martes, 11 de mayo de 2010

La religión de mercado

Eric Toussaint (CADTM, especial para ARGENPRESS.info)

Casi todos los dirigentes políticos, ya sean de la izquierda tradicional o de la derecha, ya sean del Sur o del Norte, confiesan una verdadera devoción por el mercado, y en particular por los mercados financieros. En realidad habría que decir que ellos han montado una verdadera religión del mercado. Cada día, en todas las casas del mundo que tienen televisión o internet, se celebra una misa dedicada al dios Mercado durante la difusión de la evolución de las cotizaciones de la Bolsa y de los mercados financieros.

El dios Mercado envía sus señales a través del comentarista financiero de la televisión o de la prensa escrita. Esto sucede no sólo en los países más industrializados sino también en la mayor parte del planeta. En Shanghai o en Dakar, en Río de Janeiro o en Tombuctú, uno puede saber cuáles son «las señales enviadas por los mercados». En todas partes, los gobiernos han llevado a cabo privatizaciones y han creado la ilusión de que la población podría participar directamente de los ritos del mercado (mediante la compra de acciones) y que como contrapartida se beneficiaría si interpretaba correctamente las señales enviadas por el dios Mercado. En realidad, la pequeña proporción de población trabajadora que adquirió acciones no tiene el más mínimo peso sobre las tendencias del mercado.

De aquí a algunos siglos, quizás se leerá en los libros de Historia que, a partir de los años ochenta del siglo XX, hizo furor cierto culto fetichista. La expansión así como el poder que llegó a tener dicho culto quizás se relacionará con los nombres de dos jefes de Estado: Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Se destacará que este culto se benefició desde sus inicios de la ayuda de los poderes públicos y de las potencias financieras privadas. En efecto, para que este culto encontrara cierto eco en las poblaciones, fue necesario que los medios de comunicación públicos o privados le rindieran pleitesía cotidianamente.
Los dioses de esta religión son los Mercados Financieros, a los que se dedicaron templos llamados Bolsa, y en donde sólo son convidados los grandes sacerdotes y sus acólitos. Al pueblo de los creyentes se invita a entrar en comunión con los dioses Mercados mediante la pantalla de TV o del ordenador, el diario, la radio o la ventanilla del banco. Hasta en los rincones más recónditos del planeta, gracias a la radio o la televisión, centenares de millones de seres humanos, a quienes se niega el derecho de tener sus necesidades básicas satisfechas, son convidados a celebrar a los dioses Mercados. Aquí en el Norte, en la mayoría de diarios leídos por los asalariados, las amas de casa y los desocupados, existe una rúbrica del tipo «dónde colocar su dinero», a pesar de que una aplastante mayoría de lectores y lectoras no cuenta ni con una acción en la bolsa. Se paga a los periodistas para que ayuden a los creyentes a comprender las señales enviadas por los dioses.
Para aumentar el poder de estos dioses sobre el espíritu de los creyentes, los comentaristas anuncian periódicamente que éstos han enviado señales a los gobiernos para indicarles su satisfacción o su descontento. El gobierno y el Parlamento griegos, habiendo comprendido finalmente el mensaje recibido, han adoptado un plan de austeridad de choque que hará pagar la crisis a los de abajo. Pero los dioses siguen descontentos con el comportamiento de España, Portugal, Irlanda e Italia. Sus gobiernos también deberán llevar como ofrendas importantes medidas antisociales para calmarlos.
Los lugares donde los dioses abruman con la manifestación de sus humores están en Nueva York, en Wall Street, en la City de Londres, en las Bolsas de París, de Frankfurt y de Tokio. Para medir su satisfacción, se inventaron instrumentos que llevan el nombre de Dow Jones en Nueva York, Nikei en Tokio, el CAC40 en Francia, el Footsie en Londres, el Dax en Francfort, el IBEX en España. Para asegurarse la benevolencia de los dioses, los gobiernos sacrifican los sistemas de seguridad social en el altar de la Bolsa, y además privatizan.
Valdría la pena preguntarse por qué a estos operadores se les ha otorgado esta dimensión religiosa. Ellos no son ni desconocidos ni meros espíritus. Tienen nombre y domicilio: son los principales dirigentes de las 200 multinacionales más grandes que dominan la economía mundial con la ayuda del G7 y de instituciones tales como el FMI —que volvió al centro del escenario gracias a la crisis después de haber pasado un tiempo en el purgatorio—. También actúan el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, aunque ésta no esté en su mejor momento, nadie sabe si de nuevo puede ser la elegida de los dioses. Los gobiernos no son una excepción: desde la era de Reagan y Thatcher abandonaron los medios de control con que contaban sobre los mercados financieros. Dominados por los inversores institucionales (grandes bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros, hedge funds...) los gobiernos les donaron o prestaron billones de dólares para que puedan cabalgar de nuevo, después del desastre de 2007-2008. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra prestan diariamente, con un tipo de interés inferior a la inflación, enormes capitales que los inversores institucionales se apresuran a utilizar en forma especulativa contra el euro, contra las tesorerías de los Estados, etc.
Actualmente, el dinero puede atravesar fronteras sin ninguna imposición fiscal. Cada día circulan en el mundo 3 billones de dólares saltándose las fronteras. Sólo menos del 2 % de esta suma se utiliza directamente en el comercio mundial o en inversiones productivas. Más del 98 % restante se dedica a operaciones especulativas, en especial sobre las monedas, los títulos de la deuda o las materias primas.
Debemos terminar con la trivialización de esta lógica de muerte. Se necesita crear una nueva disciplina financiera, expropiar a este sector y ponerlo bajo el control social, gravar con fuertes impuestos a los inversores institucionales que primero provocaron la crisis y después se aprovecharon de ella, auditar y anular las deudas públicas ilegítimas, instaurar una reforma fiscal redistributiva, reducir radicalmente el tiempo de trabajo con el fin de poder contratar masivamente, pero sin disminuir los salarios, etc. En dos palabras, comenzar a poner en marcha un programa anticapitalista.
Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz.

Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org ), es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lieja (Bélgica) y de la Universidad de Paris VIII (Francia). Es autor de Banco del Sur y Nueva Crisis internacional (editorial Viejo Topo, Barcelona, Enero 2008; editorial Abya-Yala, Quito, Junio 2008; Observatorio DESC, La Paz, Octubre 2008), autor de Banco mundial, el golpe de estado permanente (El Viejo Topo, Barcelona, Enero 2007; Editorial Abya-Yala, Quito, Julio 2007; CIM, Caracas, Agosto 2007; Observatorio DESC, La Paz, Noviembre 2007); autor de La Bolsa o la Vida (CLACSO, Buenos Aires, 2004; Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2004; editorial Abya-Yala, Quito, 2002); Coautor con Damien Millet de 60 Preguntas/60 respuestas sobre la Deuda, el FMI y el Banco Mundial, Icaria/Intermón Oxfam, Barcelona, 2010.

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El medio ambiente y la elección consciente del socialismo

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Desde el momento que comenzara a imponerse el sistema económico del capitalismo a todas las naciones de este planeta se modificó sustancialmente la relación de armonía y de dependencia existente entre los seres humanos y el medio ambiente, lo cual se agudizó más en aquellas naciones que le han servido de soporte al desarrollo económico Europa, Estados Unidos y Japón mediante la explotación indiscriminada de sus recursos naturales, sin que haya una retribución efectiva que minimice, por ejemplo, sus niveles de pobreza.

Tal situación ha implantado un desdén suicida en la conciencia de las personas por la preservación de todo lo que integra un ecosistema, a tal punto que muchas empresas buscan paliar los efectos destructivos y contaminadores de sus actividades a través de fondos de ayuda, pero sin invertir un céntimo para hallar alternativas a corto o mediano plazo que den cuenta de sus esfuerzos por sanear los suelos, el aire y las aguas, otorgándonos a todos una oportunidad de vivir sin la zozobra del cambio climático que nos afecta mundialmente.

De ahí que el socialismo viene a ser una elección consciente que debemos asumir frente al capitalismo depredador, ya que el mismo no está orientado por un afán desmedido de obtener ganancias fáciles sino, más bien, por una visión ecologista de la vida. Sin embargo, hay que acotar que algunas personas convencidas de su necesidad histórica siguen aferradas a los esquemas desarrollistas del capitalismo como fórmulas efectivas para sacar a sus países del nivel de atraso y dependencia en que se encuentran, con lo cual estarían contribuyendo también a que la situación de deterioro acelerado de nuestro medio ambiente continúe, sin que se vislumbre una solución factible e inmediata al enorme problema creado por dicho sistema económico. Ello es parte de la contradicción que debe enmendarse en beneficio de todos los seres vivos de este planeta, por lo cual les corresponde a los revolucionarios socialistas definir un modelo económico completamente distinto al capitalismo, sin que sobrevivan resabios de éste en el nuevo modelo económico socialista por instaurarse.

Esto nos impone un debate político serio que deben emprender por igual todos los ciudadanos en cada uno de sus países, no solamente por los ecologistas, convirtiendo así el tema ambiental en una materia de primer orden que active un cambio sustantivo e integral en la manera de hacer la política. Hay que revisar, en consecuencia, los modos de producción vigentes, dado que el capitalismo industrializado mantiene un régimen consumista voraz, basado en un presupuesto errado de la profusión de los recursos naturales, como asimismo la administración de los mismos por parte de algunas naciones en proceso de crecimiento económico. En la República Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, tenemos que, por mandato constitucional, se establece el derecho y el deber de cada generación de proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, no obstante, su producción de hidrocarburos contribuye a elevar los niveles de deterioro de nuestra capa de ozono al ser consumida tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados; una cuestión que, al examinarla objetivamente, resulta discordante, por mucho que se alegue en contrario, pero que no se ha abordado abiertamente todavía.

Semejante realidad nos obliga a trascenderla mediante la construcción decidida del socialismo -pero sin las aristas del capitalismo-, sobre todo, cuando la crisis capitalista nos ubica ante la perspectiva nada descartable de nuevas guerras imperialistas que, inevitablemente, aumentarían aún más las cifras extremas de escaseces, hambre y miseria existentes en la Tierra, además del control directo de las fuentes energéticas y otros recursos naturales estratégicos de parte del imperialismo yanqui-sionista y sus socios europeos. Ello constituye, sin duda, una tarea histórica inaplazable a cumplir por los revolucionarios.

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Chile pos catástrofe: Las crisis que se aproximan

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Si existen dos estructuras que se han visto desmembradas y desmejoradas en su accionar después del terremoto han sido el Estado y los partidos políticos, lo que nos conduce a pensar en los temas del gobierno representativo y el Estado moderno.

