viernes, 25 de junio de 2010

Elecciones en Colombia: ¿Nuevas alianzas con rumbos propios? ¿Aliados de Uribe Vélez lo abandonan? Confusos nuevos rumbos políticos

Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

Después de las elecciones presidenciales del domingo 20 de junio en Colombia, para reemplazar en la presidencia de la República al antiguo jefe liberal Álvaro Uribe Vélez, el panorama político que se le presenta en estos momentos a Colombia es bastante diferente a lo que pensaba la gente. Da la impresión de que Uribe Vélez haya desaparecido rápidamente del escenario político, pues el nuevo presidente, del viejo corazón uribista, Juan Manuel Santos, ha comenzado a marcar rumbos propios que dan la impresión de que para él lo importante no es restaurar plenamente la totalidad del contenido del régimen de fuerza establecido en el país por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, si no instaurar un nuevo régimen de alianzas políticas que unifiquen las tendencias liberales y conservadoras que se habían incorporado al proyecto que Uribe Vélez representaba hasta el pasado domingo electoral.

Efectivamente, los hechos que han ocurrido después de las elecciones, solo 3 días después, se percibe en toda Colombia un sentimiento de que Juan Manuel Santos ha tomado su propio rumbo y está poniendo en marcha otra alianza derechista que reemplace el vago proyecto represivo y de extrema derecha de Uribe Vélez. Es decir, que parece que Santos optó por impulsar su propio proyecto político como presidente, apoyándose en los rumbos tradicionales y conservadores de más de 100 años de presencia y gran domino ideológico del gobierno liberal del presidente Eduardo Santos, dueño del diario liberal El Tiempo, hoy de propiedad de grupos económicos derechistas españoles, de una corriente política moderada con manifiestos rasgos represivos, pero con la decisión de darle nuevo rumbo político a la nación y dejar a un costado de su ruta la ideología retardataria, pro norteamericana total y represiva de Uribe Vélez, quien solo hasta las elecciones que acaban de ocurrir estuvo participando en reuniones populares a todo lo largo y ancho de Colombia, en las que trazara sus propios rumbos para presentarse en el futuro nuevamente como candidato presidencial. Una vez cumplido el tránsito incierto de Juan Manuel Santos por la presidencia de la República.

Hay que reconocer que el nuevo presidente Juan Manuel Santos Calderon, encontró una puerta abierta, más objetiva y práctica que la que le ofrecía Uribe Vélez, para organizar un gobierno relativamente moderado con una débil pero existente relativa diferencia con los objetivos que trata de cumplir el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Desde la realización de las elecciones del domingo 20 de junio, el panorama político colombiano ha cambiado de manera importante. Uribe Vélez paró en gran parte el chorro de discursos y programas electorales que estaba repitiendo en todos los rincones de Colombia, que solo duraron hasta el domingo 20 de este mes y año, dominado el ambiente por el proceso electoral mismo, en el que el candidato mayoritario era Juan Manuel Santos, elegido con relativa facilidad. Las coaliciones electorales que se formaron para ese proceso electoral no alcanzaron una fortaleza política suficiente para mantener el resultado electoral dentro de las aspiraciones del propio Uribe Vélez o de otros aspirantes, representantes de diversas tendencias democráticas o de izquierda, en las que el grupo político dirigido por el candidato democrático Antanas Mockus, y su compañero en la vicepresidencia de la República, el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, se mantuvo en ese frente político.

La realidad de la votación fue que el propio candidato de Uribe Vélez, su ex ministro Juan Manuel Santos, recogió la votación de varios líderes adeptos a Uribe Vélez en el país y que votaron por la candidatura de Santos Calderón, empujados, también, por el peso histórico de la familia Santos en más de 100 años de participación y presencia en la política nacional , que dejó el periódico más grande en circulación de Colombia, El Tiempo, que siendo hoy de capital y propiedad española está aprovechando la influencia antigua de la familia Santos en la historia de la propia Colombia.

Por ello la realidad electoral fue bastante sorpresiva para la opinión por el fuerte peso de la votación liberal de origen santista, que se volcó a votar por el candidato de esa familia, Juan Manuel santos, con un resultado que por su densidad y cantidad ha sorprendido a muchos de los analistas electorales de Colombia, que han olvidado el papel de Eduardo Santos y su familia en la historia política de Colombia de más de 100 años continuos de permanencia en la vida nacional. Este fenómeno de la presencia del “santismo” tuvo, a mi juicio, un notable poder electoral porque no era fácil echar a la basura más de 100 años de presencia e influencia de la familia Santos y de El Tiempo, en las elecciones cruciales que se hicieron en Colombia el domingo 20 de junio. Dejar de lado la influencia masiva e histórica en Colombia de la familia de Eduardo Santos y su periódico, es una simple tontería. Los pueblos no pierden su memoria y cuando están en apuros, como lo está hoy el pueblo colombiano por la agresividad del presidente Uribe Vélez, buscó apoyo también en los recuerdos del poder del doctor Eduardo Santos a lo largo de su vida por consolidar la democracia liberal en Colombia.

Todo esto influyó en el resultado de las elecciones, más allá del poder de la memoria de los colombianos para no dejar olvidar el pensamiento y obra de Eduardo Santos, a quien también le correspondió la solidaridad más activa con los españoles con el golpe del neofascismo del General Francisco Franco.

A mí no me sorprendió esta reacción colombiana. Por el contrario, me gustó porque lo que se jugó en las elecciones del domingo, fue eso, precisamente: qué democracia podíamos mantener, qué democracia podíamos defender. Y los colombianos en su debilidad e impotencia del momento prefirió refugiarse en la viejas banderas del presidente Eduardo Santos antes que las imposiciones militaristas y de dominación del nuevo presidente de los Estados Unidos, Obama, quien anda cazando nuevo imperio mismo, nueva dominación del mundo y América Latina. El simple color de la piel no le da al señor Obama el carácter de un reformador democrático, ya estamos viendo que es solo un presidente norteamericano, gringo e imperialista.

Nota y hecho trascendental y humanista: El Tiempo de hoy jueves 24 de junio, informa con gran despliegue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó a Colombia a pagar las indemnizaciones de todo género que han caído sobre el Estado colombiano por el asesinato del dirigente político de izquierda, Manuel Cepeda. La Corte Interamericana de Derecho condenó al gobierno colombiano a pagar a la familia de Manuel Cepeda 340 mil dólares, y agregó: "El Estado no ha cumplido su obligación de investigar en forma efectiva y completa las violaciones de Derechos Humanos en el caso". Los colombianos si lo celebramos con notable entusiasmo, digo yo en nombre de todos ellos.

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La salida del presidente colombiano Álvaro Uribe: Adiós, que le vaya bien

Juan Alberto Sánchez Marín (especial para ARGENPRESS.info)

Adiós, patrón, don Álvaro otra vez muy pronto, que le vaya bien, que no lo vaya a coger el carro desbocado y zigzaguero del propio legatario, que dios quiera no lo parta el rayo de esas justicias terrenal y divina tan trampeadas a punta de bendiciones episcopales y hasta pontificales, y que no lo vaya a espichar el choque de trenes entre poderes y entre colombianos que usted nunca dejará atrás.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, deja el poder padeciendo lo que el escritor y filósofo Fernando González, también antioqueño de pura cepa, llamó, en 1936, “un estado de conciencia vanidosa”.

El eximio paisano del presidente sostenía entonces que: “…escribir groserías en las paredes de edificios públicos; robar, cuando nadie lo sabrá; vender la patria, cuando nadie lo sabrá y ejecutar actos buenos, heroicos, cuando lo han de saber, es un estado de conciencia vanidosa”.

La coherencia entre el pensamiento anticipado del filósofo y el estado de conciencia, “muy limitada en verdad”, que ha imperado en La Casa de Nariño durante el último gobierno, resulta evidente si recordamos algunos casos del nutrido bestiario mediático nacional reciente, en los que esta clase de soflama presidencial se hace sentir.

La premisa incluye eso de tirar la piedra y esconder la mano. Como en el caso del malmirado acuerdo militar con los Estados Unidos, que da vía libre a la presencia de tropas de ese país en 7 bases militares.

Uribe, en la Segunda Conferencia de la Convención de Ottawa, efectuada en Cartagena el 3 de diciembre de 2009, dijo delante de todos que: “Muchos países, para enfrentar problemas de inseguridad, se han cerrado a la vigilancia internacional. Nosotros abrimos las puertas de par en par a esa vigilancia”.

Es más, el 31 de octubre del mismo año, en Ibagué, según la propia Secretaría de Prensa de la Presidencia, ya había dicho que: “Tenemos toda la entereza para que ese texto lo conozca, de principio a fin, la comunidad nacional y la comunidad internacional”. Y que, como “es un acuerdo de vital importancia”, “…estará a disposición de todos los colombianos la semana siguiente, de acuerdo con lo que me ha confirmado la Cancillería”.

A tantos meses de la promesa y ya en la puerta de salida, el presidente Uribe sigue sin divulgar un ápice del referido acuerdo militar, ni adentro, ni afuera. En un santiamén dejó de importar. Y que a alguien le importara era una tontería. Porque hasta se corrió la voz de que el acuerdo no era tal, sino adéndum, parágrafo, quizás paráfrasis, a otro convenio viejo y empolvado de los años cincuenta. Y los medios corrieron obsecuentes a echarle tierra al asunto.

Las razones del mutismo son elementales: El acuerdo viola la Constitución, que ni siquiera autoriza el tránsito de tropas. Y viola los mínimos procedimientos de curso requeridos: Se salta hasta la talanquera fácil del legislativo, con la propia anuencia del poder afectado. Si no, como es que en octubre de 2009, el mismo presidente de entonces de la Cámara de Representantes, Édgar Gómez, dijera con cara de palo que el Ejecutivo colombiano consideraba que "el acuerdo no afecta la neutralidad del Estado, no implica el tránsito de tropas (extranjeras), y no contempla el paso de personal militar con finalidad ofensiva". Y que, por estos motivos, quién lo duda, “el gobierno de Álvaro Uribe consideró que dicho acuerdo no debe ser sometido a discusión y aprobación por parte del Legislativo”. Lo dijo como si nada, sin anestesia, la voz cantante de un poder malogrado a punta de puestos y dadivas.

“La conciencia vanidosa” se pega. Y en esa misma razón infeliz nos mintieron diciendo que son acuerdos de igual a igual, con nuestros amigos los estadounidenses, en un despiste sin parangón, en el que no hay nada bajo control, excepto la verdad y las buenas intenciones, siempre mantenidas a buen recaudo.

La fila de ejemplos puede atisbarse de una sola ojeada en cualquier página de estos arduos dos cuatrenios. Álvaro Uribe, como “amigo”, le metió una puñalada trapera a Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, en una mediación pedida por el mismo gobierno colombiano y a la que le dio curso con la certeza de que sería infructuosa. La situación se salió de madre cuado las gestiones del vecino, en vez de irse a pique, empezaron a ser eficaces. Entonces y sin aviso, el presidente colombiano dejó colgado de la brocha al presidente venezolano, al que por demás acusó de tratar de ayudar en un conflicto infame, pero requerido para sostener el caballito de batalla que es la máquina de guerra de “la seguridad democrática”.

Uribe hizo de todo, cuanto le dio la gana y de las maneras que quiso. Hizo de la contradicción y la paradoja destrezas gubernamentales. Y de la mentira simple y llana un canon gerencial, en esta empresa necia que es Colombia. Agobió ciudades, pueblos y aldeas remotas con circenses consejos comunales transmitidos sin tregua. Reconvino al aire, de labios para afuera, a ministros y menestrales.

