lunes, 17 de mayo de 2010

Las "maras": Nueva forma de control social

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Para situar el problema: En algunos de los países del istmo centroamericano (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) desde hace ya unos años, y en forma siempre creciente, el fenómeno de las pandillas juveniles violentas ha pasado a ser un tema de relevancia nacional. Se trata de un fenómeno urbano, pero que tiene raíces en la exclusión social del campo, en la huída desesperada de grandes masas rurales de la pobreza crónica y de la violencia de las guerras internas que estos últimos años asolaron la región.

Estas pandillas, surgidas siempre en las barriadas pobres de las ciudades cada vez más atestadas y caóticas, son habitualmente conocidas como "maras" –término derivado de las hormigas marabuntas, que terminan con todo a su paso, metáfora para explicar lo que hacen estas "mara-buntas" humanas–. Las mismas, según la representación social que se generó estos últimos años, han pasado a ser el "nuevo demonio" todopoderoso. Según el manipulado e insistente bombardeo mediático, son ellas las principal causa de inestabilidad y angustia de estas sociedades, ya de por sí fragmentadas, sufridas, siempre en crisis; es frecuente escuchar la machacona prédica que "las maras tienen de rodilla a la ciudadanía".

El problema, por cierto, es muy complejo; categorizaciones esquemáticas no sirven para abordarlo, por ser incompletas, parciales y simplificantes. Entender, y eventualmente actuar, en relación a fenómenos como éste, implica relacionar un sinnúmero de elementos y verlos en su articulación global. Comprender a cabalidad de qué hablamos cuando nos referimos a las maras no puede desconocer que se trata de algo que surge en los países más pobres del continente, con estructuras económico-sociales de un capitalismo periférico que resiste a modernizarse, y que vienen todos ellos de terribles procesos de guerra civil cruenta en estas últimas décadas, con pérdidas inconmensurables tanto en vidas humanas como en infraestructura, los cuales hipotecan su futuro.

Las maras, de esa forma, son una expresión patéticamente violenta de sociedades ya de por sí producto de largas historias violentas, o mejor aún: violentadas, hijas de una cultura de la impunidad de siglos de arrastre, de países que se siguen manejando con criterio de Estado finquero donde las diferencias económicas son irritantes (Guatemala, por ejemplo, es el país del mundo con mayor porcentaje de avionetas particulares y vehículos Mercedes Benz de lujo per capita, mientras que más del 50 % de su población está por debajo del límite de la pobreza). Sociedades donde transcurrieron monstruosas guerras civiles en la década de los 80 del pasado siglo –guerras contrainsurgentes, expresión caliente de la Guerra Fría, y en el caso de Nicaragua, guerra a partir de la contrarrevolución antisandinista– que dieron lugar a procesos de post guerra donde no hubo ni culpables de las atrocidades vividas ni medidas de reparación para atender las secuelas derivadas de tanto dolor. Sociedades, en definitiva, estructuradas enteramente en torno a la violencia como eje definitorio de todas las relaciones: patriarcales, racistas, machistas, excluyentes; sociedades donde todavía funciona el derecho de pernada y donde la noción de "finca" (el feudo medieval) es parte de la cultura dominante (cuando alguien es llamado responde "¡mande!" en vez de "usted dirá").

Las maras empiezan a surgir para la década de los 80 del siglo pasado, aún con todas esas guerras en curso. En un primer momento fueron grupos de jóvenes de sectores urbanos pobres que se unían ante su estructural desprotección. Hoy, ya varias décadas después, son mucho más que grupos juveniles: son "la representación misma del mal, el nuevo demonio violento que asola el orden social, los responsables del malestar en Centroamérica"…, al menos según las versiones oficiales.

No cabe ninguna duda que las maras son violentas; negarlo sería absurdo. Más aún: son llamativamente violentas, a veces con grados de sadismo que sorprende. No hay que perder de vista que la juventud es un momento difícil en la vida de todos los seres humanos, nunca falto de problemas. El paso de la niñez a la adultez, en ninguna cultura y en ningún momento histórico, es tarea fácil. Pero en sí mismo, ese momento al que llamamos adolescencia no se liga por fuerza a la violencia. ¿Por qué habría de ligarse? La violencia es una posibilidad de la especie humana en cualquier cultura, en cualquier posición social, en cualquier edad. No es, en absoluto, patrimonio de los jóvenes. De todos modos, algo ha ido sucediendo en los imaginarios colectivos en estos últimos años, puesto que hoy, al menos en estos países de los que estamos hablando, ser joven –según el discurso oficial dominante– es muy fácilmente sinónimo de ser violento. Y ser joven de barriadas pobres es ya un estigma que condena: según el difundido prejuicio que circula, provenir de allí es ya equivalente de violencia. La pobreza, en vez de abordarse como problema que toca a todos, se criminaliza.

A esta visión apocalíptica de la pobreza como potencialmente sospechosa se une una violencia real por parte de las maras que a veces sorprende, por lo que la combinación de ambos elementos da un resultado fatal. De esa forma la mara pasó a estar profundamente satanizada: la mara pasó a ser la causa del malestar de estas eternamente (al menos para las grandes mayorías) problemáticas sociedades. La mara –¡y no la pobreza ni la impunidad crónicas!– aparece como el "gran problema nacional" a resolver. No caben dudas que se juegan ahí agendas fríamente calculadas, distractores sociales, cortinas de humo: ¿pueden ser las pandillas juveniles violentas –que, a no dudarlo, son violentas, eso está fuera de discusión– el gran problema de estos países, en vez de enormes poblaciones por debajo de la línea de pobreza? ¿Pueden ser estos grupos juveniles violentos la causa de la impunidad reinante ("los derechos humanos defienden a los delincuentes", suele escucharse), o son ellos, en todo caso, su consecuencia? Si fue posible desarticular movimientos revolucionarios armados apelando a guerras contrainsurgentes que no temieron arrasar poblados enteros, torturar, violar y masacrar para obtener una victoria en el plano militar, ¿es posible que realmente no se puedan desarticular estas maras desde el punto de vista estrictamente policíaco-militar? ¿O acaso conviene que haya maras? Pero, ¿a quién podría convenirle?

Los jóvenes: entre promesa y peligro

Algunos años atrás la juventud –"divino tesoro" por cierto…, al menos, así se decía– era la semilla de esperanza. Algo sucedió con aquella promesa de la juventud como "futuro de la patria" para que haya pasado a ser ahora un "problema social". ¿Cómo se dio ese movimiento? ¿Qué pasó con aquella visión, expresada en 1972 por Salvador Allende diciendo que "ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica", que se transformó en una juventud despolitizada, desinformada, light? Y peor aún: si huele a pobre, proveniente de barrios pobres, ni hablemos si está tatuada: ¡peligrosa! En los países centroamericanos, de composición indígena en muy buena medida –cruel paradoja de la historia– la exclusión social está ligada en relación inversamente proporcional a la blancura de la piel. Si se viene de barrios pobres –donde en general asienta la población menos "blanca"– la posibilidad de ser un "potencial delincuente" se dispara: "blanco manejando un Mercedes Benz: empresario exitoso; negro o indio manejando un Mercedes Benz: vehículo robado".

Las pandillas son algo muy típico de la adolescencia: son los grupos de semejantes que le brindan identidad y autoafirmación a los seres humanos en un momento en que se están definiendo sus papeles sociales, sus imágenes de sí mismo como adultos. Siempre han existido; son, en definitiva, un mecanismo necesario en la construcción psicológica de la adultez. Quizá el término hoy por hoy goza de mala fama; casi invariablemente se lo asocia a banda delictiva. Pero de grupo juvenil a pandilla delincuencial hay una gran diferencia.

En la génesis de cualquier pandilla se encuentra una sumatoria de elementos: necesidad de pertenencia a un grupo de sostén, la dificultad en su acceso a los códigos del mundo adulto; en el caso de los grupos pobres de esas populosas barriadas de cualquier capital centroamericana se suma la falta de proyecto vital a largo plazo. Por supuesto, por razones bastante obvias, esta falta de proyecto de largo aliento es más fácil encontrarlo en los sectores pobres que en los acomodados: jóvenes que no hallan su inserción en el mundo adulto, que no ven perspectivas, que se sienten sin posibilidades para el día de mañana, que a duras penas sobreviven el hoy, jóvenes que desde temprana edad viven un proceso de maduración forzada, trabajando en lo que puedan en la mayoría de los casos, sin mayores estímulos ni expectativas de mejoramiento a futuro, pueden entrar muy fácilmente en la lógica de la violencia pandilleril. Una vez establecidos en ella, por una sumatoria de motivos, se va tornando cada vez más difícil salir.

La sub-cultura atrae (cualquiera que sea, y con más razón aún durante la adolescencia, cuando se está en la búsqueda de definir identidades). Constituidas las pandillas juveniles –que son justamente eso: poderosas sub-culturas– es difícil trabajar en su modificación; la "mano dura" policial-militar no sirve. Por eso, con una visión amplia de la problemática juvenil, o humana en su conjunto, es inconducente plantearse acciones represivas contra esos grupos como si eso sirviera para modificar algo. De lo que se trata, por el contrario, es ver cómo integrar cada vez más a los jóvenes en un mundo que no le facilita las cosas. Es decir: crear un mundo para todos y todas. O más aún: si se quiere trabajar de verdad el problema, habría que partir por plantearse dónde están las causas, y sobre ellas actuar. Y no son otras que la exclusión crónica, la pobreza, las asimetrías sociales. Pero lo que vemos es que estos grupos, en vez de ser abordados en la lógica de poblaciones en situación de riesgo, son criminalizados.

Tan grande es esa criminalización, que eso lleva a pensar que allí se juega algo más que un discurso adultocéntrico represivo y moralista sobre jóvenes en conflicto con la ley penal. ¿Por qué las maras son el nuevo demonio? Porque, definitivamente, no lo son. ¿Hay algo más tras esa continua prédica?

¿Una estrategia de control social?

Cuando un fenómeno determinado pasa a tener un valor cultural (mediático en este caso) desproporcionado con lo que representa en la realidad, por tan "llamativo", justamente, puede estar indicando algo. ¿Es creíble acaso que grupos de jóvenes con relativamente escaso armamento y sin un proyecto político alternativo se constituyan en un problema de seguridad nacional en varios países al mismo tiempo?