Por más que se genere una impresión de que en la política y en el Estado, “aquí no ha pasado nada o muy poco”, el doble efecto de un terremoto y un cambio de filosofía política con un intervalo tan breve, ejerce de por sí una gravitación política inmensa, cuya dimensión más exacta no es posible aquilatarla de inmediato con profundidad.

Esa impresión es transmitida por los partidos políticos y la coalición que asumió el gobierno para salvaguardar la preciada gobernabilidad, y más aún para enfrentar los efectos del terremoto. Hay indicios de un debate fragmentado e incompleto, en los libros de análisis de la derrota de la Concertación (Eugenio Tironi) y el triunfo de la alianza de derecha (Andrés Allamand), que lo confirman.

Elaborados con una imagen de Chile pre terremoto, estos análisis claramente exhiben problemas en las conclusiones y la proyección política, por la simple razón del impacto del terremoto en dos estructuras esenciales que le dan vida al país político: el Estado y los partidos políticos.

Crisis es un término controvertido, especialmente en dos áreas tan centrales al poder y la gobernabilidad de una nación como son el Estado y el sistema de representatividad. Extrañamente, crisis es más “digerible” para la economía, siendo que en las últimas décadas o quizás siempre, la determinante económica ha costado la vida de gobiernos y regímenes.

Aún así, crisis de Estado y crisis política exuda caos en la gobernabilidad y suena a desintegración de naciones. No es el caso en muchas situaciones, sin embargo hay una marcada renuencia (en la cúspide del poder) a no aceptar que los estados y sus sistemas políticos entraron en un latido de crisis intermitente aunque permanente, desde los ajustes fiscales a que se someten las naciones cuando crecen económicamente sin sustentación y no cumplen obligaciones económicas internas e internacionales. Grecia es el caso más actual y descarnado, y estamos hablando en el contexto de una preciada integración como es la comunidad europea.
En Chile desde el terremoto del 27 de febrero, los acuerdos políticos han sido mínimos y superfluos –el más importante, el alza de impuestos, es un debate antiguo- y el Estado se ha visto rudimentario frente a la magnitud de la emergencia.

Como que el “antes y un después del terremoto”, se adapta de acuerdo a la conveniencia para justificar un determinado objetivo. Es decir, la radiografía del país que produjo el terremoto opera apenas como un comodín político, y por la urgencia de la tragedia humana, se evita discurrir en los asuntos más profundos que están pendientes desde hace muchas décadas.

Aquí se observa una complicidad generalizada, porque de lo que se trata en definitiva para los que han estado en el poder, es mantenerlo a toda costa.
La pronta diligencia parlamentaria para investigar el manejo gubernamental del corto período clave pos terremoto, confirma que estamos en presencia de un país con un aparato político proclive a los diagnósticos y los análisis y renuente a pronunciarse con profundidad en políticas públicas que languidecen en la espesura política, y que podrían haber contribuido a prevenir efectos importantes de la catástrofe. En una entrevista radial del día lunes 10, el ex director de la oficina de emergencia del gobierno, Alberto Maturana, enfatizaba este punto.
No siempre un buen análisis es una condición suficiente para una eficiente o correcta política pública. El análisis puede ser más “puro”, y no depende de compromisos. En cambio la política pública se hace y se prueba en el campo árido de las transacciones.

En todo este panorama, el terremoto ha revelado situaciones críticas tanto en el aparato del Estado como en el componente más vital del aparato político como son los partidos.
Es así que la grandilocuente frase “reconstrucción nacional”, se ha visto aquietada por cuestiones más básicas de supervivencia y de enfrentar el frío de todo tipo. En lo esencial se observa un Estado mermado y pobre en ideas. Digámoslo claro también. Los partidos políticos sin excepción, se han visto desprogramados e inconsistentes, sea por un exceso de cautela, sea por una efectiva carencia de programas.

Así como el terremoto golpeó las bases del modelo de desarrollo chileno, igualmente golpeó la batería de propuestas y convicciones de los partidos políticos. Al centro del fenómeno anotado, reside el problema del poder y la democracia, y del gobierno representativo y el Estado moderno

El Estado en los orígenes de su modernidad, surge como constitucional y liberal antes que democrático, operando bajo los dos principios de la tradición republicana: la primacía de la ley, la fragmentación y el reparto del poder.

Bajo esa aspiración de representatividad, se demuestra una realidad incuestionable: el mundo se divide entre los que gobiernan (a cualquier nivel de representación) y los gobernados. Curiosamente, los gobernados, que en el momento crucial del sufragio constituyen el porcentaje más alto de la población, son los que pueden incidir en la forma y los contenidos de ese gobierno.

El funcionalismo político de los sistemas de representatividad sobrevive sin modificaciones sustanciales porque significaría desarmar el sistema y no hay cabida para un sistema sin partidos políticos. Bajo este sistema corporativo de poder, el factor de representatividad comprende una cuota insignificante en las decisiones de Gobierno que afectan a los representados. C Schmitt, afirma que “una de las manifestaciones más importantes de la vida legal y espiritual de la humanidad, es el hecho de que, quién detenta el poder real, es capaz de determinar el contenido de los conceptos y las palabras. El César también es el señor de la gramática”.

Al centro se sitúa la desnaturalización de la política en su rasgo más esencial. Mientras más se desnaturaliza la política en cuanto a distorsionar aquellas virtudes del Estado orientadas al bien común, es el Estado el que se desnaturaliza.

Hay una frase de Barack Obama que ha fustigado a los republicanos en los debates de la regulación del sistema financiero y la reforma a la salud: “Hay tareas que solo el Estado puede hacer”. Son palabras que respiran a Thomas Hobbes, pero que también reflejan el actual salvajismo no solo del capitalismo, sino también del sistema del poder.

Hace décadas que el liberalismo republicano provoca más de una inquietud. Existe una rigidez conceptual que lo sustenta, y al analizar sus formas de gobierno emergen el autoritarismo, la pérdida de libertad, y el tema subyacente como son las desigualdades especialmente de poder. El terremoto dejó claro esa parte del análisis que no se aborda.

Foto: Chile, Terremoto, Represión - El ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter, prometió que los militares mantendrán el orden en la región con todo rigor. / Autora: Olesya Aldushenko - RIA NOVOSTI

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Mariategui y el fascismo colombiano

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

El fascismo no cae del cielo como un rayo. Requiere como los huevos de la serpiente un largo periodo de incubación y sobre todo unas condiciones sociales e ideológicas pre-mórbidas que lo hagan factible o viable. Concepciones de periodos históricos pre-capitalistas (corporativos) o premodernos, en donde la religión y el militarismo arcaico perduraron con fuerza como remanentes o “resabios” en la sociedad donde el Fascismo destruyo físicamente a la clase obrera para triunfar.

Tal es el caso del fascismo colombiano actual, tan poco valorado por los llamados “violentólogos”, reacios a aceptar que el asenso actual de Uribe Vélez y la captura completa del Estado colombiano por la mafia narco para militar que representa; tiene un hilo rojo que conduce a las “guerras civiles semireligiosas de peones sectorizados y fanatizados ” desarrolladas por la oligarquía colombiana durante el Siglo XIX y parte del XX, y al “militarismo clerical arcaico” de la llamada Hegemonía conservadora triunfante con Rafael Núñez en la guerra de 1885; consolidada con las dos guerras civiles posteriores (la del 95 y la de los mil días), la dictadura del general de civil Rafael Reyes en 1904, y con el adobo de las ideas del Fascismo italiano, alemán y sobre todo, la apología del Nacional Catolicismo español hecha por escrito a partir de 1920, por los llamados “leopardos” del partido conservador, y por quien 28 años mas tarde llegaría a ser el dictador godo Laureano Gómez.

No eran desconocidas dentro de la pequeña burguesía intelectual y las capas medias de Colombia de aquel entonces, el intenso odio al comunismo ateo y la repulsa a los “alpargatones y piones”, extendida a todos los demás Trabajadores, que inculcaban en sus mentes, los oligarcas vendepatria servidos por los curas reaccionarios. Poco tiempo después, se daría inicio a la contrarrevolución preventiva y la destrucción de las organizaciones sindicales y la matanza de obreros típica de la mentalidad Fascista, como en efecto sucedió con la Masacre de las bananeras ejecutada por el ejército colombiano en 1928, que precipitaría el surgimiento de sus contrarios: El partido comunista colombiano en 1930, junto con el aparecimiento de Jorge Eliécer Gaitán.

También por aquellos años, aunque con escasa difusión, llegaría a Colombia el libro del amauta Mariategui “La escena contemporánea” publicado en Lima en 1924, en donde el gran amauta, como si fuese una excepción, analiza en terreno y en la fecha, desde la óptica de un americano de la Patria Grande, el “experimento Fascista italiano “ (como él lo llama) y con las tesis antiimperialistas de Lenin, toma distancia sutil del Stalinismo que estaba imponiendo su visión mecánica y economicista del fenómeno en donde incluía como una ley universal inexorable, el papel jugado por la social democracia alemana en el asenso del Nazismo alemán.
Mariategui a diferencia de los demás, plantea dentro de su praxis en la lucha de clases de la época histórica del imperialismo financiero que estaba viviendo; el experimento Fascista como un fenómeno “político con matices”, que abarca tanto la economía, como la ideología, el arte, la cultura y la psicología social e individual. En eso radica su originalidad y su vigencia actual. Su permanente mención al clima envenenado, al odio como estado de ánimo, la tonalidad nacional, al humor general de la sociedad, a la atmósfera chovinista, a la actitud espiritual irracional, a sometimiento pávido y medroso de la clase media, donde surge y se desarrolla el Fascismo italiano. Y para que no haya duda de su comprensión amplia del fenómeno, dibuja inigualablemente con profundos trazos psicológicos la personalidad histriónica y perversa de Duce italiano, así como la de otros personajes históricos contemporáneos suyos.

Cuanto provecho le haría a la intelectualidad democrática colombiana, releer hoy “La escena contemporánea” de Mariategui, el amauta peruano que sin ninguna duda pertenece a la Patria Grande Bolivariana; para comprender de una vez por todas, las personalidades aberrantes y compulsivas de Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, “quienes como Rómulo y Remo, chupan de la ubre de la misma loba”.

Para entender que la guerra de rumores, esa nueva especialidad de guerra sucia y de la violentología colombiana del momento, no es más que una emanación podrida de un régimen Fascista podrido en trance de perecer, que no puede expeler nada diferente porque nada diferente lleva en su interior, y porque también es parte inseparable de ese “clima Moral envenenado” del Fascismo tan lucidamente descrito por Mariategui en sus orígenes italianos, aún vigente en la Colombia actual.

