viernes, 14 de mayo de 2010

La clase obrera en el Centenario de Mayo

Nicolás Iñigo Carrera (FUNDACIÓN JUAN B. JUSTO, especial para ARGENPRESS.info)

El primer centenario de la Independencia Argentina que acaba de transcurrir será recordado en los tiempos venideros con el mismo entusiasmo con que se recuerda hoy la revolución libertadora de 1810. Así hablan a pleno pulmón los venales pregoneros del patriotismo de este país tan grande y tan desgraciado al propio tiempo. Nosotros también afirmamos que la semana de Mayo que ha fenecido perdurará largamente en las memoria de las generaciones venideras, pero no porque sus días hayan sido de grande, hondo regocijo patriótico, sino por la magnitud de las ignominias cometidas en nombre del orden y la autoridad de los tiranos del oro y del poder, que han convertido al país en una factoría.
Alberto Ghiraldo.

Hoy, 14 de mayo, se cumplen cien años de la noche en que, en el marco de la celebración del Centenario de la Revolución de Mayo, “manifestaciones patrióticas” de estudiantes, niños bien, policías y miembros de los clubes elegantes destruyeron e incendiaron los locales de los periódicos obreros La Vanguardia, La Protesta, La Batalla y Acción Socialista. También atacaron, al grito de “Abajo la anarquía”, “Mueran los gringos”, “Muera el anarquismo”, “Abajo la huelga”, “Mueran los obreros”, “Viva la patria” y “Viva la ley de residencia” (1), la sede de México 2070, de la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA), la principal central sindical de la época, donde encontraron resistencia, por lo que volvieron posteriormente, con apoyo policial y de los bomberos, y destrozaron el local.

Esos actos de vandalismo, que incluyeron la destrucción de la librería de La Vanguardia, cuyos libros destrozados fueron llevados como trofeos agitados por los manifestantes ante el presidente de la República, Dr. José Figueroa Alcorta, fueron precedidos por el encarcelamiento de los miembros del Consejo Federal de la FORA y del Comité Central de la CORA (2), realizados ilegalmente, antes de que en sesiones vertiginosas el Congreso Nacional aprobara el pedido del Poder Ejecutivo de establecer el estado de sitio.

En una nota editorial del 27 de mayo de 2009, el diario La Nación admitió que las celebraciones del Centenario de la Revolución de Mayo se realizaron bajo el régimen del estado de sitio. Y atribuyó la necesidad de esa ley a que “arribaban representantes extranjeros que, como en casi todos los países, eran amenazados por los atentados anarquistas”. Semejante tergiversación de la historia resulta coherente con la manera en que ese mismo diario informó en mayo de 1910 acerca de lo que estaba ocurriendo en las calles de Buenos Aires: el 15 de mayo se refirió a la “nota vibrante, la primera de las fiestas nacionales [que] dieron los estudiantes universitarios en la manifestación realizada en la mañana de ayer” que culminó con un acto en la Plaza de Mayo, pero no publicó una sola línea sobre los hechos ocurridos en la noche del 14. Tampoco lo hizo al día siguiente, salvo para referirse vagamente a “que algunos manifestantes habían sostenido diversos tiroteos en las calles” y “un incidente ocurrido en aquella sección la noche anterior” (3), y a que “unos individuos que se hallaban parapetados en la calle Méjico 2070 hicieron fuego de revólver contra un grupo de estudiantes” (nada dice acerca del por qué de la presencia de esos estudiantes en el lugar) e hirieron a cinco, por lo que “sus compañeros, indignados por el ataque, penetraron en el local, destrozando cuanto dentro de él había” (4). En cambio, ese mismo día, se refirió a las manifestaciones “improvisadas por la noche sin que mediase citación alguna, como si los estudiantes, deseosos de exteriorizar los sentimientos que los agitan, se hubiesen concertado en grandes masas por virtud de un ineludible impulso que a todos alcanzó con igual vehemencia” (5), sin hacer la más mínima alusión a que los manifestantes imponían un “severo castigo a quienes no se descubrieran a su paso o no coreasen sus estribillos” (6), como le ocurrió al escritor, pintor e ideólogo del movimiento modernista catalán, Santiago Rusiñol, que mientras paseaba por la Avenida de Mayo fue acosado y golpeado por un grupo de jóvenes porque no se descubrió y gritó “Viva la Patria” lo suficientemente rápido. (7)

Existen, sin embargo, otras descripciones de estas manifestaciones “patrióticas”: los relatos de tres testigos y protagonistas de los hechos y del mismo Comité Ejecutivo del partido Socialista Alberto Ghiraldo, poeta anarquista y director de la revista Ideas y Figuras se refiere así a esos días del Centenario: “(...) mientras los grandes rotativos, con gerencia en París algunos, aprovechaban la falta de fiscalización para mentir hechos y entregar a la picota a todos los amigos de la libertad; (...) otros acontecimientos se han desarrollado y que a pesar de haber hecho retroceder en miles de años el espíritu de la civilización nadie se atreve a develar…” (8). Sebastián Marotta, militante de la Confederación Obrera Regional Argentina, describe a los manifestantes como “una muchedumbre de gente adinerada, diputados, empleados de gobierno, sirvientes, policías y militares” (9). Eduardo G. Gilimón, militante anarquista y redactor de La Protesta, caracteriza a las manifestaciones como “Nada más alejado del sentimiento patriótico, que es por naturaleza, por ser sentimiento, espontáneo, que aquellos malones organizados y dirigidos por la policía” (10). El Partido Socialista las calificó de “turbas salidas de los clubes y garitos elegantes, de los colegios de frailes y de la comisaría de investigación, esa tenebrosa repartición titulada por sarcasmo de orden social”. (11)

Algunas de las descripciones incluyen entre los que encabezaron las manifestaciones que culminaron en los ataques a los locales obreros a figuras prominente de la política y la “sociedad” del momento: el barón Antonio De Marchi, el ingeniero Carlos Aubone, el capitán Lara, los diputados nacionales Carlos Carlés y Pedro Luro, Juan Balestra, el comisario Reynoso y el estudiante Alonso Criado (12). Y hay suficientes indicios de que no se trataba sólo de manifestaciones patrióticas que pudieran presumirse espontáneas: en la Sociedad Sportiva Argentina (13), el Club Gimnasia y Esgrima y la Sociedad Hípica (14) se realizaron reuniones “con el fin de organizar una policía auxiliar de ciudadanos” (15). Ghiraldo afirma que de la Sociedad Hípica salieron las armas utilizadas en los asaltos ya referidos. Pero probablemente no fue sólo de allí: instituciones religiosas pidieron armas a la policía, cuyo jefe recomendó al ministerio del Interior entregarlas (16); el ministro del Interior, Dr. Gálvez, manifestó que “(...) muchos padres de familia alarmados (...) arman el brazo de sus hijos para que hagan respetar la escarapela nacional que llevarán ese día” (17). Carlos Saavedra Lamas, en su intervención en el debate sobre la ley de defensa social, aludió a versiones que indicaban que mientras se realizaban estas manifestaciones “(...) se abrían los cuadros de la policía para llevar la colaboración de los estudiantes, introduciendo un principio absolutamente desconocido de una acción conjunta de estudiantes y de soldados en el cumplimiento de los deberes del estado para la conservación del orden y la estabilidad social” (18), a lo que el ministro Gálvez respondió que “Hubo muchos estudiantes que fueron a ofrecerse para servir de agentes de investigaciones, de defensores del orden público, en momentos de verdadera efervescencia popular” (19).

Las manifestaciones nocturnas no se limitaron al día 14. En la noche del 15 los manifestantes fueron al llamado “barrio judío” (20), donde destruyeron y saquearon un almacén en Lavalle y Andes (hoy J. E. Uriburu) (21) y otro en Lavalle y Talcahuano, cortaron barbas de “lamentables ancianos” (22), violaron mujeres (23), destruyeron muebles en un restaurante y un prostíbulo (24); una numerosa columna tiroteó e incendió la imprenta y librería de Bautista Fueyo, ubicada en el Paseo de Julio, frente a la estación Retiro; Fueyo, acusado de anarquista, se defendió a balazos e hirió a varios antes de ser tomado preso por la policía sin que se supiera de su paradero durante una semana (25). El 16 la muchedumbre, al grito de “¡A la Boca! ¡A Barracas!”, amenazó con atacar varias sedes sindicales, entre ellas la del Sindicato de Conductores de Carros; pero cuando la columna había comenzado a marchar, el Dr. Balestra llegó con la noticia de que en los barrios obreros se preparaban para defender los locales sindicales; al grito de “A la pirámide de Mayo!” los manifestantes decidieron no abandonar su territorio. A la noche siguiente, después que el comisario de la seccional 26ª hizo desalojar a todos los grupos obreros de almacenes y bares y detener a quienes estuvieran cerca del Sindicato de Conductores de Carros, volvieron a reunirse los manifestantes, pero nuevamente desistieron de ir a los barrios obreros, donde militantes obreros se habían acantonado en las casas cercanas al local (26). En esos días también fueron asaltados y destruidos los muebles del local de la Federación Obrera Local, en La Plata, y locales obreros en Rosario, donde hubo algunos heridos. Mientras tanto, continuaron los apresamientos de militantes obreros, que llegaron a alrededor de 500, entre presos y deportados. (27)

¿Qué había desatado esa furia que se presentaba como patriótica pero que era fundamentalmente clasista, antiobrera? ¿Eran las amenazas de bombas contra los dignatarios extranjeros, como atribuye hoy La Nación?

No. Fue la amenaza de declaración de una huelga general. Y esta huelga, convocada para el 18 de mayo ¿era una huelga revolucionaria dirigida a deponer al gobierno y transformar de raíz el sistema institucional jurídico y político, a modificar el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y de cambio?

Tampoco. Era una huelga que reclamaba la libertad de los presos obreros (muchos de ellos apresados en la Semana Roja de 1909 y que no habían sido liberados a pesar del compromiso asumido por el gobierno), la derogación de la ley 4144, llamada de Residencia (que permitía expulsar del país, sin juicio ni defensa, a los extranjeros que el gobierno considerara “indeseables) y la amnistía para los infractores a la ley de servicio militar. En abril de 1910 el Consejo de delegados de la recientemente formada CORA, surgida la unión de la UGT y sindicatos autónomos, resolvió declarar una huelga general “en defensa de la libertad de la clase obrera en la ocasión propicia del Centenario” (28). El 1º de Mayo hizo público un manifiesto en ese sentido y reiteró la decisión de declarar la huelga general si no se derogaba la ley de Residencia. Entre otros conceptos el manifiesto decía que “La única celebración que podemos hacer en las fiestas centenarias es que ellas sean el motivo para que se consagre la conquista de una libertad. ¡Será así que la libertad se conmemorará con la conquista de más libertad!” y anunciaba que “Más y más luchas se han de producir hasta que del horizonte de la vida combativa del proletariado desaparezca ese nubarrón [la Ley de Residencia] que intercepta los rayos del sol de sus libertades”. También reclamó la libertad de “los presos que yacen en las cárceles por cuestiones obreras”, y anunció que, si no se aceptaban estas demandas, “la huelga general estallará en la víspera del 25 de Mayo, como un mentís a cuantas libertades quieren celebrarse y exhibirse ante el mundo civilizado”. El inicio de la huelga se fijó para el 18 de mayo. Paralelamente, el día 8, la FORA realizó un mitin multitudinario contra el maltrato a los presos en la Penitenciaría Nacional y anunció que realizaría también la huelga general desde el 18.

