado por lo que denomina “la inflexión populista”.

Este proceso abierto en la década del ‘40 planteaba dos problemas centrales: un mayor peso de las masas organizadas por el avance de la industrialización y, como consecuencia, mayores presiones distribucionistas que conducían a una inflación galopante. En cuanto las políticas de sustitución de importaciones agotaron su potencial previo, el resultado fue un nivel de desorden y tensión económica intolerable.

Al tiempo que se entraba en este atolladero económico se produce la radicalización política de los elementos más activos de la coalición populista como consecuencia del impacto de la revolución cubana, hacia lo que Anderson denomina un socialismo revolucionario incipiente. El resultado va a ser para la Argentina la aparición del ala montonera de la guerrilla.

Las intervenciones militares de la década del ‘60 y del ‘70 serían, desde su punto de vista, contrarrevoluciones preventivas para eliminar a esa izquierda que apuntaba a un socialismo.

3) Por último, Abal Medina (1995) destaca que desde 1955 hasta el gobierno de Onganía, la alta inestabilidad de los gobiernos, tanto civiles como militares, se explica por el continuo juego pendular de la gran burguesía industrial constituyendo una alianza económica con la coalición mercadointernista (trabajadores y burguesía local) durante la fase ascendente de la economía para luego conformar un frente político con la burguesía agraria durante los períodos recesivos.

Hacia 1966, con Krieger Vasena en el Ministerio de Economía, la gran burguesía industrial pretende constituirse en el sector hegemónico del capitalismo argentino, pero fracasa en el intento.

Recién con las transformaciones estructurales del capitalismo mundial reforzadas por el plan Martínez de Hoz (1976-81) se redefine la matriz de poder social, permitiendo a los grandes grupos económicos reconstruir una hegemonía capitalista por primera vez desde la crisis del ‘30.

No es mi intención analizar críticamente estos enfoques, sí destacar que tienen la característica común de profundizar el análisis acerca del significado del Proceso abierto por los militares en el ‘76 más allá de sus manifestaciones represivas y señalar su éxito al cerrar la crisis de hegemonía abierta en el ‘55 con la caída del peronismo y sentar las bases económicas y sociales para la dominación de nuevas fracciones del capital que por primera vez ocupan conjuntamente el centro del proceso de acumulación y sintetizan un proyecto orgánico común: los Grupos Económicos de capital nacional y las Empresas Transnacionales (Azpiasu, Basualdo, Khavisse, 1995).

Además superan otros análisis que tienden a explicar la crisis del gobierno peronista a partir de concepciones autoritarias dominantes en el interior del partido gobernante que modificaron las reglas de funcionamiento institucional (Itzcovitz), o bien, por el pretorianismo propio de la sociedad argentina (O’Donnell).

Por mi parte pretendo poner el acento en el rol jugado por el poder del trabajo en el período previo a la irrupción militar.

Del vandorismo a la crisis de los sindicatos peronistas

Derrotadas las grandes huelgas de 1959, la burguesía argentina había logrado doblegar al movimiento obrero que se expresaba a través de los delegados y las Comisiones Internas que controlaban en las fábricas el número de hombres por tarea, los ritmos, el control de calidad, los turnos, etc.

El debilitamiento de la organización de base de los trabajadores benefició a las conducciones sindicales en el control de sus afiliados. El vandorismo fue la expresión de esta nueva situación y mientras mantuvo su hegemonía fue capaz de desarrollar su propia estrategia política generando bases propias de poder y desafiando ocasionalmente la autoridad de Perón negociando directamente con los partidos políticos, los empresarios y los militares.

El vandorismo no planteaba un programa alternativo a las distintas fracciones burguesas que se enfrentaban entre sí por imponer sus distintos proyectos. En general estaba dispuesto a aceptar la eliminación en los convenios laborales de las cláusulas que hacían al control de las condiciones de trabajo a cambio de aumentos salariales y la administración de una extensa gama de servicios sociales. Durante el gobierno autoritario del general Onganía, que suspendió las negociaciones de los convenios, se ve privado de aplicar esta política.

El gobierno del general Onganía (1966-70) desarrolla una política económica favorable a los grandes capitales industriales y financieros en detrimento de la pequeña y mediana empresa y de algunas economías regionales, propietarios rurales y trabajadores.

Esta situación se combinó con el congelamiento del sistema político abriendo una profunda grieta entre la sociedad civil y el poder. Mientras duró el repliegue político y social contó con un importante margen de maniobra para imponer su plan, pero hacia mediados de 1969, en Córdoba, se combinaron el descontento gremial y las tensiones de la sociedad civil en una ola de desobediencia social generalizada.

La actividad sindical que había tenido por escenario los despachos oficiales y las gerencias de las empresas, desciende a las fábricas y se vuelca a las calles.

“En los dos cordobazos la clase obrera -arrastrando tras de sí a las capas populares- enfrenta directamente al brazo armado del estado. En el Chocón, en las tomas de las plantas mecánicas de Córdoba (1970-71), en las ocupaciones de los pueblos tucumanos “vaciados” por los cierres de ingenios, lo mismo que en Campomar, Del Carlo, La Bernalesa y tantas otras, la acción directa, una tradición de la clase obrera argentina amortajada por las direcciones reformistas en las alfombras de los ministerios vuelve a levantar vigorosamente la cabeza” (Natalia Duval).

Irrumpe un sindicalismo combativo a nivel de fábrica y en el interior del país que a partir de mediados del ‘72 se extiende al cordón industrial del Gran Buenos Aires -hasta ese momento más controlado por los aparatos sindicales- y no detiene su accionar hasta marzo del ‘76.

Los dirigentes de los sindicatos se vieron reiteradamente desbordados. La crisis de representación sindical, el surgimiento de nuevos delegados y el rol jugado por las asambleas de fábrica constituyen elementos claves para comprender la relevancia del poder del trabajo en el período.

¿Por qué Córdoba?

La conflictividad laboral y el cuestionamiento a las direcciones sindicales alcanzan su máxima intensidad en Córdoba, asiento de un fuerte y concentrado proletariado fabril en uno de los sectores más adelantados del capitalismo, la industria automotriz.

Pero hay otros elementos que explican esta situación. El pluralismo que dominaba las prácticas sindicales favorecido por el relativo aislamiento de los centros del poder sindical peronista y el carácter independiente del sindicalismo cordobés respecto del vandorismo. El rol del sindicato de Luz y Fuerza conducido por Agustín Tosco, líder del sector independiente de la seccional cordobesa de la CGT. Las nuevas empresas multinacionales instaladas en Córdoba que fomentan los convenios por empresa como el caso de la Fiat que altera la estructura sindical tradicional del movimiento obrero argentino al promover la formación de sindicatos por planta. Además, la política laboral seguida por el gobierno radical en el período 1964-66 buscando debilitar a los sindicatos peronistas estimuló la concertación de convenios por empresa y la formación de sindicatos en los nuevos sectores industriales dando mayor autonomía a los sindicatos locales y seccionales existentes.