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Brasil, periodo preelectoral: Entre la ceguera analítica, la disputa inter-elites y el alejamiento del cargo

Bruno Lima Rocha - Rafael Cavalcanti (BARÓMETRO INTERNACIONAL, especial para ARGENPRESS.info)

Compartimos en este artículo dudas de fondo acerca de las próximas elecciones presidenciales del Brasil y de la capacidad (o la falta de esta), de los movimientos populares (a ejemplo del Movimiento Sin Tierra –MST- y la Vía Campesina) de apuntar a un proyecto de acumulación de fuerzas donde el pueblo organizado salga fortalecido.

Esta acumulación según entendemos, está contenida por límites estructurales, los mismos que constriñen los márgenes de maniobra del Ejecutivo electo. Pero, a la vez, mientras más contenido esté el Ejecutivo electo en el ejercicio del poder central, menores serán estos mismos márgenes al final del próximo mandato. Sabemos que para muchos compañeros de la politología ampliada (ciencia política, comunicación y política, estudio de las políticas económicas, análisis estratégico, economía política), esa correlación fina entre márgenes de maniobra, constreñimiento estructural y formas de acumulación por parte del pueblo organizado, son categorías secundarias cuando del análisis electoral se trata. Estamos en profundo desacuerdo.

Un analista de tipo “pragmático”, de esos que se acercan con la teoría de los juegos, haciendo analogía de las elecciones como una mezcla de casino y carrera de caballos, diría que los márgenes tienen poca relevancia porque no están en disputa. Una misma base argumentativa diría que este abordaje es por demás estructural, y por tanto, va más allá del ejercicio del debate electoral. Es como si los márgenes se hicieran lo que son sin la acción previa o concomitante. Nuestra crítica va más allá. Es cómo que, de cierto modo, la ausencia de análisis histórico-estructural se presenta como una versión plausible, aunque sofisticada, de un abordaje post-moderno. Ya la visión estructuralista ultrapasa limitaciones de la crítica por su mirada mecánica (y no relacional, por tanto de hecho, no estructuralista) visibles en el corto y en el cortísimo plazo.

Disputar parcelas de poder es diferente de disputar concepciones del ejercicio de poder, aún bajo régimen democrático de derecho y modo de acumulación capitalista a través del capital financiero. En las disputas por concepción de poder, entiendo que el pueblo brasileño sale enflaquecido de la Era Lula. Ya en los parámetros del juego del capitalismo financiero tal como él es, todos los indicadores socio-económicos apuntan a una mejoría de las condiciones de vida y de las proyecciones del país. ¿Esto implica que éste análisis sea una especie de recomendación favorable al gobierno de Luiz Inácio y por consecuencia su sucesora, la ex-ministra de la Casa Civil, Dilma Roussef? No, justo al contrario. Implica afirmar que en las disputas por concepción de poder salimos más débiles, justo por la ausencia de estrategia y de protagonismo político más allá de la representación de tipo burgués.

Traduciendo, adaptando lenguajes. O vemos el momento electoral como una apertura de posibilidades para hacer política además de la urna y de la representación indirecta, o sacralizamos el formato burgués e indirecto de hacer política profesional. No es sin ton ni son que entramos en el periodo pre-campaña y los tambores de guerra suenan concomitantes calentando la temperatura política. El antagonismo que se nota al acercarse el primer domingo de octubre próximo (día de las elecciones generales de Brasil) es el reflejo también de la falta de contenido programático en disputa.
Los márgenes son más amplios dentro de las reglas del juego casi sin reglas
Si los márgenes de maniobra no se amplían en la política ejercitada y ejercida por los movimientos del pueblo organizado, los años de indefinición y los habituados con las formas de ejercer el poder profesional se sobresalen ante los operadores de confianza de los agentes económicos fundamentales. En la hora de la composición, de indicar el vicepresidente, de montar el mapa de los púlpitos estaduales, no existe presión superior al conjunto de oligarquías estaduales organizada bajo una forma de partido-autobús como es el caso del PMDB, principal aparato de la base aliada del Gobierno Lula. Durante los últimos cinco años asociamos el mandato de Luiz Inácio al gobierno del Comité de Política Monetaria del Banco Central (Copom) con el ex 1º Ministro de hecho que dejó el gobierno sin salir del poder. Aún con todo el poder advenido de la opción preferencial por los bancos y los capitales financieros, la base electoral cobró su precio y encuadró el virrey del Bank of America y ex-presidente del Banco Boston, Henrique Meirelles.

Entendemos que el rechazo del PMDB a tragar a Meirelles como candidato a vicepresidente de la ex-ministra en la función otrora comandada por el general Golbery do Couto e Silva (dictadura militar) y José Dirceu (en los primeros tres años del Gobierno Lula), es ejemplar del concepto de maniobra política no estratégica de la conformación del poder. Por siete años seguidos las centrales sindicales, incluyendo las gobiernistas Céntrica Única de los Trabajadores (CUT), Fuerza Sindical y Central de los Trabajadores y Trabajadoras del Brasil (CTB) quedaron martillando en la tecla del cambio de la política económica y deseando el despido de Meirelles, como si él por sí incorporara los males de los financistas, así como del ministro de las Comunicaciones Hélio Costa PMDB) quien representa los intereses del oligopolio de la comunicación, empezando por las Organizaciones Globo.

A la vez, el ex-presidente mundial del Banco de Boston no consiguió ni comenzar a escalar el púlpito, llevando golpes de todos los lados, puñetazos mediáticos de sus correligionarios después de su afiliación al aparato de José Sarney, Renan Calheiros, Orestes Quércia y Eliseu Padilha. No dio ni para la salida, y el sueño del vice-reinado murió en la nada, teniendo que mantenerse el frente de las joyas de la corona del Banco Central hasta que sea la hora de pasar las postas a uno de los economistas que lo sucederán, tanto a él como al empresario textil José Alencar y al ex-sindicalista que nunca fue izquierda según sus propias palabras.

El hechizo se vuelca contra el manipulador de la brujería financiera. El balbuceo del tecnicismo en la economía cae por tierra. El gobierno del COPOM, que a través de su discurso doctrinario intenta negar la política, haciendo una política económica subordinada a una visión monetarista, en oposición a cualquier versión de economía política, perdió para la visión pragmática y fisiológica de la propia política. Esta afirmación, más allá del slogan y del argot de marketing político, implica un ambiente de antagonismo momentáneo, entre los operadores que enfatizan el espolio del Estado a través de la representación política y los que lo hacen por la vía del mando de emprendimientos económicos.

Si el capitalismo organiza sus mercados en la forma de oligopolio, en la representación política su versión es la de las oligarquías partidarias. En la formación de mayorías, viene en la tabla de precios el costo de esta formación. En el momento anterior a la campaña, cuando todo y todos quedan expuestos a un ataque de nervios comprendemos que al contrario de los discursos mayoritarios, la carrera electoral trae embutido un alto costo político y también de estabilidad. Para disminuir la inestabilidad de la perspectiva de adhesión a la campaña, el partido autobús cobra su boleto.

Antes de analizar las oportunidades de victoria de Dilma (PT, de Lula) o Serra (PSDB, del ex-presidente Fernando Henrique Cardoso) en 1º o 2º turno, hay que reconocer una evidencia. Sea cuál sea el resultado electoral de octubre, los PMDBs ya vencieron la disputa en el control de las mayores rebanadas del presupuesto de la Unión. Explicamos por qué. En el Brasil, conformar mayoría y conseguir la estabilidad de la moneda tiene un precio que sería impagable en una sociedad soberana. En medio a los discursos de tipo moralista, cuando tanto Dilma Roussef como José Serra cuelan las esporas en la arena al estilo Jânio Cuadros antes de su renuncia (en 1961), los límites reales para maniobrar en la política quedan escamoteados.

Dos grandes márgenes acotan la soberanía popular en el acto del ejercicio del voto y la consecuente elección de gobierno. Uno es el costo de formación de mayorías, tema polémico cuyo último escándalo se ganó el nombre de Mensalão, que corresponde a un tipo de mesada a los parlamentarios de la base aliada en pago de votos favorables al Gobierno. El margen menos visible y de difícil comprensión para el gran público es el modelo de financiación de corto plazo del Brasil, basado en financiación y transferencia de recursos desde la sociedad al sistema financiero.

En año electoral el primer margen gana musculatura, porque a la hora de apostar las fichas y componer las chapas, el ambiente político y la obediencia a sus mandos subordinan incluso a Henrique Meirelles, el comandante en jefe del gobierno del COPOM. Y aquí se abre un paréntesis para las dudas. Si dentro del gobierno del COPOM es posible ganar una caída de brazos de Meirelles, ¿Que más podría haberse ganado que no fuera por el inmovilismo del gobierno ocurrido en los últimos siete años? Y, ¿cómo ampliar los márgenes de maniobra si el movimiento popular más fuerte (MST) queda recalcitrante y las bases sindicales más importantes están ligadas al juego electoral?

Es difícil de admitir en alto y buen sonido, pero la verdad desnuda y cruda es que gobernar en el Brasil implica naturalizar estos márgenes de acotamiento estructural y, por tanto, no confrontarlos, admitir dos tipos de alianzas. Una alianza implica hacer “la opción preferencial” por el capital financiero en general y el sistema bancario en específico. De lo contrario, el fin del mandato puede hacerse una ruleta rusa, sufriendo reveses simultáneos. Estos pueden venir de los banqueros del casino digital, ejecutando ataques contra la moneda y retirada de fondos especulativos, aumentando el “riesgo” país y condicionando la entrada del nuevo gobierno. Para quien piensa que exagero, basta recordar el año de 2002 cuando la disparada del dólar aceleró a los acuerdos entre bastidores (ni tan velados así) que llevaron a Antônio Palocci al Ministerio de Hacienda y el ex-presidente mundial del entonces mayor acreedor privado del Brasil, a la presidencia del Banco Central.