Hoy día el discurso oficial que barre las distintas naciones centroamericanas –y Washington también participa en esta "preocupación", para lo que impulsa una iniciativa regional a nivel militar conocida como Plan Mérida (la réplica mesoamericana del Plan Colombia)– presenta a estas maras como un flagelo de proporciones apocalípticas. Definitivamente el accionar de estos grupos es muy violento (llamativamente violento, nos atreveríamos a decir). En modo alguno, desde ningún punto de vista, se puede minimizar su potencial criminal: matan, asaltan, violan, extorsionan. Todo eso es un hecho. Ahora bien: la dinámica donde todo eso se da abre sugestivas preguntas.

Definitivamente, para poder contestarlas a profundidad, deberían realizare investigaciones muy minuciosas que, dada la naturaleza de lo que está en juego, se torna muy difícil, cuando no imposible. Pero pueden intuirse ciertas perspectivas que, al menos, dan idea de por dónde se direcciona la cuestión.

Por lo pronto, y aunque no se disponga de datos concretos terminantes, todo esto deja preguntas que permiten concluir algunas cosas:

• Las maras no son una alternativa/afrenta/contrapropuesta a los poderes constituidos, al Estado, a las fuerzas conservadoras de las sociedades. No son subversivas, no subvierten nada, no proponen ningún cambio de nada. Quizá no son funcionales en forma directa a las grandes empresas, pero sí son funcionales para ciertos poderes (poderes ocultos, paralelos, grupos de poder que se mueven en las sombras) que –todo así lo indicaría– las utilizan. En definitiva, son funcionales para el mantenimiento sistémico como un todo, por lo que esas grandes empresas, si bien no se benefician en modo directo, terminan aprovechando la misión final que cumplen las maras, que no es otro que el mantenimiento del statu quo.

• No son delincuencia común. Es decir: aunque delinquen igual que cualquier delincuente violando las normativas legales existentes, todo indica que responderían a patrones calculadamente trazados que van más allá de las maras mismas. No sólo delinquen sino que, esto es lo fundamental, constituyen un mensaje para las poblaciones. Esto llevaría a pensar que hay planes maestros, y hay quienes los trazan.

• Si bien son un flagelo –porque, sin dudas, lo son–, no afectan la funcionalidad general del sistema económico-social. En todo caso, son un flagelo para los sectores más pobres de la sociedad, donde se mueven como su espacio natural: barriadas pobres de las grandes urbes. Es decir: golpean en los sectores que potencialmente más podrían alguna vez levantar protestas contra la estructura general de la sociedad. Sin presentarse así, por supuesto, cumplen un papel político. El mensaje, por tanto, sería una advertencia, un llamado a estarse quieto.

• No sólo desarrollan actividades delictivas sino que, básicamente, se constituyen como mecanismos de terror que sirven para mantener desorganizadas, silenciadas y en perpetuo estado de zozobra a las grandes mayorías populares urbanas. En ese sentido, funcionan como un virtual "ejército de ocupación".

• Disponen de organización y logística (armamento) que resulta un tanto llamativa para jovencitos de corta edad; las estructuras jerárquicas con que se mueven tienen una estudiada lógica de corte militar, todo lo cual lleva a pensar que habría grupos interesados en ese grado de operatividad. ¿Pueden jovencitos semi-analfabetas, sin ideología de transformación de nada, movidos por un superficial e inmediatista hedonismo simplista, disponer de todo ese saber gerencial y eso poder de movilización?

Por supuesto que no podemos responder aquí con exactitud todas estas dudas, por la carencia de datos precisos al respecto. Pero el sólo hecho de plantearlas y ver cómo los poderes mediáticos bombardean en forma sistemática con mensajes que potencian esa sensación de indefensión de las grandes mayorías, permite inferir que estas maras pueden jugar un papel político que va muchísimo más allá que lo que sabe cada uno de estos jóvenes que actúa en ellas. Podría decirse que hay en estas apreciaciones una óptima confabulacionista. Espero que el discurso paranoico no me doblegue, pues está claro que todos estos patrones arriba mencionados, más que responder a abstrusos fundamentalismos que ven conspiraciones de la CIA en cada esquina, abren interrogantes que "llamativamente" ningún medio de comunicación contribuye a aclarar sino, por el contrario, oscurece más aún día a día.

Se entremezclan en todo este proceso varias lógicas: por un lado, efectivamente hay una búsqueda psicológica de estos jóvenes en relación a "familias sustitutas", deseos de protagonismo, sensación de poder; elementos que, sin dudas, la mara les confiere (en mayor o menor medida, cualquier joven participa de esas búsquedas en cualquier parte que esté). Pero además, articulándose con ese nivel subjetivo, todo indicaría que hay determinantes político-ideológicos en los planes de acción de estos grupos que llevan a pensar que, "curiosamente", allí donde puede generarse la protesta social, aparecen las maras. Si las grandes masas urbanas empobrecidas no se benefician con esto sino que, al contrario, viven en la permanente zozobra, maniatados, guardando un forzado silencio, ¿quién sacará provecho de esto? Si podemos entenderlas entonces como mecanismos de control social: ¿quién controla? Seguramente los mismos poderes que vienen controlando todo desde hace un buen tiempo; y sabemos que los poderes no son nunca ni "buenitos", ni transparentes. "El fin justifica los medios", se dijo hace mucho…, y no se equivocaba quien lo dijo, que fue alguien que sabía mucho de estas opacidades del poder: Maquiavelo.

Insistimos: todas estas son hipótesis. Pero la experiencia nos enseña que estos rimbombantes hechos mediáticos –como la caída de las Torres Gemelas en Nueva York con los avionazos del 11 de septiembre del 2001, el "fundamentalismo islámico" que es el nuevo demonio para otra parte del mundo (el Medio Oriente), el narcotráfico (que nos toca a los latinoamericanos en buena medida), o en su momento, durante la Guerra Fría, el "comunismo internacional" que abría supuestas cabezas de playa por todos lados–, funcionan como fantasmas que sirven para atemorizar, y por tanto: controlar. En cada país con petróleo o agua dulce aparece sugestivamente una célula de Al Qaeda que, por supuesto, justifica todo. ¿Se estará repitiendo la misma historia con esto de las maras? ¿Por qué el gran "problema nacional" de los sufridos países de Centroamérica son las maras y no la pobreza y exclusión que las producen?

Fuente foto: RADIO NEDERLAND

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Chile: Ser oposición

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

Desde que la derecha asumiera la presidencia, se advierte una clara desorientación en las filas de la nueva oposición. Pareciera que, tras su salida de La Moneda, dirigentes y partidos hubiesen perdido la brújula política. Es cierto, en los sectores gobiernistas las cosas no han sido, finalmente, tan diferentes. En ambos sectores se observan tensiones mal disimuladas, medidas precipitadas, declaraciones desafortunadas y uno que otro bochornoso episodio. No se puede negar que el terremoto y sus secuelas han desdibujado, en lo inmediato, la agenda de todos los actores políticos, produciendo este periodo de desorden e incertidumbre.

Con todo, sería inútil negar que el gobierno encabezado por el señor Sebastián Piñera ha logrado mantener cierta iniciativa, apropiándose de cuestiones tan sensibles como una reforma tributaria y la ley de elecciones, ambos, temas recurrentes de todas las campañas. Todo esto en medio de un protagonismo mediático del primer mandatario, asegurado por el desequilibrio a su favor, más que evidente en este ámbito y, a pesar, de las voces y liderazgos críticos que han surgido en la tienda derechista.

En un país como el nuestro, en que lo político se administra institucionalmente en el Poder Legislativo a través de partidos políticos, resulta preocupante que la oposición al gobierno de derecha, constituida en su amplia mayoría por los partidos de la Concertación, no haya logrado todavía instalarse como tal. Su conducta errática, sumada al desprestigio del conglomerado, ha generado un cuadro de desorden y falta de liderazgo, que compromete su papel como entidad política opositora.

Los grandes temas políticos del Chile actual, desde las políticas medioambientales hasta la flexibilización laboral, pasando por cuestiones tan puntuales como el financiamiento de la “reconstrucción”, son opacados por distractores mediáticos y escándalos que nos alejan de cualquier discusión seria y de fondo sobre los problemas que comprometen el presente y el futuro del país. Le corresponde a una oposición responsable hacerse cargo, precisamente, de fiscalizar las políticas públicas y debatir sobre aquellas cuestiones. De otro modo, corre el riesgo de convertirse en mera comparsa de un sainete neoliberal con aires democráticos.

Las armas de la oposición se pueden resumir en tres palabras: Congreso, medios y movilización. Sin embargo, ninguno de ellos resulta relevante si no hay claridad política acerca de cómo enfrentar a un gobierno empresarial legitimado por el voto popular, El próximo 21 de mayo, el nuevo gobierno debe hacer pública su Carta de Navegación ante el país. Ciertamente, se trata de un evento político llamado a poner orden en las filas de la Alianza, señalando las políticas y horizontes de la administración Piñera; No obstante, esta fecha marca un momento muy importante para la oposición, en cuanto la exhorta a delimitar con claridad estratégica y política su papel en los años venideros.

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Chávez expropia empresas abusivas para beneficio del pueblo mientras Calderón entrega todo a los ricos

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. La expropiación de una de las dos empresas de la trasnacional mexicana Gruma por el gobierno venezolano de Hugo Chávez ha causado un gran revuelo en México entre gobierno y empresarios del país. Años atrás otras compañías mexicanas como Cemex, Coca Cola Femsa y Tubos y Aceros de México fueron intervenidas por acciones de expropiación o nacionalización llevadas a cabo por el gobierno de aquel país caribeño.

“Es probable que las nacionalizaciones continúen”, consideró en un reporte sobre inversión extranjera en la región publicado la semana pasada la CEPAL. ¿Puede olvidarse que en 2007, el presidente Chávez anunció acciones para que el Estado asumiera el control de sectores considerados por su administración como “estratégicos”, entre ellos los de alimentos, en un país que sufre continuo desabasto de productos esenciales como leche y harina de trigo –Venezuela es el segundo consumidor de pasta en el mundo?