Especialmente ilustrativo de las metas de quienes declararon el estado de sitio y de quienes realizaron los ataques a los locales obreros resulta el asalto a La Vanguardia. El Partido Socialista privilegiaba la lucha parlamentaria, rechazaba la huelga general revolucionaria y consideraba que “La huelga general es en todo caso un procedimiento extremo y se acompaña de graves inconvenientes para el pueblo (...) ejercita sentimientos, pero muy poco o nada las aptitudes creadoras del pueblo. No hace adelantar un paso su educación técnico-económica, si bien puede dar impulso a su educación política” (29). Con ese fundamento el PS se oponía al uso sistemático de la huelga general. Y específicamente se opuso a la declarada por la CORA y la FORA en mayo de 1910: el periódico partidario, “respetuoso del tradicionalismo sincero de muchos ciudadanos, había combatido el propósito de perturbar las fiestas con agitaciones extemporáneas” (30). Sin embargo, como ya se dijo, la noche del 14 de mayo la sede de La Vanguardia. Confiado en su oposición a la huelga, el PS había pedido protección a la policía. Craso error: “La policía armada, cuyo apoyo habíamos solicitado en previsión de un ataque, estaba allí representada por gran número de oficiales, y agentes a caballo y a pie; pero no para amparar nuestro diario, que, demasiado confiados, habíamos dejado indefenso, sino para traicionarnos, proteger a los asaltantes, prestarles sus armas, y apartar del triste espectáculo a las personas del pueblo que contemplaban atónitas tanta barbarie. Y la administración de nuestro diario, su librería de obras escogidas y clásicas, sus máquinas, la imprenta toda creada por el inteligente sacrificio del pueblo, han sido destruidas a los gritos de Viva la patria! Viva la policía!” (31). Cuando Juan B. Justo, director del diario, increpó al comisario Reynoso presente en el lugar, para que detuviera el ataque, recibió por contestación “Los muchachos están entusiasmados” (32). Después del ataque “Toda la maquinaria, desde las graciosas minervas a la gran rotativa, aparecía herida de muerte; los grandes rollos de papel yacían acuchillados como víctimas propiciatorias de un salvaje odio, y entre los muebles destrozados y cristales rotos y puertas astilladas a machetazos, un busto de Marx, degollado (...)”(33). Según la declaración socialista, los manifestantes llevaron “como trofeos jirones de libros y pedazos de máquina de imprimir” para exhibirlos ante el presidente Figueroa Alcorta, a quien vivaron a la salida de un banquete. (34)

No eran, pues, sólo los anarquistas ni las supuestas menazas de bombas, lo que impulsó al gobierno a declarar el estado de sitio ni a los manifestantes a destruir los periódicos y locales obreros. Todas las corrientes del movimiento obrero (excepto los pro-patronales Círculos de Obreros Católicos) eran consideradas enemigas por las clases dominantes. Y el ataque contra aquellas no se desató por la amenaza de atentados anarquistas sino por la declaración de la huelga general por la libertad de los presos y la derogación de la ley de Residencia. En palabras de Manuel Carlés “En las actuales circunstancias en que además de la fecha histórica que celebramos, la República Argentina se siente cruzada por treinta y cinco mil vagones que transportan quince millones de toneladas, fruto de veinte mil hectáreas, que representan el trabajo de dos millones de almas, ¿es posible suponer, señores diputados, que tanto esplendor, que tanta prosperidad y trabajo puedan ser interrumpidos por las perturbaciones de facciosos interesados en mantener el desorden?” (35). Era la convicción de defender su posición social y sus negocios frente a lo que consideraban una “degeneración”, un “crimen” que atacaba el orden social establecido. Por eso los ataques a los locales obreros exceden largamente a una acción policial; pueden aparecer como espontáneos, pero lo espontáneo no es más que la forma embrionaria de lo consciente y resulta claro que es su conciencia de clase propietaria lo que hace que la burguesía argentina sienta amenazado su orden social.

Esto es lo que se evidenciará también, algo más de un mes después, cuando se discuta en el Congreso Nacional el proyecto de ley de Defensa Social.

Notas:
1) Ghiraldo; “Nuestra crónica”, Ideas y Figuras , Año II, Nº 34, 1º de octubre de 1910. Marotta; El movimiento sindical argentino; Buenos Aires, Lacio, 1961; tomo II; pp. 74.
2) Abad de Santillán; La Fora; Utopía Libertaria, 2005;; pp. 206-7.
3) La Nación; 16/5/1910, p. 8.
4) La Nación; 16/5/1910, p. 11.
5) La Nación; 16/5/1910, p. 8.
6) Marotta; op. cit.; p. 72.
7) Marotta, op. cit. y Ghiraldo, op. cit.
8) Ghiraldo, op. cit.
9) Marotta, Sebastián; El movimiento sindical argentino; Buenos Aires, Ediciones Lacio, 1961; tomo II, p.73.
10) Gilimón, Eduardo G.; Un anarquista en Buenos Aires; Buenos Aires, Centro Editor de América Latina; 1972, p.106.
11) Declaración del Comité Ejecutivo del PS de mayo de 1910; reproducida en Oddone, Historia del socialismo argentino; Buenos Aires, La Vanguardia, 1934; tomo II, p. 79.
12) El barón Antonio De Marchi era yerno y vocero político del ex presidente Roca, Director de Paseos de la Ciudad de Buenos Aires en 1910, fundador del Automóvil Club Argentino y difusor del tango en París y en Buenos Aires; el ingeniero Carlos Aubone había sido Secretario General de la Policía de la Capital entre 1904 y 1906 por lo que ocupó la jefatura varias veces; Carlos Carlés era hermano de Manuel, futuro fundador de la Liga Patriótica, y como él, diputado nacional en 1910; Pedro O. Luro, casado con una sobrina de Roca, también era diputado nacional en ese momento, fue varias veces miembro de la Comisión Directiva del Jockey Club de Buenos Aires y fundador de la Asociación Amigos de la ciudad, además de estar vinculado a la actividad bancaria; Juan Balestra, varias veces diputado nacional hasta 1906, ex gobernador de Misiones y ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública durante la presidencia del Dr. Carlos Pellegrini, también fue miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina.
13) Marotta; op. cit.; pp. 72-3.
14) Ghiraldo; op. cit.
15) Ghiraldo; op. cit.
16) Archivo General de la Nación - Fondo Ministerio del Interior, 1910; Legajo 8; Documento sección 1 Letra P Nº 2133. La Policía de la Capital solicitó 225 carabinas Remington, con sus correspondientes portamuniciones y 22.500 tiros de guerra “con destino a instituciones religiosas, que abrigan temores de ataques por parte del elemento anarquista”. Las instituciones eran el Asilo Dulce Nombre de Jesús, Convento Padres Argentinos, Colegio del Huerto, Casa de Misericordia, Colegio de la Anunciación, Colegio Hijas del Divino Salvador, Monasterio de las Monjas Teresas, Colegio José Manuel estrada, Colegio Hermanas Dominicas, Iglesia del Carmen, Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, Casa San Antonio. El documento no deja en claro si efectivamente se entregaron las armas.
17) Cámara de Diputados; Diarios de sesiones; 13 de mayo de 1910; p. 55.
18) Cámara de Diputados; op. cit.; p. 319-20.
19) Cámara de Diputados; op. cit.; p. 321. El ministro adujo que por eso fue que el PE pidió la ley de Estado de Sitio “para evitar la acción de esa juventud y del pueblo que se lanzaba a la calle (...)”, afirmaciones refutadas tanto por los hechos que relataremos más abajo como por la presentación del PE en la sesión donde se aprobó dicha ley.
20) La periodista y conferencista española, librepensadora, anticlerical y anarquista, Belén de Sárraga, que estaba en Buenos Aires, escribió: “(...) contemplé el barrio ruso, hasta donde llegó la cólera invasora, que pretendía acaso vengar en inocentes la muerte de Falcón. Puertas arrancadas, ventanas con los vidrios rotos, caras asustadas y recelosas; esto vi; y sobre los mismos edificios heridos por piedras y machetes, en nombre de un extravagante patriotismo, la bandera argentina puesta allí como pedido de misericordia de las víctimas, parecía contener la furia de los victimarios” (“Locura Patriótica”; en Ideas y Figuras; Año II, Nº 34, 1º de octubre de 1910; s/p.).
21) Marotta; op. cit.; pp. 75. Probablemente el mismo que Ghiraldo ubica en Viamonte y Andes.
22) Ghiraldo; op. cit. Este mismo autor relata que “Está demostrado, decía un sabelotodo en un tranvía: el 99 por ciento de los anarquistas son rusos, si, señor, rusos”. Recuérdese que cinco años antes había estallado la revolución de 1905 en el Imperio Ruso.
23) Boletín de la CORA citado en Marotta; op. cit.; p.76.
24) Ghiraldo; op. cit.
25) Ghiraldo; op. cit. Este autor no hace referencia a la resistencia armada de Fueyo.
26) Marotta; op. cit.; pp. 76-7.
27) Marotta; op. cit.; p. 77.
28) Manifiesto de la CORA, citado en Marotta; op. cit., p. 422
29) Justo, Juan B.; Teoría y Práctica...; op. cit.; pp. 454-5.
30) Declaración del CE del PS de mayo de 1910; reproducida en Oddone, op. cit.; p. 79.
31) Declaración del CE del PS reproducida en Oddone, op. cit.; p. 80. La Vanguardia no pudo publicarse por tres meses; reapareció por una suscripción popular que reunió $ 25.000.
32) Marotta; op. cit.; p. 73. Después de estos hechos el comisario de la sección 14ª fue suspendido y ante la protesta formal de los socialistas, el Jefe de la Policía de la Capital, Cnel. Dellepiane (futuro jefe de las tropas que sofocaron a sangre y fuego las manifestaciones de la llamada “Semana Trágica” de enero de 1919) ofreció pagar los daños con dinero de la policía (Marotta; op. cit.; p. 73), lo que fue rechazado por el PS: “Para la ofensa brutal y el daño que se nos ha inferido, no esperemos más reparación que la que sepamos darnos nosotros mismos” (Declaración del CE del PS reproducida en Oddone, op. cit.; p. 81).
33) Belén de Sárraga, op. cit.
34) Declaración del CE del PS reproducida en Oddone, op. cit.; p. 81.
35) Cámara de Diputados; op. cit, p. 57.