Otra alianza es el costo de la gobernabilidad. Implica ceder a los chantajes del cacicado de las oligarquías partidarias que comandan el bajo clero del Congreso. En el caso específico del pleito de 2010, la mayor red oligárquica nacional ya demarca su terreno. Con la derrota del DEM (principal aliado del PSDB durante los dos mandatos de FHC y hasta entonces, segunda mayor fuerza de oposición al Gobierno Lula), cuyo canto del cisne se dio a través del desgobierno distrital del ex-tucano José Roberto Arruda y del ex-collorido Paulo Octávio (su vice, también casado), los PMDBs reinan solos. Como grandes jugadores de la política inmediata, hacen lo que en la lotería ilegal se llama “cercar el bicho”, reduciendo la aleatoriedad de las apuestas. Dentro de su gobierno federal, fue puesto un freno a la ambiciones de Meirelles, neófito en las huestes peemedebistas. El ataque es doble. Mientras el ex-gobernador Orestes Quércia declara apoyo a la Serra, su operador de confianza, el diputado federal Michel Temer, naturaliza su candidatura a vice de Dilma. Como se nota, dentro de la política de corto plazo, gane Serra o Dilma, los correligionarios de Quércia (exgobernador de São Paulo, quien quebró el segundo mayor banco del país), Calheiros (senador y exministro de Justicia de Cardoso), Jucá (senador en el norte y enroscado e docenas de casos inexplicables), Sarney (ex presidente del país, de 1985 a 1990 y uno de los más importantes aliados civiles de la dictadura militar), Geddel (diputado, ministro y heredero político del coronel Antônio Carlos Magalhães, hombre del régimen militar, en Bahia) y otros tantos, que brindando su apoyo tanto a Dilma como a Serra, ya cercaron el bicho por todos los lados.
La necesidad de alejamiento de los cargos para la campaña
Al contrario de otros compañeros de la ciencia política y del periodismo político, entendemos que la reelección, en todas sus dimensiones, es un error. Si hiciéramos un examen del momento histórico y de los mecanismos de negociación y montaje de mayoría que aprobó esta enmienda constitucional en enero de 1997 verificamos la existencia de una adicción de origen. Vamos más allá de la crítica a la posibilidad legal de un gobernante en poder disputar la permanencia en el cargo por un mandato subsecuente. Entendemos que el mecanismo del alejamiento es muy tenue. Para cohibir las prácticas de tipo patrimonialista y no reproducir la cultura de inmiscuir la cosa pública con fines privados, es necesario que no sólo los candidatos a la reelección en el Ejecutivo se alejen, sino también cualquier detentor de mandato en los dos ruedas inelegibles.

Reconocemos que para este pleito ya no hay más tiempo para cambios substantivos de las reglas del juego. Pero, sería importante que en los próximos cuatro años, al menos el cambio de reglas en el último momento, tan venal en las prácticas electorales, operara para el bien común. Es fundamental que en las próximas elecciones, si el estatuto de la reelección continúa, sea revista la permanencia en el cargo de los miembros de los Poderes Ejecutivos y de los Legislativos. Juzgamos que es imposible separar, desde el punto de vista real concreto (ultrapasando la elocuencia del tecnicismo jurídico) el ejercicio de la función, de los actos de campaña. Cualquier inauguración, acto público, acción política, y aún el cumplimiento de agendas de rutina implican una excesiva mediatización de los hombres y mujeres en función pública.

Aún sabiendo que el tema de la semana puede hasta sonar “pueril”, y va contra el abordaje estructural y ultra-realista que ejercemos, lo juzgamos relevante. Esto se da debido a las manifestaciones que recibimos y oímos de decenas personas interesadas en la política oficial. La inferencia de esos entusiastas de de la democracia representativa (por tanto indirecta y procedimental) es simple. Estos electores ven la participación en campaña de políticos en el ejercicio del cargo como una especie de competición desleal con los de más pequeña visibilidad. Solamente por este motivo, aumentar el nivel de adhesión de los que aún creen en las reglas de este juego ya sería razón suficiente para impedir esta participación.

Considerando el problema grave en el Ejecutivo y en el Legislativo, el trastorno es endémico. Desafiamos a cualquier entusiasta de las reglas de transparencia, gobierno electrónico o de otro mecanismo de pesos y contrapesos en la política, a probar si es posible el control de la agenda de un parlamentario electo, en el ejercicio del cargo en año electoral. Esta agenda está llena de compromisos de tipo parroquial (localismo) y de relaciones de clientela. El concejal está en campaña para beneficio propio, se encuentra “visitando sus bases” o acompañando candidatos de la mayoría. El único control posible es aumentar la agenda de la plenaria y las comisiones. Para evitar ese “incómodo”, los parlamentarios de las asambleas y del Congreso Nacional decretan el eufemismo de “receso blanco” y simplemente las casas legislativas no funcionan en el segundo semestre en año de Copa del Mundo.

Hagamos justicia, Lula llegó a anunciar un auto-alejamiento del cargo para dedicarse a los meses de campaña. Hasta ahora nada se concretó. Pero, el peor absurdo es depender de un acto voluntario y no de una regla compulsoria.

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Petróleo público: De eso no se habla

Oscar Taffetani (APE)

El 80% de los albatros de ceja negra que quedan en el mundo están en Malvinas. En tiempos hispánicos los llamaban “ojerosos”. El petrel Zambullidor también es fauna típica de las islas. Le dicen así porque es capaz de cortar las olas o de pasar por debajo de un buque y seguir volando. Pingüinos, los hay de todas clases. Hasta puede verse en Malvinas el pingüino real, una variedad casi extinguida.

Darwin anotó en su diario que había visto un lobo-zorro por allí (circa 1834); dos décadas después, ya no quedaban lobos-zorros. Leones marinos, tigres marinos, elefantes marinos y lobos marinos de dos pelos sobreviven muy a duras penas. Hoy no los matan a palos, pero les hacen la vida bastante difícil. Ballenas francas (australes) sí hay unas cuantas. Pero la jorobada, la nudosa de aleta larga, la enana, la boba, la boreal, la rorcual de Rudolphi, son rarezas de catálogo. Malvinas es todavía un santuario de la vida natural, alterado de vez en cuando por alguna guerra. O bien por la insaciable codicia de los seres humanos.

En el lecho del Atlántico sur, alternándose con nódulos y meteoritos caídos en millones de años, hay una herrumbre y una chatarra más reciente, producto de los últimos siglos de vida en el planeta. Y debajo de los barcos hundidos y las osamentas, a dos mil o tres mil metros de profundidad, están los restos de las criaturas del Jurásico, ya convertidos en petróleo.

La semana pasada, la empresa Rockhopper -segunda de las cuatro que tienen permiso británico para explorar este año- anunció que encontró un yacimiento que podría entregar 200 millones de barriles de crudo de buena calidad, lo que a precio internacional representaría unos 25 mil millones de dólares. Rockhopper ha ofrecido pagar a los 3.000 habitantes de las islas el 26% de sus utilidades, más un 9% del precio de cada barril vendido.

Rápidamente, la Cancillería argentina denunció la maniobra y redactó una nota en la que “rechaza de la manera más enérgica el intento de apoderarse ilegalmente de recursos naturales no renovables propiedad del pueblo argentino".

Paradojas de un siglo

El 16 de febrero de 1916, el pueblo de Comodoro Rivadavia envió al diputado nacional Tomás de Veyga una nota de apoyo al primer proyecto de reglamentación de la explotación petrolífera en suelo argentino, que permitiría al Estado Nacional disponer para su desarrollo de una prometedora masa de recursos provenientes de las riquezas del subsuelo.

“Tres ideas fundamentales encierra mi proyecto -escribió Leyva-: la explotación directa, por el Estado, de todo el petróleo existente en la zona de reserva fiscal.; el aporte de todo el capital necesario con dinero levantado entro de las fronteras; y el reparto de todas las utilidades entre los habitantes del suelo argentino”.

Aquella ley, que terminó de tomar forma gracias al impulso de Enrique Mosconi, echó a andar Y.P.F., la mayor empresa estatal de hidrocarburos del continente americano, al comenzar el siglo XX. En su peor momento (luego del vaciamiento y endeudamiento al que la sometió la dictadura de 1976-1983) la empresa nacional de hidrocarburos facturaba alrededor de cinco mil millones de dólares anuales, generando decenas de miles de puestos de trabajo y dinamizando las economías locales y regionales.

Después, llegó el crimen de lesa patria (y de lesa humanidad argentina) que fue la liquidación de Y.P.F. y la entrega a precio vil de yacimientos en plena producción y áreas petroleras con reservas comprobadas. Aquel crimen tuvo autores y cómplices, beneficiarios directos e indirectos, tanto en el partido de gobierno como en la mayoría de los partidos de la oposición.

Si una triste paradoja hubiera que marcar, a cien años de aquella esperanzada nota de los vecinos de Comodoro Rivadavia, sería el hecho de que el Estado nacional adjudicó en 2007, por 40 años, el yacimiento Cerro Dragón, en las provincias de Chubut y Santa Cruz, al consorcio Pan American Energy, del que es accionista mayoritario… British Petroleum.

Rockhopper pactó pagar a los kelpers malvineros un 26 % de las utilidades y 9% del precio de cada barril vendido, por explotar el yacimiento localizado esta semana en el mar continental argentino, pocas millas al norte de Malvinas. Pero en territorio continental, la Pan American Energy (es decir, British Petroleum) paga al Estado argentino, por la explotación de Cerro Dragón, sólo un 12%, en concepto de regalías. Otra rara paradoja de esta época es que resulta más ventajoso, para una empresa británica, trabajar “sometida” a las leyes argentinas que hacerlo acatando las leyes de la Corona.

En el país privatizado

La empresa “de bandera”, en materia de energía e hidrocarburos argentinos, se llama Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima). Como su nombre lo indica, no se trata de una sociedad del Estado, sometida a las auditorías y controles públicos. Una parte de su paquete accionario está en manos de “representantes” de la nación y de las provincias. La otra parte, la tienen accionistas privados (se recordará el affaire de las valijas con dólares, hace algunos años, en el que estuvieron involucrados algunos de esos accionistas).

Entre los propósitos de Enarsa, leemos en su propia web, está “generar valor para los accionistas”. Ya no hablamos, ni retórica ni poéticamente, del pueblo argentino. Ahora, lo importante son los accionistas.

YPF-Repsol, emprendimiento que lleva la contradicción en su misma marca (puesto que si es fiscal, no puede ser privada) ha cedido un 10% de sus acciones al llamado Grupo Eskenazi, cercano al Gobierno, y está por ceder un 15% más, con lo que la participación “argentina” (así le dicen) llegaría a un cuarto del total.

Por su parte, el empresario del juego Cristóbal López, también cercano al Gobierno, acaba de concretar la compra de la refinería San Lorenzo, de 360 estaciones de servicio y de algunas concesiones petroleras que estaban en poder de Petrobras, por un monto de 110 millones de dólares. Ese sería otro avance “argentino” en la recuperación del patrimonio perdido.

