martes, 20 de abril de 2010

Costa Rica: Un asunto político más que jurídico

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

El despliegue de brutalidad policial en el campus de la Universidad de Costa Rica el lunes 12 de abril, ha sido justificado por la prensa comercial, algunos leguleyos de la derecha y ciertas autoridades del Poder Judicial, mediante un alegato jurídico que prescinde de cualquier sutileza intelectual.

El argumento se resume en lo siguiente: la autonomía universitaria no implica extraterritorialidad (¡genios!); por lo tanto la policía está legitimada para ingresar a la ciudad universitaria; por lo tanto los universitarios que se le opusieron actuaban contra la ley al obstaculizar su trabajo. Todo ello aderezado por la injuriosa y malévola acusación según la cual los universitarios brindamos refugio y protección a los malhechores.

No entro en el debate jurídico ya que es terreno que desconozco. Advierto, sin embargo, que personas altamente calificadas en esta materia como Alicia Pifarré Pan, Jorque Enrique Romero y Walter Antillón han aportado argumentaciones sustanciales, a todas luces mucho más sólidas y elaboradas que las que se han pronunciado desde la acera de quienes festejan la acción policial de marras.

Por mi parte, quisiera enfatizar el aspecto político-ideológico y ético de la cuestión.

Supongamos –contra las rigurosas argumentaciones de Pifarré, Romero y Antillón- que, en efecto, la norma constitucional que concede autonomía a las universidades públicas, no impide que la policía actuara de la forma como lo hizo.

Esto, sin embargo, realza y agiganta una pregunta clave: de ser así las cosas, ¿Cómo entender que a lo largo de 70 años –incluyendo dieciséis administraciones gubernamentales completas- se haya mantenido y respetado la norma de que la policía no entraba a los campus universitarios sin para ello dialogar y coordinar de previo con las autoridades universitarias?

En breve: dieciséis gobiernos, así como los magistrados y demás autoridades judiciales a lo largo de ese tiempo, quisieron mantener, aún sin que la ley las obligara a tal cosa, una cierta razonable distancia, un espacio mínimo de respeto, respecto de la institución universitaria.

Si no existía ninguna obligación legal detrás de esa actitud ¿por qué entonces se mantuvo durante tan considerable período? La única explicación razonable que encuentro es de orden político, moral e ideológico: existió la convicción de que la plena y efectiva vigencia del principio de autonomía universitaria requería una actitud de respeto y distancia, de forma que, en lo posible, no se ejerciera ninguna coacción –mucho menos una coacción física violenta- que pudiera implicar presión o intimidación y, por lo tanto, menoscabo de la autonomía.

Es inútil negar que durante ese tiempo, y de múltiples formas, los grupos poderosos han tratado de influir sobre las universidades. Eso no es ni deseable ni conveniente, pero también debemos entender que es parte de una dinámica social compleja, respecto de la cual es imposible que las universidades se mantengan aisladas.

Y, sin embargo, siempre rigió un mínimo de decoro y prudencia, como al modo de un criterio político de respeto y un principio moral de contención, sustentados ambos en una convicción democrática profunda.

Lo acontecido el 12 abril enterró esta norma. Es secundario el estatus legal o constitucional del asunto. Lo realmente crucial es el radical cambio de perspectiva que esto introduce: por primera vez en nuestra historia hemos visto violencia policial en el campus universitario, así como a autoridades públicas importantes justificando esa acción. Una nueva y perversa concepción moral y política emerge de todo esto.

Ni se diga de la desfachatez con que la prensa comercial celebra la sepultura de ese principio. Han manipulado los hechos con el afán, nada disimulado, de desprestigiar a las universidades y, en especial, a la que ha sido más crítica y es la más prestigiosa. No ha informado acerca del grado de brutalidad y la desproporción de la movilización realizada por la policía judicial. En cambio, han representado los hechos como un “zafarrancho”, mientras se deslizan insinuaciones –cuando no acusaciones directas- en el sentido de que las universidades son cómplices de la delincuencia. Este manejo de la información refuerza los argumentos del Fiscal y del Director del OIJ, así como los leguleyos que los apoyan. Se construye la imagen de instituciones universitarias que, lejos de estar protegidas por un fuero de autonomía constitucional, actúan más bien al margen de la ley.

En su conjunto esto saca a flote algunas de las características centrales del clima político y sicológico que la prensa comercial, los estamentos políticos neoliberales y algunas figurillas de siniestro talante fascista, han venido creando, en parte mediante el pretexto del combate a la criminalidad. Es un clima propicio a la represión, la militarización y el ultraje a la democracia y los derechos humanos.

Lo acontecido el 12 de abril, y la forma como ha sido justificado, implica la cancelación –literalmente un entierro bañando en sangre- de un principio de respeto asentado en una convicción democrática fundamental: la de que la vigencia de la autonomía universitaria –es decir, la capacidad para educar, hacer ciencia y cultura y generar pensamiento y reflexión con plena libertad e independencia- requería, y de hecho ameritaba, que las fuerzas policiales se mantuvieran a una razonable distancia de los predios universitarios.

Estos principios estuvieron vigentes por casi 70 años. Ahora han quedado gravemente mancillados, cuando no definitivamente enterrados. Este es tan solo el más reciente eslabón –antecedido en lo inmediato por la violación del principio de autonomía sindical- en un proceso complejo y sumamente siniestro, que inició con la violencia ejercida sobre la norma constitucional de no reelección presidencial. Se va así clarificando el perfil de una Costa Rica autoritaria y antidemocrática. Como va siendo cada vez más claro que el progresismo se hace cómplice de esta catástrofe, en el tanto no es capaz de prescindir de vanidades y dogmatismos, para abrirse a un proceso de diálogo que le permita unificar fuerzas y construir alternativas políticas viables y renovadoras.

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Chile: Consumo y ciudadanía

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

El triunfo del señor Sebastián Piñera en Chile bien merece una reflexión desapasionada en torno a las nuevas coordenadas culturales en que se instala el imaginario social en nuestro país. El éxito electoral de la derecha no hace sino exteriorizar un fenómeno que se ha venido gestando desde hace ya muchos años. Nos referimos, por cierto, a la consolidación de un diseño social y cultural que podríamos denominar sociedad de consumidores.

En la actualidad, la cultura en Chile y en gran parte del orbe se caracteriza por ser tecno-urbana-masiva y consumista. Si bien se proclama el “individualismo” a ultranza, lo cierto es que como nunca antes vivimos la era de la híper masividad; al mismo tiempo, se declara a los cuatro vientos la era de la “libertad” de cada cual, habitamos un mundo en que los controles de todo tipo crecen exponencialmente y la fuerza de los medios de comunicación y la publicidad “programan” los gustos y apetitos que orientan la conducta de millones de seres.

Ni el mundo económico es aquel idílico mercado por donde fluyen libremente bienes y servicios presididos por la libre competencia, ni los consumidores son aquellos ilusorios individuos autónomos al arbitrio de su propia libertad. El mundo político no ha corrido mejor suerte, las sociedades burguesas de gran parte del mundo, bajo la hegemonía del neoliberalismo, han renunciado a todos aquellos principios políticos ilustrados que reclamaban en su hora inaugural: la igualdad, la libertad y la fraternidad. La libertad se ha convertido en libertad de comercio, la fraternidad se exhibe en televisión como tele-caridad y la igualdad es, a esta altura, una divisa demagógica más.

Si bien el empeño concertacionista se caracterizó por imprimir al orden político una cierta pátina republicana, lo cierto es que todo ello no fue sino un “pastiche”, carente de contexto y sentido histórico. La verdad es que se pretendió investir de aires democráticos y republicanos a un espacio político tutelado por una constitución antidemocrática fraguada en los años de la dictadura. Por ello, los gestos republicanos aparecieron como un alambicado rito, más próximo al simulacro, cuando no al grotesco, que otra cosa.

La dictadura militar significó, en nuestro país, un quiebre radical de aquella tradición letrada que nos acompañó desde los albores de la república hasta aquel infausto día de septiembre, bajo el que todavía vivimos. Las llamaradas saliendo de La Moneda serían el símbolo más que elocuente Un gobierno de derecha, como el actual, posee la impensada virtud de evidenciar en toda su magnitud y abisal profundidad la impostura pseudo democrática que habitamos. El Chile pospinochetista no es sino la representación política de un libreto que ya fue escrito por la mano militar hace más de tres décadas: allí están las reglas que prescriben cualquier dramaturgia posible, en que se sabe de antemano quienes ganan y quienes pierden.

Álvaro Cuadra es investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS.

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Piñera, los impuestos y el alacrán

Julián Alcayaga (especial para ARGENPRESS.info)

El Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter se pronunció abiertamente por un aumento de los impuestos a los grandes empresarios, como una necesidad para la reconstrucción, pero sobretodo, según este ministro, para demostrar que este no es el gobierno de los empresarios. Sin embargo, la naturaleza empresarial del gobierno quedó de manifiesto con este simulacro de aumento de impuestos.

Más de alguno habrá recordado el caso de la rana y el alacrán. Según una fábula árabe, un gran incendio en la sabana africana los animales huyen; en un momento dado tienen que atravesar un río; el pobrecito alacrán no sabe nadar y le pide a la rana que lo atraviese sobre su espalda. La rana, conocedora de su naturaleza, se niega porque éste la puede picar y envenenar; el alacrán le responde: pero ranita, eso no lo puedo hacer porque nos ahogamos los dos. Ante la fuerza de este argumento la rana acepta que el alacrán monte sobre su espalda, pero en el medio del río el alacrán la pica; dándose vuelta la rana le pregunta: ¿por qué? El alacrán responde: Es más fuerte que yo, es mi naturaleza.

Veamos la semblanza de esta fábula con el tema del alza de impuestos. En la más elemental lógica, toda medida busca alcanzar determinados objetivos. Específicamente, en este caso se trata de recabar mayores recursos para la reconstrucción, sin afectar a los ciudadanos más modestos.