La unidad obrero-estudiantil

Los sucesos de Córdoba fueron precedidos por una serie de levantamientos que tuvieron como protagonista central al movimiento estudiantil universitario que había sufrido un violento ataque de Onganía desde su subida al poder. Prácticamente, la Universidad fue el único sector que protestó desde el principio debido al duro golpe sufrido por el movimiento obrero por la derrota de la huelga de portuarios después de más de 30 días de conflicto y la actitud abiertamente colaboracionista de la dirigencia de la CGT con el gobierno militar. No por casualidad la primera víctima que se cobró la dictadura a dos meses del golpe fue el estudiante Santiago Pampillón durante una manifestación en la ciudad de Córdoba.

La gran expansión económica mundial a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial exigía muchos más administradores y técnicos. El lugar para formarlos eran las universidades o instituciones de enseñanza superior. El mejoramiento del nivel de ingresos hizo posible el acceso a los niveles superiores de educación a hijos de sectores medios, obreros y familias humildes. Era la mejor forma de conseguir ingresos más elevados y un nivel social más alto.

Esa multitud de jóvenes se encontró que las universidades no estaban ni física, ni organizativa, ni intelectualmente preparadas para recibirlos. El resentimiento hacia las autoridades universitarias se hizo extensivo a todo tipo de autoridad. Así los estudiantes se inclinaron hacia la izquierda.

No sólo eran políticamente radicales y explosivos sino de una eficacia única a la hora de dar expresión nacional e incluso internacional al descontento político y social como lo demostraron en EE.UU., México, Polonia, Checoeslovaquia y Yugoeslavia, estimulados por los sucesos de París de 1968, que luego precipitó una enorme oleada de luchas obreras en Francia e Italia en demanda de salarios más altos y de mejores condiciones laborales.

En nuestro país en la década del ‘50 el estudiantado universitario reflejó el repudio de la clase media y burguesa al régimen peronista y al movimiento obrero. Con el triunfo de la revolución cubana y el ingreso masivo de sectores medios y populares a la enseñanza superior, gira a la izquierda y se radicaliza. Al tratar el gobierno desarrollista y los monopolios extranjeros de orientar la enseñanza en su beneficio durante la etapa cientificista, los estudiantes chocan con el régimen más de conjunto. Influidos por el ascenso mundial y latinoamericano de fines de los ‘60, en forma mayoritaria se unen a la lucha del movimiento obrero.

En mayo del ‘69 se desarrolla en la ciudad de Corrientes una movilización contra el aumento del ticket en el comedor universitario que fue reprimida violentamente por la policía dando muerte al estudiante Cabral.

El 16 de mayo la CGT regional decreta el paro y se convoca a una manifestación -la de mayor envergadura en la historia de la ciudad-, a la que asisten más de 12.000 personas.

A partir de ese momento se suceden en el ámbito universitario de todo el país asambleas, actos relámpagos y discusiones públicas que llegan a su clímax en la Universidad de Rosario donde es asesinado el estudiante de Ciencias Económicas Adolfo Bello.

El 21 de mayo estudiantes universitarios, secundarios y obreros marchan en homenaje a Bello y Cabral hasta el centro de la ciudad de Rosario y se traban en lucha abierta contra la policía que va a ser desbordada. El obrero y estudiante secundario de 15 años, Luis Norberto Blanco, muere a causa de la represión. El día 23 la CGT regional lanza un paro general.

También se producen enfrentamientos en La Plata y Tucumán donde el 27 de mayo los manifestantes ocupan la Plaza de la Independencia.

En todos estos acontecimientos -salvo en La Plata- se da un proceso de unidad obrero-estudiantil, donde el sector más dinámico lo constituye el estudiantado universitario.

La movilización estudiantil por sí misma difícilmente hubiera podido variar la situación si no hubiera entrado en escena el movimiento obrero.

La huelga de petroleros de Ensenada y la de Fabril Financiera en Capital Federal comienzan a revertir esta tendencia que se expresará claramente en el Cordobazo donde a diferencia de los sucesos anteriores, el movimiento obrero pasa a ocupar el centro de la escena.

El Cordobazo fue una explosión de repudio popular al régimen autoritario, una protesta política. Cerca de 30.000 personas combatieron el 29 de mayo de 1969 contra la policía y la gendarmería contando con el apoyo de toda la población. Por primera vez desde la Semana Trágica, la policía fue puesta en retirada por las fuerzas populares.

Meses después, en setiembre, los ferroviarios rosarinos se levantan contra las sanciones que pretenden aplicarse contra los huelguistas que cumplieron el paro general del 1° de julio. El gobierno moviliza militarmente a los huelguistas, sin poder evitar que entre el 16 y el 22 de setiembre se combata en las calles y las barricadas cubran Rosario.

El Cordobazo no alcanza para producir la caída inmediata de Onganía -se producirá un año después-; su debilidad consistió en la inexistencia de una dirección sindical y política que superara a la burocracia sindical peronista y generalizara la movilización al conjunto del país.

En el plano cordobés estimuló una de las experiencias más significativas en la historia del movimiento obrero argentino, el surgimiento del Sitrac-Sitram en el complejo de la empresa Fiat en Ferreyra.

Sitrac-Sitram

Estos sindicatos de empresa se habían mantenido al margen de la lucha del movimiento obrero cordobés. Constituían típicos sindicatos “amarillos”, correa de transmisión de las políticas laborales dictadas por la Gerencia de Personal de la Fiat.

El 15 de mayo de 1970, sus trabajadores ocupan la planta de Concord contra la conducción sindical y durante tres días mantienen como rehenes a funcionarios de la empresa, consiguen la renuncia del comité ejecutivo del Sitrac y acuerdan con la patronal y el Ministerio de Trabajo realizar elecciones en el término de un mes.

El éxito alentó una rebelión similar en Materfer, la planta de equipos ferroviarios de la Fiat.

Las plantas de Ferreyra, con más de 5.000 operarios, se convierten en el epicentro de la política obrera cordobesa.

En los meses siguientes los trabajadores desarrollan una rica experiencia de democracia sindical. Las asambleas generales abiertas dentro de las fábricas eran una verdadera institución y se realizaban para decidir todas las cuestiones de la base fabril. Todos sus dirigentes conservaban sus empleos en la planta y no había puestos gremiales pagos.

