viernes, 11 de junio de 2010

¿Qué es el Consejo de Seguridad, que sanciona ilegítimamente a Irán y no sanciona a Israel violando la carta de la ONU y el Derecho Internacional?

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

Algunos llaman al Consejo de Seguridad el Poder Ejecutivo de las Naciones Unidas, aunque en realidad es la dictadura mundial de las grandes potencias.

En efecto, el Consejo de Seguridad, con los enormes poderes que se atribuye a escala mundial, tiene una triple ilegitimidad: 1) de origen, consagrada en la misma Carta de la ONU; 2) desde el desmembramiento de la URSS y 3) por el contenido contrario al derecho internacional de muchas de sus decisiones.

I. Ilegitimidad de origen

El artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas dice que el Consejo de Seguridad tiene cinco miembros permanentes: China, Francia, la Unión Soviética, Gran Bretaña y los Estados Unidos y diez miembros no permanentes. Esta disposición fue el resultado de los Acuerdos de Yalta de 1945, donde se decidió el reparto del mundo entre las grandes potencias, particularmente los Estados Unidos y la Unión Soviética, en detrimento de la soberanía y de la autodeterminación de los otros Estados y pueblos del planeta.

Los miembros permanentes tienen el llamado derecho de veto, es decir la regla de la unanimidad de esos cinco Estados, necesaria para aprobar las decisiones de fondo del Consejo (art. 27.3 de la Carta). El artículo 25 establece el carácter obligatorio para todos los Estados de las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad. Y los Capítulos VI y VII establecen los mecanismos de acción del Consejo de Seguridad para cumplir su "responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales ", como dice el artículo 24 de la Carta.

Estas disposiciones, que confieren un estatuto especial privilegiado a cinco Estados Miembros, contradicen un principio fundamental que también figura en la Carta en su artículo 2: la igualdad soberana de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

II. Ilegitimidad del Consejo de Seguridad a partir de la desintegración de la URSS

A fin de 1991 se produce el desmembramiento de la Unión Soviética y el mundo bipolar se convierte, al menos momentáneamente, en unipolar.

La desaparición de la URSS convirtió en obsoletos los artículos 23.1 de la Carta, donde aquélla figuraba como miembro permanente del Consejo de Seguridad y el artículo 27.3, que se refiere a que las resoluciones de fondo del Consejo de Seguridad deben ser adoptadas con el voto afirmativo de sus cinco miembros permanentes. Desaparecida la URSS quedaban cuatro miembros permanentes y el requisito del voto afirmativo de los cinco Miembros Permanentes se hizo de imposible cumplimiento. Lo mismo ocurrió con las partes relacionadas de los artículos 108 y 109 de la Carta, relativas a la reforma de la misma.

Era el momento histórico, político y jurídico de declarar caducos los acuerdos de Yalta de 1945. Pero nada de eso se hizo. En cambio, el 24 de diciembre de 1991, Boris Eltsine envió una carta al Secretario General de la ONU, Pérez de Cuéllar, para informarle que la Federación de Rusia, con el apoyo de la Comunidad de Estados Independientes (los países ex miembros de la Unión Soviética), tomaba el lugar de la URSS, con todos sus derechos y obligaciones, en el Consejo de Seguridad y en los otros órganos del sistema de las Naciones Unidas.

Este fue un verdadero golpe de Estado en el seno de las Naciones Unidas. Rusia ocupó de hecho el lugar de la URSS en la ONU y en el Consejo de Seguridad, en este último organismo con todos los derechos y privilegios de miembro permanente.

Ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General fueron consultados y nunca adoptaron resolución alguna referida a la entrada de Rusia en la ONU y en el Consejo de Seguridad.. Esto fue una violación flagrante del artículo 4 de la Carta que se refiere a la admisión de nuevos Estados a las Naciones Unidas, pues Rusia no era miembro de la ONU (hasta el desmembramiento de la URSS eran miembros de la ONU la URSS, Ucrania y Rusia Blanca (Belarus), pero no Rusia).

Se violó también la Resolución (A/C.1/212 del 11/10/47) de la Asamblea General que prohibe aplicar el principio de la sucesión de Estados a la condición de miembro de la ONU.

El procedimiento correcto fue empleado en casos similares. Por ejemplo después de la desintegración de la República Federativa de Yugoslavia y de la división de Checoslovaquia, los Estados sucesores pidieron la admisión a la ONU y, con la recomendación favorable del Consejo de Seguridad fueron admitidos por la Asamblea General.

El único documento que sirve de base a la presencia de Rusia en el Consejo de Seguridad es la carta de Eltsine a Pérez de Cuéllar del 24 de diciembre de 1991.

A partir de ese momento, las grandes potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, estimaron que tenían las manos libres para poner íntegramente a su servicio a las Naciones Unidas y en particular al Consejo de Seguridad y violar el derecho internacional en su nombre, para crear nuevas instituciones, modificar las existentes y modificar regresivamente la normativa internacional en función de sus intereses.

Se puede considerar que desde lo que hemos denominado el golpe de Estado en el Consejo de Seguridad, sus resoluciones carecen de legitimidad y contaminan de esa ilegitimidad al objeto de dichas resoluciones.

III. Ilegitimidad, por su contenido violatorio del Derecho Internacional, de las decisiones del Consejo de Seguridad.

1. La invocación abusiva al Capítulo VII de la Carta.

El Consejo de Seguridad adopta muchas de sus resoluciones en el marco del Capítulo VII de la Carta (amenazas contra la paz) utilizando arbitrariamente dicho calificativo para desbordar las atribuciones que le confiere la Carta en ese dominio específico (les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil…dice el artículo 24.2). Curiosamente, la palabra específicos, sobre la que se detiene largamente Hans Kelsen en su libro The law of Nations, no figura en el artículo 24.2 de la versión oficial en castellano de la Carta.

Ese recurso abusivo y reiterado por parte del Consejo de Seguridad al Capítulo VII de la Carta llevó a decir a dos miembros de la Corte Internacional de Justicia:

"Hay que tratar de evitar que el Consejo de Seguridad califique de manera arbitraria una situación como amenazante para la paz y la seguridad y que se utilicen las funciones del mismo para fines que no son los previstos en la Carta y "como pretexto para alcanzar objetivos inconfesables" (Opinión disidente del juez Fitzmaurice en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, Ordenanza nº 1 del 26 de enero de 1971, en CIJ, Recueil 1971, par. 116, pág. 294).

En la misma opinión consultiva, el juez Gross dijo: "No basta decir que un asunto tiene un "eco" sobre el mantenimiento de la paz para que el Consejo de Seguridad se transforme en gobierno mundial".

Por ejemplo, entran en esa categoría de resoluciones del Consejo de Seguridad ilegítimas y arbitrarias la creación, invocando el Capítulo VII de la Carta, de los tribunales "ad hoc" para Yugoslavia y Rwanda. Por cierto que la creación de tribunales internacionales no entra dentro de las atribuciones del Consejo de Seguridad.

2. Resoluciones del Consejo de Seguridad contrarias al derecho internacional. Algunos ejemplos.

La Resolución 687, adoptada en abril de 1991, al finalizar la guerra del Golfo. Con dicha resolución el Consejo de Seguridad se atribuyó funciones de tribunal internacional, invadiendo el ámbito de competencia de la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de las Naciones Unidas.

En efecto, mediante la Resolución 687 el Consejo de Seguridad condenó a Irak a pagar indemnizaciones, fijando los montos, las condiciones para reclamarlas etc., directamente y a través del Consejo de Administración de la Comisión de Indemnización (CINU) creado por dicha Resolución.

Desde entonces siguió una verdadera avalancha de Resoluciones del Consejo de Seguridad ilegítimas, arbitrarias y contrarias al derecho internacional, configurándose un gobierno mundial de facto que acumuló funciones normativas, ejecutivas y judiciales, como cualquier dictadura.

Entre algunas Resoluciones recientes del Consejo de Seguridad de esas características, cabe citar:

Las Resoluciones 1368 y 1373 del 12 y 28 de setiembre de 2001, adoptadas en el marco del Capítulo VII de la Carta, que intentaron dar una apariencia de legitimidad a la estrategia planetaria proclamada por Estados Unidos después del 11 de setiembre.

Dichas resoluciones invocan la legítima defensa ("derecho inherente de legítima defensa individual o colectiva de conformidad con la Carta ") para tratar de dar por anticipado una legitimidad jurídica internacional a la agresión a Afganistán que se lanzaría días después, desnaturalizando así el concepto de legítima defensa, que es la respuesta inmediata contra un agresor para hacer cesar la agresión allí donde ésta se está produciendo (1). Atacar más tarde cuando cesó la agresión y en un lugar distinto (el territorio que se presume sirve de base a los agresores) no es siquiera un ataque de represalias, sino una agresión pura y simple, prohibida por el derecho internacional.

La Resolución 1422 del 12 de julio de 2002 adoptada por unanimidad (resolución renovada en junio de 2003 mediante la Resolución 1487, esta vez con la abstención de Alemania, Francia y Siria) ordenando a la Corte Penal Internacional abstenerse durante doce meses de iniciar investigaciones o juicios contra nacionales de Estados que no son parte en el Tratado de Roma ( Estatuto de la Corte Penal Internacional) por hechos u omisiones relacionados con una operación establecida o autorizada por las Naciones Unidas. En dicha Resolución, el Consejo de Seguridad expresó la intención de renovar dicha decisión cada primero de julio, mientras fuera necesario.

La Resolución del Consejo de Seguridad invocaba el artículo 16 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

La interpretación que ha hecho el Consejo de Seguridad del artículo 16 del Estatuto de la Corte Penal Internacional viola principios fundamentales de derecho, consagrados en diversos instrumentos internacionales:

- Al establecer un privilegio de inmunidad anticipado en favor de una cantidad indeterminada e indeterminable de personas ha violado el principio de igualdad de todas las personas ante la ley;

- Al interpretar el artículo 16 del Estatuto en el sentido de que puede ordenar de manera general a la Corte Penal Internacional que se abstenga de investigar o enjuiciar durante un año renovable, el Consejo de Seguridad ha suprimido por completo la autonomía ya limitada de la Corte, con lo que ha violado el principio de la independencia de la magistratura;

De modo que el Consejo de Seguridad no ha interpretado el artículo 16 sino que lo ha violado, es decir que ha violado el Tratado de Roma.

Bajo la presión de los Estados Unidos, que quiso así asegurar aun más la impunidad de sus militares, el Consejo de Seguridad han violado varios principios fundamentales del derecho y el mismo Estatuto de la Corte Penal Internacional.