2. El gobierno de Chávez avanza en serio –con el apoyo de la riqueza petrolera que ha sabido usar como estrategia política- hacia un proceso de estatización y socialización que cada día conquista más simpatías y apoyos de los trabajadores venezolanos; pero también muestran a otros gobiernos el camino que debe seguirse para usar los recursos económicos en beneficio de la población. Por esas medidas nacionalizadoras de Chávez, el gobierno de los EEUU, los medios de información y corifeos desarrollan de manera permanente una gigantesca campaña anticomunista. En México el gobierno derechista de Calderón hace exactamente lo contrario: sigue entregando las riquezas del país a los más poderosos empresarios y extranjeros mientras el Estado abandona los servicios de salud, de educación, busca terminar de privatizar el petróleo y la electrizad, ha provocado el cierra de decenas de miles de empresas micro, pequeñas y medias mientras se dispara el desempleo y la miseria.

3. En México los gobiernos del PRI fueron fuertes hasta antes de la implantación del neoliberalismo privatizador en 1982. En ese año los poderosos empresarios mexicanos –asociados con los inversionistas yanquis- se rebelaron contra una estatización bancaria lópezportillista y exigieron la venta de 2500 empresas “paraestatales”, es decir, controladas por el gobierno (Petróleo, electricidad, teléfonos, transporte aéreo, siderúrgica, ferrocarriles, alimentos Conasupo, fertilizantes, bancos de crédito agrícola, etcétera) Ya De la Madrid, el iniciador de la política con participación directa empresarial, lo había dicho en su campaña: “Es necesario que “la sociedad” (es decir, los empresarios privados) recupere los que el Estado le ha arrebatado”. El “cerebro” de la campaña de De la Madrid fue Salinas de Gortari, mismo que desplazó a sus competidores y seis años después profundizó el neoliberalismo al asumir la Presidencia.

4. Muchas de aquellas empresas funcionaban con pérdidas, es decir, con “número rojos” que el mismo Estado resarcía con presupuesto público; pero lo que escondían o silenciaban los empresarios privados y el panismo derechista al criticar a las “paraestatales”, es que esas pérdidas anuales no eran sólo por la inmensa corrupción de funcionarios, sino que también esas empresas subsidiaban los negocios privados otorgando petróleo, electricidad y transportes casi regalados; también que ante las crisis en lugar de despedir obreros se les continuaba pagando salarios para evitar un gran desempleo. El Estado paternalista, corporativo, asistencialista, mantuvo por más de 60 años una gran estabilidad en la política, la economía, los servicios de salud, de educación, pues no se disparó el desempleo, el comercio ambulante, la migración a EEUU, la delincuencia o el narcotráfico.

5. La gigantesca corrupción de funcionarios en México, pero también en otros tiempos en Venezuela, Brasil, EEUU y otros países, ha sido un mal social que no se ha podido erradicar. Se han denunciado en cientos de miles de veces la corrupción del Estado porque maneja dinero público, pero se olvida que la empresa privada es igualmente corrupta con los bienes que les entrega el Estado y en los negocios que realiza bajo su protección. Chávez ha creado en Venezuela organismos públicos para frenar la corrupción que pueden ser tan eneficientes como los de México, pero hasta ahora –en estos tiempos de “revolución venezolana”, parece haber voluntad en Chávez de acabarla al llamar de manera constante a su pueblo a denunciar. Lo más importante es darle poder y libertad al pueblo para que sienta y vea que su voz tiene validez y sus acciones pesan. Hace unos días persiguió a los empresarios de la carne por subir precios.

6. Chávez, para evitar que los grandes capitalistas sigan escondiendo sus productos para luego impulsar la carestía, debe continuar con su política expropiatoria. No solo controla hoy CANTV, la poderosa compañía telefónica, sino que varios canales de TV, radio y prensa –que antes fueron de la derecha- son controlados por el Estado: VTV, Telesur, Ävila TV, Vive TV, Asamblea Nacional, Radio Caracas, Radio Nacional, etcétera. Todos esos medios son aprovechados para que durante las 24 horas pasen noticias nacionales e internacionales, análisis, editoriales, foros, polémicas, que sin duda contribuyen a educar a la población desde el punto de vista del socialismo chavista. Obviamente los enemigos de Chávez siguen usando Venevisión, Canal 10, Globovisión, Canal 57 y CMD pero sus repercusiones son mínimas porque no tienen argumentos para rebatir. Dedican muchas horas para pasar novelas y películas.

7. Chávez está atendiendo los dos frentes: el interno de política doméstica y el de política internacional y por eso es el gobernante más vigilado y más amenazado por el imperio yanqui; no es por casualidad que las últimas siete bases militares instaladas en Colombia estén apuntando a Venezuela. Como apuntan mis amigos del PPT: hay que vigilar que el caudillismo y el partido único no se transformen en una dictadura que impida que el pueblo –sobre todo a las disidencias políticas e ideológicas- desarrollarse con plena libertad. Pero no puede dejarse de reconocer que Chávez se ha metido en lo más profundo de su pueblo y, con las medidas expropiatorias que ha tomado y la permanente vigilancia que ejerce contra la especulación de los precios de los artículos básicos, adquiere mayor apoyo. Mientras tanto Calderón se derrumba en México, pero no hay una izquierda honesta y fuerte que lo empuje a derrumbarse.

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“Colombia debe tener una veeduría permanente desde la sociedad civil para monitorear la utilización de las siete bases militares”

Fernando Arellano Ortiz (CRONICON, especial para ARGENPRESS.info)

En el concierto latinoamericano la palabra del gobierno de Álvaro Uribe Vélez “está muy desvalorizada”, por eso hay un alto grado de preocupación en los países de la región sobre los efectos que pueda tener el convenio suscrito con Estados Unidos para que tropas norteamericanas controlen siete bases militares en Colombia, más aún si se tiene como antecedente el bombardeo a Ecuador, violando la soberanía territorial, para destruir un campamento guerrillero en marzo de 2008.

La anterior aseveración es de la ex canciller ecuatoriana y actual parlamentaria andina, María Isabel Salvador Crespo, a quien correspondió manejar entre 2008 y 2009 la crisis fronteriza originada por ese episodio que llevó al gobierno del presidente Rafael Correa a romper relaciones diplomáticas con Colombia.

Aún subsisten serias dudas sobre una posible participación de Estados Unidos en el operativo contra un campamento de las Farc asentado en la parte fronteriza del Ecuador, para lo cual se habría utilizado la base de Manta. Por eso, explica esta dirigente del Movimiento Alianza País, se observa con mucho recelo y desconfianza las operaciones que las tropas y mercenarios norteamericanos desarrollarán a partir de las siete bases militares colombianas que se pusieron a su libre disposición.

Por eso Salvador Crespo considera de suma importancia recomendar tanto a la sociedad civil colombiana como a la de la región latinoamericana generar una especie de veeduría que posibilite hacer un permanente ejercicio de supervisión del uso que el Comando Sur de los Estados Unidos hará de estas palataformas militares.

Sin ambages la ex ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador califica de “cesión de soberanía” la decisión del gobierno de Uribe Vélez de entregarle a Washington el control de las siete bases militares y explica en este diálogo con CRONICON.NET, cuál fue la experiencia de su país respecto de la base de Manta.

Hay que recobrar el sentido de lo que significa soberanía

- El Ecuador con la base de Manta tuvo una pésima experiencia con la inmunidad que se le otorgó al personal estadounidense que operó por diez años ese complejo militar, habida cuenta que se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos y abusos como hundimiento de embarcaciones ecuatorianas. ¿Qué nos puede decir al respecto ahora que Colombia entrega no una sino siete bases militares para que sean manejadas y controladas por tropas norteamericanas?

- Empecemos diciendo que la forma como se firmó el convenio militar entre Estados Unidos y Ecuador fue muy cuestionado por diversos sectores de mi país, y a pesar de ello se suscribió sin seguir el proceso correspondiente que requería la ratificación del Congreso Nacional, lo cual nunca se hizo. Por eso se dijo por múltiples voces de distintas tendencias políticas y sociales que ello constituía una cesión de soberanía y por lo tanto desde el mismo momento de la firma de dicho convenio se comenzó a gestar una voz de rechazo. Después de diez años y cuando el presidente Rafael Correa decidió desde el primer momento de su posesión en enero de 2007 que no se iba a renovar el convenio, se ha iniciado una serie de investigaciones respecto de múltiples denuncias de atropellos como la detención de barcos sin seguir los procedimientos legales y pasando por alto la legislación ecuatoriana y otro cúmulo de cosas y delitos que hubo. Este es un antecedente importante para Colombia, salvando por supuesto las distancias en el sentido de que no es lo mismo una base en un territorio pequeñísimo como el ecuatoriano que siete bases en una geografía tan extensa como la colombiana.

- En su calidad de ex canciller del Ecuador y de parlamentaria andina, ¿qué concepto le merece la decisión del gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez de haber concedido la utilización de siete bases militares al Comando Sur de los Estados Unidos?

- En primer término debo decir que la presencia de militares norteamericanos en siete bases que es algo muy fuerte, donde van a tener libre acceso e inmunidad, constituye cesión de soberanía. Ahora, existe una gran preocupación sobre todo por parte de los países vecinos que van a ser los más afectados si eventualmente se produjera algún hecho como el bombardeo del 1 de marzo de 2008 a Ecuador a un campamento de las Farc, sobre el cual hay que señalarlo, siguen existiendo serias dudas si existió la participación estadounidense. Evidentemente todo esto genera mucha suspicacia y creo que la experiencia del Ecuador puede servir para que en Colombia haya una especie de veeduría permanente desde la sociedad civil sobre la ejecución del convenio militar. Hay la necesidad en este momento de que los países de la región recobremos el sentido de lo que significa la soberanía porque siempre en América Latina hemos puesto un cierto énfasis sobre este tema que no es solo territorial, sino que es la capacidad del Estado de tomar las decisiones sin injerencia de otros. Al mismo tiempo, si es importante ver cómo frente al convenio entre Colombia y Estados Unidos la reacción general de todos los países de la región ha sido de enorme preocupación, por eso a nivel de Unasur se pidió explicaciones. No obstante ello, el convenio se firmó y habrá entonces que ver cómo se desarrolla durante los próximos diez años que es el término de duración, y en este marco existe una gran responsabilidad de la sociedad civil colombiana y latinoamericana también que deben estar muy pendientes para evitar que se presenten hechos graves.

Presencia norteamericana no tiene justificación alguna

- ¿Qué dejan como experiencia diez años de presencia estadounidense en una base militar ecuatoriana como la de Manta?

