martes, 30 de marzo de 2010

América Latina: Como tendencia, la región se eleva hacia nichos positivos, pero los riesgos persisten

Néstor Núñez (especial para ARGENPRESS.info)

La realidad hemisférica demanda valoraciones lo más objetivas posibles. Ni las victorias de la izquierda deben estimular percepciones triunfalistas, ni los pasos de la derecha pueden exacerbar derrotismos. Y es que la historia, resulta sabido, no se mueve en flecha.

Así, las altas y las bajas son propias del devenir humano, problemática dentro de la cual la permanente batalla por el cambio positivo, por su materialización y desarrollo adecuados, ha resultado y resulta un elemento de suma importancia y elevada trascendencia.

En el caso latinoamericano, la inclinación de la balanza a favor de los grupos que logren más apoyo electoral en sus respectivas sociedades ha constituido en los últimos tiempos, como tendencia, el factor que suele establecer el derrotero de una nación por un tiempo determinado, aunque es conocido que no pocas veces la imposición por la fuerza y por las presiones externas puede trastocar lo que debería ser regla.

El golpe de estado en Honduras, en junio del pasado año, contra un gobierno votado en las urnas por el pueblo es el más reciente ejemplo de que esa inclinación a dirimir la política nacional a escala de las urnas no es aún una vía consolidada, sobre todo cuando los resultados no son del agrado de las fuerzas más reaccionarias de la potencia que se estima dueña del destino global.

De hecho, oficialmente Washington nunca puso serias objeciones a quienes derrocaron, secuestraron y remitieron por la fuerza al exterior al presidente constitucional Manuel Zelaya, ni levantó la voz contra la feroz represión ejercida por los golpistas hondureños y la reiterada insolencia del cancerbero Roberto Micheletti.

La Casa Blanca fue además promotora de una “solución” basada en comicios ilegales, y ahora, con toda desfachatez, acaba de anunciar el reinicio de su ayuda financiera al régimen surgido de tamaña burla política.

Oscilaciones regionales

Consecuentemente, en la América Latina de nuestros días el movimiento histórico en espiral es claramente perceptible.

De manera que, en un contexto donde en los últimos años sectores progresistas y revolucionarios han logrado alcanzar las casas de Gobierno mediante los clásicos mecanismos electorales usados la mar de veces por las clases poderosas para establecer sus códigos, retoñan sin embargo determinadas administraciones de derecha, como en Panamá y más recientemente en Chile.

Los factores que marcan este proceso son varios. Uno de los más dañinos e intensos es el trabajo de zapa que desde Washington se despliega hacia el sur de la frontera norteamericana, y que se caracteriza por una permanente hostilidad y boicot a las administraciones progresistas de una región que la Casa Blanca considera su inviolable traspatio natural.

Otra arista se refiere al apoyo y financiamiento a las fuerzas locales que asumen una alianza tácita con el imperio, bien a la hora de tomar parte en la pugna política, o para erigirse en quinta columna contra los poderes populares constituidos.

A ello debe sumarse que no todas las autoridades oficiales latinoamericanas resultan lo suficientemente radicales como para soltar las amarras con respecto a la potencia hemisférica, y que incluso segmentos progresistas, en el momento de ejercer el Gobierno, tampoco se desmarcan lo suficiente de los viejos moldes vigentes, e incluso no llegan a fijar siquiera diferencias sustanciales con relación a los programas que enarbolan las entidades conservadoras.

Por otro lado, las realidades nacionales, regionales y mundiales en las que se deben mover las fuerzas revolucionarias y populares desde el Gobierno no son precisamente un trayecto cubierto de pétalos de rosa.

Hay una herencia maldita de atraso, hambre, angustia, incultura y carencia de oportunidades para las mayorías que no es factible vencer en días, y que marca con su peso, de modo muy fuerte, la realidad cotidiana.

Los países y la región no escapan tampoco de los negativos influjos de un orden internacional injusto, desequilibrado, marcado por sucesivas crisis de todo tipo que, desde el Gobierno, los revolucionarios deben enfrentar como legítimas autoridades, y que en ocasiones se erigen en muy severos obstáculos por vencer, y en verdaderos abrasivos que marcan desgastes a veces irrecuperables.

De manera que la convergencia de todos estos factores adversos se proyecta seriamente en los cambios sociales, políticos y económicos que vive la América Latina de nuestros días, y en especial en cada uno de sus pueblos, con la resultante del alza o la baja en los niveles de efectividad de la lucha popular.

Ello entonces reclama de los segmentos progresistas un importante ejercicio de voluntad de cambio, de concientización social, de explicación y persuasión, de efectividad de gestión y de logros tangibles en la obra destinada a consolidar las vías necesarias en la larga y complicada lucha hacia el futuro.

Escalón trascendente

Y en este escenario, la reciente concreción en México de la idea de fomentar una Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, cuyo establecimiento oficial tendría lugar el próximo año en Caracas, no puede menos que entusiasmar a todos aquellos que en estas tierras abogan por la intendencia y la autodeterminación.

Bajo esa égida, el mecanismo convocó a las naciones integrantes del Grupo de Río y el CARICOM, decidió trabajar al margen de los Estados Unidos y Canadá, y soslayó la presencia del régimen hondureño surgido de elecciones ligadas al golpe de estado fascista.

Tales elementos por sí mismos indican un buen inicio, desligado esencialmente de un centro de poder nocivo como el norteamericano, y del reconocimiento y admisión de regímenes nacidos de la violación de los derechos legales y de la voluntad popular.

Fue también altamente positiva la unidad regional en el apoyo a Argentina ante la nueva violación de sus derechos sobre las Malvinas por las autoridades de Gran Bretaña, y el impulso que brindará la zona a la solidaridad con el pueblo haitiano, víctima de un terremoto que agravó en extremo la situación de pobreza y subdesarrollo impuesta a esa nación del Caribe por siglos de explotación colonial e imperialista.

Pero, con todo, no es precisamente un remanso el cauce en que empieza a correr este nuevo organismo regional.

Si la potencia del Norte no está directamente presente en su seno, no faltan ni posiblemente faltarán alabarderos regionales que intentarán que las políticas del Imperio se hagan oír en los debates, y que tendrán en sus respectivas agendas, dictadas desde Washington, no pocas encomiendas destinadas a mediatizar y convertir en mera formalidad los pasos más progresistas del grupo.

No puede pasarse por alto que dentro de la futura Comunidad habrá Gobiernos y personeros que facilitan a los Estados Unidos su agresiva presencia militar ampliada en el sur del hemisferio, que insisten en la valía de los programas económicos sustentados en la dependencia con respecto al Norte, y que son ajenos al interés de luchar a brazo partido por la progreso y la dignidad real de sus pueblos.

De modo que, al tiempo que la Comunidad de Naciones Latinoamericana y Caribeña concreta un viejo sueño de concertación y convergencia, esta no deja de ser otro terreno de lucha regional entre los que en el Sur aspiran a romper cadenas y los que se empecinan en asirse a las amarras Made in USA.

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El caso cubano: Perversidad capitalista y derechos humanos

Luis Arce Borja (especial para ARGENPRESS.info)

Un preso de “conciencia” muerto en Cuba ha desatado una tormenta de denuncias y condenaciones a través del aparato publicitario de los imperios. Sin embargo en Perú, Colombia y otros países latinoamericanos hay decenas de prisioneros políticos que mueren cotidianamente no a causa de huelgas de hambre sino más bien por las condiciones infrahumanas de las prisiones.

Por ejemplo en Perú en sus cárceles de exterminio hay cerca de mil prisioneros pertenecientes a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). La mayoría de esos presos tienen más de 20 años de reclusión, y muchos de ellos padecen graves enfermedades por las extremas condiciones carcelarias. De esta situación nadie, ni siquiera Amnistía Internacional dice una sola palabra. En Europa mismo, las prisiones son tumbas mortales para los reclusos políticos. En España, se aplica una política penitencia de muerte similar a la que se aplicaba durante el franquismo. Su objetivo es eliminar a los presos del ETA y de los GRAPO. En Francia la desesperanza y suicidio en las prisiones es corriente. El año 2008, fueron 115 presos los que se quitaron la vida, y en el 2009, esta cifra aumentó a 122. Desde enero 2010 a la fecha, se contabilizan cerca de 30 presos que prefirieron el suicidio antes que seguir en presión. Estados Unidos, la matriz de la libertad y democracia del mundo capitalista, cuenta con una población penal de 1.8 millones de personas. En este país, el sistema carcelario tiene rasgos de las prisiones feudales. Las corporaciones privadas pueden utilizar a los prisioneros para hacerlos trabajar en condiciones de semiesclavitud. Los detenidos están sometidos a violencias y represión cotidiana. Muchos están encadenados y están excluidos de cualquier derecho civil. Se les prohíbe hacer reclamos, declararse en huelga o simplemente protestar. ¿Qué dices de estos los llamados defensores de los derechos humanos?.

La muerte de Orlando Zapata Tamayo.

La defensa de los derechos humanos en el sistema capitalista hace parte de la estrategia mundial del imperialismo para dominar los países pobres. Para este fin cuenta con un gigantesco aparato publicitario, medios de comunicación, millonarias organizaciones no gubernamentales (ONG), tribunales internacionales, y otras instituciones de fachada como la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, etc., que a nombre de los imperios proponen una hipócrita defensa de los derechos humanos, sin cuestionar en lo mas mínimo el injusto sistema social capitalista. En esta práctica se deja de lado cualquier expresión de carácter ético o humanista. Tanto la moral, la política, la religión, el derecho y la filantropía forman parte de los mecanismos de alineación y opresión que utilizan los imperios para someter a pueblos y trabajadores. Históricamente, el discurso en torno a la defensa de la vida en el sistema dividido en clases sociales, ha constituido una perversidad que ha servido para ocultar gigantescos y brutales crímenes contra la humanidad.

