martes, 13 de abril de 2010

En Colombia se destapan nuevas y tremendas informaciones sobre crímenes cometidos en plena campaña electoral

Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

En el periódico español, El Tiempo de Bogotá, en la primera página de su edición, ayer 12 de abril, publica una amplísima información sobre la ola de crímenes que se han venido cometiendo bajo el gobierno Uribe Vélez, para lograr acciones gubernamentales contra los propios funcionarios del alto gobierno colombiano. Las cifras de los crímenes políticos cometidos son aterradoras.

Dice El Tiempo: “El comerciante y palmicultor Juan Guillermo González Moreno y el hacendado Carlos Andrés Vargas Montoya, encabezan la lista de las capturas que la policía y la fiscalía empezaron a realizar en la región del Urabá antioqueño y chocoano con el propósito de judicializar a señalados funcionarios y complices de crímenes del paramilitarismo durante más de una década.”

“Carlos Andrés Vargas, capturado en su finca de Dabeiba el pasado martes, aparece como determinador de al menos 200 homicidios. A González Moreno, se le responsabiliza del secuestro de 4 líderes campesinos del Chocó, el desplazamiento de 350 personas y la desaparición de otros centenares”. Esta es la información de prensa independiente y española que recoge el periódico El Tiempo en plena campaña electoral.

Este suceso puso al descubierto la alianza. El terrateniente hacendado Carlos Andrés Vargas Montoya aliado de los paramilitares había entrado al Urabá antioqueño y asesinado a López Sierra. Las informaciones de El Tiempo de hoy 12 de abril, explican que la fiscalía ordenó la captura de esos grandes terratenientes, que es un hecho que ha alborotado toda la región, particularmente porque son crímenes que tienen consecuencias graves contra el proceso electoral en marcha.

El grave conflicto y crímenes en las regiones mencionadas, se abrió paso en la gran prensa de Colombia. Se aceleró así la captura masiva de los terratenientes responsables de los crímenes y asesinatos, a la vez que la acción de los jueces y la fiscalía se ha acelerado duramente.

Esta región de Colombia ha reaccionado duramente contra los usurpadores de las tierras de los campesinos, que se han apropiado de centenares de hectáreas de tierras de propietarios comunales. Todo esto ocurre en momentos en que se terminan los días para la celebración de las elecciones presidenciales de Colombia.

Las elecciones, por consiguiente se están desarrollando bajo la presión gubernamental y los crímenes en todas las regiones campesinas de Colombia.

Junto al caso de la apropiación de tierras por parte de los grandes empresarios latifundistas, la ofensiva terrateniente continúa en las zonas rurales. El gobierno Uribe Vélez se hace el de la vista gorda ante esos hechos. Pero al tiempo la reacción de los campesinos y ciudadanos, actuando efectivamente ha frustrado buena parte del despojo que impulsan los grandes terratenientes.

En las elecciones presidenciales de los próximos días en Colombia, la lucha más grave y fuerte es la de los campesinos y ciudadanos contra las autoridades gubernamentales que intervienen a favor de los grandes terratenientes. Pero la reacción campesina y de opinión es acelerada y muy enérgica. Estas elecciones presidenciales se están convirtiendo en el objetivo de la acción de protesta y repudio del campesinado y de la opinión pública. Cada día que pasa es más fuerte la presencia y combatividad del pueblo colombiano, de los campesinos y los sectores sociales víctimas de las medidas económicas y políticas del gobierno Uribe Vélez contra el campesinado, los trabajadores agrícolas y el movimiento sindical. En las calles de las ciudades de Colombia se siente el rigor de la tensión y el crecimiento de la presencia del pueblo para recuperar sus derechos democráticos en estas elecciones.

Colombia - Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República. / Autor: César Carrión - SP

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Quito secreto (I)

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Posmodernidad en transformación

En Quito se siente una estrecha relación entre la gente y su hábitat, que puede ser por la arquitectura en la montaña. Al estar ubicada al pie del volcán Pichincha, con las construcciones encajadas en un valle angosto y largo entre las montañas, es como una larga cobija que obliga a ciertos rituales y hábitos. Es así que por las radios, los periódicos, y las personas entrevistadas se comprueba una preocupación por el futuro de la ciudad. Después de tantos booms como el del petróleo, la expansión espacial con la incesante construcción provoca incertidumbre.

La longitud de Quito más pronunciada es en la sección Norte, precisamente la expresión máxima de pos modernidad y que la hace tan atractiva al visitante. Pero al mismo tiempo refleja uno de los núcleos del problema. El fenómeno de la posmodernidad de Quito surge con la construcción de edificios, centros comerciales, viviendas, y espacios de esparcimiento del llamado “boom del petróleo” de los años 70, y que marca un antes y un después en la economía ecuatoriana. En la expansión hacia el Norte se reformula el Quito moderno y cosmopolita de una especie de “capitalismo tardío”, fenómeno característico en la región latinoamericana y en los países en vías de desarrollo. ¿Al final cómo poder llamar a nuestros proyectos de repúblicas?

Quito, como Santiago, Bangkok, o Johannesburgo, no escapa a ese itinerario del gran capital internacional. La ciudad puede ser hermosa, pero detrás de la investidura, existe lo que Frederic Jameson llama “la cultura postmoderna global como expresión interna y super estructural de toda una nueva oleada de dominio militar y económico de Estados Unidos en el mundo”. Para él, a lo largo de la historia, “es la otra cara de la cultura, con sangre, tortura, muerte y terror”. Yo agregaría a las otras potencias económicas de la Comunidad Europea y el Oriente, que siempre dejan el fardo de la mala propaganda a Estados Unidos. Las transnacionales no son solo de Nueva York o Seattle.

En la imbricación entre liberalismo y conservadurismo, y entre lo tradicional y lo moderno, Quito sociedad pareciera ser un mosaico de la posmodernidad del capitalismo tardío en el tercer mundo, y en la fascinación por su arquitectura se encapsula la crisis del estado liberal con sus contradicciones políticas y sociales.

En Ecuador, hay un creciente malestar en sectores de población que han vivido bajo el vaivén del poder de las élites tradicionales, y que comienzan a cuestionar esa posmodernidad que se manifestó económicamente con eficiencia y quizás se trasladó a otros sectores de la vida, pero que no tuvo una réplica en el plano de la representatividad para expresar un pluralismo verdadero; no el determinado desde la elite.

Desde esta perspectiva, en Quito como capital del Ecuador, la estampa de esa cultura posmoderna global montada por la presión interna del sistema, comienza a vivir una etapa de inevitable transformación, y destila un momento político que atrae la atención mundial.

Con las iniciativas de reforma planteadas por la administración de Rafael Correa, Ecuador es quizás uno de los epicentros donde se expresa la crisis y la transformación del estado liberal concebido para el tipo de repúblicas inconclusas que han predominado en la región. Algunos rasgos de este proceso se expresan en su libro: “Ecuador: de Banana Republic a la No República” (2009).

El tema central en la crisis del estado liberal, son la validez de sus definiciones básicas, y su inclinación de concebir la democracia con altos grados de “calidad de representatividad”. Entiéndase por calidad: la aceptación desde la autoridad y la sociedad, de altos grados de tolerancia al pluralismo, a la solidaridad, a la igualdad de derechos, al desarrollo de ciudadanía.

Ese núcleo de tolerancia, pluralismo e igualdad de derechos del estado liberal, encontró en su camino un sistema económico - el de la revolución económica de los 80- que se impuso a espaldas de esa esencia de pluralismo, solidaridades e igualdades.

A partir de esta revolución económica de los años 80 con sus políticas de ajuste y sus tres ejes centrales, privatización, desregulación y apertura externa, el sistema político y el carácter de su representatividad comienzan con sus desajustes. Por lo observado en los últimos 25 años, al parecer no es posible desde las bases del estado liberal, sustentar políticamente el sistema económico impuesto en los años 80.

El descontento generalizado por la política, proviene de la evidente asincronía entre, las demandas del sistema económico con su matriz central –privatización de servicios y recursos estratégicos del estado que reafirman el carácter de nación, desregulación y apertura comercial indiscriminada - y la capacidad de absorción del sistema político respecto a esas medidas, especialmente su legitimación .

Es así que en Ecuador –como en otros países en la región- se constatan situaciones críticas en el área de la representatividad política con la faz más visible de los partidos políticos.

La discusión sobre el sistema político fue cooptada para aceptar el impacto sociopolítico de las medidas del ajuste. Es decir, el sistema económico debía ser asegurado por el sistema de representatividad –principalmente el electoral- instrumentalizado a través de los partidos políticos.

El debate acerca de la legitimidad del sistema de representatividad para consolidar el ajuste, fue avasallado por la necesidad de implementar medidas económicas que requerían de un verticalismo notorio.

Durante estos 25 años de aplicación del ajuste, se ha confirmado que la intermediación entre el bien público y el aparato de poder del sistema, léase estado y sistema político, ha sido administrada durante décadas por Constituciones que legitiman una gobernabilidad que funciona como el amortiguador para absorber o manejar el divorcio entre sistema económico y una verdadera representación de ciudadanía.

Ecuador vive en estos momentos ese histórico período transformativo que parte con el análisis y la discusión.

La ciudadanía y su participación en la toma de decisiones, es un tema convertido gradualmente en una “agenda de la gente”, aunque un sector de la elite comience a sentir algunos efectos de una eventual redistribución de poder en cuotas mínimas estimulado y planificado desde el nivel de barrio y de comunidad.

El tema es polémico y hay que estudiarlo. Lo que sí está claro es que se ha desatado un proceso de discusión de temas nacionales a nivel de comunidad quizás inédito en América Latina, por la forma que es encarada en Ecuador, con apertura, regularidad y basado en una ley.

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, es una pieza central de este proceso. Consiste en “establecer mecanismos de consulta para pueblos y nacionalidades sobre explotación de recursos, administración, creación de los consejos de igualdad y generar la cultura del presupuesto participativo”.

El proyecto de ley contiene 96 artículos, e incentiva dinámicas de organización, mecanismos de participación y control social que la sociedad debe emprender por libre iniciativa para resolver problemas de interés común.

El asunto central es la desconcentración del poder tradicional de las elites. Estas han disfrutado de la posmodernidad que viene con el capital transnacional y sus mecanismos expansivos en booms transformativos en pos de una cultura de rentabilidad que ha generado mayor desigualdad.