- El de la soberanía nacional en Ecuador es un tema de principios y en ciertos países está más arraigado. En el caso ecuatoriano es muy sensible porque hemos tenido una historia complicada en aspectos de soberanía porque vimos como nuestro territorio se fue paulatinamente achicando y desde mi punto de vista personal considero que la firma de los acuerdos de paz con Perú finalmente significaron concesiones enormes por parte del Ecuador frente a muy pocos beneficios. Hoy en día y desde la llegada del presidente Rafael Correa sí se ve un manejo diferente respecto de esos acuerdos de paz. Hay inversiones importantes del Estado por parte y parte para generar toda la cantidad de proyectos de desarrollo fronterizo, pero en la práctica esos acuerdos se constituyeron principalmente en cesiones por parte del Ecuador. Y esa ha sido la historia de mi país, con Colombia también ha habido cesiones, obviamente a través de tratados, pero ha sido un permanente ver de reducción del espacio territorial que es parte esencial del patrimonio de la nación. Para nosotros el tema de la soberanía territorial es fundamental, por eso la presencia norteamericana no tiene motivación alguna porque la cooperación pora la lucha contra el narcotráfico se puede dar sin una ocupación del territorio.

- Pero en el caso ecuatoriano en el gobierno del derrocado presidente Jamil Mahuad (1998-2000) no solamente se firma el convenio para la utilización norteamericana de la base de Manta sino que se decreta también la dolarización, con lo cual el país pierde la soberanía monetaria. ¿Todo esto fue parte de una estrategia o fue mera coincidencia?

- Nunca lo había analizado pero es probable que haya tenido una relación directa si se tiene en cuenta la dependencia de estos países y el hecho de que los intereses económicos de una potencia de la magnitud de los Estados Unidos siempre han primado por encima de los intereses nacionales, y una de las marcas claras del gobierno de Rafael Correa es ir rompiendo ese esquema, por eso el tema de la larga y triste noche neoliberal, porque con la cesión de soberanía se resta autonomía en la toma de decisiones. La cesión de soberanía monetaria es muy grave porque no tenemos capacidad de generar política monetaria y por eso tenemos que adoptar decisiones que afectan a países muy cercanos como Colombia, como cuando nos tocó poner salvaguardias comerciales para proteger nuestra economía.

- Al ex presidente Mahuad Estados Unidos lo “premió” dándole refugio para que no responda los juicios penales que se le siguen en el Ecuador…

- Pero no solamente Mahuad, hay algunos funcionarios de su gobierno que viven en los Estados Unidos con protección especial, entonces sin duda hay vínculos extraños que a veces uno no llega a dimensionar. Pero así como hay gente que ha salido del Ecuador como estos personajes, hay otros que siguen viviendo en el país que son vendepatrias, que están de acuerdo con las bases, celebraron el bombardeo de Colombia y defendieron la posición del gobierno colombiano siendo ecuatorianos, lo cual es contradictorio.

- ¿Cuál es en su concepto el fondo real del afán de implementar este tipo de bases militares en América Latina por parte de Estados Unidos, cuyas especificaciones son para espionaje electrónico y control continental pero que se presentan como infraestructuras para la lucha contra el narcotráfico?

- Esa es la gran pregunta, nos venden la idea de que esas bases son para la lucha contra el narcotráfico, ese es el gran pretexto, pero no hay ninguna garantía de que sólo sea para eso, más aún en un contexto internacional en el que los Estados Unidos está replanteando y reposicionando temas que ya habían sido superados como el de la IV Flota.

Existe sospecha de que las bases son para espionaje electrónico

- ¿En Ecuador el gobierno de Correa y los sectores políticos son conscientes de que las bases militares colombianas operadas por norteamericanos van a servir para realizar espionaje electrónico en la región?

- Existe la sospecha muy clara de que así va hacer. Ciertamente la lucha contra el narcotráfico amerita la colaboración de Estados Unidos, pero los diez años que lleva el Plan Colombia no han dado los éxitos que se esperaban, no se ha logrado erradicar ese fenómeno, entonces la pregunta que hay que hacerse es para qué más están, por qué siete bases y la autorización también de utilizar todos los aeropuertos civiles y otras cosas más. Ahora bien, está el convenio militar que Brasil acaba de firmar con Estados Unidos sobre el cual sostienen que es igual al suscrito por Colombia, pero en la práctica no es así porque no se contempla la utilización de bases militares. Aunque está dada la palabra del gobierno colombiano de que este acuerdo militar con Estados Unidos no va a tener consecuencias en los países vecinos, debo decir que la palabra de Colombia está desvalorizada, por eso en las naciones latinoamericanas hay preocupación.

- ¿La estrategia mediática de satanización que se ha desplegada desde la octava base que es la Casa de Nariño contra el gobierno de Rafael Correa con el concurso de los sectores más recalcitrantes de la derecha colombiana, cómo ha repercutido en Ecuador e internacionalmente?

- Esa campaña tremenda que se produjo después del bombardeo del 1 de marzo de 2008 si generó una imagen internacional negativa del gobierno ecuatoriano, porque hay que reconocer que la derecha colombiana y el gobierno colombiano manejan muy bien el tema mediático. Esa campaña duró tanto tiempo que lo que se requiere hacer para revertir las consecuencias es una acción constante de largo plazo que el Ecuador no estaba preparado para enfrentar y no tuvimos la capacidad de balancear el tema y eso fue grave y muy negativo. Ahora estamos esperando el resultado de las elecciones presidenciales para redefinir las relaciones bilaterales. No obstante que las mismas llegarán a recomponerse cuando se sepa la verdad de cómo se produjo el bombardeo porque las dudas persisten y no nos pueden creer tan bobos para salirnos con cualquier versión. Necesitamos saber la verdad para el bien del Ecuador y el presidente Correa es eso lo que desea: saber cuál es la información real tanto en lo concerniente a los computadores de Raúl Reyes como en el tema del bombardeo, porque a raíz de esta experiencia tan dolorosa sacamos enormes lecciones, como por ejemplo, que en el tema de inteligencia militar y policial se descubrieron cosas muy extrañas.

Es necesario que Colombia empiece a despertar

- El Ecuador al elevar a canon constitucional la prohibición del establecimiento de bases extranjeras en su territorio con propósitos militares, ¿qué mensaje le está enviando a América Latina y al mundo?

- Yo creo que el Ecuador es bastante revolucionario en eso porque rompe con los esquemas de décadas de gobiernos entregados a otros intereses que no eran los nacionales y marca el camino de lo que debe ser la América Latina. Si queremos ser el continente del siglo XXI tenemos que romper esos esquemas que nos han tenido atados y sobreviviendo no viviendo realmente. Creo que Ecuador y Bolivia también con su Constitución, estamos dado señales muy importantes al mundo en el sentido de que tenemos una propuesta de cambio radical en democracia.

- ¿Desde su óptica de internacionalista y de parlamentaria andina, cómo analiza la situación política de Colombia?

- Es necesario que Colombia empiece a despertar, que la juventud reaccione porque ha estado completamente ausente del interés en la política y de la toma de posiciones. Ojalá que estas elecciones presidenciales lleven al pueblo colombiano a una profunda reflexión.

Perfil

Nació en el seno de una familia de destacados intelectuales ecuatorianos: su padre historiador y catedrático universitario y su madre escritora, circunstancia que le permitió interesarse en el devenir político de un país como el suyo en permanente ebullición social. Si bien se labró una carrera en el sector del turismo, en los últimos cuatro años el destino le cambió su rol profesional y terminó incursionando abiertamente en política, siendo una de las destacadas coequiperas del presidente Rafael Correa dentro del Movimiento Alianza País.

Abogada de la Universidad Católica del Ecuador, realizó estudios de posgrado en la Ecole de Langue et de Civilisation Françaises, Université de Genève en Ginebra, Suiza, y en Educación en la Universidad San Francisco de Quito.

Dada su amplia experiencia en el sector fue designada en 2005 por el presidente Alfredo Palacio como ministra de Turismo. Cuando asumió el poder el presidente Correa la ratificó en el cargo hasta diciembre de 2007 cuando la designó como canciller de la República. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores le correspondió manejar temas espinosos como el rompimiento diplomático con Colombia por el bombardeo a territorio ecuatoriano para desmantelar el campamento de Raúl Reyes; la situación de los refugiados colombianos; la terminación del convenio militar con Estados Unidos que autorizó por el lapso de diez años la utilización de la base de Manta; y el desistimiento de suscribir el Tratado de Libre Comercio con la potencia norteamericana.

Luego de un año largo al frente de la Cancillería ecuatoriana se retira para entrar a la arena electoral a disputar uno de los escaños en el Parlamento Andino en representación del oficialista Movimiento Alianza País.

Aunque es sus años de universitaria participó en política siempre identificada con tendencias que propugnaban por la equidad social, no le pasó por su mente terminar haciendo parte de un movimiento que está generando los grandes cambios políticos y sociales en el Ecuador al despuntar el siglo XXI.

María Isabel Salvador hoy cuenta con un amplio reconocimiento político en su país y está firmemente comprometida con el proceso de revolución ciudadana que lidera el presidente Correa. Fue destacada como Mujer del Año 2006 en la categoría mejor desempeño en sector público y galardonada con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz.

Foto: Ecuador, Política - María Isabel Salvador Crespo, ex canciller y actual parlamentaria andina.

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¡Viva Franco! ¡Arriba España!

Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)

Algunos ya conocen mi teoría expuesta desde hace mucho; prácticamente desde que murió en su cama el dictador. Lo llaman a esto democracia, pero es franquismo revisado.

A fin de cuentas no fue el mismo el mismo “Movimiento” que imperó a lo largo de 30 años que el de su última década. Y a fin de cuentas también aquel Régimen se decía estar articulado en una democracia. Una democracia, aquélla, orgánica, pero también democracia al fin y al cabo. Había representatividad en las Cortes y en el Sindicato vertical. De modo que por palabras y conceptos que no falte...

Pero en muchos aspectos lo mismo que de horrible se puede aplicar a aquella democracia orgánica, se podría decir de esta inorgánica. Pues también hay otras distinciones hablándose de democracia. Hay democracias formales y democracias reales. Así es que ¿es esta democracia española del siglo XXI una democracia real? ¿ o es un revival en esencia de la democracia franquista? Tengamos en cuenta que el albacea de Franco fue Fraga Iribarne. Tengamos en cuenta que una docena de delegados del espíritu y la letra franquista en las instituciones clave del país, bastan para imprimir a todo el áurea del franquismo más depurado. Instituciones clave son, como es sabido, las Cortes, el gobierno y el Poder judicial, amén de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, etc. En todas ellas hay agazapado, por lo menos, un franquista más o menos maquillado.