En la historia hay muchos ejemplos que muestran que los más grandes asesinos de la humanidad se han presentado como profetas de la paz, la justicia, la democracia, el derecho y la libertad. España exterminó a más de la mitad de la población latinoamericana para apoderarse de las tierras y riquezas de los indígenas. Estados Unidos pudo convertirse en el gran imperio gracias a la sangre de los indios americanos asesinados masivamente y con el sufrimiento de millones de esclavos africanos. Entre los siglos XVI y XIX, según diferentes fuentes, 60 y 100 millones de africanos fueron comercializados como esclavos en las metrópolis industriales. El 50% de estos africanos vendidos para trabajar en condiciones infrahumanas hasta su muerte, murieron en el transporte o al momento de capturarlos. Gran Bretaña, España, Portugal, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Estados Unidos, y otros fueron los que se enriquecieron con el negocio de esclavos, y son estos países los que ahora dictaran normas de moral y defensa de los derechos humanos en el mundo.

Ahora mismo, el gobierno de los EEUU, con la complicidad de la Unión Europea (UE), y demás países ricos, son los responsables del brutal genocidio que se impone a Irak, Palestina y Afganistán. Solo en Irak, desde la invasión en 2003, hasta el 2006, las fuerzas militares americanas y británicas han sido responsables de la muerte de 655 mil civiles. Y desde el 2003 hasta la actualidad los muertos a causa de la invasión militar a Irak suman cerca de un millón de personas, entre los que se cuentan niños, ancianos; mujeres y campesinos. Sin embargo son estas potencias las que tienen la patente de los derechos humanos a nivel mundial. Incluso de les otorga galardones sobre la paz, como es el reciente caso del Premio Nobel otorgado al presidente Barack Obama. Estos países controlan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA, tribunales internacionales, consorcios de los derechos, humanos y miles de organizaciones no gubernamentales (ONG) cuyo rol es encubrir el crimen y los genocidios de los imperios.

La incompatibilidad entre los derechos humanos y los intereses imperialistas está expresado por el clásico humanismo que manejan los grupos de poder, cuya esencia se resume en la “lucha entre el bien y el mal”. Los buenos son los que defiende la propiedad privada, la exploración, la decadencia, la acumulación de capital, y el sistema de guerras imperialistas. Los malos, los que provienen del extremo del sistema, los “terroristas” y subversivos, y a ellos se les extermina al margen de cualquier indicio de derechos humanos. En este cuadro la muerte de un individuo, es tributario de la preponderancia de los intereses inmediatos de los imperios. Si un cadáver sirve al imperialismo entonces ese muerto es importante para la publicidad, pero si ese cadáver o millones de muertos, perjudican al sistema, entonces hay que ignorarlos, dejarlos en el olvido y encubrir a sus asesinos.

Un muerto útil

Un caso reciente, de inmoralidad capitalista en la defensa de los derechos humanos, se refiere al prisionero cubano Orlando Zapata Tamayo muerto (23 de febrero) en una prisión de Cuba a causa de una huelga de hambre que llevo a cabo durante 85 días. En el 2004 Zapata Tamayo, fue adoptado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional (AI), y era parte de un grupo de 75 opositores encarcelados en 2003 que mantienen vínculos financieros y políticos con los disidentes cubanos (gusanos) en Miami quienes como se conoce están ligados a la CIA americana y reciben cada año millonario financiamiento del gobierno de Washington. Solo para el año 2011 tienen asegurado un presupuesto de 20 millones de dólares asignado por la administración de Obama “para promover la democracia en la isla”. Zapata Tamayo tenía antecedentes penales por delitos comunes. En 1990 fue condenado por haber cometido estafa asalto a mano armada, agresiones a ciudadanos y daños a la propiedad pública. Su transformación de delincuente común a opositor político, como lo han señalado diferentes medios, se realizó gracias a las relaciones (sobre todo económicas) de sus familiares con la Fundación Nacional Cubano Americana que actúa desde los Estados Unidos.

Frente a este hecho un abanico de defensores de los derechos humanos, incluido Amnistía Internacional, medios de comunicación de los países ricos, ONG, intelectuales de derecha, altos representante del gobierno de los Estados Unidos, y de la Unión Europa (UE) se han puesto al frente de una campaña mediática y política para hacer de Zapata Tamayo, un mártir de la lucha por la libertad en Cuba. El parlamento Europeo (11 de Marzo de 2010) condenó a Cuba por la "evitable y cruel muerte de un disidente en huelga de hambre”, y exigió la libertad inmediata de todos los prisioneros políticos de la Isla. Dentro de esta hipocresía hilarante de los representantes de la burguesía internacional se ha prenunciado Hillary Clinton en nombre del gobierno de los Estados Unidos (el gobierno más criminal y violador de los derechos humanos del mundo). Ella señaló que Zapata Tamayo, “preso de conciencia muerto en Cuba era un luchador de la democracia y la libertad”. José Luis Rodríguez Zapatero del gobierno de España, exigió que la administración cubana libere a los “presos de conciencia y respete los derechos humanos”. Luis Yáñez-Barnuevo, un eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dijo que con la muerte de Orlando Zapata Tamayo, “heroico luchador de la libertad, el estalinismo caribeño ha muerto, pero ellos, como nosotros, aún no nos damos cuenta. Cuando se abran las grandes alamedas de la libertad para Cuba, Orlando Zapata será honrado como el mártir que dio la vida por su pueblo”.

Ni a los Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni ninguna institución, o personalidad ligada al sistema imperialista mundial, le puede importar algo la muerte de una persona, salvo si el cadáver de este prisionero sirve a sus intereses como es el caso Orlando Zapata Tamayo. ¿ Hillary Clinton y Barack Obama defensores de los derechos humanos?. Los gobernantes de los Estados Unidos, beberían ser juzgados por crímenes de guerra, sobre todo por las masacres que comenten diariamente las tropas americanas en Irak y Afganistán. ¿La Unión Europea (UE) conmovida por la muerte de un prisionero?. La UE participa con los Estados Unidos en las actuales y sangrientas guerras en medio Oriente. Son cómplices de las operaciones encubiertas de la CIA americana en Europa para secuestrar y desaparecer personas sindicadas como terroristas. ¿El gobierno español escandalizado por la suerte de un prisionero muerto?. Ni Zapatero ni el eurodiputado “socialista” Luis Yáñez, han dicho una sola palabra para liberar a los 750 prisioneros vascos recluidos en cárceles de Francia y de España. Muchos de estos presos están sometidos a un sistema carcelario de infamias y de torturas.

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Chile: El terremoto-espectáculo

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

Desde un primer momento, la televisión chilena ha convertido el terremoto en un gran espectáculo. Durante un mes, las cámaras de los equipos periodísticos han escudriñado todos los rincones del centro sur del país en busca de la nota sorprendente, la imagen dramática, el vívido testimonio. A las ediciones especiales del primer momento, siguió el reportaje en los noticieros centrales. Los “enviados especiales”, con sus rostros sucios y sudorosos nos muestran con crudeza las consecuencias devastadoras del cataclismo Todo parece haber pasado a un segundo o tercer plano, lo único importante ha sido el sismo… y el rating.

Los medios de comunicación han construido un verosímil melodramático frente a la catástrofe que oculta los problemas sociales que han quedado al descubierto. Se nos ofrece un relato de buenos y malos en que coexisten gestos sublimes de solidaridad con vándalos que amenazan a la población. Allí los uniformados y el flamante gobierno irrumpen como los garantes del orden, la tranquilidad y la propiedad. Ya habrá tiempo para que los estudiantes de periodismo desmenucen al detalle esta narración fabricada por los medios, verdadera ideología del terremoto, como el más fiel reflejo de la realidad.

La misma televisión ha escenificado la nueva moral que nos envuelve a todos. Imágenes patéticas de las víctimas se yuxtaponen a una jugosa donación de algún empresario. La tele- caridad se evalúa en millones de dólares y en un desfile interminable de lágrimas y sentimientos encontrados. Esta es la manera cómo una sociedad de consumidores, sociedad individualista por definición, reacciona ante calamidades de esta magnitud: La tragedia de muchos se convierte en un triste espectáculo ante el cual sólo cabe la filantropía, la caridad, expurgando toda demanda ciudadana seria de justicia social. Finalmente, todos podemos estar con la conciencia muy tranquila, todos somos, de alguna manera, buenas personas. La magia de la televisión no sólo escenifica el bien sino que desculpabiliza a los ciudadanos.

Como bien sabemos, en los medios de comunicación todo es tan seductor como efímero, de manera que, casi sin darnos cuenta de ello, lo que fuera la noticia del día, de la semana o del mes, comienza a declinar, y como en aquella hermosa canción de Joan Manuel Serrat: “Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el Señor Cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas” Las generosas declaraciones de un primer momento van cediendo ante el cálculo político mezquino. Si ayer se trataba de reconstruir un país más moderno y mejor, hoy la cuestión es evitar el alza de impuestos a las empresas. De algún modo, la realidad de un Chile desigual, escindido trágicamente entre ricos y pobres, vuelve a resonar en aquellos versos: “Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual”

Álvaro Cuadra es investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS.

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Paraguay: Incongruencias

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

La Cancillería paraguaya presentará esta semana al Gobierno de Brasil, un exhorto judicial para solicitar la extradición de tres militantes de izquierda, acusados de secuestrar, en la década pasada, a una señora miembro de una de las familias más ricas del país, integrante de la nutrida lista de poseedores de gran fortuna, cuyo dudoso origen despierta diversos comentarios y fundamentadas sospechas entre la población.

Juan Arrom, máximo dirigente del minúsculo Partido Patria Libre (PPL), y el principal imputado, debería estar contento estos días en su exilio porque, amenazado y requerido, nunca antes, en su poca trascendente vida política, su nombre ha tenido tanta repercusión en la prensa nacional y entre los altos organismos del Estado.

Frustrados varios pedidos de repatriación, la Cancillería paraguaya estaría, además, dispuesta a llevar el tema Arrom y sus compañeros Anuncio Martí y Víctor Colman, ante el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en una gestión que sobrepasa el aspecto medular y deja entrever que otras motivaciones estarían en juego.

Sorprende el empecinamiento oficial, en un caso casi olvidado, respondido con frialdad por la Comisión Nacional de Refugiados del Brasil (CONARE), organismo que concedió el asilo “después de estudiar muy bien el caso”, según argumenta.