El proceso de degradación del sistema internacional dio un salto cualitativo con la agresión contra Irak en 2003. Además de los Estados agresores, que pisotearon impunemente el derecho internacional y el derecho humanitario, el Consejo de Seguridad los cubrió, continuando así su actuación ilegítima y arbitraria

La Resolución 1483. El 22 de mayo de 2003, ya ocupado Irak por los agresores, el Consejo de Seguridad, con el voto afirmativo de los 14 Estados miembros presentes en la reunión (Siria decidió no participar en la reunión) adoptó la Resolución 1483, sobre la base de un proyecto presentado por los Estados Unidos, Gran Bretaña y España.

Dicha Resolución:
a) dispuso el levantamiento del embargo contra Irak;
b) confirió a los países ocupantes de Irak, Estados Unidos y Gran Bretaña, el control de la economía del país y de su futuro político, violando así la Sección tercera del Título III (Territorios ocupados) de la Cuarta Convención de Ginebra, que confiere facultades limitadas a las fuerzas de ocupación de un territorio extranjero.
c) pidió a las potencias ocupantes que trabajasen para la formación de una administración provisoria "hasta que un gobierno internacionalmente reconocido y representativo pueda ser establecido por el pueblo iraquí", pero no fijó un plazo para que se pusiera fin a la ocupación.
d) previó la creación de un Fondo para el Desarrollo de Irak, administrado por el Banco central de Irak, bajo la supervisión de las Potencias ocupantes, aprovisionado con el producto de las ventas del petróleo iraquí y básicamente destinado a la reconstrucción económica y la reparación de las infraestructuras. Es de pública notoriedad que dicha reconstrucción y la reparación de las estructuras ha sido monopolizada de hecho por empresas estadounidenses.
e) dio por terminadas de hecho la labor de los inspectores de desarme de la ONU y también de hecho transfirió dicha misión a los ocupantes, al pedirle a éstos que tuvieran informado al Consejo de Seguridad sobre sus actividades al respecto.

La Resolución 1483:

-Al reconocer la ocupación extranjera "sine die" de un país independiente y la apropiación incontrolada de sus recursos fundamentales por parte de las Potencias ocupantes, viola los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos e incluso coloca a un Estado independiente en una situación inferior a la prevista en el Capítulos XI de la Carta de la ONU para los territorios no autónomos y bajo un régimen que no tiene siquiera los resguardos previstos en el Capítulo XII de la Carta (Régimen internacional de administración fiduciaria).

- Está en abierta contradicción con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960 (Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales), que proclamó solemnemente:

"La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales"…y "la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones".

- Restablece oficialmente en las costumbres internacionales las guerras de agresión, el colonialismo y el neocolonialismo y el despojo sistemático de los recursos de los países víctimas de dichos crímenes.

La Resolución 1546 del 8 de junio de 2004. El Consejo de Seguridad, que hasta entonces "inventaba " un derecho internacional a la medida de la estrategia imperialista de los Estados Unidos y de sus aliados, pasó a una nueva etapa, consistente en inventar hechos inexistentes, siempre al servicio de la misma política.

La Resolución 1546 dice en su párrafo 2: " Observa con satisfacción que, también para el 30 de junio de 2004, se pondrá fin a la ocupación, [de Irak] la Autoridad Provisional de la Coalición dejará de existir y el Iraq reafirmará su plena soberanía "…, es decir que pretende suprimir la realidad de los hechos con una Resolución. Y la comunidad internacional, como se trata de una resolución obligatoria, de acuerdo con el artículo 25 de la Carta de la ONU, debe obligatoriamente creer que no hay más ocupación extranjera en Irak y que en ese país existe un Gobierno soberano. Es grotesco.

La Resolución 1530. El 11 de marzo de 2004 el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la Resolución 1530, condenando los atentados en Madrid del mismo día y señalando como autor al "grupo terrorista ETA".

Con total irresponsabilidad, el Consejo de Seguridad aceptó la versión del Gobierno español que se demostraría falsa en los días siguientes. Primó el deseo de favorecer a un gobierno de derecha que con su versión pensaba ganar votos en las elecciones que se avecinaban.

Es la misma actitud adoptada por Consejo de Seguridad en el caso de las pruebas falsas aportadas por Estados Unidos sobre la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en posesión del Gobierno iraquí.

Y la misma que está adoptando ahora frente a Irán porque este país está ejerciendo legítimamente su derecho a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, como lo autoriza el artículo IV del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Pero ya nos referiremos a esto último en un próximo artículo.

Nota:
1) Olivier CORTEN y François DUBUISSON, Opération « liberté immuable » : une extension abusive du concept de légitime défense, en Revue Générale de Droit International Publique (RGDIP), T. 106, Nº 1, Paris, avril 2002.

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Colombia: Se agudiza crisis política. Uribe Vélez presiona por retornar a los acuerdos con los militares y la ultraderecha

Apolinar Díaz - Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

Tal como señala el título de esta nota, en Colombia la crisis militar y política se acerca momento a momento, a una profunda y grave explosión política que rompería todas las posibilidades de un acuerdo nacional que permita poner fin a la guerra civil no declarada que soporta Colombia desde 1948, cuando el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, quien era el candidato de ese partido a la presidencia de la República.

En una atmosfera de mucha tensión se logró un acuerdo del Partido Liberal, representado por el ex presidente Darío Echandía y otros dirigentes nacionales, que con el gobierno del presidente conservador Mariano Ospina Pérez lograron un acuerdo de restablecimiento de la colaboración de los dos partidos en el manejo de la crisis colombiana, desatada por el asesinato el 9 de abril de 1948 del jefe y candidato liberal a la presidencia de la República, Jorge Eliecer Gaitán. La muerte de Gaitán produjo una fuerte protesta en toda Colombia de los sectores liberales. Todo ello culminó en el Acuerdo de Paz logrado por el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez y el Partido Liberal, guiado por su director máximo, el doctor Darío Echandía. De las conversaciones de los dirigentes de los dos partidos Liberal y Conservador surgió el llamado Frente Nacional, proyectado para una administración política de Colombia de carácter bipartidista que unificaba la acción del nuevo gobierno en los términos del pacto central político de este nuevo gobierno y de los que lo sucedieran.

Así comenzaron a andar los acuerdos políticos de liberales y conservadores, que culminaron con una administración conjunta de la nación en todas las ramas de los poderes públicos, así: Belisario Betancur, Virgilio Barco, Cesar Gaviria Trujillo, Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Desde entonces se entiende que las sucesiones políticas pactadas terminaban su función y se reanudaba el manejo de la política con la restauración total del sistema electoral democrático y sin exclusiones.

En la elección posterior de presidente de la República se aplicó la regla regular y normal de hacer la elección de presidente por el sistema de las mayorías de votantes. Uribe Vélez fue elegido presidente por una coalición de grupos liberales y conservadores, no sujetos a las reglas del Frente Nacional. Es decir, que a partir del 2002, cuando fue elegido Uribe Vélez, los períodos constitucionales de los presidentes volvieron a ser de 4 años.

Sin embargo, la coalición que eligió Uribe Vélez impulsó programas y reformas que lo llevaron a buscar la segunda reelección, que también logró, pero ya con los viejos partidos, el Liberal y Conservador, organizados y actuando como tales con todos sus derechos.

Fue a raíz de la segunda elección de Uribe que el régimen de selección y elección de los candidatos presidenciales, se guiaba por el sistema antiguo de inscripción de candidatos para la presidencia cuyo período de gobierno volvía a ser de 4 años. En estos momentos, precisamente, se adelantó un proceso electoral para elegir nuevo presidente de la República que produjo los siguientes efectos: No fue permitida por la Constitución la elección por tercera vez de Uribe Vélez como presidente de la República; todos los partidos políticos inscribieron sus candidatos, resultando los dos nombres de ellos, Juan Manuel Santos, por la coalición de liberales, conservadores y otros grupos; Antanas Mockus en representación de varios movimientos políticos democráticos, independientes, como el Partido Verde y otros grupos de tendencias socialistas y democráticas, conservadores y miembros de diferentes organizaciones partidarias. Estas elecciones se realizaron aplicando el sistema de mayorías restituido a la constitución. Solamente podían pasar de una primera vuelta los dos candidatos de los diferentes partidos políticos que tuvieran la mayor votación para presidente y Vice presidente de la República. En las últimas elecciones, en las que ya se aplicó el nuevo sistema electoral, fueron escogidos como candidatos de sus respectivos grupos políticos Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, entre quienes, en estos momentos, serían los únicos candidatos de las respectivas coaliciones liberales y conservadoras. Todos los demás grupos que no tuvieron suficientes votos para la elección dejaron de participar en el proceso electoral a la presidencia de la República, que es en lo que se está en estos momentos, pues la constitución dispone que en un caso como el actual deba haber una segunda vuelta entre los dos candidatos a la presidencia de mayor votación de esas elecciones.

Es este el conflicto que convoca a nuevas elecciones el próximo 20 de junio del corriente año.

Pero Uribe Vélez quedó descartado de esa opción porque así lo dispone la Constitución que el mismo aprobó, y ha hecho una amplia cadena de declaraciones en que él pretende que antes de esas elecciones nuevas sea definida la situación jurídica de los oficiales militares condenados desde hace 19 años por participar en los asesinatos que fueron cometidos en el palacio de Justicia en noviembre de 1985, por lo cual están en la cárcel.

O sea, que Uribe Vélez pretende imponer, amenazando con el uso de las armas y del ejército de Colombia, para preservar el orden político representado para Uribe Vélez por la regla de la oportunidad electoral para nuevo candidato a la presidencia, ya antes excluido de ese derecho. Obviamente, los candidatos a la presidencia del grupo de Uribe Vélez, y este mismo, se niegan a aceptar ese resultado y piden convocatoria de nuevas elecciones, lo cual supondría derogar las normas constitucionales en vigencia, tal como pide el presidente Uribe Vélez, por la Reforma Constitucional anterior y establecer un nuevo sistema de elección del presidente de la República que le garantice a él mismo otra reelección.

Esto es, en carta blanca, lo que plantea Uribe Vélez: Lo que quiere es que no haya nuevas elecciones y que él pueda seguir de presidente de Colombia por los años que bien tenga.

Esta es su pelea, quiere una una reelección eterna para la presidencia de Colombia. Esto lo hace Uribe en los momentos en que hay un auge del espíritu de la independencia y autonomía nacional en toda la América del Sur y del Caribe.

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De Sudáfrica a la resistencia hondureña... El otro mundial

Sergio Ferrari (ECHANGER)

La euforia futbolística estalla. En apenas algunas horas, a partir de este viernes 11 de junio y durante exactamente un mes -hasta la esperada final del 11 de julio- el planeta e mimetizará en un gran balón.