El proyecto aumenta de 17 a 20% el Impuesto de Primera Categoría que afecta a las empresas. Bien. Pero hay un pequeño detalle: este impuesto es a la vez un crédito del impuesto personal del o los empresarios dueños de la empresa, y en los hechos no se produce un aumento de la recaudación tributaria, porque lo que el Fisco recibe de las empresas, lo tiene que devolver a los dueños de las empresas. Esto significa que una empresa que tiene utilidades por $ 1.000, paga actualmente $ 170 de Impuesto de Primera Categoría (17%), y con la reforma de Piñera ese impuesto aumenta a $ 200 (20%); pero al mismo tiempo, el o los empresarios dueños de esta empresa, al hacer sus declaraciones personales de impuestos (Global Complementario o Adicional), la devolución de impuesto también aumente de $ 170 a $ 200, por lo cual la recaudación tributaria del Fisco no aumenta en nada. Es cierto que se puede producir un aumento temporal de la recaudación en un determinado ejercicio tributario si los empresarios no retiran sus utilidades, pero esto vuelve a fojas cero si al año siguiente o en los subsiguientes el empresario decide retirar esas utilidades. En el largo plazo, obligatoria y matemáticamente el impuesto de primera categoría es anulado por el impuesto personal de los dueños de esas empresas. En Chile solo las personas pagan impuestos y las empresas solo pagan un impuesto virtual. Somos el único país en el mundo donde se devuelve la totalidad del impuesto que pagan las empresas.

Si el Estado tiene que devolver a los propios dueños de las empresas cualquier aumento del Impuesto de Primera Categoría, ¿por qué algunos dirigentes empresariales y parlamentarios de derecha realizan declaraciones contra esta alza de impuestos? Se trata sólo de una “mise en scène” para quedar como víctimas que se meten la mano al bolsillo, y el gobierno queda como ente imparcial del Bien Común.

Más extraño resulta que algunos parlamentarios de la Concertación encuentren positivas las medidas anunciadas por el gobierno, y que los periodistas reproduzcan el análisis oficial sin siquiera mencionar que este impuesto es un crédito que se devuelve a los propios empresarios. Siempre hay dos explicaciones posibles a estas situaciones: el desconocimiento del tema o la mala fe, porque el Impuesto de Primera Categoría se podría suprimir, y en el tiempo la recaudación tributaria del Fisco no sería afectada. Pero no se hace, porque su existencia permite hacer creer, incluso a connotados profesionales, que en Chile las empresas pagan impuestos.

Lo que este gobierno pretende con el royalty, es una operación publicitaria tanto o más carente de dientes o músculos que el royalty que aprobó Lagos el 2005. Se propone aumentar el royalty durante 2 años en un porcentaje variable en función de los resultados de las empresas, y a cambio de eso se prorroga por otros 8 años la invariabilidad tributaria que les acordó Lagos el 2005 por 15 años. Así, tendrían invariabilidad tributaria hasta el año 2028, cuando la mayor parte de esos yacimientos estén agotados. Aún más: se les da un premio a estos grandes evasores, porque el royalty incluso bajaría a 3,5% para que las mineras tengan un margen de rentabilidad inferior al 35%, y subiría a 9% si el margen es superior a 75%. Adivinen cuál será el margen que declaren estas mineras, cuando según el SII, hasta el 2004, todas ellas salvo Minera Escondida declararon siempre pérdidas. Las empresas extranjeras son campeonas de la evasión tributaria, y con esta proposición de royalty de Piñera van a batir sus propias marcas en la evasión de utilidades. Pero lo más singular es que estas modificaciones del royalty solo se les pueden aplicar a las mineras, si ellas renuncian voluntariamente a la actual invariabilidad tributaria, para someterse a la nueva con una prórroga de 8 años. ¿Qué van a hacer las empresas? Adivinaron de nuevo, como el 2005 con el royalty de Lagos, van a renunciar a la invariabilidad tributaria.

Resumiendo, el Presidente Piñera es un empresario, y en su gobierno predominan los empresarios, y miembros de la principal consultora en lobby de las grandes transnacionales, el Instituto Libertad y Desarrollo, también ocupan altos puestos de gobierno. Este es un gobierno de los empresarios y para los empresarios. Fieles a su naturaleza, solo persiguen maximizar los beneficios y disminuir los costos, y por ello el aumento de los impuestos no es más que truco publicitario.

¿Alguna esperanza? Felizmente estos empresarios no tienen mayoría en el Senado, y en la Cámara solo la tienen con la ayuda del PRI. La Concertación (a condición que centre su atención en las cosas serias), así como el PRI, tienen ahora la gran oportunidad de rechazar este proyecto y exigir que las grandes fortunas de este país colaboren realmente con la reconstrucción, con verdaderos tributos, y que no sean solo los fumadores los que en algo contribuyan.

Mientras los damnificados seguirán cubriéndose con plásticos y los más afortunados con carpas para afrontar el duro invierno.

Julián Alcayaga es economista.

Imagen: Chile - Sebastián Piñera. / Autor: THE CLINIC

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¿Se acuerdan de Honduras?

Carlos Iaquinandi Castro (SERPAL)

Tras el traspaso del gobierno golpista de Micheletti al “elegido” en los comicios militarizados y sin libertades, la oligarquía hondureña sigue siendo quien manda y dispone. El presidente constitucional Manuel Zelaya fue derrocado y expulsado del país de forma violenta e ilegal, y amparándose en falsedades tales como la que le imputa que “pensaba perpetuarse en el poder”. (A menor escala y salvando distancias, un argumento tan cierto como las armas de destrucción masiva que justificaron la invasión, ocupación y martirio del pueblo iraquí). Esa violencia inicial de junio del año pasado, continúa y se refuerza con este gobierno ilegítimo. Y con el amparo de Estados Unidos y de otros países complacientes, consiguen “tapar” crímenes, abusos y violaciones de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Regresa la “normalidad”

Se han modificado leyes del gobierno de Zelaya que otorgaban beneficios sociales y laborales. Se restablecen y aumentan los privilegios de los grandes terratenientes y empresarios, que todo sea dicho, apenas habían sido afectados durante el gobierno derrocado. Todo eso en nombre de la “democracia” y con el apoyo público de personajes de la oligarquía hondureña, como los empresarios Facussé, Rafael Ferrari, Fredy Nasser, Schucry Kafie o del propio Roberto Micheletti, que en lugar de ir a la cárcel, ha sido designado “diputado vitalicio” por el Congreso hondureño controlado por los golpistas para asegurarle impunidad de por vida. La jerarquía católica, tan próxima a los poderosos de Honduras y que en junio se definió golpista, ahora promueve “olvido y reconciliación” y mira para otro lado cuando los sicarios siguen asesinando. Pero el papel más siniestro y perverso lo cumplen los medios de comunicación que en lugar de informar, ocultan y manipulan lo que sucede en el país. Las pocas voces independientes se reducen a algunas emisoras de radio y pequeños periódicos. Los “grandes”, responden a empresarios ligados con el poder y son parte del conglomerado mafioso que gobierna y controla Honduras. Uno de ellos es Jorge Canahuati, un ultraderechista que financió la campaña pro golpista en Washington. Ese muro de silencio y mentiras, no se reduce al interior del país. También los grandes medios y agencias de América Latina y del mundo, se “olvidan” de Honduras. Ellos ya archivaron el expediente de ese entrañable país centroamericano en el cajón de “países normalizados”, y por tanto allí “no pasa nada”. Pero pasa....

Caza y exterminio de periodistas

Esta semana fue asesinado otro periodista, el séptimo desde el mes de febrero, a poco de asumir Porfirio Lobo el nuevo gobierno. Luis Antonio Chévez Hernández de 22 años, comunicador de W105, fue asesinado en San Pedro Sula por sicarios que detuvieron su vehículo. El 17 de febrero pasado apareció muerto en Tegucigalpa el periodista Nicolás Asfura. El 1 de marzo, mataron en una emboscada a Joseph Ochoa, del canal 51 e hirieron a la periodista Karol Cabrera. El 11 de marzo fue asesinado de varios balazos David Meza, reportero de Radio El Patio y corresponsal de Radio América. El dia 14, el periodista Nahúm Palacios Arteaga, de Radio Tocoa y de Aguán ‘Canal 5’, fue asesinado tras ser interceptado y embestido su vehículo. Palacios había denunciado las agresiones y los intentos de desalojos contra unas tres mil familias del Bajo Aguán y su versión ponía en evidencia la falsedad de informaciones publicadas por el diario La Prensa, propiedad del magnate Jorge Canahuati, que pretendía señalar a los campesinos como parte de un intento "guerrillero". A fines de marzo, fueron emboscados en pleno dia los comunicadores José Bayardo Mairena y Manuel Juárez cuando circulaban en un automóvil por la carretera a Juticalpa, Olancho. A pesar de las promesas de esclarecimiento por parte del gobierno, ninguno de esos asesinatos ha sido aclarado y nadie permanece detenido como sospechoso. La impunidad ampara a los sicarios. Entre los medios que han sufrido cierres, censuras, ataques o amenazas están Radio Globo, Cholusaat Sur, Diario El Libertador, Diario Tiempo, Canal 11, Radio Gualcho, Radios comunitarias por Internet y la Radio Garifuna Faluma Bimetu en San Juan Tela, que fue incendiada por grupos operativos parapoliciales. A ellos se suma Radio Progreso vinculada a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, y que emite en el norte de Honduras. Los miembros de la emisora han sido también amenazados. Hace unos dias José Alemán (corresponsal de Radio América y colaborador del diario Tiempo) abandonó el país poco después que sicarios intentaran asesinarlo en plena calle, luego de tirotear su domicilio. ¿Cómo puede ejercerse la tarea periodística en este marco de inseguridad y acoso permanente? ¿Cómo puede hablarse de "libertad de prensa"? ¿Porqué callan quienes tendrían que denunciar?

Y la represión sigue...