Apoyados por una creciente participación de las bases los nuevos líderes dirigieron gran parte de su atención al problema de la calidad del trabajo dadas las penosas condiciones laborales dentro de las plantas, y desafiando directamente la autoridad patronal se enfrentaron con los planes de racionalización orientados a intensificar la producción y cuestionaron las prerrogativas y la autoridad de la empresa en el proceso laboral, lo que suponía un desafío directo al control absoluto de la Fiat sobre la fábrica y todas las cuestiones relacionadas con la producción. En las negociaciones que sostuvieron con la Fiat un año después, el Sitrac y el Sitram pidieron la abolición del sistema de incentivos de la empresa y que el aumento de la producción debía originarse en la renovación tecnológica y no del mayor esfuerzo del trabajo humano.

No se limitaban sólo a una propuesta sindical. Evolucionaron hacia un programa político que sostenía la estatización del comercio exterior, el sistema bancario, financiero y de seguros. La expropiación de todos los monopolios industriales, servicios públicos y grandes empresas nacionales y extranjeras. Expropiación de la tierra a la oligarquía terrateniente sin compensaciones. Planificación integral de la economía, abolición del secreto comercial y control obrero del sector empresario no expropiado. Construir un Frente de Liberación Social y Nacional bajo la dirección de los trabajadores e instaurar mediante la lucha popular y la movilización de masas un gobierno popular revolucionario para asegurar el cumplimiento del programa precedente, instaurar una Asamblea Unica del Pueblo y sostener una política internacional solidaria con los pueblos que luchan por su liberación como Vietnam.

En otros puntos del país se producen movilizaciones obreras significativas. En febrero, Onganía debe postergar su visita a la represa hidroeléctrica de El Chocón (Neuquén) ocupada durante cuatro meses. Para quebrarla interviene la Gendarmería. Se reclamaban salarios, condiciones de trabajo, alojamiento, respeto por parte de los encargados, reconocimiento de dirigentes elegidos democráticamente y rechazados tanto por la patronal como por la directiva de su sindicato.

Una de las victorias más importantes de la nueva vanguardia clasista fue la de Banco Nación con 6.000 trabajadores. También comienza un reanimamiento en textiles y metalúrgicos (Tamet).

En PASA, la más grande empresa petroquímica del país, eligen nuevos delegados. En el sindicato mecánico, delegados pertenecientes a la oposición pasan a controlar muchas de las principales firmas asentadas en el Gran Buenos Aires: Chrysler, Peugeot, Citroen, Mercedes Benz y FAE.

Según una solicitada publicada por Ika-Renault desde abril de 1969 a mayo de 1970 se perdieron en sus fábricas 1.100.000 horas de trabajo y 500 millones de pesos (moneda nacional) por medidas de fuerza con “objetivos extragremiales”; entre mayo y junio de 1970, se perdieron 900.000 horas y jornales por 400 millones.

Los días 12 y 13 de noviembre se desarrolla un paro nacional masivo con movilizaciones importantes en Córdoba, Rosario y Catamarca, y gran violencia en Salta y Tucumán.

En Catamarca la movilización continúa y el gobierno decreta la Zona de Emergencia a cargo del Ejército, a pesar de lo cual dos días después -el 19- la multitud intenta atacar la Casa de Gobierno provincial. El 25 y 26 se producen nuevas manifestaciones en Tucumán.

Según datos de la Fiat, en 1970 se dejan de trabajar en la fábrica Concord un total de 260.000 horas, con una merma de 2.300 automóviles respecto de 1969.

En 1971 la CGT de Córdoba desencadenó 12 paros con manifestaciones callejeras, ocupaciones de plantas y toma de rehenes entre los gerentes. Dirá Carlos Nágera, secretario administrativo del Smata (Córdoba) en 1974: “Las huelgas de la época fueron todas violentas y hasta con rehenes, donde los compañeros colocaron tambores con nafta alrededor de los rehenes y electrificaban las plantas”.

El 12 de marzo (tercer paro activo del año), se producen choques en Ferreyra entre trabajadores de Concord y Materfer y la policía. Este conflicto, conocido como el Ferreyrazo, precedió el paro general del día 15. Ese día como parte del plan de lucha acordado con la CGT local, miles de trabajadores de la Fiat abandonan las plantas y marchan al centro de la ciudad para participar en un acto en la plaza Vélez Sársfield. El secretariado de la CGT no se hace presente y los sindicatos clasistas se hacen cargo de la dirección reeditando un nuevo Cordobazo que se conocerá con el nombre de Viborazo.

El gobierno dispone la intervención del Sitrac-Sitram y detiene a sus dirigentes. Córdoba quedó sumergida en un clima de guerra: patrullas en las calles, comunicados militares, marchas bélicas, requisas, detenciones por centenares, allanamientos repetidos en los domicilios de los activistas y dirigentes sindicales.

El 18 la CGT cordobesa declara un nuevo paro general. El 23 de marzo el general Lanusse asume el gobierno, deja sin efecto la proscripción de los partidos políticos y promete la realización de elecciones convocando al Gran Acuerdo Nacional (GAN), comprometiendo a todos los sectores burgueses -incluido el peronismo- a aceptar las reglas del juego democrático, a través del tradicional juego parlamentario, y sin exponer la estabilidad del régimen.

El ascenso de masas y concretamente el segundo Cordobazo, es el factor determinante que obliga a los militares a plantearse la utilización de este recurso.

El Viborazo contiene significativas diferencias respecto de los levantamientos vividos casi dos años antes por su carácter predominantemente obrero, la presencia visible de la izquierda y los discursos anticapitalistas de los líderes obreros. El orador del Sitrac sostiene que para la clase trabajadora la única solución es una revolución que destruya la actual sociedad, basada en la explotación, y construya el socialismo, objetivo que sólo se logrará con las armas en la mano.

El 22 y 23 de mayo se reúnen en Córdoba, convocados por la CGT regional, 117 sindicatos en un congreso nacional de sindicatos combativos que acuerda un programa de oposición al gobierno, convocaba a la nacionalización de todos los grandes sectores de la economía, defendía la planificación central y la participación obrera en la administración de las empresas.

Paralelamente por primera vez la izquierda revolucionaria tiene peso gremial en Córdoba en Sitrac-Sitram, Smata, SEP (empleados públicos provinciales), municipales, calzado y otros gremios menores.

El clasismo

La rebelión de los obreros de Fiat se estaba transformando en un movimiento político disidente que alentaba otros movimientos antiburocráticos más allá de los límites cordobeses.