Así las cosas, aunque estos nuevos emprendimientos privados se vistan de celeste y blanco y decidan esponsorear a equipos argentinos en algún mundial, lo cierto es que la propiedad fiscal (léase estatal) sobre las riquezas minerales del subsuelo de la patria siguen sin llegar a las manos de sus legítimos dueños.

Si un fundamento existe para la explotación de los recursos naturales de la tierra -permítasenos una última digresión- éste es ayudar a la mejor vida y desarrollo de la especie humana. En otras palabras: si los restos de un dinosaurio del Jurásico, hechos petróleo, sirven para alimentar a mil, a cien mil o a un millón de niños argentinos y latinoamericanos, el esfuerzo vale la pena. Pero si por obra de un capitalismo voraz y depredador eso no es posible, entonces preferimos que el petróleo siga durmiendo su siesta milenaria en las profundidades. Y que las gaviotas y pingüinos australes sigan fertilizando con su guano la tierra. Hasta que una vez, definitivamente, florezca.

Fuente imagen: APE

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Que tantos represores sean juzgados, está bien, pero tienen "ayudita" judicial

Emilio Marín (LA ARENA)

José Alfredo Martínez de Hoz es uno de los 421 procesados por causas de derechos humanos que están presos. Es el lado bueno del asunto. Pero sólo hay 68 condenados, a diciembre de 2009, y eso es lo malo.

Que José A. Martínez de Hoz haya sido detenido orden del juez Norberto Oyarbide, es una buena noticia por varios motivos. Principalmente porque se trataba del "jefe civil de la dictadura", como bien planteó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde, cuando pidió que aquél pagara por sus delitos.

O sea, debía ir a la cárcel no sólo por la causa en la que fueron secuestrados por orden directa suya los empresarios Federico y Miguel Gutheim, sino también y fundamentalmente por el secuestro, tortura y desaparición de millones de empleos, de Pymes y empresas nacionales.

Secundariamente, en vísperas del Bicentenario, esa detención puede ser vista como un desagravio a los patriotas de 1810. Es que otro José Martínez de Hoz, monopolista del puerto de Buenos Aires, votó en contra de la formación del primer gobierno patrio, favorecido como estaba con ese monopolio y la corona española (la primera vez que este cronista vio este dato fue hace muchos años en el manual de Historia de Juan José Real, donde figuraba el acta del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 con la nómina de los votantes).

Ojalá que la detención de "Joe" en la causa Gutheim junto al general Jorge R. Videla, y su compañero de cacerías en Sudáfrica, general Albano Harguindeguy, pueda abrir una puerta para que la justicia pueda imputar a otros funcionarios civiles de la dictadura.

Los dos que inauguraron la lista de esos funcionarios procesados fueron el propio Martínez de Hoz, luego indultado por Carlos Menem, y Jaime Smart, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires con el general Ibérico Saint Jean. El ministro fue detenido en 2008, siendo defendido por "Gaceta Ganadera" con un editorial publicado el 16 de julio de ese año. Se tituló: "La injusta detención de Jaime Smart". En cualquier momento la tribuna de doctrina mitrista se decide a publicar otro editorial pero en salvaguarda de su admirado Martínez de Hoz.

Esos abogados, empresarios y ex ministros imitan en todo a sus socios de uniforme, cuando tienen cita en los tribunales de Comodoro Py 2002. Primero quieren exculparse diciendo que no tuvieron nada que ver con los delitos de lesa humanidad, que cumplían órdenes o que los delitos fueron cometidos por subordinados. Luego inventan o agrandan sus enfermedades, buscando -como el ex almirante Emilio Massera- ser declarados inimputables o bien que los deriven como presos VIP a sus domicilios, cuarteles o clínicas. Martínez de Hoz logró que lo internaran en la Clínica Los Arcos, así como el coronel Sarmiento, alias "mago de la picana" y padre de la jueza María José Sarmiento, logró que no lo detuvieran pese a la orden del juez misionero que lo tiene imputado por su actuación allí como ministro de gobierno.

Guillermo Walter Klein, Roberto y Juan Alemann, Adolfo Diz, Jorge Zorreguieta, Alberto Rodríguez Varela, Roberto Durreiu, Domingo Cavallo y tantos otros funcionarios del terrorismo de Estado deberían estar en las celdas próximas a las de "Joe" y Smart.

Los límites judiciales y políticos

El avance de las causas por violaciones a los derechos humanos alegra a casi todos los argentinos, excluidos claro está a los mismos imputados, sus familias y las organizaciones sociales y políticas de las que forman parte. También hay que entender que determinados políticos que supuestamente están parados en el ancho campo de la democracia formal, casos de Eduardo Alberto Duhalde, Mauricio Macri, Diego Guelar y Abel Posse, entre otros, tampoco cantan loas a la sustanciación de los juicios. Ellos, coincidiendo con el obispo Jorge Bergoglio, y con medios de prensa como "La Nación", auspician una reconciliación nacional que tenga como introducción una "amplia amnistía para los dos bandos", aunque los delitos de genocidio los haya cometido sólo uno.

De todas maneras hay que ser claros y puntualizar que el mencionado avance democrático por los juicios tiene límites bien precisos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó sobre la estadística de los Juicios hasta el 24 de marzo de 2010. Los que en etapa de instrucción son 231 (71 por ciento), los ya finalizados 23 (6%), los que están en curso 6 (2%) y las causas elevadas 67 (21%).

Ese organismo presidido por el periodista Horacio Verbitsky saca como obvia la conclusión de la mora judicial, pues son amplia mayoría las causas que aún están instruyéndose, donde aún falta un largo o mediano trecho para que finalice esa etapa y sean elevadas a audiencias públicas.

La justicia anda con la velocidad de la tortuga, salvo honrosas excepciones de magistrados y cámaras que han acelerado su trabajo. Y en algunos casos caminan hacia atrás, en un sentido regresivo.

Un caso claro de ello es la justicia mendocina, posiblemente la peor de todas en cuanto a los resultados de su labor en materia de derechos humanos. Al 24 de marzo del año pasado, el diario Los Andes titulaba: "Mendoza: 179 causas contra represores y sólo cuatro detenidos".

Si esos números eran horribles, luego fueron aún peores, pues la Cámara Federal de esa provincia terminó por liberar o mandar a casa al único cuarteto detenido. Los camaristas Luis Miret y Atilio Romano fueron denunciados por omitir investigar denuncias de violaciones y torturas durante la dictadura. Y no son los únicos magistrados sobre los que llovieron ese tipo de críticas. El entonces titular de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, tuvo durante varios años cajoneada la causa ESMA; forzado por críticas de los organismos y el ex presidente Néstor Kirchner, optó por demorar un tiempo más y jubilarse. Hoy es parte de las defensas de genocidas como Luis Patti.

"Hacete amigo del juez"

Algunos jueces que actuaron en el período democrático fueron no sólo cómplices del "Proceso de Reorganización Nacional" sino directamente socios.

Guillermo Federico Madueño era juez en Bahía Blanca en esos años y colaboraba con el general Acdel Vilas, rechazaba en bloque los habeas corpus presentados por los secuestrados, atendía las orientaciones de la Armada de Puerto Belgrano, en este caso junto con "Gaceta Marinera" (léase La Nueva Provincia).

El menemato lo promovió al Tribunal Oral Federal Nº 5, donde fue camarista todo terreno a favor de represores y menemistas. Actuó allí hasta 2004, cuando fue solicitada su detención por causas de represión ilegal en Bahía Blanca. Madueño se fugó durante cinco años hasta ser detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en noviembre de 2009.

Menos suerte que el bahiense tuvo el juez federal Víctor Brusa, quien también ejerció durante años en democracia pese a las denuncias de sobrevivientes de campos de concentración en Santa Fe que lo implicaban en torturas y desapariciones. A él también lo había designado juez el hombre de Anillaco.

Al final Brusa perdió su cargo y posteriormente su libertad en 2005. En diciembre de 2009 lo condenaron a 21 años de prisión y tiene el triste récord de ser el primer juez en ser hallado culpable de esa clase de delitos.

Una justicia demorada por las leyes de la impunidad y los indultos, integrada en muchos casos por quienes habían jurado por el Estatuto del Proceso y no la Constitución Nacional, y en otros directamente por aliados del terrorismo de Estado, debía necesariamente deparar malos resultados. E incluso cuando algunos de aquellos factores fueron removidos, el tiempo perdido fue irrecuperable, fruto de tantas demoras y cajoneos.

Según el CELS había a marzo pasado un total de 1.464 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, acusados por crímenes de lesa humanidad. Apenas 75 imputados habían tenido sentencia, con 68 condenas y 7 absoluciones.

La entidad aseguró en su Informe 2009 que "al ritmo de 2008, habría juicios hasta 2025. Los cálculos una vez finalizado 2009, con más causas abiertas en instrucción, han aplazado aún más esa estimación".

Teniendo presente el caso extremo de la justicia de Mendoza, la misma que falló en contra de la ley de medios de la democracia, parece que los represores han tenido presente el consejo del Viejo Vizcacha: "Hacete amigo del Juez, No le des de qué quejarse; Y cuando quiera enojarse, Vos te debés encojer, Pues siempre es güeno tener, Palenque ande ir a rascarse".

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Argentina, Tucumán: Separarían a Cattáneo del juicio oral

PRIMERA FUENTE
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El represor Alberto Cattáneo sería apartado del juicio por el Tribunal Oral Federal, una vez que se conozca el informe del médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, José María David. El profesional revisó a Cattáneo en el Sanatorio Modelo, donde permanece internado desde el 18 de abril a raíz de una descompensación de su Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Cabe recordar que el 27 de abril pasado, el TOF decidió suspender las audiencias hasta el 11 de mayo luego de escuchar al perito Rando, quien recomendó que Cattáneo siga en observación debido a que padecía un cuadro de infección respiratoria agravado por un síndrome coronario agudo desde el 21 de abril pasado. De confirmarse esta versión, el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía, durante los años sangrientos de la última dictadura militar, continuaría sin Cattáneo y sin Antonio Domingo Bussi.

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La impunidad del caso Chocobar: Comunidades originarias del NOA harán sentir su bronca con manifestaciones frente a los Tribunales de Justicia

PRIMERA FUENTE

En el marco de una marcha nacional hacia Buenos Aires, en defensa de los derechos de las comunidades originarias, pueblos indígenas del NOA se movilizarán el viernes por la capital en reclamo por la impunidad existente tras el asesinato de Javier Chocobar, de la comunidad de Chuschagasta.