Pero no son los periodistas las únicas víctimas. Varios dirigentes del Frente Nacional de Resistencia integrado por diversas asociaciones y entidades de la sociedad civil hondureña también han sido asesinados en los últimos tres meses. La lista de muertos en atentados selectivos desde el golpe de junio (miembros de sindicatos, de asociaciones diversas, campesinos, periodistas o estudiantes) supera las 150 personas. Entre los últimos asesinados se cuenta Francisco Castillo, miembro de la Resistencia, defensor del patrimonio forestal hondureño y colaborador del sacerdote Andrés Tamayo, reiteradamente amenazado con el silencio cómplice de la jerarquía eclesiástica hondureña y del Vaticano. Otra víctima ha sido el destacado dirigente del gremio de maestros, José Manuel Flores, miembro del Partido Socialista y militante del Frente de Resistencia. Fue acribillado por sicarios en pleno dia y en el instituto donde dictaba clases. "Nos están matando. A campesinos, a maestros, a sindicalistas, a periodistas. Y lo peor es que no hay nadie procesado por los brutales crímenes cometidos antes y ahora. Los han cubierto con un manto de impunidad y de injusticia", afirmó Rasel Tomé, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras. Hace pocos dias, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que en Honduras hubo "matanzas ilegales realizadas por miembros de la policía y agentes del gobierno; masivas y arbitrarias matanzas cometidas por vigilantes y miembros de las fuerzas de seguridad; duras condiciones de prisión; violencia contra detenidos y corrupción dentro de las fuerzas de seguridad; largas detenciones y fallas en el debido proceso de ley; detención arbitraria y uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad; limitaciones en la libertad de movimiento y asociación, etc., etc." Pero estas categóricas afirmaciones apenas se difunden dentro y fuera de Honduras. Y cuando eso ocurre, las declaraciones que se publican se atrincheran en el cinismo y la impunidad. Ramón Custodio, "Comisionado Nacional de los Derechos Humanos" en Honduras respondió a preguntas de los periodistas: "no tengo comentarios sobre eso, en este momento estoy de viaje y no puedo responder, mis disculpas, tengo que cortar". Este personaje -aunque parezca insólito por el título de su cargo- fué cómplice del golpe contra Zelaya y jamás denunció los gravísimos hechos represivos ocurridos desde entonces en su país. Y el portavoz de las familias de la oligarquía que impulsaron el golpe de junio, Adolfo Facussé dijo sobre el informe del CIDH "me suena exagerado; aquí lo que hubo fue un evento político y lo que hay que admirar es la moderación de las Fuerzas Armadas y de la policía". Facussé es presidente de la Asociación Nacional de Industriales.

Lobo, "mascarón de proa" de la segunda fase del golpe

La conspiración de silencio sobre lo que ocurre diariamente en Honduras, pretende ser un manto de olvido del golpe impune que terminó violentamente con el mandato constitucional del presidente Manuel Zelaya. Pero también bajo ese manto, intenta cumplir tres objetivos de la conspiración de las familias e intereses que controlan el país: el primero de ellos es recuperar poder y beneficios, rectificar leyes sociales y laborales y reorientar los presupuestos; el segundo, lograr progresivamente el reconocimiento diplomático y el regreso pleno a organismos regionales e internacionales. O sea, hacer realidad el "aquí no ha pasado nada". El tercero, es continuar la tarea represiva iniciada por el General Romeo Vázquez y el títere Roberto Micheletti, y seguir eliminando selectivamente a los dirigentes de la resistencia y a los líderes naturales de la sociedad civil en sindicatos, asociaciones, campesinas y urbanas, etc. De los elementos que componen esta segunda fase del golpe el más visible y "mascarón de proa" es el presidente Porfirio Lobo, que es la cobertura civil. Los organismos de seguridad con sus mandos golpistas, son los ejecutores de los operativos represivos. Lo hacen en forma directa o bien mediante el empleo de "paras" o dejando campo libre a sicarios. Y los que mueven los hilos del poder, los de siempre: los componentes del conglomerado de intereses políticos y empresariales que Juan Almendares, médico y ex rector de la Universidad Autónoma de Honduras definió como el "Complejo Militar-Minero-Agroindustrial". Obedeciendo los dictados de dicho complejo, el gobierno de Lobo aumentará el presupuesto anual de la Secretaría de Defensa de 105 millones de dólares a 137 millones. Con ello se propone la creación de mil nuevas plazas de soldados y la compra de helicópteros, que han demostrado ser una "herramienta" ideal para el control de manifestaciones y protestas urbanas. La Secretaría de Seguridad también será compensada económicamente y su presupuesto pasará de 142 a 154 millones de dólares. El de Educación, aumentará sólo un 0,6 por ciento. Y el del Fondo Hondureño de Inversión Social sufrirá un recorte del 25 por ciento.
"El paquetazo": catarata de impuestos

Antes de la Semana Santa, el gobierno aprovechó para aprobar una serie de medidas económicas y fiscales conocidas como "el paquetazo". Durante el debate en el Congreso, Marvin Ponce del partido Unificación Democrática se opuso a la medida oficialista y afirmó: "No es posible que en Honduras los más pobres sigan siendo los más sacrificados y ese grupo de empresarios que tiene deudas millonarias con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) siga beneficiándose del Estado". Este partido opositor fue el único que presentó candidaturas porque el resto de las fuerzas populares decidió boicotear el proceso por considerarlo ilegal. Las medidas fiscales aprobadas han respetado las exenciones que gozan los establecimientos de comidas rápidas y otras empresas de los grandes capitales ligados al poder político y económico de Honduras. La recaudación del Impuesto Sobre Ventas (12 por ciento) extendida a otros insumos y servicios, puede representar un aumento importante en los ingresos tributarios. Pero como no se ha dispuesto paralelamente ninguna medida de control, los empresarios anticiparon que trasladarán los incrementos de impuestos a sus productos y servicios, con lo cual será el consumidor el que finalmente deberá afrontar esos aumentos. Así ocurrirá por ejemplo con los servicios de telefonía y de comunicaciones en general. Esa consecuencia también la anticipa el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras cuando afirma que estas medidas dispararán la inflación a un 10%, con lo cual terminarán castigando a los trabajadores. La mayor repercusión del alza que registrarán productos y servicios de consumo básico recaerá sobre los sectores sociales más desprotegidos. No caben dudas de que estas medidas son producto de las presiones del Fondo Monetario Internacional, organismo con el cual desean congraciarse tanto el gobierno de Lobo como la oligarquía hondureña. El propio director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Benjamín Bográn, reflexionó sobre la cuestión afirmando que "los organismos internacionales de financiamiento exigieron que se hicieran elecciones generales para reconocer al nuevo gobierno y restablecer relaciones, pero nadie nos dijo - se lamentó - que antes de reanudar los préstamos a Honduras debíamos aplicar un paquetazo fiscal." Bueno, en definitiva el Sr. Bográn sabe que "los daños colaterales" de estas medidas económicas, las terminarán pagando los de siempre. Ni el gobierno ni nadie sabe como se financiará este presupuesto y la deuda existente, ya que el "paquetazo" fiscal, a pesar de su importancia, será insuficiente. El economista Rafael Flores resumió esa duda con una sola frase: "hay que esperar la cooperación internacional o ponerse a rezar". Eso también lo sabe el gobierno de Lobo, por eso se apresuró en aprobar las medidas exigidas por el FMI. Pero ya se anuncia para el mes próximo la visita de una delegación del organismo financiero y no se descarta que exijan "otra vuelta de tuerca" en la economía hondureña que agravaría la ya crítica situación de millones de personas. En Honduras, recordemos, más del 70% de la población sobrevive con salarios bajísimos, mientras el 5 % controla el 70 por ciento del Producto Bruto Interno. Las medidas aprobadas constituyen un "asalto al pueblo" como clamó Juan Barahona uno de los líderes del Frente de Resistencia Popular. Pero los congresistas, incapaces de defender los intereses de las mayorías tuvieron imaginación a la hora de bautizar las medidas y no tuvieron reparos en denominarla "Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público". La gente fue más sencilla y clara y le llama "el paquetazo".

Lobo busca "blanquearse" y tiene ayudas

Dentro de este contexto, es evidente que obtener el reconocimiento internacional pasa a ser un objetivo fundamental del gobierno de Porfirio Lobo. En ese sentido ha desplegado una tarea diplomática que tiene total sintonía con la secretaria de estado norteamericana. Hillary Clinton y sus inmediatos no se cansan de promocionar la "democratización" de Honduras y presionan para que el mundo olvide el golpe y el origen del gobierno actual. En esa línea ya han avanzado sobre gobiernos centroamericanos y en otros como el de Colombia, que cuando "sancionaron" a Micheletti lo hicieron obligados por las circunstancias, pero a disgusto. La reelección de José Miguel Insulza como secretario general de la OEA con el beneplácito norteamericano confirma que ha hecho bien su transición de "duro e inflexible contra el golpe" a "comprensivo y pragmático" y que puede "ayudar" al reconocimiento del gobierno Lobo. El chileno propuesto antes por Bachelet y ratificado ahora por el derechista Piñera, demuestra que aquella encendida demanda para que Londres "devolviera al encarcelado dictador Pinochet a Chile para ser allí juzgado por su país", no fue un error, sino que fue una decisión consciente que permitió la muerte del sátrapa en total impunidad. ¿Que deseo de poder, de figuración, pudo llevar a este hombre que fué colaborador de Clodomiro Almeyda en la cancillería del gobierno de Salvador Allende a tener esta penosa deriva? Lo previsible entonces es que Insulza en su cargo de la OEA estará más pendiente de H.Clinton que del pueblo hondureño. Pero al gobierno norteamericano le han salido otros colaboradores espontáneos en este empeño por "blanquear" a Lobo. Me refiero al presidente nicaragüense Daniel Ortega, que sorprendió a propios y extraños recibiendo con afectuosos abrazos al sucesor de Micheletti. Ante el desconcierto y las protestas incluso dentro de sus propias filas, argumentó que "todavía" no ha reconocido al nuevo gobierno hondureño, y que espera que sea una decisión colectiva de los mandatarios centroamericanos. O sea que no es una cuestión ética o de principios, sino simplemente de tiempo. A ver cuantos sandinistas se tragan este nuevo sapo del ex-comandante.

Palo y zanahoria

Mientras Lobo espera que internacionalmente le vayan otorgando la legitimidad que no tiene, no pierde el tiempo. Se mueve con habilidad y demuestra que la oligarquía hondureña y sus asesores internacionales no le han elegido sucesor de Micheletti por casualidad. Su intervención en el conflicto campesino del Bajo Aguán, que afectaba unas 3.000 familias, combinó el palo y la zanahoria. Tras varios meses de reclamo campesino por 12.000 hectáreas de tierra en el fértil valle del Aguán (a unos 600 kms al noreste de Tegucigalpa), la situación se había tornado explosiva en la región. Inicialmente el gobierno pareció optar por la vía represiva, enviando 2.500 soldados y policías y estableció un cerco en la región. La presión de las "fuerzas de seguridad" se hizo muy fuerte en las áreas de las cooperativas como San Esteban, Suyapa del Aguán, Guanchías, Buenos Amigos, Quebrada Honda, Despertar, Trinidad, Marañones y Bolero. El gobierno quiso imputar actividades guerrilleras a los campesinos y envió más tropas. Se produjeron incidentes que provocaron la muerte de varios campesinos y de guardias. Ante la crítica situación Lobo optó por abrir negociaciones que derivaron en una propuesta. Esta fue finalmente aprobada en asamblea por el MUCA, el Movimiento Unificado Campesino.