Soltó la jauría de caza del DAS tras opositores, periodistas críticos, líderes sindicales y todo el surtido de los ciudadanos incómodos. Configuró, al interior de las fuerzas militares, un torvo mecanismo de estímulos, que, por entre un tubo, condujo a que las tropas en repetidos golpes de gracia llevaran a cabo el asesinato de campesinos y otros pobres, en un patrón siniestro al que el gobierno y los medios llamaron y llaman con un eufemismo sinvergüenza: “falsos positivos”.

Oyó y atendió los susurros aviesos y solapados de José Obdulio Gaviria, el primo de don Pablo (Escobar). Sentó a su diestra, como Secretario Privado de la Presidencia, a Bernardo Moreno Villegas, un habilidoso egresado de la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER). Camanduleó de más con César Mauricio Velásquez, su Secretario de Prensa, una especie de predestinado del Opus Dei, a cuyas convicciones no les calza la democracia, si no es de papel.

En fin. Con la partida de Uribe es de esperar que se vayan los cohechos no tan idos, con Yidis, Teodolindo y el ido de Sabas Pretelt. Se van, por fin, Fabio Valencia Cossio y sus intervenciones abiertas, descaradas y reiteradas en esa especie de apéndice del Ejecutivo que han terminado siendo el Congreso de la República y la Cámara de Representantes durante este tiempo, donde apenas si son audibles unas pocas voces independientes y dignas.

Se va también la vanagloria inmoderada, más bien insolente, de la junta del gobierno con toda clase de malas compañías: pendencieros, trapisonderos y malhechores; los que entran por la puerta de atrás a Palacio; los muchos otros que también fungen de asesores, directores o secretarios, y fingen de piadosos; los que son defendidos a capa y espada por el presidente, en cuyas diatribas recriminatorias a la Justicia está la procura de exculparse a sí mismo, como máximo responsable de todos los quebrantamientos a la ética y las leyes.

Álvaro Uribe dijo en UNASUR: “Colombia ha tenido una democracia respetable, de independencia de instituciones, de plenitud de libertades”. Y en Barrancabermeja, el 11 de agosto, hace casi un año, afirmó durante el V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que “La Justicia en Colombia es autónoma, independiente, y se ha fortalecido bastante, gracias a nuestros esfuerzos presupuestales y a la Seguridad Democrática.” Y sostuvo que “este Gobierno le permite hoy (a la Justicia) actuar en todas las regiones y frente a todos los temas. Hoy no tiene restricciones territoriales ni restricciones de materia”.

Sin palabras. Cuando la Corte Suprema de Justicia es una de las instancias más atacadas por el presidente y sus partidarios. Donde los jueces son vilipendiados y desautorizados por el propio Álvaro Uribe, y acusados de politiqueros, de falseadores y de calumnia. Cuando toda la rama judicial es desprestigiada y puesta en el banquillo de los acusados, en tanto que los acusados, sus subalternos y secuaces, cómo no, son absueltos a priori por el Jefe de Estado. Los pájaros tirándole a las escopetas. Claro está, al fin y al cabo, a lo sumo una nueva variedad de los mismos “pájaros” de nuestra Violencia con mayúscula, aquella en la que hay tantas raíces de tanto.

Se lleva Uribe a cuestas una moral retrechara, gazmoña y afincada en la psicodelia: serán malos, pero adinerados y útiles los buenosmozos; serán buenos, pero pobres los desgraciados. ¡Qué viva Sarmiento Angulo! ¡Abajo los desplazados, esa suerte de infiltrados!

El 23 de marzo de 2009, en un consejo de seguridad en Tibú, Norte de Santander, el presidente aseveró que en sólo 22 procesos de los llamados “falsos positivos” iniciados entonces, se había encontrado soporte jurídico para las denuncias. "Nosotros somos los primeros en exigir que no haya ‘falsos positivos', que haya total transparencia, pero tenemos que ser los primeros en denunciar que mucha gente, amparada en este tema, lo que ha hecho es crecer falsas acusaciones, para tratar de paralizar la acción de la Fuerza Pública contra los terroristas".

Unos meses después, el 3 de diciembre pasado, en una videoconferencia, el presidente Uribe volvió a llamar la atención porque “hay personas e instituciones que, en muchas ocasiones, acusan a nuestras Fuerzas Armadas falsamente, simplemente por afectar nuestro proceso de Seguridad Democrática”.

Las cifras escandalosas de muchachos asesinados en distintas partes del país, que ya sobrepasan los dos mil, acallaron pronto esta monserga del presidente. Echando mano a palabras de José María Vargas Vila, dichas en otro contexto, pero con medidas que ahora parecieran tomadas por escribano notarial, o, mejor, por sastre de pueblo, el presidente Uribe siempre trató de hacernos creer que no se daba cuenta de que andaba “por sobre las cenizas de los muertos”. Así estuvo todo el tiempo y así se va.

Cuando la Justicia condenó a 30 años al coronel retirado Alfonso Plazas Vega, volvió la carga al machete de Álvaro Uribe Vélez, con idénticas argumentaciones:

"El terrorismo, que está perdiendo, en su osadía, ahora quiere ganar a través de tinterillos con acusaciones falsas contra la seguridad democrática". Lo dijo el 3 de junio, en una ceremonia de ascensos de la policía, en la Escuela General Santander, y agregó: "Los tinterillos, los idiotas útiles e inútiles, están en contra de esta política y atemorizan a la Justicia que a veces les da recibo".

Álvaro Uribe sangró por la herida y una sombría asociación de ideas debió incrustársele en esa alma de tantas encrucijadas fatídicas: El infeliz veredicto contra una extralimitación remota y brutal debió hacerle pensar al presidente que por ahí anda suelto el artífice de las Convivir, principio del paramilitarismo, y el regente de un régimen en el que ha corrido mucha sangre inocente.

Al gobierno del presidente Uribe, en el tema de la guerra interna y de su “Seguridad democrática”, le puede pasar igual que a la Inglaterra de “La guerra de los Cien Años” contra Francia, que ganó casi todas las batallas decisivas, pero a la final perdió la guerra.

Es que ni “Jaques”, ni “Camaleones”, ni toda la calaña de los montajes bélicos, sin desconocer su carácter paliativo en el retorno de civiles y militares, y en la reunión de las familias, conducen a parte alguna, mientras los caminos restantes, los del diálogo, de la equidad, del empleo digno, de la seguridad social básica, por ejemplo, sigan siendo minados sin miramientos con la intolerancia de un dogmático y la jactancia de un ubérrimo.

“Que el amor por esta Patria sea la llama a través de la cual Nuestro Señor y la Santísima Virgen me iluminen para acertar; también, para superar la humana vanidad y rectificar cuando incurra en el error”. Esto lo imploró Álvaro Uribe en su discurso de posesión durante su primer mandato, el 7 de agosto de 2002. Era el Álvaro Uribe del corazón grande. Pero aún así, los santos cielos no lo oyeron. En muy pocas cuestiones acertó. Jamás superó la humana vanidad y más bien se le acendró a toda la hornada a su alrededor el “estado de conciencia vanidosa”. Y, como hemos visto, en vez de rectificar cuando incurrió en errores, se volvió iracundo (y lo dejó ver), y le endilgó todas las culpas a quienes no pensaran como él.

Álvaro corazón grande recuerda mucho a Ricardo Corazón de León, aquel rey inglés de la segunda mitad del siglo XII, y no sólo porque al uno, al criollo, lo seduzcan las caballerizas y los caballos, y al otro la caballería, sino por lo cruzados ambos, el corte anacrónico de la cohorte y los escuderos, y, claro está, por el poquísimo gusto por gobernar (que se disimula en trabajar, trabajar y trabajar). Y, a cambio, sí la enfermiza fascinación por la guerra, por desgastar a sus patrias con el embeleso de ganar batallas minúsculas e intrascendentes.

El uno, a última hora, tuvo su Saladino, su carcelazo y su derrota; el otro, el nativo, todavía no lo sabemos, pero ya el personaje escucha por todos los puntos cardinales los pasos de animal grande de la Justicia, la nacional (a la que no logró sojuzgar) y la internacional (que ya le hace regar el tinto del caballo). Y hoy, a diferencia de ayer, no vamos a quedar en manos de Juan Sin Tierra, pero sí en las de Juan Manuel sin Tiempo, y, de cierto, cual siervos sin tierra, como siempre.

Bajo el yugo de los dos gobiernos seguidos de Álvaro Uribe Vélez, mucho del país se fue muriendo en el entre tanto, golpe a golpe, peso a peso. Bala a bala, mejor. Después de estos implacables años de tanta “conciencia vanidosa”, más allá de la mentada “seguridad democrática”, de la cohesión antisocial, de las amañadas cifras de crecimiento o de la espelucada confianza inversionista, yace tendida y exánime la esperanza en un país justo, y es irremediable que luzcan mal y cabizbajos los sueños de una Colombia más incluyente y menos violenta.

A la manera de decir las cosas del finado poeta calarqueño Luis Vidales, a esta Colombia se le han muerto tantas cosas que ya parece un poco fantasma. La prueba de ello es que a estas alturas ni siquiera nos espante la idea de que Juan Manuel Santos sea el sucesor de Uribe y el continuista del aquelarre nacional que ha sido tal mandato.

Ojalá que la callada movilización popular que no deja de brotar a lo largo y ancho del país, siga avanzando y haciéndose incesante. No se la ve en los medios, pero ahí está. No se la registra, porque se la disimula, pero ahí va. Por supuesto, también tiene algo de espectral: no figura en las encuestas, no come cuento, no traga entero, se la nombra como algo amorfo.

Es de estudiantes, de indígenas, de negros, de obreros, de desempleados o mal empleados, de desplazados, de víctimas de todo tipo y de familiares de víctimas, de pobres que no tienen nada y, quién lo duda, de algunos pobres diablos colados que ni siquiera saben que también son pobres aunque tengan algo de plata. En otra palabras: esa parte innegable del país que nunca hizo parte del manipulable “estado de opinión” tan propugnado por el presidente que ya se va.

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Puerto Rico: “Si el enemigo de tu pueblo te llama ‘terrorista’ eres bendecido”

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista con Rafael Cancel Miranda, luchador contra la ocupación colonial de Estados Unidos en Puerto Rico y preso político durante 25 años.

Video (1 hora 20 min.): http://www.vimeo.com/12764244

Inquebrantable y firme en sus principios por Puerto Rico libre y soberano. Y por eso Rafael Cancel Miranda dio 25 años de su vida en cárceles como Alcatraz o la prisión de Illinois, USA, en donde el Imperio intentó de quebrarlo físicamente ya que no pudieron comprarlo.

A final el presidente Jimmy Carter bajo su campaña hipócrita de “derechos humanos” no tenía otra alternativa que liberar incondicionalmente a Rafael Cancel y sus otros cuatro compañeros que 1954 atacaron el congreso para que los congresistas supieran como es de “probar de su propia medicina”, saborear el plomo de las balas. Cinco de los congresistas quedaron en el suelo en el Capitolio.

Foto: Puerto Rico - Rafael Cancel Miranda, luchador
contra la ocupación colonial de Estados Unidos en
Puerto Rico y preso político durante 25
años. / Autor: Dick Emanuelsson

El masacrado y oprimido pueblo de Puerto Rico saludó la acción como una gesta libertaria mientras la prensa estadounidense los tildó “terroristas”. Hoy la historia se repite en muchas partes del mundo.