En el manejo caprichoso y sin mayores fundamentos, que medios de comunicación y algunos políticos hacen de los calificativos subversivo y terrorista, Arrom es uno más de la gruesa lista fiscal, penosa e irresponsable, confeccionada con los nombres y la imagen televisada de humildes campesinos paraguayos, algunos sin militancia conocida, y de dirigentes de movimientos sociales o sospechosos de subvertir la paz social, demonizados como simples delincuentes.

Esas acusaciones ligeras, muchas veces producto de chismes, delación o prejuicios, en el colmo de la insensatez que caracteriza la labor del Ministro del Interior Rafael Filizzola, permiten culpabilizar a mucha gente, al punto de expulsar de su trabajo a familiares de alguno de los considerados sospechosos, como sanción “ejemplar” del imposible de no haber sido capaz, antes de nacer, de elegir su parentela.

Casi de inmediato a la asunción de Fernando Lugo a la Jefatura del Estado, el 15 de agosto del 2008, Filizzola, asesorado por expertos en contrainsurgencia de Colombia y de Estados Unidos, lanzó una vasta campaña para terminar con el secuestro de personas adineradas, delito que venía ocurriendo en Paraguay, pero con una periodicidad risible en comparación con la propia docta Colombia, México y algunos otros países, donde los secuestros se dan pero con mucho menor destaque mediático.

Innumeras promesas del titular del Interior, de terminar con esas acciones de extorsión, propagandísticamente colgadas al cuasi virtual Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y poco a la probada acción de polibandis, aliados a alguna o a todas las ramas traficantes, traducen un visible fracaso, sin que esa cartera exprese la más mínima autocrítica por su inoperancia y defectos. Muy por el contrario, destila suficiencia.

Fidel Zabala, un próspero agroganadero, secuestrado durante más de dos meses y buscado con afán por columnas de policías, militares y expertos extranjeros, quedó libre recién después de pagar una importante suma de dinero, como ha ocurrido con el 95 por ciento de las víctimas de plagio desde la década pasada.

El Ministerio del Interior registra más de 30 secuestros desde el 2005, con un pago cercano a los diez millones de dólares, pero hace bastante silencio con las extorsiones acaecidas en los diez años anteriores, casualmente cuando Arrom y Martí, fueron secuestrados en pleno día y en el centro de Asunción.

La desaparición de ambos, salvados por la valentía de tres hermanas de Arrom y algunos defensores de los derechos humanos, con ayuda de la prensa de sensación, pudo ser interpretada como de carácter político, pero habría sido obra, sospechosamente extorsiva o de otra causa aún velada, de conocidos funcionarios de la inteligencia policial, quienes amparados en la impunidad reinante, continúan ocupando puestos altamente remunerados en la estructura ministerial.

Una masiva campaña nacional, empezada por el Gobierno y el mundo empresarial, logró sensibilizar a la mayoría de la población y permitió la liberación de Zabala, un hombre de buen comportamiento con su personal y con el vecindario pobre, conducta casi desconocida por el grueso de sus colegas, contentos ahora por la noticia de que esa víctima, en una decisión lamentable, habría viajado o viajaría a Colombia para agradecer a Uribe por la acción de su célula contrainsurgencia.

Sin duda que los efectivos enviados por el narcotraficante y genocida colombiano, bajo la jefatura de expertos estadounidenses, habrá influido sicológicamente en el epílogo del secuestro, pero el factor decisivo fue los miles de dólares entregados por la familia Zabala a los extorsionadores, de nebulosa composición, aunque para la derecha y su prensa venal, sin ninguna fundamentación, son militantes izquierdistas y terroristas.

La razón invocada, que no sería la principal sino el pretexto, por Interior, Cancillería, Fiscalía General y otros segmentos muy influyentes del poder, para pedir a Brasil la repatriación de los dirigentes de PPL, está basada en el secuestro de una señora, con la que Arrom mantenía relaciones afectivas, nuera del capísimo Enzo De Bernardi.

Ese honorable señor, fue uno de los “barones” de la Represa Binacional de Itaipú, cuya construcción, en los años 70, registró la operación más descaradamente corrupta de la gigantesca montaña de delitos cometidos en Paraguay desde la década del 40, que significó una masa de muchos miles de millones de dólares, en manos de pequeños grupos, liderados por el General Alfredo Strossner, el Ejército y el Partido Colorado. El proyecto arrancó con costo de dos mil millones de dólares, pero terminó en 23 MM.

Esas y otras fortunas malhabidas, que siguen amparadas por la institucionalizada impunidad, como documenta prolijamente el libro “Los Herederos de Strossner”, de Idilio Méndez, especializado en periodismo de investigación, conforman la oligarquía nacional, estamento de profunda perversidad con fuerte poder de decisión.

En ese mundo, anidan las fuerzas enemigas del bienestar de la mayoría y de toda expresión de cambio político que sirva para transformar las vetustas estructuras del poder en Paraguay, muy rico en la agro exportación, cuarto vendedor mundial de soja, sin que sus dueños paguen impuestos, y con una producción energética inmensa, pero con el 45 por ciento de los paraguayos sin agua potable y gran déficit en electricidad.

La población es de seis millones 300 mil, 60 por ciento menores de 25 años, alrededor de un millón emigrados, seis de cada diez muy pobres, dos millones en la miseria, con apenas un tercio de niños que termina primaria y un número irrisorio la universidad, carcomida ésta por el elitismo, el alto costo de las matrículas, la mediocridad de sus programas, una pobre investigación científica y la omnipresente corrupción.

Otra razón, sin duda inconsistente pero la más grave, por todo lo que afecta a la libertad de pensamiento, utilizada para reclamar la entrega de Arrom, Martí y Colman, es que ellos habrían mantenido relaciones con altos dirigentes de las FARC, entre ellos el asesinado Raúl Reyes, de larga trayectoria de lucha, aunque clasificado terrorista por el Pentágono, la CIA y sus lacayos.

A ese calificativo, del que abusa hasta el cansancio toda la prensa venal, se han sumado algunos miembros del actual gobierno paraguayo que, en su reciente pasado izquierdista, en la brumosa y quebradiza política nacional, también mantuvieron vínculos con Arrom y sus allegados, a quienes expresaron simpatía y solidaridad militante cuando fueron secuestrados. Quién habla aquí de incongruencia?.

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¿La deuda pública condiciona la política económica?

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

La economía argentina volvió al crecimiento según los datos del INDEC de enero del 2010. El crecimiento de enero contra el mismo mes del año pasado es de 4,9%, aunque el acumulado de los últimos 12 meses respecto al acumulado de igual periodo anterior es de 1,1%; y enero del 2010 respecto de diciembre del 2009 es de 0,4%.

Es aún prematuro definir por donde avanzará la economía el presente año, pero es probable que los datos del crecimiento económico estén por encima de la pauta establecida en el Presupuesto del 2010, fijada en 2,5% en el presupuesto aprobado por el Parlamento. Claro que fue una pauta pensada en pleno proceso de desaceleración de la economía a mediados del 2009 y que incluso se pensaba exagerada.

Parece necesario reevaluar el Presupuesto del 2010, discutiendo las asignaciones presupuestarias, de ingresos y egresos en función de objetivos de redistribución progresiva. Los valores presupuestarios indican la mayor importancia del destino de los mismos a la cancelación de la deuda pública en lugar de destinarlos a educación, salud o ciencia. Lo que pone en evidencia nuestra hipótesis del gran condicionante de la deuda sobre la política económica.

Una reevaluación presupuestaria podría generar una discusión en la sociedad y generar un movimiento popular favorable a una distribución progresiva del ingreso vía asignación de las cuentas públicas. Entre otras cuestiones, una suspensión de los pagos de deuda hasta tanto se sustancie una “auditoria” del conjunto de la misma.

Recordemos que la Argentina creció de manera importante entre 2003 y 2007 (a tasas entre 8,5% y 9%) y que, en 2008 comenzó una desaceleración agudizada en 2009 (apenas con crecimiento según el INDEC) al punto de revertirse el año pasado la tendencia decreciente de los datos sociales, pobreza, indigencia, desempleo, trabajo no regularizado, entre otros. Son 145.000 los puestos de trabajo perdidos el pasado año, principalmente en la industria, dice el ente oficial.

Por eso tanta expectativa en los nuevos registros de crecimiento, que se confirmarían para el primer trimestre del 2010, y la discusión por favorecer un nuevo ciclo inversor para mantener y acrecentar la recuperación económica.

La política económica busca atraer inversores y para eso se propone “regularizar su situación externa, volviendo a los mercados internacionales”. Con ese objetivo, se reabre el canje, se busca renegociar con el Club de París y se espera el momento adecuado para cumplir con las suspendidas auditorías del FMI desde el 2006. Es preciso enfatizar, en que estas son las razones por las que afirmamos que la deuda es un condicionante importante, más allá de la disminución comparativa con datos macroeconómicos, tal como ensaya Alfredo Zaiat en su artículo de Página12 del sábado 27 de marzo pasado.

Inflación y poder para fijar precios

Con el crecimiento de la economía (PBI) pueden ocurrir cambios en el consumo, en la inversión y en el saldo de la balanza de pagos. En la coyuntura lo que existe es una tendencia al crecimiento del consumo, una propensión baja a las inversiones y escasos indicadores de variaciones en las relaciones con el exterior. El problema es que se expande el consumo y con él los precios, lo que nos lleva al problema de la inflación. Es un debate en por lo menos dos terrenos, el del consumo y el de los precios.

Sobre el consumo, una de las explicaciones en boga relata el impacto positivo en los sectores de menores ingresos por la “asignación por hijos” que se viene pagando desde diciembre pasado. Un consumo, mayoritariamente, orientado a bienes de primera necesidad, especialmente alimentos. Pero también crece el consumo de bienes de uso durables, es el caso de los automotores o electrodomésticos, como así, también, cierta reactivación en el sector inmobiliario y la construcción, producto del cambio de activos como forma de protección ante posibles modificaciones de política cambiaria.

El consumo crece y eso genera posibilidades por el lado de la ampliación de la producción, siendo un problema el establecimiento de los precios, que esteriliza mecanismos de asignación de recursos para sectores desfavorecidos. En el mismo sentido se argumentan los rechazos patronales a los ajustes de sueldos pues invariablemente las patronales lo derivan a los precios.