El gobierno comprará 3.000 hectáreas cultivadas con palma africana que entregará a los campesinos, que firmarán títulos que los comprometen a pagar al Estado, solo que a largo plazo, el valor de las tierras. ¿Saben quien es el propietario de esas 3.000 hectáreas? El empresario agrícola Miguel Facussé, familia de la oligarquía hondureña y uno de los impulsores del golpe de junio contra Mel Zelaya. ¿Saben cuanto pagará el estado a Facussé? Mil millones de lempiras por unas tierras cuya propiedad han puesto en duda los campesinos, pero que al parecer el gobierno está dispuesto a pagar por ellas al empresario. El compromiso incluye la entrega de otras tres mil hectáreas no cultivadas que serán compradas en zonas aledañas a terceros empresarios agrícolas que quieran vender. Yoni Rivas, miembro del MUCA afirma que lo conseguido es parte de un proceso, pero que "nuestra lucha sigue, porque nuestra demanda es la recuperación de 20.000 hectáreas de tierra." "Además, explica, mientras no nos entreguen las áreas acordadas en el acta, no nos vamos a mover de las tierras que hemos recuperado durante estos meses de lucha. Añadió que consideran un avance haber logrado detener el intento de atar a miles de familias campesinas a la venta forzada de la producción a los terratenientes que en su momento usurparon esas mismas tierras. "También logramos incluir en el acta - concluyó - el tema de la reforma de la legislación agraria de los años 90, que tanto daño trajo al sector campesino". Pero la preocupación no desaparece. Al momento de redactar esta crónica seguía pendiente el retiro de los retenes militares y de cientos de soldados y policías distribuidos por el valle que durante varios días llegaron a cobrar peaje a los campesinos para dejarlos circular con sus productos por las carreteras del Valle de Aguán.

Nuevamente, el amigo americano

Por otra parte, Lobo confirmó al gobierno norteamericano que su gobierno no dará problemas a Washington. Y para demostrarlo firmó con el embajador Hugo Llorens un acuerdo por el cual su país recibirá cuatro millones de dólares para programas de entrenamiento militar, inspección fronteriza y apoyo a unidades especiales del ejército, entre otros propósitos. El acuerdo denominado "Mérida Carcy" fue definido por Llorens como una enmienda del Plan Mérida que involucra a Estados Unidos, México y Centroamérica. En este caso, una vez más el pretexto del apoyo militar es "la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado". Lobo fue más sutil y aprovechó para decir que en su país los ricos tienen medios propios para protegerse de la delincuencia, guardias, muros y alarmas, pero "los miembros más vulnerables de la sociedad, dependen exclusivamente de las instituciones de su gobierno para protegerlos”. Este es el mismo embajador que en junio pasado condenó y rechazó el golpe en nombre del gobierno de Obama. Y el mismo que luego dijo que trabajaba por la normalización constitucional y la reposición de Zelaya.

Hace unos días, ambos gobiernos inauguraron una base naval en el departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, en el cual Estados Unidos invirtió dos millones de dólares. Esa instalación tendrá el asesoramiento de oficiales del Comando Sur del ejército norteamericano. Y por supuesto, Estados Unidos conserva jurisdicción y operatividad militar en la base aérea de Palmerola, en el departamento hondureño de Comayagua. Curiosamente, esta base fue el primer destino en su camino al exilio del presidente constitucional Manuel Zelaya cuando las tropas del golpista General Romeo Vázquez lo sacaron de su casa en pijama y a punta de metralleta. A propósito, aquel guerrero que apuntó y disparó contra su propio pueblo indefenso y que - como recuerdan las hemerotecas - encabezó una banda de ladrones de coches cuando era teniente, ahora viste ropas civiles. No porque haya sido degradado y condenado, no. Sino que ahora, con traje y corbata preside Hondutel, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, una especie de premio que le otorgó Porfirio Lobo por los servicios prestados al frente del Ejército golpista.

Y la historia seguirá

Esta es una parte de la tragedia que vive gran parte del pueblo hondureño, pero que resulta casi imposible encontrar en las crónicas de diarios, o en los informativos de radio y televisión. Para los que controlan los medios, Honduras ya está “normalizada”. Y mientras, dedican todo su empeño tergiversador en atacar y difamar a aquellos países, gobiernos y pueblos que en el continente americano intentan encontrar su propio camino.

La historia seguirá, y como decía Allende "la hacen los pueblos". Es lo que intenta en difíciles condiciones el Frente de Resistencia Popular, organizándose y tratando de evitar ser blanco de los asesinos que operan libremente bajo el gobierno de Lobo.

Como escribe Juan Almendares "asesinar a las maestras, maestros, periodistas y campesinos es el monstruoso crimen contra la educación, la soberanía alimentaria y la libertad de expresión de nuestro pueblo en Resistencia." Y añade, "tarea esencial es profundizar en el desarrollo de la conciencia organizativa, unitaria y movilizadora de la Resistencia, proteger a los y las dirigentes y miembros del Frente, y demandar la solidaridad de todos los pueblos del mundo contra este régimen opresor y trabajar por la Refundación de Honduras e instalar la Asamblea Nacional Constituyente".

Precisamente el Colegio de Profesores Unión Magisterial de Honduras, realizó un llamamiento a la Unión Europea, especialmente a España y también a toda América Latina para que sea cancelada la invitación a Porfirio Lobo para participar en la próxima VI Cumbre América Latina y el Caribe (ALC) y la U.E. , prevista para realizarse en Madrid el 18 de mayo próximo. Será difícil que gobiernos y cancillerías escuchen ese reclamo. El muro de silencio construido con la complicidad de los grandes medios de comunicación facilitará la previsible voluntad de "mirar hacia otro lado" que tendrán los presidentes y ministros de relaciones exteriores.

Una vez más, serán los pueblos, sus organizaciones sociales, las que tendrán que ocupar ese espacio en defensa de la dignidad y los derechos de la mayoría de los hondureños.

Y cada uno de nosotros recordar cada día la injusticia estructural que padece ese pueblo hermano y ser solidario con sus luchas y sus esperanzas.

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“Pino” Solanas: “Una campaña del gobierno para engañar, ensuciar ante la opinión publica la gravedad de lo denunciado en el Canje de deuda”

Marco Díaz Muñóz (INFOSUR)

El Diputado Nacional por Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, realizó declaraciones sobre la suspicaz detención en el Ministerio de Economía de un colaborador del Diputado Claudio Lozano, definiendo está, como una campaña del gobierno para engañar, ensuciar ante la opinión publica la gravedad de lo denunciado por Lozano y Proyecto Sur, sobre el trafico de influencias entre funcionarios del Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández y la Consultora ARCADIA, en el Canje de deuda.


Fernando “Pino” Solanas “Este es un negocio inmundo y la denuncia de Claudio lo pone con fuerte impacto en los medios”

“Este es un negocio inmundo y la denuncia de Claudio lo pone con fuerte impacto en los medios”. Afirmo “Pino” Solanas. Manifestando su preocupación ante lo que considera una escalada de violencia comparada con la época de Carlos Menem, cuando el hoy Diputado por Proyecto Sur, fue baleado por denunciar la mafia institucionalizada en aquel gobierno.

“Esto, es una patraña inventada por el gobierno para contrarrestar la denuncia de Claudio después de 48 horas de la denuncia”. En la prensa (Clarín, 16/04/10) (1)

Etchebarne uno de los dueños de la consultora ARCADIA “había reconocido ser los impulsores de la idea de canjear bonos truchos por bonos nuevos, impulsar el Canje de deuda del 2008… la Consultora ARCADIA es una Consultora ligada desde siempre al Ministro Boudou, si, ellos negociaron con Carlos Masson, le vendieron al gobierno la idea el negocio de Canje de deuda, negocios multimillonarios”. Aclara Solanas.

¿ARCADIA, Etchebarne y Boudou, socios?

Durante la sesión especial de la Cámara de Diputados Claudio Lozano denunció que el banco Barclays es socio de las principales petroleras multinacionales: “que violentan la soberanía nacional en el mar de Malvinas y cómo si fuese poco también a trascendido públicamente en los últimos tiempos de la participación, asociada al banco Barclays de una consultora con sede en Nueva York y Argentina. ARCADIA, que tendría vínculos con un tal Dr., Marcelo Etchebarne, que tendrían importantes vínculos y relaciones con el Ministro Boudou y con el Señor Sergio Massa, con el Señor Diego Bossio. Este Señor Etchebarne y esta Consultora ARCADIA han tenido participación en la operación de canje de deuda publica, en la provincia de Formaza, la provincia Mendoza, en la provincia de San Juan y en la provincia de Buenos Aires y hoy estarían asociados con fondos de inversión norteamericana en la operación del Canje de deuda nacional” Sentencio El Diputado por Proyecto Sur.

“Necesitamos despejar estas incertidumbres, tenemos claro que el Banco Barkley, opera a un lado y al otro del mostrador, pero este tema para el cual hemos presentado un pedido de informe, para que se esclarezca de manera inmediata lo que empieza a señalar es que a un lado y al otro del mostrados no solo esta el banco, esta el propio Ministerio de Economía”. Había afirmado el Diputado Claudio Lozano.