“Si el enemigo de tu pueblo te llama ‘terrorista’, eres bendecido, por que ellos solo llaman terroristas que les combaten. Hasta Bush le dio a Uribe una medallita a éste servil. ¡Imagínate! Si Bush me da una medalla, me insulta por que me esta diciendo que soy sus criaturas, de sus serviles. Pero si te llaman terrorista, para mi es un honor que me llamen terrorista los yankiees por que yo sé quienes son los terroristas”.

Foto: El Mundo 16 de julio de 1949; rehúsan inscribirse en el ejército USA
(el alto es Rafael Cancel).

Así comenta, resume y saluda a los presos políticos latinoamericanos en Estados Unidos, entre ellos Simón Trinidad y la Sonia, guerrilleros colombianos que se levantaron en armas contra el estado terrorista que asesina su propio pueblo en el continente suramericano, y como es posible soportar un régimen estatal carcelario si tienes suficiente convicción ideológica.

En la siguiente extensa entrevista en la casa del viejo luchador en San Juan, Puerto Rico, Rafael Cancel subraya que el sacrificio valía la pena, que la lucha contra los verdaderos terroristas y ocupantes sigue hasta que Puerto Rico sea libre y soberano, y que no es un ‘nacionalista limitado’ que no ve más allá de la esquina:


“Doy mi vida por la revolución cubana, bolivariana, estoy con Chávez, con Evo, con Ortega por que soy puertorriqueño y latinoamericano”.


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Panamá: Democracia para millonarios

Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)

La Comisión Nacional de Reformas Electorales se encuentra discutiendo el tema de los topes para financiamientos privados de las campañas electorales. En ese marco el Tribunal Electoral ha presentado una serie de informes y estudios que prueban lo que hemos venido señalando desde hace tiempo: la democracia panameña está secuestrada por el poder del dinero, por ende, ha degenerado en una plutocracia, fuente de todos los escándalos de corrupción e imposiciones antipopulares.

En ese sentido, el pasado 17 de junio, el magistrado Gerardo Solís, que preside la comisión, señaló que en las elecciones de 2009: “Un País para Todos, Balbina Herrera declaró que su campaña costó 8.3 millones de dólares, y Alianza por el Cambio, Ricardo Martinelli declaró que su campaña costó 18.9 millones de dólares”. Además agregó que un candidato a alcalde, sin identificar, gastó 250,000 balboas, que varios candidatos a diputado de diversos circuitos y partidos, declararon sumas superiores a 200,000 dólares en sus campañas.

Estas cifras indican que no estamos eligiendo “a los mejores”, sino a los que más plata tienen para gastar en una campaña electoral. Para poder competir se debe ser millonario, o estar financiado por alguno. La consecuencia lógica es la política como negocio: se invierte en ella, para sacar algo a cambio: favores, nombramientos, licitaciones, etc. Entonces ya podemos entender por qué actúan como la hacen gobernantes y diputados.

Irónicamente, siendo la intención de la reforma establecer topes a los gastos de campaña y a las donaciones privadas, tope que hoy no existe, la propuesta que hacen los magistrados del Tribunal Electoral es escandalosa. Proyectando un crecimiento del Presupuesto de Inversiones del Estado del 68% y del padrón electoral del 11%, estiman que en 2014 el Financiamiento Público a los partidos políticos será de 54 millones de balboas y, si el tope a las donaciones privadas se establece en el 40% de éste, llegará a 21 millones por cada candidato presidencial (ojo), con un costo estimado de B/. 9.20 por elector.

Como voceros en esta comisión del Partido Alternativa Popular nos toca repudiar completamente estos criterios, los cuales implican la legitimación de una democracia secuestrada por los millonarios. Una verdadera democracia no puede depender de que sólo se postulen y tengan opción los que tienen millones para gastar, sino los que tienen una propuesta coherente de desarrollo para el país.

Uno de los tantos criterios que hemos propuesto, y que lamentablemente no se han aceptado, para restablecer una democracia sana, equitativa y participativa son: que el Tribunal Electoral sea el único que contrate los espacios publicitarios en los medios de comunicación y los reparta equitativamente, abaratando incluso el financiamiento público; un tope máximo a las donaciones privadas de 10,000 balboas por persona y un tope global que no exceda de 100 mil a los candidatos presidenciales y de 50 mil a diputados, alcaldes y representantes.

Corresponde al conjunto de la sociedad panameña, a las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios y a los sindicatos pronunciarse y exigir reformas profundas a nuestro sistema político. Les incumbe porque serán sus miembros los seguirán pagando las consecuencias del sistema plutocrático que se ha entronizado.

Olmedo Beluche es secretario general del Partido Alternativa Popular.
Foto: Ricardo Martinelli, presidente de Panamá. / Presidencia Panamá

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El ferrocarril es una cuestión nacional, su importancia geoeconómica (Parte III)

Juan Carlos Cena (especial para ARGENPRESS.info)

Breve Historia a través de los subsidios, créditos, facilidades, regalías, prebendas... y saqueos.

La historia de los ferrocarriles argentinos es, sin disputa, uno de los capítulos más vitales e importantes de la Historia Argentina. Las ganancias ferroviarias, cuyas sumas, algunos años, han sido ligeramente inferiores a la de Renta General de la Nación, han corrido un tiempo a 'raudales para doblegar a los pocos hombres y a las pocas entidades representativas que no estaban en su radio de acción', influyendo en su poder omnímodo en la obra ejecutiva del Gobierno y declarando inconstitucional cualquier intento de fiscalización. Raúl Scalabrini Ortiz- Historia de los Ferrocarriles Argentinos.

El ferrocarril nace y se expande en un modelo de acumulación primaria de capital (período 1857-1880), en base a empréstitos suscritos por el estado nacional y las provincias. Es decir que el capital inicial y la propiedad son original y básicamente estatal.

Al origen lo podríamos identificar con la constitución de la "Sociedad del Camino de Fierro de Buenos Aires al Oeste". Sociedad integrada por argentinos que tomó a su cargo la organización de la primera empresa ferroviaria, destinada a unir la ciudad de Buenos Aires con la zona rural donde prosperaría más tarde la agricultura. En septiembre de 1853 se presentaron al Gobierno Principal, solicitando la concesión para construir ese ferrocarril.

Es así como la Legislatura de Buenos Aires, por Ley del mes de enero de 1854, autorizó al Poder Ejecutivo a que otorgara la concesión a dicha sociedad para que construyera un ferrocarril de 24.000 varas de extensión. Esta fue la primera Ley Ferroviaria sancionada en el país. Los trabajos de construcción se iniciaron a principios de 1855, quedando totalmente terminados, hasta los "pagos" de Floresta, en la primera quincena de agosto de 1857. El total del capital invertido en la construcción de esta línea fue de 6.900.000 pesos de la moneda corriente.

La política británica colonizadora era integral, profunda, orientada al agro y a la ganadería, insumos necesarios para el consumo de la metrópolis. Las políticas de expansión y consolidación de los ferrocarriles, así como de las inversiones inglesas en esta colonia, que era Argentina, eran monitoreadas desde Londres, nada escapaba a la mirada atenta de la corona: El Estado Británico, en nombre de esa corona, controlaba todo. El colonialismo inglés tenía claro cual debía ser el papel de los ferrocarriles y su importancia geoeconómica. El relevamiento del territorio nacional y sus riquezas fueron los que determinaron los objetivos y las políticas a seguir.

Por esos tiempos coloniales, el capital financiero de los cuatro o cinco Estados capitalistas más importantes del mundo ordenan y mandan en el mundo en términos absolutos: doscientos mil kilómetros de nuevas líneas férreas son instaladas en las colonias de Asia y América que significan una inversión de 40.000 millones de marcos en condiciones particularmente ventajosas, con garantías especiales de rendimiento, con pedidos lucrativos como exención de impuestos, préstamos, empréstitos, regalías de tierras y otras prebendas.

El 80% de todas las líneas férreas se hallaba concentrado entre Estados Unidos, Imperio Británico, Rusia, Alemania y Francia que sumaban 491 mil kilómetros en 1890 y 830 mil kilómetros en 1912.

Gracias a las colonias, Inglaterra aumentó “su” red ferroviaria en 100.000 kilómetros, cuatro veces más que Alemania.

“A excepción de Inglaterra, los gobiernos enriquecieron y estimularon a las compañías ferroviarias a expensas del tesoro público. En Estados Unidos se les regaló gran parte de las tierras fiscales, y no sólo el terreno necesario para la construcción de las vías, sino muchas millas cubiertas de bosques, etc. A ambos lados de las mismas (como en nuestro país a las colonialistas ingleses, nota del autor) De esta manera, se convierten en los más grandes terratenientes, y los pequeños agricultores inmigrantes prefieren desde luego las tierras situadas de tal modo que su producción tenga asegurados fáciles medios de transporte… En general los ferrocarriles dieron, por supuesto, un inmenso impulso al desarrollo del comercio exterior, pero en los países que exportan principalmente materia prima, el comercio aumentó la miseria de las masas. No sólo porque las nuevas deudas contraídas por el gobierno para el fomento de los ferrocarriles aumentaron el peso de los impuestos que las aplasta, sino también porque desde el momento en que toda producción local pudo convertirse en oro internacional, muchos artículos anteriormente baratos, encarecieron…carta de Carlos Marx a Dasnielson – Londres 10 de abril de 1879.

Es necesario graficar la envergadura del coloniaje, en especial para nuestro caso el inglés: imponía en su prepotencia colonialista una dura explotación sobre los obreros que trabajaban en sus ferrocarriles, estableciendo una explotación descarnada. Los ferrocarriles cumplían un papel fundamental en el encauzamiento de la colonización de nuestro país, a través del territorio nacional.

Pintar someramente la penetración del capitalismo colonial inglés nos permite, además, valorar todos los intentos del movimiento obrero por organizarse y resistir la explotación, en este caso, el de los trabajadores ferroviarios.

Con la instauración del modelo agro exportador (década de 1880) que fue la alianza entre los terratenientes ganaderos de la pampa húmeda y el capital monopolista inglés comenzaba un proceso acelerado de privatización de los primeros ferrocarriles estatales, (Ferrocarril Oeste) éstos, los británicos, ampliaban la red con las siguientes características:

*En la pampa húmeda (límite de la isohieta de 500 mm/año predominaban los privados.

*Fuera de ese límite, estaban los estatales.

Es decir el propio Estado Argentino se limitaba o excluía o se prohibía, asimismo, de construir vías férreas dentro de los límites de las isohietas, esta era una imposición del capital monopolista inglés.

En el período 1880-1920/25 con el auge del modelo agroexportador se produce el mayor volumen de inversiones (y sobreinversiones) del capital extranjero en ferrocarriles, amparados en una legislación nacional permisiva (cesión de tierras, desgravación de impuestos y aranceles aduaneros, desgravaciones, exenciones y otros).

Repito cita anterior: … En Estados Unidos se les regaló gran parte de las tierras fiscales y no sólo el terreno necesario para la construcción de las vías, sino muchas millas cubiertas de bosques, etc. A ambos lados de las mismas (como en nuestro país a las colonialistas ingles - nota del autor) De esta manera, se convierten en los más grandes terratenientes y los pequeños agricultores inmigrantes prefieren desde luego las tierras situadas de tal modo que su producción tenga asegurados fáciles medios de transporte… carta de Carlos Marx a Dasnielson – Londres 10 de abril de 1879.

