jueves, 8 de julio de 2010

Obama, Israel e Irán

Ángel Guerra Cabrera (especial para ARGENPRESS.info)

Desde las agresiones de los dos Bush contra Irak (1991 y 2003) Estados Unidos no realizaba un despliegue militar en la zona del Golfo Pérsico como el que está en marcha ahora contra Irán. Pese a que los grandes medios apenas hablan o no les dan mayor destaque a los aprestos bélicos estadounidense-israelíes contra el país persa, cada día se encuentran más evidencias e indicios de ellos, sobre todo en fuentes especializadas, y el tema es crecientemente tratado por conocidos analistas de disímiles posturas ideológicas.

Shamus Cooke en una nota publicada en Rebelión cataloga las sanciones promulgadas por Obama el 1 de julio contra Irán como un inconfundible acto de guerra. “Al cortar el suministro de petróleo refinado Estados Unidos causará un daño masivo, irreparable, a la economía iraní, lo que equivale a un acto de guerra”… “la estrategia en este caso es atacar económicamente a Irán hasta que reaccione con medios militares, permitiendo a Estados Unidos una postura de falsa estatura moral, argumentando que se ‘defiende’ ya que fue la otra parte la que lo atacó primero”.

Resaltan por su profusa información (y desinformación) sobre el tema los sitios web israelíes. Es el caso de Debka, portal que los expertos asocian a la agencia israelí de espionaje Mossad, pues tan temprano como el 20 de mayo predijo un aumento considerable de la presencia militar yanqui “frente a las costas de Irán”, de entre cuatro y cinco portaviones con sus potentes flotillas –ya han arribado tres-, a completarse entre fines de julio y principios de agosto. Con un mes de antelación Debka anunciaba la llegada a esas aguas del portaviones Harry S. Truman y su grupo de ataque acompañado de la fragata alemana Hessen “operando bajo comando estadounidense”, justo el mismo día que aquel partía de su base en Norfolk, Estados Unidos, pero se guardaba la presencia entre esas naves de un buque israelí, sí reportado a posteriori por diversas fuentes occidentales y árabes.

Noam Chomsky señala en un reciente artículo en su columna sindicada, citando fuentes árabes, que el objetivo de la flota desplazada por Estados Unidos al Pérsico es “aplicar las sanciones contra Irán y supervisar los barcos que entran y salen de ese país”. El lingüista menciona este enunciado, que pone los pelos de punta, de Dan Plesh, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Londres: Los bombarderos y misiles de largo alcance de Estados Unidos están preparados para destruir 10 000 0bjetivos en Irán en pocas horas. En febrero de este año Washington anunció la modernización de numerosas rampas de misiles Patriot emplazadas en cuatro estados árabes del Golfo Pérsico y el envío de varias embarcaciones lanzamisiles para “proteger” sus buques y aeronaves de eventuales ataques aéreos o coheteriles de Irán.

David Moon, en Asia Times, hace un detallado examen del probable ataque aéreo de Israel, por su cuenta, a las instalaciones nucleares de Irán pero en el mismo medio Victor Kotsev minimiza esa posibilidad y afirma que en este momento “parece muy probable que si ocurre un ataque, este será conjuntamente de Estados Unidos e Israel”. Añade que Washington parece haberse enfrascado en operaciones especiales y preparativos para la “acción” en Irán. “Persistentes informes revelan que las fuerzas estadounidenses se están concentrando alrededor del Golfo Pérsico y el Cáucaso, lo más notable, en Yemen y Azerbaiyán, y que su fuerza aérea y la de Israel han estado realizando prácticas conjuntas de bombardeo… Puede ser… que Estados Unidos está en un curso de colisión geoestratégica con Irán y no se siente seguro de que Israel pueda hacer el trabajo”. Kotsev recuerda que Rusia ha reiterado que no permitirá una guerra de envergadura cerca de sus fronteras…

Todo esto anuncia un panorama apocalíptico, sin precedente en la historia de las guerras por el poderío de las armas del agresor y la previsible respuesta de Irán, que se ha venido preparando para una resistencia tenaz por todos los medios a su alcance.

Irán es el país más inspeccionado por la Agencia Internacional de Energía Atómica y no existe prueba de componente militar en su programa nuclear. Israel, en cambio, posee cientos de armas nucleares, se niega a suscribir el Tratado de No Proliferación Nuclear y a ser inspeccionado. Obama, en medio de otras zalamerías hacia su huésped Netanyahu acaba de afirmar que “no le pediremos a Israel que dé pasos que pongan en peligro su seguridad”...

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Las minas ya no son nuestras

Antonio Peredo Leigue

La recuperación de la minería boliviana en beneficio del pueblo, al que pertenece esta riqueza, es un objetivo urgente. Sin darle mucho al Estado, la minería tiene ganancias que sobrepasan los cálculos más osados. Esa es la conclusión a la que llegó un estudio realizado recientemente por un equipo de expertos, quienes publicaron el resultado de su investigación en un libro titulado “Excedente y renta en la minería mediana”.

En estos diez primeros años del siglo 21, el Estado boliviano percibió sólo el 22% de las ganancias obtenidas por la minería. Rectifiquemos. En realidad, los investigadores se encontraron con un muro impenetrable: nadie quiere dar información, no hay una base de datos, ni siquiera como muestreo. Por tanto, eligieron cuatro empresas privadas medianas y una estatal y trabajaron con ellas, las que proporcionaron información a condición de no revelar sus fuentes. ¡No hay transparencia!

Por supuesto, de un resultado como este, no es posible generalizar. Pero es suficiente para hacernos una idea de lo que ganan los empresarios. El estudio, según la reseña que hace un diario local, tomando datos de estos diez años, concluyó que, las empresas, lograron réditos equivalentes al 55% con un monto de 1.126 millones de bolivianos. Si hacemos los cálculos respectivos, en 10 años cada una de las 5 empresas habría obtenido 225,2 millones de bolivianos, aún considerando que la estatal obtuvo el mismo beneficio, lo cual es improbable; eso significa más de 22 millones cada año. Por esa ganancia, cada empresa pagó al Estado, sumando regalías, impuestos y alícuotas, menos de 5 millones anuales.

Con una COMIBOL reducida a su mínima expresión, con beneficios importantes para los empresarios mineros, como la reducción de la tarifa ferroviaria para la exportación de minerales, resultaría que, el Estado, está subvencionando la actividad minera. ¿Cómo ha ocurrido esto? La nacionalización de las minas, en 1952, no fue un programa global. Se redujo a recuperar la gran minería, fundar la Corporación Minera de Bolivia y seguir trabajando en las mismas condiciones. Podríamos decir que, la nacionalización de las minas, dejó en desventaja a COMIBOL, pues Patiño que era el principal productor de minerales de estaño, era también propietario de la fundición en Gran Bretaña. De hecho, los minerales nacionalizados se enviaban en concentrados y Patiño siguió ganando con la fundición.

El decreto 21060, promulgado en agosto de 1985, apuntó principalmente a desestructurar la minería estatal. Ese decreto tuvo, como inicial objeto, detener la hiperinflación que sufríamos. Conseguida ésta, el despido de trabajadores se hizo sin ninguna consideración. Las protestas no tuvieron ningún resultado, habida cuenta de que el gobierno había detenido la inflación y, el pueblo, quedó debilitado en sus combativas organizaciones sindicales. Para despedir en forma rápida a los mineros, el Banco Mundial no tuvo reparos en conceder hasta 60 millones de dólares, con los que se pagó beneficios extralegales, tal como se llamó oficialmente a esta cuenta de despido.

Era el tiempo en que se exigía el reajuste estructural de los Estados y la adecuación a la política económica de la globalización. Ese fue el proceso neoliberal que dio por resultado final, la inverosímil crisis que está viviendo el mundo en estos días. Por supuesto, los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, prestaban dinero para cualquier proyecto, excepto los de carácter productivo. En ese momento, la Federación de Mineros, planteó la reactivación de COMIBOL y entregó al gobierno un plan posible que podía financiarse con 75 millones de dólares. Incluso anunció que tenía la promesa de un crédito a largo plazo y bajo interés para tal propósito. Pero no. Siguiendo las consignas que se daban en Washington, los gobernantes aceptaron endeudarse en muy poco menos de esa cantidad, para pagar beneficios extralegales y cerrar los centros mineros. COMIBOL, como otras estatales, se redujo a empresa residual.

De ese modo, una parte de las minas del Estado pasó en arriendo a empresas privadas como COMSUR de Gonzalo Sánchez de Lozada, que ahora ha traspasado a la norteamericana Glencore. Otras, las de productividad en baja, se entregaron a los cooperativistas. Bolivia dejó de ser un país minero para convertirse en gasífero.

Es en estas condiciones que, el programa de cambio, plantea la recuperación de la minería y el fortalecimiento de lo que corresponde al Estado. Esto debe hacerse a través de una ley pues, en la contingencia, los problemas surgidos por diferentes causas, han debido resolverse mediante decretos transitorios. Conociendo la inminencia de la nueva ley minera, los empresarios han reclamado una reducción de las tasas, impuestos y regalías, porque la suya es una actividad de alto riesgo.

Pero, el estudio a que hicimos referencia líneas arriba, dice lo contrario. Según la reseña aparecida en un diario, más allá de toda sospecha de ser oficialista, los investigadores comparan la obtención de la renta estatal en Bolivia, Chile y Perú. Los dos vecinos, según el informe, “han captado para el Estado –bajo la forma de impuestos directos y contribuciones-, una mayor proporción de la renta”. Por supuesto, la reclamación de los empresarios no tiene ningún asidero. No se reseña, en la nota periodística, cuáles son las proporciones en que, los empresarios de estos países, remesan sus ganancias al exterior. En Bolivia, las leyes actuales incentivan esa descapitalización del país

Pero no se trata de volver a la experiencia de 1952. Hay que mantener la explotación de minerales en manos de empresarios privados, allí donde están actualmente; así lo dice la Constitución Política del Estado. Pero habrá que agregar que se requiere una estructura del Estado altamente calificada para avanzar en la explotación racional y sostenible de nuestros minerales. Y, en esta tarea, el aporte de los empresarios, será de primera importancia.

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Ensayo sobre el golpe de Estado

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

Sin ser un mago ni adivino, se puede apreciar que los grupos reaccionarios y ultristas del poder burgués, aglutinados esta vez con sectores que se decían de izquierda pero que han sido afectados “imprudentemente” por la “revolución ciudadana” de Rafael Correa, no saben cómo salir de él y de su gobierno. Mientras más pronto, mejor.

