jueves, 17 de junio de 2010

Israel y la inminente amenaza de guerra nuclear

Ángel Guerra Cabrera (especial para ARGENPRESS.info)

La cuarta ronda de sanciones del Consejo de Seguridad (CS) de la ONU contra Irán por supuestas violaciones al Tratado de No Proliferación Nuclear es un paso peligrosísimo hacia la agresión con armas nucleares al país persa.

Hace por lo menos cuatro años que el liderazgo israelí y sus socios neoconservadores en Washington vienen gestando este ominoso proyecto, al que han logrado arrastrar, consciente o inconscientemente, a buena parte de la elite estadounidense, y al Pentágono, que no tardó en poner a punto los planes de ataque. No es casual que precisamente días después de aprobarse la resolución, trascendiera la autorización otorgada por la monarquía saudita para que los aviones militares del Estado hebreo utilicen su espacio aéreo, no hace falta añadir que en su ruta de ataque contra los centros nucleares de Teherán. Pese a las brutales presiones que ejerció, Estados Unidos no pudo conseguir esta vez la unanimidad de las resoluciones anteriores contra Irán puesto que en un gesto que hizo historia Brasil y Turquía votaron en contra y el pequeño Líbano se abstuvo. Por su parte Rusia y China, aunque lograron debilitar el borrador estadounidense tras meses de negociaciones, al final votaron junto a Estados Unidos y demás miembros permanentes del CS, lo que ha provocado desconcierto en muchos observadores sobre todo porque el texto aprobado y sus implicaciones atentan contra vitales intereses comerciales y geopolíticos chinos y rusos en Irán y en toda el área del sur de Asia. En cambio, el acuerdo logrado en Teherán por Brasil y Turquía era un elemento de distensión que daba una oportunidad única a la negociación, la diplomacia y la paz y ello explica que fuera rechazado de inmediato por Washington y Tel Aviv.

Por su parte, Irán permanece firme y altivo en su postura y crece aún más ante los pueblos del Tercer Mundo como ejemplo de independencia ante los designios de Estados Unidos y de las grandes potencias. Mientras es ampliamente conocido que Israel posee no menos de 400 ojivas nucleares al margen del derecho internacional y se niega a firmar el Tratado de No proliferación Nuclear, Irán es un destacado signatario del mismo, declara que su programa atómico es con fines pacíficos y es el país que se ha sometido a más inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. De modo que es escandalosa y el colmo de la hipocresía la proclamación como gran objetivo de Washington de un Medio Oriente libre de armas nucleares cuando calla sobre el arsenal nuclear de Israel.

Las nuevas sanciones no le harán mayor daño a Irán, que está habituado a enfrentarlas desde hace décadas, pero contribuyen a incrementar el clima sicológico apropiado para lanzar el ataque que buscan Israel y los neoconservadores contra la república islámica. Respecto a esta grave amenaza y en medio de la mediocridad y la banalidad que predomina en una mayoría de jefes de Estado nadie ha puesto el dedo en la llaga como Fidel Castro en cuatro artículos publicados en el sitio web Cubadebate entre el 1 y el 10 de junio en los que también analiza la situación de la península coreana tras el extraño hundimiento de la corbeta Cheonan, de la marina de Seúl, todo parece indicar que por un grupo de operaciones especiales de Estados Unidos. Afirma Fidel: “existe un…grave problema para el cual Estados Unidos no tiene respuesta posible: el conflicto en torno a Irán. Es algo que se veía venir claramente desde que el presidente Barak Obama pronunció su discurso el 4 de junio de 2009 en la Universidad islámica de Al-Azhar, en El Cairo”. Añade: “Israel no se abstendrá de activar y usar con total independencia el considerable poder nuclear creado por Estados Unidos en ese país. Pensar en otra cosa es ignorar la realidad”. Continúa: “Hoy los cientos de cohetes con ojivas nucleares apoyados por los aviones más modernos que le suministra Estados Unidos (a Israel) amenazan la seguridad de todos los Estados de la región, árabes y no árabes, musulmanes y no musulmanes que están al alcance de sus proyectiles, que pueden caer a pocos metros de sus objetivos.” Israel, afirma Fidel, ansía “repetir la historia de Mossadegh en 1953 o llevar a Irán a la edad de piedra, una amenaza que gusta al poderoso imperio en sus tratos con Pakistán”.

Queda poco tiempo y sólo la unión de muchas voluntades podría impedir el golpe a Irán y el incendio del mundo por la pandilla fascista que gobierna Israel.

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Bombas atómicas: A por ellas

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Tal vez porque puso fin a la más grande y cruenta de las guerras y porque al no existir la televisión pasó mucho tiempo antes de que las imágenes de Hiroshima y Nagasaki se divulgaran, las explosiones nucleares fueron recibidas con júbilo en los Estados Unidos, convirtiendo a Harry Truman en el héroe que nunca fue y, hasta ese momento, en el más popular de los presidentes norteamericanos.

Para muchos estadistas, generales y almirantes y para los fabricantes de armas, la bomba atómica se convirtió en el máximo símbolo de poder y poseerla se transformó para unos como la Unión Soviética en una necesidad de supervivencia y para otros en una ambición, un sueño o una meta. En menos de dos décadas los cinco grandes eran potencias nucleares.

Aunque no hubo acuerdo entre ellas, las potencias nucleares no permitieron que las bombas atómicas entraran en los circuitos comerciales y se vendieran como se venden los tanques, los aviones, los submarinos e incluso los cohetes. Si bien entre los aliados occidentales hubo intercambios de información y la Unión Soviética se las arregló para de forma irregular obtener algunos secretos, cada país llegó a la bomba por sus propios caminos; tal como había previsto Oppenheimer: “La física no pudo ser mantenida en secreto”.

La existencia de la bomba atómica y la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, países cuyos centros vitales están separado por unos 8000 kilómetros, sumó a la carrera atómica la del desarrollo de los medios portadores: cohetes, aviones de gran radio de acción y submarinos de considerable autonomía.

En 1957 un cohete soviético salió al espacio exterior y puso en órbita el primer satélite artificial el “Sputnik y en 1958 un norteamericano llevó al cosmos al “Explorer 1”. Desde entonces, cualquier punto de la tierra estuvo al alcance de la cohetería.

En 1954 Estados Unidos botó el “Nautilus” primer submarino de propulsión nuclear y en 1960 se incorporó a la armada la versión militar armados con cohetes balísticos con cabezas nucleares. En 1961 la Unión Soviética puso en servicio el famoso K-19. Los actuales submarinos nucleares pueden navegar alrededor de un millón de kilómetros sin ser reabastecidos y disparar desde las profundidades oceánicas cohetes intercontinentales hasta con diez cabezas atómicas.
A la escasa difusión del arma nuclear contribuyeron, las revelaciones de las consecuencias del bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki, que se filtraron por entre la ganga propagandística, cosa que unida al enorme costo que implicaban y sobre todo al hecho de que poseer bombas atómicas automáticamente convertía cualquier país en blancos nucleares, frenaron aprestos atómicos.

A la no proliferación ayudó también la constitución de los dos grandes bloques militares de la Guerra Fría: la OTAN en abril de 1949 y el Tratado de Varsovia el 14 de mayo de 1955 mediante los cuales, los Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente, colocaron bajo sus sombrillas nucleares a sus aliados aunque para ello, en muchas ocasiones, establecieran bases atómicas en sus territorios.

No obstante, la proliferación nuclear avanzó precisamente desde países pobres a los cuales la historia colocó en coyunturas políticas signadas por la confrontación con sus vecinos, como fueron la India, Pakistán y Corea del Norte, mientras otros como Israel y la Sudáfrica racista, las procuraron por intereses hegemónicos y perfiles agresivos más que por justificaciones reales.

En su momento, antes del Tratado de No Proliferación, varios países desarrollaron acelerados y avanzados programas nucleares, entre ellos estuvieron: España bajo el régimen de Franco, Polonia y Rumania, donde durante el gobierno de Nicolae Ceausescu se desarrolló un programa nuclear secreto, abortado con el derrumbe del socialismo real.

Un país que avanzó considerablemente en el desarrollo de armamentos nucleares fue Suecia, empeño frenado en seco con la llegada al poder de los gobiernos socialdemócratas que interrumpieron los programas de investigación nuclear de aplicación militar, camino seguido por Suiza y Yugoslavia.

En América latina, Argentina una pionera del desarrollo atómico; a fines de la década de los setenta, bajo la dictadura militar adelantó un programa de armas nucleares, empeño abandonado con la llegada de la democracia. En 1995 ese país se adhirió al Tratado de No Proliferación.

Brasil actualmente una potencia en la industria nuclear de designación civil, capaz de realizar el ciclo completo del uranio y fabricar reactores y centrifugas y pronto también submarinos atómicos, fue otros de los países que bajo gobiernos militares ilegítimos desarrolló un plan para dotarse de armamento nuclear, propósito cancelado en 1985. En 1998 el Presidente Fernando Enrique Cardoso firmó el Tratado de No Proliferación.
En el Medio Oriente y África del Norte, Egipto, Libia, Arabia Saudita, e Irak, tuvieron programas avanzados para la producción de armamento nuclear renunciando posteriormente a ellos. En Asia lo hicieron Japón, Corea del Sur, Malasia y Taiwán.

En los años noventa, la disolución de la Unión Soviética que disponía de facilidades nucleares y miles de bombas, cohetes, aviación estratégica y bases de submarinos desplegadas en sus ex repúblicas que, bajo enormes presiones económicas y variados conflictos políticos y étnicos alcanzaron la independencia, produjo una proliferación automática.

Afortunadamente, con alguna colaboración económica de occidente el problema fue resuelto por la madurez y la responsabilidad con que actuaron tanto las autoridades rusas como las de Belarus, Kazajistán y Ucrania a los cuales la independencia convirtió en estados nucleares. Con el fin del apartheid desaparecieron de Sudáfrica las armas atómicas.