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Argentina: ¿Por qué rebrota la inflación? Consideraciones sobre sus causas y soluciones

ECONOMISTAS DE IZQUIERDA (especial para ARGENPRESS.info)

La inflación ha reaparecido nuevamente como un grave problema. Coincidiendo con la percepción cotidiana de la población, la mayoría de las estimaciones sitúan la carestía entre el 15 y el 25% anual. Estos porcentajes, que manejan las consultoras privadas y los institutos provinciales, son congruentes con el incremento de la recaudación impositiva en el primer trimestre (18%) y con el promedio de las negociaciones salariales (18-25%).

Estas cifras se encuentran muy lejos de los desastres hiperinflacionarios de los años ‘80 / ‘90 y reflejan también coyunturas estacionales pero, en el mejor de los casos, la suba de precios se ha estabilizado en un nivel que golpea duramente a las mayorías populares.
Este impacto es mayor entre los sectores más empobrecidos, que soportan el encarecimiento de la canasta alimenticia. El incremento de estos precios duplica el promedio general y en algunos rubros -como la carne- alcanzó niveles escalofriantes. La inflación anual de los hogares pobres promedió el año pasado un 22%, mientras que su equivalente entre las familias ricas alcanzó al 13%. La misma tendencia se verificó en los dos primeros meses del 2010 con subas de 6,5% en el primer caso y 4,9% en el segundo.
Un ejemplo de este impacto diferenciado es la licuación de la asignación universal por hijo, cuya preservación requeriría un ajuste mensual automático por la evolución de los precios de la canasta básica de alimentos.
Una estrategia fallida: destrucción de los indicadores
Cualquier debate sobre la inflación ha quedado deformado por la demolición de las estadísticas del INDEC. Como el gobierno niega esa manipulación hay que manejarse con estimaciones para-oficiales, tampoco muy confiables. Desde que comenzó la digitación de las cifras (enero del 2007) se ha introducido una distorsión escandalosa, mientras que los funcionarios calculan desde entonces una suba de 28,1%, los institutos provinciales (Santa Fe o San Luis) registran incrementos de 80%.
El dictamen que prepara la comisión formada para evaluar el manejo oficial de los índices (CAES) es demoledor. Sobran las anormalidades en todos los terrenos (cambios de canasta, reducción de rubros, gastos que desaparecen).
Repitiendo un hábito de administraciones anteriores (especialmente las de Martínez de Hoz y Cavallo), los ministros de economía han intentado disimular la inflación destruyendo al mensajero. Pero el engaño es efímero, ya que resulta imposible tapar la realidad con números ficticios. No solo la población percibe la estafa, sino también funcionarios y empresarios que necesitan contar con datos confiables para adoptar decisiones cotidianas.
La manipulación de los datos ha creado un mundo de fantasía, que impide evaluar los niveles de pobreza e indigencia. Estas magnitudes se calculan utilizando el controvertido índice de precios de la canasta básica de alimentos. Según las estimaciones oficiales, el primer porcentual ha caído a 13,2% y el segundo a 3,5%, incluso antes del otorgamiento del ingreso universal (diciembre 2009). Este diagnóstico contrasta con diversos cálculos privados que triplican esos guarismos (30,1%-31,2% y 10,5% -11,2%).
La caracterización oficial choca con algunas constataciones elementales. No es creíble que la pobreza e indigencia hayan bajado en forma tan radical durante el año pasado, que estuvo dominado por el crecimiento negativo, la contracción de ventas y el aumento del desempleo (de 7,8 a 8,4%). Si las cifras del INDEC fueran ciertas el nivel actual de indigencia se asemejaría al de 1974, cuando el desempleo era de 2,8%, el trabajo en negro rondaba el 17% (hoy 36%) y la brecha entre ricos y pobres era incomparablemente menor. Es más que obvia la distancia que separa el contexto actual de esa época.
Como el imaginario universo oficial es insostenible ya existen varias iniciativas para alivianar la manipulación del INDEC. Pero las propuestas para elaborar nuevos índices van y vienen, con ensayos de canastas que incluyen y excluyen consumos de diverso tipo. La decisión más reciente sería negociar un programa de asistencia técnica con el FMI, que al mismo tiempo es cuestionado como auditor por el propio gobierno. Los funcionarios, que alegaban una conspiración de los acreedores para ajustar los rendimientos de sus títulos con los índices del INDEC, ahora tramitan un asesoramiento del principal protector de esos financistas que, como es sabido, carga con una probada responsabilidad de encubrimientos y fraudes contables al servicio de los grandes banqueros. Sin embargo en cualquier caso lo más importante son las causas de la inflación, no su medición.
La causa real: preservación de las ganancias capitalistas
Para quienes integramos Economistas de Izquierda (EDI) la principal razón de la carestía es que los precios aumentan para mantener la rentabilidad de las grandes empresas. Los grupos capitalistas más concentrados se aseguran beneficios elevados por medio de la inflación. Nuestra conclusión surge de una simple constatación: sólo los capitalistas pueden implementar remarcaciones. Los asalariados, el grueso de la clase media y la inmensa mayoría de la población son simples consumidores de los bienes cotizados por los grandes formadores de los precios.
Para nosotros es importante subrayar esta evidencia para no perder de vista quiénes son los verdaderos responsables de la inflación. Cualquier discusión que omita esta realidad conduce las reflexiones hacia un laberinto. Hay que debatir cuáles son las razones que impulsan a los empresarios a subir los precios y evaluar si se trata de actos voluntarios, obligados o perversos. Pero antes de calificarlos es necesario asumir su protagonismo en la carestía, ya que existe un manifiesto ocultamiento de ese rol. Los gobiernos suelen determinar algunos precios básicos de la economía (tipo de cambio, tarifas, salario mínimo) y adoptan políticas que aceleran o atenúan la inflación. Pero quiénes remarcan los precios son los capitalistas.
Los dueños de las empresas no limitaron estos aumentos, ni siquiera durante la recaída productiva del complicado año pasado. Los balances de las firmas que cotizan en Bolsa indican un crecimiento de las utilidades promedio de 51,7% en comparación al 2008. Hubo sectores muy beneficiados (bancos, telefónicas, siderúrgicas), pero la performance fue muy buena para todos en el peor ejercicio del ciclo iniciado en el 2003. Otro cálculo más extendido revela que la rentabilidad bruta fue muy elevada entre el 2004 y el 2007, se atenuó posteriormente y se mantuvo siempre por encima de los años ‘90. El nivel el año pasado se ubicó por ejemplo un 15% por arriba del 2001.
Un indicador de la inflación como ajustador de las ganancias es el comportamiento de los precios mayoristas, que tiende a subir en forma preventiva para asegurar el colchón de rentabilidad. Este mecanismo de actualización ha quedado incorporado desde hace décadas a la conducta habitual del capitalista argentino.
Durante la reactivación del 2002-07 las ganancias extraordinarias generadas por la mega-devaluación atenuaron la incidencia del recurso inflacionario. Pero desde que el modelo económico perdió capacidad para generar beneficios fáciles, la escala de precios volvió al primer plano.
Este retorno opera como un instrumento patronal para neutralizar la recuperación del salario. Desde la reactivación del 2003 las remuneraciones lograron una progresiva reconstitución del poder de compra perdido durante la hecatombe precedente. Cuando esa recomposición alcanzó su techo (2007), los empresarios retomaron la inflación para diluir en el mercado la mejora obtenida por los trabajadores. Este resurgimiento de la carestía para desvalorizar los salarios se mantuvo en el 2008 y no decayó con recesión posterior.
El mismo papel ha jugado la inflación frente a la recuperación del empleo. Para contrarrestar el efecto de la creación de 2,2 millones de puestos de trabajo en blanco durante los últimos seis años, los capitalistas preservan beneficios vía precios. Por ese camino compensan la recomposición de las remuneraciones que tuvieron de los asalariados del sector formal.
Los empresarios no pueden recurrir a los mecanismos de ajuste de los años ‘90 (desempleo y deflación) en un contexto de crecimiento y reconstitución de la lucha social. Por eso utilizan la inflación como contrapeso a un legado de la rebelión popular del 2001 que se refleja en la renovada gravitación de los sindicatos.
Ciertamente esta utilización patronal de la inflación como sustituto de los despidos y la reducción salarial es un rasgo general del capitalismo contemporáneo. Pero en Argentina siempre ha presentado un nivel superior al promedio internacional. En la actualidad por ejemplo, la tasa de de inflación es nueve veces mayor que la media global y se ubica cinco o seis veces por encima del promedio de los países vecinos. En el 2009 fue solo superada por seis países en el mundo y triplicó la media latinoamericana.
Estos datos confirman la perdurabilidad de una conducta empresaria adiestrada en la gestión de negocios en marcos inflacionarios. Mantienen este hábito por memoria, tradición e impunidad y es un comportamiento análogo a la fuga de capitales. Ante cualquier temor o perturbación se remarcan los precios y se gira el dinero al exterior. Estos reflejos han vuelto a operar y por esta razón la inflación no ha bajado de dos dígitos en los últimos tres años.
Diagnóstico del establishment: gasto público descontrolado.
Los llamados economistas ortodoxos están claramente embarcados en una campaña de inflación de la inflación. Sugieren la existencia de porcentajes mayores a los existentes por medio de encuestas distorsionadas y operaciones de prensa. Su objetivo es crear un clima propicio a la implementación del ajuste antipopular.
Sus voceros atribuyen la inflación al deterioro de las cuentas públicas y a la desmesura del gasto estatal (Melconian, Llach, Artana, López Murphy, Broda entre otros). Afirman que esas erogaciones han crecido a un ritmo 30% superior a los ingresos, provocando la abrupta degradación del superávit primario (3,9% en 2004) a una situación de equilibrio (o déficit del 1%, si se considera el uso de recursos extraordinarios).
Pero estos custodios de la austeridad fiscal dieron rienda suelta a la emisión y al endeudamiento público cada vez que les tocó participar de un gobierno o colaborar con el. Sus demandas de recorte del gasto son pura hipocresía, puesto que convalidan las principales fuentes de erosión de los recursos públicos: los pagos de la deuda y los subsidios a las grandes empresas. Estas últimas subvenciones no buscan mejorar los servicios, sino asegurar la rentabilidad de los concesionarios y mantener las tarifas en niveles políticamente sostenibles. Tampoco objetan la existencia de un sistema tributario regresivo, que obliga a las mayorías populares a cargar con el sostenimiento del Estado, mientras las clases dominantes lucran con desgravaciones de todo tipo.
Los custodios verbales de la tesorería tampoco recuerdan su contribución a los colapsos fiscales que soportó el estado por rescates de bancos y empresas en quiebra. Los críticos ortodoxos silencian estas dilapidaciones. Nunca rechazan el gasto público a favor de los capitalistas y solo reclaman cortar el gasto social destinado a los trabajadores, desempleados y empobrecidos.
Pero el diagnóstico de carestía por emisión -que efectivamente derivó en varios colapsos hiperinflacionarios en el pasado- no se ajusta a la realidad actual. Fue causa del descontrol de los precios en los años de gran déficit fiscal, deuda incontrolable y reservas exiguas, que no se verifican en estos momentos. Es cierto, el superávit fiscal se ha reducido pero los desbalances de las cuentas públicas son limitados y no provocan el alto nivel de inflación vigente.