Lo que se detecta es que los precios aumentan, precisamente en los bienes de primera necesidad, los alimentos, siendo la carne el ejemplo evidente en estos días. La política oficial se concentra en el control de precios de una canasta de bienes para el consumo de sectores de bajos ingresos. Así encontramos precios establecidos entre empresas y gobierno para evitar el encarecimiento. Pan y carne por ejemplo, aunque sea difícil encontrarlos en góndola, existen, y eso es lo que refleja la medición del INDEC. Lo que tenemos es una política de asignación de recursos a sectores menos favorecidos y una pauta controlada de algunos precios para evitar impacto inflacionario en esos sectores.

El problema de fondo sin embargo es el patrón de producción y comercialización concentrado en grandes empresas, que son las que fijan los precios del conjunto de la economía, más allá de las mediciones del INDEC. Si no se ataca la cadena de producción y comercialización monopolista será muy difícil controlar el encarecimiento, que resulta un mecanismo de distribución del ingreso a favor de quienes pueden fijar precios.

Esto queda claro en la puja salarial de estas horas. Mientras la inflación se presume de un dígito en la pauta oficial, los reclamos salariales promedian entre el 25 y 30%, porque aun existiendo precios controlados, la pauta de consumo de la población se extiende al conjunto de bienes y servicios (no contemplada en la metodología del INDEC), donde los precios se establecen bajo la pauta mercantil de la oferta y la demanda, siendo las grandes empresas productoras y comercializadoras las que definen el precio de venta.

Sin atacar el poder de monopolio de productores de bienes y servicios y grandes comercializadoras no podrá contenerse la inflación y aleja la posibilidad de una equitativa distribución del ingreso. Ese monopolio es ejercido por corporaciones transnacionales y grupos económicos de origen local que hegemonizan la producción y circulación en el capitalismo realmente existente en la Argentina, como base material de su dominación social.

El peso de la deuda

Los grupos y empresas mencionadas son clase dominante por su poder en la economía y demandan la “normalización” de la inserción en el capitalismo global.

Por eso, es que cierran filas con las iniciativas de vuelta a los mercados financieros mundiales, de donde nuestro país se alejó luego de la cesación parcial de pagos de la deuda pública de fines del 2001. Como así, también, celebran la autorización otorgada en EEUU a la reapertura del canje de deuda en el país. Se descuentan decisiones similares de otras regiones del capitalismo desarrollado, especialmente de Europa y Japón. El resultado será la inminente reapertura del canje cerrado en el 2005.

El reconocimiento de deuda a canjear incrementará el endeudamiento en unos 10.000 millones de dólares. Se supone que solo una parte de acreedores que reclaman 20.000 millones de dólares más sus intereses, estimados en otros 10.000 millones, se presentará al canje. De ese total de acreedores que ingresen a la propuesta oficial se operará una quita y el resultante se incorporará como capital a cancelar, junto a los correspondientes intereses.

Es cierto lo que algunos argumentan por estas horas, con relación a que la deuda disminuyó su incidencia en la economía, pero se equivocan al inferir la perdida de “condicionalidad” frente de la política económica. Es un argumento esgrimido por algunos seguidores del oficialismo, los que suscriben el Plan Fénix y algunos periodistas afines al gobierno, intentando legitimar el pago de deuda pública con reservas.

Solo alcanzaría con observar algunas cifras del Presupuesto 2010. Para un total de gasto público por 273.129 millones de pesos, el monto establecido para Salud alcanza los 10.160 millones de pesos, un 3,72% del total mencionado. El gasto en Educación y Cultura asciende a 19.431 millones de pesos, un 7,11% del gasto. Para Ciencia y Técnica es de 5.175 millones de pesos, representando un 1,89% del presupuesto. Por su parte, la Deuda pública reconoce una asignación presupuestaria de 26.676 millones de pesos, es decir, un 9,76%. Queda claro que el Parlamento consideró y aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que asigna esas contribuciones diferenciales, definiendo la importancia de unos y otros conceptos.

En esos valores no se cuenta la inminente reapertura del canje. En ese sentido puede incluirse la negociación que pueda habilitarse en el presente año con el Club de París por unos 7.000 millones de dólares. Son anuncios hechos público desde el año pasado y que pueden incluir compromisos de desembolso en el corriente año. Son datos que contradicen el argumento de que “la deuda se ha vuelto manejable”, ya sea por la disminución de la incidencia del stock de deuda reconocido por las autoridades respecto del PBI, por una mayor nominación en pesos y un alargamiento de los plazos de vencimiento y un menor porcentual con relación a las reservas internacionales. Estas son todas variables a modificar si se operan nuevos endeudamientos, como los que resultan de la reapertura del canje en ciernes, o la búsqueda de nuevos empréstitos del sistema financiero mundial que busca la normalización en danza.

No se considera que la deuda fue varias veces cancelada y que una de las explicaciones del gran crecimiento entre el 2003 y 2007 se funda en la exclusión parcial de pagos entre 2002 y 2005 producto del default y en la devaluación de la moneda.

Las clases dominantes están por el pago y solo debaten la mejor forma de hacerlo. Ese es el debate al que nos convocan las mayorías parlamentarias, a favor o en contra de decretos y leyes para utilización de reservas internacionales.

Definir otro camino

Sin embargo, existe una presión social y política por auditar la deuda pública, en simultáneo a la suspensión del pago y a la convocatoria a una consulta popular sobre el endeudamiento. Esta es una medida que debe ir acompañada con la aceleración de la inserción de la Argentina en las iniciativas regionales por una Nueva Arquitectura Financiera sostenida entre los países del ALBA. Es el camino de una nueva Banca de desarrollo donde se ubica el Banco del ALBA y el Banco del Sur; o la perspectiva de nueva moneda, en el camino que sugiere el SUCRE.

Parte de estas consideraciones estarán a las puertas del Congreso el próximo 30 de marzo, en conmemoración de la movilización de los trabajadores de 1982, días antes de la maniobra de la dictadura en Malvinas.

En aquella ocasión el movimiento de trabajadores levantaba la consigna del No pago de la deuda contra la dictadura.

Ahora, bajo regímenes constitucionales, se hace necesario discutir a la deuda como gran condicionante de la política económica.

Apuntamos a habilitar el pensamiento emancipador, que alienta el desarrollo soberano de un nuevo modelo de producción para un consumo que satisfaga insatisfechas necesidades de la mayoría empobrecida.

Julio C. Gambina es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Doctorando en Ciencias Sociales en la UBA. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA e integrante del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores en la Argentina, IEF-CTA.

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Argentina: La deuda interna

Hugo Godoy (ACTA)

En las últimas semanas, la población argentina ha sido bombardeada, interpelada, desde el Gobierno y desde los sectores de la oposición conservadora, con un tema recurrente que es la discusión sobre los decretos de necesidad y urgencia, su validez o no, y la utilización de las reservas para el pago de la deuda externa.

Vapuleada con esta discusión sobre las cuestiones formales, se ha dejado de atender por parte de estos sectores la cuestión de fondo. O mejor dicho, todos están de acuerdo en pagar la deuda externa, en no investigar el carácter fraudulento de la misma.

El hecho es que la Argentina ha pagado con creces gran parte de esta deuda que sin embargo crece día a día, y por lo tanto se hace necesario abordar este tema como principal. Sigue siendo un problema fundamentalmente de política interna, porque cuando se paga la deuda externa, no se paga la deuda interna.

Quizás el ejemplo más brutal en este sentido es que el banco Barklays al que el gobierno encomendó la negociación para el pago de los bonos a los banqueros internacionales, es el mismo banco que tiene capitales invertidos en las empresas multinacionales que exploran para explotar las riquezas del subsuelo de las Malvinas Argentinas, ocupadas por los ingleses.

Para nosotros los trabajadores, se hace imprescindible reafirmar que la deuda externa es un gran negocio que abrió la dictadura para que la pague el pueblo argentino. Y esa es la misma razón por la cuál Bulgheroni, Bridas, Pérez Companc, los grupos económicos que estaban y que tenían en Martínez de Hoz su principal referente fueron los que se enriquecieron durante esos años.

Y los que se siguieron enriqueciendo a partir de esta democracia de la que llevamos 26 años, dónde ha habido avances importantes, pero en lo fundamental los grandes grupos económicos siguen condiciendo el futuro de nuestro pueblo con sus ingentes y extraordinarias ganancias. Haciendo que el hambre en nuestro país siga siendo una presencia vergonzante, pero fundamentalmente dolorosa para quiénes la sufren.

Por lo tanto, la deuda que posteriormente contrajo Cavallo en sus distintos momentos de gobierno, con Menem y con De La Rúa, también debe ser investigada y analizada, para que los argentinos no paguemos deuda que es fraudulenta o que ya ha sido pagada por distintos mecanismos.

Que los recursos de nuestro país -ya sea en términos de riqueza cotidiana o ya sea en términos de reserva o ahorro-, puedan ser utilizados para el desarrollo nacional, para garantizar una vida digna para todos los argentinos.

En este año del Bicentenario, donde decimos que queremos tener un Bicentenario sin Hambre, los recursos deben ser utilizados para pagar esa deuda interna, para un plan de desarrollo que nos permita recuperar los recursos estratégicos de la nación. Que nos permitan condicionar fuertemente a las empresas que siguen siendo beneficiarias de la explotación de los recursos estratégicos en nuestro país, y socias del imperio británico que ocupa las Malvinas Argentinas.

Hugo Godoy es Secretario General de la CTA y ATE de la Provincia de Buenos Aires; Coordinador Nacional de la Constituyente Social.

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Los fantasmas perseguidores

Carlos del Frade (APE)

Es una situación amenazante. No hablamos de evitar la protesta pero si que no sea amenazante- dijo Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Los que multiplican la amenaza, según el punto de vista del funcionario del señor Mauricio, son los limpiavidrios, los militantes encapuchados, los llamados trapitos que cuidan los coches y otras “mafias”, según su particular visión de la realidad.

La amenaza no es el sistema que produce exclusión, sino los excluidos.