El mundial de fútbol ocupará entonces el epicentro mediático internacional. Nada, o muy poco, se escapará a la fiebre deportiva estimulada por enormes intereses económicos. Derechos de televisión varias veces millonarios; ganancias extraterrestres para las firmas auspiciantes; premios indecentes para los triunfadores... Excitación -comprensible- de la mano de beneficios económicos -inimaginables- en el mayor carnaval planetario jamás vivido hasta ahora. Con el escenario particular de un país de África. Continente que por primera vez en la historia acogerá al Mundial de la FIFA (Federación Internacional del Fútbol)
El apartheid social
Organizaciones sociales sudafricanas aumentaron en las últimas horas el tono de la denuncia. Acusan a las autoridades municipales del *Cap* y de otras ciudades del país de expulsar a miles de “sin techo” hacia zonas periféricas alejadas de la vista de los visitantes.
Derrotado heroicamente el apartheid en 1994, sin embargo el impacto colonial no ha sido superado radicalmente en estos tres lustros de la nueva Sudáfrica, principal potencia económica del continente.
Si bien desde 1995 el ingreso mensual medio de la mayoritaria población de color aumentó en un 37 %, en igual período el de la población blanca superó el 83%. África del Sur es una de las diez naciones del mundo con mayor desigualdad interna.
El 20 % de las familias más ricas concentran el 62 % de los ingresos a nivel nacional, mientras que el 40 % más pobre de la población total araña apenas el 10 %.
El desempleo explota junto con la desesperación. Oficialmente, el 24.3% de la población en edad productiva no tiene trabajo. Cifra que en realidad oscila en el 40%. Uno de cada dos jóvenes esta excluido del proceso productivo. Tasa que aumenta sensiblemente entre los jóvenes negros: 70% de ellos no tiene acceso al trabajo al concluir la escuela.
Cuatro de cada diez sudafricanos viven con menos de 2 dólares diarios -frontera del concepto de la pobreza según las Naciones Unidas-. Desde 1990 a la actualidad la esperanza de vida media descendió de 62 a 51 años.
¡Fuera de juego!: tarjeta amarilla a la FIFA
Más de 13 mil suizos sostuvieron con su firma la campaña lanzada en abril pasado contra la FIFA y en solidaridad con los sectores más excluidos de la población sudafricana.
Iniciativa promovida por la “Ayuda Obrera Suiza” (AOS), que dio así continuidad a la Campaña Internacional a favor del “Trabajo Digno” lanzada por las principales centrales sindicales mundiales en el marco del Foro Social Mundial de Nairobi, Kenya, en enero del 2007. Ya entonces se anticipaban los potenciales estragos sociales que llegarían de la mano del mundial 2010.
Esa organización de solidaridad helvética acusa a la Federación con sede en Zürich de pasividad o falta de compromiso activo en tres áreas sensitivas.
No presionar a los países organizadores de competencias (en este caso África del Sur) para que sus empresas y auspiciantes respeten las normas mínimas de trabajo digno y consulten a los sindicatos.
No denunciar la violación de derechos humanos, en particular las expulsiones de los “sin techo”. Y en tercer lugar, no respetar a fondo la libertad de prensa.
Organizaciones del sector denuncian las restricciones impuestas para el trabajo informativo y las condiciones para la acreditación de sus miembros. En particular, el inciso que estipulaba que la actividad periodística “no debe atacar la reputación de la FIFA”. Esa fuerte reacción llevó a la Federación a relativizar ese punto.
La presión internacional y la movilización social interna produjeron frutos parciales. El caso de los obreros que construyeron los estadios fue significativo. Lograron pasar de los 2500 *Rands* por mes a 3000 *Rands* (en torno a los 460 dólares estadounidenses). Sin embargo todavía menor a los 700 dólares exigidos como salario mínimo -vital por parte de los sindicatos sudafricanos.
Flagelos sociales contra la niñez
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) convocó el jueves 10 de junio a su campaña “Ir derecho hacia el arco” para eliminar las peores formas de trabajo infantil hasta 2016.
Al tiempo que crece la excitación planetaria por el Campeonato Mundial de fútbol, señala la OIT, “215 millones de niños en todo el mundo deben trabajar para sobrevivir. Para ellos, la educación y el juego son un lujo”, sentencia.
Y es al organismo internacional de convocar, en este caso en colaboración con la FIFA, a la jornada “Tarjeta roja al trabajo infantil” a realizarse en 60 naciones, el mismo viernes de la apertura del Mundial.
En paralelo la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aprovecha del telón de fondo de la competencia futbolística para lanzar un alerta sobre el riesgo de abusos sexuales potenciales contra niños y niñas durante esa competencia que reunirá a casi 3 millones de espectadores locales.
La resistencia hondureña
La cara oculta del “otro mundial” saldrá a la luz en actividades creativas de protesta y denuncia en los más diversos rincones del planeta.
Honduras -que hace parte del mismo grupo junto con España, Chile y Suiza- sufrió en junio del año pasado un Golpe de Estado. La actual “normalización” democrática encabezada por Porfirio Lobo es fuertemente criticada en Latinoamérica y por sectores solidarios europeos. La represión continúa y se agudiza contra el Frente de Resistencia y su militancia.
Asociaciones de solidaridad y de residentes latinoamericano en Suiza, por ejemplo, decidieron darle una imagen a la resistencia. Durante la transmisión televisiva de los partidos en que juegue Honduras, militantes solidarios distribuirán en locales públicos figuritas tipo “Panini” pero en este caso con las fotos de algunas de las víctimas de la resistencia.

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México: Mientras Calderón desgobierna y se tambalea, obliga al pueblo a enajenarse con “el mundial de fútbol”

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Es sumamente grave la situación política y económica por la que atraviesa México porque la pobreza y la miseria de casi el 70 por ciento de la población, así como el enorme desempleo y la fortaleza del narcotráfico, hacen tambalear al gobierno ilegítimo de Felipe Calderón en su cuarto año de gobierno. Políticamente Calderón ha logrado negociar con el PRI, dividir y absorber al PRD, debilitar al lópezobradorismo y reprimir a los movimientos sociales como el EZLN, los electricistas, mineros, la APPO, la CNTE, pero la economía sigue estancada y sólo se ha beneficiado de ella un pequeño sector de multimillonarios que pudieron competir en los negocios internacionales. El neoliberalismo que se impuso en 1982 hizo más pobre y miserable a la mayoría de la población pero hizo más poderoso a un puñado de ricos que pudo competir muy bien aprovechando el mercado internacional.

2. Calderón le ha apostado al campeonato de fútbol para desviar la atención de muchos sectores de mexicanos –aunque sea por unas cuantas semanas- que han comenzado a impugnar sus políticas. Por eso pregunta cínicamente el presidente Calderón: “No entiendo por qué unos cuantos críticos (que nunca están de acuerdo con nada) dicen que mientras más imbécil haga al pueblo con el fútbol, menos se dará cuenta del desgobierno que encabezo”. ¿Por qué repiten y repiten que pretendo que olviden el narcotráfico, el desempleo, la miseria, la represión contra los electricistas y mineros, así como de problemas como los asesinatos de migrantes por la patrulla fronteriza en la frontera de EEUU si mis intenciones son que el pueblo se divierta y aplauda al equipo mexicano que tanto necesita que lo animen? No entiende esa oposición ciega siendo mi gobierno el más preocupado por la felicidad del pueblo.

3. Por eso mismo –apunta Calderón- he decretado en acuerdo con el secretario de Educación, que todos los estudiantes de México, en todos su niveles, deben ver los partidos de “ese maravilloso deporte que es el fútbol” y para eso podrán suspender sus clases dos horas en cada salón o escuela. También he ordenado que se coloquen pantallas gigantes en plazas públicas –como en el Zócalo capitalino- para que el pueblo acuda a divertirse con nuestro deporte favorito. Además, para que vean que enseño con ejemplo, estaré en el estadio de Johannesburgo apoyando y aplaudiendo con enorme fervor a nuestra selección nacional. Estoy seguro que los mismos electricistas, mineros, profesores, con buena voluntad, podrán olvidar sus problemas. ¿Qué presidente había hecho antes tantos esfuerzos para que nuestro pueblo pudiera gozar de todos los partidos de fútbol?

4. Mientras Calderón se divierte con el fútbol responde en todos los frentes: reprime con brutalidad a los mineros de Cananea, Sonora, ordenándoles a los militares que tomaron hace dos días la empresa, el lanzamiento de gases lacrimógenos contra los trabajadores que protestan para alejarlos de la minera. Ignora a los más de 40 obreros electricistas que desde el 25 de abril están en huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de México. Reprime con brutalidad a los estudiantes universitarios de Oaxaca que exigen derechos. Se burla de la caravana que salió del DF para San Juan Copala, Oaxaca, al obligarla a regresar después de recorrer más de 450 kilómetros. No hace caso que en la frontera México-EEUU se sigan asesinando mexicanos. En fin, mil problemas que Calderón, en vez de solucionar, simplemente espera que desaparezcan. Esos problemas agudizan el desgobierno del país, pero Calderón ríe.

5. Es realmente lamentable que en México no exista una organización política fuerte de los trabajadores. Aunque las contradicciones entre la misma clase dominante, los empresarios, el gobierno y los inversionistas sean fuertes, éstos terminan por ponerse de acuerdo para continuar su dominación. Por todos lados, en muchos estados de la República, surgen movimientos de descontento y de protesta de trabajadores pero sirven muy poco o nada porque fácilmente son silenciados y destruidos por el gobierno. Basta con que detengan y se lleven a la cárcel a uno o algunos para que la lucha desaparezca y sea más angustiosa porque ahora hay que sacar presos de las mazmorras. La burguesía está encarcelando y asesinando a cientos de líderes de pequeñas luchas porque la izquierda no ha sido capaz de unificarse para grandes y poderosas batallas. Parecería que más que preocupar a la clase dominante le causamos risa.

6. Si Calderón es desplazado del poder no será por las luchas de los trabajadores sino porque ya no sirve, en estabilidad y seguridad, a la burguesía. Parecería que los yanquis han visto que no puede con el gobierno y por eso dicen que “México es un Estado fallido”. Obama y el departamento de Estado han visto que a pesar que el ejército mexicano ocupa el país –más de 300 mil elementos- con el pretexto de acabar con el narcotráfico éste es cada día más fuerte a pesar de que 25 mil personas han perdido la vida en esa guerra. Los EEUU han buscado intervenir de manera abierta, militar, en México porque ven que Calderón pierde la guerra. Por su parte los empresarios no invierten como quisieran porque se quejan de la inseguridad y del narcotráfico que sigue dominando al país. Por eso se ha dicho que Calderón se tambalea porque no encuentra el camino para gobernar bien.