El combustible inflacionario que generan los desequilibrios fiscales son más un peligro a futuro que un problema inmediato. En la medida que el bache de las cuentas públicas se profundice, con agujeros que se tapan con fondos de la previsión social y políticas de re-endeudamiento, los desastres financieros del Estado pueden reaparecer. Pero son posibilidades de inflación potencial, que no explican las remarcaciones de los últimos tres años.
Los economistas del establishment atribuyen todo el problema al gobierno, exculpan así a los capitalistas que son quienes efectivamente provocan el aumento de los precios. Han difundido la teoría de una “inflación K”. Esta teoría presenta a la carestía como una conspiración político-electoral del matrimonio presidencial para perpetuarse en el poder, afirman que con ese propósito se está generando desde el Estado un crecimiento artificial de la producción y el consumo. Pero esta tesis que conduce a propiciar un enfriamiento de la economía, supone que la inflación es obra de los gobiernos y no de los capitalistas. Diaboliza a los presidentes de turno para exculpar a los reales causantes del problema.
En todo caso el gobierno es responsable de tolerar, hacer la vista gorda o incluso convalidar los incrementos. También de pretender administrar los precios en base a una política de alianzas empresarias que terminan generando nuevas subas. A nivel macroeconómico los gobiernos solo alcanzan a gestionar la inflación en asociación (y conflicto) con las clases dominantes, mediante políticas de mayor tolerancia o limitación de la suba de precios, pero los aumentos solo son provocados por los empresarios. Únicamente en situaciones límite los funcionarios pueden inducir la inflación para licuar la deuda del Estado, pero nunca son los habituales causantes del problema, ni lo tienen bajo su control.
Cuando estos economistas toman distancia de los gobiernos suelen culpabilizarlos por el llamado “impuesto inflacionario”. También aquí olvidan que el incremento de los precios no es un gravamen por solo hecho de incrementar los ingresos fiscales o licuar parcialmente la deuda pública. Quienes recaudan los mayores beneficios de la carestía son los capitalistas que lucran directamente con las remarcaciones.
El ajuste y sus variantes
Del retrato de inflación descontrolada que difunden la derecha opositora y el FMI se deriva la necesidad de un ajuste inexorable. El propósito de este recorte sería garantizar desde ahora el cobro puntual de la deuda pública. Los exponentes de la banca (Kiguel, Daniel Marx) no disimulan este objetivo. Algunos ya se pronuncian por la tradicional receta de cortar las erogaciones y enfriar el nivel de actividad (Bour, Frenkel) y otros proponen un camino más gradual para implementar el mismo achique (Llach).
Cuando pueden hablar sin micrófonos son más explícitos, atribuyen la inflación al recalentamiento de la demanda que generan las negociaciones salariales en curso. No cuestionan abiertamente los reclamos de aumento salarial, sino que advierten en forma más indirecta respecto del impacto que esas exigencias tendrían sobre la “espiral inflacionaria”.
Sin embargo olvidan aclarar que ese reciclaje no obedece a fuerzas de la naturaleza, sino a las acciones premeditadas de los capitalistas. Otra forma de invertir la realidad es afirmar que el gobierno convalida aumentos salariales que negocian fuera de su órbita (sector privado, provincias) y que “deben pagar otros”.
Proponen combatir la inflación mediante la liberación de los precios. Consideran que la oferta y la demanda auto-regula todas las variables de la economía colocándolas en su justo lugar. Con este estandarte despotrican contra la ineficacia del “intervencionismo populista” que pretende supervisar los precios (Aguad, Campos, AEA).
Este rechazo contrasta con el aplauso que reciben todos los auxilios estatales a los banqueros. Para estos economistas cuando se imponen topes a los salarios los gobernantes cumplen una loable función, pero si intentan atenuar la escalada de los precios se inmiscuyen en áreas que están fuera de su incumbencia. Este recitado neoliberal omite que la inmensa mayoría de los precios están actualmente exentos de todo control y que por eso aumentan. No existe carestía por “inflación sumergida”, sino una remarcación descarada y sin grandes obstrucciones. Quienes repiten una y otra vez que “los precios no deben regularse”, omiten notar que justamente ese descontrol provoca la inflación actual.
Cuando los precios internos se aceleran en comparación al tipo de cambio los exportadores comienzan a pedir devaluación competitiva para recuperar rentabilidad. La mega-devaluación del 2001-02 los mantuvo callados durante todo el tiempo que lucraron con los efectos de esa confiscación de ingresos populares, solo exigieron reducciones de impuestos (bajar las retenciones), sin hablar de la cotización del dólar.
Pero ahora piden la devaluación frente al intento gubernamental de morigerar la carestía retrasando el acompañamiento cambiario (Ratazzi, Buzzi). No les satisface esta política, ni tampoco la reciente aceptación de la traslación local del aumento de ciertos precios internacionales (por ejemplo el combustible). En su griterío omiten el tipo de cambio promedio se sitúa todavía un 33% por encima del ocaso de la convertibilidad y que el tipo de cambio multilateral (con los socios comerciales) duplica el vigente en diciembre 2001.
Es sabido que cualquier devaluación potenciaría la inflación, ya que el país exporta alimentos y una mejora de los precios de exportación genera inmediatas presiones para incrementar sus equivalentes internos. Por donde se lo mire, los remedios que propone la “ortodoxia” económica implican más inflación.
Explicación del gobierno: expectativas, codicia, indisciplina
El gobierno atribuye el incremento de precios a la existencia de un clima político y social enrarecido que induce a los empresarios a remarcar. Así desestima la existencia de un rebrote inflacionario, solo habla de “reacomodamiento de precios”, que se disipará cuando retornen las expectativas favorables. Para el oficialismo la carestía desparecería si impera un clima de buena onda.
El carácter superficial de este diagnóstico salta a la vista. La inflación se ha instalado desde hace tres años como un problema sostenido, que ya no depende del humor del momento. Los precios suben en la prosperidad y en la recesión económica, con estabilidad o con convulsión política. Es un problema inherente al modelo actual que afloró desde el 2007. Todo indica que seguirá incluso perdurando en un nuevo ciclo de crecimiento.
Los funcionarios apuestan a los efectos mágicos de relativizar el problema. Afirman que los precios solo repuntan por las maniobras de empresarios codiciosos. Siguiendo este diagnóstico, algunos economistas caracterizan a la inflación actual como un fenómeno inercial y de corto plazo, que podría cortarse con acuerdos sociales (un pacto CGT-UIA-FAA) y anuncios presidencias de de metas de inflación decreciente (Ferrer).
Pero los datos desmienten el carácter meramente coyuntural de la presión inflacionaria. La experiencia indica que cuando este comportamiento se estabiliza, la remarcación se torna inmune a todas las convocatorias oficiales a la sobriedad. Los empresarios saben, además, que la amonestación oficial solo encubre las negociaciones para introducir algún freno de la carestía a cambio de subsidios y concesiones. Con estas tratativas se busca relanzar una canasta artificial de bienes con precios moderados para justificar las manipulaciones del INDEC y preservar la libre remarcación del resto de los productos.
Como los capitalistas suelen violar estos acuerdos, desde hace años existe un cortocircuito con la gestión Moreno. Los comunicadores derechistas denuncian su estilo patotero, pero no su tolerancia de la carestía. Los escándalos mediáticos ocultan que los formadores de precios ignoran todos los compromisos que asumen, provocando el enojo del secretario. Pero este vocifera sin adoptar medidas de control efectivo de los precios.
La Secretaría de Comercio Interior no tiene un solo departamento de estudios de costos ni de márgenes de ganancia. Tampoco cuenta con inspectores que fiscalicen si los acuerdos de precios son puestos en ejecución. Es como si se pusiera en marcha una AFIP que no tuviera capacidad para recaudar o una Aduana sin facultades para gravar el ingreso de mercancías. En los últimos meses se limita a remendar convenios que no funcionan, para mantener la ficción de una regulación de las segundas marcas.
El método Moreno ha conducido al peor de los mundos. Mantiene una pantalla de concertaciones, lanza amenazas que no cumple y pretende asustar a los dueños del poder sin recurrir a la movilización popular. Supone que el griterío por arriba puede doblegar a los ejecutivos, reemplazando la intervención directa de los trabajadores y los usuarios en el control de los precios y los costos de las empresas.
Los formadores de precios no son “pequeños comerciantes inescrupulosos”, ni “intermediarios que se han avivado”. No se los puede disciplinar con simples amenazas de sanción oficial, porque conforman los grupos más poderosos que controlan los mercados, que siempre han manejado la economía argentina, en distintas asociaciones con todos los gobiernos.
Estos enormes conglomerados definen el precio de venta de los principales productos. Como ejemplos alcanza solo con algunos rubros. Únicamente dos empresas manejan el 89% de las ventas de pan lactal, otras dos el 84% de gaseosas y otra dupla el 77% de la leche chocolatada y el 78% de las galletitas saladas. El 100% de las cervezas es controlado por tres compañías. La misma situación se verifica en harinas, aceites y otros productos básicos. En todos los segmentos centrales de la provisión de alimentos y bebidas predomina el mismo paisaje de contundentes grandes oligopolios, enlazados a las cadenas de comercialización. Este manejo no implica necesariamente concertaciones entre las grandes firmas, pero las rivalidades no se traducen en reducción de precios.
Un freno efectivo de la escalada de los precios exige confrontar seriamente con las grandes empresas. Esta política nunca figuró en los planes del gobierno que trata a estas firmas como socios privilegiados del poder. Por esta convivencia tolera la inflación haciendo como que la enfrenta.
Demanda y puja distributiva
Los partidarios del gobierno afirman que el rebrote inflacionario obedece a incrementos del poder adquisitivo, que se traduce en aumentos generales del consumo. Consideran que la asignación universal, también el plan Argentina Trabaja, generó una fuerte corriente de compras de los sectores de menores ingresos, que indujo a los empresarios a subir los precios (Heller).
Pero este razonamiento descalifica el propio otorgamiento de la asignación por hijo. ¿Porque si su concesión impulsa la carestía, porque se la implementó de esa manera? Es evidente que la efectividad de esta iniciativa depende de su complementación con férreos mecanismos de control de precios. Como el gobierno no quiere enemistarse con los grandes capitalistas, otorga una concesión social que se ve limitada en su alcance real ya que la inflación, especialmente en el rubro alimentario, la ha licuado en un 50% en apenas seis meses.
Otros economistas oficiales estiman que la inflación refleja la intensidad de las negociaciones salariales entre trabajadores y patrones. Consideran que los precios se recalientan, junto a las crecientes disputas por la distribución del ingreso. Pero esta puja no es una confrontación equitativa, sino una batalla desigual entre patrones que aumentan los precios y trabajadores que solo negocian su salario.