Rafael Corea y su proyecto de crear una nueva forma de hacer ciudadanía y de ejercer representatividad, corrige en parte aquella falencia de un sistema económico sin sistema político que emerge con el ajuste de los años 80. Sin hacer socialismo todavía, porque sería muy venturoso afirmarlo, el proyecto de Rafael Correa corrige la falla estructural política de este ajuste, o el modelo neoliberal para otros, al reincorporar el componente de justicia social e intentar rectificar desigualdades profundas en el sistema del poder.

La agenda de esta ley es ambiciosa, y al vislumbrarse ese complejo territorio del ejercicio de la soberanía popular, hay resistencia o escepticismo por parte de aquellos que no han ejercitado culturas ciudadanas participativas, y que han vivido en torres privilegiadas por mucho tiempo.

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Quien no oye consejos

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

No siempre se hacen públicos los documentos que elaboran los “tanques pensantes” que de alguna manera asesoran la política de los gobernantes estadounidenses. Pero, cuando esto ocurre, se aprecia que la Casa Blanca no tiene motivos para incurrir, con tanta frecuencia, en decisiones aparentemente precipitadas, que perjudican el prestigio de la nación y a la ciudadanía, por falta de una asesoría fiel a los intereses del imperio.

Los “tanques pensantes” son básicamente instituciones integradas por personalidades públicas, académicos y expertos identificados plenamente con el vigente ordenamiento hegemónico capitalista que deben representar -tan ampliamente como resulte posible- todo el abanico de ideas que caben dentro del sistema, sin amenazar su estabilidad y su seguridad. Elaboran documentos con propuestas de políticas destinadas a proveer al gobierno de herramientas para su enfrentamiento con el mundo que la superpotencia pretende dominar.

Aunque se les atribuye generalmente algún signo político –por las tendencias que habitualmente se observan en sus documentos por efecto las corrientes que hayan convocado su integración- tienen mayor prestigio los que son capaces de proyectar una imagen de objetividad y neutralidad respecto a las variables políticas que admite el sistema.

En lo que respecta a las relaciones con Cuba, por ejemplo, la Institución Brookings (BI), que desde 1927 ha sido uno de los más influyentes “tanque pensantes” para la formulación de políticas internas y externas de las sucesivas administraciones de Estados Unidos, ha desempeñado, en los años más recientes, el papel de formulador principal de políticas para propiciar un retroceso al capitalismo en Cuba.

Según la Revista Foreign Policy (enero-febrero 2009), la Brookings Institution está clasificada como el más importante “tanque pensante” del globo en el Think Tanks Index que se elabora sobre la base de encuestas a académicos y expertos,

La formulación de políticas contra la revolución cubana, a inicios de este siglo, fue tarea del Departamento de Estado que coordinaba los trabajos de dos Comisiones para la Ayuda a una Cuba Libre (CACL) designadas por el presidente George W. Bush en 2004 y 2006, que estaban presididas respectivamente por los cancilleres Powell y Rice.

Entre febrero y abril de 2008, la Brookings publicó resúmenes de varios seminarios que organizó como parte de su proyecto “US Policy Toward a Cuba in Transition”, en los que se discutieron los escenarios posibles para una eventual involución al capitalismo en Cuba.

Cuajados de innumerables desatinos por su esencia injerencista y porque tratan de pronosticar desde afuera eventos sociales y políticos que solo pueden ser entendidos desde adentro, no faltan, sin embargo, elementos cuerdos en estos trabajos, derivados de la pericia indudable de algunos que otros científicos sociales norteamericanos, o de origen cubano residentes en Estados Unidos, que participaron en los estudios.

En sus trabajos, la Brookings preconiza una “oposición organizada dentro de Cuba” que defienda programas constructivos y abandone sus posiciones extremas, acomodadas al dinero fácil que reciben del Norte.

Lo dicho sirve para comprender que no es por falta de consejos cultos que Washington incurre en desatinos como la escalada actual de la campaña mediática y diplomática que hace más de medio siglo mantiene contra Cuba.

Cuando se ve actuar al gobierno de Estados Unidos de manera tan irresponsable como lo ha hecho, aprovechando la lamentable muerte de un ser humano manipulado hasta el suicido luego de convertirlo en un supuesto preso político -y ahora pretende repetir la experiencia a costa de otro individuo y quién sabe con cuántos infelices más-, uno puede preguntase si es la oligarquía que rige los destinos de la superpotencia por sobre su gobierno, o el propio gobierno, quien conduce al país por los caminos del irrespeto a las instituciones más rancias de la nación.

Las fotos en la prensa de Miami de Luis Posada Carriles - terrorista con 73 cargos de asesinato en primer grado pendientes por la voladura de un avión cubano, entre muchos otros crímenes de su reconocida autoría- marchando por las calles de aquella ciudad con elementos vinculados a la tiranía derrotada en Cuba en 1959, y en apoyo a las “damas de blanco”, perjudican esencialmente los ardides del supuesto “poder blando” que la diplomacia estadounidense está llamada por los tanques pensantes a representar con fines estratégicos.

Es sabido, y hasta admitido por ellas mismas, que las “damas de blanco” son subvencionadas desde Miami por la entidad “Rescate Jurídico” cuyo presidente, Santiago Álvarez, además de contar con amplio expediente terrorista propio, es el patrocinador fiscal de Luis Posada Carriles. No obstante, los grandes medios las identifican como sacrificadas esposas de “prisioneros de conciencia”, no de mercenarios convictos.

Según los criterios más defendidos por los tanques pensantes, engendros como las “damas de blanco”, los partidos políticos de “oposición pacífica”, las organizaciones humanitarias “disidentes” y otras invenciones propias del “poder blando”, debían guardar distancias de todo lo que les vincule públicamente al tenebroso pasado de tiranía, dependencia y servilismo que los cubanos aborrecen.

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El precio de la honestidad

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

Por estos días, la extrema derecha ibérica representada por la Falange Española y Manos Limpias ha asestado un duro golpe al célebre juez Baltasar Garzón. Se trata, por cierto, de una sórdida maquinación fraguada por sus enemigos políticos contra un miembro de la Audiencia Nacional que ha enarbolado la bandera de la justicia universal y los Derechos Humanos en el mundo entero. Entre muchos chilenos, su figura evoca al hombre valiente que fue capaz de emitir una orden de arresto contra el dictador Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad, cosa que nuestros más altos tribunales nunca habían sido capaces de hacer.

El ataque contra el juez Garzón no puede dejar indiferentes a todos quienes en el mundo se han comprometido con los valores democráticos, contra la impunidad, la corrupción y el abuso en cualquier lugar del planeta. La derecha en España, al igual que en Chile, está comprometida en graves crímenes cuyos responsables directos siguen impunes gracias a una Ley de Amnistía. El delito de este juez no ha sido otro que declarar su intención de investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Franco.

Resulta paradojal, por no decir vergonzoso, que en un país que se jacta de ser parte de la Unión Europea, la derecha extrema sea capaz de torcer el buen sentido de la justicia. Una acusación de sectores extremistas para inhabilitar al juez Garzón constituye un grotesco sainete - motivado política e ideológicamente - que es cosa ya habitual en las precarias democracias post dictatoriales latinoamericanas, como el caso de Chile o Argentina. Todo lo anterior pone en evidencia la mala nueva de que la extrema derecha europea, y el franquismo en particular, goza todavía de muy buena salud , tal cual como ocurre en nuestros países del sur.

Tal como se ha señalado, el delito no radica en investigar crímenes sino los crímenes en sí mismos. España, como Chile, tiene pleno derecho a conocer su pasado histórico reciente, por doloroso que éste sea. Acallar a los jueces siempre ha sido la estrategia de los poderes fácticos, en Estados Unidos contra Jim Garrison, en Chile contra el juez Guzmán Tapia, en España contra Baltasar Garzón y en muchos países como Italia o Colombia, donde la valentía se ha pagado con la vida.

La injusta acusación de que es objeto Baltasar Garzón, sólo agiganta su estatura moral. La dignidad y el coraje de este juez español, contrasta con la bajeza de los sátrapas y criminales del mundo entero con los que ha debido enfrentarse. La historia ya ha emitido su juicio sobre personajes como Francisco Franco, Augusto Pinochet, Silvio Berlusconi y tantos otros que han hecho del poder un ejercicio de muerte. Hay ocasiones en la historia en que un hombre honesto ha sido capaz de demostrar, contra el sofista, que no siempre la justicia la hace el más fuerte.

Álvaro Cuadra es investigador y docente de Escuela Latinoamericana de Postgrados, ELAP, de Universidad ARCIS.

Foto: España - El dictador Francisco Franco y el actual monarca Juan Carlos de Borbón.

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Escuelitas de fin de mundo

Silvana Melo (APE)

En la larga tierra de los excluidos e invisibles, un millón de chicos se agrupan de a montoncitos pequeños en los rincones más remotos. En las fronteras donde si se mira fuerte la nariz se cae a otra bandera. En los desiertos sin agua y de noches heladas. En los impenetrables de patitas curtidas a puro abrir caminos en la selva. En la piedra y la pajabrava que azuza los pies de la cordillera. Es decir, en los olvidos más olvidos del mundo.

El Ministerio de Educación de la Nación se está enterando, de a poquito, de que existen 15.600 escuelas rurales. Y en poco tiempo sabrá, por primera vez, dónde está ubicada exactamente cada una. Porque hasta ahora la mayoría son puntos perdidos en un horizonte ajeno, a horas de ambulancia, a kilómetros de zapatillas deszueladas, a años luz del ombligo del mundo.

Son el 10 por ciento de los alumnos del país. Pibes y pibas que aprenden a sumar contando piedras coloradas y a escribir su nombre con ramitas en el desierto.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia (Unicen) con la coordinación del licenciado Daniel Herrero desde la Facultad de Ciencias Económicas, terminó un censo que incluyó a cada una de las escuelas perdidas en los arrabales del país, ahí donde las patria es una brisa que se cae por las fronteras o donde ranchitos de barro ensayan una pizarra incierta. La mayoría sin agua, algunas no fueron atendidas en su infraestructura desde el Plan Quinquenal de Juan Domingo Perón, con accesibilidad complejísima y un aislamiento feroz. Allí llegaron los censistas. Seres humanos distintos que por primera vez en años pisaban tierras marcadas a fuego por el olvido. Mirados con perplejidad y ojos de maravilla, recibidos como ministeriales, con fiestas populares, con lágrimas y conmoción ante una fotografía digital.