1) LA CENTROIZQUIERDA DENUNCIA TRAFICO DE INFLUENCIAS
El Gobierno blanquea el rol que jugó Arcadia, la consultora bajo sospecha
Incluirá en el prospecto de la oferta cómo jugó la "boutique financiera" que motorizó el canje.
Por: Gustavo Bazzan
CLARIN
La consultora Arcadia Advisors busca salir del foco de las sospechas que un grupo de diputados de izquierda, liderados por Claudio Lozano, depositaron sobre ella. Con acuerdo del Gobierno y de los bancos organizadores, Arcadia logró que unos párrafos del prospecto que le dará forma legal a la propuesta de canje estarán dedicados a explicar cuál fue su papel en el armado de esta operación. Es, de algún modo, un blanqueo de su papel en este proceso.
Arcadia es propiedad del abogado Marcelo Etchebarne y el economista Emilio Ocampo. Quienes los conocen, dicen que reúnen las cualidades necesarias para llevar adelante los negocios en los que se involucran: Etchebarne es un abogado con profundo conocimiento del marco legal adecuado para este tipo de operaciones. Ocampo acredita 17 años de experiencia en varios de los principales bancos de inversión del mundo. Finalmente, pero no menos importante, para esta ocasión demostraron tener los contactos adecuados para empujar su idea (el canje) hasta que fuera adoptada como propia por el matrimonio Kirchner.
Lo que para Arcadia son "buenos contactos", para la gente de Proyecto Sur (el bloque del que participa Lozano) bien podría llamarse "tráfico de influencias". Lozano apunta a qué papeles jugaron, en distintos momentos, funcionarios como Juan Carlos Mazzón, Amado Boudou, o el ex jefe de Gabinete, Sergio Massa.
Según la información que recogió Clarín, y que ya publicó este diario días atrás, el ingreso de Arcadia a la historia del canje se produce en enero de 2008, y no en Buenos Aires, sino en Miami.
Allí se realizó una conferencia organizada por la publicación especializada Latin Finance, donde se hablaba de la situación de la deuda en default de la Argentina.
Argumentando contra el pensamiento rabiosamente intransigente que dominaba por esos días a los "holdouts" y sobre todo a los "fondos buitres", uno de los expositores, el abogado Marcelo Etchebarne, se paró en la vereda de enfrente. Dijo que la solución pasaba por acercarse al Gobierno aceptando que había sido un error no entrar al canje de 2005.
Un representante del fondo Gramercy -que tenía en su poder bonos en default por 1.800 millones de dólares- compró la idea.
En febrero de ese año, Etchebarne y Ocampo salieron a buscar un banco internacional que les hiciera de paraguas. Citigroup dijo no y el JP Morgan los acompañó hasta que estalló el escándalo de su ex empleado Hernán Arbizu, acusado de sacar dinero de cuentas de sus clientes. Finalmente el que aceptó involucrarse fue el Barclays. El banco inglés exigió ser el organizador de la propuesta. Por eso Lozano dice que está de los dos lados del mostrador: como representante de los bonistas y como asesor del Gobierno nacional.
El conflicto con el campo y el estallido de la crisis global dejó todo en el freezer. Con todo, en agosto de 2008 Arcadia logró entrar a la Casa Rosada gracias a Juan Carlos Mazón, pieza clave en las operaciones políticas del matrimonio Kirchner. Los recibe el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa. quien les exigió sumar al Citi y al Deutsche. Pero pronto la negociación entró en zona muerta.
La llegada de Amado Boudou poco después de la derrota oficialista en las elecciones de 2009 reanimó la negociación. Boudou inauguró un discurso "amigable" hacia los mercados que cayó bien en los oídos del matrimonio presidencial.
La recuperación global pavimentó el camino, pero la crisis por el primer DNU de las reservas, seguida por la expulsión de Martín Redrado del Central congeló todo. Los problemas financieros en Dubai y luego en Grecia sembraron más dudas.
El Gobierno mantuvo viva la operación que finalmente ayer, y tras largas demoras, se anunció oficialmente. Para Arcadia Advisors es un alivio. Está más cerca de cobrar sus honorarios. Dicen que la factura, por 5 millones de dólares, la pagará Gramercy.

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Argentina: Luces y sombras en el empleo público

Walter Damián Pinuer (RIO NEGRO ON LINE)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de dictar dos fallos emblemáticos en materia laboral en el ámbito público ("Ramos, José Luis c/Estado nacional [Min. de Defensa - ARA] s/indemnización por despido" y "Sánchez, Carlos Próspero c/AGN s/despido", ambos de 6/4/10). Se trata de dos casos testigo de la evasión de las normas laborales y del accionar estatal lindante con el fraude laboral en materia de contratación de agentes para el desempeño de tareas normales, propias y específicas del Estado, pero bajo el ropaje de contratos de locación de servicios y, como tales, con una duración determinada, sin derecho a indemnización en caso de rescisión y, lo que es más grave, continuamente renovados.

En el primero de los casos, el actor se desempeñó durante 21 años como técnico en la Armada Argentina, bajo una figura prevista en el artículo 17 del decreto 4.381/73, hasta que su contrato, que según aquel dispositivo no podía superar los 5 años de duración, fue rescindido luego de varias renovaciones. Se reclamó una indemnización por la ruptura del vínculo, invocando en su favor la tutela del artículo 14 bis de la Constitución nacional que, entre otras, garantiza la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad de los agentes públicos. Sin embargo, es aquella protección la que someramente se invoca para invalidar la decisión de la Cámara Federal de La Plata, que había rechazado la demanda. En efecto, luego de señalar aquella garantía, la mayoría del máximo tribunal entendió que la administración nacional había violado las normas que limitan la posibilidad de renovación del contrato a un máximo de 5 años, amén de señalar que al actor le era reconocida su antigüedad en el empleo, era calificado periódicamente y gozaba de los beneficios sociales de su empleador. En resumen, la continuidad en el cargo había generado en Ramos una legítima expectativa de permanencia laboral, a lo que se agregó la ilegítima conducta del Estado nacional. Por otra parte, y con buen tino, la Corte no da andamiaje a la vieja doctrina del voluntario sometimiento a un régimen irregular de contratación, que impediría volver sobre los propios actos para pretender una reparación cuando de antemano se conocía su improcedencia. Es que, en materia de derechos laborales, donde la irrenunciabilidad de derechos es la regla, mal podría beneficiarse al sujeto estatal que la impone mediante un contrato de adhesión cuyas cláusulas el trabajador no puede discutir ni modificar.

No obstante el reconocimiento de los derechos laborales del actor, la Corte indica que éste no podría pretender su reincorporación, resultando acreedor, en su caso, de una indemnización que cabe encuadrar, por analogía, en el artículo 11 de la ley de Regulación de Empleo Público Nacional.

Estos grises en el fallo reseñado cobran relevancia en la decisión recaída en el segundo caso ("Sánchez"), pues allí la Corte, con ajustada mayoría (4 a 3) descalifica el fallo emanado de la Sala VII de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había reconocido el derecho al actor, un contador contratado como auditor externo durante ocho años –mediante sucesivos contratos de locación– en la Auditoría General de la Nación, a cobrar una indemnización por despido al amparo del artículo 245 de la ley de Contrato de Trabajo, es decir la sanción por despido sin causa que rige las relaciones de empleo entre particulares. Sánchez había entendido que la no renovación de su contrato importaba una ruptura injustificada del vínculo laboral, que era encubierto por dicha figura. (La decisión a recaer en este caso era aguardada desde hacía tiempo, dada la discrepancia de criterios reinante en las diez Salas de la CNAT, en la que, de un tiempo a esta parte, se reconoce mayoritariamente el derecho a una reparación en supuestos como los indicados).

Cabe recordar que el 9/6/09 el Superior Tribunal de Río Negro, en la causa "Betancur c/Municipalidad de Allen", había dado similar respuesta en un caso de contratación por diez años de una agente que desempeñó tareas normales y regulares de la administración pública y que fuera dejada cesante sin derecho a reparación alguna. Se entendió allí que las figuras contractuales utilizadas por la comuna habían desvirtuado la finalidad tenida en miras por el legislador para habilitar contrataciones temporales, evidenciando un verdadero "fraude al extender una contratación precaria por un plazo que excede el límite de lo razonable" y cubre requerimientos permanentes, como el personal estable. El remedio fue el reconocimiento de la indemnización por despido al abrigo del artículo 245, LCT.

Si bien estos pronunciamientos de la CSJN suponen un llamado de atención a la utilización desmedida de figuras contractuales que no garantizan la protección del trabajador público ni la estabilidad en el empleo constitucionalmente reconocidos, no avanzan en el sentido tuitivo que debería primar de estar a la manda fundamental prevista en el artículo 14 bis, esto es la consagración de la estabilidad propia. Claro está que los actores no peticionaron su reincorporación, que –como señaláramos– la Corte se adelanta a descartar, pero entre la garantía de protección contra el despido arbitrario y la estabilidad el tribunal supremo parece optar por la primera.

En el empleo público la estabilidad, como lo remarcara la propia CSJN en un fallo ejemplar ("Madorrán", 3/5/07), tutela la dignidad –"atributo inherente a toda persona" y "centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales"– del sujeto trabajador y comprende el derecho a la carrera administrativa.

Según datos de la CTA, confrontados con un informe del MTEySS, para el último trimestre del 2008 existían en la provincia del Neuquén 93.899 trabajadores en el ámbito privado y 60.448 empleados públicos de planta permanente (48.588 provinciales y 11.860 municipales). En tanto, el número de contratados, es decir de trabajadores precarizados en los distintos estamentos públicos de la provincia, habría ascendido a 25.000.

Ante este panorama, hoy que no sólo el Estado nacional sino también los provinciales y municipales utilizan estas figuras locativas que encubren una verdadera relación laboral, que dejan al contratado al margen de los beneficios sociales (v.gr. vacaciones pagas, aguinaldo, jubilación, etcétera), que lo obligan a inscribirse como monotributista las más de las veces y que suponen una verdadera discriminación por parte de aquel respecto de un sector de trabajadores, convendrá tener presente lo resuelto en los fallos apuntados, a fin de que la jurisprudencia de nuestros tribunales reconozca, al menos, el derecho de éstos a ser resarcidos en caso de ver interrumpidos sin causas de justificación sus "contratos de trabajo". O, lo que es igual, que las cosas se empiecen a llamar por su verdadero nombre.

Walter Damián Pinuer es abogado (UNLP), Instituto de Derecho del Trabajo (CAyPN).

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Talleres clandestinos: La firma Juliana Awada

Elena Luz González Bazán (especial para ARGENPRESS.info)

El 10 de marzo de este año, se publicó en algunos medios que Juliana Awada, quien mantiene una relación sentimental con el actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, tiene en su haber la explotación de talleres clandestinos textiles.

El comunicado y la denuncia de La Alameda dice que fue denunciada, valga la redundancia, por Trabajo esclavo y violar las leyes de migraciones.

En el comunicado de La Alameda se confirma que: Juliana Awada basa su producción en talleres clandestinos con trabajo esclavo.