El clasismo convoca el 28 y 29 de agosto a una Reunión Nacional de Sindicatos Combativos, Agrupaciones Clasistas y Obreros Revolucionarios con el siguiente temario: a) situación del país desde la perspectiva del proletariado; b) situación del movimiento obrero; c) coordinación nacional de las luchas contra la explotación, la entrega al imperialismo y la acentuación de la represión; solidaridad para imprimir al movimiento sindical una línea clasista y recuperar para la clase obrera sus organizaciones.

Aunque dominado por el movimiento estudiantil y distintas organizaciones de ultraizquierda, permitió reunir grupos sindicales disidentes. Estaban presentes los sindicatos farmacéutico y gráfico, la CGT de Corrientes, la Comisión Interna de Textil Escalada, los trabajadores ferroviarios de Tafí Viejo, representantes de 14 comisiones internas bonaerenses encabezadas por el Banco Nación y dirigentes despedidos de Chrysler y Petroquímica. Los delegados de la Intersindical de San Lorenzo (cinturón industrial del Paraná) fueron detenidos y no pudieron participar.

Adopta una serie de importantes resoluciones, entre ellas, luchar por una dirección independiente para la clase obrera que destierre definitivamente a burócratas y reformistas. Denuncia al GAN, la Hora del Pueblo -acuerdo político del peronismo, el radicalismo y partidos políticos menores para presionar por elecciones- y al Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA) -liderado por el Partido Comunista-, como las falsas opciones en que la burguesía pretende encerrar la lucha de los trabajadores. Se pronuncia por la destrucción definitiva del capitalismo y por la construcción del socialismo. Reclama la libertad de todos los condenados y procesados por razones gremiales, estudiantiles y políticas; la derogación del estado de sitio, la pena de muerte y toda legislación represiva. Anulación de la Ley de alquileres y la de Asociaciones Profesionales. Levantamiento de las intervenciones a las organizaciones sindicales y estabilidad para los empleados públicos.

El 22 de setiembre una asamblea del sindicato petroquímico de San Lorenzo propicia que se avance en la redacción del programa para nuclear a la corriente sindical clasista, con el objeto de recuperar los sindicatos y la CGT nacional.

El 26 de octubre tropas de Gendarmería ocuparán las fábricas de Ferreyra y el Ministerio de Trabajo cancela la personería gremial del Sitrac-Sitram impidiendo la posibilidad de consolidación de este esbozo de dirección de alternativa que estaba formándose.

Pese al GAN la lucha continúa
En diciembre la Policía Federal ocupa los tribunales de Buenos Aires para terminar con ocho meses de protestas. Una huelga de portuarios termina con muertos y heridos por la represión. Médicos, dentistas y fruticultores del Valle del Río Negro paran también en diciembre.

El verano presencia en Córdoba la ocupación de la planta metalúrgica Del Carlo por falta de pago de varias quincenas.

En enero se producen movimientos de protesta de las Ligas Agrarias del Noreste. En Chaco, Tucumán y La Rioja se movilizan los empleados públicos.

El 29 de febrero y el 1° de marzo se realiza el último paro nacional del período. Una vez más la paralización es total. En adelante la CGT ajustará su política a la sintonía de Lanusse, Perón y el resto de la patronal de canalizar el proceso de luchas hacia la salida electoral.

A principios de abril se produce en Mendoza un levantamiento popular contra el aumento de tarifas eléctricas que provoca la intervención de tropas militares y la suspensión de la medida.

La movilización se extenderá a San Juan y durará del 4 al 8 de abril. Córdoba realiza un paro activo de apoyo el 7 de abril.

A esa altura había listas y delegados clasistas que dirigían conflictos y ganaban elecciones sindicales en las provincias azucareras del Noroeste, en el cinturón industrial del Paraná, en las plantas siderúrgicas de Villa Constitución, San Nicolás y Zárate y en la UOM de Santa Fe y Córdoba, que seguiría siendo el centro del movimiento. En abril de 1972 la Lista Marrón, dominada por activistas marxistas y delegados de taller, triunfa en las elecciones del sindicato mecánico local que comprendía alrededor de 7.000 trabajadores de la fábrica Ika-Renault.

Meses después en General Roca (Río Negro) la población expulsó al intendente y llegó a gobernar la ciudad.

A fines de ese año, la mayoría de los 6.700 trabajadores de la planta siderúrgica Somisa de San Nicolás, a la que pertenecía José I. Rucci, secretario general de la CGT, votan retirarse del sindicato en repudio a su dirigencia conservadora.

La izquierda frente a las elecciones

La influencia antiburocrática y del clasismo no se plasmó en las elecciones generales.

La derrota del Sitrac-Sitram impidió que el frente único obrero que intentaba desarrollarse, pudiera llevar al terreno electoral una opción clasista.

La posición de las organizaciones guerrilleras también contribuyó para que los trabajadores permanecieran bajo la influencia política de los líderes y partidos patronales.

A partir de 1969, al calor de las luchas obreras y populares, se iniciará el desarrollo de una fuerte guerrilla urbana que reflejaba a sectores importantes de la clase media -incluso alta- golpeados por la crisis económica y el régimen autoritario de Onganía. Los elementos obreros que adherían eran escasos.

Luis Mattini, miembro de la dirección del PRT-ERP, cuenta que muchos de sus militantes y combatientes vivían en San Nicolás, asiento de la concentración industrial más grande del país. Sin embargo, dirigían sus esfuerzos políticos sobre la Universidad de Rosario, las villas miserias y, sobre todo, el frigorífico Swift, a pesar de que la industria de la carne estaba en crisis y la situación de sus trabajadores era inestable.

La mayoría de los reclutas y simpatizantes de la guerrilla peronista Montoneros también procedían de sectores medios.

Frente al proceso electoral ambas organizaciones privilegiaron sus estrategias militaristas. Los Montoneros dirán, en setiembre del ’71, que la Hora del Pueblo era una treta de Perón, mientras el Movimiento se preparaba para emprender la guerra. En octubre, el PRT-ERP levantaría la consigna “ni golpe, ni elección: Guerra Revolucionaria”. Recién en enero del ’73, se inclinarán por la abstención electoral. Mientras, los Montoneros, a través de la Juventud Peronista, se constituyen en los protagonistas centrales de la campaña electoral en apoyo de la fórmula Cámpora-Solano Lima, sostenida por Perón.

Los sectores combativos de la burocracia, representados por el legalismo cordobés, se sumaron a las listas del Frejuli. Atilio López, secretario general de la CGT cordobesa, fue candidato a vicegobernador de Córdoba, con el apoyo de Agustín Tosco.