Y no importa que la Constitución Nacional vaya en contra de la discriminación en cualquiera de sus formas.

Acá se trata de custodiar el privilegio y eliminar de la vista a los indeseables que las minorías producen.

El pensamiento de los funcionarios del señor Mauricio, en realidad, hunde sus raíces en las políticas del desprecio contra las mayorías y los pueblos originarios.

Perseguir a las mayorías.

Agitar los fantasmas del miedo contra aquellos que han perdido casi todo.

Una práctica despreciable pero común, demasiado común en la crónica del pueblo argentino.

Pasó con las naciones guaraní, Quilmes, chaná, calchaquí, yamana, mocoví y toba. Eran dueños de la tierra, los montes, los cursos de agua y los cielos abiertos. Después los persiguieron y los hicieron esclavos. Debían pedir permiso para sobrevivir.

Sucedió con los gauchos, los que forjaron la primera independencia de estos arrabales del mundo derramando sangre desde los mares más profundos a las cumbres nevadas más altas.

Cuando volvieron de aquellas guerras fueron perseguidos y encarcelados por vagos y malentretenidos y sus hijos tuvieron que deambular en soledad por las calles de las principales ciudades de las provincias recién formadas.

Ni hablar con los pueblos negros que durante décadas aportaron belleza, música y valentía para que la vida sea un derecho de todos y no el capricho de algunos. Sin embargo terminaron desaparecidos, negados, torturados y excluidos.

También ocurrió contra los que llegaron de Europa en busca de algo parecido a un futuro.

Los explotaron en los puertos y los campos siempre en manos de pocos para después expulsarlos de la educación, la salud y hacinarlos en los conventillos de principios del siglo veinte.

Los verdaderos dueños del lugar, los verdaderos constructores de la riqueza, los verdaderos protagonistas de la historia, los más, las mayorías, siempre fueron satanizados por las élites.

Y hoy, en la Capital Federal, síntesis de una Argentina que dice ser democrática vuelve a aflorar el látigo histórico de la persecución contra los empobrecidos.

La noticia dice que “el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este lunes que presentará un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional. Si el Parlamento local aprueba el texto, los trapitos o cuidacoches y limpia vidrios, salvo que exista una autorización para eso, quedarán prohibidos; no se podrán portar palos en las marchas ni llevar la cara tapada. Buscarán endurecer las penas para aquellos que ensucien los bienes públicos. Insistirán con el uso de la pistola eléctrica. La oposición de centroizquierda calificó de "burda y primitiva" a la iniciativa machista”, apunta la información.

-Que la gente no tenga miedo – agrega Montenegro mientras los fantasmas perseguidores vuelven a la vida convocados por la política del señor Mauricio, ese conjunto de medidas que intenta consolidar un sistema a imagen y semejanza de esa gente, los que son pocos, los inventores de los espectros.

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Buenos Aires oculta: Denuncian pase a disponibilidad de trabajadores del Colón

DIARIO GREMIAL - ACTA

Trabajadores del Teatro Colón, cuya reapertura está anunciada para el 24 de mayo próximo, junto a diputados porteños denunciaron en la Legislatura que el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó a disponibilidad a 138 empleados del coliseo.

"Exhibiendo un cinismo sin límites, mientras echan a 138 trabajadores el directorio del Colón llama a concurso abierto para cubrir 45 puestos de planta en los puestos que dejan los agentes en disponibilidad”, dijo el delegado de los trabajadores Máximo Parpagnoli durante una conferencia de prensa en la Legislatura.

En ese marco, sostuvo que "(Mauricio) Macri y las autoridades del Colón han decidido agredir nuevamente a los trabajadores del Colón, enviando al Registro de Agentes en Disponibilidad a 138 trabajadores”.

"Haciendo caso omiso a lo dispuesto en las leyes y normas vigentes, tampoco se respetan los fueros gremiales de los trabajadores y, al igual que en Contaduría General, se persiguen a los delegados poniéndolos en disponibilidad", precisó.

La denuncia de los trabajadores del coliseo estuvo acompañada por los legisladores Fabio Basteiro y Delia Bisutti, de Proyecto Sur; y Gabriela Alegre, Francisco "Tito" Nenna y María José Lubertino, de Encuentro Popular para la Victoria.

Basteiro, secretario general de la CTA Capital, remarcó que "el ámbito legislativo es imprescindible porque aquí estuvo el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, y trató de esquivar el tema como para depositarlo en otro lado, y el director del teatro García Caffi no se quiere ni acercar a la Legislatura".

"Hay un gran nivel de provocación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los trabajadores fundamentalmente nucleados en ATE", consideró Basteiro, y evaluó que "Macri está tratando de utilizar al Teatro como plataforma de su candidatura presidencial en cambio de dedicarse a trabajar planificada e inteligentemente, incluyendo las diferentes visiones que se tienen de esta casa de la Cultura de trascendencia internacional".

"La política de Macri es, claramente, destruir el Estado”, aseguró por su parte Nenna, tras la conferencia de prensa en la cual calificó de "bestialidad" a la decisión de pasar a disponibilidad a los trabajadores.

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"La literatura de la pelota"

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

Con este título Roberto Santoro, poeta y militante, nacido en Quilmes y secuestrado desaparecido por las Fuerzas Armadas el 1º de junio de 1977, cuándo dictaba clases en una Escuela de Once, reunió mucho de lo que a través de décadas se había escrito sobre futbol en la Argentina, derribando la idea de que pelotas y versos no podían integrar un mismo planeta.

En este libro aparecen los grandes escritores jugando-como lo gustaba decir el “pelado”, con los cantos de las tribunas. Borges, Scalabrini Ortiz, Gelman y Bernardo Verbitski, entre otros, aparecen en sus páginas, que describen el lenguaje del fútbol, el imaginario de las hinchadas y el ingenio callejero de sus frases.

Lo conocí a Roberto en 1973 cuándo me visitó en la Dirección del diario “El Mundo”, proponiéndome que editáramos en fascículos su atrapante descripción futbolera. Me impresionó su vivacidad, inteligencia y simpatía.
En uno de esos encuentros estaban Haroldo Conti y Humberto Constantini, que integraban junto con él, una célula del PRT. ERP y me hicieron una pregunta para la que no tuve respuesta “cuál es el rol de un escritor o de un poeta en un proceso revolucionario ¿sólo servimos para repartir volantes?

Esa incapacidad de las organizaciones revolucionarias para contener la actividad de los escritores, poetas e intelectuales no hizo, sin embargo, que disminuyera la actitud y el compromiso del “pelado”.

Hoy, y en este año, la pelota de los versos de Roberto tiene un escenario diferente, el de Sudáfrica donde se juega el Mundial 2010.

Esta nación de casi un millón trescientos mil kilómetros cuadrados. y con más de 46 millones de habitantes. Situada en el extremo sur del Continente Africano es la primera potencia económica de África, que realiza grandes esfuerzos por superar el apartheid, y las desigualdades, herencia de la etapa colonial.

Los primeros colonos holandeses llegaron a la Ciudad del Cabo en 1652 mas de un siglo después de que el navegante portugués Vasco da Gama cruzara el Cabo de Buena Esperanza. Los habitantes de este territorio –el pueblo khoikhol – resistieron la ocupación colonial holandesa, pese al carácter sangriento de la campaña militar llevadas a cabo por los boers -agricultor en holandés-.

A mediados del Siglo XVIII los descendientes de los primeros colonos holandeses empezaron a llamarse “afrikaners”, diferenciándose de los ingleses, que se instalan en Ciudad del Cabo en 1806, ante el debilitamiento del imperio colonial holandés.

Los conflictos entre los boers y los ingleses se agudizaron y determinaron que en 1834 cerca de 14.000 afrikaners emigraran en masa hacia el interior del Continente en dirección al Norte proclamando la independencia de Transvaal en 1852 y de Orange en 1854, que fueron reconocidas por los ocupantes ingleses, ya que a Londres le convenía que fueran los boers los que aplastaran la resistencia de las tribus negras.

A fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX se fue consolidando el régimen de discriminación racial denominado “apartheid”, mediante el cuál se destinó el 7% del territorio nacional para los negros y el 93% restante, las mejores, a los blancos que representaban sólo el 10 % de la población. Posteriormente, mediante disposiciones “legales” se limitó, drásticamente, la posibilidad de que los negros se instalaran en ciudades consideradas como reductos blancos.

En 1912 se había constituido como partido el Congreso Nacional Africano que inició un proceso de resistencia pacífica, oponiéndose al régimen de discriminación racial, sufriendo todo tipo de persecuciones.

En este contexto represivo y ante la imposibilidad de lograr avances por el camino elegido, el líder del Congreso Nacional Africano, Rolihlahla Dalibhunga Mandela, bautizado por su maestra del primario como Nelson, planteó la formación de una organización armada que se denominó Umkhonto we sizwe -“Lanza de la Nación”, que comenzó a operar en 1961.Años mas tarde esta concertó acuerdos con otros Movimientos de liberación de la región, como el MPLA de Angola y el FRELIMO de Mozambique.

En esos años Nelson Mandela fue detenido y condenado a reclusión perpetua, permaneciendo encarcelado mas de 27 años, en una prisión de máxima seguridad ubicada en una Isla que está a 13 kilómetros de la Ciudad del Cabo..hoy declarado monumento nacional e invadida por conejos.

El régimen blanco, condenado internacionalmente y cada vez mas aislado, decidió, durante la presidencia de Pieter Botha, negociar una salida con el Congreso Nacional Africano, que culminó con la sanción de la Constitución mas progresista de todo el Continente Africano en febrero de 1997, bajo la primera presidencia negra que encabezaba Mandela..

Hoy el país, que será la sede del Mundial registra la mayor cantidad de enfermos de Sida del planeta, y cerca del 37 % de su población activa desocupada, una violencia criminal preocupante y algunas asignaturas pendientes que deberá resolver el nuevo gobierno del Congreso Nacional Africano que desde el 22 de abril de 2009 preside Jacob Zuma, un combatiente histórico de la” Lanza de la Nación”.