Mas, sus posibilidades son cada vez distantes. En Ecuador, como en el resto de países latinoamericanos (menos Cuba; y ahora, Venezuela y quizá Bolivia) no se puede decir nunca que una posibilidad como esta se haya descartado para siempre. Pero, hay que repetir como el viejo refranero:

¿Crees en brujas, caray?
No, no creo en brujas
Pero haberlas, si las hay.
En América Latina, hasta los primeros meses del 2009, nadie podía suponer que se preparaba el gorilazo clásico contra el Presidente Manuel (MEL) Zelaya, solo porque a este descendiente de aristócratas pero honesto y claramente progresista, se le ocurrió que su país necesitaba una nueva Constitución, ya que la que está en vigencia es tan anticuada y elitaria, que era imposible plantear algún cambio estructural. Por ello, se le ocurrió que en las elecciones que se aproximaban, había que poner “la cuarta urna” a fin de que los y las ciudadanas dijeran en las urnas si querían o no una Asamblea Constituyente, que dictara una nueva Carta Política.
Fue suficiente para que salten los grupos “institucionalizados” que, en Honduras (igual que en algunos países hermanos) dominan todos los ángulos estatales; y el imperio, después de las experiencias de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, de Ecuador, no podían permitir que se diera un paso semejante. Había (hubo) que pararle en seco al ingrato “Mel”. Primero, a nivel del Supremo Electoral, fue prohibida “la cuarta urna”; y en el Congreso pelucón, empezaron las protestas, le inventaron a Zelaya que quería perpetuarse en el poder mediante una asamblea constituyente y que había que preservar la Constitución en vigencia.
Para no alargar el cuento, una noche, como en los mejores tiempos golpistas de América Latina (que se los creía ya superados) un pelotón armado y equipado de soldados de élite, invadió a tiros la residencia presidencial, capturaron en calzoncillos a su presidente constitucional y lo fueron a botar en Costa Rica. Todo el mundo sabe que a estas alturas (a un año y días del golpe) hubo un “interinazgo” del tal Michelletti, unas elecciones amañadas y que se posesionó un señor de apellido y de institntos de un lobo. Un señor que anda por ahí, auspiciado por los embajadores de Estados Unidos y, por supuesto, por el gobierno fascistoide de Colombia, y por la señora Chinchilla de Costa Rica, y otros gobiernos iguales, tratando de meterle al señor Lobo, en sociedad, como antaño hacían los padres y madres con sus hijas quinceañeras.
¿Será posible un gorilazo de este estilo en Ecuador? Al parecer no. Por fortuna –y al parecer también- no aparece por lado alguno el jefe militar que pinte golpista. Los actuales jefes de fuerza (militares, aviadores y marinos) al fin creo que han comprendido que ya no son épocas de dictaduras y que están obligados a respaldar a los gobernantes legalmente elegidos por el pueblo, les guste o no. Desde luego, se presume que el actual mandatario goza de la simpatía de la tropa y de los jóvenes oficiales. Y sin ellos, es poco menos que imposible un golpe de estado, a pesar de que en Ecuador hemos tenido dictaduras militares (la del General Rodríguez Lara, por ejemplo) mucho más democráticas y progresistas que no pocos de los gobiernos civiles (el del Ing. León Febres Cordero, por ejemplo)
Podríamos decir que, a primera vista y por mera intuición, en el Ecuador de hoy, es casi imposible un golpe militar al “estilo tradicional”. Y ese “casi imposible” lo dice todo
Quedan algunas experiencias de defenestraciones recientes, gracias a movilizaciones populares. Hay quienes, en esta opción, piensan que pronto (hasta febrero o marzo del 2011) “el pueblo” le echará de Carondelet (palacio de gobierno) a Rafael Correa y hasta amenazan con que esta defenestración no será tan ingenua, como las anteriores. Citan, como elementos favorables a su tesis, que “hay un gran descontento popular” contra el Presidente pero que, además, los indios (de la CONAIE) ya están en su contra; y, que los del Movimiento Popular Democrático (MPD) están dispuestos a salir –como siempre- a las calles y crear el caos, que en eso se les reconoce cierta “especialización”
¿Será cierta tan previsible y lógica pretensión? Vuelvo a repetir: en nuestros países y en materia política, “nunca hay que decir nunca” Pero, los síntomas “populares” no han sido detectados como para pensar que pudiera darse una movilización popular contra el Gobierno, hasta lograr su destitución.
La oposición del sector indígena es cada vez más clara. La gente va dándose cuenta que, tras esas actitudes desafiantes, hay un sector bastante disminuido, que ya no es ni la sombra del que le botó a Mahuad (enero/2000) y que además, sus dirigentes (Santi, Tibán, Tenesaca, Tituaña y otros) están en la ultra derecha y resentidos con Correa porque no les ha dado, para su manejo, el control y las administraciones del agua y de la minería, dos excelentes negocios que podría darles muchos réditos y mucha clientela cautiva
En cuanto al MPD, autodefinido como “marxista leninista”, con larga tradición de luchas callejeras, al parecer, ha perdido movilidad y vigencia, ya que fue disminuido en sus dos bases estratégicas: el sector del magisterio fiscal (aproximadamente 120.000 maestros, en todo el país) y la Universidad Central del Ecuador (la más grande del país) cuyos destinos estuvieron en sus manos por más de tres décadas.
Dudamos que la también atomizada clase media repita la experiencia que se autodenominó “de los forajidos” y que terminó con el Gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa (abril/2005) Entre los gobiernos del coronel Gutiérrez y el de Correa, a nivel popular, hay un abismo Además, no hay una dirigencia por lo menos espontánea que sea capaz de sacar gente a la calle; no ha sido golpeada por igual por la “revolución ciudadana” y no se ve un sector importante que lidere un movimiento de esta naturaleza ya que los líderes jóvenes que se formaron rápidamente contra Lucio, hoy forman parte del Gobierno y de la Asamblea Nacional. ¿Será que ellos van a dejar sus actuales posiciones y a retomar su ya vieja red de celulares para deponer a Correa?
¿Otro camino? Algunos piensan que la nueva Carta Fundamental (en vigencia desde hace un año) prevé lo que se conoce como la “muerte cruzada”; es decir, la potestad del Presidente de clausurar, por una sola vez, la Asamblea Nacional (antiguo Congreso) pero también debe renunciar a la Presidencia y convocar a nuevas elecciones. Desde un punto de vista objetivo, no habría una situación semejante que justifique una decisión semejante (nueva, por lo demás, en el país) De producirse, los sectores de derecha y sus nuevos aliados de izquierda, podrían perder lo poco que han conseguido ya que Rafael Correa (según sus propias encuestas) sigue manteniendo una simpatía popular que va más allá del 60%. Por lo tanto, para los sectores de oposición podría resultarles “el remedio peor que la enfermedad”
Sin embargo, Carlos Vera, un ex “show man” de la televisión abierta, ha tratado de fortalecer su base política como nuevo “out sider” de la derecha pelucona y ha proclamado a los cuatro vientos (debidamente financiado, desde luego) la tesis de que hay que recoger firmas (un millón y medio) para ir a la “muerte cruzada”.Pero, es muy significativo que la prensa sipiana (que le dedicó primeras planas y titulares destacados, cuando se lanzó en esta tarea) hace rato que ya no le da espacios preferenciales, como no sean unas entrevistas por ahí y unas notitas informativas por aquí. Y cuando la gran prensa asume esta actitud, de seguro, la gran burguesía y sus aliados ya no lo toman en cuenta como candidato posible; máximo como candidato a Alcalde.
¿Qué le queda a la ultra derecha frente a Correa? Las próximas elecciones presidenciales, que serán en el abril del 20113 y en las cuales el propio Correa puede presentarse a una reelección. El problema irresoluble es que tales elecciones están muy lejos; y en segundo, nadie les garantiza que pueden ganarla. ¿Por lo tanto…?
Según la vieja práctica continental, la política imperial puede estar pensando en la “eliminación física” del gobernante “terco, que se resiste a allanarse” ante los dictados de Washington (con o sin Obama) Un gobernante “tercer mundista” que persiste en actitudes contrarias a la “democracia y la libertad” (que se acerca a Irán, que critica a Israel, que se hace operar en Cuba, que se abraza y conversa con Hugo Chávez y Evo Morales) y a quien es poco menos que difícil (sino imposible) derrocarle en el futuro inmediato, a pesar de todo lo que inventan y proclaman los medios sipianos, pues hay que comenzar a pensar en otras formas “más crueles y dramáticas pero más efectivas”
Contra Fidel han ensayado inútilmente más de 600 atentados. Contra Chávez, ya van por los 6 y contra Evo, por lo menos dos. ¿Por qué no pensar –y programar- una salida semejante? A la derecha pelucona y a sus nuevos aliados izquierdistas no les basta que Correa haya recibido cuatro horas (más como Presidente de UNASUR que como Jefe de Estado en Ecuador) a doña Hillari Clinton ni que la dirigencia indígena y sus aliados de ocasión digan que Correa es “neoliberal” que es un presidente “racista” y que casi le aguan la fiesta del ALBA, en la pequeña localidad de Otavalo. Ellos piensan que, “muerto el perro, muerta la rabia” a pesar de que los políticos del mundo entero y muchos sociólogos piensan, en cambio, que lo que está pasando en América Latina es que los pueblos ya no aguantan tanta injusticia, tanta inequidad, tanta corrupción; y por ello ensayan nuevas formas de cambio y transformación, que no son, por cierto las que sostenían los viejos marxistas en el catecismo que aprendían y enseñaban.

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"Los espías que surgieron del frío" (Parte II)

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

Siguiendo con la crónica en esta verdadera "novela" de espionaje que comienza con la denuncia del FBI sobre una supuesta red de "espías" que operaban desde 1990 al servicio de Moscú en territorio norteamericano, les voy a contar esta vez un caso en que me tocó intervenir como abogado que, como este, era la pantalla para ocultar verdaderos "escándalos" esa vez, en Gran Bretaña.

Corría el año 1983 y yo vivía en Nicaragua desde 1979, integrando, en ese momento, el equipo de abogados del Ministerio de Justicia, habiendo, en tal carácter, coordinado el informe sobre la vigencia de los derechos humanos desde el triunfo de la Revolución Sandinista que fuera presentado en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y participado en la elaboración de la demanda contra los Estados Unidos por el ataque a los puertos abiertos de esta nación centroamericana por parte de navíos de guerra de ese país, que se presentara ante la Corte Internacional de La Haya. Todo bajo la dirección de Carlos Arguello, a la sazón Ministro de Justicia.

En esos meses, por otro lado, en la vecina Republica de EL Salvador, se había incrementado la guerra de liberación que libraban las organizaciones guerrilleras y el movimiento popular, coordinada y dirigida por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -hoy en el gobierno del "pulgarcito de América", como llamaba a este país la escritora Gabriela Mistral-.

En agosto de 1981 los gobiernos de México y de Francia suscribieron una declaración conjunta en la que reconocieron el citado Frente -FMLN - FDR como una fuerza representativa que enfrentaba a la Junta Militar que usurpaba el gobierno de ese país.

Con el objeto de adquirir en un equipo trasmisor para la radio del Farabundo, viajaron a Europa dos ciudadanos de nacionalidad mexicana, que eran combatientes internacionalistas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y expertos en comunicaciones.

Antes de emprender el regreso llamaron, por última vez, desde la ciudad de Barcelona en España, perdiéndose todo rastro sobre su paradero, por lo que aparecían como "desaparecidos" -método muy común utilizado por las Dictaduras Militares de nuestro Continente-.

Se requirió mis servicios profesionales y viajé a Madrid, para desandar la ruta que habían recorrido los compañeros, intentando averiguar que responsabilidad tenían las autoridades españolas en su "desaparición".

Hice contacto con un diputado del Partido Socialista Obrero Español, que había sido muy solidario con el exilio argentino, Javier Castellano, el que me aseguró que el método de hacer "desaparecer" a las personas, muy común en nuestros países, no era la practica de los organismos de seguridad españoles-, pero que haría averiguaciones y se entrevistaría con los máximos responsables del Estado para darme una respuesta clara.

A las 24 horas me reuní con él y me aseguró que no estaban en territorio de esa nación, que el último dato que tenían es que habían salido por el aeropuerto de Barcelona, hacia París no como destino final.

Esa misma noche viaje a la capital francesa, que "bien vale una misa", y nuevamente por los contactos del exilio argentino pude conseguir una entrevista con el Presidente de la Asamblea Nacional, el que realizó varios llamados y me aseguró que no estaban en el territorio galo. Por otra parte, ese país, reconocía como fuerza beligerante al FMLN - FDR salvadoreño.

Con mucha preocupación y sin tener claro que había pasado decidi viajar a Ginebra -Suiza para hacer la denuncia en la Cruz Roja Internacional y en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para luego regresar a Nicaragua con mucha frustración al no haber podido ubicar a los compañeros.

A los dos días que había regresado a Managua un argentino, exiliado en Inglaterra, me mandó por teletipo una nota aparecida en los diarios londinenses que daban cuenta de la detención de dos "espías" al servicio de la URSS, que habían sido condenados por una Corte Penal inglesa a 25 años de prisión. Las fotos coincidían con los compañeros que estábamos buscando.

Que pasó después ¿como logramos revisar un fallo de esa envergadura? ¿que se ocultaba detrás de esta "condena"?. Serán los temas de nuestra próxima y última nota, en el mejor estilo de John Le Carre.

Ver también:

Manuel Justo Gaggero es abogado, ex director del diario "El Mundo" y de la revista "Nuevo Hombre".

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Las jubilaciones en un momento decisivo

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Cuando se echa una mirada hacia el ajuste contra los trabajadores, en todo el mundo, para rescatar a los grandes capitales de la crisis, queda en evidencia que el bulto lo cargan los jubilados.