Pese a que circunstancialmente surgen opiniones que critican el hecho de que el Tratado de No Proliferación no haya favorecido el desarme nuclear y algunos líderes y círculos de opinión consideren injusto que unos países posean armas atómicas y a otros se les prohíba, no cabe dudas de que se trata de un instrumento útil y eficaz al cual más que atacar habría que fortalecer y perfeccionar.

Actualmente, en materia nuclear, la más peligrosa situación es protagonizada por Israel que amparado por veto norteamericano en el Consejo de Seguridad, fuera del tratado de No Proliferación ha desarrollado impunemente un vasto programa de armas nucleares y amenaza con utilizarlas.

Asociado a este hecho y algunos elementos derivados de la adquisición de tecnologías de nucleares consideradas como de doble propósito como son las capacidades para el enriquecimiento del uranio a elevados rangos, han hecho a las potencias del Consejo de Seguridad sospechar que Irán, bajo cobertura civil persigue un programa de creación de armas atómicas, cosa que el Estado persa niega enfáticamente.

Tras siete años de acusaciones y alegatos defensivos, inspecciones y compromisos no cumplidos y cuando parecía que la intervención del presidente Lula y del primer ministro turco Endorgan, que lograron un acuerdo bueno como programa mínimo, bajaría la presión, ocurrió lo contrario. La República Islámica de Irán perdió sus únicos aliados cuando Rusia y China se sumaron a occidente para sancionarlo.

Aunque no lo parezca, las sanciones y la soledad pueden inspirar las reflexiones del alto mando iraní que pudiera tratar de maniobrar para sacar presión a la caldera y ponerse a salvo de un ataque masivo israelí. En definitiva la guerra que más contundentemente se gana es aquella que se evita. Hay otros puntos de vista y también emociones peligrosas.

Allá no vemos.

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Jubilaciones: El único "no pago" de los Kirchner

Marcelo Ramal (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno, que se jacta de “cumplir con todos los compromisos de deuda”, tiene entre manos un solo e implacable default: el que ejecuta contra cinco millones y medio de jubilados.

Por debajo de la línea de pobreza

Más de las tres cuartas partes de los jubilados argentinos perciben el haber mínimo de 895 pesos; es decir, no cubre ni la mitad de la “canasta básica” de un jubilado, que alcanza los 2.000 pesos. En las últimas décadas, los sucesivos gobiernos liquidaron cualquier principio de movilidad de las jubilaciones de acuerdo con el salario, lo que provocó, sólo entre 2002 y 2006, la pérdida de una tercera parte de su valor. A su turno, la “prestación básica universal”, PBU, una suma fija que perciben todos los jubilados, permaneció congelada durante casi diez años. Desde 2009, el gobierno aplica una ley de “movilidad jubilatoria” que condiciona los aumentos a la evolución del salario -medida por el “IndeK”- y a la recaudación de la Anses, considerando el menor de estos dos indicadores. Como resultado de esta “movilidad”, los jubilados recibieron en su último ajuste semestral un 8,2%, cuando la inflación real resultó del doble. La situación se agrava por las sumas en “negro”. Peor les fue a los miles de jubilados docentes de la Capital, que se han puesto en pie de lucha, pues sólo recibieron un ajuste de 0,98 % (!), como resultado de de un sistema especial de movilidad aún más fraudulento. En idéntica situación se encuentran los docentes de otras diez provincias.

Amansadora judicial

Los haberes de miseria han empujado a miles de jubilados a emprender juicios contra el Estado. En 2007, la Corte impuso la actualización de los haberes de acuerdo con el salario para el período 2002-2006 (fallo Badaro). Esa resolución debía conducir a su extensión automática a todos los jubilados afectados. En cambio, los “nacionales y populares” dejaron que los juicios recorrieran, uno por uno, la larga amansadora de los tribunales. Ya existen más de 360.000 jubilados esperando sentencia. A eso debe añadirse luego la apelación de la Anses contra los fallos. Pero en muchos casos, el jubilado debe iniciar otro juicio contra la negativa de la Anses a hacer efectiva la sentencia. Un especialista previsional lo calificó como “un sistema armado para desincentivar la demanda, con la esperanza de que el desgaste de tiempo, recursos y años ‘filtre’ los procesos y el Estado, en última instancia, pague menos” (Ambito Financiero, 15/6). En las últimas horas, un nuevo fallo, en este caso de la Cámara de la Seguridad Social, dispuso la actualización de la “prestación básica” durante los años que permaneció congelada. De acuerdo con ello, la “PBU” debería aumentar cinco veces. Pero el gobierno ya anunció que el fallo será apelado, porque “la Anses no podría pagar ese aumento a todos los jubilados”.

La otra cara

Horas antes, el titular de la Anses declaraba, sin pudor, que el “Fondo de sustentabilidad previsional” (los fondos acumulados del sistema jubilatorio) aumentaron un ¡52%! durante el último año y medio. ¿A que se aplicaron? El 61% del “fondo”, unos 91.000 millones de pesos, está colocado en títulos de la deuda pública. El Tesoro no cancela estos bonos a su vencimiento. Renueva la deuda con nuevos títulos, en condiciones leoninas para la propia Anses. Por caso, el Congreso investiga la suscripción de un bono - el Bonar 14- por el que se que se pagó un 50% más que su valor de mercado. El aumento de la deuda -en pesos- del Tesoro con la Anses marcha de la mano del pago de la deuda externa -en dólares (a esto, el gobierno lo llama “desendeudamiento”). Mientras tanto, los préstamos baratos a grupos privados no pararon de crecer. Entre los “rescatados”, se encuentran los que recibieron las energéticas Epec y Emgasud por casi 500 millones de dólares, cuyos beneficiarios se declararon en cesación de pagos. También los fondos específicos (fideicomisos) que financian el consumo en cuotas a intereses usurarios. Desde los títulos públicos al crédito privado, la deuda creciente para con la caja de los jubilados está en pesos. O sea que se desvaloriza, a diario, con la inflación. Pero podría ser literalmente pulverizada en el caso de una devaluación. En previsión de ese vaciamiento de la Anses, el gobierno “nac & pop” está ejecutando lentamente un default contra los jubilados.

Intervengamos

En esa línea, aparecen voces que proponen aumentar la edad jubilatoria, para evitar una “crisis previsional” que atribuyen a las “tendencias demográficas” (Instituto Idesa, 13/6).

Pero los fondos jubilatorios no son arrasados por la demografía sino por el rescate del capital. Lo que está planteado no es un retroceso de las conquistas obreras, sino una reorganización social a costa de los vaciadores de la Anses; o sea, de la clase capitalista. En oposición al despojo jubilatorio, planteamos una gran acción política en los distritos, en los sindicatos y hacia toda la población por: 1) 82% móvil para todos los jubilados; 2) ninguna jubilación por debajo de los 2.000 pesos, la “canasta básica jubilatoria” definida por el Defensor del Pueblo; 3) administración de la Anses a cargo de representantes electos de trabajadores y jubilados; 4) no pago de la deuda externa.

Fuente imagen: Presidencia de la Nación

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Argentina, Malvinas: Crónica de un final anunciado (Parte III)

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

Como señalábamos en el artículo anterior, las diferencias al interior de la cúpula militar determinan que el Dictador Galtieri, en una clara “huída hacia delante”, decida adelantar la fecha para el desembarco en las Islas, desoyendo, además, las indicaciones de la Casa Blanca.

En esa mañana de otoño, el 2 de abril de 1982, se inició la llamada “Operación Rosario” con el desembarco del primer contingente de tropas argentinas en Puerto Stanley, luego rebautizado como Puerto Argentino. Luego de algunos combates, que causaron las primeras bajas en el contingente, y después de algunos días asumió la gobernación de las Islas el genocida General Mario Benjamín Menéndez que, con la arrogancia que lo caracterizaba, aseguraba que esta ocupación era definitiva y que resistirían el embate de los “piratas”.

Washington, ante la decisión galteriana cambia su ropaje belicista y trata de transformarse en mediador, pero aparecen una serie de imprevistos, -las sorpresas de la historia- que le imprimen a los acontecimientos un rumbo distinto.

La premier inglesa -Margareth Thacher-, cuyo sustento es un electorado conservador que sueña con reconstruir el viejo imperio colonial, y sobre cuya cabeza pesan los mártires recientes de la resistencia irlandesa, como Boby Sands, no había participado de las componendas ni de las conversaciones sugeridas por el ex Canciller inglés Sir David Rowland, por lo que decide constituir un gabinete de guerra, solicitándole la renuncia el Canciller Lord Carringthon. Al mismo tiempo envía la Armada Inglesa al Atlántico Sur para castigar el “atrevimiento argentino”.

En esta decisión también pesa la preocupación de algunas naciones europeas que tiene posesiones de ultramar y que no desean que se reproduzcan los “malos ejemplos”.

Este supuesto “acto de soberanía” resultaba poco creíble, si observábamos que en el gabinete de la dictadura aparecían connotadas figuras vinculadas a las trasnacionales como el Canciller Nicanor Costa Méndez -abogado de cuatro empresas británicas- y el ministro de Economía Roberto Alemán, representante de la Unión de Bancos Suizos.

Tampoco se había seguido el procedimiento habitual -la ruptura de relaciones con Inglaterra-, y por otra parte, se les había dado todo tipo de garantías a las empresas británicas que operaban en el país.

En este contexto la contienda parecía una farsa, y a la vez una tragedia que causaría, en el corto lapso que durara la ocupación y los combates, centenares de muertos, miles de ex combatientes que aún ahora padecen de traumas de todo tipo y que reclaman, sin ser escuchados, que se castigue a los responsables de esta “aventura”, y se evite la “desmalvinización”.

Pero volvamos al escenario de aquellos primeros días. Ante la reacción de la Thatcher y el apoyo de la NATO la Casa Blanca rediscute la situación, decidiendo que no puede seguir apoyando al dictador argentino, pese a que este estaba cumpliendo muy bien con lo acordado respecto a la presencia de “asesores” militares en Centroamérica, ya que, esta situación, ponía en riesgo alianzas más estratégicas como son las que tenía acordadas con los países europeos.