La corriente maoísta Vanguardia Comunista, influyente en el Sitrac-Sitram, levantó la consigna “ni golpe, ni elección, revolución”, llamando a votar en blanco. La otra corriente maoísta de importancia, el PCR (actual PTP), cuyo principal dirigente obrero era René Salamanca, pasó del voto en blanco a votar la fórmula Perón-Perón en setiembre del ’73, para terminar apoyando al gobierno de Isabel y López Rega contra una supuesta conspiración soviética alentada por Videla y la futura junta militar.

El Partido Comunista participó de la Alianza Popular Revolucionaria junto al ex-frondicista Alende.

La única excepción la constituyó el Partido Socialista de los Trabajadores. Esta pequeña organización trotskista, influyente en el gremio bancario y en las plantas metalúrgicas y automotrices del Gran Buenos Aires, obtuvo la personería electoral y la puso al servicio de un “Gran Acuerdo Obrero y Socialista” sosteniendo que sería un crimen no levantar esa opción contra los candidatos patronales. Llamó públicamente a elegir candidatos obreros en asambleas de fábrica, tendiendo a unificar la vanguardia surgida en las luchas del período, como la única manera de no hacerle el juego a los partidos burgueses y reformistas representados en la Hora del Pueblo y el Encuentro Nacional de los Argentinos.

La orientación pro-burguesa de la guerrilla y el reformismo, y el sectarismo de la ultraizquierda frustraron este planteo.

El peronismo en el gobierno

A principios de 1973, la escena política es dominada por el proceso electoral pero la agitación obrera no se detiene. El 25 de mayo asume el gobierno de Cámpora y pocos días después la central obrera, los empresarios (CGE) y el Gobierno con el posterior aval del Parlamento, firman el Pacto Social que congela las negociaciones salariales por 2 años.

Durante el breve mandato de Cámpora fueron numerosas las ocupaciones de ministerios y dependencias públicas. En los primeros 20 días del nuevo gobierno, trabajadores y activistas de base realizaron unas 176 ocupaciones fabriles. De junio a octubre, el panorama va a ser dominado por los conflictos centrados en las empresas privadas.

Se presenció una intensificación de la lucha de clases a nivel de fábrica en el cinturón industrial del Gran Buenos Aires. Los temas dominantes fueron las condiciones de seguridad e higiene del trabajo, salarios atrasados, reclasificación de tareas, contra el incremento de los ritmos de producción, por la reincorporación de los despedidos durante la dictadura y frecuentemente desembocan en la elección de nuevos delegados.

En cuanto a los métodos se caracterizan por la ocupación de las plantas (Terrabusi, Molinos, Astarsa, Acindar) y el rol jugado por la asamblea de fábrica que actúa como la representación de los trabajadores encargada de formular las demandas y adoptar las medidas de fuerza hasta tanto se renueven las Comisiones Internas.

Juan C. Torre (1979) señala que: “En las disputas concernientes a las normas de trabajo fue común que los trabajadores decidieran poner en práctica por su cuenta sus propios criterios sobre las tareas en litigio, colocando a la gerencia ante un hecho consumado. El retiro de la colaboración y la insubordinación a los supervisores devinieron prácticas corrientes, mientras la producción se desenvolvía bajo la amenaza permanente de ser paralizada frente a cualquier incidente. El monto de la protesta no negociable que se había ido formando en las empresas convirtió a los compromisos en armisticios siempre precarios, prontos a quebrarse y a reabrir la vía nuevamente a una escalada de medidas de fuerza. La tendencia de los conflictos fue, así, a durar, realimentados por el contrapunto entre la intransigencia de los trabajadores y las respuestas autoritarias a las que apelaban los empresarios en defensa de sus prerrogativas”.

El 12 de octubre, Juan Domingo Perón, jura como nuevo Presidente y su primera medida es reafirmar el Pacto Social. En noviembre promueve la Reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales dotando a las conducciones sindicales de mecanismos coercitivos para detener la movilización antiburocrática. Según esta ley no podía existir más de un sindicato por rama de actividad, ilegaliza los sindicatos de empresa, posibilita la intervención de las filiales, los sindicatos pueden poner fin al mandato de los delegados de fábrica y amplía el mandato de las jerarquías sindicales de 2 a 4 años.

Sin embargo, hacia fines de año los mineros de Aguilar y Sierra Grande, Gráficos, Tabacaleros y Transportes de Córdoba, concretan medidas de fuerza en procura de mejoras salariales. Ya a principios de 1974 se produce la ocupación de Molinos Río de la Plata, el paro de papeleros de la Matanza, la toma de textil Bossi y se extiende una larga lista de conflictos.

El Congreso legisla la Ley de Conciliación Obligatoria que ahora podría aplicarse a todo tipo de conflicto y se reglamenta la Ley de Prescindibilidad para los empleados de la Administración Nacional.

Estas medidas legales e institucionales tienen por objetivo poner fin a la agitación obrera dotando a las autoridades políticas y sindicales de mecanismos de coerción legal, a pesar de lo cual, entre marzo y junio de 1974 se registró el promedio mensual de conflictos más alto de los tres años de gobierno peronista.

A diferencia de los anteriores, la causa principal fueron las demandas salariales. A medida que el cuestionamiento al congelamiento salarial del Pacto Social era más importante en el plano de las reivindicaciones obreras, tanto mayor la manifiesta incapacidad de las jerarquías sindicales y el peronismo para controlar a los sindicalistas disidentes y las movilizaciones de las bases.

En marzo de 1974 se desarrolla un importante conflicto en Acindar (Villa Constitución) por las condiciones de trabajo. La patronal despide a los delegados y los trabajadores toman las plantas siete días y exigen la normalización de la seccional local de la UOM. Sindicatos de todo el cinturón industrial del Paraná convocaron a huelgas de solidaridad. Las plantas de Sicheira, Empalme, Pavón, Arroyo Seco, Alvear y Lagos dispusieron medidas de fuerza y la mayoría de la ciudad de Villa Constitución paralizó sus actividades en apoyo de los obreros. Finalmente las elecciones darán el triunfo a la lista de activistas surgidos en el conflicto.

El 20 de mayo se desarrolla en Villa Constitución un Plenario Antiburocrático que reúne miles de delegados y activistas. Una vez más se plantea la posibilidad de dar al movimiento clasista y antiburocrático una coordinación centralizada. La oportunidad se frustrará por la negativa explícita de los líderes del plenario -Piccinini, Tosco y Ferrarese (PB)- con el apoyo del PRT-ERP y la JP-Montoneros. Cerca de 800 participantes, influenciados por el PST, defendieron la perspectiva de la coordinadora.