En primer lugar, porque tanto los sistemas estatales como privados se encuentran en quiebra debido a que tienen colocadas las contribuciones previsionales en acciones o deudas de las empresas y en títulos del Estado -cuyas acciones y bonos, respectivamente, se han desvalorizado en proporciones catastróficas-. En el caso de los sistemas privados, los trabajadores han tenido que postergar la fecha de su retiro (sin que haya sido necesaria una ley que eleve el mínimo de la edad para jubilarse). Esto ocurre principalmente en los Estados Unidos. Pero el desastre no exime a los sistemas estatales, pues según acaba de revelar Boudou, los 160 mil millones de pesos en acciones y deuda pública que tiene la Anses (que acumularon las ex AFJPs y luego la gestión K) cotizan hoy a un valor de mercado de 70 mil millones. O sea que las gestiones públicas y privadas (capitalistas) han desvalorizado el fondo acumulado por los trabajadores para su jubilación, en un 60%. Para colmo, las “inversiones” de la Anses en títulos públicos y Letras del Tesoro en pesos se ajustan de acuerdo al índice de inflación del IndeK, mientras los intereses -unos $ 8.000 millones anuales- no quedan en el sistema previsional sino van a pagar la asignación que antes pagaba el Tesoro. Entre ese dinero acumulado se encuentran depósitos a plazo fijo, a tasas de interés inferiores a la inflación, en los bancos que se han comprometido con el gobierno a prestarlo a grupos capitalistas afines al oficialismo. Es decir que los subsidios a las empresas son mayores que los anunciados

La quiebra de los fondos de pensiones, sean privados o estatales, que fueron usados, primero para subsidiar al capital y luego para financiar su rescate, ha sido el pretexto para que Grecia, España, Francia, Alemania e Italia hayan elevado la edad para jubilarse y reducido en porcentajes variados el monto de las jubilaciones. La UE propone una ley comunitaria para llevar la edad jubilatoria a los 70 años; Berlusconi acaba de presentar un proyecto de ley para que, además, la edad de retiro se suba cada tres años, de acuerdo al aumento de la expectativa de vida. El bufón de los italianos evita decir que las personas que vean privada su posibilidad de retiro, tampoco podrán trabajar o seguir trabajando, debido al crecimiento de la desocupación. Como se puede ver, la cruzada del capitalismo contra los trabajadores se ensaña en especial contra los jubilados.

Ahora que el sistema jubilatorio ha llegado a su “madurez”, queda claro que el “estado de bienestar” fue un eufemismo para designar un período en que las cajas recaudaban aportes pero eran escasas las jubilaciones a retribuir. El excedente que se generó en esa etapa fue literalmente confiscado por el “estado de bienestar”, que lo destinó al financiamiento subsidiados a los capitalistas. Cuando la nómina de jubilados comenzó a crecer (en Estados Unidos la llaman la generación de posguerra o ‘baby boomers), el desfalco a las cajas quedó al desnudo, y los estados comenzaron a compensar el faltante con impuestos o con la desvalorización de las jubilaciones por medio de la inflación. No son, por lo tanto, las tendencias crecientes de expectativa de vida o la menor natalidad las que han hundido a las jubilaciones, sino simplemente el capital, que se financió con las cajas de jubilaciones en la “bonanza” y ahora las hunde con la crisis. Un gobierno de trabajadores no solamente garantizaría un retiro digno, sino que, más importante, garantizaría la posibilidad de que las personas de tercera edad sigan trabajando y creando en concordancia con sus condiciones de vida. No hace falta decir que este abordaje social incrementará aún más la calidad y las expectativas de vida.

Argentina, primera

En la Argentina kirchnerista, el ajuste contra los jubilados supera al de Europa, a pesar de que la Presidenta se pasee por el mundo dando lecciones contra los “ajustes” europeos, aunque votando a favor de ellos, como ocurrió, en el FMI, con el paquete para Grecia. Es que en Argentina, la jubilación promedio apenas llega al 36% del último salario, y es un 80% menor al costo de una canasta familiar. Los K lo ven de otro modo, claro: aseguran que la jubilación mínima ha crecido, desde 2002, por encima de la inflación. Pero mientras a principios de la década, los que cobraban el mínimo no llegaban al 10% del registro, hoy ha caído a esa categoría el 80%. Lo que es aún peor, los K hacen sus cálculos sobre los mínimos congelados por Menem, que luego volvieron a desvalorizarse con la devaluación y la inflación de 2002. Los jubilados tampoco recibieron nada (como sí ocurrió con las empresas y bancos) del ‘crecimiento a tasas chinas’ desde 2003, lo que equivale a una desvalorización relativa (respecto al PBI) de sus haberes. (Digamos de paso, que el mismo “perro” meten los K con la deuda externa: parten del crecimiento usuario de la deuda en 2001, como consecuencia de megacanjes, blindajes, préstamos garantizados y tasas usureras de más del 30%, para luego presentar a la “quita” como un ‘despojo’ a los acreedores, cuando se limita a retrotraer el nivel de deuda que existía con anterioridad a ese desfalco). En resumen, el gobierno kirchnerista consolidó la confiscación de las jubilaciones que ejecutaron los gobiernos que lo precedieron, y encima agravó la condición de los millones de jubilados que se encontraban por encima del mínimo. Jactarse de pagar una jubilación de 900 pesos (que no cubre el gasto semanal de maquillaje de la Presidenta) al 80% de los jubilados, retrata de alma y vida a un gobierno anti-obrero.

Sinvergüenzas

El oficialismo, con K a la cabeza, ha reaccionado con inusitada virulencia a la posibilidad de que el Congreso apruebe una jubilación del 82% del salario mínimo; su pedigrée nacional y popular se vino abajo en menos de lo que canta un gallo. Asegura que la propuesta es “destituyente”, porque la Anses no podría financiar los aumentos. Dicho en otros términos: la deuda externa tiene financiación, el pago adelantado al FMI, también, lo mismo el nuevo arreglo con los acreedores de bonos en default - los ‘curros’ más destacados de una lista que es interminable, porque incluye subsidios a GM, a Peugeot y otros. Todo esto suma decena de miles millones de dólares - cuando el misérrimo aumento que recibirían los jubilados si se aprobaran los proyectos propuestos, no sumaría más que 30 mil millones de pesos por año. ¡El proyecto de Presupuesto para 2011, dicen los que saben, prevé comenzar los pagos al Club de París! La deuda externa es un flujo continuo de pagos periódicos (no un pago de única vez) que tiene hipotecado al país desde hace cuarenta años, y va por otros cuarenta años más.

Ahora bien: si los precios aumentan sin que se les pregunte a los consumidores si tienen recursos para solventarlos; si lo mismo ocurre con los impuestos, que ignoran la posibilidad de pago de los contribuyentes; si se permite una fuga de capitales de casi 50 mil millones de dólares, sin preguntarse si esto afecta o no la capacidad de inversión del país; y si la cosa se repite cuando se paga a los buitres internacionales; si esta es la norma general, ¿a qué obedece esta súbita reacción “nacional y popular”, que rechaza otorgar un aumento misérrimo a los jubilados con el pretexto de que no alcanzan los recursos?

Pero el problema no es contable sino social. Para el capital el gasto en jubilados es improductivo - no es una fuente de explotación que permita generar nuevos beneficios (Esto es, sin embargo, falso, pues se trata de un salario que se paga en forma diferida a un obrero productivo que ha dado ganancias al capital). El problema es, luego, político: basta con que la Anses deje de subsidiar parásitos capitalistas, o que se reasignen los derroches del Presupuesto, para que el 82% sea perfectamente viable. El aumento lo deberían financiar los capitalistas, a quienes Cavallo les redujo las contribuciones previsionales. Después de todo, si las jubilaciones no son más que un salario diferido, el rechazo del capital a pagarlas equivale a un robo.Los K pretenden ahora movilizar a los capitalistas contra el 82% (y contra el reajuste de las jubilaciones que están por encima del haber mínimo) para que presionen el Congreso y para convertir la discusión sobre las jubilaciones en una extorsión de que el 82% y los reajustes dañarían la ‘competitividad’ de la economía. Solamente un deshonesto puede usar este argumento cuando la productividad del trabajo (el monto de producción sobre el número de obreros) ha crecido sin interrupción en el medio siglo último. Repetimos: no es una cuestión contable, pues los recursos existen siempre, y ahora también; la cuestión son las prioridades que se les asigna.

Rebelión popular

La aparición de los proyectos del 82%, por parte de la ‘oposición’, no responde a una inesperada vocación popular: en su momento, no vaciló en reducir las jubilaciones en un 13% ni en votar impuestazos ‘célebres’ (para pagar, como siempre, la deuda externa). Los proyectos buscan una salida a una crisis del régimen político, que pueden explotar en cualquier momento en forma catastrófica. Ocurre que la Corte Suprema se ha visto obligada a declarar inconstitucional los congelamientos de Cavallo y los posteriores a 2002, lo cual crea una nueva deuda de varios miles de millones de dólares para un Estado que tiene que arrebatar dólares del Central para poder pagar la deuda existente. Los proyectos opositores son una operación de rescate frente a la acumulación de 350 mil juicios que ya tienen un fallo favorable asegurado a partir del dictado en los casos de Badaro y Sánchez. Se trata de una movilización extraordinaria de jubilados, por vía judicial, que les insume un enorme esfuerzo e incluso un costo económico. La generalización de los ajustes ya decididos por la Corte en esos dos fallos, obligaría al Estado a actualizar las jubilaciones anteriores a 2006 y cargar con el compromiso de los retroactivos, que en algunos casos llegan a los años 80. Esa generalización es inminente.

La iniciativa de la ‘oposición’ procura una salida a este gigantesco impasse. Por eso sus proyectos no incluyen el pago retroactivo de los congelamientos, ni tampoco el 82% sobre el salario último del trabajador (sino solo sobre el salario mínimo). El objetivo de esta legislación limitada es que sirva como pretexto para que la Corte dilate un fallo colectivo y para que las jubilaciones superiores a las mínimas, desde antes y después de 2006, se ‘instalen’ en un monto equivalente al 40/50 del salario último del trabajador.. El proyecto de los “opositores” no es “destituyente” sino “conservador”. Es sobre esta base que oficialistas y opositores ya están buscando un compromiso ulterior, que reduzca aún más la concesión que se haga a los jubilados. El operativo lo encabeza Moyano, quien propone un ajuste del mínimo (y el reajuste de las escalas superiores) en forma progresiva o en cuotas - y, naturalmente, el mantenimiento de la movilidad actual - basada en un índice de recaudación fiscal y no, integralmente, en la inflación o los aumentos salariales (que incluya los ítems ‘no remunerativos).

Para apoyar la maniobra podrida de Moyano, el gobierno acaba de anular la ley que prohíbe el uso del salario mínimo como referencia o base para determinar otras remuneraciones.

Nuestra posición

En el Congreso no hay una bancada obrera, y para peor los Moyano y los Yasky se han puesto del lado del gobierno y de las patronales contra los trabajadores y los jubilados. El más pérfido es Yasky, quien ha sacrificado el 82% móvil de los docentes, firmando ajustes del 0.98% para los maestros jubilados y pactando aumentos salarios no remunerativos, que no se toman para el cálculo de la jubilación; Yasky ha condicionado el apoyo al 82% en debate a que se financie con un aumento de contribuciones patronales - a sabiendas de que los diputados no van a hacerlo y destruir así la posibilidad de que sea votado el 82%. Una fuerte bancada obrera, opondría a los proyectos de la oposición patronal, un proyecto integral del 82% móvil; la devolución de las jubilaciones confiscadas por el congelamiento; la devolución de la Anses a los trabajadores; impuestos al capital; el rechazo al canje fraudulento y el no pago de la deuda externa. Y apoyaríamos ese proyecto con una movilización popular y de los sindicatos.

En ausencia de esa bancada y de la posibilidad de que se vote un proyecto que establezca los derechos de los jubilados en forma plena, llamamos a impedir que naufrague el proyecto de llevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo; de reajustar todas las jubilaciones afectadas por los congelamientos de 1991 y de 2002; y de establecer una movilidad de acuerdo al suba real de los salarios - no la movilidad trucha semestral vigente. Advertimos que opositores y oficialistas ya están negociando para reducir aún más esos proyectos que ya rebajan lo que corresponde por justicia a los jubilados.

Movilicémonos al Congreso cuando se traten los proyectos; manifestémonos en las Comisiones del Congreso. Exijamos un debate en los sindicatos y un plan de lucha de la CGT y la CTA.