Roberto Santoro hubiera estado en las tribunas alentando el equipo de Maradona, si la patota militar no hubiera sesgado su vida a los 38 años de edad.

Todavía sentimos sus versos resonar en nuestros oídos.”Si se escapa esta rabia que llamamos esperanza/si un día se va/yo crucifico el amor/ y después de enterrar a mis hermanos/me voy con el tranvía de la muerte/a clausurar mi corazón en una plaza “

Hoy la plaza de su barrio en Forest y Teodoro García, lleva su nombre.

Manuel Justo Gaggero es abogado, ex director del diario “El Mundo” y de la revista “Nuevo hombre”.

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Argentina, Santa Fe: Asesinaron a una de las testigos más importantes de la causa Brusa

LA CAPITAL - TMO

Silvia Suppo, testigo de la causa Brusa, fue apuñalada ayer en la ciudad de Rafaela. La víctima había relatado los padecimientos a los que fue sometida durante la dictadura en Santa Fe, en el proceso que a fines del año pasado terminó condenando al ex juez federal Víctor Brusa y otros cinco represores a penas de 19 a 24 años de prisión. Hasta el momento, los investigadores manejan la hipótesis de crimen común vinculado a la inseguridad, pero tampoco se descarta que el móvil esté relacionado con las violaciones a los derechos humanos.

La mujer, de 51 años, fue atacada a puñaladas en diversas partes del cuerpo en la mañana de ayer, cuando atendía su comercio “Siempre cuero”, en Sargento Cabral al 200, en el centro de Rafaela. Suppo fue hallada malherida por una clienta, tirada detrás del mostrador, y rápidamente trasladada hasta el hospital Jaime Ferré, donde ingresó consciente. Ya en el centro asistencial fue intervenida quirúrgicamente pero murió poco después debido a las graves heridas recibidas en órganos vitales.

Voceros de la investigación dijeron que en el local comercial, del rubro artesanías y cueros, se comprobó la falta de objetos de valor de oro y plata. En tanto, otras fuentes dijeron que al ingresar al hospital la mujer alcanzó a balbucear que había sido atacada por ladrones.

Si bien Suppo no integraba el Programa de Protección de Testigos de Santa Fe, que es voluntario, esa dependencia ya envió a todo su equipo a Rafaela para interesarse en la investigación y la contención de la familia de la víctima.

El director del programa, Oscar Blando, señaló en diálogo con LaCapital al cierre de la edición de ayer que “aún no había novedades” que permitieran establecer la hipótesis del robo ordinario o una vinculación con los derechos humanos.

“Le transmitimos al juez a cargo de la investigación, Alejandro Mugnaschi, que nuestra intención como gobierno es saber realmente si fue un robo o si esta vinculado a derechos humanos. Si fue un robo hay que calmar a los otros testigos de las causas por crímenes de lesa humanidad, y si tiene vinculación con los derechos humanos es un hecho gravísimo”.

La idea del robo es la que más convence a los investigadores y dieron algunas razones: que hay algunos elementos faltantes en el negocio, que el o los autores se llevaron el celular de Suppo y tiraron el chip a pocas cuadras en un recorrido que fue hecho caminando, es decir que no habrían sido utilizados vehículos, y que la saña con que fue asesinada podría relacionarse con la resistencia presentada por la mujer. Otro aspecto señalado es que no hubo ningún tipo de mensaje de los atacantes, como sí ha ocurrido en otros casos de amenazas o agresiones.

Sobre el número de puñaladas, desde el tribunal a cargo del caso aseguraron que fueron más de tres, pero esto se sabrá con certeza tras la autopsia. En ese sentido, el examen forense será realizado en la ciudad de Santa Fe, adonde ya fue trasladado el cadáver, y no en Rafaela, a pedido de los hijos de la víctima.

El testimonio. Suppo fue secuestrada por el Ejército en marzo de 1977, cuando tenía 17 años, junto a su hermano y a quien luego sería su esposo, Jorge Destéfani, fallecido meses atrás. Unos días antes había sido secuestrado su novio de ese momento, Reinaldo Hatemmer, quien continúa como desaparecido.

En el juicio, la mujer narró lo el horror que padeció cuando estuvo detenida en la comisaría Cuarta de Santa Fe, en la Guardia de Infantería Reforzada y en el centro clandestino La Casita.

Durante su cautiverio, fue violada y luego sometida a un abortó por orden de Juan Calixto Perizotti, uno de los condenados en la causa Brusa, “para remendar el error”, frase que atribuyó al ex policía. En la comisaría Cuarta recibió la visita del entonces obispo de Rafaela, Jorge Casaretto, a quien le contó de la violación y las torturas.

Sobre la relevancia del testimonio, el director provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria, Jorge Pedraza, afirmó que Suppo fue una testigo “importantísima” en el proceso penal que desembocó en la primera condena contra represores que actuaron en Santa Fe.

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Argentina, Santa Fe: "Quique" contó qué hizo en la dictadura y quiénes eran sus jefes

Héctor M. Galiano (NOTIFE)

Horacio "Quique" Barcos está acusado de secuestrar y torturar a un matrimonio en 1978. Ayer decidió ampliar su indagatoria en el marco del juicio oral que avalúa esos hechos. Contó cuál era su rol y quiénes eran sus jefes inmediatos. Tuvo varias contradicciones y, por supuesto, intentó despegarse de la imputación.

Horacio Barcos, alias “Quique”, el ex espía civil del Ejército acusado de participar del secuestro de un matrimonio en mayo de 1978, decidió ampliar su declaración indagatoria ayer a la mañana, en el marco de las audiencias del juicio oral que se lleva adelante contra quien fuera PCI (Personal Civil de Inteligencia) hasta 1997.

Barcos fue identificado por Amalia Ricotti como uno de los hombres fuertemente armados que la noche del 15 de mayo de 1978 la interceptaron junto a su entonces marido, el profesor Alberto Tur (fallecido), los introdujo en un auto y trasladó a la pareja hasta un centro clandestino de detención conocido como “Fábrica”.

El imputado hizo uso del la herramienta legal que tienen los acusados de pedir la ampliación de la indagatoria en el marco del juicio oral. Así comentó que “lo recomendó el ex militar Benito Guglielmone, entonces amigo de Leopoldo Galtieri, con quien llegó a concretar varios negocios inmobiliarios en la zona. “Quique”, recurrió a él en agosto de 1975 y desde entonces se transformó en espía a sueldo de los militares, primero como personal fuera de presupuesto y, formalmente, desde el 1 de enero de 1976. Guglielmone lo puso en contacto con el entonces jefe del Destacamento de Inteligencia del Destacamento 122, Julio Bellene, que lo sumó a la estructura de civiles que actuaron en las sombras en los años de plomo. “Fui agente de calle, agente secreto, mi tarea individual y mantenía contacto con un superior del destacamento con el que nos veíamos en la calle. Lo primero que me pidieron fue que me busque un trabajo formal, de cobertura, para poder justificar mis ingresos. Trabajé como taxista en los primeros tiempo
s de PCI, bajo el nombre de Héctor Andrés Benítez. Mi encargado de calle era (Eleodoro) Jorge Hauque (alias “lolo”, “turco” o “Vicente”), que era PCI en ese momento pero antes había estado en el Ejército”.

“Quique” contó que en 1976 trabajaba como analista de minorías extranjeras en la zona, atento –según sus palabras – a las hipótesis de posibles conflictos “como el de Chile, por el Beagle”, acotó. También señaló que una de sus tareas fue la de identificar domicilios de un listado de personas que el DI 122 le entregaba. Un tiempo después, conoció a Rubén “el Mono” Gazziano, un dirigente pesado del sindicato de la construcción en Santa Fe, amigo de los militares y con fama de no ser adepto a las disidencias. “El Mono” le dio cobertura a “Quique” en el sindicato, lugar que lo blindaba de cierto modo. No cobraba un sueldo por mes. Gazziano le pagaba semanalmente a Barcos para trabajar en sector de la construcción.

Entre enero y septiembre de 1977, “Quique” se perfeccionó en Buenos Aires en su materia: inteligencia, contrainteligencia y espionaje. También materias técnicas, como cerrajería o fotografía. Estudió con 11 personas, todos ellos de distinta procedencia. “Al regresar a Santa Fe me aboqué al ámbito gremial y político, incluso participé de reuniones del PJ (al que se afilió en 1972 en Santo Tomé) en plena dictadura con el propósito de elaborar informes políticos. Allí, a esas reuniones, acudían dirigentes como (Carlos Aurelio Martínez) o (Víctor) Reviglio”.

-¿Tuvo actividad en grupo?, se interesó el presidente del Tribunal José Escobar Cello.

-No, dijo Barcos.

-Vamos al año 1978 – propuso el juez

-Debo aclarar que nada tengo que ver con el hecho que se me imputa. A la señora (Amalia) Ricotti la conocí una vez por intermedio del señor (Luis) Frillocchi. Una vez salimos él, dos amigas de él, y yo. Fuimos a camping de Ingeniería Química en Colastiné. Fuimos en mi coche, un Fiat 600, y regresamos también mi auto. La señora Ricotti vivía en calle Crespo al 3.500. Yo la dejé y me fui a mi casa. También aclaró que en esa oportunidad me presentaron como Horacio Barcos, aunque Frillocchi me llamaba “Quique”, que era un apodo que me había puesto Gazziano en la Uocra. Además, nunca fuimos al D2, como dijo la señora Ricotti, lo teníamos prohibidísimo (sic).

-¿Cómo lo conoció a Frillocchi?, preguntó el juez Daniel Laborde.

-De la actividad gremial. Debo aclarar que me enteré por los medios que era PCI.

-¿Qué otro contacto tuvo usted como PCI? – preguntó Escobar Cello

-A Héctor Melitón Martínez. Con él también nos veíamos en la calle. Teníamos prohibido siquiera pasar por el Destacamento de Inteligencia

-¿Conoció a (Domingo) Marcellini?

-No en ese entonces. Sí hace unos años, lo ví en la capilla de los cuarteles de Santo Tomé. Me acerqué a él, me identifiqué y me solidaricé con él porque sabía que estaba muy enfermo (además ya estaba imputado por haber sido una pieza clave en la represión ilegal).

