miércoles, 14 de julio de 2010

El “juicio” a Omar Khadr: una farsa de la “justicia” norteamericana

Abel Samir (especial para ARGENPRESS.info)

Este joven que fue aprisionado en Afganistán cuando sólo contaba con 15 de edad, por haber combatido y haber dado muerte a un soldado norteamericano, según la fiscalía militar estadounidense, ha permanecido preso en Guantánamo ya hace 8 años sin haber sido llamado a juicio.

Primero que nada, debo referirme a lo que es crimen de guerra, el cargo que enfrenta este joven. Si en verdad Omar Khadr hizo uso de armas de fuego o arrojó una granada contra los soldados norteamericanos que irrumpieron entre los escombros de la casa en donde se alojaba y que previamente había sido bombardeada por la aviación norteamericana, conforme a lo que es la guerra y sus leyes, su actitud correspondería a una legítima defensa contra los que son los verdaderos agresores, los norteamericanos, los que han cometido crímenes de guerra por invadir el territorio de Afganistán sin haber sido atacados en su país por los afganos. De ninguna forma está comprobado la intervención de los talibanes en los trágicos sucesos del 11 de septiembre en New York y tampoco la participación de Osama bin Laden o de Al-Kaeda. Segundo, son los norteamericanos los que han dado muerte a miles de civiles en Afganistán Irak y otros lugares, entre cuyas víctimas se cuentan por miles las mujeres, ancianos y niños pequeños. También el asesinato de cientos de talibanes encerrados cruelmente como sardinas en contenedores de hierro a todo sol y sin posibilidad de respirar o de beber. Una gran mayoría de ellos perecieron por asfixia o de sed. ¿Acaso eso no es un crimen execrable cometido por USA? Esos sí que son crímenes de guerra que no tiene disculpa y sin embargo, ninguna organización internacional los ha llevado a juicio y menos el Nuevo Senado Romano que hasta aquí se ve como una organización dócil y fácil de manejar por USA. Tampoco la Federación Rusa o la República Popular China son capaces de vetar la acción y la política imperial de USA. Se han terminado por someter a los designios imperiales en parte por no entrar en una geopolítica confrontacional y en parte porque esos Estados oprimen a minorías y etnias de religión musulmana. Tercero, Omar Khadr nunca ha confesado haber hecho lo que los norteamericanos quieren culparlo, aun cuando lo han tenido de pie durante días sin posibilidad de dormir, una acción inhumana de quiénes se dicen creer en un dios que condenaría lo que ellos hacen. ¿No hay en esto sólo una enorme dosis de crueldad y cinismo? Tercero, los abogados que le ponen a disposición son norteamericanos y no canadienses, como era de esperar, ya que este joven vivía antes en Canadá y por último y lo más reprobable, es que este joven fue sometido a torturas inhumanas y aún así, en ningún momento ha confesado lo que el ejército norteamericano desea que confiese. ¡Vamos, que farsa! Los verdaderos criminales convertidos en víctimas.

También es digno de mencionar que son muy pocos los países en donde un muchacho de 15 años es condenado como si se tratase de un adulto. Si USA pretende hablar de derechos humanos, esta prueba muestra la verdadera cara de la justicia de ese país. En realidad produce asco la actitud de aquellos Estados que se han sometido como animales domésticos a esa execrable política. Recordemos como los gobernantes norteamericanos amparados en la impunidad cometieron y siguen cometiendo crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad. Produce asco las palabras del anterior vicepresidente Cheney sobre la miserable vivencia de esos prisioneros, de los cuales una mayoría nunca estuvieron involucrados en acciones militares. Dijo: viven bajo los trópicos, están bien alimentados y tienen todo lo que quieren. Pero no dijo como son torturados física y psíquicamente. Todos los que han estado en calidad de prisioneros en la cárcel de Guantánamo han dicho que allí se tortura a diario y con algunos prisioneros se ensañan, sobre todo con aquellos que eran de otros países o etnias no afganas. Tenemos como ejemplo el caso del joven Murat Kurnaz (después de liberado ha escrito un libro sobre la pesadilla que le tocó vivir en Guantánamo). Este joven fue detenido en Pakistán por individuos llamados “caza recompensas” y vendido al ejército norteamericano por 3.000 dólares. En una entrevista dijo lo siguiente: "Fui a estudiar en una escuela coránica que tiene más de 80 millones de miembros. El principal objetivo del centro, además de enseñar el Corán, es ayudar y formar jóvenes marginados. En Bremen yo trabajaba en la seguridad de discotecas y fiestas y veía muchos jóvenes involucrados en asuntos de droga. Eso me sensibilizó y me dio ganas de hacer algo para ayudarles. Por eso me fui a esta escuela. Lo curioso es que, pocos meses después de mi detención en la base, las autoridades de EE UU descubrieron que yo era inocente e informaron al gobierno alemán. Pero Alemania ocultó la información y me dejó allí por cuatro años. A partir de aquí, los estadounidenses decidieron seguir con las investigaciones e intentaron obligarme a firmar un documento en que yo declaraba pertenecer a Al-Kaeda. En otra parte agrega Kurnaz: He visto con mis propios ojos gente fallecer a causa de las torturas. He visto verdugos que torturaban a un niño de 9 años al que le acusaban de terrorista. Lo que quiero es hacer una denuncia y un llamamiento al mundo".

Una vez prisionero de los yanquis fue aislado de su familia y amistades y se le negó el derecho a un abogado. En Kandahar se le torturó de la manera más bestial mediante palizas, privación del sueño, electrochoques y exposición a altas o muy bajas temperaturas y otras torturas que han desarrollado esas mentes torcidas que se ocultan detrás de la CIA, la organización terrorista norteamericana.

Tenemos también, entre otras muchas, la declaración hecha por Binyam Mohamed que estuvo preso 7 años en Guantánamo y finalmente liberado pudiendo volver a Gran Bretaña: He pasado por una experiencia que nunca imaginé que viviría ni en mi más horrenda pesadilla. Antes de mi horrorosa experiencia, la “tortura” era para mí una palabra abstracta. Nunca podía haber imaginado que yo sería su víctima. Todavía me cuesta creer que me secuestraron, que me arrastraron de un país a otro, y que me hayan torturado con medios medievales – todo orquestado por el gobierno de EE.UU.

Una gran parte de los prisioneros en Guantánamo son inocentes y el ex presidente Bush lo sabía perfectamente y los mantenía allí por razones políticas. Así lo manifestó el coronel norteamericano Lawrence Wilkerson, además que ya lo había manifestado Colin Powell. En un documento que fue publicado en el periódico The Times, Wilkerson, que fue la mano derecha de Powell, afirmó que el ex vicepresidente Dick Cheney y el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld sabían que la mayoría de los primeros 742 detenidos enviados a la base estadounidense de Guantánamo (Cuba) en 2002 eran inocentes, pero consideraban que era "políticamente imposible liberarlos". Además dijo: "Hablé del tema de los detenidos de Guantánamo con el secretario Powell. Me enteré de que creía que no sólo el vicepresidente Cheney y el secretario Rumsfeld, sino también el presidente Bush, estaban implicados en todo el proceso de toma de decisiones de Guantánamo".

Aunque no existan pruebas o que se logre “confesiones” por medio de la tortura, como la Inquisición lograba en su tiempo que los inculpados confesasen después de ser terriblemente torturados, Omar Khadr puede ser condenado sin ser culpable y para eso se requiere que se culpe a sí mismo. Ha tardado 8 años sin que esa confesión se haya logrado, porque sin ella, no existe prueba alguna de su culpabilidad, ya que no hay testigos ni nada parecido para inculparlo.

Todas las agrupaciones de defensa de los derechos humanos se han dirigido al gobierno de Canadá pidiendo que sea repatriado a su país (Canadá) sin haber logrado este derecho. El gobierno de Canadá es una simple comparsa del Imperio.