En esos años yo estaba asilado en Nicaragua. Había llegado a esa tierra de “lagos y volcanes” a los pocos meses del triunfo de la Revolución Sandinista, con el objeto de integrarme y colaborar con el proceso de transformación que llevaba adelante el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Nuestros compañeros, encabezados por Enrique Goarriarán Merlo, habían participado en la guerra de Liberación en el Frente Sur y cumplían funciones en diversos organismos del gobierno revolucionario. Dada mi condición de abogado pasé a integrar el cuerpo de asesores legales del Ministro de Justicia.

En los primeros meses de 1982, en dicho Ministerio realizamos una información sumaria en una población muy pequeña en la frontera con Honduras que había sido atacada y ocupada por ex guardias nacionales somocistas, dirigidos por un oficial “que hablaba como usted”, como me dijo uno de los habitantes de ese lugar, que sufriera serias heridas en el ataque. De esa forma el dictador Galtieri cumplía con Washington.

Volvamos a Buenos Aires en aquellos días lluviosos de aquél otoño imposible de olvidar.

Los servicios de inteligencia norteamericanos detectan, hacia el interior de las fuerzas armadas argentinas, un sector liderado por el mencionado Mario Benjamín Menéndez, que está decidido a no transigir con los ingleses, para de esa forma acumular prestigio en la oficialidad y desplazar a Galtieri.

Mientras algunos dirigentes políticos, sindicales y personalidades acompañan al dictador en su viaje a Puerto Argentino -el peronista Deolindo Bittel, el radical Carlos Contín, los sindicalistas Saúl Ubaldini y Jorge Triacca, entre otros- se producen importantes movilizaciones populares con claras consignas antiimperialistas y antidictatoriales.

Este cuadro determina que finalmente el Pentágono se pase, con “armas y bagajes” al lado de los ingleses y respalde la decisión de estos de recuperar militarmente las Islas.

La resolución de la Casa Blanca aumenta, aún más, el desconcierto de los mandos militares argentinos, que embarcados en una operación que pensaban que iba a lograr su cohesión interna, la ampliación del consenso popular y la retirada táctica ordenada se ven en un callejón sin salida, que profundiza sus diferencias.

Por supuesto que, pese a los discursos de tono anticolonialista de los representantes de la Dictadura en los foros internacionales -que confunden a algunos militantes populares -, y a la actitud dócil y complaciente de algunos dirigentes políticos, la mayor preocupación del dictador es que se estaba tratando al país como una “republica bananera”, y se los estaba “alejando de Occidente”, siendo -como dijera Costa Méndez- que los “argentinos somos arios, blancos y casi europeos”.

Dejamos el final para la próxima y última nota de este trabajo dirigido a que no olvidemos.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex director del diario “El Mundo” y de la revista “Nuevo Hombre”.

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Nunca más un río manso

Alfredo Grande (APE)

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“La Corte de La Haya estableció que el Tratado del río Uruguay había sido violado. Funcionarios de Argentina y Uruguay piensan que el tratado “algo habrá hecho”
(aforismo implicado)

Los abogados de la asamblea de Gualeguaychú van a presentarse el lunes en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para tomar vista de la denuncia del Gobierno contra el corte. “Queremos saber quiénes son los denunciados, porque hasta ahora sólo tenemos rumores, algunos hablan de 25 personas, otros de diez o de once”, dice Luis Leissa, integrante del equipo legal de la asamblea. De todas maneras, consideran que éste “no es un conflicto que se vaya a resolver en el plano judicial”, sino que debe tener una salida política.– Como lo hizo notar el propio juez, la fiscalía hace tres años que no actúa, que no impulsa la causa contra el corte de ruta, ¿cómo vamos a cometer desacato o resistencia a la autoridad? Sorpresivamente, ahora el Ejecutivo nacional se constituye en querellante y criminaliza la protesta. De ambientalistas pasamos a delincuentes Por Laura Vales
El Gobierno ratificó ayer su decisión de impulsar “la vía judicial” para tratar de forzar a los ambientalistas a levantar el corte del puente binacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos. “No vamos a seguir con los palos, vamos a ir con la ley. La estrategia del Gobierno es la Justicia. Esto lo tendrá que resolver la Justicia porque el mantenimiento del corte supone una violación a las normas y al Código Penal”, aseguró el ministro de Justicia, Julio Alak, en diálogo con Página/12. Alak es uno de los firmantes –junto con la Presidenta, obviamente– del decreto simple que habilita al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a representar al Estado como querellante ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Según pudo saber Página/12, en la demanda que el Estado presentó ante el juzgado de Pimentel están imputados diez –no más, tampoco menos– reconocidos miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
(Por Martin Pique - Pagina 12 13-06-10)

Cada época reprime según su horizonte de posibilidad. “A dios rogando, con el mazo dando, con la justicia amasando”. Después del Fallo (en realidad un fallido) que establece que Uruguay violó, pero no importa, la artillería del Gobierno Argentino es judicializar a los ambientalistas. Es simple, es claro, es UNASUR. Algunos pensarán que estamos mejor que antes, después de todo es mejor los tribunales, incluso ordinarios, que la crueldad aterradora de un centro clandestino. ¿Cómo no estar de acuerdo? Pero caemos en lo que se denomina “la ilusión de alternativas”. La alternativa: no reprimir, sencillamente no existe. Se discute la modalidad de la represión, nunca su necesariedad fundante, en el marco de la cultura represora. Es interesante que reprimir es justamente desalojar. El tema si es represión salvaje, culta, legal, no legal, es importante. Pero negar que es represión porque no hay palos, sencillamente es jugar a la impunidad política. Es represión de algo que es una causa de la Nación, de algo que fuera fogoneado desde el Poder Ejecutivo, de algo que estuvo al frente de la lucha contra una de las formas de los monopolios. Es curioso: celebraciones por la ley de medios, ahora zanjada la avivada de la absurda impugnación, se festeja hasta el delirio el 1 a 0 con Nigeria (un amigo compara a Diego Maradona con el Che), y esta lucha de hace varios años queda reducida a una causa penal y civil, marcando dirigentes. Sin espada, pero con la pluma y la palabra del Estado Represor. Y una de las formas mas sutiles de la represión, que es la reducción de las acciones tomadas por justa causa contra las leyes vigentes, solamente como delitos individuales. No buscan solamente liberar con dependencia pastera el paso del puente. Buscan humillar a los que sostuvieron la desigual batalla. Que también fue una batalla cultural, como lo es la lucha contra la minería a cielo abierto. El cantante Axel ahora si, mal que le pese a muchos, quedó a la izquierda del gobierno, cuando se pronunció en un recital ante 50.000 espectadores contra la explotación minera. Pero ahora el Estado Argentino es querellante contra los ciudadanos que defienden algo más importante que un Estado: defienden la integridad territorial de una Nación. Y no se trata de que Uruguay en la presencia de su Presidente acepte la inspección de la contaminación de la pastera. Uruguay violó y un violador nunca permite que las pruebas de la infamia queden en la maleta. No estamos frente a una empresa particular, como las que estropearon nuestro río de la plata, y sus afluentes principales. No es que alguien se olvidé de tapar una botella con cianuro. De lo que se trata, mal que le pese al Gobierno Provincial de Entre Ríos, al gobierno municipal de Gualeguaychú y al Gobierno Nacional., es de plantarse para sostener la verdadera seguridad. La que sostiene la continuidad de la vida y no la que sostiene la continuidad de los negocios por otros medios. Es doloroso comprobar que no solamente los imperialistas nos juegan sucio. Nuestros hermanos tomaron el Uruguay como su río trasero, y se olvidaron de un Tratado, ese si, que sellaba la amistad de naciones y de pueblos. Luego, naturalmente, aparecerán los “enemigos del pueblo”. Ya lo escribió Ibsen, cuando el Dr.Stokman que denuncia que las aguas del pueblo están contaminadas, es expulsado, entre otros, y no casualmente, por su hermano, el intendente. Y no se está repitiendo la historia como farsa, sino como la forma actual de la tragedia. Ahora también permitimos que masacren ríos. Y tierras. Y aire. Pues bien: los gladiadores de Arroyo Verde serán recordados como nuestros samurais. No serán los últimos, porque su ejemplo contagiará nuevas generaciones. Pero son los que defienden la única razón que permitirá que sigamos vivos, sin rendirse ante ninguna Razón de Estado. Con soledad y humillación también pretenden condenarlos, incluso algunos o muchos de los vecinos perjudicados por el bloqueo. El viejo truco de que la víctima es, en realidad, el victimario. Y siempre, siempre, comprobamos que la culpabilidad del victimario (Botnia, el Estado Uruguayo) se diluye en la culpa de la víctima. Asumida o no por los ambientalistas, pero metida a fuego de querella. ¿Es posible que nadie podrá socorrerlos? Al menos, intento mandarles desde esta columna, un abrazo. Porque sostienen al héroe colectivo, según enseñara Oesterheld, pero también, al colectivo de héroes, porque la tierra los necesita. Escribí que luego del Fallo Fallido quedaban dos caminos (ver La Corte de Troya): La Corte o El Corte. La legalidad o la legitimidad. La Ley de alguna Instancia Suprema, o la legitimidad histórica, política, ética, ambiental, colectiva de un pueblo que supo estar en armas, y que ahora han desarmado con plumas y palabras. Esta noche, habrá una asamblea, que tendrá su forma, pero no creo que su espíritu. Lo asambleario condicionado, amenazado, humillado, traicionado, es apenas una suma de voluntades indecisas, de temores difusos, de intereses sectoriales. Al menos, decidan lo que decidan estos guerreros ambientalistas, tengamos la mínima gratitud con ellos. Debemos honrarlos, debemos respetarlos, debemos agradecerles. Alguien hace tiempo se dio cuenta que la historia lo iba a absolver. No esperemos tanto. Al impedir que sean humillados como simples delincuentes, digamos en todos los espacios, sitios y sites posibles que sostenemos nuestra plena solidaridad con estos compañeros. Y que si la querella pretende probar que cometieron delitos, que también consideren que aplaudir esa lucha es apología del delito. Y que sigan querellando. Y querellando. La injusticia no logrará un río manso. Mas temprano que tarde, la batalla continuará.