La política también o quizá más que ninguna otra cosa incluido “lo jurídico”, está imbuida de palabras que se manifiestan a la postre hueras. No es cuestión, pues de palabras, sino de hechos y de sensaciones y de impresiones y de satisfacciones. Y poco importa que digan que estamos en democracia si, por ejemplo, en el País Vasco, o en cualquier territorio, cualquier sospechoso de terrorismo doméstico o internacional puede ser conducido a la trena, torturado y encarcelado, treinta y dos años después de desaparecido el sátrapa; como en el franquismo cualquier sospechoso de homosexualidad o de maquis o de independentista podía ser reducido a polvo en cuestión de horas. De modo que ni a mí ni a la mayoría nos importan las palabras ni las etiquetas. Ni yo ni la mayoría nos conformamos con que el Estado y las policías hayan dejado de perseguir a los homosexuales y hayan tolerado el divorcio exprés. Pues casi, casi, a esto es a lo que se reduce la “impresión” de democracia. Esta democracia sigue siendo de juguete, está en pañales y se respira en ella mucho más la atmósfera del tardo franquismo que la de una democracia inorgánica auténtica.

Dejemos por un momento aparte las ideologías contenidas en los partidos políticos, y veamos qué sucede en medio del ruido de sables y de la algarabía nacional, y observemos hasta qué punto la causa franquista funciona como una especie de masonería (cuando era perseguida por él), o como una especie de sociedad secreta nutrida de franquistas redomados.

En instituciones clave del poder legislativo hay “delegados” franquistas solapados que unas veces acusan a la Justicia y a los funcionarios que la auxilian de haberse vendido al “enemigo”, y otras, cuando se ven favorecidos por sus sentencias y procesos, los mismos exigen respeto a la Justicia. Pero también hay cómplices en el ejecutivo que, en materias también clave, como reformas de Constitución y leyes fundamentales como las franquistas no dan paso alguno para dar entrada a un poco de aire fresco a este país.

En instituciones clave del poder judicial hay otros tantos “delegados”. Estos no se manifiestan demasiado claramente cuando se trata de procesos de justicia ordinaria, pero sí, y mucho, cuando se trata de la Causa General (así se llamaban las iniquidades contra los comunistas y enemigos del Régimen) contra las aspiraciones a la Independencia de los vascos.

En instituciones clave de carácter territorial, para qué contar. Presidencias y Alcaldías, en su mayor parte ocupadas por franquistas de tradición, reforzados por el proselitismo que hacen con sus alcaldadas, cacicadas y hechos consumados.

Garzón no es una víctima de un Tribunal Supremo ni de un Consejo del Poder Judicial democráticos. Garzón es víctima de una Justicia descaradamente hija del modo franquista de valorar las cosas y la equidad.

Por lo demás, ahí tenemos a la familia de los Franco no sólo campando por sus respetos desde que murió el Gran Cabrón, sino robusteciendo su fortuna, reteniendo los bienes que fueron usurpados al pueblo por el engaño manifiesto del obsequio del pueblo (Pazo de Meirás), y ahí tenemos, sobre todo, a una ideología, la Falange en cualquier de sus numerosas variantes (de las JONS, Auténtica, etc) que estuvo codo con codo con el Dictador la mayor parte de su incautación política. Ahí tenemos, como ya he señalado, a un Fraga que fue de todo con Franco (ministro de turismo y de gobernación, entre otras cosas), paisano de otro individuo de Vilalba, Rouco Varela, que entre ambos refrenan desde hace tres décadas todo conato de desarrollo de una democracia aceptable, laica, republicana y moderna. Y ¡qué decir del Bono de las filas francosocialistas que se ha negado reiteradamente a quitar del Congreso tres cuadros netamente franquistas, entre otras manifestaciones de su acendrado nacionalcatolicismo! Por lo que entre unas cosas y otras España sigue siendo el latifundio franquista que fue, donde durante cuarenta años retumbaba en cada uno de los rincones de su geografía ese ¡Viva Franco! ¡Arriba España!

Piénselo los politólogos imparciales y las gentes bien nacidas. Seamos "francos". ¿No parece que no falta mucho para volver a oír al unísono ese estentóreo y execrable grito de los franquistas; de los franquistas por convicción, de los franquistas por condición y de los franquistas contaminados?

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¿ALCA con la Unión Europea?

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Empieza esta semana en Madrid, España, la VI Cumbre América Latina y Caribe – Unión Europea, ALCUE. En ese marco se reabren las suspendidas negociaciones entre la UE y el Mercosur para celebrar un acuerdo de libre comercio.

Un interrogante es si a 5 años de enterrado el debate del acuerdo de libre comercio entre EEUU y América Latina y el Caribe, se reabre uno entre Europa y el Mercosur. Hay que recordar que en Mar del Plata, Argentina, durante la IV Cumbre de Presidentes de América, los principales opuestos al tratado de libre comercio de la región con la potencia del norte fueron los países del Mercosur y Venezuela (aún no había requerido su ingreso a la integración entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina). En simultáneo sesionaba la Cumbre popular que había sustentado lo esencial en la denuncia a la sociedad sobre los negativos efectos de la liberalización para la mayoría de la población. La cumbre actual también tiene su movilización popular alternativa que incluye un enjuiciamiento al accionar de las transnacionales europeas en la región.

La discusión con Europa se inició en el 2000 y fue interrumpida en simultáneo con los límites establecidos a Washington. Es que las asimetrías son gigantes y los países capitalistas desarrollados proponen apertura de la economía, liberalización, para poder colocar su producción en nuestros países, al mismo tiempo que mantienen gigantescos subsidios a su producción local, o a sus exportaciones, impidiendo el ingreso de los productos del resto del mundo, es decir, proponen una apertura asimétrica conservando alta protección según sus intereses.

El supuesto actual de la reapertura de negociaciones se justifica en la orientación gubernamental crítica a las políticas hegemónicas en los últimos años al frente de ambos procesos de integración. De un lado la presidencia temporal de José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español, y del otro Cristina Fernández, con un fuerte discurso contra el neoliberalismo y las políticas hegemónicas en la década pasada. La coincidencia en la coordinación temporal de ambos bloques animó la reapertura de la discusión por un tratado de libre comercio, pero la realidad enturbia lo que parecía un tránsito por senda de rosas.

La crisis de la economía mundial oscurece los acuerdos, pues el socialismo europeo intenta respuestas anti crisis de neto corte neoliberal, similar a las aplicadas en los 80´ y 90´ en la región latinoamericana y caribeña. ¿Qué son las disminuciones de salarios, las extensiones de las jubilaciones, los congelamientos de pensiones y las disminuciones de partidas de gasto público social de gobiernos socialistas en Grecia o en España? Pero también se complica la situación por este lado y Argentina intenta frenar el crecimiento de las importaciones, lo que supone reclamos de los principales socios comerciales: Brasil, China y especialmente Europa; un territorio de larga tradición en el intercambio con nuestro país.

Pero yendo a la cuestión de fondo, lo que se discute es el ingreso de producción agropecuaria a Europa y de productos industriales al Mercosur. Es difícil que en medio de la crisis europea se reduzcan sustancialmente los subsidios a la producción agropecuaria, siendo Francia uno de los principales afectados y responsable de la política comunitaria, no solo en cuestiones de producción en el agro.

Desde el otro ángulo, es Argentina la más perjudicada con el tratado, pues si se abre la puerta al ingreso de bienes industriales, Argentina es el país más vulnerable. Brasil tiene un desarrollo industrial que le permite competir con la industria europea, y Paraguay y Uruguay son países con más desarrollo en los servicios que en la producción manufacturera. El que tiene más para perder es Argentina, que no desarrolló en su reciente ciclo de crecimiento de la economía una producción fabril diversificada y en condiciones de competir en el mercado mundial.

Un elemento crítico adicional a la suscripción de un tratado de libre comercio proviene de la vulnerabilidad a que se someten los países con estos estatutos de la liberalización. Argentina es el país de América que más tratados bilaterales de defensa de las inversiones ha suscripto y que con ello el país fue llevado a tribunales internacionales por sumas millonarias, que aún cuando no terminen en sentencias favorables a las empresas, sirven como chantaje contra el país en la obtención de ventajas en materia de precios internos que afectan y deterioran la calidad de vida de la población.

Nada favorable generan estos estatutos de libre comercio para los pueblos, por lo tanto, la expectativa es que junto a las trabas objetivas que supone la crisis capitalista en curso y con epicentro en Europa, las movilizaciones de la cumbre popular difundan un programa de alternativa ante la nueva ofensiva del capital por la liberalización del orden socioeconómico mundial.

Julio C. Gambina es Profesor Titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

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Un Bicentenario soft power

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

En este Bicentenario de la revolución inconclusa de 1810 la plutocracia ha convertido las escuelas en galpones. Un crimen educativo que debemos desentrañar para hallar a los homicidas responsables.

Precisemos para no quedar como exagerados y fatalistas.

La Nación señaló el 27 de agosto de 2006: “En los últimos cinco años, las horas que los niños pasan frente al televisor se incrementaron de 4 a casi 5 horas”. Según un estudio realizado por Ignis el uso de Internet creció del 15 al 42 %. “El niño está sobrecargado de estímulos”, asegura Mónica Olivar, integrante del Comité Ejecutivo de la Sociedad Argentina de Pediatría (1).

La antropóloga Rosalía Vinocour es contundente: “De la misma manera en que el cigarrillo funcionaba como ansiolítico socialmente aceptado, el celular también es un ansiolítico. Entonces, las redes controlan la ansiedad y se vuelven redes de sometimiento. Para mí es una nueva forma de sometimiento social (2)”.

Según el informe “Usuario de Telefonía Celular” de la consultora Prince&Cooke a fines del 2010 habría 38, 5 millones de aparatos en servicio en el país (3).

Así ocurre. TV, Internet y celulares. Niños y jóvenes formateados como consumidores y no educados para la libertad y la solidaridad. Un Bicentenario Soft Power…

La pedagogía del Bicentenario es exportar 25.844 toneladas de leche en polvo, 10.706 toneladas de derivados de lácteos y 6.446 toneladas de queso (durante los primeros dos meses del 2010 (4)) mientras -Asignación Universal por Hijo (AUH) mediante- diariamente se mueren en la Argentina 18 pibes menores de un año por desnutrición y otras causas evitables (5).