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Los funestos 17 de julio

Antonio Peredo Leigue

En unos días más se recordará a los héroes que murieron resistiendo el avasallamiento de los grupos reaccionarios y fascistas. Fue el 17 de julio de 1936, hace 74 años, que se produjo el golpe de estado con que Francisco Franco inició la cruenta guerra civil en la España republicana. En Bolivia, el 17 de julio de 1980, hace 30 años, Luis García Meza y Luis Arce Gómez dieron el golpe contra una democracia que no terminaba de germinar, luego de la larga dictadura banzerista.

La coincidencia de fechas no fuera suficiente para emparentar esos dos hechos. En España, sólo un grupo de patriotas republicanos recordará el inicio de la guerra civil con actos reservados, sobre todo en Cataluña, último bastión de la resistencia contra Franco. En Bolivia, la recordación será pública, como lo ha sido desde hace tiempo y esta vez con más valor, pues finalmente los dos criminales que golpearon al pueblo, están cumpliendo pena máxima en la cárcel de Chonchocoro.

Sin embargo, el cancionero de los tiempos de la resistencia en nuestro país y en toda Nuestra América, incluía canciones de la guerra civil española, del mismo modo que las de la lucha contra el régimen de Mussolini en Italia. Eran los tiempos en que, hombres y mujeres, luchando por la libertad y la democracia, nos sentíamos ciudadanos del mundo. Como tales estuvimos en esas jornadas fatídicas pero que, al cabo de los años, maduraron la conciencia nacional por un proceso de cambio.

Franco gobernó desde 1939 hasta 1975. Durante 36 años mantuvo a España sometida a tal régimen de atraso y miseria, que era corriente escuchar que Europa terminaba en los Pirineos. Más todavía: mantener la monarquía fue el alto precio que debió pagar el pueblo español para acceder a un respiro democrático. Un acucioso periodista, de tendencia conservadora, hizo una investigación que le llevó a decir que Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, fueron los verdaderos constructores de la democracia en España. Suárez, criado en las filas del franquismo y presidente del gobierno entre 1976 y 1981 obtuvo el reconocimiento del Partido Comunista para posibilitar el Pacto de La Moncloa que creó la estructura de poder vigente hoy. Por cierto, Carrillo, quien encabezaba a los comunistas, proclamó el eurocomunismo renegando de los principios marxistas, con lo que logró que lo aceptasen.

García Meza aquí, en Bolivia, apenas pudo sostenerse en el Palacio Quemado durante un año. Pero es que no era más que la resaca de una larga dictadura, la de Banzer, que fue derrotada por el pueblo. Pero, en ese año, después de perpetrar violentas masacres, sobre todos en los centros mineros que resistieron el golpe durante varios días, se ocupó de enriquecerse, junto con sus ministros. Fue la época en que, los jefes del narcotráfico, proclamaban su condición de tales con prepotencia y los caballeros y jovenzuelos de la sociedad se disputaban una invitación a las rumbosas fiestas que preparaban. Época también en que se entregó la explotación de piedras semipreciosas en La Gaiba, en secreto, con coimas que recibía directamente el dictador en complicidad con Luis Arce.

La miseria de Bolivia fue obra de muchos gobiernos, pero las dictaduras fueron decisivas. Banzer endeudó al país más allá de cualquier posibilidad de pago, para elevar construcciones monumentales y prometer otras que justificaron los enriquecimientos personales. García Meza se encargó de burlar el juicio que había iniciado Marcelo Quiroga por los crímenes de Banzer quien murió sin haber pagado sus culpas. Pero, por sobre todo, dejó un país desvertebrado y una sociedad destruida. Le bastó un año para hacerlo, lo que nos dice claramente que no es a él a quien hay que culpar de todo el descalabro. Banzer hizo lo suyo en siete largos años de su dictadura, actuando en un terreno que le preparó alegremente su antecesor Barrientos.

En España, cuando este 17 de julio se cumpla 74 años del inicio de la guerra civil que desató Francisco Franco, aún no se saldaron cuentas de ese millón de víctimas que dejó aquel cruento enfrentamiento. Posiblemente nunca habrá una reivindicación. A lo sumo, algunos actos en los que, los viejos soldados de la República, recuerden este día funesto.

Lo que está ocurriendo ahora, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, no es resultado de la dictadura ni siquiera consecuencia no esperada. Se trata de una crisis en la que, una vez más, porfiadamente, se repite la lección del derroche que termina en derrumbe, de la traicionera ley del mercado que ofrece oportunidades sin restricción, hasta que la oferta se desborda y conduce a la bancarrota.

Cada uno de nuestros países tiene una historia que tiene a coincidencias aunque también muestra grandes diferencias. Pero hay algo que no debemos olvidar: los años de las dictaduras fueron años perdidos, en los que pudimos construir. Es importante recordarlo, para que nuestros hijos y nuestros nietos no se dejen entusiasmar por las consignas de orden, paz y trabajo, que esconden los horrores de las dictaduras. Es una coincidencia que, el 17 de julio, tenga el mismo significado allá que aquí. Sería un signo de gran madurez que, desde ambas latitudes digamos: construyamos un mundo mejor para las nuevas generaciones.

Foto: España - El dictador Francisco Franco y el actual monarca Juan Carlos de Borbón.

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Ley de hidrocarburos de correa es inconstitucional, antinacional y privatizadora

Fernando Villavicencio (ECUADOR NOTICIAS)

El proyecto de Ley de Hidrocarburos, presentado por el Presidente Rafael Correa, a la Asamblea Nacional, con el carácter de económico urgente, es inconstitucional, extractivista y antinacional, y está orientado a tapar el déficit fiscal creado por un irresponsable manejo económico del país, entregando sin licitación el patrimonio petrolero de Petroecuador a empresas estatales y mixtas, de los países amigos del socialismo del siglo 21.

La reforma al Art. 6, otorga nuevas responsabilidades al Ministerio de Recursos Naturales, como las de adjudicar, suscribir y caducar los diversos contratos petroleros, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, vulnerando lo establecido en los artículos 313, 315, 316 y 317, de la Constitución de Montecristi, en los cuales, en ninguna parte consta tales facultades. La Secretaría de Hidrocarburos se convertirá en una SUPER dependencia de la Presidencia de la República, para adjudicar a dedo los contratos en todas las fases de la industria petrolera, a compañías de los países de la órbita del régimen: China, Venezuela, Rusia, Irán, Brasil.

El Art 1 del Proyecto que sustituye el primer inciso del Art. 2 de la Ley de Hidrocarburos, ratifica la vigencia de los “ogros y leoninos” contratos de participación y prestación de servicios, para la exploración y explotación de hidrocarburos; es decir, más de tres años de alharaca y estigmatización de los referidos modelos contractuales, para honrarlos y ratificarlos.

El Art 16 del Proyecto, crea los contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos, los que podrán ser suscritos por personas jurídicas nacionales o extranjeras, y por su actividad recibirán una tarifa que incluya amortización de las inversiones, costos y gastos, utilidad razonable y el supuesto riesgo en que ha incurrido la contratista. Estos contratos, así como los de Obras, Bienes y Servicios, serán adjudicados directamente, según establece la reforma al Art. 19, cuando se trate de empresas estatales o mixtas de los países de la llamada “comunidad internacional”, o sea los amigos del socialismo del siglo 21.

En el mismo artículo 16 al permitírsele a la contratista comprar la producción del área, se contradice groseramente los postulados y argumentos para el cambiado de modalidad contractual, planteados por el Presidente, como es el hecho de que el petróleo pase a ser de propiedad del Estado y sirva esencialmente para los procesos de industrialización y cobertura de la demanda interna de derivados. Además otorga un doble poder a las compañías: explotar y comercializar el hidrocarburo, restándole otra facultad al Estado.