7. El gobierno empresarial de Fox sólo estuvo a punto de dejar el poder cuando perdió las elecciones intermedias de 2003, sin embargo el PRI intervino para apuntalarlo y cogobernar con él. En el caso de Calderón, que también fue derrotado en las elecciones intermedias de 2009, el PRI también lo ha apuntalado pero ahora está listo para cobrarle todo. No sabemos cuantos indígenas, campesinos, obreros, ciudadanos más tengan que ser encarcelados o morir como producto de las represiones gubernamentales. Es muy dolorosa que así siga siendo después de más de medio siglo de experiencias de luchas aisladas y defensivas. Es urgente buscar formas de unidad para que esos pequeños movimientos gocen siempre de apoyos reales y concretos para que la burguesía dominante no se atreva a seguir golpeando a los movimientos. Esperamos de ahora en adelante movimientos contundentes que garanticen respeto.

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Nuevos coletazos del avance de la frontera hidrocarburífera en Salta

OPS

En la localidad de Coronel Juan Solá criollos y comunidades wichi denuncian atropellos por parte de empresas petroleras de capitales chinos asociados a Daniel Lalín.

Hace aproximadamente un mes los habitantes de Coronel Juan Solá, del departamento de Rivadavia -en el chaco salteño-, despertaron con las topadoras dispuestas a abrir picadas de 8 a 10 metros de ancho en sus territorios para realizar tareas de exploración sísmica. El área de más de 3 mil kilómetros cuadrados se denomina Morillo y fue ofertada en la ronda licitatoria que encaró el gobierno salteño en 2006. La UTE adjudicataria está conformada actualmente por dos empresas chinas –JHP y New Times Energy Corporation- y Maxipetrol-Petroleros de Occidente, del empresario argentino Daniel Lalín. Los relatos de criollos y comuneros sobre criminalización y avasallamiento parecen ser un espejo de lo denunciado recientemente por los pobladores de la cercana localidad -50 kilómetros- Fortín Dragones (1).

Foto: Argentina - Petroleras en Salta. Fuente: Alba Silva

Las licitaciones: nuevas áreas para exploración y explotación

La Primera Ronda Licitatoria de Áreas Hidrocarburíferas (2), en 2006, contemplaba la licitación de 6 áreas exploración y eventual explotación -Tartagal Oriental, Hickman, Chirete, Morillo, La Unión y Malvalay (3) -, una superficie de más de 29 mil km2 en el chaco salteño por las que se recibieron ofertas globales superiores a 220 millones de dólares (4). El Secretario de Minería y Recursos Energéticos de Salta, Ricardo Alonso, sostuvo que la ronda “superaba las expectativas” y que la provincia tenía la llave del gas argentino (5).

Morillo, el área que contempla a Coronel Juan Solá, fue adjudicada a Maxipetrol – Petroleros de Occidente y JHP International Petroleum Engineering -empresa de servicios petroleros con sede en Hong Kong- , si bien ya contaba con historial hidrocarburífero al haber sido concesionada a Pluspetrol por parte de YPF a mediados de los ’80 (6).

Daniel Lalín, otrora presidente de Racing Club (7), es uno de los exponentes del fenómeno de pequeñas y medianas empresas surgidas a partir de la privatización de YPF y la licitación de áreas secundarias. Reúne a un sector de la burguesía nacional que no estaba vinculado previamente al sector; desde sectores con fuertes vínculos con el kirchnerismo, como por ejemplo Cristóbal López y Lázaro Báez; a ex funcionarios y afines al menemismo, como Vila y Manzano. A su vez, el avance de inversiones chinas en el rubro energético no es menor, y se verifica no sólo en los casos que analizamos aquí, sino en la que fue la mayor operación entre privados en la industria hidrocarburífera nacional: la venta del 50% de Bridas Corporation -grupo Bulgheroni- a China National Offshore Oil Company (CNOOC).

A través del holding Lalin Global Group el empresario se ha proyectado sobre diversos sectores más allá del petrolero. Su diversificación va desde minería a producción de aceites vegetales, pasando por importación de equipamiento médico chino (8). Debuta a través de Oxipetrol-Petroleros de Occidente, hoy llamada Maxipetrol-Petroleros de Occidente, en las licitaciones salteñas de 2006 a través de la UTE con la china JHP International Petroleum Engineering. En esta provincia obtienen no sólo el área de Morillo sino también de Tartagal Oriental.

Las adjudicaciones se concretan para diciembre del 2006 con los decretos N 3388/2006 –Morillo- y N 3391/2006 -Tartagal Oriental-, comprometiendo áreas de 3.518 y 7.065 km2 respectivamente. Si bien la concesión tenía una duración de 4 años -finalizando el 29 de diciembre del 2010-, los contratos estipulaban la posible prolongación por 9 años más (9), “una práctica usual” (10). Según informes de las adjudicatarias -realizados por consultoras- se estimaba un potencial de entre 83 y 256 millones de barriles de petróleo y entre 31.600 y 144.128 millones de metros cúbicos de gas (11).

El panorama cambia para el 2007. New Times Group Holdings (12), conglomerado con sede en Hong Kong, desembolsa casi U$S 1.300 millones por una importante participación en estas áreas (13). Este monto es del orden de los últimas grandes compras en el sector, como los U$S 1.027 millones que pagó Petrobras por Pecom o los U$S 1.600 millones de Oxy hacia Vintage (14). La nueva UTE, denominada High Luck Group Limited (15), se distribuye en un 60% para New Times, 30% para Maxipetrol-Petroleros de Occidente y un 10% para JHP (16). Según declaraciones del CEO de New Times, el destino de la extracción sería el mercado interno.

En estas operaciones se desprende el fuerte carácter especulativo de los primeros adjudicatarios. JHP InternationalPetroleum Engineering se desempeña principalmente en el área de servicios como subcontratista para perforación más que una operadora y concentra su actividad en China (17). A su vez, Lalin no se ha limitado a Salta únicamente, sino que ha presentado diversas ofertas en otras áreas del país. Junto a Chañares Herrados conforma una UTE que obtiene en Mendoza el área Ugarteche, que en diciembre de 2009 vende por U$S 163 millones a la china Mayer Holding (18). Sin embargo, esta tendencia especulativa inicial se revertiría para 2010. No solamente se puede ver en el inicio del trabajo exploratorio sino también en el reporte final de 2009 de New Times Energy Corporation. Frente al fin del acuerdo de concesión de 4 años firmado con el gobierno salteño, la UTE tiene que realizar las inversiones de casi U$S 36 millones para Tartagal Oriental y U$S 13 millones para Morillo entre los acuerdos y obligaciones pactados (19). Estas obligaciones informaba el grupo serán los objetivos a cumplir.


Foto: Argentina - El área de Morillo es donde se encuentra Coronel Juan Solá. La UTE también es la ajdudicataria de Tartagal Oriental. Fuente: Argentina Concession Handbook Map, IAPG, 2006.

Salta, un hervidero

A días de la detención de los referentes sociales José “Pepino” Fernández, Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, y Eduardo Paliza, dirigente de comunidades originarias, -acompañada de una fuerte represión y persecución por parte de las autoridades provinciales- y los numerosos casos de conflictos con comunidades wichi y criollas, Salta es un hervidero político y social. Lo que acontece en Juan Solá dista de ser un hecho aislado, sino más bien los coletazos del avance de industrias extractivas promovido por el Estado y acompañado por sus aparatos represivos en busca de atenuar las resistencias sociales. Resistencias a un modelo excluyente, no solamente en una dimensión de ocupación territorial, sino también por la incapacidad del sector de subsanar la falta de trabajo existente en la región. Más allá de las consecuencias en el territorio -sociales, ambientales, políticas- que no son desconocidas por las comunidades y pobladores criollos, la demanda concreta por puestos de trabajo es desoída y criminalizada.

Este avance de las industrias extractivas promete trabajo y prosperidad para la región. Sin embargo, la posición que Salta ocupa en la oferta de gas –segunda a nivel nacional para 2009- no es de usufructo por parte de las poblaciones locales. Como numerosas provincias, y al compás de la caída de los niveles de extracción, la escasez de gas en los últimos tiempos se viene agudizando. Con una red que no llega al 55% de la población -según el INDEC-, especialmente en zonas rurales y de menores ingresos (20), el problema de larga data se agrava en las épocas invernales. El faltante tanto de las garrafas de 15 kilos como las de 10 kilos -subvencionadas por el Estado nacional, llamadas “garrafas sociales”- (21) llevaron a la provincia a la importación de Gas Natural Licuado (22) como también a accionar ante la Justicia Federal por el mismo tema (23). Esto sin embargo, creemos que son “parches” a cuestiones que encuentran sus raíces en el modelo económico que está llevando adelante Salta, en particular, y diversas regiones del país en general.

Avasallamiento territorial y desmonte

El criollo de la localidad Juan Solá, Fidel Sallago relata, en diálogo con OPSur (24), los hechos ocurridos con la empresa WICAP, empresa familiar de la región -subcontratista de la UTE para la primera etapa exploratoria: sísmica y perforación.

-¿Qué es lo que está pasando?

Soy participe de la cooperativa Wichi Ltda., ahora tenemos ese problema que vino la petrolera, y no quiere tomar gente. Lo que estamos reclamando es que no metan máquina. Vimos el mapa, el proyecto que ellos hacen, son 120 kilómetros a lo largo y 55 kilómetros a lo ancho, de 8 a 10 metros tienen los caminos. Al monte lo van a dejar ralo, no respetan los árboles nativos. El algarrobo no se cría de un año para el otro, tarda un siglo para que dé frutos. Para nosotros sería perjudicial, somos familias de escasos recursos, no sabemos cómo defendernos ante esta situación. Nos están amenazando con que nos van a meter presos, yo ahora no puedo ni salir de la casa porque la policía me quiere pillar por ir al frente acá, con los criollos, con los aborígenes; soy perseguido políticamente. Para mi es todo injusto, que nos marginen de esta forma.

Ya entraron en la finca de los aborígenes, ellos pararon las maquinas y no dejan trabajar. A ellos, más que nadie, no quieren darle una respuesta, menos arreglar.

Foto: Argentina - Daniel Lalín, titular de Maxipetrol - Petroleros de Occidente.

-¿Cuál es la empresa?

WICAP. Ellos contrataron a otra empresa, Aurora de Salta, que tiene las maquinarias, ellos están abriendo picadas nuevas. Acá creo que están para perforar pozos. Lo que más nos duele a nosotros es por el tema del monte, acá nos van a dejar sin nada, sería muy triste.

-¿Les adelantaron qué pasaría si llegan a encontrar petróleo?

No, ellos nos dijeron que solamente vienen a hacer el trabajo, que tienen la autorización de la Nación. Que no intervengamos, por más que hagamos cualquier cosa ellos van a seguir haciendo igual, y si no damos lugar, ellos van a traer la Infantería, la brigada, para que nos repriman. Y eso es todo lo que nos dicen, los mismos trabajadores nos amenazan.