Prensa Latina informó el 14 de mayo de 2006: “Más de 720 mil alumnos están ausentes de las escuelas argentinas y unos 730 mil mayores de 15 años son analfabetos, de acuerdo con un informe oficial publicado hoy (6)”.

Respuesta oficial: secundario obligatorio, AUH y estudiantes dependientes de Microsoft. Microsoft me recuerda la definición que Armand Mattelart nos brinda de Soft Power: “El Soft Power es la capacidad de engendrar en el otro el deseo de aquello que usted quiere que desee, la facultad de llevarle a aceptar normas e instituciones que producen el comportamiento deseado. Es la capacidad de alcanzar objetivos mediante la seducción antes que por la coerción. El Soft Power reposa en el atractivo que ejercen las ideas o en la aptitud para fijar el orden del día de tal forma que modela las preferencias de los demás (7)”

Del Catecismo de los Pueblos Libres (en reemplazo del Catón Cristiano) propuesto por Mariano Moreno a la alfabetización digital del proyecto “Argentina Enter” sugerido por el CEO de Microsoft, Steve Ballmer, a Cristina de Kirchner (8).

“En conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de la Argentina Microsoft ha redoblado sus esfuerzos como ciudadano corporativo responsable mediante el lanzamiento e implementación de la iniciativa “Argentina Enter”, destaca un comunicado de prensa de Microsoft (8).

Microsoft se presenta como “Socios por la Educación” (8).

¿Microsoft o Soft Power?

En este Bicentenario con las escuelas convertidas en galpones digitalizados el desafío es el de siempre: O educamos para la vida libre, digna y solidaria; o amaestramos para el mercado.

Hay que decidirse.

El diario que nos dejo Bartolomé Mitre afirmó el uno de abril de 2010: “Detrás de las cifras hay rostros de hambre y un arduo debate: ¿podrá el plan de asignación universal reducir este flagelo? (9)

En Argentina nos conforma el libre mercado. Hay más celulares que agua potable y desagües cloacales. Según el Cippec 8.500.000 argentinos no disponen de red de agua potable y más de 21 millones de compatriotas no poseen desagües cloacales. Daniel Maceira es terminante: “El mejor sistema de salud del mundo resulta ineficiente sin un buen esquema de agua potable (…) A mayores tasas de mortalidad infantil y mortalidad por enfermedades infecciosas, menos fue el incremento en la cobertura de red cloacal (10)”.

El 23 de julio de 2007 La Nación sostenía: “Cae la lectura de libros y crece el consumo musical. Los hábitos culturales de los argentinos cambiaron mucho. Según una encuesta realizada por TNS Gallup en todo el país, los hábitos culturales de los argentinos están mayormente ocupados por los medios de comunicación y el consumo (11)”.

TV, Internet, celulares, música, mp4, pedagogía tecnocrática. He aquí el Soft Power. Más consumo no significa más democracia.

Los criminales del Bicentenario saben bien que sus disparos deben pasar inadvertidos.

La política educativa siempre acompañó y lo seguirá haciendo al modo de producción y organización social. De las primeras 500 corporaciones, 360 (el 72 %) eran extranjeras en el 2.007. En 1993 eran 219; en el 2.000 318 y en el 2.004 335 (12). Concentración, centralización y extranjerización económica. Ley de Educación Técnico Profesional 26.058; Ley de Educación Nacional 26.206; Ley de Financiamiento Educativo 26.075.

Beatriz Jouve es precisa: “El debate de la nueva ley era el único punto del temario (…) Lo raro era ver los nombres de los que habían escrito la otra (Ley Federal de Educación), esta vez diciendo lo contrario”.

La plutocracia- en efecto- ha sistematizado su educación.

“No conozco países que se hayan desarrollado con empresas extranjeras”, advierte Andrés López (12).

En definitiva: con lo precedente he querido describir el Bicentenario que hoy tenemos. “Minorías tramando el destino de los demás”, pensaría Darío Balvidares.

Todavía no somos libres aunque votemos cada dos años.

La plutocracia nos ha fabricado la ficción de una democracia digitalizada.

Insisto: hay que discutir los valores que rodean (¿o esconden?) las intenciones de la tecnocracia de este Bicentenario.

Y aunque me quede solo (no creo que así suceda) continuaré soñando las utopías que las netbooks no pueden hacer…

Los criminales de la palabra, la solidaridad y la esperanza nunca triunfarán por más que nos acribillen a todos.

Entre las balas digitales del Soft Power: sobreviviremos ética y puños apretados!!!

Notas:
1) Creció el consumo infantil de televisión. La Nación. 27/08/2006
2) “El celular es un ansiolítico”. Héctor Pavón. Clarín. Fuente: Gacemail. 01/04/2010
3) Ya hay casi 37 millones de líneas de celulares en uso. La Nación. 12/05/2010
4) Exportaciones y mercado local. Leche por mitades. Página 12. 02/04/2010
5) Mueren 18 niños por día por pobreza. Infancia hoy. 17/09/2009
6) Baja la asistencia de niños argentinos a las escuelas. PL. 14/05/2006
7) Historia de la sociedad de la información. Armand Mattelart. Paidos comunicación. Junio 2002.
8) Un plan para alfabetizar digitalmente a 7,5 millones. Ballmer se lo presentó a la presidenta Kirchner. La Nación. 28/04/2010
9) Hay 3,5 millones de niños con riesgo alimentario. La Nación. 01/04/2010
10) Hay 8,5 millones de argentinos sin agua potable. La Nación. Cynthia Palacios. 22/07/2007
11) Raquel San martín. La Nación.
12) Las razones de la extranjerización. David Cufré. Página 12. 14/10/2007

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Últimas noticias de la patria clic

Oscar Taffetani (APE)

Leemos en el diario La Nación la nota titulada “Combatir el hambre con un clic”. “El objetivo -dice en el encabezado- es juntar 875.000 mensajes en una página para hacer crecer una torre virtual (…) Cada ‘ladrillo’ se transformará en un paquete de fideos, de arroz o de polenta donado por un sponsor y será distribuido en uno de los 1.052 comedores comunitarios del país”.

A lo largo del texto aparecen expresiones sorprendentes, generadas desde una visión (que para nada compartimos) sobre los problemas del país, sobre la gran deuda que mantiene el Estado con los pobres y excluidos, sobre el papel que juega la comunidad y sobre la responsabilidad que le cabe a la dirigencia.

Se habla en la nota de “una caravana virtual solidaria para ganar clics”; se habla de una “movilización on line para terminar en un recital”; se habla de “hacer crecer la torre virtual del site”. O sea que en el traslado al mundo real, a este mundo concreto, todo terminará en una fiesta, en el derroche de los que siempre pueden ir a las fiestas, y en unos miserables paquetes de arroz, de polenta o fideos, repartidos de manera humillante entre los pobres.

Y qué harán el día después del día sin hambre, nos preguntamos. ¿Otra caravana virtual? ¿Otro recital en el parque? ¿Una nueva torre de arroz, polenta y fideos?

¿Es que no tienen derecho, los chicos y los viejos de los comedores comunitarios, a la belleza, al libro, a los abrazos? ¿No tienen derecho a vivir en una Argentina que los incluya de verdad, que los siente a su propia mesa, que los ponga en su propio banco de escuela, que los deje dormir en la propia cama y bajo el propio techo?

Sabemos del Estado ausente (por favor, digan algo nuevo). Sabemos del Estado en mal estado. Pero cualquier diagnóstico, el peor, no legitima esta farsa ni este remedo de la justicia y la igualdad.

Un antecedente olvidado

El uso de los “clics” y de los “SMS” para acciones “solidarias” tiene un antecedente poco feliz en los ’90. Fue cuando el programa de televisión Hola Susana inició una campaña de apoyos telefónicos (mediante las líneas de tipo 0-600) a la fundación Felices los Niños, que conducía el cura Julio Grassi.

Había una extraña sociedad llamada Hard Communication, que integraban el empresario (alguna vez secuestrado por los Montoneros) Jorge Born, el ex montonero (devenido empresario) Rodolfo Galimberti y otro joven emprendedor apodado Corcho Rodríguez, a la sazón pareja de la diva Susana Giménez.

Los asuntos de Hard Communication terminaron de un modo muy duro y muy comunicado cuando empezaron a ventilarse, en los tribunales y en las mismas pantallas de la TV, las extraordinarias ganancias que le dejaban cada día, a la empresa, aquellas llamadas solidarias de decenas de miles de concursantes del programa de Susana.

Galimberti murió (eso le pasa a la gente); el cura Grassi fue procesado y condenado (por otra causa y otros motivos) y el novio de Susana Giménez dejó de ser el novio de Susana Giménez. De Born, hace rato que los diarios no traen noticias. El expediente fue archivado.

Un clic o un bip del teléfono, son algo muy rápido. El tintineo de las monedas cayendo en una caja, también es algo rápìdo. La fama de las figuras y figurillas de la tele viene y se va rápido (Ingens, monstrum horrendum, escribió el clásico). Lo que queda es el hambre. Lo que queda es el olvido y el desamor.

También queda -y está en cada uno de nosotros que no se caiga- el sueño de una Argentina verdaderamente solidaria, que se acuerde de cada uno de sus hijos y que los respete en sus derechos y su dignidad.

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Ningún pibe nace chorro: No a la baja de edad de imputabilidad

ACTA

El martes 18 de mayo a las 14.00 un amplio espectro de organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y políticas, junto a cientos de niños y jóvenes, realizarán una audiencia pública en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, 2º Piso - sala 1.

Será en rechazo al articulado del proyecto de ley que establece la baja de la edad de imputabilidad para adolescentes y que posee la aprobación del Senado de la Nación. Posteriormente las organizaciones convocadas frente al Congreso Nacional en el marco de esta jornada realizarán un festival con murgas y bandas.

En dicha audiencia se fundamentará la negativa a la baja de imputabilidad. Porque se considera que la gran mayoría de los niños, adolescentes o jóvenes que comete un delito poseen historias de vidas marcadas por la vulneración de sus derechos. "Por lo tanto nos parece hipócrita reconocer rápidamente a un pibe como victimario, y al mismo tiempo, desconocer la responsabilidad de una sociedad que lo victimiza" dice el comunicado firmado por más de 50 organizaciones a nivel nacional.