Es cierto que el rebrote de la inflación expresa estas tensiones, pero no una mejora en la distribución del ingreso. Los precios suben porque los empresarios buscan mantener sus beneficios en un escenario de reactivación por causas externas (crecimiento de Brasil, alta cosecha, elevados precios de las exportaciones) e internas (política oficial contra-cíclica de sostenimiento del consumo). La inflación vuelve con fuerza a medida que el PBI tiende a crecer por arriba del 4%.
En este contexto se profundiza la desigualdad en lugar de acortarla. No existe ninguna redistribución significativa del ingreso, al contrario, la brecha entre los más ricos y los más pobres tiende ensancharse. La gravitación de los consumos de altos ingresos en los últimos meses es un signo de esa polarización.
El gobierno se despoja de toda responsabilidad por la inflación, pero desde la reanudación de la remarcación de precios en el 2007, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández no tomaron medidas efectivas que contuvieran la dinámica inflacionaria, aún en las condiciones de atraso del salario real. Se limitaron a implementar la tergiversación de los índices de precios y a ponerlo a Moreno a hacer declaraciones contra los empleados del INDEC. No existe una acción eficaz para desarmar las subas de precios. El gobierno coexiste así con una inflación que aumenta la pobreza y deteriora el salario, puesto que cualquier intervención para corregir el problema lo pondría frente dos escenarios: el congelamiento de las subas de precios o la política de shock que propicia la derecha. Frente a esta indefinición, no tiene más remedio que continuar administrando la situación.
Ausencia de inversión reproductiva
Sólo existe una causa que coadyuva a la inflación actual sobre la que hay coincidencia general: la carencia de inversiones reproductivas. Los economistas de todas las vertientes subrayan que los precios son también empujados hacia arriba por una fuerte restricción de la oferta ante la recomposición del nivel promedio de consumo de la población.
La recuperación del 2003-07 se efectivizó a partir de una enorme capacidad instalada ociosa y de un repunte de la inversión privada. Que sin embargo no logró poner en pie el stock de capital industrial requerido por el propio ciclo expansivo de la economía. Cuando se restauró la demanda los nuevos pedidos de compra no obtuvieron respuesta de los oferentes.
No es de extrañar entonces que la causa de este desfasaje fuera el bajo nivel de la inversión privada. Aunque tendió a subir en los últimos años se ubica muy lejos de lo requerido por dos restricciones estructurales: ausencia de financiación (los bancos prestan casi exclusivamente para consumo) y persistente fuga de capitales (por el hábito burgués de proteger los ahorros fuera del país). Esta tendencia fué potenciada por la recesión del año pasado, generando una caída adicional del 15%.
El bache de la inversión privada ha sido parcialmente compensado por su equivalente del sector público (sobre todo mediante caminos, puentes, cloacas, viviendas, escuelas), pero esta acción solo remontó los niveles de subsuelo que prevalecieron durante los años ‘90. Con esa inyección de fondos no se logra contrarrestar los problemas y se introducen nuevas adversidades.
En lugar de inversiones genuinas el Estado ha concedido subsidios a concesionarios privados en sectores estratégicos. Esta conducta heredada del privatismo menemista no ha cambiado. Una fabulosa masa de fondos públicos es destinada a empresarios que administran el transporte, la energía, los aeropuertos o la electricidad, sin ningún control de costos, ganancias, ni mejora en los servicios (La decrépita situación de los ferrocarriles es la evidencia más chocante de este despropósito).
Los economistas del establishment convocan a “seducir a los empresarios” con medidas que despierten su “confianza”, sin rememorar las nefastas consecuencias que generó esta misma convocatoria durante los años ‘90.
Lo ocurrido recientemente con la carne desmiente cualquier ilusión de remediar la estrechez de oferta con recetas de libre-mercado. Durante los últimos años la provisión de este alimento básico quedó sujeta a las decisiones de los ganaderos y los propietarios de tierra, sin ninguna interferencia oficial. Pero como el cultivo de soja fue más lucrativo que la crianza y engorde de animales, esta actividad perdió 13,5 millones de hectáreas y sufrió, sólo en el 2009 la liquidación de tres millones de cabezas. Más allá de las remarcaciones que imponen los supermercados y frigoríficos, que el gobierno intentó desesperadamente restringir introduciendo límites a las exportaciones, la falta de carne ilustra cómo el libre funcionamiento del mercado condujo a demoler la ganadería. Estos mismos desastres genera el libreto neoliberal en cualquier rama de la producción.
Por su parte, el gobierno se propondría remontar la baja inversión con la ampliación de los subsidios y la reconstitución del crédito de largo plazo. Pero como no contempla nacionalizar los recursos básicos (energía, minería, transporte) ni el sistema financiero, desestima los únicos instrumentos efectivos para reindustrializar el país y superar los baches de la oferta. La experiencia nos enseña que frente a la ausencia de vocación inversora de los capitalistas solo el Estado puede asumir la tarea de ampliar la capacidad productiva, y por lo tanto la oferta de bienes en el país. Mientras se mantenga este bajo nivel de inversión privada sin que el Estado se haga cargo en sectores directamente reproductivos, la inflación por restricción de oferta continuará.
Conclusiones y propuestas
Para los Economistas de Izquierda la inflación actual no es un problema más de la economía argentina. Es en este campo que se concentran todos los desequilibrios del modelo. La carestía expresa la impunidad que mantienen los grandes capitalistas para preservar sus ganancias, agravando los padecimientos del grueso de la población. La suba de precios indica el agotamiento del período de ganancias fáciles que siguió la mega-devaluación del 2002 e ilustra el predominio de los grandes formadores de precios en condiciones de escasa inversión.
Para nosotros la inflación no es un problema que puedan resolver los expertos en un gabinete. Ningún especialista que trabaje en este tema es neutral. Puede poner sus conocimientos a disposición de los poderosos, del gobierno de turno o del movimiento social. Para frenar la carestía y preservar el poder adquisitivo de los ingresos populares, es necesario adoptar un conjunto de medidas tendientes a la administración directa de los precios, pero para ser efectivas estas medidas deben estar sostenidas por el protagonismo y el control social.
Un paso previo es la reconstitución de indicadores confiables. Los trabajadores y técnicos del INDEC, que fueran desplazados por la actual intervención, ya han elaborado propuestas tendientes a la gestación de un instituto de estadísticas autónomo de los gobiernos. Economistas de Izquierda apoya y se suma a estas iniciativas que de concretarse serán un avance colocando al INDEC fuera de toda manipulación del Poder Ejecutivo.
Sin embargo una buena medición solo aportará termómetros eficaces para remediar la enfermedad. Un punto de partida indispensable es proteger el poder adquisitivo de los salarios y demás ingresos populares. La implantación de la escala móvil de salarios y otros ingresos (jubilaciones, pensiones, planes sociales), que permita el ajuste automático según la inflación es nuestra propuesta. Para nosotros esta indexación no recicla en forma inexorable la calesita de precios y sueldos, esto solo sucede si los beneficios permanecen intocados. Para nosotros si la principal causa de inflación es el alto nivel de la rentabilidad empresaria la forma de proteger el salario y otros ingresos es recortando las macro-ganancias de los capitalistas.
El control directo de los precios, en las empresas formadoras que controlan las cadenas de comercialización, es un complemento indispensable de la escala móvil, tanto para los trabajadores informales y precarizados, que no están cubiertos por negociaciones colectivas, como para los desocupados y pauperizados. Para los Economistas de Izquierda la implementación por el Estado de un sistema de precios máximos de la canasta familiar solo será eficaz si convoca a la participación directa de los consumidores. El fracaso de Moreno y sus métodos nos exime de mayores justificaciones. Por el contrario un ejemplo de la acción popular fue el freno que impusieron las protestas a los aumentos de tarifas que el gobierno había convalidado en agosto del 2009.
Un control efectivo de los precios solo es factible si conduce a verificar los costos. La única forma de saber cuál es el valor que corresponde a un bien es conociendo cuánto cuesta elaborarlo. Sobre esta contabilidad los capitalistas mantienen un riguroso secreto, argumentan que no pueden compartir una información vital ansiada por todos los competidores. Pero este supuesto viola los códigos de transparencia que postulan los propios capitalistas. En realidad los costos de producción se encubren para ocultar las ganancias, que como hemos señalado constituyen el motor de la inflación. Así como el control de precios requiere de la participación de los consumidores la verificación de los costos de producción necesita de la activa participación y control de los trabajadores para evitar la fuga de capitales y la evasión impositiva, que obstruyen la reconstitución de la inversión.
Para nosotros la lucha contra la inflación no puede justificar techos salariales en las negociaciones colectivas. Los trabajadores no deben ceder su legítimo derecho a proteger su capacidad de compra y a recuperar niveles de ingreso perdidos en las últimas décadas. Las reivindicaciones de “Salario igual a la canasta familiar” o “82% móvil a las jubilaciones” tienen plena vigencia y actualidad. Proteger los ingresos y luchar contra la inflación forman parte de una misma política.
Para EDI enfrentar la carestía es una batalla social, que debe encararse con plena conciencia de sus alcances. En este sentido el control a imponer debe ir acompañado de sanciones a para todos los empresarios que lo transgredan. A tal efecto sigue vigente la vieja ley de abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y llegado el caso, expropiar a remarcadores y generadores de mercados negros.
En un país exportador de alimentos, dónde los precios internos han estado siempre directamente conectados a las cotizaciones internacionales, resulta indispensable introducir el monopolio estatal del comercio exterior. Para nosotros esta medida es vital para divorciar el precio local de sus equivalentes internacionales.
Complementariamente la eliminación del IVA a los artículos de la canasta familiar permitiría una modificación de los precios relativos de directo impacto sobre la capacidad de compra de los sectores populares. Así como el establecimiento de Centros populares de distribución y comercialización, que garanticen que los productos de primera necesidad con precios máximos lleguen efectivamente a los sectores más necesitados.
Para quienes integramos Economistas de Izquierda la contención de la suba de precios no se logrará con simples disposiciones administrativas, más allá de la capacidad técnica y dedicación de quienes las instrumenten. Para que éstas resulten exitosas es condición ineludible que convoquen a la participación y movilización de los principales afectados. Si se logra el objetivo con ese método, el país comenzará a encontrar un sendero de nuevas soluciones para sus viejas desventuras.
Claudio Katz, Jorge Marchini, Guillermo Gigliani, José Castillo, Eduardo Lucita