Ellos han contratado acá a un tipo de Salta, un tal Russi (25), que sabe bien la situación de las tierras. Acá muchos no tienen título de las tierras, pero hay una ley que los ampara, ni así la respetan. Tan sólo les quieren dar proyectos, que van a tardar 3 meses, pero de $5.000. No sé qué se puede hacer con eso.

-¿Y tampoco les decían proyectos de qué tipo?

Claro, no nos dicen qué proyecto. Y cuando nosotros presentamos proyectos, por parte de la Cooperativa, nos decían que era muy elevado. Nosotros queríamos hacer la sede, para terminar de obtener todos los papeles. La gente del campo pedía que se hagan pozos someros, para agua, por tema de la sequía. Acá hay muchos animales muertos, estamos con problemas para acceder al agua.

-¿Y con los puestos de trabajo?

También se niegan. Acá el trabajador gana un peso por hora, mire. Haciendo cualquier clase de trabajo. Muy poquito que ni alcanza para comer.

-¿La cooperativa que está haciendo?

Nosotros en la cooperativa somos los más amenazados porque tuvimos un problema con el intendente, [Atta Gerala, Frente Justicialista para la Victoria] que está prendido con el gobierno provincial. No nos dan ningún tipo de trabajo. Estamos ahí peleándola nomás.

-¿Qué tipo de problema hubo con el intendente?

Por aumento del jornal, como pagan un peso. Los grupos familiares son de 8, 10, hay uno que llega a 21 hijos. No hace nada con eso. Cuando reclamábamos por esto el intendente ha autorizado a Infantería a que venga y nos reprima. Acá hubo casi un muerto, vino el comisario local, con la escopeta, casi mató a cinco jóvenes, disparó a un metro y medio. Se presentó frente a la manifestación en el edificio municipal, se acerca y nos amenaza: si no nos retiramos nos va a tener que disparar.

Y ahora, vino la empresa, arregló con el intendente, y nosotros ni enterados de esto, menos los criollos, que estaban trabajando acá. Se despertaron y tuvieron las máquinas encima. Hay un paraje donde una familia se la dejó sin casa, la empresa pasó con la maquina por encima de todo.

Ya hubo un desalojo, propiedades fiscales donde se rompieron los alambres. Nadie le puede decir nada, porque ya mandan Infantería, ya mandan a reprimir.


-¿Y hubo episodios similares?

Si hubo varias familias que están perdiendo sus casas por el tema de la petrolera, con las máquinas y las topadoras. No se está respetando nada.

-¿Y previamente no se les notificó nada?

En ningún momento. Cuando fuimos a preguntar nos dijeron que ellos tenían permiso de la Nación. Que ellos venían a trabajar y nadie podía decir nada.

-O sea que la única presencia del Estado fue la policía

Si, ellos nomás. Y ahora estamos parando las máquinas, hasta que haya una solución. Nosotros no aceptamos que la empresa haga este tipo de trabajos, nos perjudica como lugareños. Ni con la familia puedo salir a dar una vuelta por la plaza porque ya nos quieren meter presos.

-¿Hay antecedentes de empresas petroleras en la zona?

Hace 20 años, pero no como este tipo, que están con el desmonte, no de una forma tan violenta. Hicieron trochas, de un metro cincuenta, había mano de obra, tomaban gente, ahora lo cambiaron por máquinas.

Esta empresa estuvo trabajando en la zona de Tartagal y ahí hubo problemas. La empresa fue a reprimir a la gente. Hubo un enfrentamiento porque iban a entrar en fincas donde estaban sembrando soja y ahí no pudieron trabajar. Se vinieron para acá a realizar el trabajo hasta que ellos traten de negociar allá. Es un proyecto grandísimo.

Hace tres semanas un grupo de 4, 5 personas de Tartagal vino a dar apoyo a la gente por lo que está pasando acá. Vino Infantería a reprimir porque había gente de afuera, 5 detenidos, entre la gente de Tartagal y un criollo de acá. No quieren que venga gente de afuera. Ya nos amenazaron que si hacemos cualquier clase de movimiento nos van a detener. Los llevaron a la ciudad de Tartagal donde está la cárcel. La empresa nos hizo denuncias también.

-¿Para qué se usa la tierra?

Como es una zona de mucho calor acá los criollos se dedican a la ganadería, cría de vacunos, y los aborígenes se dedican a las artesanías o vacunos también. Por ahora no se está haciendo ninguna clase de plantación.

-¿Nos puede contar un poco más de la situación de las tierras?

Son familias que están viviendo hace mucho, pero no tienen títulos. Y eso aprovecha la empresa para echarlos. Hay mucha gente de edad.

Con el tema del intendente, o sea, no es solamente con lo de petróleo sino que con el resto de las cosas es lo mismo, directamente arregla con el poder de Salta. Nosotros no podemos hacer nada sin decirle a ellos, si no somos del mismo partido no tenemos ninguna participación.

-¿Y con el tema de denuncias? ¿Han hecho alguna?

No, porque en Tartagal no nos reciben a nosotros. Y tenemos que viajar a Salta. Acá no van a dejar pasar los aborígenes. Han pasado por alguna parte de la tierra criolla, pero están cerca del pueblo, donde tienen las tierras los aborígenes.

¿Energía a costa de quién y para quién?

Si bien no creemos que la implementación de una red de gas universalizada sea la forma de garantizar la energía al conjunto de la población -en el marco de una discusión sobre la matriz energética que no contempla este artículo- asombra tristemente el caso salteño por dos cuestiones principales. Por un lado, la misma población que se ve afectada por la extracción de gas “para el conjunto del país”, en su territorio no puede acceder a él para consumirlo. Al tiempo que ven perjudicada su tierra, avasallados sus derechos y, en algunos casos, desalojados por tenencias “precarias”, no pueden hacer uso de aquello que se encuentra bajo sus pies. La satisfacción de esta carencia no se encuentra contemplada en ningún contrato adjudicatario, y tampoco se asume como compromiso por parte del Estado hacia sus habitantes. La situación no es exclusiva del chaco salteño sino que se presenta en diversas zonas centrales de extracción, ejemplo de esto son las comunidades Kaxipayin y Paynemil en Loma de La Lata, la mayor reserva gasífera de Argentina, o en la comunidad Logko Puran, también en la provincia de Neuquén.

A su vez, la oferta energética a la que pueden acceder las localidades es sumamente esporádica –problema que puede constatarse en la falta de garrafas- y mucho más cara, ya que existen substanciales diferencias de costo entre el gas envasado y el que se distribuye a través de redes domiciliarias.

Los mayores perjudicados por el esquema son aquellos que viven encima del recurso, sectores con bajos niveles de ingreso que sufren gran parte de los impactos negativos de la industria, y de esta manera “subsidian” el consumo de los principales polos de actividad económica y los núcleos urbanos más concentrados.

Notas:
1) Tecpetrol en Territorio Wichi: Responsabilidad Social Empresaria y criminalización. http://opsur.wordpress.com/2010/03/31/comunidades-wichi-en-disputa-con-tecpetrol-responsabilidad-social-empresaria-y-criminalizacion/
2) En 2007 hubo una Segunda Ronda que incluía las áreas Río Colorado, Rivadavia, Joaquín V. González, Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, Valle de Lerma, Valles Calchaquíes, Cobres, Arizaro y La Unión (esta última sin adjudicatarios en la Primera Ronda). Entre las dos rondas han sido licitadas 16 áreas.
3) Ocho empresas presentaron ofertas para buscar gas y petróleo en Salta. http://edant.clarin.com/diario/2006/09/12/um/m-01270066.htm
4) Parte de prensa 25 de octubre de 2006, Secretaría de Prensa y Difusión, Gobierno de Salta, http://www.salta.gov.ar/prensa/html/20061025pp.htm
5) Once ofertas para exploración en Salta. http://matrizenergetica.com.ar/noticia.php?noticia_categoriaID=8&noticiaID=637
6) Disponible en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. http://consulta.bcn.gov.ar/bcn/Catalogo.VerRegistro?co=589319
7) Conocido por su bochornoso y oscuro pase por club de fútbol Racing, donde dejo un tendal de deudas y la bancarrota del club. En 1998 cuando se realiza el pedido de quiebra contaba con un pasivo de 62 millones de dólares, 200 juicios y 3 millones de pesos de embargo. En declaraciones recientes se aprecia la idiosincrasia de este empresario en el modelo del saqueo y la contaminación: “Estoy de vacaciones en mi casa de Punta del Este y durante el año me dedico a la minería y al petróleo. Paso mucho tiempo en Mendoza y Salta porque en la Argentina hay mucho para explotar”. Fuente: http://www.24con.com/conurbano/nota/33724-Daniel-Lal%EDn-Har%EDa-un-gran-esfuerzo-para-lleva-a-la-bruja-Ver%F3n%B4-a-Racing
8) Página web de Lalin Global Group al 20/05/2010, http://www.lalinglobalgroup.com/
9) New Times Energy Corporation Ltd, Announcement of final results for the year ended 31 december 2009 [Anuncios para resultados finales del año que terminó el 31 de diciembre del 2009], pág 14, disponible en: http://corpsv.etnet.com.hk/data/documents/201004/28/00058574/20100428029_e.pdf
10) Ibid.
11) Ibid.
12) Según los comunicados de la empresa a la bolsa de Hong Kong las ramas principales serían el comercio de metales y comida frizada, siendo la explotación de hidrocarburos un negocio que únicamente llevan adelante en las concesiones salteñas. Sin embargo, en los anuncios a la bolsa del 2009 marcaba el viraje por parte de la empresa del comercio de productos masivos a “recursos energéticos” como objetivo estratégico. De esta manera en 2009 cambia su nombre a “New Times Energy Corporation Limited”.
13) Grupo chino destina u$s1.300 M para comprar yacimientos en Salta
http://www.iprofesional.com/notas/56396-Grupo-chino-destina-us1300-M-para-comprar-yacimientos-en-Salta.html
14) Grupo chino destina u$s1.300 M para comprar yacimientos en Salta http://www.iprofesional.com/notas/56396-Grupo-chino-destina-us1300-M-para-comprar-yacimientos-en-Salta.html
15) New Times Energy Corporation Ltd, Announcement of final results for the year ended 31 december 2009 [Anuncios para resultados finales del año que terminó el 31 de diciembre del 2009], pág. 15, disponible en: http://corpsv.etnet.com.hk/data/documents/201004/28/00058574/20100428029_e.pdf
16) HK’s New Times to get 60% of Argentine oil fields http://uk.reuters.com/article/idUKHKG16780920071115
17) Página web de la empresa: http://jhppetrointernational.com/
18) Al revés de Racing, Lalín gana: vendió su petróleo. http://edant.clarin.com/diario/2009/12/10/elpais/p-02058583.htm
19) Ver 2009 Annual Repport, disponible en la página del grupo: http://166hk.etnet.com.hk/ca-report-e.html
20) En Salta ,145 mil hogares no tienen gas natural y sufren abusos con las garrafas. http://www.eltribuno.info/salta/diario/2010/04/18/municipio/en-salta-145-mil-hogares-no-tienen-gas-natural-y-sufren-abusos-con-las-garrafas
21) De 10 kilos son fruto de un acuerdo entre el Estado y las empresas para sectores de bajos recursos, sin embargo pocas localidades a nivel nacional pueden acceder a ellas. Bajas impositivas y subvenciones establecen un precio de $16, según diversas denuncias no se respetaría siempre, frente a los $45 que cuestan las garrafas de 15 kilos.
22) Salta comprará gas licuado de petróleo. http://www.eltribuno.info/salta/diario/2010/04/20/salta/salta-comprara-gas-licuado-de-petroleo
23) Un fallo federal favoreció al pedido de más garrafas. http://nuevodiariodesalta.com.ar/diario/archivo/noticias_v.asp?31389
24) Entrevista telefónica realizada el 18 de mayo de 2010.
25) Director del Programa de Tierras Fiscales de la Provincia hasta noviembre de 2009.