Las escuelas rurales son el 38 por ciento de los establecimientos del país. Son un millón de enterezas, un millón de mansedumbres a pie, en mula, en bicicleta, en bote, en balsa, kilómetros y kilómetros para llegar a una escuela que es un aula, a una maestra que es directora y cocina y limpia, a un comedor que es el único plato del día y tan escaso como el futuro que dicen que les dijeron que algún día llegará. Acaso con los mismos agujeros en la puntera de las zapatillas.

Las recepciones a los censistas, cuenta Herrero, eran sorprendentes. “En algunas escuelitas rurales los trataban como si estuviera llegando el Ministro de Educación, con una solemnidad increíble; en otros les hacían una fiesta popular de bienvenida”. Eso, tal vez, fue lo más impactante: “una fiesta con todos los que vivían ahí, con música, con muchas expresiones de cariño”. Chicos que no conocen otro horizonte que el desierto o la montaña infranqueable asombrados hasta el llanto por una tecnología que en el ombligo del país es cotidiana. “Iban dos censistas, uno con perfil tecnológico, con cámara digital y GPS para tomar la coordenadas y conocer la ubicación exacta; otro fotografiaba el lugar, las instalaciones, los docentes, los alumnos; muchos chicos no conocían eso y verse retratados en la computadora del censista les resultaba emocionante, lloraban”.

Los jardines son el 38% del total de los establecimientos rurales; las primarias, un 49%, y las secundarias, el 28. Un 25 por ciento de las escuelitas accede al agua potable. El 45 % sólo puede obtenerla de alguna fuente subterránea. El resto debe esperarla, una vez por semana. Es una fiesta cuando llega el carro con los bidones. Para tomar y para hacer engrudo. Para bañarse y para pintar con acuarela. Para cocinar y para refrescarse los pies a la llegada. La electricidad y el gas son utopías de otros mundos.

“La Argentina hasta ahora no sabía con cuántas escuelas rurales contaba ni en qué lugar exacto estaban ubicadas”. Es decir que “si tiene que llegar un helicóptero, cuando brota el dengue o la gripe A, va a estar horas volando hasta encontrarla”. La salud es una tragedia y la muerte está tan cerca como lejos la camilla, la gasa y el estetoscopio: una ambulancia puede tardar en llegar una hora a cualquier escuelita perdida. En el NOA, hasta once horas.

Ahora, tal vez, pueden llegar a convertirse en un puntito blanco en el mapa. Cruzadas por coordenadas. Señaladas por la pupila misteriosa del GPS. Por una vez, otros ojos asistieron a las imágenes ocultas de otro país. De un territorio remoto, ajeno e ignorado por las grandes pantallas mediáticas. Un país que también es el país. Cuyas voces se han adelgazado hasta volverse silencio. Cuyos pasos se han descarnado hasta volverse invisibles. Al que todo le cuesta mil veces más que al urbano, al central, al de la oficina donde dicen que atiende Dios.

Cuando en las altas oficinas del Palacio Pizzurno sepan cuántas escuelas hay desparramadas en campo y desierto y montaña. Cuando sepan dónde están. Cuando sepan cómo se llega. Acaso el futuro, con sus valijas maltrechas, tenga un camino más allanado para hacerles una visita.

Fuente imagen: APE

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La salud es un bien social, su implementación como tal es una decisión política de los estados... Conversaciones con Floreal Ferrara (I)

Elena L. González Bazán (especial para ARGENPRESS.info)

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Los hospitales y la salud son del pueblo,
Como decía Eva.
Floreal Ferrara

13 de junio del 2009 *

Floreal Ferrara es un médico, así de sencillo y con esa magnitud que tiene quien posee la capacidad de dar y salvar vidas. Pero Floreal antes que nada es un militante, así lo dice él. Ha militado la causa de la salud y lo sigue haciendo. Por este motivo fue convocado como Ministro de Salud en el gobierno de Oscar Bidegain en 1973 y Ministro de Salud, ambos en la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1988, cuando era gobernador Antonio Cafiero.

Nos trasladamos al barrio de Villa Urquiza en la Capital Federal y en un amplio ambiente, rodeados de libros, papeles y los borradores de su próximo libro nos recibió para hablar de salud, su casa es como un taller, porque él es un trabajador de la salud. Porque en definitiva el Plan Remediar fue un aspecto más de la conversación.
La trayectoria política de Ferrara es desde el peronismo, no abdica de su identidad, pero hoy sigue planteando la necesidad de un fuerte aprendizaje, ese que no concluye nunca.
El disparador de la charla es sobre un problema del sistema de salud y nos dice: ¨Hay un momento que los estados nacionales se afirman, hoy que los estados nacionales están diezmados por el imperio trasnacional, plantear una coyuntura donde no perciben que, un elemento tan esencial como es la política de salud, no puede ser entregada al estado burgués¨.

Cuando entramos en el Plan Federal de la República Argentina nos dice que ¨es una mistificación que tiene una concepción tecnocrática, no es un programa de alta capacidad técnica¨
¨Mantiene lo que aquel fenomenal antropólogo argentino que se llamó Eduardo Menéndez concibió como el modelo médico hegemónico. O sea, la hegemonía del medico por encima de todo. Es una hegemonía que en todos los países subdesarrollados resulta la hegemonía de las grandes potencias imperiales; que con la tecnología y con el medicamento dominan a la salud. Entonces, no hay forma de producir un salto autonómico en materia de salud, si ese salto autonómico no está en condiciones de ser conducido y administrado por la multitud, en términos de Negri, por la multitud explotada¨, afirma Floreal Ferrara. ¨En términos peronistas debe estar conducido y administrado por los trabajadores.

A.A.: ¿Esta es la única salida?
F.F.: No hay otra salida. Todas las demás salidas son parches y algunos parches son una cortina de humo, como el Plan Federal de Salud, que es para que no nos demos cuenta que en definitiva estamos propiciando un modelo explotador.

A.A.: Podemos hablar sobre los medicamentos y los laboratorios...
F.F.: Yo no me opongo a sus negocios, es parte de la realidad del sistema. Pero el escenario es que tenemos la posibilidad de producir una buena cantidad de medicamentos, con alta capacidad técnica, cuidadoso control, a partir de las universidades en buena parte del país.
El país tuvo dos instantes de libertad y autonomía en medicamentos, un instante es Carrillo, Ramón Carrillo, quien crea EMESTA Empresa de Medicamentos del Estado Argentino, produce medicamentos nacionales y fundamentalmente en el momento que salía la penicilina y es una etapa de gran desarrollo. Y el segundo instante es Oñativia, Ministro de Arturo Illía, (ver recuadros sobre Oñativia y la ley de Medicamentos, Ramón Carrillo hay una nota publicada).
Produjo Oñativia la Ley Nacional de Medicamentos en el momento que nadie se animaba a levantar la voz, estos hombres silenciosos y serios, que los laboratorios se enloquecieron, y le hicieron unos meses después el golpe de estado, estos dos instantes son instantes de la liberación nacional con los medicamentos. Todo lo demás, se entregan, todos... cuidadosamente adornado, pero es entrega, hay que buscarla, pero hay entrega.
Entonces, ¿esto cómo se modifica? ¿Con una decisión política?
Pero esta es una lucha contra el imperio, la lucha contra el imperio lo llevó a Illía a la muerte y a Oñativia, dos héroes civiles, nosotros los peronistas los hemos dejado, siempre recordamos a Carrillo, que no hay que dejar de recordar, pero Oñativia debe estar al lado de Carrillo, son parte de la historia de la liberación nacional.
Por eso, como decía es un hecho político pero contra el imperio, hay que tener una cuidadosa estrategia, esta debe ser una estrategia del continente. El propio Lula esta desarrollando una pelea, ni muy arriba, ni muy abajo, en un nivel medio, tratando de resolver el problema de los medicamentos anti SIDA. Porque él está inundado por el SIDA, ha tenido que buscar una salida, ha salido a buscar al problema.

A.A.: ¿Qué países?
F.F.: El eje es Venezuela, Brasil, Argentina y tal vez Uruguay, la verdad no confío mucho, pueden ser un formidable eje latinoamericano de la salud, el soporte de medicamentos, soporte tecnológico, otras fórmulas de recursos humanos. Las universidades latinoamericanas son universidades infectadas por el imperialismo. En el campo de la salud, los medicamentos y la tecnología, por otro lado, ahora hay una cantidad de laboratorios nacionales que pelean contra esto. O estos laboratorios sostenidos por instituciones oficiales, que ojo son un grupo, pero que tienen un proyecto y plantean una salida.
Floreal Ferrara tiene todo encadenado, todos sus conocimientos están en función de la salud, pero a medida que pasa la entrevista nos muestra que estamos, en presencia de un hombre político, que piensa la salud desde ese lugar. Por eso habla de Uruguay, aún no había asumido la colisión frentista, era el 7 de febrero del 2005. Por otro lado vuelve sobre el problema de la PRODUCCIÓN PUBLICA DE MEDICAMENTOS, y sus planteos fuertes y duros sobre quienes transitan y habitan en las actuales universidades argentinas y nos dice: ¨ no nos equivoquemos, no es la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina la que está propiciando esto, sino un grupo de gente adentro de una Cátedra Libre, lo mismo en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata¨
Y continúa diciendo:
Este es un grupo de gente esclarecido, macanuda y que son capaces de construir otro modelo de salud. Habrá que modificar el pensamiento colonizado de nuestras facultades de medicina, que forma y construye personajes que no son los personajes que necesitamos.

A.A.: ¿Cómo se sale de esto?
F.F.: Se sale con la militancia...
Se sale con la construcción, porque Cristo comienza a caminar, seis a un lado y seis al otro, y camina con otro verbo: el del amor...
Por eso la revolución es posible.

LEY 16.463 DE MEDICAMENTOS
La Ley 16.463 sobre Medicamentos fue sancionada el 23 de julio de 1964 y promulgada el 4 de agosto de 1964. Donde sostiene que el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso sancionan con fuerza de ley. Brindamos los artículos que consideramos más relevantes.

ARTICULO 1º — Quedan sometidos ala presente ley y a los reglamentos que en su consecuencia se dicten, la importación, exportación, producción, elaboración,
Fraccionamiento, comercialización o depósito en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial, de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana y las personas de existencia visible o ideal que intervengan en dichas actividades.