"Los rieles no han sido tendidos en este suelo para el cambio de productos entre sus habitantes tanto como para internar las mercancías extranjeras necesarias para la producción y llevar los frutos del país a los puertos de exportación. Y los rieles continúan avanzando, para anexar nuevos territorios al dominio del capital". Juan B. Justo, Teoría y Práctica de la Historia (1909) en este trabajo nos dice como un calco lo mismo que Marx.

Desde esos tiempos uno puede ya ir percibiendo la importancia geoeconómica del ferrocarril en la formación y estructuración de nuestro país. Primero en manos del Estado (tendido inicial F. C. Oeste, posteriormente vendido a los ingleses por el gobierno de Juárez Celman) luego, la expansión de la red por parte del capital británico dentro de ese marco y a partir de 1904, el tendido de vías por parte del Estado, fuera de la pampa húmeda.

En cambio continúo, la expansión de los ferrocarriles del Estado llamados de Fomento tienen un diseño diferente en sus redes a la traza de los ingleses. El diseño Estatal era integrador, abarcaba una amplia zona geográfica que arrancaba desde Rosario y Córdoba con las provincias del noroeste y noreste, y desde Bahía Blanca constituyendo los ferrocarriles Patagónicos. De la misma manera acontece con los ferrocarriles entrerrianos.

En cambio, la zona geográfica que los ferrocarriles ingleses explotaba era la llamada Pampa Húmeda y el cuadrilátero de Cuyo, territorio lleno de riquezas, compuesto por las zonas sur de Córdoba y Santa Fe, zona norte de La Pampa y Buenos Aires y una parte de la provincia de San Luís. Territorio donde predominan las oleaginosas.

El ferrocarril integrado, por medio del capital, al sistema global de exportaciones e importaciones, incluyendo los fletes marítimos y seguros operó en ese lapso como un fuerte demandante de importaciones voluminosas, equipos, instalaciones y carbón, lo que hacían las veces de ‘lastre vivo’ en los buques, compensando en buena medida el intercambio desigual entre Argentina y Gran Bretaña en términos de volúmenes de carga.

De esta manera el ferrocarril inducía una rentabilidad global al conjunto del capital y se hacía ‘acreedor’ a tarifas relativamente altas (monopólicas), con las que solventaba sus costos de infraestructura, operación y pago de jugosos dividendos.

El ferrocarril, por esos tiempos, era el único sistema de comunicaciones, se puede afirmar único y excluyente: transporte de mercancías y pasajeros, correos y red telegráfica. Se enlazaba con otro sistema de comunicaciones, también, único y excluyente: el barco a través del puerto de Buenos Aires.

Todo el sistema estaba controlado por el capital financiero inglés de manera preponderante y el Estado oligárquico en segundo grado. Esto explica el trazado casi, exclusivamente, cónico (los ramales convergen desde todo el territorio nacional, en forma de un gigantesco embudo al puerto de Buenos Aires) del sistema ferroviario privado.

Pero no sólo buenos negocios se hicieron por medio del monopolio de las comunicaciones. El ferrocarril mientras era el único medio de transporte que actuó, por lo tanto, como un fuerte y decisivo regulador del comercio interior y de las relaciones económicas sociales. Podemos inferir que el ferrocarril no sólo transportó mercancías, pasajeros, comunicaciones (con el telégrafo, el teléfono, teletipos), el correo (vagones postales), sino que jugó un papel fundamental en la integración del país no totalmente homogéneo, lo impedía la propia naturaleza del sistema ferroviario diseñado para el lucro y la rentabilidad y para que ese objetivo se cumpliera, éste, debía colonizar, no poblar e integrar.

Sólo cuando el ferrocarril se nacionaliza la naturaleza de este sistema de transporte cambia: se constituyó en una empresa pública sin fines de lucro. A pesar de los intereses ingleses o franceses el ferrocarril comunicó e integró al país, que no es poco.

Este sistema privado actuaba con tarifas diferenciales, más bajas para las materias primas que para los productos elaborados, indujo la instalación de las industrias incipientes en el litoral, regulándolas desde su papel monopólico en el control del abastecimiento de las materias primas y los insumos. De manera que la propiedad privada, en el ferrocarril, en el período considerado se convirtió en una base estratégica de la consolidación de la acumulación del capital, en un modelo dependiente, basado en el entrelazamiento de la oligarquía ganadera con el capital inglés.

La competencia del transporte automotor

“En junio de 1932, el Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico fue el primero que debió pedir moratoria de pago, habiendo corrido sucesivamente igual suerte las demás empresas que, con excepción de los Ferrocarriles del Sud y Santa Fe, permanecían aún en una situación deplorable”... “Las Empresas han considerado, y consideran, que el hecho de haberse autorizado oficialmente, no mediando una verdadera e insalvable necesidad pública, la invasión de su zona de influencia por acarreadores competitivos, exentos casi en absoluto, por mucho tiempo, del contralor oficial y sobre los cuales no gravitan la obligaciones onerosas y numerosas que pesan sobre ellas, ha cercenado los derechos emergentes de sus concesiones que, siendo bajo tal aspecto verdaderos contratos, ha debido y deben interpretarse de buena fe, en vista de su “movens”, lo que equivale a decir con espíritu y equidad”...

”Cuando la competencia iba asumiendo contornos peligrosos ellas solicitaron la sanción de una ley que salvaguardara su derecho a satisfacer con sus propios medios las necesidades del transporte de sus respectivas regiones; necesidades, en atención a la cuales, y sólo en atención a ellas, han tendido las líneas”...”Desaparecido el monopolio del transporte terrestre del ferrocarril, toda la estructura del transporte entra en crisis, perpetuándose ésta a través de los esquemas seudo liberales” (Dr. Jose Beltrame – La crisis de los ferrocarriles de propiedad privada - Trabajo presentado al V Congreso Panamericano a celebrarse en Uruguay – abril de 1946.

Las empresas privadas ferroviarias querían que el Estado se hiciera cargo de la disminución de sus ganancias por la falta de carga; ese descenso en el tonelaje transportado era ocasionado por la aparición del autotransporte automotor. Subsidiándolas por esa reducción en el lucro; era la manera de “competir”, en buen romance, que se las subsidiara, como en estos tiempos.

El capital norteamericano había entrado en fuerte competencia con el capital inglés en el mundo. En la Argentina se manifestó con fuerza en los años del gobierno del general Juan P. Justo. A instancia de ellos, éste, da un gran impulso a la construcción de carreteras, algunas paralelas a las vías del ferrocarril.

El general Justo crea Vialidad Nacional, este organismo estatal es el encargado de la construcción de las rutas. La construcción de rutas con sus puentes alcantarillas, peraltes (curva con inclinación) por parte del gobierno nacional, es una subvención encubierta al autotransporte automotor. Este no paga con sus impuestos la totalidad del gasto de las vialidades: nacional, provincial y municipales. No paga el peso por eje máximo permitido que es de: 10,6 toneladas para los vehículos. No paga las rutas de 30 cm de espesor necesario para resistir su peso en lugar de los 10 cm, como corresponde para permitir el peso de los automóviles; tampoco paga el camión el deterioro de la ruta que provoca.

Un camión perjudica igual que el peso de 50.000 autos

El costo de construcción de un kilómetro de una ruta de dos carriles es aproximadamente de 250.000 dólares. Debiendo ser reconstruida cada 7 años.

La construcción de un kilómetro de vía férrea es aproximadamente de 205.000 dólares y es apta para circular en ambas direcciones, con una vida útil de 30 años, con sólo mantenimiento liviano.

* La capacidad de tráfico de esa vía férrea es 17 veces más que el de la ruta.

* Una locomotora que arrastra una carga determinada sólo puede ser reemplazada por 50 camiones (Provistos por la industria del transporte automotor), que a su vez consumen 3,5 veces más combustible.

* Un tren de ocho (8) coches equivale a 68 colectivos

En esta proporción se contamina más el aire, se triplica el ruido ambiente, aumenta la congestión vehicular y se incrementan los accidentes.

El ferrocarril, único medio de transporte, junto con el subterráneo y el trolebús pueden utilizar energía renovable. Los otros utilizan el no renovable como petróleo o gas.

El autotransporte automotor no cumple con las leyes laborales, no paga a la sociedad el daño que produce por la contaminación, el ruido y el estrés; la parte social de los accidentes vehiculares, la utilización de los combustibles no renovables, la congestión vehicular, etc.

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Un recambio de camarilla

Marcelo Ramal (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Cuando todavía celebraban el levantamiento del corte de Gualeguaychú, a los Kirchner les estalló en las manos una nueva crisis de gabinete. El renunciante Taiana había ‘sacado los pies del plato’ al reunirse con los periodistas de los diarios destituyentes para informar que el monitoreo “conjunto” prometido a la asamblea entrerriana no será sobre la planta de Botnia, sino sobre el río Uruguay, y que además participaría Brasil. La infidencia de Taiana no solamente hizo peligrar el levantamiento del corte, sino que dejó al desnudo una falta de ‘lealtad’ a la hora del embate final contra el ‘monopolio’ y, lo que es más, cuando comienza la guerra con vistas a las elecciones de 2011. Con el reemplazo en la persona de Timerman, el gobierno toma todavía más la forma de una asociación privada que busca acaparar todos los resortes del Estado.

De todos modos, Gualeguaychú fue sólo el detonante de una crisis de alcance mayor. El despido de Taiana es el resultado final de una larga lucha de la camarilla contra la Cancillería, que se manifestó con toda claridad cuando Moreno y De Vido tomaron a su cargo las relaciones económicas internacionales – en especial en lo que hace a las importaciones desde China. Por la mirilla de la crisis de gabinete, se deja ver otro episodio de la descomposición del kirchnerismo.

Quién entra

Un especialista en asuntos externos, el derechista Carlos Escudé, acaba de destacar que Timerman se identifica con “una decisión clave de nuestra política exterior” (La Nación, 20/6): el apoyo de los Kirchner a la campaña norteamericana contra Irán y a la del sionismo dirigida a encubrir a los reales responsables del atentado contra la Amia. No se debe olvidar nunca que el comisario Palacios, uno de los principales encubridores, fue premiado por el Estado de Israel. En la reciente cumbre internacional de seguridad nuclear, Cristina selló un acercamiento decisivo con Obama cuando apoyó el control norteamericano sobre todas las formas de desarrollo nuclear. Los K están seguros de que si quieren ganar en 2011, deben neutralizar la oposición de los yanquis, quienes rechazan la alianza coimera con la camarilla de Chávez.

La presencia de Timerman en la Cancillería aleja cualquier sospecha de un lazo político consecuente con Venezuela. De todos modos, el nuevo canciller no va a interferir en la diplomacia paralela que anuda a la “bolibuguesía” chavista con los patrones argentinos, kirchneristas o no, en las operaciones que tienen como comisionistas menores a los De Vido o Uberti. Por eso, el “enemigo de Irán” instruyó convenientemente al ex embajador Sadous para que “guarde reserva” de esos negocios en la interpelación que le esperaba en el Congreso.