Fuente imagen: APE

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Argentina, Entre Ríos: El corte de Arroyo Verde se levantará el sábado con una protesta en la banquina

ANALISIS - INFOALTERNATIVA

Tras horas de un intenso debate en el Club Frigorífico de Gualeguaychú, al que se acercaron más de 700 personas, la Asamblea Ciudadana Ambiental decidió levantar en 72 horas el corte de la Ruta Internacional Nº 136 que sostiene desde hace tres años y medio en reclamo de la relocalización de la pastera UPM-ex Botnia.

El desbloqueo se efectuaría por 60 días a la espera de gestos por parte de Uruguay y el gobierno argentino. La decisión tomada fue liberar la ruta y sostener la vigilia en las banquinas, a fin de continuar la lucha. Puntualmente, esa propuesta detallada por Raúl Almeida incluye: iniciar una tregua de 60 días, a cambio de que se garantice el cumplimiento del artículo 44 del Estatuto del Río Uruguay y lo dispuesto por La Haya sobre habilitar estudios en la planta; reclamar la difusión de las pruebas presentadas por el gobierno nacional ante la Corte Internacional de Justicia; aplicar el Código Aduanero; exigir acciones judiciales concretas por las cuales se pueda denunciar la contaminación aérea; y mantener el financiamiento de los equipos de vigilancia ambiental. Si bien la determinación encontró una fuerte oposición entre algunos ambientalistas, quienes afirmaban que abandonar el punto de lucha sería colocarse en un lugar de desventaja estratégica ante la administración central, el conteo final reveló 315 vecinos en contra del levantamiento y 402 a favor de flexibilizar la medida. Con esto, el corte se levantará el sábado a las 13 con una protesta al costado de la ruta.

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Busti: “no tiene sentido” la querella a asambleístas

APF - INFOALTERNATIVA

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Jorge Busti, opinó que “no tiene sentido” la querella interpuesta por la Nación contra asambleístas de Gualeguaychú. “No son delincuentes, sino que son ciudadanos que luchan por que no se contamine a sus hijos, nietos y al medio ambiente en general”, remarcó. Bettendorff pidió al Gobierno nacional que “desista de la querella, tanto la criminal como la civil, y se aboque a resolver el conflicto en términos políticos, como corresponde”.

Busti presentó ayer, junto a Juan Bettendorff, un proyecto de resolución por el que se repudia “la criminalización y judicialización de la protesta por parte del Gobierno nacional a través de la querella contra algunos ciudadanos de Gualeguaychú que participan en la lucha ambiental”, y además se solicita “el desestimiento de esa querella”.

“Esto nunca se ha hecho y creo que no tiene sentido, porque no son delincuentes, sino que son ciudadanos que luchan por que no se contamine a sus hijos, nietos y al medio ambiente en general”, expresó el Diputado.

En tanto, felicitó “al Colegio de Abogados de Gualeguacyhú, porque en forma gratuita ha decidido defender a las personas denunciadas por el Gobierno nacional”.

El mismo proyecto de resolución también reclama que “se permita el control de la planta de Botnia desde adentro, no con un largavista desde el medio del río, sino pudiendo verificar científicamente el proceso del blanqueo del papel, lo que sale por la chimenea, todo lo referido a la posible contaminación de Botnia sobre el agua, el aire, y el ecosistema en general”.

“Nunca estuve con el corte”, reconoció Busti, aunque afirmó que “siempre entendí que el mismo es consecuencia de la violación del estatuto”. En ese sentido, señaló: “Mañana termina el corte, pero sigue la contaminación. Ahora Gualeguaychú hará un gesto, el mismo tiene que tener una correspondencia”.

Por su parte, el co-autor de la iniciativa, Juan Bettendorff, remarcó que la decisión de querellar a los asambleístas “sorprende y ha sido repudiada por todos los sectores políticos de Gualeguaychú y Entre Ríos”.

“Presentamos este proyecto para que el Gobierno nacional desista de la querella, tanto la criminal como la civil, y se aboque a resolver el conflicto en términos políticos, como corresponde”, reclamó además, en declaraciones a esta Agencia.

Consultado respecto a la posibilidad de que Uruguay de permitir el monitoreo conjunto dentro de Botnia, Bettendorff expresó: “Tengo mis reparos de que se concrete, porque siempre ha habido trabas. Pero bienvenido sea si el Uruguay se abre y tiene vocación para resolver el conflicto, algo que les ha faltado a lo largo de todos estos años”.

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Argentina: Niñez en la provincia de Buenos Aires. Crítico informe de la ONU

AJB - ACTA

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, encargado del control de aplicación de la Convención internacional en la materia, dio a conocer un informe sobre la situación argentina donde incluye serias observaciones sobre el panorama en la provincia de Buenos Aires.

Las Observaciones finales del organismo internacional, dado a conocer el viernes pasado, expresa en uno de sus párrafos “la gran preocupación por el elevado número de denuncias en la provincia de Buenos Aires (120 registradas entre 2007 y 2009) cometidas por la policía y otras fuerzas del orden. El Comité también está preocupado por el caso de desaparición forzada del niño Luciano Arruga en la provincia de Buenos Aires durante su detención policial en enero de 2009 y por que la investigación de las denuncias no se puso en marcha con prontitud”.

Las observaciones finales elaboradas por el Comité de los Derechos del Niño, toman gran parte de las denuncias presentadas en su informe alternativo por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.

Con relación a los casos de suicidio adolescente durante su detención en institutos, “el Comité insta al Estado Parte a adoptar medidas eficaces para prevenir los suicidios en detención. Además, debe llevar a cabo un amplio estudio sobre las causas de las lesiones auto-infligidas y suicidios”.

Los casos de suicidio y autolesiones de adolescentes en los lugares de encierro, la falta de lugares adecuados para alojarlos, la aplicación de torturas y malos tratos, la falta de registro de estos casos, la ausencia de información oficial fiable, el uso excesivo de la prisión preventiva para los menores de 18 años fueron algunos de los tópicos denunciados por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y tomados por el organismo internacional al redactar sus recomendaciones al Estado argentino.

Otra de las medidas que el Comité Internacional recomienda adoptar y agilizar es “el nombramiento por el Parlamento del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, con el fin de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos”.

También pide que el Estado argentino “tome todas las medidas necesarias para garantizar que las condiciones en los centros de detención no sean contrarias al desarrollo del niño y cumplir con las normas mínimas internacionales, y que los casos de menores sean llevados a juicio lo antes posible”

Recordemos que en el Informe alternativo de la Comisión Provincial por la Memoria , presentado por los abogados Roberto Cipriano Garcia y Alicia Romero en las audiencias del 3 y 4 de junio en Ginebra, se planteaban además de lo mencionado más arriba, severas críticas a la implementación de las leyes de promoción y protección de derechos y la ley de responsabilidad penal juvenil, y se daba cuenta de la vigencia en los institutos provinciales de regímenes de encierro-aislamiento de entre 24 y 36 horas. En la misma presentación se denunciaba la continuidad de la detención de jóvenes en comisarías y se destacaba la desaparición sin esclarecer del joven Luciano Arruga, detenido en la Comisaría de Lomas de Mirador en enero de 2009.

A continuación se transcriben algunos de los puntos más sobresalientes de las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas :

Recopilación de datos

23. el Comité sigue preocupado porque la falta de un enfoque sistemático para la recopilación de datos y análisis en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sigue impidiendo la disponibilidad de datos fiables y transparentes, desglosados por provincias y municipios, así como por otras variables relevantes como el género, la edad, los niños con discapacidades, los niños indígenas, etc

24. El Comité insta al Estado Parte a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los planes para un sistema integrado "Sistema de Información de Políticas para la Niñez y la Adolescencia " sean aplicadas y coordinadas con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que abarca todos los aspectos de la Convención. El Estado Parte debe garantizar que la información recogida a través de este Sistema Integral sea transparente y comparable, de datos fiables sobre todos los derechos, desglosados por ubicación provinciales y municipales, el género, la edad y los ingresos a fin de que la política y el programa de toma de decisiones pueda garantizar el conocimiento público de los progresos realizados y las lagunas en su aplicación.

La tortura, tratos inhumanos y degradantes

41. Si bien reconoce la política de tolerancia cero de la tortura que como parte del proceso de recuperación democrática en el país fue destacada por la delegación oficial en el diálogo, el Comité comparte con el Estado Parte la preocupación sobre la falta de datos fiables, a nivel nacional, sobre las alegaciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, expresa su gran preocupación por el elevado número de denuncias en la provincia de Buenos Aires (120 registrados entre 2007 y 2009) cometidas por la policía y otras fuerzas del orden, con la participación de menores infractores y niños en particular de la calle. El Comité también está preocupado por un caso de desaparición forzada de un niño (LA) en la provincia de Buenos Aires durante la detención policial en enero de 2009 y que la investigación de las denuncias no se puso en marcha con prontitud. Por otra parte, el Comité está preocupado por la falta de información sobre investigaciones rápidas sobre estos alegatos, sus resultados, incluyendo la condena de los responsables y poner fin a la práctica.

42. El Comité insta al Estado Parte a que adopte medidas concretas para aplicar su política de tolerancia cero con la tortura. Además, insta al Estado Parte a establecer puntualmente a los niveles nacionales y provinciales un mecanismo para el registro y seguimiento de las denuncias en un registro nacional de las denuncias de trato inhumano y degradante. Además, insta al Estado Parte a lanzar, exhaustiva e independiente sin demora investigaciones sobre estas denuncias, llevar a los responsables a la justicia y a la reparación a las víctimas y adoptar todas las medidas necesarias para impedir tales actos, comprendidos aquí que se haga pública la investigación, las medidas disciplinarias adoptadas y las sentencias dictadas contra los autores de los delitos, así como la difusión de la Convención. Además , debe estudiar las causas de tales violaciones graves, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y tomar medidas urgentes de prevención, incluida la formación integral de la policía y la de funcionarios encargados de aplicar los derechos del niño. El Comité insta al Estado Parte a concluir una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de desaparición forzada del niño LA, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La administración de justicia de menores

76. Si bien observa que un proceso de reforma ha sido realizado en materia de justicia de menores a nivel nacional y provincial, el Comité está profundamente preocupado por la continua aplicación de la Ley N º 22.278 de 1980, en particular con respecto a la posibilidad de detener a los niños. Le preocupa además que el derecho del niño a ser oído ya ser asistido por un profesional independiente jurídica en los procesos penales no siempre se respeta.