Todo esto tiene un relevamiento anterior: el 6 de marzo del corriente año, en la Revista Noticias se publica:”Juliana Awada: denunciada por trabajo esclavo”, al día siguiente, pero en la tapa del diario Crónica se titula así: “El glamour puede tener su lado negro”.

La denuncia data de octubre del 2006, La Alameda lo hizo ante el Juzgado Federal y ante el Ministerio de Trabajo por basar su producción en talleres clandestinos, donde se explota brutalmente a inmigrantes indocumentados por una paga miserable y donde existe, además, presumiblemente el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, dice la denuncia.
En tal sentido es responsabilizada la firma Awada en violar la ley de migraciones (artículos 117 a 121) y la ley de trabajo a domicilio (artículos 4, 35 y 36) en los talleres donde confeccionan sus prendas y de los cuales es solidariamente responsable.

Esta denuncia se hizo el 18 octubre del 2006 ante la Fiscalía Federal de Patricio Evers e inmediatamente después recayó en la megacausa que en aquel entonces administraba el Dr Oyarbide.

En la parte específica de la denuncia sobre la firma Awada y Akiabara dice así:

La misma tiene dirección en Soler 5552, en Barrio Norte, la otra en Martínez.

3. AWADA / 4. AKIABARA

Dirección: Soler 5552 (1425). www.awadaonline.com.ar URBAN TREND SA. Dirección: Paraná 3745 L114 Buenos Aires Martínez - San Isidro CP: 1640.

LA FANTASIA: La página web de Awada destaca que «un equipo interdisciplinario de diseñadoras, modelistas y muestristas trabajan cada temporada en la realización de la colección, buscando nuevas tendencias, resaltando detalles, donde la terminación de cada prenda se hace con extremo cuidado y dedicación». La de Akiabara resalta que sus prendas «combinan distintos ejes conceptuales: lo militar se cruza con lo romántico y lo retro, y las texturas vinta ge con finos voiles. Además las telas más clásicas y formales se transforman con detalles constructivos con onda cargo y los algodones con delicadas terminaciones. Las rayas en distintas direcciones y estampados especialmente seleccionados; como floreados con un toque oriental, los lunares y algunos que con reminiscencias de los años '70, vuelven a Akiabara una marca de tendencias con sello propio».
Que dice La Alameda: LA REALIDAD Talleres clandestinos que trabajan para Awada y Akiabara y tercerizan con otros talleres denominados ¨truchos¨ 1.Taller a cargo de Feliciano Mujica - Dirección: Cabildo 5083 - Villa Ballester - General San Martín. Fabricante: Awada. 20 costureros. Todos en negro. Algunos indocumentados. Fuera de convenio. Pago por prenda. Jornada superior a las 12 horas.

2. Taller a cargo de Ricardo Guaigua. - Dirección: Urquiza 6121 -Villa Ballester - General San Martín Fabricante: Awada/ Akiavara. 15 costureros. Todos en negro. Algunos indocumentados. Fuera de convenio. Pago por prenda. Hacen sacos y pantalones. 7 a 20 horas con retiro salvo dos familias que viven ahí. Terceriza con muchos pequeños talleres.
Continúa el informe de La Alameda: Ante la pasividad del Juzgado Federal frente a nuestra denuncia, en marzo de 2008 filmamos junto con equipos de América TV un informe de varios talleres clandestinos de San Martín que trabajaban para grandes marcas que fue emitido el 12 de marzo de 2008 al aire.
También dice el comunicado que el 14 de mayo de 2008 se denunció ante el viceministro de Trabajo Gastón Guarracino una nómina de 30 talleres de la provincia de Buenos Aires que trabajan para grandes marcas, en los cuales estaban incluidos los dos talleres de Awada de Villa Ballester que ya habían sido denunciados y filmados en 2006 y 2008.
A principios de marzo de este año, el costurero Osvaldo Martín García denuncia un taller clandestino de planchado y estampado que trabajaba para varias marcas, entre las cuales se encuentra Awada.

El costurero mencionado afirma que trabajaba en condiciones más que pésimos e inexistente salubridad e higiene, extensas jornadas de trabajo. Una paga miserable muy por debajo del convenio colectivo; que entre sus compañeros varios estaban indocumentados y vivían miserablemente en el taller y que su propia esposa tuvo que trabajar hasta las vísperas del parto por cesárea.

Agrega, en el video, que no tiene ventilación, el calor es insoportable, si la temperatura ambiente es de 35 grados, en el taller 60 grados, sin un lugar para comer, con un solo baño y además más de seis años en negro, como no le pagaron lo que le debían lo echaron porque fue a reclamar,

Este taller está ubicado en Valentín Virasoro 1638, Villa Crespo, Capital Federal y según el costurero denunciante nunca fue inspeccionado como corresponde.
Juliana Awada no es la primera vez que tiene denuncias, durante el anterior gobierno anterior las tuvo, es prima de Daniel Wada denunciado por el gobierno anterior y la Defensoria por su firma Cheeky, en enero de 2007.

El gobierno de Jorge Telerman denunció penalmente a 35 talleres y la Defensoría del Pueblo a más de 60. El actual gobierno no encontró ningún taller clandestino en la Ciudad.

Llamativo… realmente llamativo.

Este es el video


FUENTES: Haydeé Dessal, El Sindical, Anred, fuentes propias.

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Conflicto por Botnia: La Corte de La Haya quiso dejar contentos a todos

PRIMERA FUENTE

El Tribunal Internacional consideró que Uruguay debió haber informado sobre la construcción de las pasteras antes de autorizarlas; el tribunal no avanzó con las denuncias por contaminación, aunque ordenó realizar un monitoreo conjunto por el impacto ambiental.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) decidió hoy que Uruguay incumplió disposiciones internacionales al autorizar la instalación de las pasteras Botnia y Ence y de un puerto en la ciudad de Fray Bentos, aunque dijo que "no hay motivos" para ordenar el desmantelamiento de la pastera finlandesa.

El tribunal planteó que el país vecino no cumplió con obligaciones previstas en el estatuto del río Uruguay la Argentina y Uruguay firmaron en 1975. Concretamente, indicó que el país vecino no informó debidamente sobre la construcción de las plantas de celulosa y que "no tenía derecho" a comenzar su construcción mientras estaba en marcha el proceso de negociación con la Argentina.

Hizo lugar así a parte de la demanda que nuestro país presentó contra Uruguay en 2006 en la que alegó tres violaciones: una autorización unilateral para la instalación de la planta de celulosa de la firma finlandesa Botnia en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú; otra para el caso de la empresa española ENCE (luego desistió de hacerla), también sobre el limítrofe río Uruguay y, por último, la habilitación para construir un puerto para facilitar operaciones.

"Uruguay no transmitió sus evaluaciones o las transmitió luego de haber otorgado las autorizaciones para las dos plantas de celulosa. Uruguay dio prioridad a su legislación interna y nocumplió con su obligación de notificar a la Argentina a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)", sostuvo Peter Tomka, presidente a cargo de la CIJ en el primer tramo de la lectura del veredicto.

"La Corte entiende que Uruguay no transmitió a la CARU la información requerida respecto de las pasteras a pesar de los pedidos que le había formulado la CARU para que actuara de esa manera", completó.

Por otra parte, el tribunal indicó que no tenía elementos para expedirse sobre la contaminación sonora y visual, que también denunció la Argenina, en la zona en la que funciona Botnia.

El mismo criterio aplicó respecto de los malos olores que, según la presentación argentina, produjó la puesta en marcha de la pastera finlandesa. "Ningún artículo del estatuto de 1975 aborda los malos olores que alega la Argentina. Por estas razones, la demanda relativa a los malos olores y a su impacto sobre el turismo argentino no es de competencia de esta Corte", plantea la sentencia.

Sobre este punto dijo además no contar con pruebas respecto de que la pastera utilice procesos contaminantes. "La Corte desestima, en base a la documentación presentada, que la tecnología utilizada por la pastera no cumpla con la utilización de las mejores técnicas para el tratamiento de afluentes", se señala en el fallo.

También en alusión a la contaminación ambiental denunciada por la Argentina, indicó: "No hay relación directa entre el uso de Uruguay del suelo y de los cambios que se han producido en las aguas que la Argentina atribuye a las plantas de celulosa. No se puede atribuir a Uruguay el cambio de las aguas".

La sentencia de la CIJ, cuya lectura comenzó en Holanda a las 10, es inapelable y vinculante, es decir, deberá ser acatada por ambas partes, sin recurso posible.

El tribunal no se expedirá sobre los bloqueos de la ruta internacional 136 que los vecinos de Gualeguaychú iniciaron en noviembre de 2006, pero dejará poco margen político para la inacción oficial.

Los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica preparan un encuentro para las próximas semanas, en el que podrían abordar el fallo y sus consecuencias para ambos países.

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Instituciones

Silvana Melo (APE)

La muerte es un monstruo ladino que espera siempre a la vuelta de una esquina. Es tan inexorable como igualadora. Nadie podrá ser Gilgamesh por más cuentas en Suiza o poder en las sombras que haya acumulado. Pero sí la muerte, que es esencialmente corrupta, suele saciar su enorme vientre famélico con los más vulnerables, los más rotos por la historia, los que más fatigan para vivir día tras día. Elige arrebatarlos temprano y con dolor. Con inmolación y sufrimiento. En complicidad con el poder al que cada vez le caen peor al estómago los pibes morochos, flacos y a la deriva. A un paso del abismo al que son empujados todo el tiempo.

La historia de Darío Duarte sería una historia más de los centenares de miles de muchachos que intentan sobrevivir en los márgenes, casi expulsado pero luchando por estar, todavía, en un sistema cada vez más exclusivo y exclusor (el sufijo es indistinto, siempre se trata de excluir).

El y toda su familia vivían en el barrio 104, uno de los más estigmatizados de Olavarría. Tenía 25 años, un hijito de 6 y toda una historia, ya, de la lucha por sobrevivir. Ardua. Despareja. No bien tuvo las piernas fuertes como para andar empezó su vida laboral. Y hacía veinte días se había ido con la contratista de Telefónica a Mercedes, la ciudad donde nació Jorge Rafael Videla. Aunque a él ese dato no le hubiera aportado nada. Acaso hasta desconociera el nombre. Al fin y al cabo, él no vivió nunca en dictadura. Pero murió víctima del absurdo y la injusticia.