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Almorzando con Barrick

Oscar Taffetani (APE)

“¿Puedes venderme tierra -escribe Guillén-, la profunda / noche de las raíces; dientes / de dinosaurios y la cal / dispersa de lejanos esqueletos? / ¿Puedes venderme selvas ya sepultadas, aves muertas, / peces de piedra, azufre / de los volcanes, mil millones de años / en espiral subiendo? ¿Puedes / venderme tierra, puedes / venderme tierra, puedes?”.

El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, puede. El de Salta, Juan Manuel Urtubey, también. Y puede el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Y el de Jujuy, Walter Barrionuevo. Y el de La Rioja, Luis Beder Herrera…

Claro que la tierra no es de ellos. Pertenece a sus pueblos. Nos pertenece a todos. Y ni siquiera a nosotros. Pertenece a nuestros hijos. Y a los hijos de nuestros hijos.

Sin embargo, todos ellos se sentaron, junto con la presidenta Cristina Fernández, a la mesa del gerente general de la Barrick Gold, que fue anfitrión en Canadá de la delegación argentina que participó de la cumbre del G-20.

Barrick Gold es denunciada en todo el mundo por sus proyectos mineros depredadores, que borran montañas con dinamita, separan el oro utilizando cianuro y agotan las reservas de agua potable.

La máscara de las “inversiones” sirve a esos gobernadores (sátrapas corruptos, como aquellos que denunciaba el Persa), para justificar la entrega del patrimonio público.

Y eso no sería lo peor (ya que algún día los sátrapas se van a morir, como todos nos moriremos). Lo peor es que el daño ambiental que dejen la Barrick Gold, la Panamerican Silver, la Lithium America y todas esas empresas, será pagado por las futuras generaciones argentinas.

Lamento por el bosque perdido

En el marco del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el INTA publicaron en 2004 un informe sobre el daño irreparable que produjo la empresa británica La Forestal en el norte de Santa Fe, durante la primera mitad del siglo XX.

“De 1.100.000 kilómetros cuadrados de bosques naturales que contabilizó el censo forestal de 1935 -dice el Informe- sólo quedan poco más de 330.000. En aquel entonces, el 39 por ciento del territorio nacional estaba cubierto de bosques; hoy, la superficie boscosa no llega al 12 por ciento. Santa Fe perdió casi el 90% de sus bosques”.

En los años ’30, auge de la extracción del tanino, La Forestal utilizó a gobernadores débiles y corruptos de Santa Fe para cobrarse “en especie” un préstamo en libras esterlinas otorgado a la provincia. Así, se apropió del agua, del aire y de los bosques de quebracho que pertenecían a todos los santafesinos.

Hasta ejército propio tenía La Forestal en sus dominios. Lo sufrieron los anarquistas y sindicalistas que lucharon por acabar con la infame explotación del mensú.

Y bien ¿qué le dejó La Forestal a Santa Fe, cuando se terminó la fiebre del tanino? Le dejó la ausencia del bosque. Le dejó una tristeza sin fin.

Deberían meditar esos funcionarios de Medio Ambiente que luchan contra la Desertificación. Las mineras como Barrick, que no respetan los glaciares y que consumen el agua potable de zonas áridas, son agentes claros de la Desertificación.

Aquí, allá y en todas partes

Quien visite el sitio de Internet de la Barrick Gold, podrá ver una lista de los lugares del mundo donde la empresa está “invirtiendo” (es decir, donde está haciendo daño): Pascua Lama y Zaldívar en Chile; Lagunas Norte y Pierina en Perú; Pascua Lama y Veladero en la Argentina. Y República Dominicana. Y los Estados Unidos. Y África. Y Australia.

La protesta contra Barrick y contra la minería a cielo abierto se ha extendido por todo el mundo. Aquel No a la mina de los vecinos de Esquel se repite en distintos escenarios. Eso es alentador. Ya que la empresa es global (y se sienta a comer con los presidentes donde quiere y cuando quiere), viene bien que la protesta sea global.

La conciencia ambiental, felizmente, se está despertando en el mundo. Y les dice a los gobernantes, usando palabras de un sabio leñador llamado Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todos algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todos todo el tiempo”.

Fuente imagen: APE

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Bienes naturales y modelo productivo: El NEA de pie contra las megas represas

Alicia Rivas Zelaya - Ever Benítez (ACTA)

Cada vez que las temperaturas se elevan o descienden considerablemente, o que se habla de abaratar costos para la producción industrial, se discute la escasez de reservas de petróleo y gas, se encuentran los presidentes de Brasil, la Argentina y Paraguay, casi con seguridad aparece en la agenda la necesidad de diversificar las fuentes de producción energética.

Entonces, se pone en discusión o se realizan “importantes” anuncios, sobre la inminencia de la construcción de mega represas hidroeléctricas. Seinstala en la agenda de los medios el proyecto Garabí, Rocandor, Santa María o Ayuí o se insiste con el de Corpus Cristhi.

La energía hidroeléctrica es presentada como una de las formas de producción energética de menor impacto ambiental, muchos lo denominan “energía limpia”, otros la anticipan como una verdadera alternativa para ir mudando nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

Los promotores de la misma también suelen hacer hincapié en los beneficios económicos que trae para las regiones donde se emplazan: empleo, energía barata para la radicación de industrias, control de inundaciones, riego, infraestructura, en definitiva desarrollo.

En la provincia de Misiones la presencia de este modelo de generación tiene en Yacyretá su ejemplo más contundente. Con sus casi 50 mil afectados directos y los cientos de miles indirectos, sus promesas de desarrollo incumplidos, la reaparición de enfermedades asociadas a su presencia y los miles de desplazados que aún hoy siguen reclamando resarcimiento prometido por la entidad, el discurso de energía barata y amigable con el ambiente choca contra una realidad que, a pesar de múltiples campañas publicitarias y de una abrumadora relación de la Empresa Binacional Yacyretá con los gobiernos locales y nacionales es una realidad incontrastable que dificulta que la publicidad fomentada por los gobiernos locales, nacionales y la propia empresa binacional se instale sin oposiciones.

“Se dice que la energía proveniente de las mega represas hidroeléctricas es más barata porque “es renovable”. Pero no se tiene en cuenta el incremento de los costos de mitigación ambiental y sanitaria con que deben afrontarse sus consecuencias sobre la población y el medio ambiente local”, se destaca en el documento elaborado por la Asamblea Popular No a Corpus, un espacio que se conformó en el 2008 para hacer valer el plebiscito vinculante que en 1996 le dijo no a la construcción de la mega represa de Corpus en cualquiera de sus emplazamientos.

“Nos oponemos a la construcción de esta represa cualquiera sea su lugar de emplazamiento en el río Paraná, ratificando la voluntad popular de profundo rechazo (89 % de los electores) expresada en el plebiscito obligatorio y vinculante del 14 de abril de 1996”, se lee en el texto que fue entregado a los poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial el 14 de marzo del 2008 en momentos en que los gobiernos de Paraguay y Argentina anunciaban la intención de avanzar en la construcción de la obra.

En Misiones las asambleas y los espacios que se conforman para resistir estos anuncios tienen años de historia, aparecen con mucha fuerza, desaparecen y vuelven a resignificarse cada vez que se anuncia la “inminente construcción de las obras” Durante el 2009 los vecinos comenzaron a organizarse para oponerse a otro proyecto: la mega represa de Garabí, un emprendimiento proyectado sobre el río Uruguay en la provincia de Corrientes pero cuya mayor área de afectación sería el territorio de Misiones.

“Si la represa de Garabí se hace, Azara desaparece de la provincia de Misiones, nosotros no fuimos tenidos en cuenta desde la Nación como argentinos, podemos aceptar que falta energía, no necesariamente tenemos que sacrificar Misiones, en el sur hay posibilidades de hacer represas sin que la afectación sea grande. Misiones es una provincia ubicada en una zona subtropical y está desaconsejado este tipo de obras para esta región”, apuntó María Alves una trabajadora del Estado que desde Puerto Azara, una pequeña población ubicada en el Municipio de Azara, comenzó a reclamar información y a convocar a ciudadanos y organizaciones de toda la región para exigir la participación de las poblaciones locales en el proceso de toma de decisión para la construcción de este tipo de infraestructura.

“La base de esta movida se arma en Azara, los primeros que salen a pedir información son sus pobladores. Ahora bien, dentro de la organización de los Ciudadanos Autoconvocados activan referentes locales que son afiliados a ATE, ONGs como CEMUPRO de Posadas, Autoconvocados de Posadas, agrupaciones de San Javier, Panambí, espacios como Energía Sin Represas de Apóstoles”, remarcó Sandra Nicosia, integrante de los Autoconvocados de la ciudad capital, una de las referentes también de lo que fue la Asamblea Popular NO a Corpus.

Todos los proyectos hidroeléctricos tienen años de estar siendo discutidos por los gobiernos. Pero la información disponible para la ciudadanía y para los municipios siempre fue escasa. En el 2004 intendentes de la zona de afectación de Garabí conformaron el espacio Garabí Siglo XXI para poder aunar criterios sobre las condiciones que debiera reunir el proyecto o bien el resarcimiento que debían garantizarles para cada una de las comunas. Durante varios años los intendentes se sumaron al coro de funcionarios entusiasmados con la iniciativa a pesar de reconocer que no tenían información suficiente del proyecto. A medida que fue tomando estado público la resistencia de los vecinos de esas zonas, y de la incertidumbre en relación de los territorios de afectación, los funcionarios debieron ir también bajando su nivel de exposición en defensa de ese proyecto.

¿Por qué no es no?

En 1996 los ciudadanos de Misiones fueron convocados a una consulta popular sobre la construcción de la mega represa de Corpus Cristhi, uno de los emprendimientos programados sobre el río Paraná. El 89 por ciento le dijo No a ese proyecto. El plebiscito vinculante, convertido en ley provincial Nº 3.294, significó un gran triunfo de las organizaciones sociales, gremiales y políticas que durante años remarcaron las consecuencias negativas para la provincia del modelo Yacyreta de generación energética.

El ejemplo de Yacyretá es fundamental para argumentar el rechazo masivo de ese entonces y de ahora. “Los principales impactos que han generado estas construcciones tienen que ver con los graves problemas de desarraigo de las familias. La cercanía del río les permitía desarrollar actividades como la pesca, lavandería, olería, etc. Al ser desplazados no sólo perdieron sus orígenes sino también sus trabajos siendo llevados a ocupar grandes bolsones de pobreza, pasando a depender de la ayuda social que originaron entre esta población graves problemas de salud, fundamentalmente con estados agudos de depresión, algunos de los cuales tuvieron finales muy trágicos”, contó Eduardo Luján, integrante del CEMUPRO, Centro de Estudios Municipales y Provinciales de Misiones.

El otro gran argumento que los misioneros tienen para oponerse a nuevas mega represas son los impactos a la salud que se han podido relevar desde el llenado del embalse de Yacyretá y que prevén será mucho más grave de insistirse con nuevos emprendimientos.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas (ONU), en el informe “Enfermedades Parasitarias, Desarrollo Hídrico”, (1994), plantea que no se debe construir represas hidroeléctricas en zonas tropicales y subtropicales, Misiones se encuentra en el subtrópico, por considerarlas “zonas de alto riesgo, tanto ambiental como sanitario”. Y porque, entre otros derechos, también se encuentra amenazado el derecho a la vida, debido al incremento de las condiciones favorables para la propagación de las enfermedades ya endémicas en estas zonas”, remarca el documento de la Asamblea No a Corpus.

Juan Yahdjian, médico miembro del Movimiento Social Misiones y del Foro de Pensamiento y Construcción, insiste en la necesidad de dimensionar las afecciones a la salud y al medio ambiente que acarrean estas mega obras. Para él la reaparición de enfermedades como el Dengue, el Paludismo o Malaria, Fiebre Amarilla, Fiebre Tifoidea, Esquistosomiasis, Leishmaniasis, Parásitos, Alergias, Enfermedades de la Piel, de Ojos, tienen que ver con el estancamiento de las aguas que genera el represamiento del río y agrega que “en Misiones la cosa se agrava por la cantidad de químicos, agrotóxicoso venenos que se usan cada día más. Es el caso de los monocultivos, de las reforestaciones, donde el uso de los herbicidas, hormiguicidas, pesticidas y otras cidas, que quiere decir muerte”.