OPS: OBSERVATORIO PETROLERO SUR

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Megaproyectos inmobiliarios en Córdoba, Argentina: "Más grande es el emprendimiento, más concentrada está la ganancia"

Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

"Las luchas por el agua se están empezando a dar en Córdoba, se están empezando a ver y se van a a dar cada vez con más frecuencia por este tipo de cosas: un desmanejo del Gobierno sumado a un reparto del agua completamente inequitativo".

En el render del proyecto Estancia La Overa, un video con imágenes simuladas de algo más de tres minutos de duración, un vehículo de tracción integral serpentea una impecable ruta serrana -a 685 metros sobre el nivel del mar- hasta llegar al acceso del complejo, un emprendimiento urbanístico de 150 hectáreas ubicado en la localidad de Salsipuedes, a 36 km de la capital de la provincia de Córdoba. La primera edificación en recibir -virtualmente- a los recién llegados es la de la moderna parrilla y casa de té Vacarí. Luego, un rápido sobrevuelo por un exclusivo bosque nos deposita en la sala de conferencias reinamora. Tras abandonar la última parada, un camino lateral conduce a Orfeo Suites, un hotel de tres estrellas. De nuevo en la arboleda, un corral de caballos y una pareja de cuatriciclos recorriendo senderos alternativos. Detrás, ya se asoman los tres edificios del condominio Milénica.

Diego Gurvich, de 35 años y docente en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), es el creador del Colectivo Salsipuedes. Con el megaemprendimiento del Grupo Dinosaurio como detonante -con sus 234 departamentos, 72 habitaciones y una reserva natural-, este biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) empezó a reunir a un pequeño grupo de personas de la localidad sensibilizadas por la cuestión ambiental.

El Colectivo Salsipuedes viene analizando el emprendimiento en torno a los "mitos" que se han ido elaborando sobre él. Uno de ellos sostiene que La Overa se autoabastecerá de agua. Pero desde el grupo citan estudios independientes que demuestran que el proyecto es técnicamente imposible. Sin embargo, el Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente ya aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por el Grupo Dinosaurio.

Aparecen estos emprendimientos inmobiliarios que ahora están de moda, se instalan donde quieren y la Provincia les da la factibilidad en base a información que sólo ellos tienen, afirma Gurvich. El problema para el biólogo no es que el proyecto no vaya a tener disponibilidad de agua, sino saber quiénes serán los que se van a quedar sin ella. ¿Ellos o los pobres vecinos que viven en el pueblo?, se pregunta.

Las luchas por el agua se están empezando a dar en Córdoba -advierte-, se están empezando a ver y se van a a dar cada vez con más frecuencia por este tipo de cosas: un desmanejo del Gobierno sumado a un reparto del agua completamente inequitativo.

-El proyecto prevé afectar sólo 4 hectáreas y del resto hacer una reserva natural. Bajo estas condiciones, ¿piensan que la actividad de los habitantes del hotel y los departamentos generarán un impacto tan considerable?

Gurvich.-El proyecto fue mutando a medida que pasó el tiempo. En realidad, cuando surge en 2007, prácticamente era un hotel con cancha de golf; salimos a decir: ¿Cómo vamos a tener una cancha de golf con la cantidad de agua que se necesita para regarla?. Y mutó a este nuevo proyecto que es una reserva natural. Claramente estuvo el objetivo de venderlo como un proyecto verde. Incluso, uno de los primeros titulares del año pasado dice: El Grupo Dinosaurio invertirá 10 millones de dólares en una reserva natural. En la reserva natural no, invertían en el complejo. Entre que hagan una reserva natural y que llenen todo de casas vemos que hay una gran diferencia. Obviamente, nosotros no estamos diciendo que el hecho que hagan una reserva natural está mal. El tema es que, más allá de que no toquen el bosque, claramente no van a tener el agua que necesitan. Hablan de una reserva natural y adentro andarán en cuatriciclos; biológicamente es una ridiculez tener 20 ó 30 personas andando en cuatriciclos permanentemente.

-¿En qué consiste el convenio que firmaron el Grupo Dinosaurio y la secretaria de Medio Ambiente para liberar fauna incautada?, ¿es sólo maquillaje ecológico?

Gurvich.-Lo primero que salió fue ese convenio. Lo hicieron con la Provincia sin estar aprobado absolutamente nada. Son dos carillas que, técnicamente, no dicen nada. Yo no soy especialista en el tema de liberación de fauna, pero cuando veo eso empiezo a buscar por Internet, me contacto con otros investigadores del CONICET, y lo primero que me encuentro es que ante fauna incautada lo último que se hace es liberarla inmediatamente. Por un montón de razones: hay razones de genes, de salud, de animales; tampoco se pueden traer animales que vienen de otras regiones. Muchos de los animales que vienen del tráfico de fauna tienen enfermedades por el hacinamiento al que están expuestos. Lo que querían hacer es lo último que se debe cuando uno tiene fauna incautada, lo que te lleva a pensar que largaron esta idea para venderlo de verde.

-Otro de los mitos que mencionan es que La Overa generará numerosos puestos de trabajo. Desde el colectivo afirman que mayormente serán temporales o altamente especializados. ¿Cuál es la actividad económica principal y el grado de desempleo que existe en Salsipuedes?

Gurvich.-Probablemente sea relativamente alto. Salsipuedes, si bien tiene su origen como un pueblo turístico, una típica villa serrana, hace unos quince años se ha transformado en una ciudad dormitorio de Córdoba. La principal fuente de ingresos es la gente que trabaja en Córdoba y vive en Salsipuedes. La actividad turística prácticamente no existe y la industria, obviamente, menos. El trabajo es la primer bandera que sacan cuando hacen cualquier tipo de emprendimiento. Si uno ve las grandes mineras que están llegando a la Argentina, dicen: Vamos a dar trabajo. Hay mucho de marketing, mucha prensa en decir que lo más importante es el trabajo. En este caso pensamos que no, por otros ejemplos que tenemos: en el hotel Howard Johnson de Río Ceballos, una localidad cercana, la cantidad de gente de Río Ceballos que trabaja en él es muy poca. Gran parte de los servicios, por ejemplo la compra de alimentos, no la hacen en Río Ceballos; decían que la carne la traían de Buenos Aires. La capacidad de generar trabajo es muy poca; mientras más grande es el emprendimiento económico, mucho más concentrada está la ganancia. La bandera del trabajo hay que tomarla entre comillas.

-Respecto al turismo, ¿no considerás que un emprendimiento de esta envergadura puede llegar posicionar a Salsipuedes como un destino más atrayente?

Gurvich.-Salsipuedes no tiene ningún atractivo particular, básicamente porque no tiene río. La gente que viene a Córdoba busca agua; el río Salsipuedes prácticamente desapareció. Este proyecto está pensado para que los turistas pasen todo el tiempo dentro del establecimiento, osea, es un proyecto turístico puertas adentro. Esto significa que la gente va a pasar todo el día ahí, por lo tanto, la capacidad de desbordar dinero para el pueblo no existe, porque no tiene que ofrecer.

-Además, destacan que La Overa representará para la localidad un alto costo económico en servicios como agua, energía, tratamiento de basura e infraestructura. ¿Imaginan que esta gente no pagará por lo que consuma?, ¿saben de algún otro acuerdo alcanzado con el Municipio que los eximirá de esa obligación?

Gurvich.-No es que no van a pagar; a la Municipalidad, a cualquier Estado, le cuesta mucha plata mantener los servicios. Por ejemplo, hacer la ruta -hay una parte que han terminado-, una ruta muy bonita, al Estado le cuesta; toda obra de infraestructura que hace el Estado cuesta. El basural a cielo abierto lo mantiene el Estado con impuestos. Este emprendimiento va a significarle al pueblo un 10% más de habitantes. Hay más o menos unos 10 000 habitantes y van a haber 1000 habitantes más. Por lo tanto se va a generar un 10% más de basura, por lo menos un 10% más de demanda de agua, etcétera. Eso al pueblo le cuesta en servicios, gran parte subsidiados por el Estado. Esto es típico de estos empresarios, ellos invierten una cantidad de plata, pero el Estado le tiene que ofrecer toda la estructura para que puedan invertir.

-Y esto puede llevar a un colapso de todo el sistema de servicios...

Gurvich.-El servicio de agua ha colapsado en Salsipuedes hace rato, tanto en cantidad como en calidad. Cada vez es mayor el tiempo en donde no hay agua. Desde fines del invierno hasta entrado el verano uno ve desfilar los camiones que traen agua de otros lugares, con todo el costo económico que eso tiene. No hay casi nadie en Salsipuedes que no compre el botellón de agua mineral, nadie se anima a tomar el agua de la canilla o comprar estos filtros que son bastante onerosos. La crisis del agua, de una u otra manera, la estamos viviendo, está impactando económicamente en los bolsillos. El tema es que la gente se de cuenta de eso; todos los meses gasta tanta cantidad de plata en comprar un botellón, ¿y eso por qué lo tengo que gastar? Por todos estos motivos...

-Como colectivo también plantean que sin discusiones serias ni información objetiva se corre el serio riesgo de la manipulación, ¿creés que estamos ante uno de esos casos?

Gurvich.-Seguro, seguro. Si te ponés a investigar cómo han ido manejando los medios, es una manipulación, como pasa en el país. Se aprobó el proyecto hace una semana; en uno de los principales diarios de Córdoba sale una nota mitad positiva, mitad negativa; y en otro diario importante, una que es propaganda del establecimiento. Si yo tuviera los medios que tiene el grupo empresario o el Gobierno, en quince días hago que toda la gente tenga una opinión en contra del proyecto.