Con uno de sus compañeros, Matías Verna, salió a la noche mercedina. La supuso tranquila: era una ciudad bastante más chica que la suya de origen. No tenía idea sobre bandas de pibes que detestan a los “villeros”, salidas de colegios confesionales en un obispado que supo estar al mando de monseñor Emilio Ogñenovich. No sabía de patotas que cada primavera gastan 40 mil pesos en pirotecnia, que han sido capaces de tirar a un pibe por la escalera en un boliche, que aparecen en Facebook enorgulleciéndose de que algún día terminarán con “todos los negros analfabetos”. Darío y Matías salieron a la noche mercedina.

Pasaron ante cuatro o cinco chicas y muchachos y Darío le pidió a una piba un poco de cerveza. “La pagué yo, flaco”, dicen que le contestó uno de la barra. Palabras que se cruzaron y de repente eran quince y se le vinieron todos encima y todos sobre Darío a trompadas y cinturonazos hasta que no se movió más y alguien llamó a una ambulancia y el pibe ya no respiraba y los demás alrededor de la ambulancia, “como si nada” y Darío se había muerto. Sin sentido. Morocho, obrero, extranjero en la noche mercedina. Por ahí, dicen, andaban los sobrinos de un fiscal. Hablan del hijo de un concejal. Chicos del colegio San Patricio. De “El Halcón”, una de las bandas que prefiere un planeta sin “villeros” ni “negros analfabetos”.

Una parte de Mercedes se sacudió de horror. Los pibes de esa parte de Mercedes convocaron por Facebook a una marcha que juntaría a siete mil y que fue llamada por Ana Brea, de 19, que le puso nombre a todos los que están hartos de la extraña violencia de pibes clase media, armadores de bandas surgidas de colegios confesionales como el San Patricio. Mercedes es cabeza del Poder Judicial, de la Gendarmería, de la departamental policial, de la Diócesis. Hay cárcel, también. Tanta institución acumulada, como un fuerte donde se escudan los elegidos, no sirve de nada a la hora de la justicia: el juez de garantías caratuló “homicidio en riña” a un episodio en que quince personas destrozaron a una en soledad. Y no es un detalle: el homicidio en riña prevé una condena de 2 a 6 años. Y el homicidio simple, de 8 a 25.

Las instituciones parecen cáscaras que se caen de a pedazos en estos días. Ninguna de ellas puede evitar que haya mucha gente muerta de miedo. Todo lo contrario. Ninguna de ellas pudo evitar la muerte estúpida y atroz de Darío.

Pero hay, tal vez, una certeza iluminadora: una vez más un pibe de los márgenes, moreno y castigado, muerto por ser justamente eso, puede desnudar impúdicamente la inequidad de las instituciones soberbias e intocadas. Puede, acaso, cambiar algo. Desde su humildad y su martirio.

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Argentina, Córdoba: Trabajadores de LV2 en lucha. Por interés baila el mono

Daniel Klocker (PRENSA RED)

En poco más de dos semanas, los medios del monopolio de doña Ernestina de Noble decidieron que la grave situación por la que atraviesan los trabajadores de LV2 era tema de agenda y desplegaron su artillería informativa contra el ex funcionario “K”, Ricardo Jaime, sindicado como dueño de la emisora y del diario La Mañana.

Los trabajadores de LV2 vienen llevando adelante desde hace cuatro meses una ejemplar lucha en defensa de la fuente laboral que involucra el futuro de 65 familias y a la historia de una radio, pionera en la radiofonía cordobesa.
Hasta ahora y salvo muy honrosas excepciones, los grandes medios de comunicación local, y ni que hablar de los nacionales, se hicieron debido eco de la grave situación por la que atraviesan los trabajadores de la radio.
Es más, cada llamada a la redacción de esos medios para convocarlos a realizar alguna actividad solidaria en apoyo de los compañeros, caía en saco roto. “Ya vamos a ver”, “no hay espacio”, “manden la gacetilla”, eran las respuestas mas formales y patéticas de los interlocutores de turno.
Es decir el tema, como todos los que involucran a los compañeros de la comunicación no interesaban a los colegas, porque hay fuertes intereses de por medio que impiden, por ejemplo, visibilizar la problemática de los trabajadores de LV2 ante la sociedad.
Vende más, una pobre docente que hace como seis meses que no cobra y que hace dedo para ir a dar clase, que casi setenta trabajadores de una radio que hace cuatro meses que no cobran sus salarios y dos que están ocupando pacíficamente la emisora porque los dueños los abandonaron a su suerte. ¿Los compañeros de LV2 no serán trabajadores para los jefes de informativos o de Redacción?
Pero de repente y por arte de magia “el tema de LV2” se instaló en la agenda de los grandes medios de comunicación, en especial los propiedad del Grupo Clarín, y una punta del repentino interés del monopolio por el destino de los trabajadores, se vislumbró el viernes.
Ese día, y en oportunidad de la visita solidaria a la radio del Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, los periodistas del noticiero de Canal 12 se llegaron a 27 de Abril 775 para hacerle una nota al funcionario nacional, que tuvo como eje la presunta participación de Ricardo Jaime en la compra de la emisora al Grupo Vila-Manzano.
Y la zaga del “Jaimito” caído en desgracia continuó con toda virulencia el domingo pasado cuando “El gran diario argentino” encabezó una página con una nota titulada “La Justicia ya investiga a los medios que se sospechan ligados a Jaime” (http://www.clarin.com/diario/2010/04/18/elpais/p-02183224.htm), en la cual se informa puntillosamente sobre la investigación que está llevando a cabo el juez Norberto Oyarbide contra el ex funcionario “K” por enriquecimiento ilícito.
Dos semanas atrás, el hermano mayor del diario de Ernestina de Noble: La Nación había revelado la conexión entre LV2 y la firma Delome SA que para el juez Norberto Oyarbide es una "pantalla" utilizada por Ricardo Jaime para "ocultar la verdadera propiedad de todos sus bienes", entre ellos la radio y el diario cordobés.
Es decir, que de pasar a tener cero interés en la agenda de los grandes medios, “el caso LV2” se nacionalizó y ahora todo el país sabe por la grave situación que atraviesan los compañeros de la radio, que no empezó cuando Canal 12 lo puso al aire o Clarín y La Nación lo mostraron en letra de molde
No señor, el desguace de la radio se remonta a mucho tiempo atrás, y se agudizó en diciembre pasado, cuando la patronal abandonó a los compañeros a su suerte y desde ese momento dejaron de percibir sus salarios.
En el informe del domingo, “El gran diario argentino”, decidió ir hasta el hueso y en un hecho que debe tener pocos antecedentes, entrevistó al secretario Gremial del Cispren, Víctor Beccaria, al secretario General de la delegación del gremio en Villa María, Franco Gazzoli y al compañero de LV2, Emilio Molina Salas.
¿Pero usted, después de tanta cháchara, se preguntará el por qué del repentino interés por parte de los grandes medios en hacer foco en descubrir al verdadero dueño de LV2 y del diario La Mañana.
Muy fácil porque a Ricardo Jaime su pasado “K” lo condena y entonces toda la artillería del Grupo Clarín apunta al ex funcionario porque es un capítulo más de la pelea a muerte que el monopolio libra contra los Kirchner.
Entonces, el supuesto interés informativo por la situación de los compañeros de LV2, no es tal, sino que se remite a una sórdida lucha de poder en la cual todo vale.

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La CTA se incorporó en Brasil a la Red de Centrales Sindicales del Hemisferio Sur

Leonardo Severo (ACTA)

En un clima de afirmación de clase, lucha y solidaridad, abrió en la noche del domingo el 9º Congreso de la Iniciativa del Sur frente a la Globalización por los Derechos de los Trabajadores (SIGTUR), evento que reunió a delegados y delegadas de los cinco continentes en el Hotel Braston, en la ciudad de San Pablo, y que se extenderá hasta el viernes 23. “Entendemos de que esta es una articulación fundamental para la afirmación de los intereses de la clase trabajadora a nivel internacional”, dijo Adolfo Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina.

Cantos que remitían a la poesía y al buen combate entonados por decenas de sindicalistas australianos y sudafricanos inspiraron la noche y fortalecieron las convicciones. Músicas que traían recuerdos de lucha contra el apartheid y la afirmación de los derechos, que relataban la dureza del enfrentamiento y compromiso de los agricultores y las empleadas domésticas, de generosidad y espíritu colectivo. De socialismo.

Para el coordinador de SIGTUR, Rob Lambert, la realización del 9º Congreso en un país como Brasil, con una rica experiencia de unidad y movilización de la clase trabajadora, “potencia la construcción de una plataforma política común que una al conjunto de las centrales del Hemisferio Sur en el enfrentamiento a la crisis provocada por la globalización neoliberal”. “Luchamos por el empoderamento de los hombres y las mujeres, por las demandas locales, y el movimiento sindical brasilero ha dado demostraciones muy significativas, con avances en lana ampliación de la democracia, de los derechos y de los salarios de los trabajadores”, argumentó .

El secretario de Relaciones Internacionales de la CUT, João Antonio Felício, cuando se embiste con un evento como el de SIGTUR, “donde se estrechan las relaciones solidarias y el combate al modelo neoliberal, incorporando contribuciones de las centrales filiadas a la Confederación Sindical Internacional (CSI) y a la Federación Sindical Mundial (FSM), se ponen los intereses estratégicos de la clase trabajadora por encima de las eventuales acciones sectarias y aislacionistas”. “Defendemos un proceso de integración de las luchas, como un gesto de autodefensa del Sur”, citó.

Representando a la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Rafael Freire, destacó que SIGTUR representa la determinación del movimiento sindical de ser cada vez más organizado, fuerte y articulado para enfrentar al modelo neoliberal, que apuesta a la militarización, las invasiones y las guerras para mantener la dominación del capital sobre el trabajo. “Las Américas vimos como la acción sindical unitaria, sumando compañeros de la CSI y de la FSM, han ampliado y fortalecido a nuestra capacidad de movilización y de combate en defensa de los derechos de los trabajadores, de nuestros países y pueblos. Fortalecer las redes sindicales como SIGTUR es construir un enfrentamiento claro contra este orden económico injusta. Nosotros no vamos pagar por la crisis”, subrayó.

El secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Adolfo Aguirre, informó que esa entidad decidió sumarse a SIGTUR ya que “entendemos de que esta es una articulación fundamental para la afirmación de los intereses de la clase trabajadora a nivel internacional”.