Por otro modelo energético

Los mega emprendimientos como las hidroeléctricas deben entenderse dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana –IIRSA- ideado por los gobiernos latinoamericanos para desarrollar infraestructura, en toda la región, que facilite y abarate la extracción de los recursos naturales. Este es un camino para vaciar Latinoamérica, tal como lo denuncian organizaciones sociales, gremiales y políticas que reclaman un Modelo Productivo que permita el desarrollo sostenible e inclusivo de las poblaciones locales.

Las preguntas de energía para qué, para quién y a qué costo resuenan entre los pobladores afectados y aquellos cuya situación también prevé se modificaran sustancialmente con estas mega obras. Ninguna de estas poblaciones se opone a discutir alternativas de generación de energías limpias, pero si se oponen a seguir entregando el territorio, afectando la salud, el medio ambiento para sostener un modelo productivo que no genera trabajo, expulsa a poblaciones enteras de sus entornos y reinstala enfermedades que ya estaban en erradicadas o en vías de erradicación. Ríos libres para pueblos libres

Al igual que en el 2004, el 18 de junio de este año se presentó en sociedad el proyecto de “Ríos libres”, inspirado en una similar sancionada y en vigencia en Entre Ríos. La iniciativa que recupera y resignifica el ya presentado en la Legislatura provincial con el nombre Ley “Defensa y Libertad de los Ríos de Misiones” (Expediente Nº D-24 183/04), presentado en su momento por la “Red de Asociaciones Ecologistas de Misiones”, en agosto de 2004. Desde ese entonces hasta la actualidad la iniciativa no fue tratada en las comisiones por lo que perdió estado parlamentario.

El proyecto actual indica: “Declárase a la Provincia de Misiones, República Argentina, libre de nuevas obras de represas sobre los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, de conformidad con los derechos, deberes y facultades dispuestos en los Artículos: 1º, 5º, 41 y 124º de la Constitución Nacional, y Leyes de la provinciales Nº 1040, Nº 2876, Nº 3079, Nº 3231, Nº 3337 y Nº 3631. y mo señala que “la promulgación de esta ley deja sin efecto toda negociación, acuerdo, preacuerdo provincial, nacional y/o internacional existente referido a la construcción de nuevas represas en la zona específicamente descripta en el artículo 1° de la presente ley y que no posean a la fecha de sanción de la misma, la taxativa aprobación formalizada conforme a la Constitución y la legislación vigente de las autoridades provinciales y de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, por mayoría absoluta de votos de la totalidad de sus integrantes”.

Suena el clarín

Con el Proyecto Hidráulico-Productivo Ayuí Grande, se pretende realizar una mega represa sobre el arroyo del mismo nombre ubicado en el corazón de Corrientes. El Ayuí Grande es el mayor afluente del río Miriñay y nace nada más y nada menos que en los esteros del Iberá, en el departamento de Mercedes.

El emprendimiento es una iniciativa privada del consorcio agroindustrial conformado por las empresas Pilagá S.A., Tupantuva S.A. y Copra S.A. a la que adhiere también ADECOAGRO. Estas dos últimas regenteadas por los financistas José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y el magnate húngaro George Soros. Entre todos, suman aproximadamente unas 76.500 hectáreas de campo que rodean la cuenca del arroyo, unas 243.800 hectáreas (2438 km2).

El proyecto pretende inundar unas 7.898 hectáreas de bosques nativos, para regar el arrozal más grande de Suramérica. En total, unas 18000 hectáreas de este grano, producido mayoritariamente con el fin de exportarlo. También se pretende el cultivo de otros cereales como Maíz, Soja y Trigo, hasta llegar, según lo planeado, a regar unas 28.000 hectáreas.

Según el ingeniero agrónomo Jorge Adámoli director del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, formulado en 2005, “en total se detectaron 43 impactos negativos, de los cuales 23 se encuentran en el medio biótico, 15 en el abiótico, y cinco en el antrópico. El impacto negativo más alto es el de la fuerte afectación de llanuras y pastizales, porque se considera que una gran proporción de esta unidad será transformada.

Otros tres ambientes fueron considerados con riesgos muy altos de pérdida o eliminación. Los bosques hidrófilos, los bañados de lomada y los bosques de árboles nativos o terrestres” dice el documento oficial. Dentro de los impactos más trascendentales también se cuenta la eliminación y degradación de hábitat para la fauna. En las futuras áreas agrícolas no hay posibilidad de disminuir o de amortiguar este impacto” se asegura, “el cultivo implica la sustitución de la vegetación original”.

“Una parte de esto se podría reducir aplicando Plan de Gestión Ambiental que está previsto en el proyecto” explica el profesional, pero en realidad, al disminuir la descarga de agua del arroyo que generará la represa “no se podrán disminuir o aminorar estos impactos negativos con medidas del Plan” sostiene. ¿Que alternativa presentan los empresarios?, “compensación económica”. Lástima que la naturaleza no entienda de billetes.

Estamos en el campo

“El Proyecto Ayuí tiene que salir, lo dije en el sector arrocero, necesitamos inversiones, necesitamos que Corrientes pueda vender alimentos al mundo” pedía el gobernador correntino Ricardo Colombi en abril de este año. Lo hacía nada más y nada menos que ante el propio Aranda en un remate ganadero en su ciudad natal, por casualidad, Mercedes. Se olvidaba quizás, de los altos índices de desnutrición infantil que tiene la provincia así como los de pobreza que lo ubican dentro de las primeras a nivel nacional.

Por otra parte, Gustavo Adolfo Flores, médico veterinario, profesor en la Escuela Agrotécnica Eulogio Cruz Cabral de Mercedes, comparte la visión del Ejecutivo porque “conocemos el proyecto Ayuí porque lo formularon profesionales que han egresado de nuestra escuela. Además, la agricultura es una actividad que nos ataña como formadores de futuros técnicos y es una fuente laboral para nuestros alumnos. Genera mucha mano de obra. En ganadería, cada mil hectáreas, se ocupa un peón, mientras que en agricultura, 60”, argumenta.

Flores admite también que “el proyecto, se lanzó en nuestra escuela, ya hace rato, y desde entonces cambiamos el perfil del egresado. Antes solo se daba una formación ganadera. Es que “los mejores resultados económicos están en la parte agrícola” sostiene, aunque admite que “es indiscutible la exportación, pero nos favorece el empleo.

Además, opina que “el arroyo Ayuí, en épocas de sequía no tiene caudal, y en tiempos lluviosos pasa sobre la ruta. Entonces, ¿porque no retener ‘cierta cantidad’ para el uso de una actividad productiva? Por más que sean manos privadas hay que aprovechar este recurso”, apuesta el profesional mercedeño.

"Esto es como Botnia”

La Fundación Reserva del Iberá es una organización mercedeña, sin fines de lucro creada por técnicos y personas interesadas en la protección de patrimonios naturales como los Esteros del Iberá, el arroyo Ayuí y otros territorios de Corrientes en peligro. Horacio Cardozo, su coordinador, explica sus conocimientos técnicos y su postura. “El problema es la escala en la que está pensado este proyecto. Las 8000 hectáreas de lago que quieren crear represando el Ayuí, frente a las 5000 hectáreas que ocupa la emblemática laguna Iberá dan una perspectiva de la inmensidad que representa esta obra. Además realizarla significa apropiarse de un recurso público, pasando a formar parte de las empresas, es decir se privatiza” denuncia.

Sostiene que “hay alternativas de producción que podrían evitar semejante cambio en el medio ambiente, por ejemplo, que las empresas realicen represas más pequeñas. Pero no tienen la mínima voluntad de reformular el proyecto. Lo que pasa es que se trata de realizar la menor inversión y aprovechar la mayor renta posible”, argumenta.

“El daño no es sólo ambiental” aclara, “Es decir, toman agua de buena calidad y devuelven al arroyo agua cargada de agroquímicos… esa actitud es la que perjudicara a otros propietarios agropecuarios que también usan el arroyo para sus establecimientos que están en las riberas. Lo más grave es que, de aprobarse, estarán sentando un precedente negativo que puede dar pié a realizar otros proyectos de similares características en toda la región, incluso en el país.

Bandidos rurales

La situación para Fundación Iberá y para Horacio es alarmante, “De alguna manera esto es como Botnia” aseguran. “Aquí se le seduce a la gente diciéndoles que se le va a dar mano de obra y trabajo generalizado. A partir de ese discurso mucha gente en la zona está a favor por los intereses económicos que acarrea y la necesidad de los campesinos y de los trabajadores. Pero lo que no dicen es la mayor parte de la mano de obra se utilizará en la fase de construcción del dique, quedando solo después lo indispensable.

Caso aparte es la legislatura de Corrientes que terminó por aprobar el proyecto de reordenamiento territorial de la Ley de Bosques que mandara el Ejecutivo. Allí se marca como Zona Verde al Espinal (territorio en cuestión). Para ellos, legalmente no existe en la región ningún sector de bosque protegido. “Verde” habilita el desmonte. Esto implica aceptar la posibilidad cualquier actividad productiva sin tener en cuenta el riesgo ambiental como la erosión que sufrirán estos suelos quedando sin cobertura protectora, como dicen los expertos.

“El principal error fue haber planteado este debate con espíritu únicamente productivo” dice Horacio. “Esto pareció más bien, discutir sobre algo que molestaba. No estamos planteando nada fuera de lugar, zona de ribera es Rojo en todas partes. Lo dicen el INTA, el Instituto de Botánica de Corrientes, la UNNE, etcétera. Los bosques deberían ser parte de una política Estado, protegidos independientemente del los gobiernos de turno”, reclama con justa razón la Fundación.

Cardozo asegura que “de por sí solo el proyecto no podría concretarse porque infringe muchas leyes. Lo llamativo es como durante todos estos años, los gobiernos de turno colaboran para que salga. Pero justamente, lo que está protegiendo al Ayuí es la ilegalidad de esta obra. Actualmente es solo un proyecto, pero estamos preparados para presentarnos ante la justicia ni bien pongan una sola pala sobre el arroyo” sentencia. Mientras tanto, siguen realizando campañas de concientización. “Tenemos un blog que es www.ennombredelayui.blogspots.com con la campaña, SALVEMOS EL AYUÍ.

Pero las empresas pautan en muchos medios de comunicación y ayudan financieramente a algunas instituciones que confunden a la gente”, explica. “Cuesta también porque estamos protegiendo algo a futuro y en general estamos acostumbrados a “añorar lo perdido. Nos falta enamorarnos más de nuestro paisaje, sentirlo nuestro. Hay que dejar de ver al Ayuí como algo de todos pero a la vez, de nadie.De todas formas nuestras fuerzas están intactas. Lo seguiremos defendiendo. Usaremos nuestras leyes y haremos valer nuestros derechos” afirma.

Y finalmente, Horacio sentencia “exigimos modelos productivos menos agresivos con el medio ambiente es dar un mensaje de no todo es a cualquier precio, es mostrar al mundo que podemos producir de manera responsable con el medio ambiente, es una oportunidad de alguna manera, para mostrarnos al mundo como un país realmente serio”.

Todas las manos, todas

Vienen por lo más hermoso que nos queda: el agua, la tierra y los recursos naturales…Es necesario conservar el agua como patrimonio para la vida, no puede ser utilizada ni contaminada por la ambición sin límites de los mercaderes de la naturaleza, vemos con preocupación la necesidad de plantear esta problemática que nos duele por el avance sobre los Esteros del Iberá y sobre los Bosques Nativos” señala con fuerza el primer edicto de la Asamblea Ambiental Correntina.

Este nuevo órgano vio la luz a fines de abril de este año para contrarrestar este tipo de avasallamientos de parte de los empresarios y el gobierno sobre nuestros recursos naturales. Está integrado por referentes del arte y la cultura donde resaltan algunas figuras como Antonio Tarragó Ros, Julián Cini, Pocho Roch, Mario Bofil y un centenar de personas involucradas y comprometidas con la lucha.