ARTÍCULO 2º — Las actividades mencionadas en el artículo 1º sólo podrán
realizarse, previa autorización y bajo el contralor del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, en establecimientos habilitados por el mismo y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente, inscrito en dicho ministerio. Todo ello en las condiciones y dentro de las normas que establezca la reglamentación, atendiendo a las características particulares de cada actividad y a razonables garantías técnicas en salvaguardia de la salud pública y de la economía del consumidor.

ARTÍCULO 3º — Los productos comprendidos en la presente ley deberán reunir las condiciones establecidas en la farmacopea argentina y, en caso de no figurar en ella, las que surgen de los patrones internacionales y de los textos de reconocido valor científico.
El titular de la autorización y el director técnico del establecimiento, serán personal y solidariamente responsables de la pureza y legitimidad de los productos.

ARTICULO 4º — No podrá autorizarse la instalación de nuevos laboratorios y se
cancelarán los permisos de los existentes, cuando no elaboren sus propios productos y sus actividades se limiten a envasar especialidades preparadas por terceros.

ARTURO OÑATIVIA
Nace en la provincia de Salta, el 16 de abril de 1914, se recibe como bachiller en 1932 e ingresa a la Facultad de Medicina, UBA, obteniendo su título de doctor con calificación sobresaliente.
Su trabajo como médico lo inicia en el Hospital Alvear y en 1942 gana un concurso para un cargo como médico endocrinólogo en el Hospital Rivadavia.
Fue médico e investigador, tiene treinta y dos trabajos publicados en revistas especializadas y libros sobre las especialidades que investigó.
En 1955 regresa a Salta. Allí se encuentra con uno de los problemas más serios para erradicar que es el cretinismo bocioso, que afectaba a un 41 por ciento de regiones como el Valle de Lema, en un 100 por ciento. Esta enfermedad afectaba el desarrollo intelectual, por ende se avino a un trabajo sin descanso. Se crea el Instituto del Bocio en la zona que cuenta con el trabajo perseverante de Oñativia.
En 1963 es convocado por el doctor Arturo Illia para ocupar el cargo de Ministro de Salud Pública de la Nación.
Oñativia llevó adelante la lucha definitiva para erradicar el cretinismo bocioso a través de la promulgación de la Ley 17.259 de obligatoriedad del uso de la sal enriquecida con yodo como profilaxis del bocio endémico". Con esta ley se reglamentó el enriquecimiento de la sal con yodo para uso alimentario humano y animal. Esta ley se fundamentó en estudios realizados en diferentes provincias, como Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luís, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego, en las que el índice de bocio oscilaba entre el 12 y el 50 por ciento. La sal enriquecida se tuvo en cuenta también para el ganado, ya que es una vía importante que llega al ser humano. Oñativia impulsó toda una serie de iniciativas fundamentales como la ley de Reforma del Sistema Hospitalario Nacional y de Hospitales de la Comunidad, amén de la creación del Servicio Nacional de Agua Potable, que garantizaba la provisión de la misma a las comunidades rurales.

Asimismo, fue de importancia estratégica la ley de Medicamentos -la 16.462 y 16.463-conocida como ley Oñativia que le daba al medicamento un carácter de "bien Social" al servicio de la Salud Pública y de la Sociedad.

El doctor Arturo Oñativia nunca abandonó la docencia, la cual practicó en numerosas universidades del país. El 3 de abril de 1983, a los 69 años y cuando se aprestaba a ser candidato a gobernador por Salta muere. De larga estirpe radical es el otro exponente de médicos sanitaristas que al frente de un Ministerio público llevó adelante políticas populares. En pos de la liberación nacional, tal como lo plantea Floreal Ferrara.

* Este 11 de abril del 2010 falleció el médico sanitarista Floreal Ferrara. Volvemos a entregar la entrevista que hicimos y que está dividida en cinco partes. La misma fue publicada a partir del 12 de marzo del 2005 en ARGENPRESS.

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Buenos Aires oculta: ¿Sobreprecios en la construcción del subte?

Federico Conditi (INFOSUR)

Otro ítem oscuro en la ya muy oscura gestión macrista, son los 300 millones de dólares destinados a obras de subterráneo. Algunas ya están realizadas. Otras muy avanzadas. Y mientras más avanzan, más se sigue incrementando el presupuesto para terminarlas. Curioso, muy curioso...

Según informó el Gobierno porteño los 300 millones de dólares de nuevo endeudamiento que tomará la ciudad, serán destinados a finalizar las obras en marcha. Esto significa que se terminarán las estaciones San José de Flores y San Pedrito en la línea A; Echeverría y Juan Manuel de Rosas en la B; Corrientes y Parque Patricios en la H, además de las obras complementarias, como lo son cocheras y subestaciones, sin las cuales no podría llevarse a cabo una óptima operación de los nuevos tramos.

Pero lo que realmente llama la atención es que se destinen más de 1100 millones de pesos (300 millones de dólares) para finalizar las estaciones en construcción, cuando a finales del año pasado el entonces presidente de SBASE, Luis Jahn, afirmó que se necesitaban 400 millones de pesos para concluir las obras en marcha en las líneas A, B y H a fines de 2011. Lo cual nos deja una diferencia de alrededor de 700 millones de pesos. ¿Extraño no?

Siguiendo esta línea, según el sitio web de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado http://www.sbase.com.ar/es/index.php), la mayoría de las estaciones a la que se adjudicarían los nuevos fondos ya se encontrarían prácticamente finalizadas. A saber, ese es el caso de la extensión de las líneas A y B y el tramo C1 de la H (estación Corrientes), mientras que las estaciones Hospitales y Parque Patricios registrarían niveles de avance cercanos al 50%. La pregunta que surge es ¿Cómo pueden asignarse 1100 millones de pesos a obras que estarían prácticamente finalizadas y que hace un año costaban casi un sesenta por ciento menos?

Según el sitió periodístico www.enelsubte.com “El caso de la Estación Corrientes de la Línea H es el más paradigmático de una obra de subte finalizada y que ya puede ser puesta en servicio. Su inauguración estaba prevista para marzo de 2009, pero el recorte de fondos en SBASE obligó a postergar su apertura, primero para junio de 2010 y luego para finales de 2011. Durante el año pasado se logró terminar lo poco que quedaba por hacerse: instalación de catenarias, vías y escaleras mecánicas. Estas últimas pudieron verse depositadas, hasta hace poco tiempo, en las bocas de acceso a la estación cubiertas de papel aluminio, esperando a ser colocadas en su ubicación definitiva. Cuando ya todo parece estar listo para poder inaugurar dicha estación, llegan los fondos para terminar una obra que hace un año está concluida”. Otra curiosidad.

Por si esto fuese poco, el Gobierno de la Ciudad no dio ninguna garantía de que el dinero no será reasignado a otras áreas, tal como ocurrió en 2009 con los más de 300 millones de pesos que la Legislatura había aprobado para las obras de subtes a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. En aquel entonces, SBASE quedó con apenas 110 millones de pesos, lo que significa el mínimo que obliga la ley y se tradujo en la detención de todas las obras en marcha.

Deudas contraídas a intereses más altos de lo aconsejado, empresas beneficiadas sospechosamente y una poco clara asignación de los fondos recibidos a través del endeudamiento más grande al que se somete el distrito en casi una década; ese parece ser el cóctel que podría desatar un nuevo escándalo en una gestión que, a dos años y medio de gobierno, se caracteriza por la ineficiencia y la falta de respuestas a los problemas de los porteños.

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Argentina, La Plata: Un código urbano para los grandes capitales

Federico Sager (INDYMEDIA)

El jueves por la tarde se realizó una nueva asamblea abierta contra el Código de Ordenamiento Urbano propuesto por el intendente Pablo Bruera. El Centro de Fomento Alumni de Los Hornos (148 entre 66 y 67) ofició de anfitrión del debate que contó con la participación de vecinos de distintos barrios platenses, arquitectos y concejales de la oposición.

En uno de los anchos de la enorme cancha de basquet de la institución hornense se ubicaron, frente a numerosas hileras de sillas, los panelistas que se encargaron de abrir la discusión: Alberto Mazzolatti (Vicepresidente del Consejo de Instituciones de Los Hornos), Horacio Belaustegui (Fundación Biosfera), Néstor Bono (urbanista, decano saliente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo – UNLP), Pocho Torres (Asociación de Trabajadores Rurales-CTA), Gerardo Villalón (Presidente de Alumni), Jorge Mugni (Geólogo especialista en hidrología) y Jorge Gil (Arquitecto, vecino de Los Hornos). La presentación del panel y la moderación de los oradores estuvo a cargo de Carlos Forner, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el Ensanche de Av.66 de Los Hornos.

El comienzo de la actividad se dilató más de una hora y media. Estaba pautada a las 18 hs pero dio inicio pasadas las 19:30 hs, por lo que a la hora de las resoluciones quedaba menos de la mitad de la concurrencia (más de cien personas al inicio). Pero esa no fue la única razón por la que disminuyó la gente: un número considerable fue a “hacer el aguante” a dos oradores que apoyaban que el nuevo código se votara cuanto antes. Uno de ellos discutió con Bono argumentando que el código generaría fuentes de trabajo y el otro protestaba por no poder subdividir una parcela de su propiedad, que contaría con todos los servicios en regla.

Una de las críticas centrales al proyecto es que se está elaborando de forma antidemocrática, sin la participación de la comunidad. Al respecto, Beláustegui señaló que “si desde el inicio no hay consulta de lo que se quiere hacer, mal va a venir un código y una planificación”, en tanto enfatizó que “no debemos olvidar que vivimos en un ecosistema urbano”. El urbanista Bono también criticó la falta de participación y de planificación. A esta última la definió como “la herramienta válida para ayudar a la gestión de gobierno y esa planificación sirve cuando es participativa, cuando la población se puede expresar.”

Para el ex decano “la región de La Plata y Gran La Plata, el partido, forma un todo”, por lo que “Berisso, Ensenada y La Plata no se pueden planificar aisladamente”. A su vez, remarcó que hay obras fundamentales que van más allá de las administraciones de turno, debiendo logrando amplios consensos en el conjunto social, tales como la finalización de la autopista y su vinculación al área productiva y al Puerto La Plata, la electrificación del ramal La Plata-Constitución del ferrocarril Roca y la Ruta 6, que unirá La Plata con Zárate Brazo Largo, sin embargo en el proyecto de código “no hay ningún documento sobre estas cuestiones a las que hago referencia”, mencionó. Tampoco se sabe si hay soporte básico de infraestructura para incrementar la densidad por manzana, por lo que “se está demostrando que el objetivo no es beneficiar la calidad de vida sino a ciertos sectores”, dijo Bono y continuó informando que en el proyecto se modifican las localizaciones de los clubes de campo y no dice nada acerca de la localiz
ación de cavas.