Se estima que centenares de personas provenientes de organizaciones de Salta y Jujuy, a las que se sumarán integrantes de comunidades indígenas diaguita y lule de Tucumán, se concentrarán el viernes, a las 9, en el parque 9 de Julio. Allí, antes de movilizarse, se realizará una ceremonia en honor a la Pachamama (Madre Tierra, en aymara)

Tras esto, marcharán hacia Tribunales de la provincia (Sarmiento al 500) donde se reclamará justicia en la causa por el asesinato del comunero de Chuschagasta, Javier Chocobar, el 12 de octubre pasado. Los principales acusados son los ex oficiales exonerados Luís Gómez y José Valdivieso, y el terrateniente Darío Amín quienes, según se denuncia, arremetieron con armas de fuego dentro de la comunidad indígena, ubicada en la localidad de Chuscha, en el departamento de Trancas, al norte de San Miguel de Tucumán.

En tanto, el 18 de febrero, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán declaró nula la sentencia que ordenaba la prisión preventiva de Gómez y Amín lo que despertó un amplio repudio generalizado por parte de la sociedad. Al tercer acusado, Jorge Valdivieso, nunca se le dictó preventiva, a pesar de participar del evento.

La columna, luego marchará hacia Tribunales Federales donde se reclamará a las autoridades judiciales el cumplimiento de la ley 26.160 (en diciembre el Congreso la prorrogó hasta 2013) que suspende los desalojos en tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. La movilización también se detendrá frente a Plaza Independencia.

El sábado por la mañana la columna partirá hacia Buenos Aires donde confluirá, el 20 de mayo, con comunidades provenientes de todo el país en reclamo por la defensa de los derechos de las comunidades originarias.

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El Senado discutirá el matrimonio homosexual en julio

Alejandra Waigandt (ARTEMISA)

La nueva ley de matrimonio, que incluye a las parejas del mismo sexo, tomará estado parlamentario el miércoles 19, pero el Senado no la trataría hasta julio. Antes será discutida en la Comisión de Legislación General, donde la Iglesia Católica tiene una importante aliada, la peronista Liliana Negre de Alonso. Los bloques mayoritarios están divididos, sobre todo en el tema de la adopción de niños y niñas. En el ámbito de la justicia los amparos seguirán avanzando hasta que salga una ley definitiva.

El Senado trataría en julio la modificación de la legislación sobre matrimonio para equiparar las uniones entre personas del mismo sexo a las de parejas heterosexuales, según adelantaron a la prensa el kirchnerista Miguel Pichetto y el radical Gerardo Morales. El proyecto obtuvo la media sanción de Diputados el martes 4 de mayo, debido a la incansable lucha de las organizaciones que defienden los derechos civiles de gays y lesbianas. Allí se logró que un grupo importante de parlamentarios se alineara detrás del mensaje de no discriminación, pero esta estrategia podría no funcionar en la cámara alta, donde una parte del cuerpo rechazaría la modificación del Código Civil argentino para reemplazar la frase ‘hombre y mujer’ por la de ‘ambos contrayentes’.
El viernes pasado el presidente de Senadores Julio Cobos giró el proyecto a la Comisión de Legislación General y dijo estar a favor de la unión civil y no de la nueva ley de matrimonio. Esta comisión se encuentra liderada por la justicialista disidente Liliana Negre De Alonso (San Luis), una legisladora ligada a los sectores conservadores con influencia en los asuntos del Congreso, como la Iglesia Católica. Pero este conservadurismo trasciende dicha comisión, extendiéndose a la mayoría del cuerpo parlamentario, por eso será difícil conseguir que prospere la legalización de las bodas homosexuales.

En la cámara alta el Frente para la Victoria con 31 miembros representa la fuerza más importante, si embargo la iniciativa no consigue un apoyo unánime ni en el kirchnerismo, ni entre sus aliados, y tampoco en las filas opositoras, donde la Unión Cívica Radical constituye el segundo bloque más numeroso (14 miembros); no hay terceras fuerzas. En principio los bloques políticos dejarán a sus integrantes en libertad de conciencia para decidir el voto. En Diputados la libertad de acción dividió posiciones: en el oficialismo la mayoría votó afirmativamente el casamiento homosexual, y en el radicalismo lo hizo una minoría; en el PRO se fragmentaron 8 en contra y 4 a favor, y en el Peronismo Federal 6 a favor y 23 en contra. Los y las diputadas de la centroizquierda votaron homogéneamente a favor del proyecto.

En ese marco, el senador justicialista por La Rioja Carlos Menem ya presentó un proyecto de ley para someter a una consulta popular la aceptación del matrimonio entre personas el mismo sexo. Por su parte la presidenta de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FLGBT), María Rachid salió a reclamar celeridad en el tratamiento en el Senado para conseguir así la sanción definitiva de la ley, pero probablemente no llegue al recinto antes de la finalización del Campeonato Mundial de Fútbol que se realizará en junio. Si al mes siguiente la cámara alta rechaza la iniciativa, ésta deberá volver a Diputados, donde no podrán lograrse los dos tercios de los votos necesarios para su confirmación.
Posiciones divididas

El tema que dividió a los bloques en Diputados y que promete partirlos en Senadores es la adopción de niños y niñas por parejas homosexuales, a pesar de que la ley de Adopción no está en discusión. La autora del proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo, la diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), lo dejó en claro al iniciar al debate que duró más de 11 horas en la cámara baja. 'En la actualidad el juez no le pregunta a la pareja su condición sexual, sino que trata de bregar por el interés del niño o de la niña. Además, hoy, muchas personas pueden tener hijos por fertilización asistida y alquiler de vientres. También, la Justicia entregó en guarda a un padre soltero la tenencia de un niño. Por eso, es falso este punto en el debate', explicó la parlamentaria.

María Rachid coincidió en que 'en Argentina gays, lesbianas y bisexuales podemos adoptar y hay muchas familias que han tenido hijos por inseminación asistida'. En el diálogo que Rachid mantuvo con Artemisa Noticias al anticipar que la justicia comenzaría a favorecer los casamientos homosexuales, la militante aclaró que 'la ley (con media sanción de Diputados) únicamente garantizaría la coadopción, de manera que los niños y las niñas de nuestras familias tengan los mismos derechos que los hijos y las hijas de las familias heterosexuales. En la actualidad, nuestros hijos e hijas pueden heredar sólo a uno de sus padres o sus madres, compartir la obra social sólo con uno de sus padres o sus madres; y si muere uno de sus padres o sus madres, el niño o la niña queda huérfano porque la pareja homosexual no está reconocida legalmente. Nuestros niños y niñas obtendrían los mismos derechos que los niños y las niñas de parejas heterosexuales a través del matrimonio homosexual'.

Concretamente la iniciativa que aprobó la cámara baja establece que ‘en caso que los cónyuges sean del mismo sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregar al primero de éste el primero del otro’. De esta manera, las y los cónyuges, cualquiera sea su sexo, podrán adoptar de manera conjunta.

En tanto en el ámbito de la justicia los amparos siguen adelante y los fallos que permiten los casamientos entre personas del mismo sexo en la Ciudad de Buenos Aires no serán apelados, según informó el procurador general Ramiro Monner Sans. Por su parte el coordinador del área jurídica de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) Pedro Sottile explicó que esas causas 'quedarán en abstracto' en caso de que Senadores otorgue la sanción definitiva. Esta organización, la Federación FLGBT y el Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El Racismo (INADI) están acompañando las acciones emprendidas por unas 100 parejas que desean tener un boda: el 30 por ciento está domiciliada en la Ciudad de Buenos Aires y 70 en el interior del país.

Tal como señaló Marcela Rodríguez de la Coalición Cívica en el debate de Diputados, la justicia está más avanzada en la búsqueda de la igualdad jurídica para los y las ciudadanas argentinas. Los fallos favorables al matrimonio homosexual permitieron que por primera vez tres parejas del mismo sexo celebraran bodas en América Latina. El primer matrimonio unió a Alex Freyre y José María di Bello, que debieron casarse en un Registro Civil de Ushuaia, a más de 3 mil kilómetros de la capital porteña porque la medida judicial favorable había sido apelada por abogados católicos. Llegó el turno de Damián Bernath y Jorge Salazar, quienes protagonizaron una boda sin contratiempos, ya que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió no apelar los casamientos de gays y lesbianas. Siguieron entonces Norma Castillo y Ramona Arévalo, que lograron una unión formal después de estar 30 años en pareja.

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Derecho a tener derechos

Jesús Chirino (ACTA)

En nuestro país no somos todos iguales a la hora de hablar de libertad y democracia sindical. Hace años que la Central de Trabajadores de la Argentina viene reclamando su personería gremial sin recibir una respuesta satisfactoria de parte del gobierno nacional.

Esa desatención a los derechos de los trabajadores ha merecido señalamientos y fuerte observaciones de parte de organismos internacionales.

El tiempo pasa y, aunque la lucha de los trabajadores no cesa, el Gobierno continúa en su resistencia a otorgar la personería gremial que la CTA reclama hace años. Han sido variadas las estrategias dilatorias a las que ha echado mano el Gobierno.

Mientras eso continúa muchos trabajadores argentinos sienten que a la explotación que sufren se le suma la falta de libertad sindical, lo que implica una clara desigualdad para defender sus derechos.

Hace unos días visitó nuestro país una Misión Técnica de la Organización Internacional del Trabajo integrada por Cleopatra Dumpia, Horacio Guido y Alberto Odero. Han venido por el pedido de asistencia técnica realizado por este Gobierno que dice querer estudiar cómo solucionar el problema de la falta de libertad y democracia sindical. Nadie sabe si se trata de una nueva estrategia dilatoria.

El panorama en relación a las organizaciones que no logran su personería gremial, según cifras oficiales publicadas en febrero de 2009, está dado por la existencia de 1.527 sindicatos con personería gremial; 1.491 con simple inscripción gremial y 937 organizaciones en trámite de inscripción gremial. A esas cifras habría que sumarle todas las presentaciones realizadas desde aquella fecha.

Según el esquema existente, los derechos sindicales terminan sujetos esencialmente a decisiones políticas. Por ahora, quienes deciden han optado por no prestar atención a que esos fríos números no sólo se traducen en las dificultades que enfrentan las organizaciones a las que se les niega, o demora indefinidamente la personería gremial.

Esos números también nos llevan hasta el drama cotidiano que viven los trabajadores que sufren persecución, intimidaciones, despidos o directamente el desconocimiento de su calidad de trabajadores o de representantes legítimos del grupo de compañeros que se nuclean en nuevas organizaciones gremiales.