Ni los gobiernos de la larga noche neoliberal, tuvieron la insensatez y el alcance antinacional, del actual régimen, aunque lo intentaron, no lograron separar las dos fases del proceso extractivo: la exploración (riesgo) de la explotación, por ello es que durante 25 años no se permitió la privatización de los campos llamados Joyas de la Corona, al capital extranjero, pues el Art 2, habla de contratos de EXPLORACION Y EXPLOTACION. Con la reforma de Correa, todos los campos en producción, operados por Petroecuador o Petroamazonas, y en los cuales no existe ningún riesgo exploratorio, podrán ser entregados a cualquier empresa nacional o extranjera; y a dedo, si las empresas pertenecen a la órbita geopolítica del “Consenso de Correa”. El antecedente claro fue la entrega del Campo Sacha.

La primera disposición transitoria, dispone que en un plazo de 120 días, todos los contratos de Participación y Prestación de Servicios, se cambien a contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación, definidos en el Art. 16. Esta es una flagrante contradicción con el Art, 2 del proyecto que reconoce y ratifica la vigencia de los contratos de Participación y Prestación de Servicios. La misma transitoria establece que si las compañías se resisten al cambio, la Secretaría de Hidrocarburos declarará la terminación unilateral de los contratos y procederá a indemnizar a las compañías. ¿Cómo el Estado puede obligar a una compañía a abandonar un modelo contractual que la legislación reconoce su validez? Resulta irresponsable que el Gobierno plantee la indemnización de las compañías, cuando la mayoría de los contratos están por fenecer el 2010 y el 2012, se trataría de entregar en bandeja de plata, armas a las compañías, para que formulen millonarias demandas ante el CIADI.

El Art. 2 del Proyecto, que reforma el Art. 3 de la Ley de Hidrocarburos, establece que “La Secretaría de Hidrocarburos podrá delegar las actividades de transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación e industrialización”, que actualmente las realiza Petroecuador y Petroamazonas, a: “…empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades”. Según el Art. 313 de la Constitución, son sectores estratégicos: la energía en todas sus formas, los recursos no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, los que serán de decisión y control exclusivo del Estado. El Art. 316 de la Constitución, establece que se podrá delegar la participación a empresas mixtas, siempre y cuando convenga al interés nacional. Delegar la participación no significa delegar las actividades y la operación de las áreas actualmente manejadas por Petroecuador o Petroamazonas. La reforma gubernamental pretende entregar estos sectores estratégicos: el SOTE, los oleoductos secundarios, el sistema de transporte de poliductos, gasoductos y terminales, así como las refinerías, negocios altamente rentables, al capital extranjero, vía delegación, lo cual no está permitido por la Constitución.

El segundo inciso del Art 316 de la Constitución permite delegar a la iniciativa privada, de forma excepcional, y la excepcionalidad, para cualquier ciudadano sensato, consiste en el riesgo exploratorio o en proyectos nuevos, en los cuales el Estado no cuente con recursos económicos propios o requiera asociarse para obtener fortalezas tecnológicas. ¿Dónde está el riesgo, en la operación de las áreas descritas? Se trata de entregar a manos lavadas los bienes patrimoniales del pueblo.

Por disposición constitucional, la actividad de control no pueden estar subordinada al ente gubernamental de regulación, que es el Ministerio del Ramo, el control debe gozar de autonomía, especialización, independencia y participación social, por lo que, delegar esas actividades a la nueva Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, que reemplaza a la DNH, adscrita al Ministerio de Recursos Naturales, es inconstitucional y antidemocrático, que busca perpetuar la corrupción e impunidad del sector petrolero. De acuerdo con la Constitución debe conformarse la Superintendencia de Hidrocarburos y Medio Ambiente, como organismo autónomo, independiente del Ministerio, con capacidad técnica especializada, para el control y la fiscalización de las actividades del sector.

Cuando se inauguró el mini boom petrolero, en la década del setenta, el país contaba con 8 mil 084 millones de barriles de reservas probadas, cuarenta años después, las reservas remanentes de crudo comercialmente explotables, se han reducido a 3 mil 407 millones de barriles, incluyendo el ITT.

En cuarenta años, se han extraído aproximadamente 4 mil 677 millones de barriles, que a un precio promedio de 30 U$/BL, representa más de 140 mil millones de dólares. Solamente por exportaciones de crudo, según cifras oficiales, desde 1972 hasta diciembre del 2009, la caja fiscal obtuvo 77 mil 568 millones de dólares; para el referido año, la exportación de petróleo representó un 33% del Presupuesto del Estado y un 13.9% del PIB. Las compañías extranjeras, solo entre el año 2000 y el 2008, obtuvieron 20 mil 096 millones de dólares, por exportaciones de crudo.

Las reservas probadas de crudos pesados, de los bloques y campos actualmente operados por las compañías extranjeras, a través de contratos de Participación y Prestación de Servicios, están en el orden de 251 millones 333 mil barriles, que a un promedio de extracción de 87 millones de barriles por año, las mismas se agotarían en tres años. Es decir, las compañías habrán consumido completamente las reservas al finalizar sus períodos contractuales. La mayoría de contratos significativos vencen entre el 2010 y el 2012, por lo que resulta desacertado ampliar los plazos, o peor aún, anunciar expropiaciones, si las empresas no se someten al nuevo modelo contractual propuesto por el régimen. Las compañías se irán del país sin pagar los enormes pasivos ambientales. Por ello el Estado debe disponer inmediatamente la realización de auditorías económicas, operativas y ambientales.

Si para el 2014 se agotan las reservas probadas de crudo pesado de los bloques operados por las compañías extranjeras, y, frente a la imposibilidad legal de explotar el ITT, ¿cuál es el petróleo pesado que aportará el Ecuador para la Refinería del Pacífico, planta con capacidad de 300 mil barriles día de crudo pesado? ¿O es que estamos financiando el 51% de U$ 12.500 millones, para que refinen su petróleo los venezolanos? No era el objetivo del régimen ahorrarle al país U$ 3 mil millones anuales y dejar de ser importadores de combustibles. La verdad es que nos vamos a convertir en importadores de petróleo caro de Venezuela. ¿Dónde está el ahorro?

El modelo que viene aplicando el gobierno, se presenta como de economía mixta y de alianzas estratégicas entre empresas estatales, pero reducidas jurídicamente a las reglas de las relaciones privadas, como es el caso de las compañías: “Rio Napo” y “Petrosinopec”, para la “delegación” de áreas y negocios, altamente rentables del Estado.

Situación similar ocurre en el comercio externo de crudo y derivados, donde las empresas estatales de los países amigos, prestan su rostro, para que poderosos traders monopolicen unos de los negocios más lucrativos y especulativos del mercado. Es el caso de las alianzas estratégicas con PDVSA, ANCAP, PETROCHINA.

En el caso del campo Sacha entregado directamente a la empresa mixta Río Napo, desde noviembre del año 2009, no se ha cumplido con las ofertas de incrementar la producción, ni siquiera con la curva base inicial de 51 mil 600 barriles día. Entre noviembre del 2009 y abril del 2010, según reportes de Petroecuador, la producción estuvo por debajo de la curva base. En el contrato modificatorio suscrito en diciembre de 2010, debido a la presión pública, se redujo el costo de operación de la curva base de 7,81 U$/BL, a 5,41 U$/BL, pero, en la práctica, el costo operativo de la producción base se incrementó de U$ 99 millones el 2009 a U$ 131 millones el 2010, un saldo negativo de U$ 30 millones para el país. Cada nuevo barril de petróleo explotado por la venezolana “Río Napo” le cuesta al país 15 dólares el barril, mientras a Petroecuador le cuesta 5 dólares el barril.

La irresponsabilidad del Estado ecuatoriano, al no haber construido a tiempo refinerías de alta conversión o modificado las actuales para un crudo mezcla (24º API), le ha significado incalculables pérdidas económicas al país. Esta realidad benefició a corporaciones intermediarias, vinculadas a grupos nacionales de presión, que, han manejado el mercado de exportación e importación, a su antojo, estableciendo diferenciales (castigos) arbitrarios e irracionales, como dejan ver las cifras del Banco Central: diferenciales que oscilan entre 14 y 23 dólares por barril, desde el año 2005 hasta el 2009.