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Argentina, Tucumán: Procesan a 13 ex policías y militares por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 100 víctimas

PRIMERA FUENTE

Lo dispuso el juez federal Daniel Bejas contra ex policías y militares retirados involucrados en segunda megacausa de la ex Jefatura de Policía. Entre los imputados se encuentran el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, Roberto “El Tuerto” Albornoz y Luis De Cándido, quienes están siendo juzgados en el primer expediente de ese centro clandestino de detención. El juez también trabó embargos de hasta un millón de pesos.

El juez federal Nº1 de Tucumán, Daniel Bejas, dio un paso trascendente en la segunda megacausa de la ex Jefatura de Policía y procesó a 13 ex policías y militares, de un total de más de 50 acusados de cometer delitos contra los derechos humanos durante el último gobierno militar.

Las medidas, dispuestas en el marco de la causa “Jefatura II”, alcanzaron a Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Heriberto Albornoz, Luis Alberto De Cándido, quienes actualmente están siendo juzgados por los crímenes cometidos contra 22 víctimas comprendidos en el primer expediente de ese centro clandestino de detención. En la lista también figuran Hugo Rolando Albornoz, Ángel Custodio Moreno, Ramón Ernesto Cooke, Juan Alberto Abraham, Ricardo Oscar Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Luis Edgardo Ocaranza, Mario Miguel D’Ursi, Camilo Ángel Colotti y Ernesto Arturo Alais.

En tanto, el juez dispuso el procesamiento sin prisión preventiva para Norberto Ricardo Villegas Ramón César Jodar y Jorge Omar Lazarte. Asimismo, el magistrado resolvió trabar embargos por un millón de pesos cada uno sobre los bienes de Menéndez, Cooke, Ocaranza, Roberto Albornoz, Ursi, Colotti, Lazarte y Alais. En tanto, dispuso la suma de 500 mil pesos para Villegas, De Cándido, Hugo Albornoz, Custodio Moreno, Abraham, Sánchez, Reyes Quintana y Jodar.

Todos ellos se encuentran indicados como autores mediatos o materiales de secuestros, torturas y desapariciones contra alrededor de 100 víctimas que habrían permanecido detenidas en el centro clandestino detención que habría funcionado en la Jefatura de Policía de Tucumán.

En su fallo, Bejas aseguró que “de acuerdo a la prueba obrante en la causa, los hechos investigados en autos se adecuarían a los tipos penales de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, torturas y asociación ilícita agravada todos en concurso real”.

Asimismo, afirmó que “a partir del análisis de la prueba recolectada en autos puede inferirse que la detención ilegal de las víctimas en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía, les habría impedido disponer de su libertad personal”, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

En tanto, el magistrado sostuvo que “las conductas atribuidas a los imputados se corresponderían al tipo legal analizado, por cuanto los encartados -en cumplimiento del plan sistemático de represión- incluyeron a las víctimas en los listados de personas a detener y/o abatir, disponiendo a tales efectos la privación ilegítima de su libertad, lo que fue ejecutado por sus subordinados”.

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Argentina, Entre Ríos: La denuncia apuntaría contra 25 asambleístas

INFOALTERNATIVA

La demanda penal es analizada ahora por la Fiscalía federal de Concepción del Uruguay. Para Aníbal Fernández, el corte es "un capricho".

La Fiscalía federal de Concepción del Uruguay comenzó a analizar la denuncia penal del gobierno nacional contra un grupo de ambientalistas de Gualeguaychú que cortan el paso a Uruguay en la ruta 136, a la altura de Arroyo Verde, desde hace tres años y medios.

Pese al hermetismo oficial, que se niega a dar a conocer la querella, este jueves trascendió que la denuncia penal estaría dirigida contra unos 25 integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental. Se trataría de los dirigentes más rebeldes, quienes acusan al oficialismo de abandonarlos en su lucha contra la pastera Botnia, según la publicación de Clarín.com.

De acuerdo a lo poco que reveló el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la presentación ante la Justicia se identificaba "con nombre y apellido" a "aquellos que con su conducta han permitido por acción o por omisión la comisión de delitos".

Entre los delitos enunciados por Fernández figuran los siguientes: "Entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito".

Este jueves el jefe de Gabinete ratificó que el corte de los asambleístas es un "capricho" y advirtió que la Justicia "va a tener que tomar cartas en el asunto".

A todo esto, y mientras en Concepción del Uruguay la fiscal Milagros Squivo analizaba los argumentos del Gobierno para impulsar la denuncia, los abogados de la Asamblea Ciudadana Ambiental trabajaban en las últimas horas para conseguir algunas precisiones.

En este marco, la fiscal Squivo había evitado pronunciarse sobre el eventual desalojo de la ruta y derivó la decisión en el juez subrogante Gustavo Pimentel, quien en el martes dictó el fallo que ordenaba al Gobierno garantizar la libre circulación en la ruta.

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Argentina: Caso Margarita Belén. El comienzo de la historia

Marcos Salomon (EL DIARIO DE LA REGION - MOMARANDU)

Sucedió ayer, aunque sólo declararon tres de los nueve imputados. Horacio Losito fue el más elocuente y contundente, al punto de negarse a brindarle datos al Tribunal. Continuaron duros cruces entre defensa, querella y fiscales. Las audiencias continuarán el próximo miércoles.

La agitada y caliente audiencia de ayer, en el marco del juicio por la Masacre de Margarita Belén, comenzó antes del debate, cuando los gendarmes que custodian el lugar no le permitieron a la familia Piérola sentarse en la primera fila de las butacas que usan los familiares de los nueve imputados. Ya en el juicio propiamente dicho, todo comenzó con la lectura de la resolución del Tribunal Oral Federal rechazando todos los planteos de nulidades realizados por la defensa (oficial y particular) de los imputados.

Después, la audiencia estuvo cargada de emotividad, ya que fue la primera vez en la historia en que los represores fueron sentados formalmente en el banquillo de los acusados. Al revés del planteo del filósofo Francis Fukuyama, que hablaba del fin de la historia, en esta jornada se puede afirmar que comenzó la historia chaqueña que hasta ahora nunca había sido ventilada con tanta contundencia.

Al banquillo

La presidenta del Tribunal Oral Federal, Gladys Yunes, les leyó a los imputados de qué están acusados, luego, los sentó, por primera vez, en el banquillo de los acusados para hacerles preguntas formales, para después dejarlos elegir entre la abstención y la oportunidad de declarar.

Uno a uno fueron pasando por el banquillo los imputados: Ernesto Simoni, Luis Alberto Patetta (también procesado por la Causa Caballero), Alfredo Chas, Horacio Losito, Ricardo Reyes, Jorge Carnero Sabol, Athos Rennes, Aldo Martínez Segón y Germán Riquelme.

Salvo Losito –visiblemente exaltado y el primero en decir que iba a declarar- y Martínez Segón que aprovechó para dejar aclarado que en 1998 no llegó a coronel porque en el Senado de la Nación rechazaron la recomendación del Ejército por estar vinculado a la Masacre de Margarita Belén.

Exaltado

En un duro cruce con la jueza Yunes, Losito se negó a ventilar datos personales porque “hay una fuga de seguridad” y advirtió que puede perjudicar a su familia. Si bien no se entendió a qué se refería, le dijo al Tribunal: “Mire los portales”. Y el clímax llegó cuando disparó: “Es todo lo que voy a responder, si quiere, procéseme”.

De inmediato, Yunes lo llamó al orden y también tuvo que intervenir porque, una desprevenida reportera gráfica (Belén Pucheta) del portal Diario Chaco trató de tener la instantánea histórica de Losito sentado en el banquillo. La jueza le pidió que deje de sacar foto y todo continuó normalmente.

Declaraciones

En sus declaraciones, Losito (leyó un jugoso escrito –ver aparte-), Riquelme y Simoni –en ese orden- se declararon inocentes de todos los cargos que se les imputa. Salvo en el primer caso, el trámite fue bastante ágil y rápido.

Finalizado el trámite –y cuando por fin el querellante Mario Bosch pudo apagar la alarma de su celular-, Yunes anticipó que el juicio continuará el próximo miércoles 16, a las 8.30, con los primeros testigos, en base a una lista armada para todo el mes. También anticipó que algunas declaraciones se tomarán a través de videoconferencias.

El final fue tranquilo, por ejemplo, el ex policía Chas salió caminando sin custodia entre familiares de víctimas y victimarios y sin recibir agresiones ni insultos. Como siempre, los represores –que en este cuarta audiencia volvieron a cambiar su ubicación, salvo Losito que sigue sentado al frente- fueron despedidos con un escrache.

El gran provocador. “Defiendo mi libertad y mi honor” Horacio Losito, que parece ser el director de la orquesta, leyó un escrito marcado con resaltadores a manera de declaración y se limitó a respetar la letra escrita en el papel. Comenzó pidiendo disculpas Gladys Yunes, en su calidad de dama, pero no retiró sus dichos.

Comenzó diciendo: “No sé de qué conducta se me acusa”. También negó haber sido oficial de inteligencia en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes (en esta provincia fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en otra causa distinta a la Masacre): “Y me atengo a los reglamentos militares”. Y señaló que en el Tribunal Militar, la declaración se la tomó un superior en la cadena de mandos.

Luego, disparó contra todos: primero, cuestionó “la cantidad de fiscales y querellantes”; segundo, le pegó al fiscal general Jorge Auat: “Dice que le pusimos cepo a la historia, no sé qué tengo que ver yo con el cepo”; tercero fue contra fiscales y el querellante Mario Bosch: “Quiero que se les prohíba usar mi nombre” cuando pueden usar otros. “No sólo está en juego mi libertad, sino mi honor”, justificó.

Con el querellante Bosch parece tener una cuestión personal, porque nuevamente lo culpó de “no poder concentrarse” en las primeras jornadas del juicio (cuando se leyeron los requerimientos y el auto de elevación a juicio), ya que el abogado querellante “se para y se sienta a cada rato”.

Aún más extraño fue cuando Losito arremetió contra el registro audiovisual del juicio, a cargo de la Dirección de Cine del Instituto de Cultura por encargo del INCAA. “Hay una cámara (filmadora) muy cerca, cada vez que hablamos o gesticulamos nos enfoca y no estoy acostumbrado a ello –ni quiero estarlo-”, hecho que también le quita concentración.

Y finalizó con un extraño pedido –o no tanto-: que durante las declaraciones testimoniales se lo siente en un lugar donde pueda ver a la cara a los testigos. Correctamente, antes de comenzar la audiencia saludó a la prensa y al finalizar también se despidió amablemente de Bosch.

Fotito

Una media hora antes del inicio del juicio, familiares de los imputados hacían fila para ingresar a la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal, en el tercer piso. Justo enfrente, sentado en un banco de la plaza 25 de Mayo, uno de los periodistas que cubre el día a día de las audiencias, fumaba un cigarrillo sentado en un banco mientras hacía anotaciones.