Al respecto de los “lotes sociales”, el decano saliente planteó que son un eufemismo y que van a ser terrenos chicos y de mala calidad como los de las últimas subdivisiones: “Dejemos de engañar a la gente. Se subdividieron zonas que pertenecen al agua. Pongamos las pelotas sobre la mesa (sic) y exijamos que las subdivisiones tengan la infraestructura básica (...) la subdivisión expande las ciudades como una mancha de aceite”. Para finalizar, el especialista en la materia definió como “un cuento chino” la posibilidad de generación de empleo gracias al nuevo código, aclarando que la construcción se mueve de acuerdo a los vaivenes de la situación económica nacional e internacional y va más allá de una norma de ordenamiento territorial. “La bonanza en la construcción se paró con la crisis”, resaltó.

La alocución de Bono, una de las más extensas, fue argumentativamente impecable. Sin embargo, para algunos estudiantes de arquitectura que vienen participando de estos debates contra el código, no deja de ser contradictoria la posición de Bono: “Acá habla de participación pero en la facultad fue electo decano en 2006 a espaldas de los estudiantes”, mencionaron en off.

Jorge Mugni, profesional vinculado al saneamiento hídrico recuperó en su alocución el debate que en la década de 1880 sostuvieron el entónces presidente Domingo Faustino Sarmiento y el fundador de la Cruz Roja Argentina, Guillermo Rawson, en torno a la epidemia de fiebre amarilla que azotaba Buenos Aires. Rawson sostenía que para acabar con la fiebre había que crear más hospitales, en tanto Sarmiento -quien llevaba la razón- decía que la epidemia se solucionaría extendiendo la red cloacal. Mugni trajo a colación el episodio para pronosticar que, si no se realizan obras de infraestructura en todo el partido, la ciudad va a estar en riesgo sanitario. “Si una ciudad crece para arriba, antes tiene que crecer para abajo”, remarcó, y señaló que ya se está sufriendo la pérdida de calidad, cantidad y presión de agua potable en la región.

Para el dirigente rural Pocho Torres, “la única solución tiene que ser la consulta popular”. Torres no ahondó en el código pero sí en los problemas de los trabajadores agrícolas y de los barrios de la periferia: “En Barrio Santa Rosa los chicos caminan treinta cuadras para tomar el colectivo”, dijo, a la vez que invitó a difundir y participar de una próxima movilización a la municipalidad para exigir limpieza, transporte, asfalto y otros servicios públicos. De la misma, que aún no tiene fecha, participarán los barrios Santa Rosa, Romero Chico y Arana.

Después del panel, una decena de vecinos y profesionales dieron cuenta de sus problemáticas y proyectos. Uno de los momentos más fuertes estuvo marcado por el relato de Graciela, vecina humilde de Los Hornos, cuya propiedad, ubicada en 64 y 165 está a la orilla del Arroyo Pérez. Graciela contó que el dueño de una fábrica de la zona cambió el curso del arroyo y todo se empezó a inundar. Reclamó al municipio, se realizaron obras de emparche en varias oportunidades, pero las inundaciones siguieron. Después de las últimas obras, Graciela fue convocada al palacio municipal a firmar el “libro de oro de Bruera” (sic), para dejar constancia de la atención del intendente para con los vecinos del arroyo. Sin embargo, días más tarde sufrieron la peor inundación de sus vidas: “casi nos ahogamos”, se lamentó Graciela.

También fue muy bien recibida la intervención de Guillermo Guerín, concejal de Nuevo Encuentro, quien llamó a sumar a otros sectores al debate, en especial al movimiento estudiantil. Rememorando sus años de estudiante, proveniente del interior, dijo: “hoy yo no podría venir a estudiar acá porque no podría pagar el alquiler”, refiriéndose de esta forma a los elevados costos que deben afrontar los alumnos para vivir en la ciudad. Guerín planteó que la asamblea debería hacer “un pedido respetuoso al municipio” de que extienda el debate y los tiempos de elaboración y promulgación del código y llamó a consensuar acciones a futuro.

Finalmente no fue mucho lo que se resolvió. Sólo se pudo consensuar una próxima reunión a realizarse el próximo jueves a las 18 hs en el Club de Abuelos “Atardecer”, ubicado en 27 entre 483 y 484 de la localidad de Gonnet.

Ciudad para pocos

El código impulsado por el bruerismo está pensado con un objetivo casi excluyente: aumentar la densidad en el casco urbano, es decir, la cantidad de pisos que pueden construirse actualmente. Eso favorecerá a un puñado de inmobiliarias (Credil, Dacal, Building, etc) dedicadas a la construcción de torres y clubes de campo, así como a una gran cadena hotelera, que pretende levantar un hotel de cinco estrellas en la manzana del ex viejo mercado (en las calles que van de 3 a 4 y de 48 a 49). Sólo avalan el código quienes se verán beneficiados, en el corto plazo, con algunas de sus disposiciones: el bruerismo, el Colegio de Martilleros y las cámaras constructoras.

El conjunto de los partidos de la oposición (FpV-PJ, CC, Unión-PRO, Nuevo Encuentro), la Facultad de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos, las ONG ambientalistas, la CTA y decenas de organizaciones populares se oponen a esta escandalosa norma que afectará, en caso de aprobarse, la calidad de vida del conjunto de los habitantes de la región. Hay fuertes indicios de que el Concejo Deliberante podría darle tratamiento el próximo 21 de abril, por lo que se están organizando actos de protesta para esa semana, con el objetivo de frenar su ilegítimo tratamiento.

Un hospital para Los Hornos

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el Ensanche de Av.66 de Los Hornos viene reclamando hace tiempo la construcción del Hospital Público de Los Hornos. Después de una larga batalla, finalmente lograron que el Senado de la provincia aprobase el proyecto de expropiación de las tierras de la ex fábrica Ripoll, en 66 y 153, para que allí se realice el tan ansiado hospital.

La asamblea surgió en 2004, luego de que un camión con acoplado, conducido por Jorge Luis Artaza, matara a la Profesora Natalia Forner, quien se dirigía en bicicleta hacia un Jardín de Infantes en el que dictaba clases de música. La muerte de Natalia se sumó a una larga lista de más de 30 victimas fatales sobre la Av.66 en Los Hornos (sin contar los lesionados a raíz de los múltiples accidentes que ocurrían en dicha arteria). Este hecho indignó a miembros de la comunidad, quienes se nuclearon para peticionar y reclamar a las autoridades provinciales y municipales el ensanche de Av.66 y otras obras de vital importancia para la zona.

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Argentina: Soberanía comunicacional. "El per saltum es la solución para poner en marcha la Ley de Medios”

Katy García (PRENSA RED - ACTA)

El abogado cordobés Miguel Rodríguez Villafañe propone como solución jurídica adecuada para que empiece a funcionar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la figura del per saltum, es decir la pronta intervención de la Corte Suprema. "La presentación debería hacerla el Estado Nacional", opina.

El reconocido abogado constitucionalista y especialista en Derecho a la Información actualiza el debate acerca de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA,Nº 26.522) sancionada democráticamente en ambas cámaras del Congreso Nacional, promulgada por el Poder Ejecutivo, publicada en el Boletín Oficial, y ahora suspendida en su aplicación por medidas cautelares. Cuestiona esta medida y propone al per saltum como un recurso eficaz para enfrentar la estrategia del oligopolio informativo que propone la dilación de la aplicación del nuevo plexo legal.

“Como está planteado el frente judicial al menos en la política proactiva de quienes están en contra de la Ley, encuentra al Estado de alguna manera sin una estrategia judicial integral para enfrentarlo. Era sabido que pasada la confrontación ante la sociedad y ante el Poder Legislativo el próximo frente necesario era el judicial”, evalúa.

En este sentido, reflexiona sobre el funcionamiento de la Justicia. “El Poder Judicial es un poder político; pero, fundamentalmente, es un poder técnico. Esto significa que si bien pujan las ideas, requiere de un conjunto de procedimientos y soportes técnicos para hacer revertir decisiones judiciales desacertadas”. Indudablemente, se refiere a la existencia de instrumentos legales y a la selección de una estrategia para enfrentar la judicialización a la que fue sometida le la LSCA.

Actualmente, no hay ley que regule a las comunicaciones. “La anterior está derogada y la nueva está suspendida, y esto en derecho se llama anomia. Esto es gravísimo para las instituciones y la democracia”, advierte.

En esa perspectiva observa que la salida adecuada a esta maraña de juicios diseminados por el país, por los que se suspende para todos la aplicación de la nueva norma, sería "la presentación de este recurso -per saltum- por parte del Estado ante la Corte Suprema de Justicia".

¿Por qué una ley sancionada por ambas cámaras fue suspendida por una medida cautelar?

Recordemos que la suspensión, por medida cautelar, dispuesta respecto de la Ley 26522 por la justicia federal de Mendoza y Salta, fue realizada a petición de los diputados nacionales por la provincia de Mendoza Enrique Thomas y por la provincia de Salta, Zulema Beatriz Daher. En ambos casos, lo hacen como diputados nacionales y piden una medida cautelar que suspenda la ley integra.

El Poder Judicial actúa en casos puntuales, no genéricos, paralizar una ley en todo el país, es un caso atípico e inconstitucional.

Sobre esto, debo decir primero que el tema del que se agravian los diputados, se trata de una típica cuestión política no judiciable que supera la jurisdicción de la Justicia Federal mendocina y salteña. No se ha escuchado a la otra parte que es el Estado y se ha concedido bajo caución juratoria personal y no real.

Además, se ha roto -por parte del Juez- el principio de presunción de legitimidad de la norma. Se presume que lo que hace el Estado es válido. Puede que no lo sea, pero hay que demostrarlo. La medida cautelar se dicta sin escuchar a la otra parte, y en los casos referidos, automáticamente hace lugar al pedido de la parte, pasando por arriba la presunción de legalidad de los actos del Estado. Todos esos argumentos hacen que sea imposible tomar una medida con esa laxitud, como adoptaron en Mendoza y Salta.

¿Estamos ante una maniobra política?