Partiendo de la información del Banco Central, los inexplicables castigos del año 2008, representan un promedio de 16 y 17 U$/BL, para los crudos Oriente y Napo, respectivamente. Si gran parte de esos crudos no fueron a la Costa del Golfo, sino que al ser adjudicados directamente a PDVSA, debieron tener como destino exclusivo las refinerías de Venezuela, ¿por qué los diferenciales fueron tan altos? La realidad del mercado, induce a pensar en un perjuicio del orden de 10 U$/BL, que multiplicados por 80 millones de barriles exportados, deja un saldo negativo, alarmante de 800 millones de dólares. La situación no fue distinta el 2007 y el 2009. Entre los años 2007, 2008 y 2009,el país perdió más de 1.500 millones de dólares. Esto se verifica, cuando Petroecuador realiza ventas spot, los diferenciales se reducen sustancialmente, por ejemplo en diciembre de 2009, cuando se hizo licitación, el diferencial cayó a 5 U$/BL.

El Estado no puede ceder la soberanía del comercio exterior de su crudo y derivados a otros estados o empresas estatales, como se ha venido realizando en el gobierno de Rafael Correa, con los denominados “canjes de crudo por derivados” suscritos con PDVSA de Venezuela y ANCAP de Uruguay; porque, como se ha evidenciado públicamente, tras de esas empresas estatales, estaría un “conocido trader privado”.

En el actual período, no se han dado procesos de nacionalización. Los cambios acelerados que se han venido dando en el sector petrolero, al margen de la Ley, se refleja en el tiempo acelerado de la declaración de estados de emergencia continua, para acelerar la toma de decisiones y pasar por alto los controles. Se trata de transferir rápidamente renta petrolera de unas manos a otras, de unos estados a otros, y a una cadena de grupos empresariales intermediarios, contando para ello, con el paraguas de las alianzas estratégicas y las empresas mixtas, que cumplen el rol de máscaras de capitales transnacionales, especialmente chinos, brasileros, coreanos, venezolanos, iraníes o rusos.

El año 2009, las exportaciones de hidrocarburos generaron un ingreso de U$ 5.131’249.105,03, mientras que la importación de derivados para el consumo interno representó un egreso de 2.475’837.286,58. Es decir que el Estado ecuatoriano, el año anterior, obtuvo un ingreso neto, apenas de U$ 2.655’441.814,45. El subsidio en la venta de los combustibles importados, para el 2009 correspondió a U$ 1.553.120.103,56.

Pese a contar con enormes volúmenes de residuo en la refinería Esmeraldas, el gobierno ha continuado estimulando la instalación de plantas térmicas a diesel, cuyo costo en el mercado es de 76,05 U$/BL, cuando podía haberse dispuesto el uso de residuo barato. La demanda interna de diesel creció significativamente, el año 2008 la importación fue de 11.1 millones de barriles, el año 2009 subió a 14.5 millones de barriles, con un costo para el estado de U$ 1 mil 100 millones. Los principales beneficiarios de esta política fueron los traders importadores de diesel.

Considerando que es fundamental alcanzar mayor rendimientos en las refinerías, en especial la Refinería Estatal Esmeraldas, que representa el 64 % del volumen de crudo oriente procesado, se debía enviar una mezcla de crudo de 27ºAPI, con lo cual se mejoraría la generación de productos limpios, menos residuos, se reduciría la importación de derivados, incluyendo cutter stock para las mezclas, y se aumentaría la vida útil de la planta.

El mercado interno de derivados está dominado por el capital privado, especialmente extranjero. El 99% de la comercialización y distribución de Gas Licuado de Petróleo GLP, lo realizan compañías privadas, especialmente: REPSOL-DURAGAS, AGIP, y CONGAS. Petroecuador, dejó pudrir su infraestructura nacional, capaz de cubrir por sí sola, el 80% de la demanda. Petroecuador ocasionalmente envasa GLP en Esmeraldas y Shushufindi, las demás plantas están abandonadas o fueron desmontadas.

Igualmente, en el caso de las gasolinas, diesel y lubricantes, la presencia de Petroecuador es irrelevante, de un registro cercano a las 600 estaciones de despacho, apenas cuenta con tres gasolineras propias: Quito, Guayaquil y Galápagos, pese a ser uno de los negocios de más alta rentabilidad, con un margen de utilidad del 18%. El negocio de la comercialización de combustibles lo maneja un puñado de compañías privadas, la mayoría transnacionales.

La cadena de comercialización y distribución de combustibles en el país, es un espejo de las inequidades económicas, en las cuales se refleja la trágica realidad nacional: “las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan”. El Estado en nombre de los pobres y grupos vulnerables, es quien importa el 80% del GLP a 12 U$ el cilindro de 15 kilos y lo vende a 1,60 U$, mientras en la Amazonía los mecheros encienden el despilfarro, la gran industria, el comercio y los sectores privilegiados, aplauden el subsidio, los empobrecidos del sector rural, adquieren un cilindro a 5 u 8 dólares.

Ecuador tiene que iluminar su destino post petrolero valorando lo que la naturaleza le ha regalado: su maravillosa diversidad cultural, su biodiversidad, especialmente la amazónica y los talentos de su gente. El poco petróleo que nos queda debe constituirse en la semilla para la siembra de un nuevo sentido de vida, de un nuevo modelo de desarrollo, basado en el disfrute de sus paisajes, ríos, lagunas, en la armonía natural y social que representa.´

Foto: Ecuador, Política - El presidente Rafael Correa durante la emisión del programa “Enlace Ciudadano” desde el Palacio de Carondelet. / Autor: Presidencia Ecuador

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Jubilaciones

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

Hay un refrán que dice “más vale ser rico y sano que pobre y enfermo”. Se podría inventar otro que diga: “más vale ser joven y rico que viejo y pobre”. Como la vejez es inevitable, se podría agregar al refranero “más vale llegar a viejo con mucha plata que pobre de solemnidad”.

Pero la realidad indica que los viejos pobres son muchísimos más que los viejos ricos.

Con el agravante de que los viejos, como ya no son explotables en el trabajo, pasan a ser el “último orejón del tarro” de nuestra sociedad de la abundancia.
Según las épocas, las culturas, las civilizaciones y la situación económico-social, el “problema” que significan los viejos, se “resuelve” de distintas maneras. Algunos pueblos nómades dejan a los viejos al borde del camino y ciertos pueblos sedentarios los llevan lejos del poblado y los abandonan con un poco de comida y agua. Pero también en todas las épocas, distintos pueblos, reconociendo las virtudes propias de la ancianidad, como la experiencia y la sabiduría, han cuidado y respetado a los viejos.
Las sociedades modernas inventaron las jubilaciones, con sistemas diversos que van desde asegurarles un mendrugo a los viejos cuando ya no pueden trabajar más y están a las puertas del cementerio (si no murieron antes en su puesto de trabajo) hasta proporcionarles una remuneración relativamente confortable cuando todavía pueden disfrutar un poco de la vida, descansando y/o ocupándose de las cosas que les interesan.
Pero hace ya tiempo que los Gobiernos de todas las regiones dicen que pagar las jubilaciones se hace cada vez más difícil porque “no alcanza la plata”.
Por ejemplo en Francia el Presidente Sarkozy y sus ministros explican que la proporción entre los que trabajan y los retirados se va modificando con el tiempo: con el aumento de la esperanza de vida cada vez hay más jubilados con relación a la población activa, de modo que los aportes de estos últimos es cada vez más insuficiente para pagar las jubilaciones.
El Gobierno francés encontró la solución, que consiste en ir aumentando la edad de la jubilación. De modo que disminuya relativamente el número de jubilados y aumente la población activa que hace los aportes. Matemáticamente impecable.