77. Al Comité le preocupa además que un tercio de los lugares de privación de libertad para los niños no son especializados y que los niños son a veces detenidos junto con adultos. Además, expresa su preocupación por la insuficiente aplicación de alternativas a la privación de la libertad en el ámbito provincial.

78. Además, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que la mayoría de los delincuentes juveniles se ven privados de su libertad en espera de juicio. Es, además, le preocupa que algunos delincuentes juveniles se mantienen en detención durante más de un año. También está preocupado por el uso frecuente de medidas disciplinarias en prisión, como el aislamiento ("engome"), así como la ausencia de suficiente acceso a la educación, recreación y actividades de aprendizaje e insuficiente al aire libre. El Comité está especialmente preocupado por el número de suicidios reportados en la detención, así como los tipos de lesiones autoinfligidas.

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Argentina, Tucumán: Se develan los nombres de 293 víctimas y quiénes integraron la “patota” del SIC

PRIMERA FUENTE

Se trata de una documentación que revela de qué manera se aplicaba el plan sistemático del aparato represor. Contiene las listas con los nombres de las víctimas que estuvieron secuestradas en la ex Jefatura de Policía y de los integrantes de la “patota” del Servicio de Información Confidencial (SIC) que lideró “El Tuerto” Albornoz. El martes, el testigo Clemente será sometido a las preguntas de los querellantes y defensores sobre esta prueba histórica.

La documentación histórica que aportó el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente no sólo devela la lista con las 293 víctimas que estuvieron secuestradas en la ex Jefatura de Policía, sino también quiénes fueron los oficiales, suboficiales y agentes que integraron la “patota” del Servicio de Información Confidencial (SIC), liderada por el represor Roberto “El Tuerto” Albornoz, hoy imputado en el juicio oral y público que se sigue por violaciones a los derechos humanos cometidos en ese centro clandestino de detención.

En la audiencia de ayer, los jueces del Tribunal Oral Federal decidieron postergar para el próximo martes la segunda parte del testimonio de Clemente, quien deberá responder ese día las preguntas del fiscal federal Alfredo Miguel Terraf, de los querellantes y los defensores respecto a los dos biblioratos que entregó el martes pasado en medio de su testimonio.

Clemente contó que mantuvo esa documentación en secreto durante 33 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su polémico relato, sostuvo que fue secuestrado el 23 de julio de 1976 y meses después le propusieron ingresar a una oficina administrativa del SIC, donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata.

En los dos libros también figuran fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución” que contiene los nombres de 28 personas, otra titulada “Nómina de DS que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas.

La lista con los 293 nombres de los detenidos-desaparecidos que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura generó una gran sensibilidad en sus familiares que en medio de llantos buscaron a sus seres queridos para saber cuál fue su destino: DF (Disposición Final) o DL (Disposición Libertad).

Del otro lado, la nueva prueba cayó como un balde de agua fría al represor Albornoz, a tal punto que su abogado defensor Ezequiel Avila Gallo (h), al iniciarse la audiencia de ayer, insistió en que se rechace esta documentación. “Es una prueba de cargo sobre la cual el imputado no ha podido defenderse”, sostuvo el letrado, quien luego de que el TOF rechazara su planteo advirtió que recurrirá a la Cámara de Casación Penal de la Nación.

Foto: Argentina, Tucumán, Derechos Humanos - PRIMERA FUENTE tuvo acceso a la lista con los nombres de las 293 personas que estuvieron secuestradas en la ex Jefatura de Policía. / Autor: PRIMERA FUENTE

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Argentina, Chaco: Masacre de Margarita Belén: el soldado que vio todo

Marcos Salomón (CHACO DIA POR DIA)

Durante su testimonio, Gustavo Piérola contó sobre el conscripto Clase 55, Alfredo Maidana, aportando datos clave. También declararon Dafne Zamudio y José Luis Valenzuela.

Como una obra teatral, la maratónica audiencia de este miércoles puede dividirse en tres actos: el primero, la declaración de Gustavo Piérola, se baja el telón –cuarto intermedio-; segundo acto, testimonial de Dafne Zamudio, se baja el telón –cuarto intermedio-; tercer acto, cierre de la jornada con José Luis Valenzuela, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia.

Como en una obra de teatro, el público vibró, se emocionó, lloró, se enojó, rió, abucheó (con amenaza de expulsión mediante) y terminó aplaudiendo el cierre de cada acto. La dirección, a cargo del Tribunal Oral Federal (Glady Yunes, Carlos Benforte y Ramón Luis González), tuvo mucho trabajo para encausar la audiencia, pero lo hizo con firmeza.

Los imputados (Athos Rennes, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Patetta, todos militares, más el policía Alfredo Chas) mantuvieron el rito de cambiar posiciones y fueron beneficiados por el Tribunal que los ubicó en un lugar que les permitió mirar a la cara a los testigos (la querella anticipó que apelará esta nueva disposición de lugares en la sala).

Permanecían incrédulos ante los testimonios. Un muy activo Patetta hablaba constantemente con los abogados defensores –sobre todo durante la testimonial de Piérola-, en algunos momentos Carnero Sabol también estuvo inquieto. El resto miraba con atención y gesticulaban poco y nada.

En medio, surgió un dato –durante la declaración de Piérola- que aporta pruebas desconocidas hasta ahora y que ayudarían a aproximarse a la verdad histórica de la Masacre de Margarita Belén, ocurrida el 13 de diciembre de 1976, a menos de 30 kilómetros de Resistencia, sobre la ruta 11, camino a Formosa.

Primer acto

La audiencia comenzó con la testimonial de Gustavo Piérola, hermano de Fernando, una de las víctimas de la Masacre. Entre lo que declaró y las preguntas que respondió estuvo casi dos horas. Contó de la existencia del soldado Alfredo Maidana, un ex comando que se salvó de morir durante el fusilamiento como parte del enmascaramiento del intento de fuga de presos políticos que eran traslados hacia Formosa, previamente, habían sido torturados en la alcaidía policial de Resistencia, que es un apretado resumen de la historia de la Masacre (ver ). Este fue el momento de mayor tensión para los represores.

Gustavo contó la historia de vida de su hermano, sobre todo, dejó bien en claro cómo fue su acercamiento a la militancia, su casamiento con María Julia Morresi, su primera detención y su pase a la clandestinidad hasta su detención en Posadas en “La casita de los mártires”, un centro clandestino de Misiones, su traslado al ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes y a la Brigada de Investigaciones de Chaco.

Relató la tortura: “Lo tenían colgado de los pies… Usaban su cuerpo para apagar cigarrillos…” y la búsqueda de toda una familia, con Amanda Mayor de Piérola a la cabeza.

Y contó con detalles la historia de su búsqueda. Comenzó con lo del soldado Maidana. También relató el caso del soldado Pegoraro que transportó los cuerpos. De los testigos que vieron llegar los cuerpos al cementerio, de la búsqueda de su hermano Fernando, desaparecido y víctima de la Masacre: “No queremos profanar un lugar como el cementerio, pedimos ayuda para encontrar los restos, no nos queda otra”, dijo.

Al borde de las lágrimas o consumido por ellas, en varias ocasiones, Piérola retomaba su relato anticipando datos clave. Contó del fotógrafo Salinas, que trabajaba para la policía en las pericias: “El 12 de diciembre (de 1976) ya le dicen que prepare su cámara, sus rollos y el flash porque al otro día tenía que sacar fotografías en un operativo del Ejército. Ya sabían lo que iba a ocurrir”.

Cerca de Margarita Belén “fotografió los cuerpos: ‘una imagen que nunca me voy a poder sacar de la cabeza’ me contó. Después, también sacó fotos de los cuerpos en una fosa común en el cementerio” San Francisco Solano. Según la historia oficial, se enterraron diez cuerpos a cajón cerrado en sus respectivas tumbas, a lo que se agrega este nuevo dato.

También contó de la familia Pegoraro, que tienen campos cerca de donde ocurrió la Masacre. Dos hermanos escucharon los tiros y pudieron ver los cuerpos cuando iban a buscar animales a otro campo contiguo al de la tragedia.

Con un semitono, pero firme, le cuestionó al defensor Carlos Pujol por haber pedido que la familia Piérola sea quitada como querellante en la causa y lo increpó por “reírse mientras buscábamos los huesos en el cementerio. Pedimos respeto”.

Para el cierre, habló sobre el honor que “define la alta moral. Es una virtud que marca la dignidad”, también habló del “honor militar” y en nombre de él que “se paren ante el Tribunal y, aunque no se arrepientan ni pidan perdón, digan dónde están los cuerpos de nuestros muertos, para poder hacer parte de nuestro duelo”. “No hay odios –aclaró, dirigiéndose a los imputados- ni deseos de venganza, en todo caso siento pena y hasta lástima porque nuestro Ejército está tan lejos de lo que pensaron San Martín y Belgrano”.

Contestó con solvencia a las preguntas, sobre todo de los defensores, mientras la jueza Yunes lidiaba con Pujol: “Haga preguntas lógicas”, le llegó a pedir de manera enérgica para encausar la audiencia.

Segundo acto

Luego, declaró Dafne Zamudio, hija de Carlos Zamudio –otra de las víctimas de la Masacre- acompañada por dos de sus hermanos y por su pareja. Con mucha fortaleza, a pesar de su enjuta talla, contó su historia y también pasó airosa las preguntas.

Narró la historia de Carlos, hijo de Ernesto Zamudio, un prócer del periodismo chaqueño (propietario y director del diario El Territorio, llegó a publicar en la tapa una proclama contra el golpe a Hipólito Yrigoyen que le costó caro).