Así también se pronunció la CTA Corrientes con su documento aprobado en el Congreso Provincial 2010, marcando “la defensa de la Madre Tierra, rechazando la construcción de las represas en la región y muy expresamente, la de Garabí…toda instalación de pasteras con su consecuente intencionalidad de ampliar la nefasta política del monocultivo forestal; y exigir el cumplimiento de la ley nacional de bosques respecto a definir en el Ayuí Zona Roja respetando sus bosques en galería”, lo que fue reivindicado en el Encuentro-Seminario de Comunidades Rurales del Norte Argentino, realizado en el Taraguí.

Y un coro de voces que no calla, grita hoy desde Corrientes, “siento al caminar, toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal…”.

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Argentina, Bariloche: Cuando las palabras se confunden...

Ramón Minieri (RED LATINA SIN FRONTERAS)

Las palabras son guías para los pueblos; como esos perros que van adelante para descubrirnos el camino. Cuando las palabras se confunden, los pueblos se pierden; cuando las palabras se enferman, la libertad y la justicia se mueren. Los que solemos tratar con las palabras, debemos estar atentos a que no se confundan. Es nuestro modo de servir al conjunto.

Cuando se habla, se escribe, se opina sobre lo sucedido en Bariloche en esta última semana, sucede que más de una vez se confunden las palabras. Será entonces un útil servicio a la comunidad, el de señalar las palabras justas, las que realmente se corresponden con las cosas.

Se oyen eufemismos. El eufemismo es una forma de escabullir el verdadero nombre de las cosas. Se oye decir que lo acaecido en Bariloche son "incidentes" o "hechos muy graves"; o que fueron fruto de la "incompetencia policial". Mejor será que hablemos con claridad; porque de lo contrario, nos perderemos en nuestro propio laberinto de palabras erróneas.

Cuando a una persona se le arrebata la vida, eso se llama homicidio. En Bariloche no se han producido incidentes; nada hubo de incidental, puesto que todo ha sido el resultado de decisiones o de omisiones deliberadas; tampoco ha habido incompetencias; quizás quienes dispararon las armas contra los jóvenes fueron muy competentes para hacer lo tácitamente instruido. Ni lo sucedido han sido hechos graves; porque los hechos a veces son reparables, pueden ser deshechos. No. Se han producido homicidios.

Cuando la persona a cuyas órdenes está un homicida, no se pronuncia enérgicamente para condenar ese acto; cuando al contrario, lo justifica; cuando no adopta medidas para evitar que algo así vuelva a suceder, entonces esa persona es responsable de homicidio. Es homicida también, sólo que jerárquico.

Debo decir entonces, no caben otras palabras, que el titular del Ejecutivo provincial y su ministro de Gobierno son homicidas. Lo sucedido se llama "crímenes de Estado." No son los primeros, pero se ha batido un récord vergonzoso en pocos días.

Hay también palabras exactas para quienes, como integrantes de los mismos poderes o del mismo Estado, callan ante los homicidios. El nombre preciso es "cómplices". No he escuchado ningún comunicado de la fuerza política a la que pertenece el Gobernador, de ninguno de sus comités, que condene los homicidios.

Hay quienes, más o menos amistosamente, me dirán que hablo con dureza. Quizás les parezca duro que alguien use las palabras que corresponden para señalar un crimen, y las complicidades que lo siguen alimentando o haciendo posible. Pero lo realmente duro, es que el crimen suceda. Démonos por enterados de lo verdaderamente duro, de lo feroz de esta historia: están matando pibes. Y si uno lo sabe, y no dice ni hace nada, se vuelve cómplice.

Cuando las palabras se confunden, los pueblos se pierden. La primera palabra que se oyó, no fue la que debía ser. El Secretario de la Gobernación declaró, el mismo día de los homicidios, que lamentaba - no, no que lamentaba las muertes, sino que lamentaba un fallo del Superior Tribunal de Justicia que haría más lento el proceso de reforma constitucional reeleccionista. En cuanto al Ministro de Gobierno, lamentó, no las muertes tampoco, sino los costos de reparación de una comisaría.

Las palabras pueden servir para desorientar y para matar. Cuando el ministro de Gobierno elogia a los policías de mano dura y señala que deben "defenderse", sin fijar los límites de sus acciones, está decidiendo acerca de la vida y la muerte de los integrantes de su propio pueblo. Cuando el Gobernador no lo corrige públicamente, se está haciendo responsable de los mismos dichos y los mismos actos. ¿Tendremos que recordarles que en nuestro país no existe la pena de muerte, menos aún decidida por un funcionario ejecutivo?

Cuando no hay palabras verdaderas, todos corremos peligro. La falta de estas palabras en la fuerza gobernante, la ha de llevar una y otra vez hacia el crimen de Estado.

En esta fuerza se ha llegado a llamarle "política", no a la estrategia para buscar consensos y promover el desarrollo humano, no al modo de producir decisiones sensatas que superen los conflictos o abran camino para ello. No; en este elenco se ha convenido en llamar política al arte de sobrenadar las crisis y los conflictos, para mantenerse en pie y ejerciendo los cargos. No es política lo que así llaman, sino surfeo interesado.

Pero si no se practica la política como herramienta para pensar y mejorar nuestra sociedad, será entonces inevitable que en algún momento, cuando el conflicto es una ola que amenaza la estabilidad de la tabla de surf, estos funcionarios apelen a la violencia más o menos encubierta - cada vez menos encubierta. No saben otro modo de resolver los conflictos.

Devolvamos a la palabra "política" su verdadera dignidad. Entonces nos daremos cuenta de que no padecemos un sobrante de política, sino falta de ella. Nuestros gobernantes provinciales auspician un proyecto de despolitización. No nos habilitan para discutir nuestras cuestiones como sociedad, para hallar caminos de solución, sino para votar prontamente una reforma reeleccionista. A esto estaban abocados los comités de la fuerza gobernante, mientras se producían los homicidios de Bariloche.

Han sido confundidas también las palabras "información pública". Esta, como la publicidad de los actos de gobierno, es algo distinto de la propaganda en favor de los gobernantes. Lo sucedido en Bariloche no fue motivo de confiable información pública. En la más luctuosa de las jornadas, era en vano buscar noticias en el canal oficial. Su horario central de la tarde y noche estuvo ocupado por el show de Marcelo Tinelli.

No son estas las primeras ni las únicas confusiones de palabras del elenco gobernante. El mismo ministro de Gobierno ha presentado a las reivindicaciones de tierras de los pueblos originarios como actos agresivos. Con ello ha mostrado desconocer la Constitución Nacional y los pactos firmados sobre el tema. Para él, "hasta los vikingos" podrían venir a reclamar tierras. Poner a los mapuche, que ya estaban aquí desde antes de la existencia del propio ministro y de la llegada a estas tierras de sus ancestros, a la par de los"vikingos", es una confusión de palabras que sólo sirve a otros actos de agresión. La malevolencia va pareja con el desconocimiento; da para preguntarse si este funcionario habrá logrado su título copiándose en los exámenes. Desde su área también se ha procedido con lenidad ante las denuncias de complicidad entre algunos policías y la trata de personas, complicidad que nos ha ganado lamentables títulos en informes periodísticos nacionales.

Este mismo ministro declara, en un acto público, que él y su policía sabrán darle "respuesta a todos". Si es la respuesta ya demostrada en Bariloche, es para temerle. Pero el Gobernador no ha corregido esas amenazantes declaraciones. Nos indica que él, con su policía, ha logrado "recomponer la paz social". Peligrosa confusión, esta de llamar "paz social" al resultado de las muertes provocadas desde el Estado. Y si a ello se suma el desprecio del mismo funcionario hacia los "políticos", cuyos cuestionamientos son para él meros manejos oportunistas, estamos ante el regreso del discurso de los tiempos de facto.

No es tiempo para Uriburus de escritorio y corbata, que alientan fusilamientos por decisión superior; no es tiempo para una "paz social" asentada sobre los muertos. Los rionegrinos no merecemos esto. Ni lo merece la policía provincial, en la que conocemos a muchas personas honestas, capaces y con sensibilidad social.

Detengamos esta maquinaria de políticos sin política, de un abogado que desconoce los derechos, de un medio de comunicación que propagandiza y no comunica. Pero antes que nada, detengamos la confusión de las palabras. Que no nos engañen.

Porque cuando las palabras se confunden, los pueblos se pierden.

El Gobernador, ocupado frenéticamente en su reelección, y su ministro de "paz social", debieran tener presente que la confusión de palabras no ha de durar mucho tiempo. Más pronto o más tarde, sus actos, y ellos mismos, serán llamados como lo que son. Y tratados como tales. En el momento más oscuro de la noche, se columbran las estrellas.

Recuerde este elenco de poder, sus ejecutores y sus cómplices: la historia la ganan las víctimas. No debiera haber víctimas injustas; no debiera ser ese el camino para el cambio histórico, por una cuestión de humanidad. Pero cuando las hay, empieza el fin de la era de los victimarios.

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Poniendo el cuerpo a la explotación

Sandra Chaher (ARTEMISA)

Argentina está atravesada, al igual que otros países, por conflictos medioambientales en los que poderosas alianzas entre empresas y estados, con la complicidad de otros sectores, encuentran la resistencia de la sociedad civil. Dos mujeres integrantes de asambleas ciudadanas de la zona cordillerana, que vienen frenando con el cuerpo la explotación de sus tierras, cuentan cuál es el conflicto que atraviesa cada una de sus comunidades.

Marta Sahores está comprometida con la defensa del medio ambiente en su provincia desde el 2002. A mediados de ese año, las vecinas y vecinos de Esquel iniciaron asambleas y foros ciudadanos con el objetivo de informarse y accionar frente a la posible instalación de una empresa minera en la región.

Como licenciada en química y docente universitaria jubilada, Marta tuvo un rol activo en estos encuentros. 'Junto a Silvia Gonzalez, otra docente, fuimos las encargadas de desmentir las mentiras que el gobierno decía sobre el cianuro, los metales pesados y el drenaje ácido. Dimos más de cuarenta conferencias por toda la provincia. Fueron muchas horas diarias de trabajo, viajes y conferencias, que hacen que no sepa lo que es estar jubilada, cosa que agradezco.'

En marzo del 2003, la ciudadanía de Esquel protagonizó una gesta que aún hoy siguen celebrando, cuando una consulta popular decidió, con el 81% de apoyo, que no querían el emprendimiento minero que la empresa canadiense Meridian Gold pretendía llevar adelante con la venia del gobierno provincial. Para la misma época se definía un recurso de amparo en los tribunales también contra el emprendimiento que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que dio la razón a los vecinos amparándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional (el derecho al goce de 'un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras').

Como consecuencia de la consulta, en el 2003 también fue sancionada la ley provincial 5001 que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en todo el territorio chubutense.

Sin embargo, pareciera que se trató sólo de una medida temporal. Marta y el resto de la ciudadanía reunida en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel están alertas. 'Seguimos trabajando porque el oro sigue en la montaña y la codicia de mineros y políticos sigue intacta –señala desde su casa de Esquel-. Y porque lo que no queremos para Esquel tampoco lo queremos en el resto de la provincia, ni en el país, ni en América Latina. En este momento, el gobernador Das Neves, quien les ha prometido a las mineras que la provincia está abierta a la minería, está haciendo muchas acciones tendientes a derogar la Ley 5001 para iniciar la exploración de la minera Navidad en la meseta chubutense. Estamos aunando esfuerzos las comunidades de Trelew, Madryn, Comodoro y Esquel para ayudar a los pueblos de Gastre, Gan Gan y otros con información y movilización.'

Si bien en junio del 2006 se sancionó una ley del Ejecutivo Provincial que suspendió por 36 meses la actividad minera metalífera en una porción de la cordillera chubutense, eso parece haber dejado liberada la intención de promover la explotación en la zona de meseta, que es la que tiene más escasez de agua, uno de los recursos naturales amenazados por la minería a cielo abierto. Navidad parece ser uno de los yacimientos de oro y plomo más importantes que se hayan descubierto últimamente y su explotación está otorgada a otra empresa canadiense, Aquiline. La mina está situada en Gastre. 'La gente de esta zona nos pidió ayuda porque son poblaciones muy chicas, casi no hay gente sino campo. Pero poco a poco se están haciendo fuertes. Las asambleas de Trelew y Madryn también están comprometiéndose con ellos' cuenta Marta.