Aunque no explica cómo encontrarán un primer empleo los jóvenes si los mayores siguen ocupando los puestos de trabajo, sobre todo en condiciones de desocupación crónica.
Es cierto que en los últimos decenios aumentó la esperanza de vida, aunque de manera muy desigual según los países, las regiones dentro de cada país y según las clases sociales en el interior de cada país.
La mala suerte para el Gobierno francés es que en pleno debate sobre la modificación del régimen jubilatorio salieron a relucir ciertos favores mutuos (vista gorda sobre las cuentas millonarias en Suiza a cambio de nutridos sobres para la campaña electoral del partido gobernante) entre una de las mayores fortunas de Francia, la de la señora Bettencourt, accionista mayoritaria de l’Oreal y el Gobierno de Sarkozy en la persona del Ministro que debe llevar adelante la reforma del régimen jubilatorio, que antes fue Ministro de Finanzas. Y para la ocasión también salió a relucir que el año pasado el Gobierno le devolvió a la señora Bettencourt 30 millones de euros de impuestos de manera perfectamente legal, pues los más ricos benefician por ley de un “escudo” fiscal que los protege contra el pago de impuestos más allá del 50 por ciento de sus ingresos.

El “caso” Bettencourt ha tenido mucha resonancia pero es sólo una muestra de cómo funciona el sistema: toda clase de privilegios para el gran capital, dentro y fuera de la ley, e imposición de sacrificios crecientes a los asalariados.
Por eso muchos en Francia se interrogan si no se podría contribuir a reducir el déficit de las cajas previsionales comenzando por suprimir el “escudo” fiscal de los más ricos. Es decir redistribuyendo más equitativamente el Producto Nacional.
Sarkozy eligió el otro camino, consistente en que la gente trabaje más tiempo, es decir volver progresivamente al tratamiento primitivo de los viejos: que dejen de trabajar cuando estén a las puertas del cementario. Sobre todo los trabajadores manuales, cuya esperanza de vida es considerablemente menor que la de los trabajadores intelectuales.
Pero hay algo más. Por una parte se plantea el tema de las jubilaciones en términos de déficit financiero que, como hemos visto, podría resolverse con una redistribución más justa del ingreso nacional.

Pero además se lo plantea como una cuestión demográfica: como consecuencia del aumento de la esperanza de vida cada vez hay más viejos jubilados y proporcionalmente cada vez menos activos para “mantener” a los viejos.
Pero lo que no se dice es que, según las estadísticas oficiales del INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) una hora de trabajo asalariado en Francia era en 2004 2,3 veces más productiva que en 1975. Pero el salario real disminuyó en el mismo período 5,5%.
Es decir que la “torta” a repartir aumentó en 30 años 2,3 veces, mucho más que la población, que se incrementó en un 25%, jubilados o no. Pero se repartió cada vez más inequitativamente con la ayuda de la inflación, que siempre le gana la carrera a los salarios y a las jubilaciones.
De modo que aunque los activos sean relativamente cada vez menos en proporción a los jubilados (entre 1975 y 2004 la franja de edad de 60-74 años se mantuvo estable entre 13,3 y 13,6% y la de mayores de 75 años aumentó de 5,6 a 8,7%) la “torta” crece más rápidamente. El problema financiero es entonces secundario o simplemente un pretexto.
La cuestión es cómo se reparte la “torta”.
Y ahí es donde los grandes capitalistas y los Gobiernos que los representan no quieren ceder.
Como se puede apreciar, en todas partes se cuecen habas.

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82% móvil para las jubilaciones: Un paso necesario hacia un sistema previsional más justo

PRENSA DE FRENTE

En las últimas semanas, el gobierno y parte de la oposición vienen sosteniendo un debate sobre el 82% móvil para los jubilados. Bandera justa en manos en su mayoría cuestionables, la discusión enfrenta a muchos que rebajaron el 13% a los jubilados y a todo el gasto social en 2001 y a otros que, ahora en el gobierno, dicen que esta reivindicación histórica –un ingreso mínimamente digno para los ancianos y ancianas- es una medida “irresponsable”.

Historia de un sistema en crisis permanente

En su origen, los sistemas de previsión social (jubilaciones, pensiones) surgieron como respuesta de los propios trabajadores y trabajadoras. Sindicatos, mutuales y otras formas de auto-organización obrera conformaron las primeras “cajas de previsión” en los albores del siglo XX. Con el ascenso del movimiento obrero, en los primeros años del peronismo, el sistema mutó hacia una forma estatal y crecientemente centralizada. En sus inicios, los pagos del sistema fueron financiados por aportes que los propios trabajadores y trabajadoras hacían de sus salarios, más los aportes que los empresarios fueron forzados a realizar por las luchas obreras. Con la estatización de la política de seguridad social, este régimen de financiamiento continuó y poco a poco se consolidó. El 82% móvil para las jubilaciones se estableció como criterio de base en el marco de esta consolidación. Progresivamente, el sistema de seguridad social fue incorporando otros beneficios bajo su órbita, como las asignaciones familiares -para los trabajadores y trabajadoras con empleo formal- y recientemente, los beneficiarios de las asignaciones “universales” por hijo/a (AUH).

Hasta mediados de los años setenta, el sistema de previsión funcionó sobre esta base, aunque crecían sus contradicciones. Por un lado, caía la relación entre los aportantes y los beneficiarios: había cada vez más trabajadores jubilados y la masa de aportantes (obreros en blanco) aumentaba en menor proporción. Por otra parte, el empleo precarizado había comenzado a multiplicarse y con la dictadura de 1976 se profundizó una tendencia de deterioro en los niveles de salarios. Esta dinámica condujo a un desfinanciamiento brutal del sistema. Para compensar esta situación, ya en la década de 1980 comenzaron a asignarse recursos adicionales, provenientes de otros impuestos, para financiar las jubilaciones y pensiones.

En los 90, la creación del sistema de AFJPs, la reducción de los aportes patronales y el elevado empleo en negro aumentaron la presión sobre las finanzas del sistema de previsión social (en cabeza del ANSES). La re-estatización total del sistema en 2008 compensó sólo parcialmente el problema; sin embargo permanecen aún hoy vigentes dos cuestiones clave de los noventa: el impacto del empleo en negro (cercano al 40%) y la reducción de los aportes patronales. En los últimos años, la expansión en la base de beneficiarios no contributivos y de la AUH aumentaron las erogaciones sin incorporar nuevas fuentes de financiamiento.

El resultado de este proceso de largo alcance fue que las jubilaciones cayeron sostenidamente en comparación con los salarios (aún cuando los salarios han caído también fuertemente en estos últimos 35 años). Hoy el haber previsional medio apenas si alcanza el 40% del salario promedio, mientras que cerca del 85% de los beneficiarios de la seguridad social reciben los beneficios mínimos (equivalentes al 31% del salario promedio: menos de novecientos pesos). Si bien la cobertura del sistema alcanza hoy a casi el 90% de la población en edad de jubilarse, esos ingresos los mantienen al límite de la pobreza.

¿Qué puede hacerse? ¿Qué debe hacerse?

La demanda histórica del 82% móvil para las jubilaciones se basa en el criterio de garantizar que el nivel de vida de las personas no se reduzca con el fin de su vida activa en el mercado laboral. En la situación actual, la primera medida para mejorar los beneficios que paga ANSES sería utilizar el superávit que hoy tiene el sistema. Si bien históricamente ha estado en crisis financiera, hoy el ANSES tiene superávit cercano a los 10 mil millones de pesos sobre la base de mantener bajas las jubilaciones y pensiones. Esos recursos permitirían aumentar un 20% de manera inmediata los beneficios para jubilados y pensionados.