Habló de su la militancia y el pase a la clandestinidad: “En el 75 lo fuimos a ver a Corrientes”, recordó. Para el 76, ya estaba en Misiones, donde consiguió trabajo, pero al poco tiempo cayó preso: también estuvo en “La casita de los mártires”, relato que Dafne compuso recién el 13 de diciembre del año pasado, cuando un misionero visitó la Casa por la Memoria –ex centro clandestino de detención donde funcionó la Brigada de Investigaciones- y reconoció la foto de Carlos Zamudio.

Ya en la Brigada policial de Resistencia, junto con sus hermanos y su madre, lo pudo visitar: “Se sentó en un banco, después supe que caminaba arrastrando los pies y agarrándose el costado. Yo no lo podía ver porque era muy chiquita. Entonces, mi mamá me alzó en sus brazos y lo pude mirar. Me acuerdo que pensaba: por qué no le podía ni dar un beso”.

Poco antes de la matanza de diciembre de 1976, a Carlos lo llevan a la alcaidía policial, donde su familia ya nunca lo pudo volver a ver. Buscando su paradero, la abuela de Dafne se cruza con Patetta quien le dice que Zamudio fue una de las víctimas de la Masacre. Sin embargo, después, el Ejército le aclara que murió en un enfrentamiento en Campo Grande (Misiones).

En Misiones, le entregan el cuerpo a cajón cerrado. En Resistencia, no le permiten realizar el velatorio, lo llevan directamente a un nicho en el cementerio. Treinta y cuatro años después, durante una exhumación, se comprueba que tenía una de las piernas rota: “Difícilmente hubiese podido escapar”, finalizó.

En las preguntas, otra vez cruces entre defensores, fiscales y querellantes. El Tribunal intervino, nuevamente, con un llamado de atención a Pujol: “No tenga mala fe”, le advirtió.

Tercer acto

Por último, llegó el testigo de las torturas en la alcaidía policial de Resistencia previas al traslado a Formosa. José Luis Valenzuela, subsecretario de Derechos Humanos de Chaco, contó que vio a Carlos Zamudio, Néstor Carlos Salas, Luis Alberto Díaz y Fernando Piérola.

Por la ubicación de su celda, Valenzuela pudo ver cómo la guardia dura de la alcaidía llevaba arrastrando y a los golpes a estos presos políticos para torturarlos desde el comedor, donde “se escuchaban gritos, ruidos de golpes, corridas… Era desesperante”.

Tras la tortura, los guardias dejaron a Zamudio “muy destruido, tirado cerca de una pileta (frente a su celda). Por muy poco tiempo pudimos hablar. Me pidió que le entregase a su familia fotos y una chomba, sólo pude rescatar la chomba de las requisas militares”.

La ubicación de la celda de Valenzuela también le permitía escuchar las conversaciones en la guardia: “Decían que había sido una matanza preparada ya sabían en qué auto iban a colocar a cada uno”. Hasta el final, con las preguntas incluidas, describió cómo era estar preso en la alcaidía, el ambiente que reinaba durante el traslado. Al final, el defensor Federico Carniel pidió marcar una contradicción entre lo que declaró Valenzuela ayer y una testimonial dada ante la Justicia Militar, pero la jueza Yunes no hizo lugar.

Horas después de finalizada la audiencia, el Tribunal cambió la hora fijada para hoy, cuando el juicio comience a las 10.30 (en el horario original coincidía con el partido de Argentina-Corea del Sur por el Mundial de Fútbol de Sudáfrica), con la presencia de miembros del Consejo de la Magistratura. Además, se suspendieron las jornadas previstas para este viernes.

Entre tanto, la Dirección de Cine del Instituto de Cultura prepara sus cámaras para realizar la primera testimonial en video conferencia. Desde Francia, declarará la periodista Marie Monique Robin.

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Argentina, Santa Fe: Presentan una línea telefónica que da consejos para abortar

LA CAPITAL - NOTIFE

“Hace un año que desde esta línea telefónica brindamos información sobre aborto con misoprostol, un método considerado seguro para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Latinoamericana de Ginecología.

Muchas mujeres pueden usarlo desde su casa y sin riesgos hasta la semana número doce”. Así explica una de las integrantes del grupo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, Verónica Marzano, de qué se trata “Línea aborto”, el 011-156-6647070 que, desde su creación, acumula más de 3 mil llamados y recibe un promedio de 15 diarios desde todo el país. La iniciativa se presentará en Rosario esta tarde en un seminario de mujeres del que participarán, entre otros, funcionarios del Ministerio de Salud provincial y ex legisladores.

El encuentro lleva un nombre que es casi una declaración de principios: “Sobre mi cuerpo decido yo”. Comienza a las 17 y está organizado por el colectivo de mujeres Las Juanas, en el Centro Municipal de Distrito Centro, de Wheelwright 1486.

La presentación de la “Línea aborto” es sólo una de las actividades de la jornada (ver aparte). Quien desde el 31 de julio de 2009 disca los trece dígitos recibe del otro lado del tubo el siguiente mensaje: “Te comunicaste con la Línea Aborto, más información, menos riesgos. Nuestros horarios de atención son de lunes a jueves, de 9 a 15, y viernes a domingos, de 18 a 24. Si nos dejás tu mensaje con tu nombre y número de teléfono te vamos a devolver la llamada. Aborto, tu decisión”.

El servicio lo lleva adelante una agrupación de mujeres militantes sociales de Buenos Aires y se replica en Ecuador, Chile y Perú. “La idea surgió de la necesidad de redireccionar una información que ya circulaba de boca en boca entre las ecuatorianas, pero que muchas veces estaba mal o incompleta. En Argentina también el misoprostol es ampliamente popular entre las mujeres”, explica Marzano.

La OMS estima que en todo el mundo cada ocho minutos muere una mujer en los países desarrollados debido a las prácticas abortivas ilegales. En Argentina, el aborto es ilegal y está sancionado por los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal, que establecen penas de hasta 15 años, tanto para las mujeres que se sometan a la práctica como para los médicos que accedan a realizarlo.

La idea de informar sobre el uso abortivo del misoprostol fue de Woman on Waves (www.womenonwaves.org), una entidad creada por la médica holandesa Rebecca Gomperts y que viene practicando abortos en aguas internacionales desde 2004 en barcos acondicionados para tal fin. Gomperts encabezó, en diciembre del año pasado en Buenos Aires, una conferencia de esclarecimiento sobre el uso de medicamentos para abortar de manera segura.

De qué se habla

Unos veinte minutos promedio duran las conversaciones anónimas con las mujeres que llaman a la Línea Aborto. “Durante el llamado no se abren juicios, no se prescribe, no se receta ni aconseja. Quienes llaman ya tienen referencias sobre el misoprostol, pero a veces están cargadas de mitos, errores y prejuicios. Entonces les brindamos datos científicos, completos y actualizados, de manera comprensible y oportuna”, comenta Marzano.

Pero como la problemática no empieza ni termina con la toma de una pastilla, desde la línea también se explica cómo acceder al hospital si se tiene que ir y cuáles son los derechos de la mujer frente a una complicación. “Esto baja las muertes por aborto inseguro. Además, informamos a qué lugares acudir si han sido violadas o maltratadas por sus parejas. En definitiva, toda información pública, elaborada por fuentes oficiales y de libre acceso, por ejemplo, a través de internet. Lo que hacemos es acercarle esta información a aquellas mujeres que por discriminación, racismo o exclusión no pueden acceder de otra manera”, concluye Marzano.

Seminario

La línea se presentará en el marco de un seminario que comienza esta tarde en el Distrito Centro (Wheelwright 1486) y continúa el 24 y 30 junio y el 8 y 15 de julio. Hoy disertarán, entre otros, Marisa Germain, sobre “Relaciones de poder y derechos sexuales y reproductivos” y Ruth Sosa, sobre “Feminización de la pobreza”.

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Acuerdo para una seguridad democrática

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

Días atrás se presentó en la ciudad de La Plata un documento titulado "Acuerdo para una seguridad democrática" (ASD), elaborado por un amplio espectro político y sectorial. Se trata de un documento referido a la seguridad ciudadana y democrática en la provincia de Buenos Aires cuyo antecedente a nivel nacional fue expuesto en el Congreso en diciembre del 2009.

Quienes lo firman resultan ser legisladores, referentes sociales, expertos y representantes del oficialismo y la oposición. Todos ellos señalaron los retrocesos que en materia de seguridad pública representan muchas de las políticas desarrolladas durante los últimos años en la provincia de Buenos Aires, tanto por su probada ineficacia como por sus graves consecuencias en materia de vulneración de los derechos fundamentales.

El documento trasluce la existencia de un amplio consenso sobre los principios que deben regir la seguridad pública y permite subrayar las condiciones indispensables para iniciar un proceso reformador que cuenta con el aval de expertos, universidades, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y funcionarios con experiencia de gestión.

Su presentación se efectuó en el marco de una jornada sobre "Gestión civil, transformación democrática y seguridad", oportunidad en la que se impugnó la actual demagogia punitiva vigente en la provincia, caracterizada por su rasgo antidemocrático y autoritario, así como por la ineficacia comprobada para mejorar la seguridad.

El acuerdo pugna por instalar una concepción integral de la seguridad pública, capaz de operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad, así como de reducir la violencia en todas sus formas. Esta concepción de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Lo anterior requiere, claro está, articular las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementar las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado.

El documento permite recordar cuán difundida se encuentra en nuestro entorno la tendencia a asimilar, sin más, la inseguridad con el crimen; es decir, con hechos violentos que afectan la vida o la integridad física o sexual de las personas, así como sus bienes, todos ellos de naturaleza estrictamente policial y mediáticamente convocantes.

La seguridad puede ser entendida, sin embargo, de modo más amplio, como comprensiva de necesidades y aspiraciones que encuentran numerosos obstáculos en la vida cotidiana, tales como el desempleo, las enfermedades, la falta de previsión y también, por supuesto, el delito.