El 1° de mayo Perón rompe públicamente con los sectores radicalizados nucleados en la JP-Montoneros, inclinando la balanza al interior del movimiento peronista a favor de la CGT-62 Organizaciones y fortaleciendo el liderazgo burocrático.

La derecha peronista vio este hecho como una señal para intensificar sus ataques contra la izquierda y erradicarla de los sindicatos. Tres activistas del Partido Socialista de los Trabajadores fueron asesinados, se atacaron locales de la JP y se allanó la sede del Peronismo de Base.

En ese mismo mes se producen una serie de huelgas por aumentos de salario al margen de la conducción cegetista como consecuencia del incremento de precios y el desabastecimiento y en abierta rebeldía contra el Pacto Social. Varios gremios logran aumentos importantes.

Perón se ve obligado a actuar personalmente para frenar las demandas obreras en la que sería su última aparición pública el 12 de junio de 1974.

El Ministerio de Trabajo suspende la personería del sindicato fideero como consecuencia de importantes conflictos en la fábrica Mattarazzo de Villa Adelina y en la fábrica Bagley.

El 1° de Julio muere Perón y ese mismo mes se inicia un conflicto en docentes (Ctera) y en las plantas automotrices cordobesas. Los trabajadores ocupan las plantas de Bagley en Buenos Aires y de Molinos en el Chaco.

A fines del mes inician medidas los gráficos y nuevamente interviene el Ministerio de Trabajo y retira la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense (Ongaro) y al sindicato de periodistas de Buenos Aires (APBA), en agosto. Este último era conducido por dirigentes vinculados al PC, pero corría el riesgo de perder la conducción a manos de la Lista Naranja, hegemonizada por la izquierda peronista.

En setiembre las autoridades laborales disponen la prohibición de los sindicatos por empresa en virtud de la aplicación de la Ley de Asociaciones Profesionales dictada el año anterior, al tiempo que propone su modificación “porque muchos delegados amparados en el fuero sindical están generando conflictos, practicando la demagogia y pidiendo más de lo que pueden obtener”.

La descomposición del gobierno de Isabel Perón

De agosto a octubre de 1974 el gobierno, a través de José López Rega y la Triple A, se lanza a poner remedio a la extensa e incesante movilización de base convirtiendo la violencia en el método privilegiado para enfrentar la oposición sindical. En total unos 200 activistas gremiales y partidarios fueron asesinados por la Triple A y los comandos civiles fascistas antes de setiembre. Sin embargo, esta violencia no puede considerarse una respuesta a la guerrilla. La gran mayoría de los ataques fueron dirigidos contra quienes intentaban desarrollar políticamente a la izquierda mediante el aprovechamiento de métodos legales o defendían los derechos democráticos existentes (1). Paralelamente, el Parlamento puso en manos del Ministerio de Trabajo, a través de la Ley de Seguridad, facultades casi irrestrictas para la represión de las huelgas y combatir al sindicalismo clasista estipulando penas de prisión de uno a tres años para los líderes de las huelgas declaradas ilegales.

Luego de dos meses de conflicto en Ika-Renault, Salamanca es expulsado del sindicato y la Seccional Córdoba del Smata intervenida. Sin embargo, el movimiento de delegados seguía siendo fuerte en el lugar de producción y el 6 de noviembre, los trabajadores del Smata cordobés abandonaron sus tareas para exigir el retiro de las autoridades nacionales del sindicato y el retorno de los dirigentes locales.

A comienzos de octubre la policía ocupó los locales del sindicato de Luz y Fuerza en Córdoba y ordenó la captura de sus dirigentes.

En diciembre, el sindicato de los trabajadores azucareros de Tucumán (Fotia), también va a ser intervenido a raíz de una huelga.

Hacia fines de año el ambiente laboral estaba relativamente pacificado. Entre noviembre de 1974 y marzo de 1975, las huelgas cayeron en el nivel más bajo del gobierno justicialista. El ausentismo, calculado en un 20 % de la fuerza laboral, se convirtió entonces en la expresión del descontento obrero. (2)

El gobierno decidió convocar a empresarios y sindicatos a partir del 1° de marzo para comenzar a discutir los salarios y condiciones de trabajo, pero los hechos van a demostrar que a pesar de la represión desatada sobre la oposición en 1974, la burocracia sindical no logró restablecer su hegemonía sobre las bases.

Ese mes se produce un nuevo movimiento en Villa Constitución por aumento de salarios y el control de los ritmos de producción, también en protesta por negarse a reconocer la victoria de la lista opositora electa a fines de 1974. Son encarcelados más de 40 activistas gremiales y el comité ejecutivo electo. Se produce entonces una protesta popular que terminó dos meses después cuando el gobierno liberó a algunos de los activistas encarcelados.

A mediados de mayo varios sindicatos decidieron una serie de paros. Los conflictos laborales comenzaron a agitar nuevamente las empresas después del impasse experimentado desde noviembre del año anterior.

El 31 renuncia el titular del Ministerio de Economía, Gómez Morales, y es reemplazado por Celestino Rodrigo quien procuró contener la desenfrenada carrera de precios y salarios desatada desde 1974 mediante un retraso salarial. El plan económico implementado resultó en un descalabro total. El costo de vida aumentó un 21% en junio y 35% en julio. El país fue escenario de una serie de huelgas salvajes, ocupaciones de fábricas y manifestaciones que paralizan el país cerca de un mes.

La industria automotriz va a ser la más afectada por estos movimientos. Se impulsaron paros, toma de rehenes y la exigencia de renuncia de los dirigentes gremiales en Ford, General Motors y otras plantas de Buenos Aires.

A principios de julio, la CGT en un intento por recuperar el control de la situación, convocó a un paro de 48 horas, ratificando el estado de huelga y concentraciones producidas en los primeros días de julio en el Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Berisso, Ensenada, La Plata y Capital.

La huelga que paralizó al país y costó 800 millones de dólares en pérdidas de productividad, reveló que al gobierno y la burocracia sindical le resultarían cada vez más difícil mantener la disciplina laboral apelando a la lealtad a un gobierno peronista bajo un programa económico que afectaba los intereses obreros. (3)

Desbordada por la movilización obrera que exigía la renuncia de Rodrigo y López Rega, la CGT abandonó a su principal aliado en la represión al activismo sindical. En pocos días la exigencia de ratificación de los aumentos salariales que había reunido una multitud en apoyo al gobierno peronista, se transformó por primera vez en una movilización política en su contra. (4)

El remedio golpista

A pesar del triunfo que significó el alejamiento de los dos ministros cuestionados, los conflictos laborales no disminuyeron su intensidad ampliando su alcance a sectores de las clases medias. Los médicos de los hospitales y los empleados judiciales se sumaron a la protesta obrera.