Ni hablar, por supuesto. Esa medida, en cualquier lugar, se toma por lo menos exigiendo fianzas dinerarias y reales. Sin embargo, en Salta y Mendoza se actuó siguiendo la afirmación “juro que lo que digo es verdad”. En el caso de Salta, aún está en primera instancia y ni siquiera se han notificado. Y en Mendoza pasó a segunda instancia con fallo confirmatorio de lo decidido en primera instancia. Así está el tema hoy.

La presunción de constitucionalidad obliga a una estricta apreciación de las circunstancias del caso. Para la admisión de una medida cautelar semejante, debe agregarse la acreditación del peligro irreparable en la demora y la consideración del interés público.

No cabe admitir la inconstitucionalidad o invalidez de una ley sin que medie un análisis concreto, preciso y detallado sobre los elementos y pruebas que, al menos prima facie, privarían a esos actos de su validez en derecho como lo dice la hermenéutica jurídica.

Usted, como especialista en Derecho a la Información, ¿qué remedio propone para ponerle fin a la cuestión?

Creo que es urgente el avocamiento por “per saltum” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de crear un criterio único y definitivo en la temática y evitar que cuando se neutralice un ámbito judicial federal, no inauguren uno nuevo, indefinidamente. Está claro que la estrategia de quienes atacan la ley 26522 es diferir la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual y tener amenazados a los funcionarios públicos de incumplimiento de órdenes judiciales.

Hay numerosos juicios presentados pero fundamentalmente podemos resumirlos en dos tipos. Los presentados en Capital Federal y que fueran iniciados por Cablevisión, Multicanal etc. y que están circunscriptos a supuestos agravios que tendrían algunos artículos de la ley como de los que mandan a tener menos titularidades y que obligan a vender a algún medio etc. Pero se circunscriben a esos puntos y para esos casos.

Lo más grave se está dando en el escenario abierto particularmente por estos legisladores nacionales. Un caso intermedio que se ha dado en Salta y es la presentación de una organización de usuarios pero aún así está circunscrito a unos artículos y no a toda le ley. En este caso, tiene un bemol la medida del Juez que prohíbe que el Poder Ejecutivo reglamente la ley, lo cual es una monstruosidad porque por definición es una facultad exclusiva y excluyente de ese poder hacerlo. Después podrá decir tal artículo afecta a tal cual interés etc. pero no puede prohibir que lo haga.

¿Qué pasaría si se da una circunstancia que exija la aplicación de la ley?

Ahí está el problema en este momento. Si la respuesta es técnica: no hay ley porque la anterior está derogada y la nueva está suspendida y no declarada inconstitucional con sentencia. Pero al ser suspendida y no declarada constitucionalmente firme, tampoco está derogada. La anterior está derogada y la nueva está suspendida. Se da lo que en el Derecho se llama anomia. Sin norma.

¿Porqué habría que dar el per saltum?

Este instituto que yo propongo es novedoso y ya se utilizó en el país en la famosa causa (Roberto) Dromi (ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem) en el caso Aerolíneas Argentinas. Establece que la Corte puede avocarse a causas no terminadas y tomar un criterio general para todas. ¿Qué sentido tiene que la Corte falle en el caso Mendoza si luego viene Salta? La estrategia de estos sectores -que se oponen a la vigencia de la ley- es empezar a minar al país. Fallan jueces de primera instancia, va a la Cámara, no hace lugar y pasa de ahí a la Corte. La Corte falla y empieza otro caso porque los van activando cronológicamente después. Con ese criterio, podemos estar tres años sin que se pueda aplicar la ley. Es como estar apagando incendios en distintos lugares, constantemente.

Usted dice que esta situación entraña una gravedad institucional. ¿Qué significa esto?

Es así porque falta la norma que regule a todas las comunicaciones audiovisuales, no hay un órgano que aplique la ley, todo esto se presta a que los piratas tengan patente de corso. En este planteo, los diputados más allá de los agravios que pueden haber aducido y aún cuando se considere que fuera cierto algunas faltas al Reglamento de la Cámara, es inaceptable que pretendan por ello reflotar una Ley del Proceso, como la 22285, que viola derechos humanos, es discriminatoria, antidemocrática y atenta contra el federalismo.

A su vez, lo decidido por los jueces es una típica resolución propia de la Teoría del Ritual Manifiesto, que implica que no se puede sobrevalorar los procedimientos por sobre los objetivos sustanciales del Derecho.

El hecho de que coyunturalmente no se hayan guardado las formas, no permite que se caiga una norma. Hay que demostrar que hay un derecho que no se tuteló. Las formas por las formas mismas no se tutelan. Lo que se tutelan son derechos.

Lo que se está haciendo, como se ha dicho, es retroceder a una ley que no respeta derechos humanos, que retrotrae a la lógica de la Ley de Seguridad Nacional que volvía enemigos a los propios argentinos con los cual se justificaron las atrocidades que se cometieron en la época del proceso militar.

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La única condena aceptable para los represores es la prisión perpetua

Ana Oberlin (TMO)

¿Por qué no cabe otra condena que la prisión perpetua para los cinco represores juzgados en el primer juicio oral de Rosario por crímenes de la última dictadura militar?

Desde el 31 de agosto del año pasado transcurrió en Rosario el primer juicio oral a represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El jueves 15 al mediodía llegará a su fin cuando sea leído el veredicto de los jueces del Tribunal Oral Número 1 Otmar Paulucci, Beatriz Caballero y Jorge Venegas Echagüe.

Numerosos testigos participaron de este juicio aportando, con una valentía que nos llena de orgullo y nos emociona, su testimonio. Estos relatos le mostraron al tribunal y a los rosarinos la crudeza de los hechos que se están juzgando y las terribles consecuencias que tuvieron en la vida de todas las víctimas, quiénes a pesar de que pasaron 32 años pudieron reconstruir el calvario que vivieron durante su paso por los cinco centros clandestinos de detención investigados -los que fueron reconocidos judicialmente durante el proceso penal o en la búsqueda desesperada de sus seres queridos que fueron desaparecidos.
Además, incontables documentos provenientes de las más diversas fuentes -los más destacados sin dudas fueron los de las agencias de inteligencia mexicana, paraguaya y del Departamento de Estado Norteamericano, que probaron la existencia de lo que se llamó la Operación México, y los provenientes de la Conadep se sumaron al marco probatorio que tuvo una característica principal: coincidir exactamente como si se tratara de un rompecabezas cuyas piezas se ensamblan a la perfección.
A esto se sumaron elementos que diferenciaron este proceso de otros: uno de los imputados rompió el pacto de silencio que une a los represores desde hace más de 30 años y dio detalles de lo que fue el accionar represivo en una de las zonas más importantes del país. Eduardo Costanzo, ex personal civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121, dio detalles escalofriantes de su actuación y de la de sus compañeros de "la patota" que tuvieron cómo consecuencia, entre muchas otras, los 16 homicidios y las 29 privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos que se juzgaron. Y otro represor, Gustavo Bueno, también confesó cómo "operaron" los integrantes de este grupo de tareas que integró la maquinaria genocida puesta en marcha por la dictadura para aniquilar opositores e imponer un modelo económico en favor de los grandes capitales nacionales e internacionales, en perjuicio de las mayorías y los trabajadores argentinos.
Entre los delitos probados en este juicio están los secuestros, las torturas y los asesinatos de Eduardo Toniolli y Fernando Dussex, que estuvieron privados de su libertad en la Calamita, la Quinta de Funes, la Intermedia y la Magnasco, cuatro centros clandestinos que tuvieron como característica central el sometimiento a las condiciones más terribles e inimaginables a víctimas indefensas. En los tres últimos ccds mencionados, también estuvo prisionera Raquel Negro, quien pese a haber estado embarazada de casi siete meses de mellizos, padeció las más horribles vejaciones. Entre estos delitos, además, están incluidos la privación ilegítima de la libertad y los tormentos que sufrió Olga Regina Moyano mientras estuvo cautiva en el quinto centro clandestino de detención investigado en esta causa: la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Olga prestó uno de los testimonios más conmovedores que escucharon los jueces y fue la víctima sobreviviente de este juicio que más tiempo vivió en el infierno que montaron Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y Costanzo, entre otros represores.
El resultado de estos meses fue impactante: el estado sólo jurídico de inocencia del que gozaban los imputados, previsto cómo una garantía en nuestro estado de derecho, fue aplastado por la fuerza y la contundencia de la verdad, transparentada en la prueba producida. No quedan dudas de que Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y Costanzo, merecen que se les aplique la máxima pena establecida en nuestro código penal, la prisión perpetua. Tampoco hay margen para que los jueces permitan que esta prisión no sea efectiva y deberán pasarla en una cárcel común, cómo cualquier persona que es condenada por delitos de tanta gravedad en nuestro país.
Por lo abrumadora que fue la prueba en este juicio, estamos seguros de que está vez va a haber tenido sentido que los testigos hayan expuesto su dolor y transitado otra vez los espantos que fueron obligados a vivir. Estamos seguros de que a partir del jueves vamos a volver a creer en la Justicia, que tantas veces le garantizó impunidad a los represores y nos obligó a tener que verlos caminando libres por ahí como cualquiera de nosotros. También esta primera condena nos va a demostrar que esta pelea, que dimos junto a muchos otros, tuvo y tiene sentido.
Y esta vez, al fin la prisión nos va a gustar. Sin dudas.

Ana Oberlin es integrante del equipo jurídico de H.I.J.O.S. Rosario.

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La transformación y Telecom

Jesús Chirino (ACTA)

En su sitio de Internet, la empresa Telecom publicita varios aspectos de la organización, incluso sorprende con un link que remite a reportes de su supuesta “responsabilidad social empresaria”.

Aunque si usted quiere conocer en profundidad cuál es la política practicada por la empresa de telecomunicaciones, aunque lea atentamente todo lo que dice en el sitio de Internet le aseguro que nada encontrará acerca de la persecución que Telecom practica contra los trabajadores que pretenden organizarse para defender sus derechos.

Telecom se presenta como “agente transformador de la sociedad”, sin decir claramente qué transformación quiere hacer. Aunque leyendo lo denunciado por la Unión de Trabajadores Telefónicos de Córdoba (UTATEC-CTA) advertimos qué tipo de transformación puede querer esta multinacional que usa todo su poder para impedir la agremiación de los laburantes.