Clarín

El nuevo ministro es uno de los abanderados en la cruzada oficial contra el pulpo Clarín. Ha tomado con la pasión de un converso la causa por la identidad de los hijos de Noble, porque sería la expiación de su alianza con la dictadura en el momento fundamental de su asentamiento en el poder. Si el caso se extiende a una reestatización de Papel Prensa, apropiada bajo el peso de la tortura, una crisis política será inevitable; pero los K son cuidadosos en este punto y buscarán negociar una salida con capitalistas amigos. El mismo procedimiento, con Telecom, hasta ahora ha fracasado. Si de medios se trata, recordemos que la reciente visita de Clinton a la Argentina, en la que desplegó un verdadero discurso de campaña en favor de Cristina, fue piloteada por el empresario “K” Werthein, un K que se quiere apropiar de Telecom y entrar con fuerza en el negocio del “triple play” junto con otros pulpos ligados al gobierno. En los embates a Clarín, que suenan impactantes, los Kirchner actúan junto a los socios de Obama; o sea, a cuenta de intereses sociales y políticos tan reaccionarios como los que dicen combatir.

Foto: Argentina, Política - Héctor Timerman asume como nuevo Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. / Autor: Presidencia de la Nación

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Echaron a Taiana, viene Timerman: ¿hacia dónde vamos?

Gustavo O. Lahoud (SOCIALISMO LATINOAMERICANO)
La intempestiva pero no tan sorpresiva renuncia del ex Canciller Jorge Taiana el pasado viernes 18 de junio y la confirmación del hasta ahora embajador en los Estados Unidos, Héctor Timerman, como nuevo Canciller, consolidan el avance progresivo dentro del Gobierno de una línea de política exterior dispuesta a subsumir nuestros intereses vitales a los dictados de la agenda estratégica y de seguridad de los Estados Unidos en la región.

Concretamente, quien ahora ha sido designado Canciller, no sólo ha gozado durante su período como embajador en los Estados Unidos de una llamativa independencia de criterio acompañada de un inusitado margen de maniobra que opacó al mismísimo Canciller, sino que- y esto es lo más relevante- fue y sigue siendo el principal operador de la “condena internacional” a Irán por el atentado contra la AMIA en 1993 dentro de la región y, como tal, ha desempeñado un papel clave en uno de los episodios más oscuros de la política exterior reciente de nuestro país.
Por otra parte, más allá del accionar de Timerman y el rol que ha desempeñado en la segundo administración kirchnerista como auténtico mentor del acercamiento a los Estados Unidos, la caída de Taiana permitió echar algo más de luz sobre la carencia estructural de una auténtica visión estratégica de política exterior dirigida a la consolidación de nuestros intereses vitales innegociables: la soberanía en Malvinas y el Atlántico Sur, el control de nuestros recursos naturales estratégicos, el avance de una agenda de integración continental suramericana ( más allá del cosmético nombramiento de Néstor Kirchner al frente de la Unasur) y la revalorización de nuestras Fuerzas Armadas en el marco de una nueva doctrina de defensa nacional con alcances regionales concretos.
En concreto, los tímidos avances que se habían emprendido desde la cumbre de Mar del Plata en noviembre de 2005- en la que se rechazó definitivamente el proyecto ALCA- pasando por la revalorización de una agenda suramericana que permitiera imponer un proceso de integración basado en los principios de la solidaridad y complementariedad regionales fuertemente sustentados en la tríada Argentina-Brasil-Venezuela, fueron puestos permanentemente en peligro ante la consumación de una auténtica línea de doble comando en el manejo de la política exterior del país, creando, en los hechos, un verdadero Ministerio de Relaciones Exteriores en las sombras, cuyo centro operativo era y sigue siendo el Ministerio de Planificación dirigido por Julio de Vido.
Muchos de los sucesos que han tomado notoriedad pública en los últimos días y que van desde la errática estrategia ante el caso de la pastera Botnia en Uruguay, las marchas y contramarchas en el vínculo comercial con Brasil, pasando por los traspiés en las negociaciones comerciales con los chinos y terminando en los “canales paralelos” abiertos en la relación bilateral con Venezuela, son todos testimonios contundentes de la inexistencia de rumbo estratégico en la política exterior y, simultáneamente, de la falta de voluntad política para profundizar una línea de compromiso regional ante los avances de los Estados Unidos.
Ante este cuadro, los cambios en la conducción de la política exterior argentina profundizan el escenario de estancamiento y crisis del proyecto kirchnerista que ya parece haber sepultado las tímidas iniciativas de integración regional suramericana desplegadas en los últimos años.

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La lucha por los recursos en Mendoza: "Ellos tienen la posibilidad de importar el gas, la población no"

Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

La Asamblea Popular por el Agua Contra el Saqueo y la Contaminación de Mendoza denunció, mediante un comunicado de prensa, el accionar de una patota de trabajadores de la construcción que empujó a golpes a algunos de sus miembros cuando éstos intentaban ingresar a la Legislatura provincial, donde un emprendimiento minero estaba siendo debatido.

El cruce tuvo lugar el 16 de junio por la mañana, mientras la asamblea llamaba a rechazar los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Mendoza y los dueños del proyecto Río Colorado ―un emprendimiento de extracción de sales de potasio ubicado al sur de la provincia―, y manifestantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) los respaldaban, con carteles y volantes, por los puestos de trabajo que prometen, un 75% de los cuales serían ocupados por mendocinos.

El proyecto actualmente pertenece a la empresa trasnacional Vale, que en principio era de origen brasilero y que después se privatizó. Pretende extraer durante 40 años sales de potasio con un residuo que es sal común, cloruro de sodio. No es un proyecto de minería metalífera ni tampoco de minería a cielo abierto, sino que el depósito del mineral está, más o menos, un kilómetro por debajo de la tierra, explica Claudio Compagni, de la Asamblea Popular por el Agua.

Según cuenta este profesor de filosofía de 32 años, el proceso de extracción consiste en el bombeo de agua caliente para disolver el mineral y separar las sales. Y ese es el punto de mayor conflicto: Para hacer llegar esa agua caliente a 60 grados centígrados van a quemar 1 millón de metros cúbicos de gas por día, señala Compagni.

Es más de la misma burla

―¿En qué consiste el convenio que se trató el 16 de junio en la Legislatura?

Compagni.―Lo que el convenio estipula es que la empresa ceda un 1% de las regalías. En realidad, técnicamente, no es tan así, pero es básicamente eso. La empresa va a aportar a la provincia, en calidad de impuestos, un 1% de su facturación anual. Los demás impuestos que pagan las empresas mineras son todos impuestos nacionales. El 4% total no se compara con el 40% de retenciones que tiene cualquier otro rubro de explotación. Uno se da cuenta de que sigue siendo irrisorio, es más de la misma burla que el 3% original. El Gobierno se compromete a dinamizar la puesta en marcha del proyecto pidiéndole que contrate mano de obra y que consuma insumos de la provincia. En la minería a gran escala, como la de este tipo, los insumos son todos importados. Nosotros no fabricamos ni las tuberías que necesitan ni el equipamiento altamente técnico y pesado que usan estas empresas. Entonces, no se que comprarán.

―¿Cuántos puestos de trabajo asegura Río Colorado?

Compagni.―El informe de la empresa dice 500 empleos para la etapa de construcción, que serán aproximadamente dos años, lo que no quiere decir que sean empleos mendocinos. La mina pasa 500 empleos para la construcción más 670 empleos en el resto del país, porque la mina también tiene una línea ferroviaria hasta un puerto en Bahía Blanca, que es por donde van a exportar el potasio. Entonces, durante la fase de construcción serán 1170 puestos de trabajo. Después de que termine esa fase, trabajando durante 40 años, va a requerir 387 puestos de trabajo en la mina y, tomando las otras provincias, la planta total asciende a 850.

Un grupo de choque del Ejecutivo

―¿Por qué creen que la UOCRA defiende el proyecto si, como afirmaban en el comunicado, sólo generará una ínfima parte de los puestos que promete?

Compagni.―Yo creo que acá hay una utilización de la UOCRA por parte del Gobierno. Primero, porque la UOCRA anda con números totalmente mentirosos: habla de 5 mil puestos de trabajo, siendo que eso es totalmente mentira y que nosotros no tomamos los datos de cálculos nuestros, sino de los datos del informe de la propia empresa. ¿De dónde saca esos datos? Analizando la funcionalidad que ha tenido su intervención me parece que es una especie de grupo de choque que ha usado el Ejecutivo para conseguir todas las aprobaciones para el proyecto. Simplemente puedo pensar eso, que están siendo usados, que tampoco los libera de responsabilidad. Ellos pueden cotejar por sí mismos los informes que da la empresa. Toda esta es información pública y cualquiera puede acceder a estos informes. Por eso lo podemos decir con tanta soltura.

Con la energía que consume esta empresa la industria mendocina da trabajo a más de 16 mil personas. No hay una relación entre energía y puestos de trabajo: consumen muchísima energía en situación de crisis energética. Hay fábricas que están cesanteando empleados en el sur de la provincia porque no cuentan con el gas y nosotros vamos a permitir este emprendimiento que consume tantísima energía. Si queremos hacer otra comparación, todas las casas de Mendoza, todo el Estado de Mendoza, todas las oficinas, consumen lo mismo que consume la empresa. Es incomparable.

―Hablaban de un emprendimiento viciado en un sus orígenes y de la aprobación irregular de su declaración de impacto ambiental. ¿Cómo fue ese proceso?

Compagni.―El procedimiento siguió viciado hasta el final. Era un verdadero problema ambiental. Esta pila de sal común que deja la mina, de cloruro de sodio, iba a abarcar una zona de 210 hectáreas por 50 metros de alto. ¿Qué pasa? La ubicación original de esta pila de sal estaba a 5 kilómetros del Río Colorado y, además, el informe de impacto ambiental, en la descripción del terreno, era totalmente insuficiente o incoherente. Había un peligro muy serio de salinización del río, a tal punto, que intervino el COIRCO, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, y se interpeló a la empresa a reubicar esta pila de sal. El informe de impacto ambiental estaba mal hecho. Que a un mendocino le digan que una empresa no tiene en cuenta el viento Zonda habla de que es un informe hecho para otra zona.

―Decían, también, que la empresa consumirá 1 millón de metros cúbicos de gas por día, el equivalente al consumo residencial de toda la provincia. ¿Sabes qué porcentaje representa el consumo doméstico de gas respecto al total de Mendoza?

Compagni.―En realidad, no tengo el dato. Cuando hicimos el cálculo, tratamos de sumar tipos de consumo hasta llegar a la cifra comparable a la de la empresa. No sabría decirte cuánto es lo residencial dentro de esa suma. Sí hicimos un cálculo de equivalencia que es simplemente a modo ilustrativo: 1 millón de metros cúbicos de gas equivale, en cuanto a capacidad de carga calórica, a 83 mil garrafas. En Mendoza hay desabastecimiento de garrafas, hay 600 mil personas afectadas por esto. En la provincia se venden, aproximadamente, 6 mil garrafas por día y esta empresa consumiría el equivalente a 83 mil garrafas. Ese cálculo sí lo hemos hecho.

Vamos a tener una suba importante del costo del gas

―Ante la disminución de las reservas de gas en Argentina imaginaban un futuro complicado para Mendoza en unos 40 años, cuando finalicen las operaciones de extracción de sales de potasio. ¿Qué futuro ves para la Argentina, que claramente está adoptando un perfil como estado minero?