"Convencidos que la baja de la edad de imputabilidad -continúa- la extensión del sistema penal y el endurecimiento de penas no van a resolver la inseguridad, ni la percepción social que existe de ella, se convoca a toda la población a participar de la jornada".

Finalmente, en el documento se indica: “Sabemos que la única respuesta real respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza”.

Vale recordar que en noviembre del 2009, pese al rechazo que se generó desde las organizaciones que trabajan con chicos y otras organizaciones sociales, políticas y gremiales; el Senado de la Nación dio media sanción al Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años de edad. Todavía falta su aprobación en Diputados, y el objetivos de un amplio sector social es que se modifiquen los artículos que fijan la edad mínima de responsabilidad penal, para que la ley se aplique a partir de los 16 años como está establecido en la actualidad.

En la jornada del día martes 18 de junio se expresarán las consignas:
• POR EL RECHAZO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
• El HAMBRE ES UN CRIMEN
• APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA
• APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LOPEZ

Adhesiones

Personalidades:
Nora Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo-Línea Funda-dora-), Estela de Carlotto ( Abuelas de Plaza de Mayo), Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ), Nilda Eloy (Asociación de Ex Detenidos Desparecidos), Víctor De Gennaro (Sec Relac. Institucionales CTA Nac), Ricardo Peidro (Sec. DDHH CTA Nac. y Sec Gral AAPM de la R.A .), Pablo Micheli (Sec. Gral. ATE Nac. y Sec. Adjunto CTA Nac.), Hugo “Cachorro” Godoy (Sec. Gral. CTA Prov. de Bs. As y Sec. Gral. ATE Prov. de Bs. As), Carlos Chile (MTL), Víctor Mendibil (Sec Gral Federación Judicial Argentina), José Rigane (Sec. Gral. de FETERA), Adolfo Aguirre (Foro por los Derechos de la Niñez de la Prov. de Bs. As), Hugo Blasco (Sec. Gral. Asociación Judicial Bonaerense), Hugo Amor (Presidente CICOP), Eduardo Moyano (FOETRA), Susana Martinez (AMMAR), Juan Cocino (Sec. Gral. APL), Eduardo Balan (Culebrón Timbal), Rodolfo Arrechea (Sec. Gral ATE Cap), Luis Opromoya (Sec. Adjunto ATE Cap), Alejandra Angriman (Sec. de Género CTA Nac.), Claudio Lozano, Liliana Parada, Fabio Basteiro, Laura García Tuñón, Rafael Gentili (Dip. de Bs. As Para Todos en Proyecto Sur), Graciela Iturraspe, Eduardo Macaluse, Veronica Benas (Dip. Nac. Si por la UNIDAD POPULAR ) Horacio Alcuaz, Margarita Stolbizer, Gerardo Milman, Virginia Linares (Dip. Nac. del GEN), Victoria Donda (Dip. Nac. Libres del Sur), Gonzalo Basile (Presidente de Médicos del Mundo Argentina, Diana Fainstein (vicepresidenta de AASES-Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual), Raquel Witis, Gabriela Cerrano (concejal de la ciudad de Salta)

Organizaciones:
Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora, SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), HIJOS La Plata , Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Herma@s de Des-aparecidos por la Verdad y la Justicia , Unión por los DDHH ( La Plata ), Hogar PADRE CARLOS CAJADE, Foro por los Derechos de la Niñez de la Prov. de Bs. As, Fundación Anahi Secretaría de DDHH CTA Nacional, CTA Capital, ATE Nacional, ATE Capital, CTA Pcia Bs. As, ATE Pcia. Bs. As, AJB. CICOP, UTE-CTERA, , Junta Interna ATE-SENNAF, Espacio Niñez ATE Capital, Junta Interna ATE Dirección de Niñez de la Ciudad de Bs. As., Juventud CTA Capital, Junta Interna ATE del Consejo de los Derechos del Niño C.A.B.A, Área Estratégica de Niñez ATE Pcia, AAPM (Asociación Agentes de Propaganda Médica), CTA General Pico, Chicos del Sur, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Agrupación Territorial Germán Abdala ( La Boca CTA ), Ruca Hueney, La Casita CTA , Buenos Aires Para Todos, Casa Joven, Todo Empieza por Tus Manos, Movimiento Libres del Sur, Movimiento Barrios de Pie, Jóvenes de Pie, Asoc. Civil Miguel Brú, Asoc. , Civil San Benito José Labre, Familiares y Amigos de Luciano Arruga, GEN (Generación para un Encuentro Nacional), Culebron Timbal, Que-bracho, Movimiento Nacional Patria Grande/CTA, IEPUP((Instrumento Electoral por la UNIDAD POPULAR ), Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez ( La Plata ) , Juguete Rabioso, Fundación Armstrong ( La Salle González Catán), Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Ger-mani (Fac. Sociales, UBA), Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH Fac. Sociales, UBA), AASES (Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual), Comisión por la Memoria , la Verdad y la Justicia- Zona Norte-, Centro de Promoción y Protección de Derechos (Sennaf), 14 Bis, Asociación Civil "Acompañando hacia el futuro”, Observatorio,Social Legislativo CASACIDN DNI Derechos del Niño Internacional-Argentina-Instituto por la igualdad y la democracia, Consultoria del Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez ( La Pampa ), Centro de Participación Monseñor Enrique Angelelli, Lunaticxs ( La Plata ) , Mujeres al Sur, Centro Cultural Mansión Obrera-NuevaYork, Berisso, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica La Plata (CIAJ), Colectivo de Varones Antipatriar-cales, Agrupación Agustín Tosco ( La Pampa ), Sec. DD.HH. Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP, Asociación Civil Ambar Santa Fe, Mesa Coordinadora de Entidades Civiles, Red Hábitat Argentina, DocSur Colectivo de Comunicación, MEDH Nacional, Equipo de Trabajo Consultorios Exter-nos Htal. José Ingenieros La Plata ,Frente Social de Proyecto Sur, Vicepresidencia FUBA , Agrup .El Mate, Mov. Est. Sec. Sudestada Red de Apoyo a Presxs, LIberpueblo, Red Lugano
Y siguen las firmas...

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Mendoza: Ley Nº 7722, nada de ley antiminera, ley pionera en la defensa del agua

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En junio de 2007 Mendoza se convertía, a nivel nacional e inclusive internacional, en una de las pioneras respecto del cuidado del medio ambiente. Tres años después, la ley sancionada a partir de la lucha popular de una provincia que decidía proteger sus bienes comunes, corre peligro.

Hablamos de la Ley Nº 7.722, que prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias toxicas en la actividad minera, y que hoy, bajo el marcadamente tendencioso titulo mediático de “ley Antiminera”, soporta los ataques de funcionarios, empresarios, medios de comunicación y sus periodistas. Esta campaña se manifiesta a través del frustrado proyecto del senador justicialista Serralta, (que pretendió cambiar del texto de la ley la palabra prohíbe por la de restringe), de los titulares de los grandes medios gráficos de los últimos días y, no menos importante, del discurso de Celso Jaque, fue enfático el 1 de mayo: “Mendoza tiene que volver a discutir el tema minero y hay que impulsar el desarrollo de esta actividad”. Sumado a las recientes palabras de la flamante directora de minería de la provincia, Adriana Blesa quien declarara que la ley 7722, que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto, tiene poca lógica.

Los intereses de la gran minería involucran a sectores poderosos: grandes empresarios, legisladores pero, por sobre todo, al gobierno provincial, que al igual que en la época de Cobos, las miradas positivas a estas empresas fueron eje de política minera en Mendoza. Esto nos lleva a recordar al vicepresidente de la Nación, Julio Cleto Cobos, quien fuese el primero en estimular la inversión megaminera y quien vetara en el 2006 la ley que prohibía la minería a cielo abierto, que en aquel entonces presentara Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos.

La ley provincial 7722, que fue aprobada por la legislatura provincial en junio de 2007, prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto. La misma se discutió en medio de un profundo debate entre quienes defienden esta actividad y distintas organizaciones que se oponen a estos megaemprendimientos. El pueblo de Gral. Alvear se levantó en una gran pueblada, que mostró rutas, calles y plazas tomadas por el pueblo, bajo la nieve, durante más de 15 días. A la vez, San Carlos veía, la ruta nacional 40, cortada durante tres días. Esta expresión popular es la que intentan poner en cuestión a partir de los constantes avances en la problematización de una ley que no prohíbe la minería sino una forma de hacer minería.

A lo largo de los últimos tres años, las organizaciones sociales, asambleas de vecinos, académicos, ciudadanos de las comunidades potencialmente afectadas, y partidos políticos han logrado generar una importante conciencia social respecto de la protección de los bienes comunes, en especial el agua. Esto ha sido posible a partir de un gran esfuerzo de investigación, formación y debate en el interior de dichas organizaciones, enriquecido por el aporte técnico de profesionales que no temen denunciar una realidad que muchos de sus colegas e instituciones que los contienen se empeñan en ocultar y de la constante prédica de importantes referentes nacionales comprometidos con esta lucha . Rechazamos enérgicamente que se pretenda hacer creer que esta es una lucha impulsada por “fundamentalistas” o “ecoterroristas”. Todo lo contrario: responde a una genuina preocupación de comunidades que vieron instalarse la amenaza de la megaminería sobre sus territorios y que ven en Andalgalá el futuro que rechazan.

Paradójicamente, al mismo tiempo que en Mendoza se llevaba a cabo esta campaña de ofensiva contra la ley mencionada, el Parlamento de la Unión Europea resolvía el pasado 5 de mayo, “la prohibición completa del uso de tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedentes de la actividad minera”. Y dentro de los considerandos que motivaron tal decisión, se encuentra “que el uso de cianuro en la minería crea poco empleo y solo por un periodo de entre 8 y 16 años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes”. Sin perder de vista el importante antecedente que significa esta medida adoptada por casi todo un continente, no debemos olvidar que el cianuro es una sustancia toxica más de las tantas que utilizan las tecnologías propias de la minería a gran escala.

En Mendoza, a la fecha hay dos proyectos que intentan entrar en la fase de explotación: Potasio Río Colorado, en Malargüe y San Jorge, en Uspallata. Ambos proyectos son fuertemente cuestionados por las distintas asambleas provinciales, nucleadas en Asambleas Provinciales por Agua Pura (AMPAP). El gobierno provincial intenta hacer oídos sordos a la voluntad y la decisión popular. De la mano de la megaminería, intentan propiciar políticas represivas con la reforma del Código Contravencional, conocido también como Ley de Faltas, se busca criminalizar la protesta y la pobreza como hizo José Luis Rioja en la provincia de San Juan, para dejarle el camino libre a la Barrick Gold con los emprendimientos: Veladero y Pascua Lama. Mendoza dijo no, y el no es no; gritan las asambleas a lo largo y ancho de la provincia.