Hace un tiempo, en 2008 y 2009, en Telecom Francia la cifra de empleados suicidados superó largamente la veintena de trabajadores que cayeron bajo la presión empresarial. Detrás de todo estaba el rigor de la empresa con sus trabajadores, la persecución para lograr la maximización de la ganancia. En definitiva la explotación, adornada con las mejores palabras pero sin sangre.

Desde el año pasado los trabajadores telefónicos de Córdoba vienen denunciando las distintas modalidades de persecución de las que son objeto, como ser despidos, suspensiones, traslados de delegados gremiales, sanciones, etc. Entienda lo que entienda Telecom por “responsabilidad social empresaria”, es claro que la misma no contempla permitir que los trabajadores se sindicalicen. De eso podría contarnos el trabajador Oscar Quiñonez que fue despedido por realizar actividad gremial en su lugar de trabajo.

Según parece, la “responsabilidad social empresaria” de Telecom tampoco le impide trasladar desde Córdoba a la ciudad de Salta a Manuel Salguero, trabajador que según le comunicaron hoy dentro de diez día debe presentarse a tomar servicio en la ciudad del norte argentino. Claro que, de cumplirse el traslado, le resultará difícil ejercer desde allí el cargo de delegado gremial en el edificio Alvear, en Córdoba capital, para el cual es candidato. Como se ve, impedir la organización gremial es parte de la transformación que plantea el “agente transformador” Telecom.

Ante todo esto no puedo dejar de pensar en lo sucedido en Francia. Allí la empresa tampoco se hizo responsable de la muerte de los trabajadores. Cuando lo irreparable se repitió lo suficiente para reiterarse en todos los medios de prensa recién se dieron cuenta de aumentar los médicos laborales, hicieron telereuniones de gerentes, etc.

Quizás Telecom entienda que su llamada “responsabilidad social empresaria” debe limitarse a acciones para propaganda, o decir que se preocupa por sus trabajadores luego de que pasa lo irreparable. Por ahora continúa ejerciendo la mano dura para perseguir a los trabajadores que pretendan sumar a la organización gremial.

Sería muy bueno, o para decirlo con las palabras del poeta, sería fantástico, que Telecom respetara el derecho a un trabajo digno. Derecho que incluye la sindicalización. El derecho del trabajo es un derecho fundamental, de esos que llamamos Derechos Humanos, es un derecho que genera otros derechos.

Por ahora Telecom prefiere optar “responsabilidad social empresaria”, o corporativa, que a las luz de los hechos podría traducirse como explotación y persecución con propagandas. La real transformación social es la que plantean los trabajadores que luchan para que se cumplan los derechos.

Jesús Chirino es secretario de Derechos Humanos de la CTA de Villa María, Córdoba.

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Argentina, Santa Fe: Condenaron a 15 años al ex espía civil Horacio "Quique" Barcos

NOTIFE

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe le acumuló en la sentencia otra condena por extorsión dictada por la justicia bonaerense. "Quique" Barcos fue encontrado responsable del secuestro y privación ilegal de la libertad de Amalia Ricotti y su entonces esposo Alberto Tur, hechos ocurridos en mayo de 1978.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó al ex agente civil de inteligencia del Ejército, Horacio Américo "Quique" Barcos a la pena de 15 años de prisión efectiva. La resolución acumula otra condena dictada por la justicia bonaerense por un hecho de extorsión, cuya sentencia quedó firme hace un año y medio, luego de una decisión de la Corte Suprema de Buenos Aires. (Ver nota: "Quique", el extorsionador)

En consecuencia, la condena a Barcos por los hechos sufrido en carne por Amalia Ricotti y Alberto Tur, es de 11 años, muy lejos del tope establecido por la ley que contempla un monto de hasta 25 años de prisión para este tipo de delitos contra la humanidad.

A la salida del Tribunal, el abogado de la querella Horacio Coutaz se mostró un poco molesto. Graficó: "si se comparan las penas en un poco desmedido, porque por una extorsión fue condenado a 5 años y por dos privaciones ilegales y dos casos de tormentos, a 11 años, es decir 5 años y medio por cada persona que fue víctima", sintetizó Coutaz.

La sentencia de los jueces del TOF, integrado por José María Escobar Cello (presidente), María Ivón Vella y Danie Laborde estuvo cerca -en cuanto a su monto - del pedido por el Ministerio Público, conformado por los fiscales Martín Suárez y Patricio Longo.

En las afueras del tribunal quedó un sabor amargo por el castigo judicial a "Quique". Muchos de los asistentes se mostraron descontentos con la condena. "Barcos era uno de los pesados, quedó demostrado que fue un espía del Ejército, que integró una patota que operaba en la impunidad y que estuvo vinculado a los poderes de la democracia, como los gremios o los partidos políticos, esta condena es a todas luces insuficiente", comentó Carlos, uno de los asistentes a la puerta del TOF este lunes.

El juicio, que comenzó el 15 de marzo, había iniciado la semana pasada su etapa final con los alegatos de las partes. En primer término, los abogados querellantes Horacio Coutaz y Zulema Riveros pidieron 21 años de prisión para el imputado. En una exposición que duró tres horas, los abogados dieron por probado que Barcos fue el autor responsable del secuestro de Amalia Ricotti y su entonces marido, Alberto Tur. Los hechos investigados ocurrieron en mayo de 1978, en plena dictadura militar.

Poco menos de 20 testigos declararon en la causa que se reabrió en 2006 cuando el juez federal Reinaldo Rodríguez reactivó una denuncia que databa desde 1986. La morosidad judicial y la vinculación de ese poder con los eslabones del pasado represor impidieron que la justicia llegue también para el profesor Alberto Tur, ex esposo de Amalia Ricotti, única víctima sobreviviente del secuestro producido por fuerzas conjuntas en mayo de 1978, frente a la Junta Nacional de Granos, en la zona del puerto local.

Para la querella y la Fiscalía quedó probado que Barcos participó del operativo del 16 de mayo de 1978 en el que fueron secuestrados la bibliotecóloga Amalia Ricotti y su entonces marido José Alberto Tur. Ambos, permanecieron en cautiverio 15 días en una casita de campo en las afueras de la ciudad de Santa Fe. Algunos señalan que ese chupadero estaba en Santo Tomé y otros en Rincón. Después de 34 años de inicio de la dictadura más sangrienta, y varios juicios en marcha –incluso uno con condenados: Causa Brusa- nunca se pudo establecer fehacientemente dónde funcionaba y operaba ese centro de torturas.

Ricotti y su entonces marido fueron liberados el 31 de mayo de 1978 y obligados a guardar silencio, caso contrario los matarían. Barcos, que participó del operativo de secuestro, también se hizo presente en el centro clandestino de detención donde, además, abusó sexualmente de la mujer denunciante.

El juicio ventiló otras situaciones curiosas y preocupantes: muchos de los PCI (Personal Civil de Inteligencia) que operaron en Santa Fe en los años de plomo fueron o son empleados civiles dentro de estructuras de la democracia. Luis Frillocchi, por ejemplo (que declaró en este juicio) es el jefe de diplomas de la Universidad Nacional del Litoral y llegó a ser consejero durante tres períodos en la casa de altos estudios. Daniel Sidoni es el jefe de Aeronáutica de la Gobernación, es el piloto que traslada al primer mandatario cuando lo requiere. Oscar Martínez y Horacio Vallejos fueron diputados provinciales del PJ en Santa Fe. Entre los espías también apareció el nombre de Carlos Cenoz, periodista de Reconquista, expulsado de la Asociación de Prensa de Santa Fe por su pasado como PCI.

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Argentina, Tucumán: Falta escuchar a 45 testigos en el juicio a los represores

PRIMERA FUENTE

Después de los sobresaltos que hubo en el juicio, el cronograma de testigos se extendió hasta el 4 de mayo. Se estima que la sentencia recién se dará a conocer a fines de junio. Mañana se reanuda el debate. Por ahora, Cattáneo lo sigue mirando por TV desde su casa. El 29 de abril se realizará la inspección ocular en Jefatura de Policía. Cafiero fue citado para el 28 de abril y Ruckauf, para el 4 de mayo.

Ya sin el genocida Antonio Domingo Bussi en el banquillo de los acusados, todavía resta que desfilen 45 testigos frente al Tribunal Oral Federal en el marco del juicio oral y público que se sigue por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía.

De ese total de testigos, algunos no podrán asistir a la sala de audiencias por razones de salud, por lo que los jueces del TOF deberán decidir si se trasladan a sus respectivos domicilios para tomarles sus testimonios.

El debate se reanudará hoy, a las 9.30, con seis testigos. Desde que comenzó el juicio, el 16 de febrero pasado, ya desfilaron frente al Tribunal Oral 35 testigos. Según el nuevo cronograma, los ex ministros de María Estela Martínez de Perón, Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, tendrán que dar sus testimonios el 28 de abril y el 4 de mayo, respectivamente.

Por el caso de la desaparición del periodista Eduardo Ramos y su esposa Alicia Cerrota, ocurrida el 1 de noviembre de 1976, serán citados para el 22 de abril próximo. (nuevamente por la preprogramación de las fechas) los periodistas Ricardo Kirschbaum, editor general del diario Clarín, y de Magdalena Ruiz Guiñazú, conductora de "Magdalena Tempranísimo” que se emite por Radio Continental. Cabe recordar que la semana pasada ya declararon Pedro y Patricia Ramos, padre y hermana del joven desaparecido.

Ruiz Guiñazú integró desde 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que fue la entidad encargada de recibir las denuncias de desaparición de personas durante la dictadura militar que gobernó el país entre los años 1976 y 1983. En tanto, Krischbaum fue compañero de trabajo de Ramos durante su paso por Canal 10 de Tucumán.

En tanto, el represor Alberto Cattáneo (ex segundo de Bussi en la V Brigada de Infantería del Ejército) seguirá viendo el debate desde su casa a través del sistema de teleconferencia, debido a su estado de salud. La semana pasada tuvo complicaciones por un cuadro de neumonía.

Después de los distintos sobresaltos que tuvo el juicio, tras las internaciones y la posterior separación de Bussi,- y en el medio, el fallecimiento del represor Mario Zimmermann-, el juicio se extendería hasta fines de junio, cuando se estima que se conocerá la sentencia por parte de los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi,. Para escuchar el fallo tendrán que estar Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Cattáneo, Roberto “El Tuerto” Albornoz y los hermanos Luis y Carlos De Cándido.

Foto: Argentina, Tucumán, Partido Justicialista - Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, están entre los últimos testigos que pasarán por el histórico juicio.