Existen innumerables casos que ejemplifican esta falta de libertad para la práctica sindical. En nuestra provincia de Córdoba podemos mencionar las prácticas de Telecom, los centro de llamadas (call-center), el frigorífico Logros S A en Río Segundo, Italservice S. A. de La Carlota, así como lo que pasa en muchos comercios.

Pero si miramos más allá de Córdoba vemos muchísimos casos más, como el de los trabajadores de subterráneos, mineros, fileteros, empleados de comercio, motoqueros, chóferes de micro de media y larga distancia y un largo etcétera que nos muestra la gran cantidad de trabajadores que sufren, a diario, el peso de la desigualdad.

En marzo de este año el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas produjo sus observaciones al informe periódico presentado por Argentina en relación a la aplicación del Pacto Internacional en nuestro país. En el punto 22 de ese informe el Comité plantea su preocupación por el no otorgamiento de la personería gremial a la CTA y señala: “EL Estado Parte debe tomar medidas encaminadas a garantizar la aplicación en el país de los estándares internacionales en materia de libertad sindical, incluido el artículo 22 del Pacto, y evitar toda discriminación en la materia”.

Si pensamos el problema en términos de la construcción de una sociedad democrática, resulta imprescindible que ningún trabajador tenga las manos atadas para defender lo suyo. De otra manera, se les está negando el derecho a tener derechos puertas adentro de sus lugares de trabajo.

Lo que se pide es básico: libertad y democracia sindical. No debieran existir motivos para persistir en la negación o la interminable demora para reconocer este derecho de los trabajadores.

Jesús Chirino es Secretario de Derechos Humanos de la CTA de Villa María, Córdoba.

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Argentina, Neuquén: Histórico juicio a 27 policías torturadores de la Unidad de Detención 11

INDYMEDIA

El juicio se está llevando a cabo todos los días hasta el 14 de mayo en la Cámara Criminal Segunda, Irigoyen 175, a las 9 hs. El tribunal está conformado por Juan José Gago, Mario Rodríguez Gómez y Luis María Fernández, quien fue recusado por ZAINUCO por ser asesor del Ejército durante la última dictadura y profesor de Derecho Político de la Escuela de Cadetes de Policía de Neuquén. Hasta el momento sólo dos de los 27 imputados declararon en el juicio.

“Los hechos que se les imputan a los 27 policías (algunos de los cuales continúan trabajando en la Unidad hasta la actualidad) son los de torturar con granadas de gases lacrimógenos, patadas, golpes, puntapiés, disparos con armas de fuego y postas de goma durante cuatro días consecutivos (a fines de abril de 2004) a 54 detenidos de la U11. En este sentido, el fiscal remarcó que algunas de las causales del conflicto fueron ‘el maltrato para con la visita que fue un tópico de angustia para los internos, así como el alimento con presencia de material ajeno y contaminante’”, se informa en la página web de ZAINUCO.

Durante el primer día “los guardiacárceles presentes, visiblemente irritados por su condición de imputados, y con gestos amenazantes a los integrantes de organismos de DD.HH. presentes en la sala, dio comienzo el juicio con las presentaciones por parte del fiscal Rómulo Patti y de la querella representada por el abogado Federico Egea de ZAINUCO”, informa esta organización.

Liliana Nélida Pérez, Licenciada en Servicio Social, fue la segunda testigo citada quien en ese momento trabajaba en la U11 en el equipo interdisciplinario del Espacio de Tratamiento Psicosocial dependiente de la Dirección de Ejecución de la Pena. Pérez declaró en el juicio que “durante el fin de semana anterior (los presos) no habían tenido visitas, que no les daban comida y que personal de la UESPO había ingresado a los pabellones, lo levantaron, desnudaron, fueron manguereados y obligados a cantar el Himno Nacional. Luego, (un preso) le mostró los golpes en la espalda y le describió que mientras estaba en la enfermería aquella noche, le seguían obligando a cantar el Himno mientras el doctor Roldán escribía en su ficha médica que no presentaba golpes”.

Estos maltratos se suman a otros hechos agraviantes que son comunes y cotidianos en todas las cárceles de todo el país. Agrega Pérez en su declaración: “Todos estaban golpeados, con los ojos negros por fuera y derrames por dentro. Sosa tenía una quemadura en el brazo. No eran los que habían sido en otras entrevistas, apenas se atrevían a mirarte a la cara. Castillo, estaba golpeado en la cara y tenía restos de bala en el rostro”. Por último, rememoró que el oficial Montoya, a cargo de la Unidad, “llegó a nuestra oficina y mi compañera le dijo ‘se les fue la mano’ a lo que él respondió sarcásticamente: ‘Sí, ¿qué quiere?, ¿que llamemos a Mary Kay?”.

Uno de los presos torturados realizó otro relato pormenorizado acerca de cómo habían transcurrido los hechos: “Nos tenían en el patio, desnudos, tirados unos sobre otros en forma de montaña, corrían encima nuestro y nos pegaban con varas de metal en los pies. Es un dolor impresionante”. Además destacó que José Antonio Corrillán y el grupo de requisa a su cargo, eran conocidos en el penal por tener esta práctica de tortura. También pudo reconocer la vara de metal con que Corrillán torturaba a los presos.

En coincidencia, otro de los testigos que aún continúa encarcelado declaró que mientras le pegaban con la vara de metal en la planta de los pies, le decían “ni Dios te va a salvar de lo que te vamos a hacer”. Luego relata que lo llevaron al patio del penal, lo desnudaron y golpearon para que cante el Himno Nacional; como consecuencia, padeció fractura del peroné, golpes en todo el cuerpo y el robo de todas sus pertenencias por el personal de Requisa. Además agregó: “Yo me quiero ir caminando, no quiero salir de la cárcel en un cajón”.

Por su parte, el comisario Carlos Domingo Brondo, Jefe de la Seguridad Interna de la U11 durante los días del hecho, declaró que “fue un enfrentamiento cuerpo a cuerpo” y reveló que en la intervención en estos casos la fuerza policial no utiliza norma ni protocolo alguno sino que “los que estamos ahí ponemos las pautas de cómo vamos a trabajar”. En este sentido, hasta el momento tres testigos de la querella se negaron a declarar por miedo a las represalias que pudieran sufrir posteriormente por la policía.

Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en cárceles administradas por policías; funcionarios públicos de la última dictadura cívico-militar que continúan en función; policías torturadores que siguen en sus cargos… ¿Estado de excepción o normas vigentes en las cárceles de la República Argentina?

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Argentina, Córdoba. Ley de bosques: las trabas son del “sector productivo”

Juan Uriarte (HOY DIA - PRENSA RED)

El integrante de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN), Ricardo Suárez criticó a las entidades agropecuarias que ponen palos en la rueda para demorar la sanción de la Ley de Bosques.

Las numerosas manifestaciones que buscan acelerar la aprobación del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Córdoba, presentado en julio del año pasado, podrían tener este mes su recompensa, si se confirma lo anunciado por el biólogo Ricardo Suárez, integrante de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN), encargada de confeccionar el documento que busca detener el desmonte industrial y descontrolado en toda la provincia.

Suárez, uno de los académicos que desde la COTBN contribuyó a la confección de la ley de bosques y que ahora colabora en la Legislatura provincial con el desarrollo del proyecto, estimó que "dentro de este mes se va a votar; muy probablemente sea la ley del Bicentenario y sería excelente que Córdoba lleve la bandera de la protección del bosque nativo, sobre todo por la forma en que se ha hecho: con alta participación, alto consenso".

La expresión del biólogo se basa no sólo en la esperanza sino que tiene como sustento el avance del tratamiento de la norma en la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Unicameral. "Ahora estamos en una etapa de aportes", explicó el miembro de la COTBN, quien detalló que luego de las discusiones "ahora estamos mucho más tranquilos, consensuando mucho más algunos artículos en los cuales hay que llegar al entendimiento, para evitar las malas interpretaciones que plantean que nosotros queremos sacar a la gente del campo y queremos sólo parques nacionales en toda la provincia".

En ese sentido, el biólogo aseveró que las sucesivas demoras que hasta el día de hoy detienen el tratamiento del proyecto, y las objeciones que se le plantearon, "fueron todas desde el sector productivo, y sin ninguna comprobación". "Nosotros no teníamos ningún problema a las objeciones -argumentó Suárez-, pero sin socavar la protección de los bosques. Es decir, vos podés producir ganado, pero siempre teniendo en cuenta el concepto de la conservación".

"Nunca hubo un proyecto que pueda mejorar la propuesta que nosotros tenemos en ese aspecto. Esto está dado porque ellos no han entendido realmente el concepto de conservación que se le quiere dar al bosque", agregó el facultativo, quien recordó que durante las sucesivas etapas de discusión de la norma "se habló de que nosotros éramos talibanes, movimientos de extrema izquierda, ambientalistas extremos".

"No molesta la discusión -continuó Suárez-, el problema es que el proyecto no era discutido, era rechazado; eso es lo que molesta. Porque si se discute, bueno, no importa el tiempo mientras se avance". Con todo, resta esperar el tratamiento de la norma en el recinto legislativo para ver si el Bicentenario llega a Córdoba con una ley de bosques aprobada. "Se está buscando proteger algo esencial para el futuro y que ya casi no queda, que lo hemos perdido", concluyó Suárez.

Sobre la propuesta de Cartez

A lo largo de la discusión sobre la ley de bosques, la posición de la COTBN fue constantemente rechazada por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), que incluso desarrolló un proyecto paralelo. Al respecto, Suárez sostuvo que la de Cartez "es una medida al revés de lo que es la protección de bosques. Es una ley para la producción, que tiene cosas equivocadas y otras que son copiadas de nuestro anteproyecto".

Destacó, además, que en base al documento elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial que integra "se está logrando un proyecto muy rico, con cambios muy positivos, que enriquecen la ley pero no destruyen lo que habíamos planteado desde un principio, y por eso tengo mucha fe de que esto va a ir por buen camino".

Entre los principales puntos de la norma se encuentra la zonificación de la provincia para mantener todas las áreas que quedan de bosques nativos, que son menos del cuatro por ciento del territorio cordobés, y que pasarían a estar protegidas como áreas rojas. Otro punto a destacar es que el artículo 70 del proyecto establece: "Queda prohibido cualquier tipo de desmonte hasta que no sea reglamentada esta ley".