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El rescate a las provincias: Un negociado capitalista

Marcelo Ramal (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Con el rescate parcial de las deudas de las provincias por el Estado nacional, el kirchnerismo ha salido a tramitar su propio rescate político. El gobierno cubrirá los vencimientos provinciales de 2010 y 2011 con “aportes del tesoro nacional” (ATN) que le adeudaba a las mismas provincias. El resto de la deuda, que totaliza 65 mil millones de pesos, será refinanciada a un bajo interés, hasta 2030.

Este rescate, a diferencia del griego, no viene acompañado por un ‘plan de ajuste’ para las provincias, aunque la factura la tendrán que pagar los contribuyentes con mayores impuestos, o los consumidores con mayor inflación. Por medio de esta oferta generosa, los K esperan neutralizar la oposición creciente de los gobernadores afectados por el derrumbe financiero de sus distritos y lograr que los representantes de las provincias ‘no acompañen’ la coparticipación del impuesto al cheque –que la Presidenta estaba dispuesta a vetar en cualquier caso. La famosa ‘caja’, a la que se hace mención con tanta frecuencia, ha funcionado aquí a pleno. Sin embargo, ha dejado a muchos gobernadores a la deriva, pues provincias como Santa Fe o San Luis se beneficiarían bastante menos que el resto, debido a que están también menos hipotecadas.

De cualquier manera, como cualquier otro rescate, el de las provincias no ha sido impuesto solamente por el completo derrumbe de sus finanzas públicas: es, por sobre todo, la consecuencia del fracaso de las tentativas de repararlas recurriendo a préstamos internacionales. El rescate no cubre el quebranto corriente de las provincias (déficit), el cual se estima, para 2010, entre 13.000 y 15.000 millones de pesos. Según La Nación (12/5), “los gobernadores seguirán dependiendo de las transferencias de la Nación para sus gastos corrientes”. Discrepamos. El rescate apunta a que las provincias puedan refinanciar las deudas, muy comprometidas, contraídas con los acreedores privados, sin merma alguna para estos, y por sobre todo salir a buscar crédito del exterior. Al igual que el canje, este rescate apunta a producir un nuevo ciclo de endeudamiento –al que recurrira el gobierno nacional para financiar, entre otros, este rescate, y las provincias para financiar su déficit corriente. La medida de los K es un gigantesco subsidio a la burguesía, no a los trabajadores, exactamente como lo hacen los restantes gobiernos capitalistas en todo el mundo. La oposición parlamentaria no dice una palabra sobre esto y, por razones de clase muy claras, descarga su batería sobre las ambiciones ‘del matrimonio’. Los K ingresan en la fase final de la burbuja financiera mundial, ya en plena crisis, cuando los fondos especulativos apuestan al derrumbe de las finanzas públicas para cobrar los seguros correspondientes, por un lado, y a costa de la ruina de sus rivales, por el otro. El rescate no resuelve la crisis financiera de las provincias: la agiganta.

Excepcionalidad

Con este anuncio, el Presupuesto 2010 ha pasado a mejor vida y se ha transformado en un enorme Indek, y las finanzas del Estado han pasado a ser manejadas por medio de “decretazos”. La oposición capitalista, sin embargo, ha saludado, en su mayor parte, la medida oficial, atribuyéndose incluso su autoría. En este caso, ni siquiera se ha acordado de ‘la defensa de la institucionalidad’. Ella misma avala recursos de excepción. Más lejos de esto ha ido Luis Juez, el aliado de Solanas, que añadió la necesidad de exigirle al gobernador Schiaretti “que los fondos sirvan para seguir achicando la deuda” y asegurar “Estados austeros” (La Voz, 13/5), o sea avanzar en un ajuste. A los 55 mil millones de pesos de déficit fiscal, que el gobierno nacional ya no podía cubrir, deberá cargar ahora con la “gracia” otorgada a las provincias, así como con las deudas corrientes. Se le hace inevitable sustentar estos agujeros con nueva deuda externa, algo que promueve sin freno con el argumento de ‘no caer en la recesión’ o ‘promover la recuperación’. El kirchnerismo le ha facilitado un “canje” de deuda a las provincias a imagen y semejanza de su propio “canje”. Como lo hace la banca central europea con Grecia, los Kirchner prometen “blindar” a las provincias –y “blindarse” políticamente a sí mismos– con recursos que no tienen.

Los K presentan el rescate de las provincias como una prueba de su capacidad de gobierno y hasta como un reforzamiento político. Incluso si esto fuera cierto, se trata de una factura salada que beneficia a los acreedores del Estado y a los ‘buitres’ financieros internacionales. Pero la precariedad del recurso salta a la vista, en medio de la ‘volatilidad’ que ha alcanzado la crisis mundial.

Como se plantea para el conjunto del país y para todas las naciones sometidas al capital financiero, la salida es repudiar las deudas al capital financiero y reestructurar a la sociedad mundial sobre bases socialistas.

Foto: Argentina, Política - La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto al gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, en la ciudad de Victoria. / Autor: Presidencia de la Nación

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El diario La Nación comete un acto de censura

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ARGENPRESS pone en conocimiento de sus lectores una ampliación de la versión reducida enviada a La Nación por la Fundación Juan B. Justo, como derecho a réplica a un artículo del periodista Carlos Pagni y que ese diario se niega publicar.

A continuación el texto:

«Señor Director:

«En su edición del 26 de marzo de 2010 el diario La Nación publicó una nota del Sr. Carlos Pagni en la que, después de referirse a una deseada “reconciliación entre progresismo social y corrección económica”, afirma que dicha reconciliación “reproduce, al cabo de un siglo, los argumentos de aquel socialismo que abogaba por el libre cambio”. Para sostener esa afirmación, el señor Pagni cita, sacándola del contexto en que fue dicha, una frase de Juan B. Justo que lo mostraría a favor de las políticas librecambistas aplicadas en Argentina hace un siglo.

«Pero ocurre que ese socialismo amigo del libre cambio no puede volver porque nunca existió salvo, tal vez, en la imaginación interesada de los sostenedores del orden establecido que intentan convertir al Dr. Justo en defensor de una forma de organización económica, social y política que siempre estuvo presto a combatir, afrontando la privación de la libertad cuando fue necesario.

«Como profundo conocedor de los estudios económicos volcados en la obra de Carlos Marx, Justo sabía que la libre competencia engendra el monopolio. Algo que tuvo posibilidad de verificar por su propia observación durante el viaje que realizó por los Estados Unidos a fines del siglo XIX, y que volcó en su obra En los Estados Unidos. Los capítulos IV y V de ese trabajo se refirieren específicamente a la centralización industrial que surge de la competencia y a la existencia de los monopolios que dominan la economía estadounidense. Decía Justo sobre su experiencia en ese país, reino del librecambio y de la libre empresa: “En los Estados Unidos la competencia industrial ha sido libre de todo obstáculo político o de otro orden, y se ha extendido a la más vasta esfera de acción. Exceptuando el ejército, el servicio de correos y la educación común, todo en este país ha sido dejado a la iniciativa y a la competencia particulares […] en la época de los ferrocarriles y las grandes ciudades el individuo ha podido menos en su lucha con las grandes empresas, la guerra entre éstas ha sido más destructiva y violenta y la ‘libre competencia’, en otro tiempo de elemento de libertad y progreso, ha pasado a ser un agente de atraso y opresión”. (1)

«Más específicamente, en lo que hace al libre comercio y el sistema impositivo, Justo no se opuso a los aranceles aduaneros en general sino a “los altos derechos de aduana que rigen actualmente sobre los artículos de primera necesidad” (2) y que encarecían la vida y disminuían el poder adquisitivo de los salarios; es decir, impuestos que, como hoy el IVA, cargan los gastos estatales sobre los trabajadores y los pobres, no sobre los que más tienen. En el artículo El tributo argentino al fisco extranjero (3), Justo denunció como, escudada en los supuestos de la “libre competencia” la Compañía Argentina de Tabacos, de capitales anglo- argentinos, le hacía pagar a los trabajadores y consumidores argentinos sus impuestos a la corona británica.

«Justo también se refirió al sistema impositivo a propósito de la situación del país, y en particular de los trabajadores, en ese momento histórico que suele ser presentado por los liberales de hoy como el momento de auge de Argentina, cuando, según dicen, el país (no importa cuál fuera la situación de muchos de sus habitantes) ocupaba un lugar de privilegio entre los países del mundo. En un trabajo escrito para el número extraordinario del 25 de mayo de 1910 del diario La Nación, que éste no publicó, Justo, después de referirse al progreso tecnológico desarrollado en los procesos productivos se preguntó: “¿Ha progresado en la misma medida el criterio de los gobernantes argentinos para afrontar los problemas sociales? No podemos desgraciadamente, afirmarlo. Su táctica preferida ha sido hasta ahora ignorarlos, cerrando los ojos y tapándose los oídos ante las más urgentes y claras demandas”. Recordó “las leyes de excepción contra los agitadores” y al Censo Nacional de Población de 1895 que definió al socialismo como “una mancha en el sol de nuestros progresos”. Y concluyó Justo “Los golpes del sable policial no fueron los únicos que descargaba un gobierno así inspirado sobre las espaldas del pueblo. Elaborábase al mismo tiempo el complicado sistema de impuestos internos que han encarecido la vida del trabajador, y, so color de proteccionismo o por simple voracidad del fisco, se elevaban los derechos de aduana sobre todos los artículos importados que la clase trabajadora necesita para vivir (...)”.(4)

«La oposición de Justo a determinados impuestos aduaneros sólo apuntaba a aquellos que encarecían la vida de los trabajadores.

«Queda claro, pues, que el intento de los liberales de hoy por apropiarse de una figura como Juan B. Justo (5) atribuyéndole ideas liberales (en lo que, curiosamente se ponen de acuerdo con sus adversarios nacionalistas) sólo se puede asentar en un ocultamiento del ideario socialista de Justo, que no sólo luchaba por mejores condiciones salariales y de vida para los trabajadores sino que tenía como meta la instauración de una sociedad “libre e inteligente, basada en la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio”.

«Fundación Juan B. Justo
«Nicolás Iñigo Carrera (presidente)
«Facundo Bianchini (secretario)

«Notas:
«1) “En los Estados Unidos ( 1895)”; en La realización del socialismo; Buenos Aires, La Vanguardia, 1947; pp. 78-79.
«2) “Los salarios (12 de agosto 1896)”; en La realización del socialismo; Buenos Aires, La Vanguardia, 1947; pp. 138.
«3) La Vanguardia, 16 de noviembre de 1915; reeditado en Obras Completas de Juan B Justo, Tomo V; Buenos Aires, La Vanguardia, 1938.
«4) El socialismo argentino. Interpretación socialista de la historia argentina; Buenos Aires, Fundación Juan B. Justo, 2006; p. 16.
«5) Intentos por forzar una vinculación entre Justo y los liberales de hoy que pueden llegar incluso al plano de las relaciones familiares: en una nota firmada por el señor Joaquín Morales Solá en La Nación del 5 de mayo ppdo. se atribuye al señor Adolfo Salgueiro, encargado del buró internacional de la oposición al presidente Hugo Chávez, en Venezuela, ser descendiente de Juan B. Justo. Esa afirmación es inexacta: el señor Salgueiro es nieto del Dr. Adolfo Dickmann, no de Justo.»