Este último constituye una de las manifestaciones que adopta la inseguridad en nuestros días y no, en cambio, su exclusiva causa generadora. Verlo de otro modo, amén de un error epistemológico, ha contribuido a generar una inflación punitiva que poco favor le ha venido haciendo a la prevención efectiva del delito.

Para evitar este desvarío, Naciones Unidas viene desde 1994 elaborando otros modelos en materia de seguridad que tienden a resaltar aspectos del fenómeno que lejos están de quedar circunscritos a su faz policial. Tal es el caso del concepto de "seguridad humana", el cual propone desarrollar un enfoque multidimensional de la seguridad que abarque no sólo los aspectos policiales sino también las coordenadas económicas, sociales, sanitarias y ambientales.

Como concluyeron algunos de los participantes en la jornada, tan sólo provistos de una concepción amplia y suficientemente comprensiva del dilema seguridad/inseguridad, es posible abordar el estudio de las causas del aumento del delito experimentado por la mayoría de las sociedades de nuestro subcontinente latinoamericano.

En ese sentido, resulta coherente con el sentido común afirmar que para atacar los factores criminógenos es conveniente que las sociedades y los estados de la región revigoricen el entramado de los servicios sociales básicos y se esfuercen, simultáneamente, por aumentar las oportunidades ocupacionales para los jóvenes, creando espacios para los millones que hoy están fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo.

En todo caso, el documento comentado traduce la convicción de que la solución a los problemas de la seguridad está muy lejos de ser alcanzada mediante la sola intervención del aparato policial y la manipulación arbitraria de las figuras penales y sus montos punitivos.

Martín Lozada es Juez penal. Catedrático UNESCO en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

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La Corte Electoral de Bolivia se convirtió en el cuarto poder del Estado

TRIBUNA LATINA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la Ley del Órgano Electoral que convierte a esta institución en el cuarto poder del Estado con las mismas garantías de control e independencia que los otros tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

"El nuevo Órgano Electoral será un importante mecanismo para garantizar las profundas transformaciones estructurales que fortalecerán aún más la democracia y la unidad entre los bolivianos", dijo Morales desde el Palacio de Gobierno.

Según explicó el mandatario en rueda de prensa, la normativa permitirá "no solamente elegir a las autoridades electorales, sino también revocarlas para que el pueblo defina las políticas del Estado a través de referéndum".

El nuevo poder estará dirigido por un Tribunal Supremo Electoral (TSE), integrado por siete miembros, seis de los cuales serán designados por la Asmablea Plurinacional con una mayoría de dos tercios, debiendo ser dos de ellos de origen indígena, mientras que el séptimo será nombrado directamente por el presidente.

En lo que se refiere a la propia Corte Electoral, contará con seis vocales, cinco de ellos serán elegidos por el órgano legislativo con la misma mayoría de dos tercios y el sexto será designado de nuevo por el mandatario.

Los órganos electorales departamentales tendrán cinco vocales que seguirán el mismo patrón de nombramiento, aunque en su caso corresponderá a las asambleas locales y a los gobernadores.

En opinión del mandatario esta ley servirá para introducir a Bolivia en una nueva etapa de progreso "avanzado y moderno" para la consolidación de una democracia "en la que no primen los caprichos sino las razones para adoptar las mejores decisiones".

Tras la promulgación de esta normativa, la Asamblea Plurinacional tiene de plazo hasta el próximo 22 de julio para aprobar otras cinco leyes orgánicas --la de procedimientos electorales, la del órgano judicial, la del tribunal constitucional y la de las autonomías-- cuyo desarrollo aparece expresamente recogido en la Constitución de febrero de 2009.

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La Corte Electoral de Bolivia se convirtió en el cuarto poder del Estado

TRIBUNA LATINA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la Ley del Órgano Electoral que convierte a esta institución en el cuarto poder del Estado con las mismas garantías de control e independencia que los otros tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

"El nuevo Órgano Electoral será un importante mecanismo para garantizar las profundas transformaciones estructurales que fortalecerán aún más la democracia y la unidad entre los bolivianos", dijo Morales desde el Palacio de Gobierno.

Según explicó el mandatario en rueda de prensa, la normativa permitirá "no solamente elegir a las autoridades electorales, sino también revocarlas para que el pueblo defina las políticas del Estado a través de referéndum".

El nuevo poder estará dirigido por un Tribunal Supremo Electoral (TSE), integrado por siete miembros, seis de los cuales serán designados por la Asmablea Plurinacional con una mayoría de dos tercios, debiendo ser dos de ellos de origen indígena, mientras que el séptimo será nombrado directamente por el presidente.

En lo que se refiere a la propia Corte Electoral, contará con seis vocales, cinco de ellos serán elegidos por el órgano legislativo con la misma mayoría de dos tercios y el sexto será designado de nuevo por el mandatario.

Los órganos electorales departamentales tendrán cinco vocales que seguirán el mismo patrón de nombramiento, aunque en su caso corresponderá a las asambleas locales y a los gobernadores.

En opinión del mandatario esta ley servirá para introducir a Bolivia en una nueva etapa de progreso "avanzado y moderno" para la consolidación de una democracia "en la que no primen los caprichos sino las razones para adoptar las mejores decisiones".

Tras la promulgación de esta normativa, la Asamblea Plurinacional tiene de plazo hasta el próximo 22 de julio para aprobar otras cinco leyes orgánicas --la de procedimientos electorales, la del órgano judicial, la del tribunal constitucional y la de las autonomías-- cuyo desarrollo aparece expresamente recogido en la Constitución de febrero de 2009.

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El Salvador: La mayoría de la población sobrevive con un salario mínimo

Daniel Trujillo - Bianca Segura (COLATINO)

¿Se imagina usted vivir durante un mes con $207.08 al mes? Sólo pensarlo resulta difícil, pero, gran parte de la población salvadoreña sobrevive con ese ingreso.

El último estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) indica que el 60% de la población pobre de El Salvador vive con un salario mínimo.

Aún con este dato, el gerente de la sección macroeconómica de FUSADES, Álvaro Trigueros, aseguró que aumentar el salario mínimo llevaría a perder empleos e incrementaría la informalidad.

Incluso, este tanque de pensamiento de derecha, afirmó que esta compensación es de las más altas de América Latina.

Sin embargo, el salario mínimo sólo costea la canasta básica alimentaria del país, la cual ronda los $167. La canasta básica sólo incluye los alimentos que contienen los requerimientos mínimos nutricionales que la persona necesita para vivir.

Con los $40 restantes, una familia se las ingenia para pagar los servicios, salud, transporte, la educación, entre otros.

El estudio indica, además, que las personas que reciben un ingreso menor al salario mínimo son los jóvenes, las mujeres y las personas que no tienen estudios superiores.

FUSADES aseguró que el impacto del salario mínimo en reducción de pobreza en el país no se conoce con exactitud, ya que un alto porcentaje de las personas laboran en la informalidad.

Según el analista de la sección macroeconómica de la Fundación, José Andrés Oliva, las personas con un salario mínimo no superan la línea de pobreza, porque el mismo no les alcanza para subsistir.

Para el secretario de organización de la Confederación General de Sindicatos (CGS), Remberto Represa, es necesario revisar el salario mínimo para que este satisfaga las necesidades materiales y espirituales de las personas.

El sindicalista manifestó que un aumento del salario genera explotación de parte del patrono, ya que la mentalidad del empleador es no perder.

El estudio de FUSADES propone modificaciones al Código de Trabajo, una de ellas es que el artículo 147 del cuerpo legal, ya no contemple que la jornada laboral diaria sea de ocho horas, sino, hora laborada, hora pagada.

Pero, el Viceministro de Trabajo, Calixto Mejía, fue cauteloso respecto a eso, porque se tiene que analizar de acuerdo a la realidad salvadoreña.

“No queremos entrar a abordar una reforma de ley sólo porque ‘ahí se apunta la nariz’, sino, sus reformas deben ser analizadas, estudiadas y discutidas con todos los sectores. Si la conclusión es la reforma, por qué no hacerla, y, si es no hacerla, se mantiene”, indicó el funcionario.

Mejía agregó que el gobierno trabaja para en el diseño de una política de salario mínimo, para que la revisión del mismo no esté sujeta a coyunturas electorales.

FUSADES propone que el gobierno ayude al sector privado atrayendo la inversión o que la banca estatal otorgue créditos a las micro y pequeñas empresas, para aumentar el crecimiento y la productividad.

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Puerto Rico: Victoria estudiantil afecta credibilidad del gobierno

Jesús Dávila (NCM, especial para ARGENPRESS.info)

La credibilidad y las estrategias del Gobierno quedaron maltrechas con la apabullante victoria estudiantil que paralizó todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico y sorprendió con su superioridad tecnológica y judicial, su disposición a resistir las fuerzas policiales y un modelo de democracia directa que hizo lucir mal a la institucionalidad política nacional.

Luego de sufrir pérdidas que el propio Gobierno calcula en 305 millones de dólares en la lucha frustrada contra los estudiantes, la jefatura universitaria tuvo que acceder a todas las demandas económicas de los huelguistas y posponer el plan urdido en enero de 2009 en el Palacio de Santa Catalina por el entonces recién inaugurado gobernador Luis Fortuño para que el Estado se quedara con todo el aumento en el subsidio que Estados Unidos envía para los estudiantes.

“¡Victoria, victoria, victoria para la historia!”, coreaban cientos de estudiantes que llegaron poco antes de la medianoche al Centro Judicial de San Juan tras conocerse que nueve de los trece miembros de la Junta de Síndicos de la UPR se habían virado contra su presidenta, Ygrí Rivera, para avalar el acuerdo con el Comité Negociador Nacional. Las intensas negociaciones a través de un mediador fueron impuestas por el tribunal el viernes pasado, después de las últimas intentonas del Gobierno de usar las temibles divisiones anti motines de la Policía Nacional en el conflicto que la jefatura universitaria tildaba de ilegal.