En las fábricas y barrios empiezan a surgir “comisiones coordinadoras” para organizar la actividad entre obreros de distintas industrias en una zona determinada.

A principios de junio, activistas de la Fiat y del Smata de Córdoba habían constituido el más importante de estos comités de resistencia, La Mesa Provisoria de Gremios en Lucha, especie de CGT paralela local que unía a los sindicatos disidentes y dirigió las huelgas en la segunda mitad de 1975 por mejoras salariales y para exigir la liberación de la cárcel de la directiva del Smata cordobés y la anulación de la orden de detención de su secretario general. Fue el año de mayor cantidad de paros en el complejo Ika-Renault entre 1966-76 y obligó a la empresa a ignorar a los interventores del sindicato y tratar directamente con los comités de fábrica.

Las referencias del gobierno a la “subversión industrial” y a la “guerrilla industrial” -término acuñado por el titular de la UCR, Ricardo Balbín- eran frecuentes, así como la prohibición de huelgas. Es significativo que la primera acción “antisubversiva” de importancia, en noviembre, cuando el Ejército tomó en sus manos el control total de la “antiinsurgencia”, se dirigiera contra los mineros de Sierra Grande que llevaban 44 días de ocupación por aumento de salarios y el derecho a elegir sus representantes sindicales. (5)

Aunque las coordinadoras se habían desintegrado en Córdoba a principios del ‘76, siguieron siendo activas en las plantas del Gran Buenos Aires, sobre todo en el complejo de Ford y entre los trabajadores metalúrgicos del norte y el oeste del conurbano bonaerense.

En las primeras semanas de marzo una ola de protesta contra la política de austeridad anunciada por un nuevo ministro de Economía, Mondelli, comenzó a crecer en las fábricas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, reeditando la situación que dio origen al Rodrigazo. (6)

Empresarios y militares deciden entonces atacar frontalmente al poder del trabajo que no pudo ser destruido en los conflictos industriales ni por el peronismo en el gobierno.

El 24 de marzo, con el concurso de los poderes represivos del Estado, se iniciaba una nueva etapa: la domesticación del poder del trabajo a sangre y fuego. (7)
Conclusión

La etapa abierta por el Cordobazo como presencia del poder del trabajo que amenazaba las bases de dominación de la burguesía, no fue cerrada por el gobierno peronista instalado en el ‘73, ni siquiera durante el mandato de Juan Domingo Perón, pese a su indiscutible ascendiente sobre los trabajadores y sectores populares. Fue precisamente esa incapacidad del peronismo la que obligó a los militares a entrar en escena desarrollando paralelamente un plan estratégico en el terreno económico y social que perseguía el objetivo de replantear las bases de dominación de la burguesía superando lo que Juan Carlos Portantiero (1972) denominara “el empate histórico”.

Si bien en el período analizado (1969-76) hay momentos en que la burguesía coyunturalmente retoma la iniciativa política institucional, no tiene éxito en detener la crisis abierta por la movilización obrera y popular en las unidades productivas.

Mi trabajo intenta desarrollar esa situación. En este sentido seguimos a John Holloway cuando señala que, a nivel mundial, a fines de los ‘60 y principios del ‘70 el patrón de dominación y producción comenzó a sacudirse por la pérdida de autoridad dentro de las fábricas que es la base del desarrollo capitalista.

“Las luchas de finales de los ‘60 significaron que el capital no podía ya contar con el control directo sobre el poder del trabajo en la fábrica. La explotación del poder productivo del trabajo se enfrentó con bajas tasas de ganancia. La explotación del trabajo devino demasiado cara al mismo tiempo en que la capacidad del capital para imponer el trabajo necesario sobre el trabajo social fue severamente limitada. Además, el poder disruptivo del trabajo se hizo sentir a finales de los 60 en resistencia contra la intensificación del trabajo y el intento de reducir salarios (política de ingresos). En otras palabras, la clase trabajadora hizo claro que ya no aceptaría ser explotada más allá de ciertos límites” (Bonefeld/Holloway, 1992). (8)

Esta crisis sólo puede ser resuelta a través de la lucha, del restablecimiento de la autoridad, del derecho a dirigir, y de la búsqueda de nuevos patrones de dominación. La crisis era sobre todo una crisis en la relación de dominación: se habían roto los patrones establecidos de control sobre el trabajo. Era una crisis de dominación empresarial pero también de los sindicatos, porque la estructura sindical se basaba en el mantenimiento de cierto tipo de equilibrio entre el capital y el trabajo. La crisis fue un estallido de lucha abierta entre capital y trabajo. El capital no podía permitir que eso continuara: tenía que restablecer su derecho al mando, su derecho a determinar qué es posible y qué no lo es (La Rosa Roja de Nissan).

El rol central que ocupan los sindicalistas peronistas, particularmente el predominio que van a alcanzar la UOM y su líder Lorenzo Miguel en el gobierno a partir del Rodrigazo, es consecuencia directa del creciente poder de la movilización obrera y la apuesta para mantener la paz social y controlar al movimiento obrero a cambio de una mayor participación de los sindicatos en la administración del Estado.

Pero esta solución significaba para la patronal más concesiones económicas, al tiempo que no lograba reafirmar la autoridad de gerentes y empresarios en las plantas para establecer una nueva base de acumulación frente a la crisis económica y la pérdida de rentabilidad.

Paralelamente se desarrollará otro fenómeno incipiente pero más preocupante para los sectores dominantes del capital.

La apertura política hacia el peronismo y su líder luego de 17 años de proscripción y su posterior presencia en el poder introdujo un quiebre entre las luchas de fábrica y las luchas contra la política del Estado que fue característico del período que va del Cordobazo hasta comienzos del ‘72. A partir de ese momento, los conflictos se desarticularon entre estos dos planos -sindical y político- bloqueando la unidad de la movilización obrera. Esta situación comienza a modificarse a partir del Rodrigazo.

La fuerza del clasismo que se haría notoria en el campo de las luchas sociales, nunca se tradujo en el campo político; los obreros que los seguían en las fábricas siguieron siendo mayoritariamente peronistas y en el ‘74 era un gobierno de este signo político el que llevaba adelante la represión, lo cual atenuó la defensa de los dirigentes sindicales combativos y de izquierda.

A partir de las movilizaciones de junio/julio del ‘75 esta situación cambió y aumentaron los conflictos fabriles en repudio a la violencia y la persecución política. El propio Rodrigazo que había comenzado como un gran movimiento reivindicativo por cuenta de las Comisiones Internas y los Cuerpos de Delegados fue superando los límites puramente gremiales y pasó a cuestionar abiertamente al gobierno peronista.