¿Con quién cuentan los vecinos en esta lucha de David contra Goliats? 'Con otros vecinos, de otros lugares de la provincia, del país y de América Latina –responde Marta sin tristeza-. No tenemos más apoyo que ése. Con los medios de comunicación no podemos contar, algunos nos dan bolilla pero la mayoría están comprados.'

Una red asimétrica

Mirta Antonelli, licenciada en Letras y magíster en Sociosemiótica, es directora de un proyecto radicado en el Área Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichón de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en el que se investiga qué personajes hay en disputa en el conflicto minero.

En el artículo 'Los discursos detrás de la megaminería' , Antonelli señala que se trata de 'una ‘red totalmente asimétrica’, por un lado con actores de enorme poder para instalar sentidos positivos vinculados a la megaminería y por el otro con las ‘resistencias sociales’. Lo primero que uno constata son los actores involucrados en viabilizar el modelo: empresas mayormente transnacionales, el Estado en sus distintas jurisdicciones -nacional, provinciales y municipales-, la red de mediadores simbólicos, desde publicaciones del sector pro minero, boletines para inversores, buffets de abogados, un conjunto significativo de ONG's y fundaciones que se definen como sin fines de lucro, pero que están trabajando en beneficio de las empresas porque procuran ‘mediar' con los conflictos territorializados para controlarlos y viabilizar los emprendimientos que quieren instalarse, ya que sin lo que se llama licencia social para operar (el permiso de las comunidades), no pueden llevarse adelante'.

Del otro lado se posiciona la 'resistencia social' de vecinas y vecinos, integrada en una red de 60 asambleas de todo el país nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UCA). A fines de marzo, la UCA realizó su XII encuentro justamente en Esquel. Una de las resoluciones del mismo fue la realización de un acampe en Plaza de Mayo para el Bicentenario pidiendo la independencia de multinacionales como Aquiline, Meridian Gold y otras. El próximo encuentro se realizará en julio en Santiago del Estero.

Modelo económico, político y social

Gabriela Romanos también está afectada por un emprendimiento minero pero en Chilecito, La Rioja. 'Formo parte de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito –se presenta-. Somos un movimiento que surge en el año 2006 ante el intento del gobierno de permitir que la empresa canadiense Barrick Gold explote a cielo abierto el cerro Famatina, una montaña de más de 6.000 metros de altura de donde proviene el agua que alimenta todo el valle.'

Hace ya tres años, desde que se organizaron, las mujeres y varones que integran la asamblea están en alerta permanente y cortaron una ruta que lleva al campamento minero armado por la empresa en la misma zona donde se explotó oro cien años atrás. Si bien hasta ahora pudieron frenar la instalación de la empresa, se presentan continuamente situaciones inquietantes, como la presencia semanas atrás de ciudadanos japoneses acompañados de funcionarios del gobierno y la posible apertura de un camino alternativo hacia la mina.

'La minería a cielo abierto presenta varios aspectos que se cuestionan, pero si nos centramos exclusivamente en la cuestión medioambiental se destaca la metodología que se usa para extraer los metales: dinamitar las montañas, triturar las rocas, lavarlas con una solución de agua cianurada (también se usa mercurio), y utilizar para este proceso una cantidad excesiva de agua (1.000 litros por segundo) y energía –explica Romano-. La provincia de La Rioja es una de las que está en permanente emergencia hídrica, por las escasas precipitaciones. El agua es un recurso muy escaso en la zona, hay lugares en las zonas rurales en que los productores tienen ‘turnos’ de agua para regar su producción. Somos una provincia con un perfil agrícola, contamos con una excelente producción de uvas torrontés que ha llevado a que nuestros vinos sean premiados a nivel internacional, también tenemos nueces, aceitunas, duraznos y paisajes incomparables que nos permiten apostar al turismo. Todas estas son actividades sustentables incompatibles con la minería.'

En la Rioja se da la misma connivencia entre empresas multinacionales y estados provinciales que se observa en Chubut. En el año 2007, como consecuencia del corte de la ruta y del movimiento popular, fue sancionada la ley provincial 8137 que prohibía la minería a cielo abierto. El impulsor de la norma fue el entonces vicegobernador Luis Beder Herrera y se cree que la iniciativa estaba vinculada a una interna política con el entonces gobernador Angel Mazza, quien fue destituido tres días después acusado, entre otras cosas, de entregar los recursos mineros de la provincia. Beder Herrera asumió como gobernador a fines de ese mismo año y a mediados del 2008 la ley fue derogada.

'Si bien en un principio nuestro discurso se basó en la cuestión ambiental pronto advertimos que era necesario ampliar nuestro planteo porque la problemática es más compleja –concluye Romano-. Responde a un modelo extractivo exportador que ha llevado a que en nuestro país se impongan como política de estado modelos económicos que no responden a las necesidades de la comunidad en su conjunto.'

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Donde impera el glisfosato

Sandra Chaher (ARTEMISA)

La contaminación de recursos y los efectos sobre la salud de las personas por los agrotóxicos que se usan en las plantaciones de soja, son algunos de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas y campesinas del Noreste argentino.

La contaminación de recursos y los efectos sobre la salud de las personas por los agrotóxicos que se usan en las plantaciones de soja, son algunos de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas y campesinas del Noreste argentino.

Deo Carrizo es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE- Via campesina). El tema en el que están comprometidas las comunidades de la región es la contaminación provocada por las plantaciones sojeras.

'Para el crecimiento del grano modificado, se suele utilizar una mezcla de varios agrotóxicos muy letales, para la eliminación de ‘plagas’. La forma que se usa para esparcir el agrotóxico es con mosquito, una fumigadora terrestre, y con avionetas, fumigación aérea. Pero normalmente estas prácticas incumplen las reglas establecidas a nivel provincial por la ley 6.312 de agroquímicos. Se acercan más de lo que pueden a las poblaciones y los municipios no llevan el registro de todas las empresas de fumigación que existen' explica Carrizo.

Las consecuencias que vienen observado en la gente después de la fumigación de agrotóxicos son problemas reproductivos, en mujeres y varones; y en el aparato digestivo y la piel (manchas, llagas y alergias). 'Tenemos registro de un niño nacido con hidrocefalia y que falleció al año, y de otros casos de hidrocefalia provocados por el glifosato. En el caso del nene que murió, la familia esta rodeada de soja.'

La fumigación también afecta la producción de agricultura y ganado. 'Cuando fumigan la soja, lo hacen también por sobre el rancho, el sembradío de las familias, y esto hace que a veces se pierdan completos algunos cultivos, puesto que el glifosato es un herbicida que mata a todas las plantas excepto a la soja transgénica -explica Carrizo-. También las cabras mal paren, abortan y nacen cabritos malformados; y se contaminan el agua de los pozos o aljibes, ya que los aviones fumigan los techos donde se junta el agua de lluvia.'

Si bien hicieron denuncias ante el Ministerio de Producción provincial, no tuvieron respuesta. Otro problema que enfrentan es que el sistema médico provincial niega la problemática cuando llegan a la consulta. 'Y es importante tener en cuenta –concluye Carrizo-, que si bien el efecto agudo sobre las personas suele superarse, los agrotóxicos se caracterizan por ser acumulativos en el organismo, produciendo problemas crónicos, y cada vez que se recibe una nueva exposición, el cuadro agudo cada vez es mas grave.'

Los efectos del glisfosato sobre la salud están en discusión, en gran medida por la presión de las empresas multinacionales vinculadas al sector. Un año atrás, el Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología recomendó al ministro Lino Barañao la creación de una comisión interdisciplinaria de especialistas para que se expida sobre sus posibles riesgos, como consecuencia de las declaraciones del investigador Andrés Carrasco al diario Página/12, en las que se refirió al efecto devastador del glisfosato en embriones en dosis mucho más reducidas que las utilizadas en las fumigaciones.

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Soberanía energética: Respiración artificial

Carlos Saglul (ACTA)

El politólogo brasileño Emir Sader citando el afamado libro del uruguayo Eduardo Galeano, afirmó que las venas de América Latina todavía están abiertas: “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan por ganar, otros en perder”. En los primeros 150 años de la colonización americana el ochenta por ciento de la población del continente murió acarreando oro, las riquezas del suelo para financiar la industrialización de los países centrales. La historia no cambió. Las venas continúan abiertas.

Por ellas corre el petróleo, los minerales. Recursos naturales y energía, se van junto al trabajo y el sudor de miles de trabajadores, muchos de ellos flexibilizados, sin derechos sindicales. Hablamos de los trabajadores de la energía que militan en la Central de Trabajadores de la Argentina.

La minería tradicional y sus túneles han ido desapareciendo junto al incremento de la escasez de los minerales que se encuentran casi únicamente diseminados bajo el suelo. Ahora la extracción de minerales necesita de amplia tecnología. En este punto no existen distingos de colores políticos. La minería contaminante a cielo abierto cuenta con el visto bueno del Gobierno nacional y con el gobernador de SanJuan, José Luis Gioja (PJ) y el de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral (UCR), como los más acérrimos defensores de un puñado de empresas transnacionales que está demoliendo la Cordillera de Los Andes para llevarse el oro, la plata y otros minerales.

El recurso se detecta a través de satélites. Luego sierras y montañas son voladas y convertidas el polvo y el material obtenido es mezclado con inmensas cantidades de agua y químicos (ácido sulfúrico, cianuro, mercurio). Del proceso que se lleva a cabo con esta sopa surgen cobre, mercurio, uranio. Las nubes de polvo que generan las explosiones cubren extensiones inmensas, los químicos penetran en la tierra y contaminan las napas de agua.

El procedimiento es de tan alto costo que sólo puede ser redituable si va acompañado de exenciones impositivas, utilización gratuita de la energía, derroche y agotamiento de las reservas de agua. La lógica depredadora de este tipo de explotación arrasa minerales, energía, agua, perjudica al medio ambiente y no deja tras de si la riqueza que proclama, sino miseria, polvo y desierto, la naturaleza saqueada. Nada de esto sería posible sin la complicidad de amplios sectores de la clase dirigente.

Mientras Venezuela y Bolivia recuperan sus recursos, Brasil recompra las acciones de Repsol en manos privadas, en Argentina ya casi no quedan reservas de petróleo, mientras que las de gas se agotan peligrosamente. Las empresas privadas, aún las concesionarias del servicio eléctrico, no invierten. “Su único objetivo es llevarse cuando puedan”, advierten casi todos los trabajadores de la energía consultados para esta nota.

Lo que dejó el auge neoliberal

Los operarios del ramo enrolados en la Central de Trabajadores de la Argentina se nuclea en la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA). La entidad nació en noviembre de 1995 en Mar del Plata. Su secretario general, José Rigane, secretario de Organización de la CTA, la define como “una organización de segundo grado inédita en el país porque deja atrás la construcción de la rama de la industria, y se lanza como una entidad del nuevo tipo que busca reconstruir la representación de los trabajadores de la energía juntando los pedacitos que sobreviven al proceso de privatización y extranjerización que desarrollaron las políticas neoliberales con el consiguiente despido de miles de trabajadores”.

Según el dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata dentro de la CTA “se conjuga la recreación de la memoria colectiva de la lucha de los trabajadores con la construcción permanente de nuevas alternativas de organización social y política. La FeTERA tiene el rol estratégico de organizar al sector industrial vinculado con la energía”.

Por su lado, José Luis Matassa, dirigente del sector nuclear de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y secretario de Relaciones Internacionales de la FeTERA explica que en el sector trabajan más de cuatro mil compañeros repartidos -enumera- en la Comisión Nacional de Energía, la NASA (empresa estatal que opera las centrales nucleares), ENSI (planta productora de agua pesada) y Dioxitex, dedicada al procesamiento de uranio.

En cuanto a la FeTERA, Matassa señala que agrupa a alrededor de diez mil trabajadores de los rubros energía nuclear, minas de carbón, Instituto del Agua de Tierra del Fuego, Luz y Fuerza Mar del Plata y de La Pampa, petroleros de Santa Cruz, trabajadores de la electricidad de Córdoba, de Yacyreta, Salto Grande, ex trabajadores de YPF, petroquímicos. También añade a la lista, las recientes incorporaciones de los mineros de la Organización Sindical Minera Argentina (OSMA-CTA) de San Juan, los trabajadores de estaciones de servicio de Córdoba y los chóferes de EDESUR, entre otros.