-¿Conoció a Alberto Tur?

-No.

-¿A un tal Vicente (por Hauque) y a un tal José (Quiroga, un montonero arrepentido que saltó al bando de los verdugos en plena dictadura)?.

-No.

-Cuando era calificado, ¿le mostraban a usted esas calificaciones?

-Sí, yo las firmaba.

Escobar Cello pidió entonces que se de lectura a un párrafo conceptual que figura en una de las fojas del legajo de Barcos. Allí se señala que Benítez (Barcos) era jefe de grupo (de PCI). El imputado lo negó y aclaró que “fui jefe ya entrado los años ochenta, tuve cinco PCI a cargo”.

-¿Y qué hace un jefe de grupo?, indagó el presidente del TOF

-Era el nexo entre los PCI y los responsables del Destacamento.

-¿Cómo hacía para complementar el trabajo de PCI con su actividad en el gremio de la Uocra?, le pregunté el fiscal Martín Suárez Faisal.

-En el caso de la Uocra yo no trabajaba como fijo, sino que a mí me pagaba Gazziano por semana, repitió.

-¿Usted portaba armas?, consultó el fiscal

-No

-¿Tuvo adiestramiento para usarlas?

-No, nunca, no podíamos usar armas

La estrategia del representante del ministerio público fue esclarecedora. Barcos repitió una y otra vez que no usó armas y que no había sido entrenado para usarlas. Martín Suarez Faisal fue lapidario: exhibió una foja de su legajo y una de sus calificaciones de puede leer con claridad “…buen tirador de armas de puño”. El imputado sintió la sorpresa de la contradicción. “No sé porque dice eso, yo no podía usar armas, lo prohibía la misma ley de inteligencia”, se atajó. El abogado querellante Horacio Coutaz recordó entonces que la ley, a la que refirió Barcos, no prohíbe la portación de armas. El legajo de “Quique” también lo señala como “un agente de buena predisposición, aunque debe ser más medido en sus actos”. Firmaba al pie el capitán Sergio Rubén García, jefe de calle.

Mientras Barcos fue jefe de grupo, tuvo a cargo a cinco espías. Recordó a tres, con nombres falsos: Gariboldi, Distéfano y Bustamante.

Horacio Coutaz se interesó por dichos vertidos por Barcos. Volvió sobre ellos.

-Usted dijo que si había detenidos en los procedimientos, la policía informaba al Destacamento.

-Sí, por supuesto, Lo informaba todo.

-¿Trabajó en la Universidad (Nacional del Litoral), preguntó la abogada querellante Zulema Rivera

-En 1974 trabajé en la planta de Ingeniería Química

Casi dos horas después de comenzada la indagatoria, el presidente del TOF, decidió interrumpir la indagatoria hasta tanto tener una copia legible del legajo que permita continuar con las preguntas. Las partes no se opusieron. Por motivos de agenda de Escobar Cello (también debe asistir a las audiencias de la causa Guerrieri en Rosario) la indagatoria se pospuso para el lunes 5 de abril, desde las 9 de la mañana.

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Argentina, Salta: 120 mil litros de petróleo se derramaron en la quebrada de Yariguarenda en Tartagal

COPENOA

El crudo de petróleo estaba almacenado en tanques que pertenecen al área operativa de la empresa petrolera Tecpetrol, ubicado en alto Yariguarenda, a unos 15 kilómetros de las ciudades de Tartagal y Gral. Mosconi, al norte de la provincia de Salta. Autoridades oficiales no informaron sobre las consecuencias de derrame de crudo y si afecta vertientes de agua ubicadas en la zona afectada.

El ambientalista y dirigente social José “Pepino” Fernández denunció el derrame y atribuyo el mismo a falta de mantenimiento de las empresas que trabajan en el lugar. Como las graves consecuencias que ocasionan al medio ambiente estos derrames.








http://www.copenoa.com.ar/IMG/mp3/derramepetroleo1.mp3



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Movilidad jubilatoria: Iturraspe presentó un proyecto de Reforma Previsional

ACTA

La secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA bonaerense y diputada nacional por el Instrumento Electoral, Graciela Iturraspe, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que promueve la profunda reforma del Sistema Previsional en la Argentina. Establece el tan ansiado 82 por ciento móvil para las jubilaciones, y criterios de solidaridad y universalidad para nuestros viejos.

El proyecto fue promovido por la Secretaría de Previsión Social de la CTA; la Federación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (FETRAJUB-CTA); la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina; la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA); la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA); la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APEDFA-CTA) y el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

Tras finalizar con la prolongada tarea previa a la presentación del texto, Iturraspe destacó que "habría que resaltar que esta es una nueva ley, no seguimos emparchando la de Menem. Se plantea reestablecer el cálculo inicial del haber de una persona que se jubila, promediando los tres mejores sueldos de los últimos 10 años, reemplazando el calculo actual que perversamente logra que el primer haber sea del 52 % de lo que esa persona cobraba en actividad. Lo cual redunda en un envejecimiento de las plantas laborales sin abrir posibilidades a la juventud".

Añadió que "también transforma la figura jurídica de la ANSES, transformándola en un instituto publico no estatal, conducido por los trabajadores en actividad y los jubilados, con representación del Estado".

Cabe destacar que este proyecto "es fruto del trabajo colectivo de más de un año y medio de trabajadores de la ANSES, del IPS, y jubilados organizados en distintos centros y federaciones con el aporte técnico y militante del doctor Horacio González", concluyó Iturraspe.

Concentración frente al Congreso

Las organizaciones de jubilados y pensionados de la CTA patrocinantes de este proyecto de Ley Previsional han convocado a la concentración que, en el marco de la Marcha 939 de los jubilados, se realizará el miércoles 7 de abril a las 15.00 frente al Congreso Nacional.

La manifestación será para reclamar el tratamiento y en apoyo al proyecto de nueva Ley Previsional que con la colaboración del doctor Horacio González fuera presentado por la diputada nacional Graciela Iturraspe y apoyado por 13 legilsadores, con número de presentación 1418D2010, dando inicio a una campaña nacional para lograr su sanción.

Firman la convocatoria: Lidia Meza, Secretaría de Previsión Social de la CTA; Elsa “Pola” Monti, Mesa Coordinadora; Elías Moure, FETRAJUB; Arnaldo Rodríguez, APEDEFA; Ana Sachi, FeTERA; Luis Agulla, Centro Nacional de Jubilados de ATE y Elsa Picado, FJA.

Fundamentos de una nueva Ley Previsional

"Nuestra propuesta de una nueva ley previsional se apoya en los principios y derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y los Convenios de la O.I.T., en particular, en la denominada norma mínima de la seguridad social, el Convenio 102, que hasta la fecha no fue ratificado por nuestro país.-

Hasta la reforma estructural que dio nacimiento, en 1994, a la ley 24241 regían a nivel nacional, en la Argentina, las leyes 18037 y 18038 que garantizaba a los trabajadores un beneficio definido dentro de un sistema de reparto que oscilaba, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, entre un 70 a un 82 % del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los tres años calendarios más favorables de los últimos diez años anteriores al año de cesación en los servicios; a su vez los haberes eran móviles en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones. Simultáneamente los trabajadores del Estado Nacional, provinciales y Municipales tenían regímenes que les garantizaban un haber de hasta el 82% móvil del sueldo, conforme el cargo desempeñado en actividad.

La reforma de los sistemas de protección social destruyó los distintos regímenes de seguridad social, no solo los nacionales, sino, también, las cajas provinciales que fueron transferidas a la ANSES, transformando la mayoría de los derechos sociales en mínimos asistenciales.

En todos los casos el principio rector fue la privatización y la desregulación de las prestaciones de la seguridad social. Formaba parte de la estrategia aprobada por el Consenso de Washington, impulsada por el Banco Mundial, de entregar al mercado las prestaciones que el Estado tenía que dejar de brindar.

Una política regresiva en materia de derechos de los trabajadores y de abandono de su responsabilidad constitucional por parte del Estado, acompaña todo ese período de nuestra historia.

Consideramos que hoy es el momento para presentar a la discusión de la sociedad, de las distintas instituciones sociales, políticas y económicas, las bases y principios sobre los cuales organizar la seguridad social para las futuras generaciones de trabajadores.

El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional es el punto de partida de una seguridad social que contemple el rol del Estado, no solo como garante del sistema sino, también, como sostén del mismo, instrumento fundamental para la redistribución de la riqueza. Ello, a través, del carácter integral e irrenunciable de los beneficios de la seguridad social, el seguro social obligatorio, a cargo de entidades nacionales o provinciales, con autonomía económica y financiera, la administración por los interesados, con participación del Estado, la movilidad de las jubilaciones y pensiones, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Esta norma constitucional corresponde leerla en clave con los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y los convenios internacionales de la OIT.

Para la elaboración de una nueva ley se tiene en cuenta, también, las directivas dadas al legislador ordinario por el constituyente en el artículo 75 incisos 2 y 8 (distribución equitativa y solidaria de los recursos), 19 (desarrollo humano, progreso económico con justicia social), 23 (legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad).

Por todo ello, el proyecto de ley que se presenta ampara a todas las personas contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Se establecen diferentes niveles de cobertura para todos los miembros de la sociedad, el derecho a los beneficios derivados del seguro social que se suma a una asignación universal y una prestación proporcional que tiene por objeto mejorar sustancialmente las prestaciones del régimen previsional público.

La subsistencia de la ley 24.241, que creó el régimen de capitalización individual, como sistema central del régimen provisional, no es compatible con los lineamientos constitucionales enunciados por lo que se propone su derogación y reemplazo por el presente proyecto de ley.