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La plaza de mayo, en 1810 (Parte III - Final)

Víctor Oscar García Costa (especial para ARGENPRESS.info)

En Mayo de 1810 ni en la Plaza del Mercado ni en la Plaza de la Victoria, separadas por la Recova, había monumento alguno y, por ende, no estaba la Pirámide de Mayo. No estaba por la simple razón de que en esos días de 1810 la Patria argentina estaba naciendo. Ese primer monumento, esa pirámide, habría de ser el primer monumento nacional y se la inauguraría en su homenaje exactamente un año después de la Revolución, el 25 de Mayo de 1811.

En rigor de verdad no se trataba ni se trata de una pirámide, como la llamó el Acuerdo del Cabildo, sino de un obelisco -montado sobre un pedestal-, de 14,92 metros de altura. Su construcción fue encargada el lunes 18 de marzo de 1811 por la Segunda Junta Provisoria Gubernativa o Junta Grande al Cabildo de Buenos Aires que, en su Acuerdo del viernes 5 de abril de ese año, resolvió “levantar en medio de la plaza una pirámide figurada con jeroglíficos alusivos al asunto de la celebridad” encomendando su construcción al "inteligente" Juan Antonio Gaspar Hernández (1750-?), escultor y tallista, y al alarife Francisco Cañete (?-?), arquitecto y escultor.

Las obras se iniciaron el sábado 6 de abril, inmediatamente después del golpe antimorenista iniciado el día anterior y que fue el primer golpe de nuestra historia, hallándose presentes los representantes de la Junta Grande, coronel Martín Rodríguez (1771-1844) y doctor Joaquín Campana (1783-1847), ambos de activa participación en el golpe, y se inauguraron -sin terminar- el sábado 25 de Mayo de 1811 con una fiesta que duró cuatro días. Sobre esta fiesta contaba ampliamente María Guadalupe Cuenca de Moreno (?-1854) a su esposo, Mariano Moreno (1778-1811), en una de las Cartas que nunca llegaron.

Juan Manuel Beruti (1777-1856), testigo presencial de los acontecimientos de la época, al respecto dejó registrado, en sus Memorias curiosas, lo siguiente:

“En este mismo se construyó la gran pirámide que decora la plaza Mayor de esta capital y recuerda los triunfos a la posteridad de esta ciudad, la que se principió a levantar sus cimientos el 6 de abril último; pero aunque no está adornada con los jeroglíficos, enrejados y adorno que debe tener por la cortedad del tiempo que ha mediado, sin embargo a los cuatro frentes provisionalmente se le puso una décima en verso, alusiva a la obra y victorias que habían ganado las valerosas tropas de esta inmortal ciudad, y las que esperaban ganar en defensa de la patria, su libertad, y de las banderas que juraron defender; las que de todos los cuerpos se pusieron a los cuatro frentes, sobre las gradas de la pirámide sobre pedestales que se pusieron al efecto, cuyas banderas y estandartes estuvieron adornando dicha obra los cuatro días de las funciones, poniéndose desde las ocho de la mañana con sus correspondientes guardias por cada uno de sus cuerpos hasta las ocho de la noche que las retiraban a sus cuarteles; estando estas alumbradas para la vista del público, lo que era la noche por una porción de hachas de cera, que a sus cuatro frentes de la misma pirámide ardían”.

Nunca se han visto los planos de la Pirámide, pero por obras posteriores se sabe que era hueca, realizada con adobe compactado y rematada con una esfera.

Para esta fecha y producido el golpe del 5 y 6 de abril de 1811, el grupo morenista estaba diezmado: Manuel Alberti (1763-1811) había muerto tras una agria discusión con el deán Gregorio Funes (1749-1829) durante un reunión de la Junta, Mariano Moreno que había renunciado y enviado a Londres, estaba muerto -aunque en Buenos Aires no se lo sabía-, habían sido separados de la Junta Grande los cuatro vocales morenistas: Miguel de Azcuénaga (1754-1833), privado injustamente de su grado militar, Juan José Castelli (1764-1812) –por entonces representando a la Junta en el Ejército auxiliador en el Alto Perú-, Nicolás Rodríguez Peña (1775-1853) -que había reemplazado en la Junta Grande al fallecido Manuel Alberti-, Juan Larrea (1782-1847) y el secretario Hipólito Vieytes (1762-1815) -que había reemplazado a Mariano Moreno en la Secretaría de Gobierno y Guerra-. En los casos de Nicolás Rodríguez Peña e Juan Hipólito Vieytes, los golpistas aducían que para sus designaciones no se había dado intervención al Cabildo de Buenos Aires. De la Sociedad Patriótica fueron perseguidos todos sus integrantes, pero muy especialmente Ramón Domingo Vieytes (1764-1827) , Antonio Luis Beruti (1772-1841), Domingo French (1774-1825) -Jefe del Regimiento de la Estrella-, Agustín José Donado (1767-1831), Gervasio Antonio de Posadas (1757-1833) y Felipe Santiago Cardoso (?-?), desterrado a Santa Fe. Juan Larrea, compañero y amigo de Mariano Moreno, insólitamente acusado de haberse ...mezclado en facciones que habían comprometido la seguridad pública, fue destituido y remitido preso a la guardia de Luján y luego extrañado a San Juan de Cuyo. Todos ellos sufrieron lo indecible.

Conocida la muerte de Mariano Moreno, la Gazeta de Buenos Ayres fundada y dirigida por él, mientras la dirigió el deán Gregorio Funes no sólo ignoró su muerte sino que omitió nombrarlo y lo borró de la nómina de próceres que habían hecho la Revolución. Hasta que Bernardo de Monteagudo (1789-1825) evocó su memoria y Juan Ramón Rojas (1784-1824), médico y poeta, escribió una nota resaltando las cualidades morales de Mariano Moreno, que apareció en la Gazeta del 14 de febrero de 1812.

Dados los materiales utilizados en la construcción primitiva, en 1856 el deterioro era tan grande que para su reparación fue convocado Prilidiano Pueyrredón (1823-1870), que también había modificado la Plaza de la Victoria. De acuerdo con su proyecto, se optó por conservarla dentro de otra pirámide –u obelisco- rematado en la cúspide por la figura que hoy conocemos: la libertad, tallada por el artista francés Joseph Dubourdieu (?-?), realizador también de las cuatro figuras que ornan el pedestal.

Cuando se demolió la Recova Vieja en 1882, durante la gestión del Intendente Torcuato de Alvear (1822-1890), en alarde de maniobra técnica, la Pirámide fue trasladada, desplazándola sobre rieles hasta el lugar que hoy ocupa.

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Argentina: Petroleros advierten que el gas podría terminarse

Laura Altamiranda (CUYO NOTICIAS)

El Sindicato de Petroleros adviertió que la Argentina “podría quedarse sin gas en siete años” y proponen cómo dejar de importarlo.

El secretario General de Petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra precisó que nuestro país "sólo tiene reservas de gas para 7 años" y planteó la necesidad de implementar “técnicas modernas porque los recursos naturales no son eternos y sin inversiones también se ponen en peligro miles de puestos de trabajo”.

Pereyra afirmó que desde el sector existe “una gran preocupación porque estamos ante uno de los registros de gas más bajos de la historia de la Argentina”, y subrayó que “hay que llevar un control estricto de la producción porque de otra manera el gas se acabará".

Sobre este punto, analizó que “la crisis del 2001 golpeó mucho al sector porque hubo una parálisis en todo sentido, pero a partir del 2003, con algunas interrupciones, pudimos volver a recuperarnos y hoy han vuelto las inversiones en el país”.

Además, Pereyra informó que “existen 72 plantas en la Argentina para mantener la presión, cuando hace unos años sólo había 3, y esto trae como consecuencia directa que necesitamos nuevas y mejores técnicas para dejar de importar gas, abastecer la demanda produciendo más y por nuestros propios medios”.

“Hay nuevas técnicas de exploración para mantener el gas como es la 'Shale Gas' -un tipo de exploración que se emplea directamente en la roca porosa madre de donde se obtiene el gas- que se implementa con éxito en Estados Unidos, y que algunas empresas están llevando a la práctica de manera incipiente en Neuquén” - explicó Pereyra-. Y agregó "que con la implementación total de esta herramienta” que implicaría una gran inversión por parte de las empresas - se ampliarían las reservas de gas y se duplicaría la mano de obra, que hoy abarca a 4000 trabajadores, sólo durante el proceso de exploración”.

Pereyra destacó que para invertir en esta nueva técnica que le permitió a los Estados Unidos ampliar sus reservas a 80 años “las empresas e inversionistas necesitan obtener una rentabilidad razonable”. Explicó que, si bien hoy cuentan con el apoyo del Gobierno nacional y de Neuquén y de empresas como TotalGas, YPF, Petrobrás y Pluspetrol, “es muy importante que se pueda obtener un marco regulatorio legal para poder ampliar el proceso de exploración que traería como consecuencia directa la suspensión de importaciones de gas”.

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Solanas: “Un país sin soberanía energética es un país semi-colonial”

Christian Vivas (INFOSUR)

Los trabajadores nucleados en el Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos Automáticos (SOESGyPE) entregaron a “Pino” Solanas (en su calidad de presidente de la Comisión de Energía de Diputados) un proyecto de ley destinado a limitar el poder de las empresas dueñas del petróleo y proteger sus fuentes de trabajo.

“La causa de la defensa de las estaciones de servicio es una causa moral” dijo Fernando “Pino” Solanas, diputado nacional del Interbloque Proyecto Sur, al recibir en sus manos el proyecto de ley trabajado conjuntamente con el gremio y que será presentado en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que Solanas preside.

La marcha se desarrollo sin sobresaltos y con el compromiso de las casi 10.000 personas que asistieron, con banderas argentinas y tambores. Ante la presencia de los manifestantes, Andrés Dogna (Secretario Gremial de SOESGyPE) , y Carlos Acuña (Secretario General del mismo organismo) le hicieron entrega a Solanas del proyecto de ley de comercialización de combustibles elaborado por el propio sindicato, con el aporte de Felíx Herrero (asesor del Interbloque Proyecto Sur).

“Este es un proyecto cargado de verdad y justicia”, calificó Solanas. El proyecto tiene varios puntos con mucha fuerza para ser trabajados. En principio, prohíbe que las empresas productoras de petróleo, refinadoras o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos puedan ser propietarios -también- de estaciones de servicio y dedicarse a la venta de nafta al consumidor.