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Argentina, Corrientes: También hay reclamos en el Penal 1. Internos en huelga de hambre en el Penal de San Cayetano

MOMARANDU

Reclusos del Penal 6 permanecen en huelga de hambre para pedir mejor trato y consideración con las visitas que reciben periódicamente. En tanto internos del penal 1 entregaron un petitorio con reclamos y amenazan con igual medida.

Un reclamo de vieja data en el penal de San Cayetano tomó este lunes la forma de una protesta cuando internos se declararon en huelga de hambre.

Reclaman en general una aceleración de las causas judiciales, pero puntualmente mejor trato a los internos y sus familiares que van a visitarlos. Las visitas deben permanecen horas y horas de espera antes de ingresar al penal a ver a sus familiares.

Los internos se quejan por el mal trato que reciben de los guardas y han pedido la presencia de funcionarios de seguridad en el lugar .

El penal, el último construido en Corrientes presenta , como se ha revelado en sucesivos informes, existen ostensibles fallas estructurales que también ha motivado la protesta de los internos.

Un reclamo histórico, es la aceleración de los procesos judiciales. "La justicia de Corrientes es lenta", señalan.

En el penal 1 la situación todavía no se salió de cauce y los internos presentaron una nota de advertencia con sus reclamos

"Si en 48 horas no tenemos respuestas iniciaremos una huelga de hambre", señalan en el petitorio elevado a las autoridades del área

Las quejas en la Unidad Penal 1 obedecen a la extrema rigurosidad de las requisas a los familiares que lindan con "la humillación" y controles violentos en los pabellones

Los internos revelaron que aparatos que se habían adquirido, como un scaner, para agilizar los controles a las visitas nunca entraron en funciones,

Pero tampoco las visitas carecen de la posibilidad de acceder a sanitarios, o tener donde sentarse durante las horas de espera.

"Es evidente la falta de respeto a las visitas, largas demoras, requisas violentas con daños materiales a sus pertenencias, agresiones físicas, demoras en trámites judiciales, se suman a los problemas de infraestructura nunca resueltos" se señaló. Hay casos de artefactos que se rompen, y se reponen con recursos de los propios internos.

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Argentina, Entre Ríos: El padre Servín confirmó que Sixto Salazar estuvo "chupado" en la Jefatura de Policía

INFOALTERNATIVA

Padre Servín : “yo le dije a monseñor Rösch que sabía que a Sixto Salazar lo tenían en la celda Nº 1 de la Jefatura de Policía”. El testimonio clave del padre Andres Servin ratifica las especulaciones respecto a que Salazar estuvo “chupado” en la Jefatura Departamental de Policía de Concordia antes de desaparecer. Los libros de guardia fueron incinerados en 2004 durante el gobierno de Jorge Busti.

Con los archivos de libros de guardia de la policía de tiempos de la dictadura incinerados, el testimonio clave del padre Servin confirma las viejas sospechas que aseguran que Sixto Salazar estuvo “chupado” en la departamental de policía Concordia antes de desaparecer definitivamente, según destaca Diario Junio.

Se trata del reconocido Presbítero y titular de la Pastoral Social, Andrés Servín quien, en pocos días más, prestará este mismo testimonio ante el juzgado federal de C. del Uruguay en la causa donde se investigan las desapariciones ocurridas en Concordia.

En el testimonio. Servin relató: “Yo entro al obispado y monseñor Ricardo Rosch me dice, mira no puedo dar con el paradero de Sixto Zalazar, ahí yo, sin dar nombre de la persona que habló conmigo le cuento, mire monseñor pasa esto y yo lo sé confidencialmente, Zalazar está en la celda uno de la Jefatura de Policía”.

Continuando con el relato, Servín agrega, “Ahí mismo tomó el teléfono y pidió hablar con el Jefe de Policía de ese momento, Ramón Campbell, yo escuché, discutían por teléfono, monseñor le insistía que Salazar estaba en la celda Nº 1, colgó y me dijo estas palabras “Campbell me miente”. Se ve que en otras ocasiones él tuvo que intervenir también y ya lo conocía. Eso fue todo”, remató el cura párroco de la Gruta de Lourdes en el barrio sur de Concordia. De este modo, Servín aportará a la causa un testimonio central que deberá cotejarse con los libros de Altas y Bajas de la policía en esa época. Esos libros, sí existen de acuerdo a lo afirmado por el Comisario Inspector Julio Vera, tal lo que consta en el acta notarial que dio a conocer este diario en carácter de primicia, la semana pasada.

Después de unos días de la detención de Sixto Salazar, no recuerdo muy bien las fechas, una persona que no tenía nada que ver con Salazar, que no lo conocía, pero que tenía un familiar detenido, vino a hablar conmigo.

Me contó que alguien de la policía, cuando él fue a reclamar por su familiar le dijo “cuídense porque sino les puede pasar lo mismo que a Sixto Salazar que lo tenemos en la celda 1”.

Apenas me dijo esto, continuó relatando Servín, se dio cuenta que estaba haciendo una confesión sin querer, así que me pidió “cierre la boca y no hable de esto”. Y bueno esta persona vino muy angustiada, me comentó y quedó acá entre nosotros. El familiar de esa persona estaba preso por sospecha solamente, a los pocos días salió en libertad, en ese momento la caza de brujas era muy grande, dijo el cura recordando aquellos aciagos momentos.

Algunos días después yo entro al Obispado y Monseñor Ricardo Rosch, que estuvo desde el principio, desde la madrugada del 24 (en referencia al 24 de marzo de 1976) recibiendo gente, me dice, a primera hora de la mañana, con detenidos que los habían allanado, porque se ve que tenían todo planificado, desde los integrantes del sindicato de la construcción (que en esa época estaba Salto Grande) a educadores, como el director de DINEA.

Bueno, el punto es que yo entro al obispado y monseñor me dice, mira no puedo dar con el paradero de Sixto Salazar, ahí yo recuerdo esta confidencia, sin dar nombre de la persona que habló conmigo y le cuento, miré monseñor pasa esto y yo lo se confidencialmente, Salazar está en la celda 1 de la Jefatura de Policía.

Ahí mismo, monseñor tomó el teléfono y pidió hablar con el Jefe de Policía de ese momento, Ramón Campbell, yo escuché, discutían por teléfono, monseñor discutía e insistía que estaba en la celda Uno, colgó y me dijo estas palabras “Campbell me miente”. Se ve que en otras ocasiones él tuvo que intervenir también y ya lo conocía. Eso fue todo, finalizó Servín esa parte del relato.

Lo que ocurre, siguió diciendo, es que, ni monseñor, ni yo, ni nadie imaginábamos que iba a ser algo más que una detención, nunca se nos pasó por la mente que podrían, digamos, que una persona pudiera esfumarse (en referencia a la figura del desaparecido), esa figura no se nos ocurría en absoluto.

O sea que el obispo se quedó con esa convicción, con que Salazar estaba ahí en la jefatura ?

Claro, no recuerdo muy bien el tono de la conversación te puedo decir que monseñor era muy tajante, cuando él decía sus cosas así y estaba muy convencido, eran momentos muy tensos, había recibido muchos casos así y trataba de acompañar, su salud tampoco estaba muy bien, vos sabes que monseñor falleció el 21 de agosto de 1976, estuvo internado en Buenos Aires y casi un mes en cama en Concordia, la aneurisma que tenía no la soportaba más.

¿Piensa padre que tienen que ser juzgados los que cometieron delitos de lesa humanidad ?

Yo creo que sí, que es importante que quienes tienen que responder por aquellos hechos lo hagan. Pero creo que la justicia tiene que hacer un proceso, lo que me duele a veces es que se utilice como bandera política, creo que es algo muy sagrado, el sufrimiento de tanta gente, yo he hablado con tantas mamá de desaparecidos de la ciudad y las he acompañado, por eso, ante el sufrimiento hay que ser muy respetuoso, se ha sufrido mucho, la figura del desaparecido ha sido el gran fantasma, el que destruyó la vida de muchas familias, las enfermó.

Servín confirmó además que declarará ante la justicia federal de C. del Uruguay, como no pude ir por mis compromisos, van a interrogarme acá en Concordia.

“Desde ya te anticipo que yo, nombres, no voy a dar de la persona que me hizo la confesión, quiero respetar, pero el hecho es ese”, finalizó.

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Argentina, Entre Ríos: La CTA cuestionó los datos de pobreza que difundió el INDEC

APF - ACTA

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Paraná, Ricardo Sánchez, cuestionó los índices de pobreza que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y aseveró que “el gobierno no ha podido revertir la desigualdad social”.

El dirigente remarcó el crecimiento de la brecha “entre los sectores que más y los que menos tienen” y manifestó su preocupación por el crecimiento de la precariedad laboral.

El 18,3 por ciento de la población de Concordia es pobre, de acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, correspondientes al segundo semestre de 2009. En tanto, en Paraná el índice se ubicó en el 10,9 por ciento. La indigencia fue de 5,9 y 2,9 por ciento en cada ciudad respectivamente. Estos índices ubican a Concordia como la sexta entre las ciudades más pobres,

Al respecto, Sánchez aseveró que “la Central ha denunciado permanentemente la irrealidad de los datos del INDEC y la destrucción de las estadísticas públicas” y afirmó que “es evidente que la brecha entre los que más y los que menos tienen ha crecido”.

“Hay un achatamiento de las condiciones laborales y se percibe que la capacidad de producción ha llegado a su límite”, manifestó en declaraciones realizadas a FM Litoral que reproduce APF.

En relación con los índices de subocupación, el dirigente señaló que “hay una serie de situaciones que desnaturalizan las estadísticas” y en tal sentido, consideró que “no hay un avance en cuanto a la recuperación de fuentes laborales, sino que por el contrario, en el último año hemos tenido graves conflictos entre trabajadores y empresarios”. Al respecto, aseguró: “Se ve una mayor precariedad laboral”.

En cuanto a los índices de pobreza, expresó que “si bien la asignación por hijo ha paliado algunas situaciones en las poblaciones muy vulnerables, sigue habiendo una fuerte concentración de la riqueza en los sectores más beneficiados por el gobierno”.

“Existe una gran asimetría: por un lado sectores concentrados y por otro, grandes masas que no llegan a cubrir las necesidades básicas”, afirmó Sánchez, quien advirtió que “el gobierno no ha podido revertir el proceso de desigualdad social”.

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