Entonces, una mujer que se acercaba caminando lo advierte: “Mirá, te están sacando fotos”. Cuando el periodista levanta la mirada, pudo ver que familiares de uno de los imputados lo estaban fotografiando desde la vereda del Tribunal. Sin sonreír, se limitó a devolverle un gesto con los dos dedos en V.

Cruces calientes

Defensores y querellantes pidieron incorporar pruebas. El primero en hacerlo fue Carlos Pujol (aunque lo hizo al comienzo y fue cortado de raíz por el Tribunal). Al final de la audiencia, las partes pudieron hacer sus pedidos.

Concretamente, Pujol pidió al Tribunal que se le solicite al Senado de la Nación copia de la sesión en la que fue rechazado el ascenso de Aldo Martínez Segón: “Que no servirá tal vez para este proceso, pero sí para la apelación ante (el Tribunal de) Casación”.

En medio, tuvo una dura disputa con el fiscal general Jorge Auat, al punto que tuvo que intervenir la jueza Gladys Yunes. Auat pidió que no se acepte la prueba pedida por Pujol por considerarlo una “argucia sin utilidad para el proceso”. También salieron al cruce los querellantes Mario Bosch y Ataliva Dinani, basando su argumento en los mismos dichos de Pujol: “El propio defensor admitió que no tiene utilidad para este proceso”, señalaron. Pujol se defendía y contraatacaba, haciendo blanco en la figura de Auat.

A su turno, Bosch pidió que el Tribunal Oral Federal de Corrientes remita el escrito donde queda constancia de que Horacio Losito sí fue miembro de inteligencia del ex Regimiento de Infantería 9 (este Tribunal lo condenó a 25 años por crímenes de lesa humanidad). A lo que la defensa del imputado, pidió que se incorpore también un informe del Ejército.

El Tribunal rechazó los pedidos de nulidad

El Tribunal Oral Federal rechazó ayer todos los pedidos de nulidades presentados por la defensa de los imputados. La prensa pudo acceder a la resolución de los jueces, por la eficiente tarea de María Lucía Frangiolli y Francisco Rondán.

Gladys Yunes, que ayer tuvo mucho trabajo, aclaró que prácticamente todos los pedidos de nulidades ya habían sido resueltos durante la instrucción del juicio, pero igual argumentó la posición del Tribunal:

Nulidad del requerimiento de elevación a juicio por afectación del principio de congruencia: ya había sido resuelto en 2009. En definitiva, los jueces consideraron que el auto de elevación así como las requisitorias fiscales y de las querellas “contienen las formulaciones y recaudos procesales suficientes”.

Nulidad por utilización de las declaraciones prestadas por los imputados en sede de la instrucción militar (Tribunal Militar): en todas las instancias previas al juicio fue rechazado este planteo. Este incidente también fue resuelto en 2009 contra la defensa. El Tribunal se basó en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Nulidad por violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable: también toma como punto de partida un fallo de la Corte y añade que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, agregando que este proceso se inició en 2003.

Nulidad de las actuaciones por inobservancia de lo prescripto en el artículo 12 de la Ley 24.121: los jueces toman como punto de partida el año 2003, cuando los imputados son “efectivamente sometidos a proceso”. Ratificó que los imputados serán juzgado según la Ley 23.984 que es “más garantistas” que otras normativas anteriores.

Nulidad de la participación como querellante de la familia Piérola: otro incidente que también fue resuelto en 2009. Para luego citar a la Corte: “… La jurisprudencia en proclive a ampliar el margen de actuación de la víctima en el proceso; y que de acuerdo a la normativa internacional tiene una situación similar a la del acusado por razones de igualdad en el juicio y acceso a la justicia”.

Nulidad del informe pericial del laboratorio Lidmo (Córdoba): tema también resuelto ya en 2009. En este caso, los jueces se remitieron a la argumentación que ya obra en el Expediente. Llegaron las pruebas

Por Secretaría se informó sobre el arribo de pruebas:

1. El Ejército, a través del Ministerio de Defensa, contestó que no tiene registro de un Peugeot 404 en el parque automotor del Grupo de Artillería 7 (hoy Base de Apoyo Logístico en la Liguaria, Resistencia). Según el Informe Final de la Legislatura chaqueña, en este automóvil fue puesto Carlos Sala, al que Luis Alberto Patetta le disparó a quemarropa en la cabeza, para luego ser fusilado por el resto de los participantes en la Masacre.

2. Llegaron los escritos pedidos por la Liga Permanente por los Derechos del Hombre: informe de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires y resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

3. Exhumación del cuerpo de Carlos Alberto Duarte (víctima de la Masacre), pedida por su hermano Ramón Obdulio. Se designó para tal tarea al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), más precisamente a Miguel Nieva, el perito que encontró e identificó a Alcides Bosch y Ema Cabral. Exhumación que se realizará el 7 de julio próximo en Puerto Esperanza (Misiones).

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Argentina, Chaco: Debate sobre el matrimonio gay en la UTN, “nadie, ni Dios va a prohibir que dos personas se amen”

CHACO DIA POR DIA

Así lo consideró uno de los expositores de la jornada del jueves, el periodista Paco Nicolás. Dijo que quienes estaban en contra del matrimonio gay utilizaban sólo argumentos religiosos.

Uno de los expositores más elocuentes de la sesión especial que realizó el Senado en Resistencia en el marco del debate del proyecto de ley sobre el matrimonio gay, el periodista de RADIO CIUDAD, Paco Nicolás, mostró su satisfacción por lo ocurrido este jueves en la UTN y aseguró que quienes se rechazaban el proyecto mostraron un discurso muy pobre.

“Cuando cierta gente expone única y exclusivamente conceptos religiosos también hay que dar la batalla en esos conceptos que ellos exponen”, comentó Nicolás en declaraciones a RADIO CIUDAD. El periodista español que conduce “Tertulia en Libertad”, explicó que su exposición rodeó, justamente, la cuestión teológica, como una forma de “batallar” en el campo que quienes están en contra del matrimonio gay establecieron.

“Por ahí fue mi exposición, hablando sencillamente del amor que dos personas pueden sentir o sienten y que nadie ni Dios va a prohibir que dos personas se amen. La batalla de las ideas hay que darlas donde se las propongan”, aseguró Nicolás. “Estaba claro que dentro del respeto que hubo en la defensa de cada uno de sus ideas, la gente que hablaba en contra casi en su totalidad, en un 92% de los intervinientes de este tema religioso, y daba la impresión de que llevaban cada uno de ellos la lección aprendidita y era bastante sencillo el poder debatir con ellos hasta el punto de que personalmente no hubo ninguno que intentara en lo más mínimo rebatir los conceptos que vertimos”, recordó el periodista.

En esta línea teológica, Nicolás pidió a quienes argumentan cuestiones de tipo religiosas para ponerse en contra del matrimonio gay, que lean las sagradas escrituras con la mente abierta. “Lo que le pediría a la gente es que no tengan miedo en absoluto en leer la Biblia con la mente abierta porque Dios es mucho más inteligente que todos nosotros juntos. Cuando creó al hombre y a la mujer para perpetuar la raza tuvo en cuenta que había papás y mamás que iban a fallecer por lo tanto tendría que haber gente que pudieran adoptarlos”, señaló.

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Ecuador: El gobierno de Rafael Correa reabrirá casos de violación a derechos humanos

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El ministro de gobierno de Ecuador, Gustavo Jalkh, dispuso la reapertura de todos los expedientes administrativos disciplinarios de la Policía, relacionados con casos de violación a los derechos humanos.

"Se dispone a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que aún cuando hubiese transcurrido el tiempo procesal de investigación, se reabran todos aquellos casos (...) en los que se constate que han sido cerrados y archivados sin una adecuada investigación", sostuvo el ministro.

El pasado lunes, la Comisión de la Verdad de Ecuador, designada por el presidente Rafael Correa, presentó un informe en el que da cuenta de las 831 violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado en el país durante los últimos 24 años.

El informe, de unas 2.400 páginas divididas en cinco volúmenes, ofrece testimonios y pruebas de los 118 casos en los que se registraron violaciones a los derechos humanos.

También se señala la responsabilidad de más de 400 autoridades, entre policías, militares y civiles, explicando los abusos en que incurrieron, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias, todo, entre 1984 y 2008.

El funcionario dispuso reabrir los casos en donde aparezcan nuevos elementos que pudieran llegar a determinar posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas de miembros policiales, para derivarlas a las autoridades pertinentes.

"Esto va en función del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad (...) Pone en marcha también una estrategia para luchar contra la impunidad", puntualizó Jalkh.

Estas declaraciones fueron realizadas durante la entrega de un manifiesto por parte de activistas del Comité Ecuatoriano contra la Impunidad, en el que solicitan la investigación y sanción a los miembros activos de la Policía nombrados en el informe final de la Comisión de la Verdad.

"Hemos querido hacer la primera visita al Ministerio de Gobierno porque desde aquí se dieron las órdenes para asesinar y torturar en el periodo 1984-1988".

Respecto de los casos, Mireya Cárdenas, del Comité Ecuatoriano contra la Impunidad,explicó que han sido investigados por la Comisión de la Verdad. La conslusión, dijo, fue "que se cometieron delitos de lesa humanidad".

Según la información recabada por los integrantes de la Comisión, el 55,1 por ciento de los hechos se registró durante el gobierno del ya fallecido León Febres Cordero, entre 1984 y 1988, cuando se contabilizaron 32 ejecuciones extrajudiciales y 12 atentados contra el derecho a la vida.

Además, en ese mismo periodo, se registraron también nueve desapariciones forzadas, 214 privaciones ilegales de la libertad, 275 víctimas de tortura y 72 hechos de violencia sexual.

En el acto oficial de presentación del informe, al que asistieron numerosas autoridades, Rafael Correa afirmó que el documento contribuye a encontrar la verdad, toda vez que su Gobierno se plantea "acabar con la impunidad".

Está "prohibido olvidar", señaló el mandatario, quien, en nombre de Ecuador, pidió perdón a las víctimas y aseguró que en el país se tendrá una "posición indeclinable en contra de la impunidad".

Los responsables tendrán que "rendir cuentas de su infamia; tienen que ser juzgados y pagar por sus crímenes de lesa humanidad", subrayó.

El mandatario del país andino consideró que, tras los resultados del informe, el gobierno no va a "disfrazar cobardías con falsas prudencias".

"Las acciones y penas de torturas, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia son imprescriptibles y no son susceptibles de indultos o amnistías", advirtió.

"En el nuevo Ecuador, el gobierno asume el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos (...) el ánimo no es el de abrir antiguas heridas (...) lo que buscamos es que nunca más se vuelva a herir", dijo.

En ese sentido, aseguró que en el comienzo de este proceso judicial, el Ministerio de Justicia hará un seguimiento "de todos los casos".

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