El dirigente señaló que cada vez más está sobre los hombros de la clase trabajadora “escribir de que forma se construyó este otro mundo posible”. “Necesitamos dar a nuestra intervención la importancia del fútbol: invrtiendo en la defensa y en el medio campo, pero también muchísimo en el ataque, pues para vencer es necesario hacer goles”, aseveró.

En nombre del Sindicato de los Mineros de África del Sur, Karl Cloete, enfatizó que “este es un momento crucial para el enfrentamiento, una vez que la crisis global del capitalismo que llevó al mundo al colapso”. “Precisamos poner un ponto final a la política neoliberal de privatización y desmonte del Estado. El camino para avanzar fue apuntado por Karl Marx, ya que la historia de todas las sociedades es la historia de la luchaa de clases. Nuestra respuesta es la unión y la movilización”, sostuvo.

Leonardo Severo es Periodista y asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CUT Brasil.

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Argentina: Fondos mineros de La Alumbrera a Universidades Nacionales; ¿Lavado de dinero?

COPENOA

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental del NOA, Gustavo Gómez, no descarta que los fondos que reciben las Universidades Nacionales de la minera La Alumbrera, entre ellas la U.N.Sa. (Universidad Nacional de Salta), esté incursa en el delito de lavado de dinero, con las responsabilidades correspondientes.

Para el Fiscal Gómez: “Todas las autoridades que aprueben la recepción de estos dineros, teniendo conocimiento de que provienen de un hecho concreto de contaminación ambiental, de un delito de contaminación ambiental, articulan como encubridores del delito”.

Gómez investiga una de las causas penales abiertas sobre la minera La Alumbrera, donde se procesó a Julián Rooney, alto directivo de la multinacional.

“La situación que se está presentando en las causas penales por contaminación ambiental, generan un perjuicio al Medio Ambiente que la propia empresa reconoce en su informe de impacto ambiental. La prueba esencial que ha presentado en el Ministerio Público Fiscal, que posibilitó el procesamiento del -vicepresidente de Asuntos Públicos de la suiza Xstrata Cooper (operadora de Minera Alumbrera), - Julián Rooney , tuvo que ver justamente con utilizar los informes de impacto ambiental que la misma empresa presenta y los informes de la Secretaría de Minería de la Nación. Esos índices se comparan con la Ley 24.051, que es la establece los delitos ambientales y se concluye finalmente en que están por encima de esos índices, y por lo tanto esta configurado el ilícito que prevén los articulo 156 y siguientes. El estar probado que se está contaminando el ambiente por encima de un monto que lo configura como un delito, hace que el dinero que se gane y que se reparte con todas las Universidades del país, tenga un origen espúreo, es decir, es dinero que se gana en base a la contaminación ambiental, que se produce, incluso en base al daño que se le provoca en la salud a muchas personas que están afectadas por esta contaminación ”. Expresa de forma categórica el Fiscal Federal.

El Fiscal federal Antonio Gómez, fue entrevistado por el periodista Marco Díaz Muñoz, Director de la Agencia de Noticias Copenoa. Para el fiscal Federal, que indaga sobre delitos ambientales: “ Si en algún momento se obtiene una condena con algún integrante de minera La Alumbrera, todo ese dinero será de origen espúreo y cualquier distracción del ese dinero, de hacer circular ese dinero, puede ser considerado como lavado de dinero ”, aclaró contundentemente el Fiscal Federal Antonio Gómez, a Copenoa.

Gómez también calificó como “ un hecho de corrupción ”, la aceptación de los dineros provenientes de La Alumbrera por parte de las Universidades Estatales, responsabilizando a Consejeros universitarios de actuar amparados en la impunidad.

El Fiscal federal Gómez enfrento en el año 2008 una presentación judicial, que tenia como objeto alejarlo de su cargo, según organizaciones ambientalistas impulsada desde empresas privadas y funcionarios gubernamentales, por haber promovido una acusación contra Minera Alumbrera por contaminar.

La Agencia de Noticias Copenoa reproduce el audio de la entrevista exclusiva brindada por el Fiscal Federal Antonio Gómez, al periodista Marco Díaz Muñoz.

Audio Fiscal federal Antonio Gómez







http://www.copenoa.com.ar/IMG/mp3/Fiscal_Gomez_ini2-2.mp3



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Bosques nubosos y yungas en peligro

Norberto Ovando (COPENOA)

Todos los esfuerzos que actualmente se están realizando para detener la pérdida de la biodiversidad podrían ser infructuosos ante el cambio climático global, considerado como una seria amenaza para los ecosistemas más vulnerables como los bosques nubosos o yungas.

Características

La presencia frecuente de nubes o neblina es probablemente la característica más sobresaliente de estos ecosistemas tropicales y subtropicales.

Por esta razón se los llama bosques nubosos, nublados, de niebla o nubiselvas. En Argentina y Bolivia tambien se los denomina “selva de montaña de las yungas”.

Las selvas de montaña nubladas concentran una variedad de microclimas, comunidades naturales y especies de plantas y animales únicos.

Los bosques nubosos ofrecen servicios ambientales irremplazables a la sociedad debido a su diversidad ecosistémica, a su gran variedad de flora y fauna, como proveedores de agua dulce o como fuente de recursos naturales.

A pesar de su fragilidad, los bosques de niebla han mantenido gran parte de su biodiversidad.

Impactos sobre las selvas nubosas

Aproximadamente en América Latina ocupan una superficie de 23 millones de hectáreas, que año a año se van perdiendo debido a la presión que sufren por la tala legal e ilegal para convertir las tierras en campos de cultivo, de pastoreo o explotaciones industriales.

A esta presión se le está sumando la pérdida de humedad debido al cambio climático mundial que están valorando los Investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid -UPM-.

Del estudio se desprende que al ser ecosistemas frágiles, cualquier cambio en las condiciones ambientales puede afectar negativamente al ecosistema. Los cambios en el medio ambiente físico y la biota tienen notables efectos en la composición, la recuperación y la productividad de los ecosistemas, así como en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, en la salud y en el bienestar humano.

Degradación

Estudiado la situación actual de la vegetación en el Bosque de Neblina de Cuyas en la provincia de Ayabaca, situada al noreste de la región Piura, en el extremo occidental de la cordillera de los Andes, Perú, los científicos de la UPM han llegado a determinar “que se está produciendo una disminución del número de especies y un excesivo aumento de arbustos, este cambio de especies impiden el desarrollo de los grandes árboles que antes ocupaban toda la zona”.

Para llegar a este resultado, los expertos de la ETSI de Montes de la UPM realizaron un primer análisis donde se comparó la riqueza de especies del arbolado adulto con la riqueza de especies del arbolado joven. Un análisis posterior estudió la dinámica entre dos grupos de especies: un primer grupo, compuesto por especies que necesitan una elevada humedad ambiental para su desarrollo, y otro con especies menos exigentes, que se regeneran bien aunque la humedad ambiental sea menor. El estudio ha comparado la proporción de ambos grupos entre los árboles adultos y los árboles jóvenes.

“En los resultados del primer análisis se observó que muchas especies de árboles que antes aparecían por toda el área boscosa, ahora sólo encuentran zonas adecuadas para su desarrollo en terrenos más interiores del bosque (las zonas más refugiadas)”.

“En el segundo análisis, se observó que las especies que necesitan más humedad tan solo están regenerándose en las zonas del bosque donde hay pequeños valles, por donde transcurren cursos de agua constantemente, o en las zonas de mayor altitud, donde la temperatura es menor y la humedad mayor”.

Disminución de la humedad

“Todo parece indicar que la razón por la que estos dos fenómenos están sucediendo de forma simultánea es que las condiciones de elevada humedad, esenciales para que existan los bosques de niebla, han disminuido. El grado de humedad que antes había en todo el bosque ahora sólo se mantiene en el interior y cerca de las zonas por donde transcurren riachuelos, de ahí que los árboles se refugien en las zonas interiores y más húmedas del bosque. Asimismo, estudios recientes han demostrado que ha aumentado la altitud a la que aparece el cinturón de nubes en los Andes, y las especies con mayores requerimientos de humedad “siguen” a las nubes hacia zonas más altas, donde encuentran las condiciones adecuadas para su desarrollo”.

“Si la extensión del bosque no es suficientemente elevada, muchas especies ya no se regenerarán, y si las condiciones climáticas cambian, los bosques tal y como hoy los conocemos no se podrán adecuar a las nuevas condiciones y darán paso a un bosque más degradado”. La Unión Mundial para la Naturaleza -UICN-, a través de programas y proyectos concretos está trabajando para la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los bosques nubosos en América Latina.

Conclusión

Es necesario identificar y controlar las causas por las que se están degradando las áreas boscosas y trabajar para lograr la recuperación de la vegetación natural y aumentar la viabilidad del ecosistema yungueño a largo plazo.

El Gobierno debe desarrollar campañas de concientización y sensibilización a nivel local y regional sobre los valores del eco región de las Yungas utilizando los medios de comunicación masiva. Se debe intensificar el conocimiento de los responsables en regular y tomar las decisiones sobre el manejo de los ecosistemas boscosos.

Norberto Ovando es vicepresidente de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales - AAPN - Experto Comisión Mundial de Áreas Protegidas - WCPA - de la UICN. Red Latinoamericana de Áreas Protegidas (RELAP).

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El Partido Nacionalista Escocés lanza un manifiesto electoral

ANSA

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) lanzó hoy su manifiesto electoral, con la promesa de proteger los servicios públicos vitales de recortes propuestos "por partidos con sede en Londres".

La agrupación se mostró a favor de la independencia de Escocia y por el aumento de una mayor representación del BNP en el Parlamento de Westminster.

Mientras, los Verdes Escoceses lanzaron su plataforma electoral con promesas de políticas ecológicas y sustentables para la economía, en tanto que la coalición socialista STUSC anunció su manifiesto enfocado en una mayor justicia social.

Esta tarde los laboristas, liberales democráticos y conservadores continuarán con sus respectivas campañas electorales, en vistas a los comicios generales del 6 de mayo. El jefe del SNP, Alex Salmond, presentó el manifiesto de su partido en una ponencia en Glasgow, y prometió que en caso de ganar las elecciones defenderá planes de salud gratuitos y descuentos de transporte para los más necesitados.

También se mostró a favor de extender las licencias por paternidad e incrementar el salario vital mínimo, en línea con las ganancias.

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