Es importante dejar en claro, frente a los mecanismos de engaño y difamación de los grandes medios, que las asambleas socio ambientales y las organizaciones sociales y políticas que promueven la defensa de los bienes comunes, como así también los vecinos directamente perjudicados por estos proyectos megamineros, no nos oponemos caprichosamente a la actividad minera en general, sino a un determinado modo de explotación a gran escala que implica el uso de tóxicos que causan efectos irreparables en la sociedad y el territorio y que no constituye, de ninguna forma, una alternativa válida de desarrollo, como desde el gobierno provincial y nacional quieren hacernos creer. Antes bien: es otro episodio más de una larga historia de saqueo y explotación de nuestro continente.

Los acontecimientos de los últimos días hacen evidente la relación directa que existe entre el poder económico, el gobierno local, y profesionales y científicos adeptos a los mismos, con los grandes medios.

Por todo lo expuesto es que vez tenemos la imperiosa necesidad de contar con una ley nacional que prohíba en todo el territorio nacional la mega minería contaminante. Hoy vienen por esta ley mendocina, pero no faltará mucho para que se animen a sepultar las otras leyes provinciales que 7 legislaturas se animaron a legislar.

Hace unos días el gobernador Jake entregó Llancanello, un humedal mendocino, ubicado en Malargüe, donde migran todas las aves del continente a Repsol. A 200 años de aquella epopeya revolucionaria que rompió las cadenas que nos ataban al Imperio español, hoy se entrega a los españoles este reservorio natural…

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Argentina, Santa Fe: “Si no nos dejan retirar la basura nos van a mandar a robar”

DATA SANTA FE - TMO

Una masiva movilización de cirujas con carros utilizados en el servicio de retiro informal de residuos se hace presente en el Municipio Santafesino para protestar en torno al nuevo sistema de recolección. Además, denuncian que el Ejecutivo Local retiró a sus dueños los animales que eran usados en las tareas.

Una nutrida manifestación de trabajadores de los carros que se dedican al retiro de residuos domiciliarios en Santa Fe se hizo presente desde las primeras horas de la mañana en la Municipalidad. Se trata de un grupo de 50 personas que expresan su derecho “de trabajar” y expresaron que el nuevo sistema de recolección diferenciada “favorece a los empresarios”.

Uno de los voceros de los trabajadores relató por LT9 que el Municipio quitó a sus dueños una cantidad de animales que “ni siquiera sabemos dónde están”; por otro lado, los manifestantes expresaron que una persona que dice ser veterinaria, de “nombre Corina”, junto a fuerzas policiales les ha retirado los animales.

“Nosotros vivimos de esto; seremos pobres, pero trabajamos para alimentar a nuestros hijos”, expresaron los cirujas. Según Monzón, uno de los voceros, “el Municipio va a nuestras viviendas, y sin ninguna autorización nos retiran los animales”.

Además, integrantes de la Protectora de Animales anunciaron que se apoyarán los controles para que los animales se encuentren en buen estado. Una de las presentes en el lugar fue Silvia, quien expresó su deseo de aportar ideas para mejorar el estado de los animales y limitar el tiempo de trabajo en las calles.

Por otro lado, los hombres y mujeres que protestan en la sede del Ejecutivo Local expresaron que el servicio de recolección diferenciada de residuos los perjudica: “no nos dejan entrar al Centro, y nosotros somos los que juntamos el 80% de la basura en la ciudad”.

Finalmente, los manifestantes indicaron que las autoridades municipales aseguraron que los atenderán a media mañana, a fines de llegar a un acuerdo.

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Argentina, Tucumán: “En estos juzgados malditos no se condena al delito, sino a la pobreza”

PRIMERA FUENTE

Así lo manifestó frente a los tribunales de Justicia de la provincia, el cacique de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, Demetrio Balderrama, en el marco de una multitudinaria marcha que el viernes se realizó en la capital. Piden que, de una vez, se realice el juicio oral por el asesinato de Javier Chocobar.

Con estas palabras el cacique de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, Demetrio Balderrama, responsabilizó a la Justicia provincial por la impunidad existente por la muerte del referente indígena, Javier Chocobar.

Balderrama fue el principal orador ante una multitud de integrantes de pueblos originarios que se concentraron frente a los tribunales de la Justicia provincial (Sarmiento al 400) para reclamar la inmediata condena a los responsables del asesinato de Chocobar.

Por esta causa, en manos de la jueza de Instrucción de la II Nominación, Lidia Emma de Nucci, están acusados Luis “El Niño” Gómez, Darío Amín y Jorge Valdivieso, todos en libertad.

Ellos son los principales sospechosos de haber irrumpido con armas de fuego, el 12 de octubre pasado, en tierras ocupadas por la comunidad (ubicadas en la localidad de Chusca, Trancas), causando la muerte de Chocobar e hiriendo a otras cuatro personas.

“Nos encontramos frente a una enorme inseguridad jurídica. Los jueces ignoran nuestra tradición y derechos. En estos juzgados malditos no se condena al delito, sino a la pobreza. La Justicia debe dejar de mirar a otro lado ya que nos seguirán matando”, agregó Balderrama, dirigiéndose a las más de 4 mil personas que participaron de la marcha, desde las escalinatas de Tribunales.

Según el cacique de esta comunidad de origen diaguita, el ataque contra los indígenas fue un acto premeditado. “No es casual que hayan asesinado a Chocobar ya que integraba nuestra cúpula. Hirieron a balazos a Andrés Mamaní que es presidente de la comunidad y a Emilio Mamaní, vocal segundo”.

En los tribunales de la provincia se realizó la primera parada de la movilización que se inició desde el camping municipal del parque 9 de Julio, lugar donde ayer pernoctaron las delegaciones de Salta y Jujuy. Durante la mañana del sábado partieron, junto a unos 300 integrantes de las 17 comunidades diaguita de la provincia hacia Buenos Aires, donde el 20 de mayo confluirán con otras columnas provenientes de otras partes del país, para manifestarse en defensa de sus derechos, tanto legales como ancestrales.


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Brasil: El Senado tiene un problema delicado entre manos

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El líder oficialista en el Senado, Romero Jucá, causó revuelo esta semana al señalar que la prioridad del gobierno es que se aprueben iniciativas sobre el nuevo régimen de explotación del crudo en Brasil y no otras.

El líder se refirió al ingreso en el Senado del proyecto de ley sobre elegibilidad de candidatos a cargos públicos, y consideró más importantes para el país otras iniciativas, como la reglamentación de los nuevos yacimientos petrolíferos conocidos como "pre sal".

El senador oficialista dijo que el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados sobre la prohibición de candidaturas de personas condenadas por la justicia, fundamental para el saneamiento de la política brasileña, es de interés "sólo de la sociedad".

En efecto, se trata de uno de los raros proyectos de ley propuestos por iniciativa popular, sistema creado por la Constitución de 1988 pero muy poco usado en los últimos 20 años.

Dicho proyecto, conocido como "Ficha Limpia", fue fruto de un movimiento que reunió 1,7 millón de firmas para apoyarlo y otro millón reunido en internet.

Hasta ahora, la legislación vigente establece que son inelegibles por tres años las personas condenadas judicialmente por crímenes graves. En la práctica, sólo algunos criminales notorios resultan inelegibles, y por poco tiempo.

El nuevo proyecto establece que la inelegibilidad durará ocho años y alcanza a todas las personas que hayan sido condenadas por un tribunal colegiado, en cualquier instancia, siempre que la condena sea superior a dos años.

Entre los delitos que pueden llevar a la prohibición de una candidatura se cuentan aquellos contra la vida, contra la economía popular, contra el sistema financiero, contra el medio ambiente y contra la salud, así como el tráfico de drogas y la improbidad administrativa.

Tampoco podrán ser candidatos por ocho años los titulares de cargos de elección que hayan renunciado a sus mandatos para evitar ser juzgados por quiebra del decoro parlamentario, situación en que están varios protagonistas de escándalos políticos como el del llamado "mensalao". También se incluyen los delitos electorales que impliquen penas de prisión y los políticos que hayan perdido sus mandatos por abuso del poder político o económico, o por la práctica de corrupción electoral o la compra de votos.

Como se ve, se trata de un proyecto de poca simpatía entre los políticos, pero que la intensa campaña del Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral (MCCE) y de la Orden de los Abogados de Brasil consiguió que fuese aprobado por la Cámara de Diputados.

Al pasar al Senado, el proyecto enfrenta problemas reglamentarios y legales. En primer lugar, por delante están cuatro medidas provisorias con votación prioritaria, y los cuatro proyectos de ley sobre el petróleo, a los que el gobierno dio carácter de urgencia.

"Ficha limpia" tendría que ser aprobado y promulgado antes del 6 de julio, cuando se abre el registro de candidaturas, para que tuviese aplicación legal en la elección de este año.

Sin embargo, según resultó claro con la declaración del líder oficialista en el Senado, el gobierno no está dispuesto a hacer nada para acelerar la aprobación del proyecto, porque sus prioridades son otras.

La posición oficialista fue reiterada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo ser contrario a que se impida a alguien ser candidato sin que se cumplan todas las instancias legales previstas.

Según el presidente, sólo los condenados en última instancia podrían ser impedidos.

Pero la misma movilización popular que obligó a los diputados a votar el proyecto y las circunstancias políticas del momento ha creado una situación delicada para los senadores.

Los partidos de oposición tomaron de inmediato posición favorable al proyecto "Ficha Limpia" y la opositora presidencia de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, ya anunció que adelantará la votación en comisión.

El mismo presidente del Senado, José Sarney, fiel aliado de Lula da Silva, prometió hacer los esfuerzos necesarios para que sea votado antes del plazo final, aunque se escudó en el "carácter colegiado" del Senado para admitir que pueda no serlo.

Si la "Ficha Limpia" no es aprobada, tendrá repercusión entre los millares de usuarios de internet que diariamente presionaron a los diputados para que lo votasen.

Esa es una herramienta de la democracia cuyo poder aún no es bien conocido en Brasil.

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