El golpe de Estado vino a poner remedio a esta situación de movilización ininterrumpida de los trabajadores a lo largo de siete años. Donde habían fracasado la Revolución Argentina, el Gran Acuerdo Nacional, el peronismo en su versión de izquierda (Cámpora), el Pacto Social, Perón, la derecha peronista con Isabel y López Rega y los sindicalistas en el gobierno, el golpe triunfó.

Pero el golpe no fue sólo eso. También fue dirigido a abortar la posibilidad de que el amplio y masivo movimiento que se expresaba en las fábricas y movilizaciones, y había desplazado del gobierno al ala más reaccionaria del peronismo, se orientara hacia una salida política independiente. De esta manera congeló la crisis del peronismo, abriendo el camino para su recuperación política en las décadas siguientes, y fundamentalmente liquidó físicamente y en la conciencia de los trabajadores y sectores populares la posibilidad histórica de que las masas peronistas confluyeron con una dirección auténticamente revolucionaria.

El presente artículo fue publicado originalmente en Herramienta Nro. 5, Buenos Aires, Primavera-Verano 1997/8 y modificado en esta oportunidad con el agregado de notas.

Mario Hernández es sociólogo. En la actualidad coordina la Editorial Topía y produce y co-conduce el programa radial “El Reloj” que se emite por FM Flores (90.7) los lunes de 19:00 a 20:00.

Notas:
1) Durante el discurso de la CGT de mediados de julio de 1974 (posterior a la muerte de Perón), el ministro metalúrgico, Otero, advirtió a sus adversarios: “Iremos a las fábricas a persuadir y si la persuasión no alcanza, a sacar a patadas a los mercenarios”.
2) En febrero de 1975 se inicia el Operativo Independencia. El ejército no se limitó a combatir a la guerrilla. Produjo detenciones masivas de militantes políticos y trabajadores del gremio azucarero. “Desde el comienzo del operativo todo se centró en las ciudades de San Miguel y Concepción”, recordó tiempo después el general Acdel Vilas, a cargo del mismo.
3) Con el telón de fondo de las huelgas que se desarrollaron entre junio y mediados de julio, los comandantes de las 3 armas se reunieron una decena de veces, cuando sólo lo habían hecho 4 veces desde el comienzo del año y ninguna durante 1974. Allí comienzan el diálogo con el Consejo Empresario Argentino (CEA) presidido por José Alfredo Martínez de Hoz. Videla lo recibe en el Edificio Libertador y el futuro ministro de Economía de la dictadura le expresa su preocupación por los conflictos laborales, “se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad; es decir, el gobierno debía asegurar la libertad y el imperio del orden sobre todas las cosas” (ante la Comisión de Diputados que investigó el affaire de la venta de la Italo) y delinea sus ideas económicas.
4) Martínez de Hoz diría muchos años después que el Plan Rodrigo contenía los elementos del programa que él mismo aplicaría luego con mayor gradualismo y apoyo de los militares. Después del Rodrigazo la lucha de los trabajadores por mantener el poder adquisitivo de los salarios se convertía en el eje de la pelea interna por obtener mayores cuotas en el reparto de la renta. La productividad de las empresas había caído considerablemente. Cuando Isabel retoma el mando el 17 de octubre prometió que acentuaría “la lucha sin pausa contra el terrorismo económico, socio y aliado de la subversión”.
5) En la primavera de 1975, el general Emilio Jáuregui señala en la ciudad de Paraná que el enemigo no era sólo la guerrilla: “Sabemos cómo es esta guerra y la vamos a ganar en el terreno que ellos elijan; en los montes tucumanos, en las calles de nuestras ciudades, en las fábricas donde se pretende sabotear nuestra capacidad de producir y en la universidades donde se envenena a nuestra juventud con doctrinas foráneas”.
El 14 de diciembre Balbín llamó la atención desde Rosario contra la “guerrilla fabril”.
El 5 de enero de 1976 los 3 comandantes elevan a Isabel Perón un documento en el que le piden el “restablecimiento de la disciplina social” y “la definitiva eliminación de la subversión fabril”. Se habló de la “indisciplina social” que se exhibía en las huelgas y paros empresarios y de lo que llamaban con espanto “la guerrilla fabril”, que “amenazaba no sólo el aparato productivo, sino la seguridad de la Nación”.
Ese mismo día la CIA norteamericana cursaba un informe secreto: “Después de la rebelión de la Fuerza Aérea y la victoria sobre la guerrilla -diciembre de 1975-, la unidad y la coordinación militar han mejorado notablemente y Videla ha surgido como una fuerte figura política”.
6) El 4 de febrero de 1976 asume Emilio Mondelli. Ese mismo día Isabel Perón le dice Herminio Iglesias que: “A los militares los vamos a dejar sin verso. Con el plan económico de Mondelli no van a tener nada que decir. Es el mismo que quieren aplicar ellos. Como van a ser medidas muy impopulares, les conviene que el deterioro lo suframos nosotros. Mientras tanto pasará el tiempo y llegaremos a las elecciones”.
El 16 de febrero la APEGE llevó adelante un paro empresarial que tuvo una gran repercusión. Reclamaba un plan similar al de Mondelli pero sostenido por un gobierno fuerte. La demanda era disciplinar a los trabajadores.
7) Según Juan Carlos Marín el 80% de los muertos y heridos son militantes populares y obreros “no armados”.
La inserción ocupacional de los prisioneros desaparecidos mostraba que el 32,5% eran asalariados urbanos calificados y el 34,7% eran asalariados urbanos y rurales.
8) La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en un estudio de 1998, consigna desde el 24.3.1976 hasta el fin de ese año, 89 conflictos gremiales. En los 3 primeros meses, 209 (muestra estimada del 25% del total). En el período 1976/80 un total de 678 conflictos. Entre el 11.3.1976 y el 24.3.1976 un total de 8.400 conflictos de acuerdo a los siguientes diarios:
1973 del 11.3 al 24.5: 4,3
1973 del 25.5 al 14.7: 5,2
1973 del 15.7 al 11.10 (Presidencia Lastiri): 5,5
Perón: 7,6
Isabel-López Rega: 7,7
Isabel: 9,4
Citado por Izaguirre, Inés y Aristizábal, Zulema en Las luchas obreras 1973-6, Buenos Aires, Mayo 2000.

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Foto: Argentina, Terrorismo de Estado - Integrantes de la Junta Militar golpista, de izquierda a derecha: Emilio Massera (Armada), Jorge Videla (Ejército) y Héctor Agosti (Fuerza Aérea)

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