Al igual que Rigane sostiene que “la Federación de Trabajadores de la Energía es una manifestación de la necesidad de fortalecer a la CTA y discutir las políticas públicas organizando un sector que sin dudas es estratégico”.

La rueda del saqueo

Julio Acosta es secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de la Pampa, uno de los gremios fundadores de la FeTERA. “Nos fuimos de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza de la CGT en desacuerdo con las privatizaciones y la política del menemismo”.

El dirigente acepta que esos tiempos marcaron a fuego a la actividad, al igual que a toda la economía del país: “el proceso de vaciamiento y desinversión todavía no ha podido ser revertido. En La Pampa llegaron a despedir a la mitad de los trabajadores”.La pérdida del Convenio Laboral fue uno de los daños más dolorosos porque dio lugar a la tercerización de miles de trabajadores”, recuerda Acosta.

Para el dirigente, la falta de inversiones por parte de las empresas privadas “tarde o temprano va a llevar a un colapso del sistema”. Acosta se muestra partidario de la reestatización del servicio eléctrico.

No se puede hacer una planificación estratégica del desarrollo económico, industrial del país si no se tiene en cuenta la política energética. Acosta advierte que la falta de política estatal en esta área deja librada toda orientación en la materia a la voluntad de las grandes corporaciones multinacionales.

En Mendoza -informa- se está construyendo una mina a cielo abierto que va a necesitar tanta agua y energía como toda la capital provincial. Esto hace que la infraestructura de servicios se organice de acuerdo a las necesidades de estos supuestos inversores. Llamarlos inversores- enfatiza- es un eufemismo porque se llevan más de lo que traen.

El dirigente advirtió contra la posibilidad de una historia circular, una rueda del saqueo donde el Estado siempre sea el socio perdedor. “Espero que no retornemos a un Estado bobo que nuevamente haga las inversiones necesarias para que los servicios no colapsen, reanude la exploración de gas y petróleo para después volver a entregarle el manejo de los recurso a las multinacionales”.

Cuando se le pregunta porque se habla tan poco de la necesidad de reestatización, Acosta contesta con otra pregunta: “¿tal vez porque todavía continúa siendo un gran negocio para los privados”?

La tercerización de amplios sectores de las empresas del Estado es parte de la herencia del proceso de privatizaciones. Es el caso de muchos empleados de EDESUR y EDENOR (ex SEGBA). Para revertir el fraude laboral que los tiene como principales víctimas, un sector de los tercerizados, en este caso los choferes, se han nucleado en la Agrupación Sindical de Trabajadores del Transporte Automotor y Afines en el Servicio Eléctrico (ASTTAASE-CTA) que se incorporó a la FeTERA.

Daniel Correa, referente de la flamante agrupación explicó que “trabajamos ocho o más horas. No tenemos francos ni feriados. No nos reconocen días por enfermedad. Con el verso de que somos una cooperativa no nos pagan jubilación o obra social. Nosotros debemos poner el automóvil y correr con todos los gastos de mantenimiento. Tampoco tenemos aguinaldo”. Correa cuenta que el colmo ocurrió el Día del Electricista cuando “a los empleados en blanco de la compañía les dieron franco. A nosotros en cambio nos descontaron el día”.

El sector cuenta con más de 400 trabajadores que no hace mucho llevaron adelante con total éxito un paro de actividades. Un poco antes, el 15 de enero habían elegido delegados. Cuando se hace esta nota están en plenas deliberaciones para ver como inician un plan de lucha por el despido de Raúl Acosta, delegado de Lomas de Zamora.

La realidad salarial de los tercerizados no podía ser más desalentadora ya que desde hace dos años no reciben aumento. En promedio ganan 3.200 pesos. Descontando el mantenimiento del vehículo y monotributo, les quedan alrededor de 1.700 pesos. Acosta recuerda que la tercerización fue posible en razón de la debilidad gremial de los trabajadores. Por eso fiel a su oficio de chofer convencido de que “se trata de pisar el acelerador en el camino contrario: organización y solidaridad. Es la única esperanza de que esto vuelva a ser un trabajo digno”.

Expendedores de combustible

Otra de las organizaciones de nuevo tipo incorporada recientemente a FeTERA es la Asociación Gremial de Trabajadores y Personal de Estaciones de Servicio y Afines de Córdoba (AGTPAC-CTA). Su secretario general, Marcelo Espíndola, nos cuenta: “surgimos a partir del descontento de muchos compañeros con el Sindicato de Petroleros Privados de Córdoba. La base potencial del gremio en toda la provincia son unos 7.500 compañeros. Al cierre de esta edición del Periódico de la Central, la Asociación viene de realizar con éxito una importante pelea por la reincorporación de Sonia Viera, una trabajadora despedida de la estación de servicio Intelservice en La Carlota. “Se trató de un caso de persecución gremial ya que la habían cesanteado por haber participado de las elecciones de delegados de nuestro sindicato”.

La falta de libertad sindical no es el único problema de los trabajadores ya que “en muchos establecimientos no se nota el más mínimo respeto por nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. No se proveen uniformes en plazo. Los compañeros de las estaciones de servicio son empleados para cualquier tarea hasta limpiar baños o lavar los coches de los dueños. Otros patrones optan por afiliar a sus empleados al Sindicato de Empleados de Comercio, cosa de pagarles menos”.

Espíndola subraya que “la libertad y democracia sindical es una de las principales banderas de la FeTERA y no es una decisión de compromiso. Tener sindicatos manejados de acuerdo a los intereses de los patrones significan bajos salarios, condiciones laborales miserables y entrega del futuro de los trabajadores y su familia”.

Manejo de los recursos

Luis Enrique Torrilla es secretario general de Asociación de Trabajadores del Gas (ATGas-CTA), una entidad gremial de 1º grado, que agrupa a los trabajadores de las empresas que sucedieron a Gas del Estado, en Córdoba, La Rioja y Catamarca.

Con básicos salariales que van en Erogas, la principal distribuidora de la zona, de los 3.100 pesos a 7.105, la reivindicación central del sector es la recuperación del Convenio Colectivo, del que al igual que en el caso de los trabajadores del sector eléctrico fueron despojados durante el menemismo.

Nos dice que ese camino ya se ha iniciado en la empresa ECOGAS lo que los convierte en el único gremio de gas natural que logró introducir cambios sustanciales en el convenio de una empresa privatizada.

Despidos, tercerización, pérdidas enormes para el país. “Es una lástima –ironiza Torrilla- que a ningún juez se le ocurrió dictaminar la inaplicabilidad de la ley de la privatización del menememismo, por haber sido aprobada con diputados truchos”.

El dirigente señala que las únicas inversiones que realizaron las compañías que manejan las ex empresas estatales fueron en el exterior, en la construcción de gasoductos para exportar. “La reactivación de la industria y el consumo de los últimos años, ha dejado en evidencia la falta de inversiones dentro del país. Para Torrilla, el camino del desarrollo pasa por la necesidad de reapropiarnos del recurso energético y en este sentido pone como ejemplo a Venezuela y Bolivia.

Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de Gas (APJ GAS-CTA) también opina que no que no hay Nación soberana sin el manejo de sus recursos energéticos. “Estamos ante el desafío de animarnos a discutir otro modelo de manejo de los recursos no renovables, lo que implica nada menos que plantearnos la autonomía política y social de la Nación. Hoy existe un piso social que está permitiendo darle volumen a esta discusión. Hay que aprovecharlo”.

Advierte que la política exportadora del poder económico concentrado junto a la falta de exploración redujo al mínimo las reservas de gas.

Matassa señala que cuando hablamos de distribución de riqueza, debemos incluir la recuperación de la riqueza genuina y no renovable que las empresas multinacionales y algunos capitalistas argentinos se llevan del país.

El dirigente señala que “en materia nuclear seguimos reclamando la intervención de los trabajadores en las decisiones. A partir del 2004 se verificó un movimiento de reactivación del área. Se aumentaron los presupuestos y parecería que durante el 2011 se pondrá en marcha Atucha II, lo que ya fue postergado dos veces por el actual gobierno. Hoy la pelea es por la tecnología que el gobierno gestionaría para la cuarta y quinta central nuclear. Están conversando con rusos, franceses y yanquis. El problema se suscita en el posible cambio del combustible a utilizar en las centrales. Atucha I y Embalse funcionan con uranio natural y Agua Pesada. Esta última es producida por la empresa estatal ENSI de Neuquén cuya construcción le ha costado millones al conjunto del pueblo. Si cambiamos el combustible, habría que importar uranio enriquecido ya que todavía no estamos en capacidad tecnológica de producirlo y en ese caso la planta de Neuquén no tendría razón de existir”.

El dirigente de ATE opina que “ante la escasez de petróleo y gas para los próximos años, la opción nuclear es la alternativa para mejorar la matriz energética. El debate sobre cual es el plan nuclear mejor para el país y su desarrollo, no puede ser decisión exclusiva del gobierno de turno”.

Una batalla cultural

El sistema capitalista aún en esta crisis con final abierto, no deja de reconocer los recursos energéticos como estratégicos, y actúa en consecuencia. Prolongar el modelo consumista cuesta guerras con miles de muertos, desestabilización de gobiernos, invasiones, recuerda Rigane. El dirigente entiende que la batalla por reapropiarse de los recursos es también cultural: “Para ellos petróleo, gas, los minerales, el agua, son comodities, mercancías que deben tener el mismo trato que un paquete de yerba en el supermercado. A los “usuarios” nos convirtieron en clientes. Sólo puede acceder a la energía aquél que la puede pagarla. El imperialismo impone un cambio de conceptos y valores que nos lleva a una subestimación de los recursos naturales y energéticos. Nos han hecho creer que esos recursos no es lo importante pero allí pueden estar los miles de millones de dólares que necesitamos para sustentar un proyecto que nos permita ser una Nación próspera y soberana”.

Rigane recuerda la inexistencia de una compañía estatal en la Argentina. En las reuniones entre los países de la región –dice- los otros hablan en nombre de su compañía estatal, en cambio nosotros somos Repsol, Chevron, Panamerican Energy, Petrobras, Total. Necesitamos recuperar los recursos energéticos y naturales, volver a reinstalar conceptos perdidos y tergiversados por el poder, saber que la energía como bien social, es de todos y un derecho humano y nadie en pleno Siglo XXI puede vivir con dignidad si no tiene acceso al agua, el gas y la electricidad”.

Nuevas organizaciones

La Asociación de Trabajadores del Petróleo y la Energía (ATPE-CTA) de la provincia de Santa Cruz fue inscripto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, paso necesario para representar gremialmente a los trabajadores del sector petrolero. En la Comisión Directiva Provisoria figuran los compañeros Juan Barrientos como Secretario General; Víctor Chamorro, Secretario Adjunto; Diego Bukay, tesorero y los vocales Ángel Daniel Vargas y Miguel Zárate.

“La ATPE nació con el objetivo de representar a los trabajadores petroleros en todo el país, y tuvo su origen en el pedido de las bases de tener una organización gremial que represente sus intereses genuina y sindicalmente, señaló Diego Bucay, integrante de la Mesa de Conducción de ATPE, quien además denunció las presiones, persecuciones y atentados que han sufrido varios de los trabajadores que tomaron la decisión de organizarse fuera del sindicato patronal, que resignó derechos adquiridospor los trabajadores”.Los trabajadores de la Organización Sindical Minera Argentina (OSMA-CTA), lograron reconocimiento sindical y un importante aumento salarial. Una histórica conquista para esta organización sindical de nuevo tipo enrolada en la Central de Trabajadores de la Argentina.

En San Juan, en la mina Veladero, se conformó la Organización Sindical Minera Argentina (OSNA-CTA) que hoy cuenta con más de medio millar de afiliados. “Estamos orgullosos de ser CTA”, así se expresó, vivamente emocionado, José Leiva, secretario general de la OSMA, al concluir la última negociación con la Barrick Gold, donde los trabajadores mineros lograron el reconocimiento de su organización sindical, un aumento salarial del 23% y su reinstalación en su lugar de trabajo luego de haber sido cesanteado en represalia por la configuración de la nueva organización sindical.

“Esta conquista, como el fortalecimiento de la OSMA, están sostenidas por la inquebrantable voluntad de los trabajadores para no ceder espacios y decidirse a romper el silencio para iniciar un camino de lucha y dignidad del sector”, agregó Leiva.

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