Compagni.―Es complicado. Las reservas probadas en 2008 daban para ocho años más, lo que no quita la existencia de otros yacimientos por descubrir o explorar. Hay mucha especulación económica de por medio. En el mismo 2008 apareció el Plan Gas Plus que planteaba que para los nuevos hallazgos de yacimientos gasíferos el precio no estaría regulado por el Estado, sino que quedaría liberado al mercado. ¿Qué podemos ver nosotros respecto a la cuestión del gas? Cuando se agoten los yacimientos existentes, los que están bajo la regulación del Estado, los nuevos yacimientos serán los que estén bajo este plan liberado y vamos a tener una suba importante del costo del gas. La otra opción es que, por la presión social, el Gobierno lo termine subsidiando, con lo cual seguimos perdiendo, porque al final la plata del Estado es la plata nuestra. Ya hoy tenemos inconvenientes, estamos importando gas. Lo que consumiría Río Colorado es un tercio de lo que veníamos importando de Bolivia. Nosotros importaremos gas a costo internacional y, para que sea accesible a la gente, el Estado va a seguir subsidiando, una gran incoherencia. Eso va implicar menos dinero para educación y para todas las otras necesidades que tiene la sociedad.

―¿Te imaginás cuál es la apuesta de Vale, que realizará una inversión por cuatro décadas, pero tiene garantizado el suministro de gas para menos de una?

Compagni.―Yo creería que sí. De todas formas existen otras opciones. Está la opción de importar gas como nosotros veníamos haciendo. Para la empresa el emprendimiento es sumamente rentable. Ellos tienen la posibilidad de importar el gas, si es necesario, desde otro lugar. El tema es la precipitación de las reservas para la población, porque la población no tiene la capacidad de la empresa ni tampoco su rentabilidad para pagar el gas importado.

―Entonces, ¿el temor que tienen es por el abastecimiento energético de la propia provincia?

Compagni.―¿Quiénes son los que usan garrafa para consumo domiciliario? La clase media pobre y la clase pobre; ellos son los afectados. Cuando hablo de las 600 mil personas afectadas, son de los sectores más vulnerables de la sociedad. Siempre repercute en los sectores más vulnerables de la sociedad.

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Argentina: Los "agrodiputados" y los peones rurales

LA ARENA

La decisión presidencial de elevar un proyecto al Congreso Nacional a fin de debatir un nuevo estatuto para la actividad de los peones rurales vino a poner la lupa durante esta semana sobre un tema largamente postergado en el debate sobre las relaciones laborales en una de las principales actividades económicas del país: el agro.

Aunque hubiese sido más lógico que alguno de los numerosos y autodenominados "agrodiputados" presentara alguna iniciativa al respecto, tratándose de los trabajadores de su propio sector, al parecer las preocupaciones de quienes llegaron en diciembre del año pasado al Congreso están más centradas en marcar una y otra vez que casi todas las decisiones adoptadas desde el Poder Ejecutivo Nacional hacia el campo argentino les afectan la rentabilidad y ante tal situación no encuentran una mejor solución que presentar pedidos de informes.

El nuevo proyecto no tiene demasiados misterios ni aspectos muy novedosos. Sólo plantea, bajo el título de "Ley del Trabajador Rural", que se debe terminar con la precarización laboral del sector y con la desprotección a la que están sometidos alrededor de 1,3 millones de trabajadores en nuestro país.

De acuerdo con la iniciativa, los peones pasarían a prestar servicios bajo tres modalidades contractuales, entre las continuas, las temporarias y las "permanentes discontinuas". Obviamente, también se propone terminar con las jornadas "de sol a sol", fijando un tope de ocho horas diarias y sus correspondientes licencias. También se establecen las pautas acerca de los derechos de huelga, con el simple objetivo de equipararlos con el resto de los trabajadores argentinos

Como en tantos otros sectores, esta nueva normativa vendría así a reemplazar una ley que rige desde los tiempos de la dictadura militar y que ha dejado hasta ahora a los trabajadores rurales en un nivel de desprotección, precariedad y desigualdad en comparación con muchas otras actividades económicas.

Ahora el texto será debatido y enriquecido con el aporte de los legisladores, quienes cuentan entre sus filas con algunos que conocen más de cerca la situación en la que se desempeñan los trabajadores rurales. Inclusive, varios de ellos llegaron de la mano de las entidades que representan a la dirigencia ruralista bajo el argumento de que el campo argentino no contaba con "voces directas" para hacerse escuchar, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados.

Estos legisladores deberán tener en cuenta muchos aspectos y no olvidar, al menos, dos. El primero es que en pleno debate con el gobierno nacional por la cuestión de las retenciones y la rentabilidad agropecuaria, cuando más elevada y acalorada era la discusión, los dirigentes no pudieron defenderse de una certera acusación emanada de las estadísticas de los organismos oficiales: el campo es uno de los sectores que más trabajadores en negro mantiene en la Argentina.

El segundo aspecto adquiere un tono inquietante para ellos mismos: si los peones deciden protestar, estarán habilitados a cortar rutas y caminos vecinales sin que los cuestionen, porque no estarían haciendo otra cosa que copiar el método de protesta que -hace no mucho tiempo- aplicaron sus propios patrones.

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Belgrano intangible

Oscar Taffetani (APE)

Un redactor (y un locutor) de la cadena nacional se equivocaron este domingo 20 de junio y anunciaron, desde Rosario, a todo el país, que se estaba conmemorando “el 198º aniversario de la creación de nuestra enseña nacional”. Pero también se equivocaron, a nuestro entender, los funcionarios de Educación que dispusieron que en las escuelas se celebrara el Día de la Bandera el viernes 18 (para no interrumpir el fin de semana largo), y los que acataron entusiastas el feriado nacional del 21 de junio (otorgado en compensación no se sabe de qué).

Sería muy sencillo -y de sentido común- dejar las cosas como estaban hace medio siglo, legislando y decretando que las fechas patrias no se pueden mover, por ningún motivo. Sólo así se les podría devolver su fuerza simbólica y su sentido.

Aunque pedir sentido común a la burocracia del Estado es como pedir espíritu patriótico a un comerciante. “El comerciante -escribió Manuel Belgrano en su Autobiografía- no conoce más patria, ni más rey, ni más religión que su interés propio; cuanto trabaja, sea bajo el aspecto que lo presente, no tiene otro objeto, ni otra mira que aquél…”

Robos, subastas y memoria

No falta mucho -intuímos- para que en alguna subasta internacional se exhiba y ponga a la venta el reloj de oro con cadena y brillantes, obsequio de Jorge III de Inglaterra, que Belgrano entregó en su lecho de muerte, a falta de otros recursos, al médico Joseph Readhead, en reconocimiento a sus servicios. La joya fue robada en 2007 del Museo Histórico Nacional.

El año antes, un par de pistolas artesanales obsequiadas a Belgrano después de la batalla de Salta, que por esas vueltas de la vida habían ido a parar a la caja fuerte de un Secretario del Tesoro norteamericano, fueron rematadas en Christie’s por 374.400 dólares. “Éstas son piezas vinculadas de manera íntima a la historia argentina, que lamentablemente no han estado en ese país por más de 150 años” dijo a la prensa Connor Fitzgerald, asesor del coleccionista particular que ofrecía las piezas. Sus palabras podrían repetirse, muy pronto, para fundamentar la tasación del reloj robado hace tres años al Museo Histórico Nacional.

Imaginamos a Ricky Fort o a un personaje por el estilo, con lágrimas en los ojos, adquiriendo el reloj de Belgrano en la subasta, y trayéndolo de nuevo a casa. A su casa particular, claro. No al museo público. “Porque los museos argentinos (le pagará a un periodista para que lo escriba) carecen de seguridad museística…”

Las escuelas postergadas

Ya es parte de nuestro folklore -y de nuestra tristeza- la historia de las cuatro escuelas del NOA que mandó a crear Belgrano, donando cuarenta mil pesos fuertes que había recibido de Buenos Aires, en reconocimiento por el triunfo de Salta. La más norteña de esas escuelas -la de Tarija, Bolivia- fue construida por el Estado argentino recién en 1974. Las de Salta y Santiago del Estero, en 1997. Y la última, la de Jujuy, en 2004.

Si aquellos cuarenta mil pesos fuertes de 1813 hubieran sido puestos en un banco, todavía hoy los descendientes de Belgrano estarían viviendo de los intereses. Pero Belgrano era un visionario y un militante, y el único interés que tuvo en su vida fue el supremo interés de su pueblo y de su patria.

Apropiaciones indebidas

El despojo al prócer comenzó hace mucho. En la República del Centenario, por ejemplo, cuando se exhumaron los restos de Belgrano para inaugurar el panteón en Santo Domingo. Dos ministros de Roca -Joaquín V. González y Pablo Riccheri- que intentaron guardarse como reliquias algunas piezas dentales de esos restos, fueron descubiertos y debieron devolverlas.

Pero la apropiación física de la memoria de Belgrano -sus cosas, sus huesos- no ha sido tan grave como la apropiación intelectual (y política) de su vida y de su legado.

En su obra póstuma Grandes y Pequeños Hombres del Plata, Juan Bautista Alberdi denuncia, aportando su propio testimonio y el de Sarmiento, que la monumental Historia de Belgrano, de Mitre, fue un trabajo ideado y comenzado por Andrés Lamas, quien desde Río de Janeiro -donde se hallaba en misión diplomática- le pidió a su amigo Bartolo que le copiara cierta documentación a la que él no tenía acceso. Mitre, según Alberdi, nunca envió esas copias a Lamas, aconsejándole no publicar su trabajo sobre Belgrano. Acto seguido, se lanzó él mismo a escribir la biografía del prócer de Mayo, con la abundante documentación disponible en Buenos Aires.

Sin embargo, la gran crítica que Alberdi le hace al “Belgrano” de Mitre es el propósito de hacer leer como una derrota la expedición porteña al Paraguay. Los reveses de Belgrano, entonces, fueron “vengados” luego por la guerra de la Triple Alianza (auténtico genocidio, del que nunca pudo recuperarse completamente la república guaraní).

Otra distorsión en la valoración histórica de Belgrano, fue tomar como un delirio su propuesta -expresada en la reunión secreta del 6 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán- de instalar en el sur de América una monarquía incaica, tomando la línea de descendencia de José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru), en la persona de su hermano menor Juan Bautista, que vivía protegido por Rivadavia en Buenos Aires.

Por otra parte, debió pasar siglo y medio para que comenzara a estudiarse el pensamiento económico del prócer. No es dato muy conocido que ya en 1790 Manuel Belgrano había sido designado presidente de la Academia de Derecho Romano, Política Forense y Economía Política de la Universidad de Salamanca. Ni que en 1794 tradujo el ensayo de Quesnay Máximas generales del gobierno económico de un reino agrícola, que es la fuente de influencia fisiocrática más clara que llegó al Río de la Plata.

La Fisiocracia -reconocida por Marx como antecedente de la ciencia económica- sostiene que el único sector que genera riqueza es el agrícola, y se apoya en la convicción de que existe un orden en la naturaleza, un orden que no debe ser quebrado por la acción del hombre. Pensemos, por lo menos, si no valdría la pena debatir esos enunciados.

Hay que volver a Belgrano, qué duda cabe. Tenemos que releerlo y reaprenderlo. Nos debemos todavía, aquí en el río de la Plata, una recopilación comentada y anotada de las Actas del Consulado. ¿Habrá que esperar otros 200 años?

Que Interpol y las aduanas del mundo se ocupen de recuperar los objetos y piezas del patrimonio público robadas. El resto, los que no pertenecemos a la policía, a las agencias de detectives ni a las compañías de seguros, tratemos de que no se pierda el Belgrano intangible, ese Belgrano no traicionable ni comerciable, que es el que más importa.