En segundo lugar, la recaudación del ANSES en concepto de contribuciones patronales y aportes personales podría incrementarse sustancialmente. Como mencionamos antes, para 4 de cada 10 trabajadores/as los patrones no realizan aportes a la seguridad social. La inclusión de estos trabadores y trabajadoras al sistema de previsión significaría, por un lado, una justa y necesaria mejora en su situación laboral y, por otro, un ingreso promedio para el ANSES de aproximadamente 1.000 millones de pesos al año. En concepto de contribuciones patronales, la rebaja de los años noventa (que se mantiene intacta aún hoy) priva al Estado de unos 20 mil millones de pesos. Es imperativo su aumento para el conjunto de las empresas más grandes, cuyas ganancias en los últimos años han superado ampliamente las que obtuvieron en los noventa.

Sólo estas dos medidas permitirían en lo inmediato aportar al ANSES los recursos necesarios para llevar las jubilaciones mínimas al 82% del Salario Mínimo. Sería un buen primer paso. A partir de allí pueden empezar a pensarse medidas adicionales de recaudación de impuestos y eliminación de subsidios para recomponer los ingresos del sistema de seguridad social y configurarlo como un sistema universal de garantía de ingresos.

En este sentido, un primer paso sería afectar un porcentaje de la recaudación en concepto de retenciones a la seguridad social. Actualmente casi la mitad de los pagos de jubilaciones se realiza con la recaudación de impuestos (IVA, Ganancias, Impuestos personales y al cheque, entre otros), pero las retenciones a las exportaciones (que representan un ingreso de 33 mil millones de pesos) no se utilizan con este fin. Si, por ejemplo, se destinara un 25% de estos ingresos a financiar los aumentos de las jubilaciones mínimas se lograría cubrir el 82% móvil para la mitad de los jubilados.

Además, podrían empezarse a imponer retenciones a las exportaciones mineras, incrementar las alícuotas del impuesto a las ganancias de las grandes empresas y grandes propietarios, la reimposición del impuesto a la herencia y a las ganancias financieras y el ajuste progresivo en los impuestos a la propiedad inmobiliaria.

El problema de la seguridad social hoy no es –como señalan los sectores más conservadores- que el gobierno usa la plata de los jubilados para otros fines (como la AUH) ni –como sostiene el kirchnerismo– la ausencia de recursos. El problema son las prioridades políticas. La disyuntiva es si se continúa privilegiando a los grandes capitales, al complejo agro-minero, a los sectores financieros y a los acreedores externos, o se decide avanzar sobre ellos para redistribuir la riqueza social producida por los trabajadores y las trabajadoras, con un sistema de seguridad social que elimine la pobreza y garantice un nivel de vida digno para nuestros mayores.

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Diez preguntas sobre la deuda externa: ¿Sabía usted?

FORO ARGENTINO DE LA DEUDA EXTERNA

1….¿Que la deuda pública del estado nacional equivale aproximadamente al 64% de la riqueza total del país?.

2….¿Que esa deuda tiene vencimientos anuales cercanos a los 30.000 millones de dólares, que al ser imposibles de cumplimentar, se renuevan constantemente, con la consiguiente imposición de intereses?
3….¿Que al margen de ese capital impago, se deben pagar intereses anuales, los que al ser imposible de cumplimentar totalmente, generan a su vez nuevos intereses, acrecentándose de esa manera continuamente el capital supuestamente debido?
4….¿Que la deuda externa que se nos reclama, ha sido pagada varias veces y que esos inmensos recursos resolverían problemas básicos para los millones de argentinos, que viven en la pobreza, el hambre, el desamparo, con salarios y jubilaciones de miseria (seria absolutamente posible pagar el 82 % movil), etc.?
5….¿Que la justicia federal argentina, en juicio iniciado por Alejandro Olmos en 1982, declaró en julio de 2000 a la deuda externa como ilegítima y fraudulenta, para el período comprendido entre 1976 (en que se inicia contemporáneamente) y 1982?. ¿Que judicialmente se tramita en la actualidad, la nulidad del blindaje de 2000 y del magacanje de 2001, adoleciendo toda la tramitación de diversos ilícitos, que en algunos casos constituyen verdaderos delitos?
6….¿Que pagar lo que se nos exige, por una deuda externa odiosa, ilegítima y fraudulenta desde sus orígenes, significa para los argentinos bajar continuamente su nivel de vida, disminuyendo sin cesar los recursos disponibles para educación, salud, defensa y asistencia social. etc?
7….¿Que el poder ejecutivo nacional comanda todas las tramitaciones relativas a las negociaciones sobre la deuda externa, mientras el Congreso Nacional solamente observa, siendo que por el artículo 75 inc.7 de la Constitución Nacional, le corresponde “arreglar la deuda” interna y externa de la nación, Cediendo así sus atribuciones específicas al poder ejecutivo y de hecho salvo excepciones, siendo cómplice en mantener este sistema de dominación, que es la deuda externa ?
8….¿Que cada argentino, debe a los prestamistas internacionales una suma equivalente a U$S 5.000 per cápita. La familia tipo U$S 20.000?. ¿Y por intereses solamente, debemos U$S 1.200.000 por hora?
9….¿Que además de la deuda externa nacional, coexisten las provinciales, que sumadas, superan los 12.000 millones de dólares. Siendo la más importante la de la provincia de Buenos Aires?
10….¿Que no es cierto que nos desendeudamos, como dice el gobierno Kirchner?. Que los vencimientos de pago de capital se difieren, bajo condiciones más exigentes, mientras que en cada ejercicio financiero anual, se contempla el pago de los intereses, algunos de los cuales no son cubiertos en su totalidad, lo cual, se convierte en capital que aumenta la deuda y genera mayores intereses. Que por tales motivos nuestro Foro exige que el pueblo conozca la verdadera relación de la deuda con la triste realidad social que ella apareja.
Por eso exigimos que el Congreso Nacional tome en sus manos la investigación, suspendiendo mientras tanto todo pago.

Para lo cual el propio pueblo debe tomar en sus manos la lucha y movilización para garantizarlo, con unidad, a través de multisectoriales que ganen los espacios públicos, como hace 200 años nos enseñaron los revolucionarios de mayo.

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Argentina, Santa Fe: Democracia o privilegios

Carlos Del Frade (ACTA)

La Caja del Seguro Mutual es una construcción colectiva de todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe. Pero como sucede en distintas instituciones que deberían ser de todos, también en la Caja se verifica la realidad patas arriba.

Lo de todos termina siendo el privilegio de unos pocos. A casi veintisiete años de la recuperación de la democracia, hay ciertos nichos de poder económico que no están democratizados en el segundo estado de la república.

La Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado está regida por la ley 9816, del 30 de diciembre de 1985, y su texto fue actualizado por la ley 12.057. Se la conoce como la Caja del Seguro Mutual y su raíz contemporánea está en aquellos primeros años de la democracia recuperada, durante la gestión del gobernador José María Vernet, ex contador de la otrora poderosa Unión Obrera Metalúrgica de Rosario. Fue la matriz institucional del esquema del reparto de los factores de poder y distintas cajas que hizo la conducción política del estado santafesino.

Porque la Caja del Seguro Mutual es, de manera rústica, ni más ni menos que eso, una fenomenal caja. Un factor de poder en si mismo. Discutir su dirección, su administración es debatir qué tipo de estado habrá en Santa Fe en la segunda década del tercer milenio. El artículo primero de aquella ley decía que esta caja “es una entidad de derecho público, no estatal, a la que por esta ley se le acuerda personería jurídica, que administra el régimen del seguro mutual aplicable en caso de fallecimiento o incapacidad del asegurado y demás beneficios de acuerdo con lo normado en la presente ley, como asimismo los que por ley se instituyan en lo sucesivo, destinados a atender las necesidades económicas y sociales de los afiliados y conforme con los principios del derecho de la seguridad social y del mutualismo”. Y había tres tipos de afiliados, los obligatorios (los empleados permanentes de la administración pública provincial y los jubilados); los optativos y los adherentes. Un cuarto de siglo después, la Caja del Seguro Mutual funciona como un fenomenal mecanismo a favor de los intereses de una forma de entender el sindicalismo y la política en la provincia de Santa Fe.