Además, establece que las estaciones de servicio podrán ofrecer a los consumidores combustibles de diversas marcas y ya no sólo la de la línea de bandera que la identifica. De esta manera, empresas como YPF, Shell y Petrobras se encargarían de la exploración, refinación y distribución; y que la comercialización quedaría en manos de pequeños y medianos empresarios.

“Los oligopolios han llevado a la desaparición de 2.500 estaciones de servicio y a la perdida de 20.000 puestos de trabajo. Es necesario proteger el sector”, profundizó Solanas. El actual sistema de comercialización de combustibles no protege las fuentes de trabajo; ya que las grandes petroleras están cerrando dos o tres estaciones de servicio todos los días. El proyecto de ley que entrega el SOESGyPE apunta a prohibir que los oligopolios intervengan al mismo tiempo en toda la cadena, desde la extracción pasando por el transporte de petróleo, la refinación, el trasporte de los derivados y la comercialización.

"Las estaciones de servicio forman parte del patrimonio industrial del país”, enfatizó Solanas; y señaló la inminente nacionalización del petróleo, ya que “un país sin soberanía energética es un país semi–colonial”.

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Argentina, Tucumán: El fiscal Gómez no tiene dudas que Moreno cometió cohecho y que Cerisola sabía todo lo que hacía

PRIMERA FUENTE

La investigación en torno al video que muestra a un funcionario universitario intentando comprar la el voto de un consejero estudiantil, quedó en manos del Juez subrogante, Mario Racedo, y del fiscal Federal Nº1 Emilio Ferrer. Los que estarían en condiciones de citar en calidad de imputados a Ramiro Moreno y al empleado Damián Conde. La defensa del secretario de Bienestar Estudiantil cuestionaría la autenticidad de la filmación.

El fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, dejó todo listo para que el juez subrogante, Mario Racedo y el fiscal Nº1, Emilio Ferrer, concreten las últimas medidas del procedimiento penal para indagar en calidad de imputados a los empleados de la Universidad Nacional de Tucumán, que fueron grabados en un video comprando voluntades para que voten a la fórmula Alberto Cerisola-Alicia Bardón, en la próxima asamblea universitaria. El representante del ministerio público, viajó ayer a la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde brindará una serie de conferencias. Pero antes de partir, cumplió con poner en manos del fiscal Ferrer todos los antecedentes del caso y además, recomendó una serie de medidas tendientes a corroborar la veracidad del video, un informe de las empresas telefónicas para establecer las llamadas entrantes al celular de no de los denunciantes (Gustavo Pedraza), ocasión en el que este prestaba declaración testimonial y además, Gómez recomendó realizar una reconstrucción de los hechos y circunstancias que rodean la filmación para dar respaldo objetivo al mismo.

Antes de partir, el fiscal Gómez dedicó tiempo para atender los requerimientos de la prensa, donde expuso con lujos de detalle distintos aspectos que lo llevan a sugerir que está probado el intento de comprar voluntades y que por lo tanto, el delito de cohecho estaría configurado y que por lo tanto, para él, el caso está cerrado. Donde el secretario de Bienestar Estudiantil, Ramiro Moreno, y el empleado universitario Damián Conde, serían los principales imputados, aunque el fiscal Gómez, aseguró que en caso de avanzar la investigación se podría establecer la responsabilidad del mismo rector Cerisola. De comprobarse la existencia de una importante cantidad de contratos firmados por el mismo rector, en los últimos 6 meses. “El no podía desconocer lo que hacía su secretario Estudiantil”, dijo Gómez, para subrayar que “por lo menos debió sospechar que se trataba de contratos que lo favorecerían en las elecciones”. Además, apuntó que Cerisola “debería haberse preguntado porqué firmaba tantos contratos y de dónde salió la plata”. El fiscal General también indicó que el comportamiento del consejo Superior de la UNT, en todo este tiempo, resultó un tanto “displicente”.

En tanto, el apartado secretario Moreno, quien se resiste a renunciar a pesar de las pruebas que obran en su contra, habría decidido por contratar los servicios profesionales del abogado Arnoldo Ahumada. Este junto a un grupo de colaboradores, estaría analizando la autencididad del video que subieron a YouTube. La defensa sospecha que la filmación fue lograda por expertos en la materia y para ello, demostrarían que contaron con la colaboración de un ex agente de los Servicios de Inteligencia del Estado (SIDE). Pero además, plantearían ciertas incongruencias para tratar de "voltear" la única prueba que habría en la causa para implicar a Moreno y a Conde.

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Argentina, Tucumán: Comunidad indígena de Tacana advierte que resistirá cualquier intento de desalojo

PRIMERA FUENTE

Unas 15 familias de la comunidad indígena de Tolombón que viven en el valle de Trancas, en la zona de Tacana, a pocos kilómetros de San Pedro de Colalao, están en alerta debido a una inminente medida judicial de desalojo.

Marcelo Arroyo, de la comunidad indígena, aseguró que la orden está en manos de la jueza penal Emma de Nucci a raíz de una denuncia radicada por supuestos terratenientes que aseguran ser los propietarios de un predio donde están asentados los originarios. Arroyo alertó que van a resistir la medida de desalojo hasta las últimas consecuencias y movilizarán hoy con el resto de las comunidades del país, recordando el cruel asesinato del comunero Javier Chocobar en manos de terratenientes.

Arroyo que vive en la zona del conflicto y alertó de este desalojo, que es demorado por la Justicia, también aseguró que las familias y toda la comunidad del pueblo de Tolombón resistirán a la medida. “Las familias resistirán con lo que sea, porque estas tierras son aborígenes. La familia Torino viene y dice que les corresponde y la justicia les cree. Estamos cansados que cualquiera que consiga un papel nos quiera avasallar”, dijo el miembro de esta comunidad.

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Bolivia: Aprueba la Cámara de Diputados la alianza con Irán

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La mayoría oficialista en Cámara de Diputados de Bolivia aprobó un acuerdo entre Bolivia y la República Islámica de Irán que normará los planes, proyectos y convenios de cooperación en áreas de hidrocarburos, minería y manufacturas.

Tras su aprobación en sus dos estaciones (en grande y en detalle), la norma fue remitida a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento y sanción, posterior promulgación por el presidente Evo Morales. Irán es el decimoctavo país más extenso en el mundo (1,6 millones de kilómetros cuadrados), su población es de 70 millones de habitantes y su régimen de gobierno es teocrático.

El documento marco normará los planes, proyectos y convenios de cooperación en áreas de hidrocarburos, minería y manufacturas.

El documento también incluye los sectores de producción, industria, agricultura, infraestructura, agua, forestación, cultura, ciencia, tecnología y administración de los recursos naturales existentes en territorio boliviano.

Este acuerdo fue suscrito en septiembre de 2007 cuando el presidente de ese país, Mahmud Ahmadineyad, visitó por primera vez Bolivia para reunirse con su par Evo Morales.

El documento menciona el fortalecimiento y el diálogo político destinado a profundizar y diversificar las relaciones diplomáticas entre ambos países y establecer bases comunes que sirvan para la suscripción de futuros documentos bilaterales.

La visita más reciente del Mandatario islámico fue en noviembre del año pasado tras su paso por Venezuela.

En esa oportunidad, Morales y Ahmadineyad suscribieron un plan de cooperación industrial de cinco años por un monto de 1.000 millones de dólares a cargo de una comisión ministerial y técnica entre ambos países.

El documento fue revisado por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. Las conclusiones de la comisión establecen la importancia de su ratificación porque "va en procura del desarrollo en el marco de la cooperación" los rubros a los que se abocan son "de interés de mutuo".

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Chile: Descartan cambios en la política exterior

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La política exterior del gobierno del presidente Sebastián Piñera no sufrirá "grandes cambios" respecto de la implementada por los cuatro gobiernos de centroizquierda que le precedieron desde 1990.

Así lo confirmó el jueves el canciller Alfredo Moreno, quien ratificó que "las grandes posiciones de Chile en política exterior no van a modificarse".

El país sudamericano ha desarrollado una activa política hacia América Latina, especialmente hacia sus vecinos territoriales, y se ha caracterizado por mantener una intensa actividad en los organismos multilaterales internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Además, ha impulsado las relaciones comerciales, habiendo firmado más de 50 tratados de libre comercio con naciones como China, Estados Unidos, Japón y con varios países latinoamericanos, manteniendo un desempeño destacado hacia la región del Asia Pacífico.

"Nuestros socios en el mundo no van a ver grandes cambios. En lo sustantivo, las grandes posiciones de Chile en política exterior no van a modificarse", insistió el ministro.

Acerca del litigio vigente tras el reclamo de Perú para revisar los límites de la frontera marítima, Moreno reconoció que es "una dificultad grande, sustantiva", pero no debía influir en otras áreas de las relaciones bilaterales.

"Yo no puedo desconocer -dijo- que tenemos una diferencia sustantiva con Perú", que en 2008 presentó una demanda en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo cual provocó que se afectaran las relaciones políticas durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, pero no los vínculos económicos.

En este punto, Chile ha reiterado que no existen asuntos pendientes en la frontera marítima con Perú porque existen tratados suscritos en los años 1952 y 1954, y que hará valer ante la corte los sólidos argumentos jurídicos y de hecho que sustentan nuestra posición.

Respecto de la aspiración de Bolivia de contar con una salida soberana al mar, el ministro dijo que Chile va a seguir tratando de avanzar "en todo aquello en lo que sea posible".

"El tema es armonizar intereses que no siempre son fáciles de armonizar; vamos a poner lo mejor de nuestra capacidad" para impulsar la agenda bilateral fijada en 2006, señaló el canciller.

El gobierno anterior avanzó en desarrollar la confianza mutua con el gobierno de Evo Morales e impulsó la construcción de un Corredor Biooceánico Central, de 4.700 kilómetros que unirá el Atlántico con el Pacífico entre Brasil, Bolivia y Chile.

Durante la reciente cumbre de Unasur, celebrada en Buenos Aires, Piñera, tras entrevistarse con los presidentes de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, y de Venezuela, Hugo Chávez, se comprometió a trabajar por la integración regional y la institucionalización de ese organismo regional.

"Hay diferencias, y éstas las hemos conversado con el presidente Chávez, pero como dicen los franceses, ¡vivan las diferencias! Lo importante es saber, no sólo respetarnos, sino superar esas diferencias", dijo Piñera.

Chile asumió, desde febrero pasado, la presidencia del Grupo de Río, donde los mandatarios de los 32 países de la región, con excepción de Estados Unidos y Canadá, aprobaron la creación de un nuevo organismo que represente a todos los países latinoamericanos y caribeños. La próxima cumbre se realizará en Chile en 2011.

Piñera, quien se ha propuesto fortalecer un liderazgo regional, asistirá la próxima semana a la Cumbre de jefes de Estado de América Latina, Caribe y Unión Europea, donde espera obtener la ratificación de Chile como sede de la próxima cita, prevista para el 2012.

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