I.- Principios

1.- Un régimen previsional de reparto solidario
Se propone un régimen previsional público de reparto de tal manera que los recursos del sistema se asignen, prioritariamente, al pago de las prestaciones.
Luego, de la eliminación de las AFJP, mediante la ley 26425, que lo sustituye por un "régimen de reparto" administrado por el Estado, no cambió la lógica de utilización de los recursos, que sigue siendo de capitalización y no de reparto. Se asigna, en este caso, al régimen previsional público un papel residual, de lucha contra la pobreza, similar al que le adjudicó la ley 24241.
Tratándose de un sistema de reparto la solidaridad forma parte de su naturaleza. Se expresa de dos formas, como redistribución intergeneracional, entre las generaciones de trabajadores (activos) hacia las pasadas (jubilados), e intra generacional de los que más tienen respecto de los que menos tienen. Deben fijarse mínimos razonables y máximos que no sean confiscatorios. La seguridad social es un instrumento fundamental de redistribución de la riqueza, de los trabajadores empleados a los sin empleo, de los sanos a los enfermos, de los activos a los jubilados.

2.- Carácter público de la seguridad social
La seguridad social es un régimen público, una función del Estado, de tal importancia que nos permite reconocer la existencia o no de un Estado de derecho democrático y social.
En materia de seguridad social predomina o es determinante el interés público sobre cualquier interés privado. La seguridad social está definida como una función esencial del Estado. Esto significa la imposición de la solidaridad para dar satisfacción al interés público pero, más aún, se trata de una solidaridad más amplia, que excede a los propios beneficiarios, e implica al Estado mismo garantizando las prestaciones legalmente definidas para los sujetos protegidos del sistema.

3.- Universalidad
El sistema previsional debe organizarse, como toda la seguridad social, en base al principio de universalidad. Debe garantizarse el derecho de todas las personas, tengan o no trabajo, a la seguridad social, brindando cobertura a todas las contingencias y necesidades contenidas en el Convenio 102 (norma mínima), referidas a la vejez, invalidez o muerte, salud, accidentes de trabajo y enfermedades, empleo y asignaciones familiares.
El principio de universalidad en sus dos variantes, subjetiva y objetiva, está expresamente consagrado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que reconocen la integralidad y el derecho de toda persona a la seguridad social.

4.- Financiamiento. Autonomía económica y financiera
La financiación de los seguros sociales no se basa exclusivamente en aportes y contribuciones, sino que se complementa con los aportes estatales provenientes del sistema fiscal general.
A través de aportes y contribuciones e impuestos específicos que permitan sostener prestaciones de seguridad social que garanticen un nivel de vida digno a todas las personas. Debe restablecerse las contribuciones patronales, por lo menos al nivel que tuvieron hasta 1993, ello significaría una ampliación importante de la recaudación anual de la ANSES, aumentar los aportes de los trabajadores y encararse una política activa de afiliación de todos los trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas a la seguridad social.
Los recursos del llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad son aportes de los trabajadores; deben utilizarse, prioritariamente, para pagar las jubilaciones y pensiones, actualizar las prestaciones previsionales, tanto en lo referente a la reconstrucción de la escala de proporcionalidad, como para mejorar los mínimos jubilatorios.
Debe recuperarse para la seguridad social las funciones de recaudación y fiscalización de los aportes y contribuciones que actualmente están en manos de la AFIP.

5.-Prestaciones definidas. Movilidad de las jubilaciones y pensiones
A las prestaciones que tiene todo sistema previsional se agrega el derecho a un beneficio universal, a todos los mayores de 65 años, que no cumplan los requisitos para una jubilación o pensión dentro del sistema contributivo, que no sea inferior a la línea de la pobreza, asignándose financiamiento especial para su cumplimiento.
Dentro del sistema contributivo la jubilación mínima debe ser vital y móvil, vinculado su importe a un monto que no puede ser inferior al 82% del salario mínimo vital y móvil.
Deben restablecerse en forma inmediata las escalas de proporcionalidad y el carácter sustitutivo que tienen las prestaciones previsionales respecto de los salarios en actividad, respetándose para todos los beneficiarios los incrementos reconocidos por la Corte en los fallos Sánchez y Badaro para el período comprendido entre el 1/4/1991 y el 31/12/2006.
El haber de las prestaciones y la movilidad debe garantizarse a través de la relación con el incremento de las variaciones salariales, de tal manera que se mantenga la proporción entre el salario del activo y las jubilaciones en base al 82% móvil.

6.- Administración democrática
Se propone un sistema de seguridad social, a cargo de entidades nacionales o provinciales, administrado por los interesados, con participación del Estado que integre en forma coordinada los distintos parámetros, tanto referidos a los requisitos para el acceso a los beneficios, el cálculo del haber inicial o la movilidad de los haberes.
Se crea un organismo nacional de previsión social, persona pública no estatal, conducido y administrado por representantes de los trabajadores jubilados y activos, elegidos en forma directa y democrática, con participación del Estado.

7.- Responsabilidad del Estado. Prohibición de regresividad
La seguridad social es una función esencial de un Estado de derecho democrático y social, un derecho humano fundamental que el Estado se ha obligado a organizar, por medio de leyes reglamentarias, conforme lo establecen el 14 bis y el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional.
Proponemos la sanción de una ley previsional basada en los principios de un sistema de reparto, solidario, universal, administrado democráticamente, con participación del Estado, con prestaciones proporcionales al salario en actividad (82% móvil), jubilación mínima vital y móvil, asignación universal a los mayores, financiada con aportes de los trabajadores, contribuciones de los empleadores y aportes del Estado.
Una seguridad social que sea el motor para la construcción de una sociedad democrática que haga eje en la redistribución de la riqueza, en la búsqueda de la igualdad material, sobre la base de impuestos progresivos a los sectores de mayores ingresos.

8.- Igualdad
Es un principio vinculado al de solidaridad y unidad del sistema. La concreción de estos principios solidaridad-unidad-igualdad permite que todas las personas tengan derecho a idénticas prestaciones ante las mismas situaciones de necesidad y para ello es fundamental que se preserve la unidad. El principio de igualdad expresa que todos los miembros de la sociedad son tratados de la misma manera.

II.- Prestaciones
Las contingencias cubiertas en el proyecto de ley son las de vejez, invalidez y muerte. Nuestra propuesta implica mejorar el nivel de la protección en todos los tipos de cobertura.
Las prestaciones dinerarias para cubrir las citadas contingencias poseen los siguientes rasgos: a) se trata de un bien patrimonial protegido por el derecho de propiedad; b) poseen carácter alimentario; c) una vez adquiridos se incorporan al patrimonio de la persona, no solo el status de beneficiario, sino, también, el contenido económico de la prestación; d) son inembargables.
Al lado de las clásicas prestaciones de jubilación ordinaria, pensión e invalidez se crean dos asignaciones nuevas. La asignación universal a los mayores de 65 años de edad y la jubilación proporcional para las personas que han contribuido al sistema, diez o más años, pero no reúnen la totalidad de los servicios con aportes exigido por la ley.
En el caso de la invalidez se amplia a la invalidez profesional y se disminuye la exigencia al cincuenta por ciento.
Se propone restablecer un haber del 82% móvil de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función de que fuere titular el afiliado para la determinación de la jubilación ordinaria y la invalidez, teniendo derecho el pensionado o la pensionada al 75% de ese importe.
Ese mismo porcentaje se establece para el cómputo del haber y la movilidad de los trabajadores autónomos.
El 82% móvil es una antigua reivindicación de los trabajadores argentinos que aparece, inicialmente, con la sanción de la ley 14499 de jubilaciones y se prolonga con la sanción de las leyes 18037, 18038 y en diversos regímenes especiales como los de las leyes 22955, 22929, 24016 y 26508.
Ese porcentaje defendido en la acción, y reclamo cotidiano, por los trabajadores activos y jubilados, refleja la vigencia del principio de proporcionalidad y el carácter sustitutivo que tienen las jubilaciones en nuestro sistema constitucional y la necesidad de restablecerlo para garantizar certidumbre en las prestaciones previsionales.
Por todo lo expuesto tenemos el convencimiento de que la nueva ley previsional sentará las bases de un modelo de seguridad social, con bases constitucionales sólidas, que tienen su aceptación en la sociedad.
Una ley que garantice una jubilación digna a todos los trabajadores argentinos, basado en los principios de solidaridad y universalidad".

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Brasil: Prevén construir 54 nuevas usinas hidroeléctricas a partir del 2011

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La segunda etapa del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC II) de Brasil prevé la construcción de 54 nuevas usinas hidroeléctricas, con una capacidad de generación total de 47.800 megavatios de energía.

Cerca de dos tercios de las inversiones totales previstas en el PAC II, lanzado este lunes, estarán destinadas al área de Energía, con un total 1,092 billón de reales (603.315 millones de dólares) a ser invertidos a partir de 2011.

Serán construidas diez usinas modelo plataforma -similares a las estructuras para la explotación de petróleo en alta mar- en regiones aisladas de la Amazonía, con el fin de aprovechar su potencial hídrico sin dañar el medio ambiente, y 44 usinas convencionales.

Los principales objetivos del PAC II en el área de Energía son la seguridad en la provisión eléctrica a partir de una matriz energética basada en fuentes renovables y limpias, y ampliar la producción de petróleo a partir de las reservas bajo la capa pre-sal del lecho submarino brasileño.

Al anunciar el plan, la ministra jefe de gabinete Dilma Rousseff afirmó que la preferencia por el área energética tiene como objetivo "dejar definitivamente en el pasado el fantasma del racionamiento".

Entre junio de 2001 y marzo de 2002, el gobierno del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) debió decretar en Brasil el racionamiento de energía eléctrica con el fin de ahorrar 20 por ciento en el consumo, debido a que la demanda superaba entonces la capacidad de generacion en medio de una fuerte baja en las reservas de agua de las represas existentes.

Al comparar la gestión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con las anteriores, Rousseff garantizó que no va a faltar energía en el futuro y afirmó que mientras que en el pasado el "Estado era omiso", ahora "volvió a planificarse y tener rumbo".

El área de Energía del programa de inversiones contempla además de la producción de electricidad, los sectores de petróleo y gas, industria naval, combustibles renovables, eficiencia energética y pesquisa mineral.

El PAC II, segunda versión del plan cuadrianual de inversiones iniciado en 2007, tendrá a partir de 2011 un total de 1,59 billón de reales (878.450 millones de dólares) en inversiones.

El programa está dividido en seis áreas principales: Ciudad Mejor; Comunidad Ciudadano; Mi Casa Mi Vida; Agua y Luz Para Todos; Transporte; y Energía.

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