La Caja es un símbolo del poder de la UPCN pero más que de sus afiliados y trabajadores, parece ser uno de los resortes básicos del poder del ex diputado provincial, Alberto Maguid. Porque la cuestión no es un problema individual o personal, si no los intereses que representan esos nombres de la dinámica social contemporánea. Maguid es mucho más que su propia historia, es el nombre de una manera de hacer gremialismo y política desde los estados provinciales hace más de treinta años.

Cuando la película de la realidad repite los actores, en realidad lo que se reitera es el guión. Y ahí está la cuestión, en el rol cotidiano de todos y cada uno de los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe. Pasivos espectadores del privilegio de unos pocos que deberían vivir igual que todos y cada uno de ellos, cosa que, en definitiva, no sucede. Las denuncias de gremios como ATE y AMSAFE señalan con claridad que desde hace cuatro años no hay informes sobre la memoria y el balance de la Caja que mueve alrededor de 110 millones de pesos por año.

Mucho dinero que es de todos los trabajadores estatales santafesinos pero cuyo destino es ignorado por los casi 130 mil afiliados. ¿Por qué esa ausencia de información?. Porque no se quiere informar. Porque después de tantos años de democracia lo público sigue siendo propiedad privada de algunos.

Privilegios obscenos: “El directorio de la Caja conserva la particular facultad de fijarse su propio “salario”. Vale recordar las denuncias durante años de ATE y AMSAFE sobre los sueldos de 10.000 pesos (Maguid 6.800 pesos) cuando el Hospital Agudo Ávila recibía 5.000 por mes para su funcionamiento y un estatal cobraba 450 pesos”, dicen los dirigentes opositores.

La historia contemporánea de la Caja del Seguro Mutual es paralela a la crónica de intereses que manejan otros lugares de poder como la Fiscalía de Estado, la Caja de Jubilaciones, el IAPOS y las distintas direcciones y entes de control a los que todavía no parece haber alcanzado la necesidad de la transparencia.

De allí que las elecciones del próximo 24 de agosto la opción sea entre democracia o privilegios.

Una pelea en la que los trabajadores estatales también deberán definir si son meros espectadores de la película de siempre o protagonistas de algo nuevo y mejor para sus propias familias y existencias. De eso se trata, nada menos, las elecciones de autoridades en la Caja del Seguro Mutual de la provincia de Santa Fe.

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Argentina: Los derechos a la sombra

Sarah Babiker (ARTEMISA)

Organizaciones sociales presentaron un informe alternativo al comité de la CEDAW. Denuncian las principales falencias en políticas públicas: acceso seguro la interrupción del embarazo, violencia institucional que sufren las mujeres detenidas en cárceles, la persistencia de la trata de personas y la falta de reglamentación de la ley de Violencia.

El pasado jueves 8 de julio se presentó el informe: Derechos Humanos de las Mujeres: Asignaturas Pendientes del Estado Argentino. El documento, producto del trabajo conjunto de diez organizaciones sociales, se remitió al Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), y supone un 'aporte constructivo para mejorar la situación de los derechos humanos de las mujeres' en opinión de las organizaciones implicadas en su elaboración, reunidas para 'contrastar la información oficial' que el Estado aportará al Comité. El informe sombra 'prioriza las principales falencias' en los avances realizados en este ámbito.

En la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) estuvieron las representantes de algunas de las organizaciones que por tercera vez se unen en la elaboración de este trabajo: Mabel Bianco directora del Fondo de Estudios e Investigaciones de la Mujer, Susana Pastor de la red No a la Trata, la directora adjunta del CELS, Andrea Pochak y Laureana Malacalza, integrante del Comité contra la Tortura.

Pochak abrió la presentación recordando que el suyo no es el único informe que se presenta desde las organizaciones de la sociedad civil para complementar al del Estado. Recordó que estos informes tienen por objetivo dar cuenta de las principales falencias que tienen las políticas públicas dedicadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres. Un trabajo que, basándose en datos oficiales, evidencia una de las primeras dificultades: 'la falta de información oficial adecuada, integral y sobretodo desagregada por sexos' carencia que la ponente achacó a la debilidad institucional del INDEC.

Tras recordar que la CEDAW 'fue el resultado de una lucha del movimiento de mujeres internacional' proporcionando 'un decálogo fundamental que cubre todos (…) los derechos de las mujeres', Mabel Bianco, del FEIM, abordó el área de estudio en el que estuvo trabajando su organización, la Salud Sexual y Reproductiva, subrayando los signos más alarmantes: 'el atraso de todo lo que tiene que ver con garantizar los derechos en función al derecho de interrupción del embarazo' y particularmente 'el aborto clandestino que nos afecta como la primera causa de muerte materna.' Recordó la doctora Bianco que las complicaciones derivadas del aborto clandestino continúan siendo la primera causa de muerte relacionada con la gestación. Por último hizo referencia a otro problema que persiste, el Sida, cuestión en la que si bien 'se han hecho adelantos, todavía el tema de (…) prevención para mujeres y niñas no es algo que se esté cubriendo satisfactoriamente.'

En relación a las cuestiones expuestas por Bianco, el informe denuncia que la salud sexual y reproductiva representa el 'principal problema de acceso a la salud de las mujeres', recomendando a la CEDAW que exija a la República Argentina la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Con respecto al aborto, el informe exige que aquellos no punibles sean realizados en el sistema público de salud, y llama la atención sobre la criminalización que se cierne sobre las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, lo que puede abocarlas a exponerse a peligrosos abortos clandestinos. Por último las organizaciones proponen que la guía técnica para la atención del Aborto no Punible adquiera rango de resolución ministerial y se extienda su aplicación por todo el país.

También durante la presentación, y dando voz al Comité contra la Tortura, la licenciada Malacalza destacó la particular situación de las mujeres privadas de libertad, una de las realidades abordadas en el documento tras investigar la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires y en el Sistema Federal, centros penitenciarios que reúnen al 70% de la población total de mujeres privadas de libertad.

La ponente destacó la 'grave situación de violencia institucional que sufren las mujeres de la comunidad carcelaria y dependencias policiales donde la situación de maltrato, de tortura, violencia sexual y violencia física forma parte de los mecanismos de castigo que implementan' los servicios penitenciarios. Además alertó sobre el incremento del número de mujeres detenidas, en particular aquellas en prisión preventiva, las cuales se han duplicado en los últimos cinco años.

Desde el informe se recomienda estudiar medidas alternativas a la privación de libertad en caso de mujeres embarazadas o con hijos pequeños, también apunta a impedir la práctica de requisas vejatorias prohibiendo así mismo la utilización del aislamiento y los traslados constantes como modo de castigo. Uno de sus principales reclamos implicaría la exclusión de personal masculino en los centros de detención de mujeres.

Introduciendo la cuestión de la trata, la activista Susana Pastor, apuntó a 'hacer que el Estado rompa la caja de los tratantes' apelando a que se atacase económicamente a los que se benefician con la explotación de las mujeres. En este sentido Pochak recordó algunos de los rasgos principales del fenómeno en el país, la 'preponderancia de la trata interna' por un lado y la 'criminalización de los eslabones mas bajos e inmunidad de los eslabones más fuertes' que permite la persistencia del problema.

Para revertir esta situación el informe recomienda desarrollar políticas de asistencia integral a las víctimas. También apuesta por la cooperación entre las distintas jurisdicciones y que las medidas nacionales se articulen con aquellas que tienen como ámbito el Mercosur.

Junto a los apartados abordados durante la presentación, el Informe Sombra llama la atención sobre otras áreas carenciales en los derechos de las mujeres. Así, reclama políticas públicas con enfoque de género para luchar contra la exclusión y la pobreza, y cuestiona la efectividad del Consejo Nacional de Mujeres - órgano encargado de monitorear la aplicación de la CEDAW - reclamando la necesidad de dotarle de mayor consideración jerárquica y presupuesto para que sea operativo, apostando a su vez por el fortalecimiento de las instancias locales y provinciales asociadas a este organismo.