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Las fuerzas de seguridad matan a una persona por día en Argentina

PERIODISMO SOCIAL - RIO NEGRO ON LINE

Más de la mitad son varones menores de 25 años. El gatillo fácil, la modalidad más común en estos casos, que se repiten en todas las provincias. Desde el 2003, inicio del gobierno de Kirchner, murieron casi 1400 personas por gatillo fácil o torturas en cárceles o comisarías.

La semana pasada, tres jóvenes, dos de ellos adolescentes, murieron en Bariloche víctimas del gatillo fácil y la violencia estatal. Tres muertes que se suman a la lista negra: desde 1996 hasta la fecha unas 2950 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas del Estado en todo el país. Una persona cada 24 horas.

Las cifras forman parte del Archivo de Casos de Personas Asesinadas por la Fuerzas de Seguridad del Estado, que todos los años realiza la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Una investigación que se transformó con los años en el registro sangriento del alcance y la extensión de la represión dirigida por los gobiernos que administran el Estado argentino. Y que muestra números aún más impactantes: más de la mitad de las muertes corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años, y el 30,50% del total de asesinados tenían 21 años o menos. En Bariloche, el primer chico asesinado por la Policía tenía 15 años, se llamaba Diego Bonafoi. Los otros dos, que protestaban por su muerte, tenían 17 y 29 años.

En definitiva, estadísticas que dejan en claro que los jóvenes parecen ser el blanco favorito del gatillo fácil, incluso en los últimos años, con un gobierno que colocó a la protección de los derechos humanos en el centro de su discurso.

Apenas un dato: desde el 25 de mayo de 2003, cuando comenzó la era Kirchner, hasta la fecha murieron en Argentina casi 1400 personas por gatillo fácil o torturas en cárceles o comisarías.

Laura Musa es Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la Fundación Sur. Según ella, "una cosa es reabrir juicios, buscar justicia y mantener viva la memoria por lo ocurrido en la Dictadura, que está muy bien y es un logro fundamental de este gobierno. Y otra cosa es tener una política seria de derechos humanos, que primero empezaría por ver por qué hay todavía chicos menores de 16 años detenidos en comisarías. El Estado argentino permitió por cien años la Ley de Patronato (*) que básicamente proponía que si eras menor de edad y pobre la autoridad podía hacer lo que quiera, con el argumento de la protección, claro. Y eso está presente en estos días. Por protección se puede detener, sin causa ni proceso alguno. Por protección se los puede internar y ahora van a justificar que por protección a la comunidad se puede matar a adolescentes".

Y resume: "En Bariloche hubo un delito, grosero, hubo ajusticiamiento. Existió un crimen, por parte de una policía que no tiene limites en su accionar. Acá por ejemplo no se sabe qué fiscal intervino en lo que iba a ser supuestamente una detención. Lo importante a entender es que esto es una práctica sostenida de la Policía contra los chicos pobres, marginados, jóvenes. Actúan sin límites, hasta que ocurre un estallido como este. Los únicos límites los ponen los padres de clase media con sus hijos, que no lo permiten. No en casos como el de Bariloche".

Pero el informe también muestra otras realidades, incluso derribando algunos mitos.

Cómo se mata

El fusilamiento o gatillo fácil "propiamente dicho" es la modalidad más común en estas muertes. Está presente en el 51 por ciento de los casos, la mayoría de las veces motivado por la "pinta" de la víctima (joven y en situación de pobreza) y en ocasiones respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado.

También se registra un alto porcentaje de muertes de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como suicidios por ahorcamiento o en incendios. "Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte", asegura Correpi.

Las edades

Según el informe, casi el 3 por ciento de los muertos en estos años tenían hasta 14 años. El 49,4 % tenía entre 15 y 25 años. El 18,5 entre 26 y 35 años. Y, finalmente, el 11 por ciento eran mayores de 36 años.

En las provincias

El gatillo fácil y la tortura no son patrimonio de una provincia o una fuerza, sino que son utilizados en todo el país, cualquiera sea el color del gobierno local. La distribución de casos en proporción a la población de cada provincia licua la hegemonía bonaerense, destruyendo el mito de que el gatillo fácil es sólo o mayoritariamente herramienta de la Policía Bonaerense, que queda equiparada, y hasta superada, según el caso, por sus colegas de otras fuerzas o provincias.

Asesinados por protestar

Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 52 desde 1995.

No son desbordes policiales. Otra conclusión que surge del estudio es que, como dice Correpi, "no hay purga que pare el gatillo fácil", ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a "resabios de la dictadura, a "desbordes individuales" o a "planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH". Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por "nuevos cuadros" de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ong's que apuestan a la posibilidad de la "democratización" del aparato represivo del Estado.

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Argentina, Tucumán: Habría unos 5 mil menores de edad que deben trabajar

PRIMERA FUENTE

El trabajo infantil es un problema que los grandes quieren resolver y no se puede. En Tucumán este flagelo es alto con alrededor de 5 mil chicos menores de 16 años que deben trabajar limitando sus posibilidades de una mejor formación y desarrollo educativo. Esta problemática reunirá hoy, a partir de las 10, a los miembros de la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil (Copeti) que evaluarán y trazarán objetivos para combatir con el dura realidad de miles de tucumanos.

El trabajo infantil es una problemática compleja que vulnera los derechos de la niñez. Según datos que son suministrados extraoficialmente en Tucumán existen más de 5 mil hicos menores de 16 años que deben ajustarse a esta realidad compleja para sobrevivir. Las posibilidades de los niños y niñas para desarrollarse con normalidad y recibir una educación en igualdad de oportunidades son imitadas.

En este sentido, los miembros de la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil (Copeti) se reunirán hoy, a las 10, en la sede de la Secretaría de Trabajo para analizar la redifícil problemática y fijar nuevos trabajos para combatir este flagelo.

De esta reunión participarán La Secretaría de Desarrollo Social, de Derechos Humanos, del Ministerio de Educación, dirigentes de ATSA, UATRE, Fotia, y la Asociación de Prensa Tucumán (APT).

Además, ante esta problemática socioeconómica desde la Copeti se lanzará en todo el territorio tucumano una campaña de concientización. En tanto, el próximo 7 y 8 de julio en la Capital federal todas las comisiones de las diferentes provincias participarán de una reunión convocada por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.

Luego del encuentro se otorgarán datos oficiales de esta realidad, aunque se puede conocer que este flagelo se refleja con claridad en las actividades laborales de la agricultura y la ganadería, en la industria., en la construcción, en la vía pública, en el comercio, en la minería, en la pesca, en el ámbito doméstico, en la explotación sexual comercial y en otras actividades ilícitas.

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Argentina, Río Negro: Paro de la CTA y Marcha Provincial por la Vida en Viedma

ACTA

Cerca de 1.000 personas marcharon ayer en Viedma, Río Negro, reclamando por Justicia, por el respeto a la vida y por una política de seguridad democrática. La movilización tuvo por objetivo denunciar a las víctimas de la represión y del gatillo fácil en Bariloche y los más de 95 casos impunes que hay en la provincia.

La marcha con delegaciones de distintos lugares de la provincia de compañeros docentes y estatales, que partió desde la rotonda islas Malvinas a las 12, recorrió la calle 25 de mayo hasta la Plaza San Martín, donde se encontró con la ciudadanía y las organizaciones de Viedma, desde allí se marchó hasta la sede de la secretaría de Seguridad y Justicia, pidiendo la renuncia de su titular el comisario mayor Victor Cufré, luego se dirigió hasta la sede del Superior Tribunal de Justicia para reclamar justicia verdadera y completa para las víctimas de la represión y del gatillo fácil en Bariloche y también por los más de 95 casos impunes que hay en la provincia. Finalmente se realizó un acto frente a la Casa de Gobierno, donde se reclamó la remoción del ministro de gobierno, Diego Larreguy, máximo responsable de estos hechos.

Allí se leyó el documento elaborado por un conjunto multisectorial de organizaciones que luego fue entregado en la Casa de Gobierno y recibido por el secretario privado del ministro de Gobierno, quien devolvió la copia de cargo con su firma. Esperemos que el gobernador no salga a decir que no le entregamos nada, como en otras oportunidades.

Después nos desconcentramos, luego de cantar el Himno Nacional, sobre todo cuando dice Libertad, libertad, libertad, eso es lo que más queremos frente a la represión y a la muerte que siembra este Gobierno.

Carta abierta al gobernador Miguel Saiz

"Frente a la arbitrariedad del poder policial, que terminó con la vida de tres jóvenes en la ciudad de S.C. de Bariloche, y la impunidad con que siguen en carrera el Ministro de Gobierno y el recientemente designado Secretario de Seguridad y Justicia comisario mayor Víctor Cufré, las organizaciones sociales abajo mencionadas nos dirigimos a usted para solicitarle la urgente separación de sus cargos y del control de la “seguridad provincial de los rionegrinos” de los mencionados funcionarios.

Los hechos de represión y muerte estando vigente el Estado de Derecho nos deja a todos en la más absoluta inseguridad. Su gobierno carece de un proyecto político inclusivo para nuestros jóvenes especialmente los que provienen de familias que padecen pobreza y exclusión, principales víctimas de la represión desatada.

Por otra parte no han sido investigadas por su gobierno una gran cantidad de denuncias que involucran al ex-jefe de policía y actual Secretario de Seguridad y Justicia, en particular las efectuadas por la Defensora del Pueblo de la Provincia Dra. Ana Piccinini, vinculándolo a casos de corrupción policial, red de trata de personas, abuso de poder, incumplimiento de sentencias judiciales que condenan e inhabilitan a policías para el ejercicio de la función pública, además de la utilización de la violencia sistemática, persecuciones, apremios, abusos, represión y muertes que obviamente se encuadran como violación de los Derechos Humanos. También se han denunciado presiones y amenazas sobre la Jueza que investiga la red de trata de personas en el Valle Medio, el traslado de policías que serían parte de una red que explotaba adolescentes y escuchas telefónicas relacionadas al caso Otoño Uriarte, causas que lo comprometen e involucran, todo ello agravado por la cesantía inexplicable del oficial que aportó información para dichas investigaciones

Otras denuncias en igual sentido han sido las del Centro de Derechos Humanos del Comahue, de la diputada de la Coalición Cívica por Buenos Aires Fernanda Gil Lozano (lo que prueba las repercusiones negativas que esta designación provocó fuera de la provincia), del bloque de legisladores del PJ y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Beatriz Contreras.

La Dra. Piccinini ha expresado que el gobernador “Ni siquiera se toma el tiempo de ver si lo que dice la Defensora del Pueblo es cierto o de analizar las pruebas que le hemos llevado desde el año 2007 en adelante, tanto ante el Ministerio de Gobierno como ante el Auditor General de Asuntos Internos de la Policía Provincial y la Justicia Penal”.

Se suma a lo expuesto, el lugar importante que el ex represor de la última dictadura militar, Lorenzatti, ocupó en su gobierno y nos impacta su apego a estos personajes denunciados reiterada y públicamente por violación a los derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida y a la integridad de las personas. La sola sospecha de violación de los mismos debería ser causal para mantenerlos al margen de decisiones que nos involucran a todos, en temas tan sensibles como la justicia y la seguridad.

Frente a este cuadro de situación, quienes integramos las diferentes organizaciones sociales, comprometidas con la defensa de los derechos humanos fundamentales, consideramos que Ud. no puede eludir su responsabilidad política por las consecuencias de estos hechos, ya que es el máximo representante de todos los rionegrinos.