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Argentina, Córdoba: Cooperativa de Almafuerte podrá brindar servicio de TV por cable

PRENSA RED

La Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual autorizó la transferencia de la titularidad de la licencia de un circuito cerrado comunitario de televisión a favor de la cooperativa. La solicitud fue realizada por el doctor Miguel Rodríguez Villafañe.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (APSCA), por Resolución Nº 20, del 23 de abril de 2010, hizo lugar a lo solicitado por el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que actuó en representación de la Cooperativa de Servicios Públicos de Almafuerte Limitada de la Provincia de Córdoba.

En función de lo cual autorizó la transferencia de la titularidad de la licencia de un circuito cerrado comunitario de televisión (TV por Cable) y una antena comunitaria de televisión, que tenía Video Cable Almafuerte S. A. a favor de la cooperativa.

Rodríguez Villafañe destacó que “nuevamente se pudo superar de esta manera el travestismo jurídico al que se sometió a las instituciones de la economía solidaria por la ley 22.285, ya derogada, obligadas a disfrazarse de personas jurídicas comerciales”.

Resaltó que “el APSCA fue sensible a los planteos por los que se sostuvo que era inconcebible que maniobras dilatorias de determinados sectores, a través de resoluciones inconstitucionales, ordenadas por los tribunales federales de Mendoza y Salta, en actuaciones en medidas cautelares, siguiera dilatando que se otorgue lo que corresponde al cooperativismo, en derecho y justicia”.

Rodríguez Villafañe había insistido en esta postura y el APSCA, en las primeras medidas que adopta en este año, reivindicó al cooperativismo y su lucha. Ahora la Cooperativa de Almafuerte podrá dar a sus asociados y al pueblo todo de Almafuerte, una prestación esencial desde la lógica solidaria.

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Argentina, Tucumán: El tarifazo de la luz se haría sentir en la factura de junio

PRIMERA FUENTE

El Epret realizará un análisis técnico de las exposiciones que realizaron EDET, la Defensoría del Pueblo y usuarios en la audiencia pública y, a fin de mes emitiría la resolución que pondrá en vigencia el aumento tarifario. Se estima que será menor al 9% (EDET pidió un 9,5%) y representaría entre $2 y $3 por mes. “Este ajuste no será retroactivo hasta tanto no se expida la Corte”, aclaró el interventor del Epret, Augusto Contreras.

A partir de la próxima factura del servicio de EDET, los casi 400.000 usuarios tucumanos empezarían a sentir el impacto de la suba tarifaria de la luz en sus bolsillos. Se estima que el incremento será menor al 9% y representaría entre 2 o 3 pesos por mes. Ahora, con la audiencia pública bajo el brazo, las autoridades del Ente Provincial de Regulación de Energía Eléctrica de Tucumán (Epret) se abocarán en un plazo de diez días a un análisis técnico de las presentaciones que hicieron ayer la empresa EDET, la Defensoría del Pueblo y usuarios en la Sala Orestes Caviglia.

“Una vez que se traduzca la versión taquigráfica de la audiencia –que durará alrededor de siete días hábiles-, viene el proceso de análisis de las exposiciones; luego se firmará la resolución y al día siguiente de su publicación, entrará en vigencia el aumento”, explicó el interventor del Epret, Augusto Contreras en diálogo con primerafuente.

La retroactividad de la suba será otro aspecto bajo la lupa, mientras continúa en manos de la Justicia provincial después de una medida cautelar que frenó su aplicación. En un principio, EDET pidió que el ajuste sea retroactivo a marzo y a último momento lo extendió a febrero, pero por ahora no se aplicará la retroactividad. “Este ajuste no será retroactivo hasta tanto no se expida la Corte”, precisó Contreras.

“A 90.000 usuarios alcanzados por la Tarifa Social creo que no les toca ni un peso por factura. Al resto, dependerá del consumo mensual, pero para los residenciales podría ser entre 2 o 3 pesos”, acotó.

Ahora, ¿qué pasará con los planteos de los usuarios? “Este tipo de planteos no está en mi competencia. Represento un organismo técnico, tengo una ley y mecanismos que hacer respetar”, respondió Contreras, con respecto a los pedidos que hicieron usuarios para que se contemple la crisis económica y se dé marcha atrás con la medida.

“EDET tiene una tarifa razonable y ha variado mucho menos que los indicadores de la economía. Además, el servicio necesita inversión y en la provincia hemos tenido un servicio razonable. Se están cumpliendo con las inversiones”, argumentó el funcionario, quien volvió a ser cuestionado por algunos usuarios que expusieron en la audiencia pública.

Foto: Argentina, Tucumán - Augusto Contreras, interventor del Epret. / Autor: PRIMERA FUENTE

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La Plaza de Mayo, en 1810 (Parte I)

Víctor Oscar García Costa (especial para ARGENPRESS.info)
Lo hemos dicho y lo reiteramos siempre, ahora con mayor ímpetu al aproximarnos al Bicentenario de la Revolución de Mayo, que esa Revolución en la ciudad de Buenos Aires abrió el camino hacia la independencia nacional y al establecimiento de la República con la formación de su Primer Gobierno Patrio. No estará de más recordar que la Revolución de Mayo en Buenos Aires y en 1810, derrotadas las revoluciones de Quito, México y Caracas, fue la única Revolución triunfante. Desde entonces, nunca jamás un gobierno godo imperó en estas tierras.

En la Plaza Mayor, establecida en el lugar señalado en la traza de don Juan de Garay (1528-1583), luego dividida en Plaza del Fuerte y Plaza de la Victoria y, más tarde, en Plaza del 25 de Mayo y Plaza de la Victoria, respectivamente, y en su torno, en unas pocas manzanas, había transcurrido prácticamente toda la vida militar, política y social de la ciudad. Y en buena medida ello seguiría ocurriendo.

La actual Plaza de Mayo, primitivamente llamada Plaza Mayor, en 1810 se dividía en dos plazas separadas por una Recova de veintitrés arcos -uno central, grande, que se había construido después para unir a los otros veintidós más chicos, once a cada lado de aquél, y estaba situada a la altura de las actuales calles Defensa y Reconquista. La ejecución de la Recova, entre 1803 y 1804, había estado a cargo de Juan Bautista Segismundo (?-?) Como hubo graves fallas constructivas, el alarife Francisco Cañete (?-?) debió apuntalar y enllavar el arco principal para evitar su derrumbe.

La plaza del Este, cercana al Fuerte se llamó, primero, Plaza del Fuerte, luego Plaza del Mercado y, más tarde, Plaza del 25 de Mayo. La del Oeste, cercana a la Catedral y al Cabildo, se llamó Plaza de la Victoria.

En la Plaza Mayor, luego dividida en Plaza del Fuerte y Plaza de la Victoria y, más tarde, en Plaza del 25 de Mayo y Plaza de la Victoria, y en su torno en unas pocas manzanas, había transcurrido prácticamente toda la vida militar, política y social de la ciudad.

Hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, rodendo la Plaza Mayor, comenzando desde su ángulo Sudeste, hoy Balcarce e Hipólito Irigoyen, se encontraban las edificaciones y los espacios siguientes: hueco innominado, mal llamado de Campana, donde estuvo después el Congreso Nacional contenido hoy dentro del edificio del Banco Hipotecario Nacional, los altos de Escalada -se llamaba altos a los edificios de dos o más plantas -, seguían los altos de Crisol, la esquina de Aguirre, el cruce de calles, hoy Bolívar e Hipólito Irigoyen, el Cabildo, a continuación el Seminario -años después, estuvo allí la Policía-, los altos de Duval -luego altos de San Martín y, más tarde, altos de Riglos-, los altos de Urioste, el cruce de calle, hoy Bolívar y Rivadavia, el Cementerio, la Iglesia Catedral, el Palacio Episcopal, una serie de casas bajas, la casa de Azcuénaga, los restos de la construcción de un teatro iniciada en 1804 e interrumpida durante más de 50 años y que sería el primer Teatro Colón, en el ángulo Noreste, un cruce de calles, hoy Rivadavia y Balcarce, el Fuerte y el cruce de calles, hoy Balcarce e Hipólito Irigoyen. Cada una de ellas tiene una rica historia.

Por detrás, el Río de la Plata: la entrada a la tierra, como lo había señalado don Juan de Garay (1528-1583) al fundar la ciudad de la Trinidad y puerto de Buenos Aires en 1580, ciudad abierta en contraposición a la frustrada ciudad cerrada fundada en 1536 por don Pedro de Mendoza (1487-1537).

Por iniciativa del Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo (1719-1799), bordeando ese río a lo largo de sólo tres cuadras de la actual avenida Leandro N. Alem, entre las actuales Tte. Gral. Juan D. Perón y Lavalle, se encontraba la Alameda, primer paseo público de Buenos Aires que, contra lo que es dable suponer por su nombre, no era una avenida de álamos sino de ombúes.

Los huecos eran terrenos baldíos, aunque se discute el significado de esta palabra. Para unos era y es eso, un baldío. Para otros es y era un refugio de animales y desamparados. En torno de la plaza de Mayo había tres huecos: el Hueco de las Animas, el Hueco de Campana y un Hueco innominado al que se suele confundir con el Hueco de Campana.

Cada uno de esos huecos también tiene su historia. El Hueco de las Animas estaba en el solar que se había asignado el fundador de la ciudad y que nunca ocupó. Allí hubo una Capilla de adobe (1585), luego un Cementerio, más tarde la Aduana (1603), fue casa de El Hermano Pecador, Bernardo Sánchez, que ayudaba a los necesitados (1607) y que murió en 1645, luego fue Seminario, Consulado, lo compró el Cabildo para hacer un Teatro cuya construcción se inició en 1804, obra interrumpida por las Invasiones Inglesas y la muerte de su constructor el arquitecto español Tomás Toribio (1756-1810), lo existente lo destruyó un incendio (1832), se lo remató (1835), se lo techó (1851), fue cuartel de Candileros, hasta que en 1855 se reiniciaron los trabajos del Teatro Colón que se inauguró el 25 de Mayo de 1857 cantándose La Traviata. Hoy está allí el Banco de la Nación Argentina.

El Hueco de Campana, estaba en lo que había sido la Barraca de Campana de propiedad de Don Francisco Álvarez de Campana, comerciante en géneros y filántropo español que había fundado la Casa de Huérfanas. Allí está ahora el Ministerio de Economía.

En cuanto al Hueco innominado, existía frente al Hueco de Campana, calle de por medio, y suele confundírselo con éste. Después de haber sido ocupado por el viejo Congreso Nacional ahora está allí el Banco Hipotecario Nacional, que contiene a la Sala de Deliberaciones de aquél.

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