Sin embargo, la noche del miércoles –ya perdidos todos los puntos económicos- el Gobierno aceptó que “no formulará cargos a estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que en el ejercicio de sus derechos constitucionales legítimos a la libertad de expresión y asociación hayan participado de la huelga, marchas, mítines, piquetes o cualquier otra actividad legal relacionada con la misma y realizado en cualquier predio de la Universidad de Puerto Rico”. De hecho, aún para los casos que hubiere en que se imputen daños u otra actividad delictiva, el Gobierno se comprometió a no imponer castigos sumarios y seguir el más estricto debido proceso de ley en los foros administrativos.

La mención a “miembros de la comunidad universitaria” tiene en este caso la importancia particular de proteger a profesores y otros empleados –en especial los que no tienen plaza fija- de cancelación de sus contratos, pues ahora tendrían posibles causas de acción legal por violación a los derechos civiles. El asunto se remonta a la huelga estudiantil de 1973, cuando luego de tener que negociar con los estudiantes el Gobierno procedió a despedir 70 profesores que habían apoyado el movimiento.

En los cruciales temas económicos, los huelguistas lograron mantener que los estudiantes que tienen exención de matrícula sigan recibiendo la beca que envía EEUU, prohibir las alianzas con el sector privado para privatizar instalaciones universitarias, y, sobre todo, que en agosto no se impondrán cuotas, con las que se pretendía aumentar los costos de matrícula. En ese último punto, el Gobierno dejó claro en el documento que “la Junta de Síndicos considera que será necesaria el establecimiento de una cuota a partir de enero de 2011”, pero los estudiantes incluyeron entonces otra cláusula en la que se advirtió que “lo antes dispuesto no debe ser entendido como una aceptación” a la imposición planificada.

De hecho, el Gobernador Fortuño le dijo a la cadena radial NotiUno, que “eso es exactamente lo que va a ser la solución”, en referencia a que se intentará otra vez imponer el aumento. El mandatario explicó que el plan, tan específico que incluía la cantidad de 1,100 dólares de aumentos anunciado recientemente como algo nuevo por la jefatura universitaria, fue planteado personalmente por él en una reunión “hace 16 o 17 meses”.

La línea de discurso para promover dicho plan, con un gasto millonario en propaganda, fue difundir que la UPR tenía un supuesto déficit de 200 millones de dólares producto de las malas administraciones del pasado. Sin embargo, se filtró el documento en el que la propia presidencia de la UPR consignaba tener un déficit de sólo 20 millones de dólares, lo que dejó el paso a que el Comité de Eficiencia Fiscal demostrara que lo que estaba ocurriendo era la reducción calculada de cientos de millones de dólares en los fondos asignados por el propio Estado.

Pero la realidad de las finanzas actuales de la UPR, con una deuda de 700 millones de dólares en el mercado de Wall Street, sigue siendo un misterio debido a que la jefatura prefirió perder 305 millones de dólares antes que abrirles los libros de cuentas a los huelguistas, al organismo licenciador del Estado o en el tribunal. Esas presuntas pérdidas incluyen los 16 millones de dólares que se planeaba recoger con la restricción de las exenciones, los 60 millones de dólares de recaudos por las cuotas y los cuatro millones diarios que dijo le costaba cada día de huelga.

Desde antes del acuerdo que cerraría en victoria la décimo segunda huelga estudiantil de la UPR desde su fundación en 1903, los estudiantes habían comenzado a limpiar por dentro los recintos y hasta usaron un tractor para cortar el pasto. Pero, mientras se preparan las asambleas de ratificación, el Gobierno también inicia sus preparativos y el oficialista Partido Nuevo Progresista ya discute medidas legislativas para prevenir que asambleas estudiantiles futuras puedan discutir y decretar más huelgas.

Da la apariencia de dos campos que se enfrentarán por el destino de Puerto Rico. En una graduación simbólica organizada por estudiantes, profesores y hasta varios miembros de la Junta de Síndicos, se concedió a los huelguistas el grado honorario de “ciudadano ejemplar” y en la misma, el Profesor Distinguido Samuel Silva Gotay, les felicitó por seguir la “milenaria tradición” de vincular la ciudadanía a la misericordia y les conminó al compromiso con “la ciudadanía que debemos continuar construyendo día a día, la del mundo del futuro, la del otro mundo que es posible construir aquí”.

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Estados Unidos: Redadas contra inmigrantes comenzarán en Arizona dentro de un mes y medio

TRIBUNA LATINA

El sheriff del condado de Maricopa, en el estado de Arizona, Joe Arpaio, anunció este miércoles el inicio de redadas contra inmigrantes ilegales en cuanto entre en vigor la polémica ley que permitirá a los policías detener a cualquier persona que resulte sospechosa de residir de forma irregular en Estados Unidos.

"Cuando la ley entre en vigor el 29 de julio, inmediatamente conduciré una operación en la que los agentes utilizarán la nueva ley como otra herramienta para aplicar las leyes contra la inmigración ilegal", dijo Arpaio en un comunicado, citado por la prensa mexicana.

El agente indicó que internará a "los violadores de la nueva ley" en las cárceles del condado de Maricopa --que abarca la mayoría del área metropolitana de Phoenix, la capital estatal-- en vez de derivarlos a las prisiones federales, como suele ser habitual en estos casos.

"Estoy frustrado de que Arizona y en particular el condado de Maricopa continúen siendo un importante corredor del tráfico de personas", confesó el sheriff.

Sin embargo, varios despachos de abogados norteamericanos han advertido a Arpaio de que la aplicación exhaustiva de la llamada Ley Arizona provocará una saturación de las cárceles estatales y una sobrecarga del sistema judicial ante el volumen de personas afectadas.

Por su parte, organizaciones de derechos civiles han interpuesto diversas demandas para tratar de impedir la puesta en marcha de la normativa, que ha sido vista por muchos como un ataque directo a la inmigración hispana y, en concreto, a la mexicana, ya que es la comunidad foránea más numerosa de ese estado.

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Estados Unidos: Barack Obama afirma que British Petroleum creará un fondo de 20 mil millones para pagar las indemnizaciones

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El presidente de EEUU, Barack Obama, afirmó que British Petroleum (BP) creará un fondo de 20 mil millones de dólares para pagar indemnizaciones a los habitantes de las costas del Golfo de México que sufrieron graves daños debido al vertido de petróleo.

"Me es grato comunicarles, que BP está de acuerdo en crear un fondo de 20 mil millones de dólares para pagar indemnizaciones a las compañías y habitantes del Golfo de México que sufrieron graves daños debido al vertido de petróleo", anunció Obama tras una reunión de ayer entre responsables de la Casa Blanca y directivos de BP.

Por su parte, en un comunicado conciliador, el presidente de la petrolera británica, Carl-Henric Svanberg, pidió perdón al pueblo estadounidense en nombre de BP.

"Agradezco la paciencia que han tenido en ese momento difícil", dijo. "A veces oigo comentarios de que las grandes petroleras son empresas avariciosas a las que no les importa nada, pero esto no es así en el caso de BP, la gente de la calle nos importa".

Svanberg indicó que el consejo de administración acordó no pagar dividendos este año y prometió garantizar que las reclamaciones por compensaciones se gestionen de un modo rápido y justo.

El derrame de petróleo se produjo el pasado 22 de abril debido a la avería de la plataforma Deepwater Horizon, administrada por la British Petroleum (BP), en el Golfo de México, cerca de la costa del Estado de Luisiana (EEUU).

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Naciones Unidas: Riesgo de fiebre amarilla en el oeste de África por déficit presupuestario

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Más de 120 millones de personas en Nigeria y Ghana podrían correr el riesgo de contraer fiebre amarilla si no se les vacuna, advirtieron agencias de la ONU.

La escasez de fondos amenaza el suministro global de las inmunizaciones, lo que significa que estas dos naciones del África occidental podrían quedar fuera de la lista de próximas campañas, dijo el Grupo Coordinador Internacional (GCI) para el Suministro de Vacunas contra la Fiebre Amarilla al que pertenecen el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En los últimos tres años, las campañas realizadas en la región han protegido a 61 millones de personas de la fiebre amarilla causada por un virus transmitido por mosquitos.

La enfermedad es endémica en las áreas boscosas y las personas corren el mayor riesgo al final de la temporada de lluvias. De acuerdo con la OMS, cada año se registran cerca de 200.000 casos y 30.000 muertes.

Aunque la capacidad para producir la vacuna contra la fiebre amarilla se ha triplicado en los últimos 10 años de manera que ahora pueden producirse cerca de 90 millones de dosis al año, la falta de fondos podría conducir a la reasignación de los suministros disponibles y a una baja en la producción.

El GCI pidió recursos para mantener las reservas mundiales con el fin de responder a brotes y de llegar a otros 120 millones de personas en situación de riesgo. Los fabricantes de la vacuna han indicado que están dispuestos a aumentar la producción siempre y cuando exista el compromiso de comprar las vacunas.

"Hacemos un llamado a los donadores internacionales y a los socios en nuestro país para que continúen con los esfuerzos por apoyar las actividades de control de la fiebre amarilla y por proteger la vida de las personas", dijo Edward Hoekstra, especialista en salud de UNICEF.

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Israel decide suavizar el bloqueo a la Franja de Gaza

RIA NOVOSTI

Los ministros del Gabinete de Seguridad de Israel decidieron hoy aliviar el bloqueo terrestre contra la Franja de Gaza y ampliar la entrada de cargas civiles en el enclave.

"Se decidió liberalizar el sistema de transporte de cargas civiles y ampliar la lista de materiales de construcción, permitidos para la entrada, para la ejecución de los proyectos civiles bajo el control internacional", dice una declaración emitida tras la reunión celebrada este jueves.

Según la parte palestina, las autoridades israelíes permiten la entrada en la Franja de Gaza de un total de 150 denominaciones de mercancías frente a las 4.000 que se importaban antes del bloqueo impuesto por Israel y apoyado por Egipto en 2007.

El mayor problema del enclave palestino es el déficit de materiales de construcción que obstaculiza la reconstrucción de miles de viviendas, destruidas durante un operativo militar de Israel en invierno 2008-2009.

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