Por esta razón, reiteramos la urgente separación del cargo en la Secretaria de Seguridad y Justicia del Comisario Mayor Cufré y de su protector, el ministro de Gobierno, así como la inmediata investigación de todas las denuncias existentes, que usted como máximo responsable político ha desconocido, posición insostenible después del asesinato de los tres jóvenes en Bariloche y de todos los otros asesinatos de jóvenes ocurridos en la Provincia y que aún continúan impunes.

Para finalizar, consideramos que los problemas de seguridad en la sociedad rionegrina no se resuelven con la política que ejecuta su gobierno. La solución no es más policías ni mayor represión. Se trata de poner en marcha políticas sociales y económicas que dignifiquen a las personas y apunten a un desarrollo integral, individual y social. Dichas políticas debieran generarse no a partir de planes focalizados y momentáneos con financiamiento externo, sino desde una genuina estrategia de redistribución de las riquezas que hoy se acumulan en forma escandalosa en lugares como Bariloche, donde la especulación y la valorización inmobiliaria son más importantes que la vida misma. El gobierno tendría que estar pensando en políticas generadoras de integración, a través de la educación, el trabajo, el acceso a la vivienda y el mejoramiento de las condiciones de vida. Son las políticas de fondo que atacan las causas estructurales de la pobreza y la exclusión las que contribuirán a transformar el presente y el futuro de los jóvenes de esta provincia y del país. Sólo de ese modo habrá seguridad para todos, como resultado natural de una sociedad más justa e igualitaria".

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Argentina, Córdoba: Juicio al poder

Guillermo Posada (EL SUR - PRENSA RED)

Marchas y contramarchas en los juicios por los fusilamientos de la penitenciaria de barrio San Martín y por los tormentos a policías en la D2 durante la dictadura militar. Ambos levantan escozor porque ventilarán complicidades de sectores judiciales con los represores. La causa Gontero se unificó a UP1 que comienza el 2 de julio según asegura la justicia federal. Oscar Aguad podría ser convocado a declarar.

“Este es el juicio más importante sobre delitos del lesa humanidad desde el enjuiciamiento a las Juntas Militares durante el gobierno de Alfonsín”, exclama Miguel Ceballos con ojos inquietos, abogado querellante e hijo de un preso político fusilado, en aplicación de la Ley de Fugas, en 1976.

A su cercanía como afectado directo de la represión, Ceballos se suma una consideración que diferencia al juicio de la UP1 (unidad penitenciaría 1, como se conoció a la cárcel de barrio San Martín) de otros ya realizados en Córdoba: se trata de 10 hechos y una treintena de asesinatos donde están implicados funcionarios judiciales, además de los autores materiales de los delitos.

La secuencia de asesinatos se produjo entre abril y octubre del ’76, las víctimas –entre las que se encuentra Miguel Hugo Vaca Narvaja, padre del director de esta revista–fueron dirigentes políticos, sociales y profesionales, detenidos en su mayoría con anterioridad al golpe militar. En la lista de 26 acusados se encuentra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, el primero como titular del Poder Ejecutivo de entonces ya que los presos estaban a su cargo. “Este es diferente a otros juicios porque acá no hay desaparecidos. Fueron presos a cargo del Poder Ejecutivo Judicial, hay muchísima documentación probatoria y el Concejo de la Magistratura determinó la complicidad del juez Carlos Otero Álvarez con los hechos, por más que no sea juzgado en esta oportunidad”, describe Luís Miguel Baronetto, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba y esposo de una de las víctimas.

Los querellantes detallan que la relación entre la banda militar y los tribunales se debe a que los presos fusilados estaban bajo responsabilidad de los jueces que debieron velar por su salud y seguridad, pero por el contrario actuaron en complicidad con el terrorismo de Estado, permitiendo que las víctimas fueran sacadas de la cárcel para ser torturadas, primero, y fusiladas posteriormente.

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura lo confirmó en el caso de Otero Alvarez en el dictamen 132/2010, el 6 de mayo pasado, cuando consideró que “los hechos imputados (…), sin lugar a dudas constituirían causal de mal desempeño ya que manifiestan una actitud colaboracionista del magistrado con los delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado y la falta de apego a los principios constitucionales”.

Como ‘delitos de lesa humanidad’ se entiende aquellos que no prescriben nunca por haber sido cometidos por el Estado en contra de un sector amplio de la población, de forma sistemática y premeditada. Para dimensionar la magnitud de los números en cuestión debe tenerse en cuenta que hasta el momento Menéndez sólo fue condenado por el secuestro, tortura y muerte de cuatro personas en el caso Brandalisis y otra en el caso Albareda. Pero además, en ninguno de aquellos procesos quedó en evidencia la complejidad de aparato represivo cívico militar como en esta oportunidad.

“Es el paradigma del Estado terrorista. Ahora quedará en claro cómo las instituciones se fagocitaron a las personas detenidas con la connivencia del Poder Judicial”, abunda el Fiscal Federal Carlos Gonella, a cargo de llevar adelante la acusación junto a Maximiliano Hardabedian. “Además se juzga toda la cadena de responsabilidades, desde Videla como máximo responsable, pasando por Menéndez, el estado mayor que lo asesoró en el área 311 -eslabón que no se había tocado con anterioridad- e integrantes del Regimiento de Infantería Aerotransportada 2 y la policía militar, que retiraban a los presos y los mataban. El caso es similar a la Masacre de Margarita Belén en el Chaco y la Unidad Penitenciaria de La plata.

Hechos y derivaciones

Gonella detalla que Menéndez ya mostraba su interés por los presos políticos ya en 1975. Los registros de las reuniones de la Comunidad Informativa informan la preocupación del genocida por “arbitrar los medios” para acceder a los presos a cargo del Poder Ejecutivo.

Desde el 30 de abril de 1976 con los fusilamientos de María Eugenia Irazusta, Víctor Hugo Chiavarini y Eduardo Bartoli, hasta el 11 de octubre con los asesinatos de Florencio Esteban Díaz, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Pablo Alberto Balustra, Miguel Angel Ceballos y Marta Gónzalez de Baronetto, los presos desfilaron por tandas ante los fusiles de las fuerzas represivas, después de ser puntillosamente vejadas y torturadas, salvo el caso de José René Moukarzel, estaqueado en el patio de la Penitenciaría donde falleció como consecuencias de las torturas recibidas.

Los diarios publicaron en cada oportunidad los bandos militares que informaban inexistentes casos de fuga en ocasión de traslados de los detenidos, que en ningún caso tuvo éxito y ningún militar resultó herido. Los funcionarios judiciales no investigaron para averiguar si los hechos sucedieron tal como describían cada vez los escuetos comunicados.

De hecho, Otero Alvarez adujo en su momento que se enteró de las muertes por los diarios, pero está confirmado que cada traslado contó con la autorización del tribunal a su cargo. “Los funcionarios como Otero Alvarez pudieron haber sido engañados la primera vez, pero no en 10 ocasiones. Entregaron a mi mujer y a otros compañeros para que los fusilaran”, acusa Baronetto.

Por su parte, María Elba Martínez señala que “el Servicio Penitenciario informó al Poder Judicial cada traslado de los presos y obran informes de consentimiento de los jueces. Las complicidades se extienden a los médicos del Hospital Militar, quienes no hacían las autopsias aún en casos como el de Florencio Díaz que mostraba señales evidentes de torturas”.

Y agrega: “el Superior Tribunal de Justicia también estaba al tanto de todo ya que tenía a su cargo la morgue donde depositaron los cadáveres, con el registro de cada nombre. Debimos luchar mucho antes de acceder al libro de ingresos de la morgue judicial”.

Las implicancias que denuncian los querellantes alteran hace tiempo a La Torre, como se conoce en la jerga judicial al edificio judicial de la Ciudad Universitaria. Cuando, durante la instrucción de la causa, los abogados Ceballos y Martínez pidieron a la jueza Cristina Garzón de Lascano la ampliación de la investigación que incluya a los ex defensores públicos Eduardo Molina y Ricardo Haro, los ex jueces Ricardo Puga y Adolfo Zamboni Ledesma (junto a su entonces secretario de Juzgado Carlos Otero Alvarez), así como los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo, la magistrada prefirió separar las causas, aunque, como explica Gonella, “los objetos procesales son los mismos”. De esta forma se evitó que el escándalo tomara dimensiones mayores, a pesar que los testimonios que se realizarán en el juicio UP1 seguramente abonarán sobre el punto. Actualmente la causa de los funcionarios judiciales se encuentra en instrucción, a cargo del juez subrogante riojano Daniel Piedrabuena.

El histórico reclamo de la más elemental justicia por parte de los familiares y los organismos de derechos humanos se vio retrazado una vez más el mes pasado cuando se difirió el inicio del proceso. Los querellantes infieren que el contagio de los integrantes del Poder Judicial retiene el inicio del juicio.

“Este juicio debería ser un punto de inflexión para condenar por delitos de lesa humanidad para que se juzguen como responsables no sólo a los autores materiales, sino también a las redes de complicidad en la sociedad civil”,concluye Baronetto.

Otra causa salpica a Aguad

Tribunales aguarda con expectativa otro juicio paralelo. Conocido como ‘causa Gontero’ el proceso tiene como acusado a integrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía provincial que secuestraron y torturaron a otros policías en 1976.

Una de las víctimas es Luís Urquiza, cuyo caso trascendió públicamente en 1995, cuando el entonces ministro de Gobierno de Ramón Mestre, Oscar Aguad, ascendió al comisario Carlos Yanichelli como jefe del Inteligencia de la policía, tercero en rango de jerarquía dentro de la estructura de seguridad de la provincia.

Urquiza sufrió reiteradas amenazas por su denuncia y debió exiliarse por segunda vez en Dinamarca, tal como lo había hecho tras ser liberado en la dictadura. En el gobierno de Mestre hubo duros cruces entre el Fiscal de Estado Alberto Zapiola y Aguad. Entrevistado por esta revista en septiembre pasado, el pre-candidato gobernador por la UCR dijo que no conocía entonces los antecedentes de Yanichelli y que posteriormente lo echó de la fuerza.

Pero María Elba Martínez replica que cualquiera que hubiera leídos los diarios de 1987 conocía el listado de integrantes de la D2 durante la dictadura ya que hubo una resolución de la Cámara de Apelaciones de Córdoba al respecto. “Los radicales le mandaron a Yanichelli y su banda al juez Johnson para que investigue el caso Maders. Usaron a esta gente en democracia y lo sabían todo”.

Aquí están acusados, además de Yanichelli, Menéndez y nueve policías más. Martínez, junto al abogado Hugo Vaca Narvaja, solicitaron la desvinculación del ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército ya que evaluaron que las sucesivas condenas que afronta el genocida, y los juicios que faltan ejecutarse, demoran el inicio del proceso a la estructura de inteligencia policial.

La causa expresa la verdadera vergüenza de la democracia cordobesa, que mantuvo en el seno de la estructura de seguridad a lo más granado de los grupos de represión en la provincia. De no iniciarse el juicio con rapidez, los acusados podrían recuperar la libertad ya que aguardan hace más de dos años que se inicie el proceso.

En Tribunales estiman como muy posible que Aguad sea llamado a testificar en el juicio, cosa que puede alterar sus posibilidades como candidato a gobernador el año que viene. Otro de los posibles testigos sería el propio Zapiola.

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