En lo referente a la violencia, desde el documento se exige la aplicación íntegra del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, junto a la puesta en marcha de programas específicos que aborden la situación de mujeres con VIH o los delitos sexuales cometidos durante la dictadura.

Tras presentar su informe, las ponentes quisieron reivindicar la utilidad de la CEDAW como herramienta en la lucha contra la discriminación, lamentando la infrautilización de este recurso por parte de las mujeres.

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Argentina: 9 femicidios en junio

Gabriela Barcaglioni (ARTEMISA)

Durante el mes de junio, 9 mujeres fueron asesinadas en el país por razones de género. Los datos surgen de un monitoreo propio elaborado a partir de información de los principales diarios nacionales y de las tres agencias de noticias nacionales (Telam, Dyn y NA).

MIRIAM FLORES, 25 años
Había desaparecido el 5 de mayo de la vivienda que compartía con Salvador Pucci. Fue hallada muerta semienterrada a 60 kilómetros de la localidad de Puelches, provincia de La Pampa.

Amnistía Internacional dijo en un comunicado que, según fuentes periodísticas, la mujer había dejado su apartamento porque había tenido 'problemas' con Pucci, quien se encuentra en libertad condicional por haber asesinado a otra mujer.
En el mismo comunicado añaden que otras fuentes sugieren que Miriam –de nacionalidad paraguaya- fue víctima de trata.

La autopsia reveló que si bien tenía un tiro en la nuca, fue asesinada a golpes y tenía un billete de un dólar en la boca. Las investigaciones judiciales por su asesinato, atraviesan un conflicto de competencias a partir de la excusación del juez Alvaro Reyes, de General Acha, quien consideró que la víctima habría sido asesinada en territorio neuquino y, por lo tanto, las actuaciones deberían ser encaminadas por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Neuquén. El asunto deberá ser dirimido por la Cámara de Apelaciones de la provincia del Neuquén.
1 de Junio 2010

GRACIELA BEATRIZ MAIDANA, 21 años.
Murió luego de recibir un puntazo que su concubino, de 24 años, le asestó con una tijera. El femicidio se registró en la vivienda 2 de la manzana 6 del Alto Verde, de la provincia de Santa Fe, cuando el hombre ingresó a la vivienda que compartía con la víctima 'ofuscado', según la crónica periodística.

Graciela Ramos, su cuñada que estaba en el lugar del hecho, declaró al diario El Litoral que él, la había matado 'por celos'. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de la 1º Nominación de Santa Fe.
6 de Junio 2010

NN, 30 años
Era indigente y dormía esporádicamente en el interior del auto abandonado, en el que fue asesinada. Su cuerpo presentaba puñaladas en distintas partes del cuerpo, dos de las cuáles fueron mortales.

No hubo seguimiento periodístico del hecho, algunas crónicas refirieron que el femicidio fue cometido por un hombre que solía compartir el vehículo, que vivía en una pensión cercana en el barrio de Almagro.
9 de Junio 2010

CLAUDIA BOGADO, 42 años
Un hombre de 29 años, fue detenido, acusado de haberla asesinado a hachazos junto a su hija de 3 años, en la localidad bonaerense de Moreno.
Las informaciones periodísticas señalan que las víctimas fueron heridas de muerte con 'un elemento punzo-cortante tanto en la cabeza como en el resto del cuerpo'.

También indican que la mujer 'fue abusada sexualmente mientras que la menor presentaba lesiones compatibles con violaciones, pero de larga data'.
Un niño de 2 años, nieto de la mujer asesinada, fue herido, pero sobrevivió al ataque.
11 de Junio 2010

NANCY AUTALÁN, 34 años
Murió a raíz de las complicaciones provocadas por un aborto realizado en condiciones de clandestinidad en la ciudad santiagueña de La Banda, Santiago del Estero.

La práctica se realizó en el mes de mayo y 48 horas después de ser efectuada, la mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital Regional tras sufrir una hemorragia severa.

La jueza en lo Criminal Rosa Falco ordenó la detención del marido de la mujer, una vecina, la partera y un supuesto enfermero. La magistrada imputó a los cuatro por el presunto delito de aborto seguido de muerte.
12 de Junio 2010

GONZALEZ ALICIA ELIZABETH, 14 años
Su novio de 19 años, Mauricio Cansino y un amigo, Leonardo Pacheco de 18,
fueron detenidos e imputados por los cargos de violación y homicidio de la joven.
Casino había sido indagado por la policía, a horas de cometido el crimen, cuando se halló el cuerpo de Alicia en el interior de su casa, ubicada en Campamento Vespucio, Salta. Aunque presentaba lesiones compatibles con el hecho, no fue detenido.

Tres días después se entregó a la policía acompañado de su defensor, el ex juez Penal Aldo Hernández y del también abogado Angel Eduardo Hernández (h).
La autopsia reveló que Alicia fue golpeada, violada y estrangulada con un cable de electricidad.
13 de Junio 2010

MARIANELA RAGO, 19 años.
Su ex novio, Francisco Amador López, fue detenido, sospechado de haberla degollado en el departamento que compartía con su hermano en el barrio porteño de Balvanera.

Había mantenido una relación de noviazgo hasta hace un año aproximadamente y según testimonios de amigas y familiares, había relatado que Francisco la golpeaba y la acosaba para que retomara la relación.

Tras su detención, los médicos que lo revisaron detectaron que a la altura de sus biceps presentaba marcas de sujeción y compresión compatibles con una eventual resistencia de la víctima.
27 de Junio 2010

MARÍA STEFANÍA MALSAN, 16 años
En una vivienda del barrio Marín, de la localidad pampeana de Machín, fue encontrado su cuerpo junto al de Jhonatan Marín, de 24 años. Según el diario Textual, de Santa Rosa La Pampa, la policía llegó al lugar alertada sobre 'una discusión y disparos con armas de fuego': Esa misma fuente señaló que el joven le disparó con una escopeta a su ex novia y luego se suicidó. En el caso interviene el Juzgado de Instrucción 5, con sede en Santa Rosa, La Pampa.
27 de Junio 2010

EVELYN , 14 años
La reconstrucción policial de su asesinato indica que salió de la casa de su madre, unos galpones abandonados linderos a la Villa Zavaleta (en el barrio porteño de Parque Patricios), el sábado por la tarde para dirigirse a la casa de su padre en el partido de San Marín, en la zona noroeste del conurbano bonaerense.
Fue hallada muerta a pocas cuadras de este último lugar y como principal sospechoso fue demorado su novio.

El diario Clarín consigna que era una joven 'en situación de riesgo' dado que 'el barrio Zavaleta tiene una persistente problemática de chicas empujadas a la prostitución. Y ésta, en todos los casos, se ve fogoneada por adicciones al paco o la cocaína'. Interviene en la causa el fiscal, Daniel Cangelosi, de la Unidad funcional de Instrucción (UFI) 3 del departamento Judicial San Martín.

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Argentina, Córdoba: El Tucán picoteó a la Justicia

Alexis Oliva (PRENSA RED)

Al declarar en el juicio a Videla (UP1) y Menéndez (Gontero), el represor Carlos Yanicelli cargó las culpas por los homicidios de los presos de la Unidad Penitenciaria Nº 1, perpetrados por el Ejército y la Policía en 1976, a la Justicia Federal de Córdoba. Además, acusó al juez camarista Luis Rueda de “trabajar” como servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea.

“Señor Presidente, usted dijo en esta sala que este juicio es público. Y como tal, quiero hacer conocer a este excelentísimo tribunal y también a la opinión pública un documento que afirma la relación cada vez más estrecha que con el paso del tiempo fue adquiriendo el señor (Luis Roberto) Rueda con los distintos servicios de inteligencia de Policía, Fuerzas Armadas y de seguridad”.

Con ese preámbulo, casi al final de su descargo el represor Carlos Yanicelli tiró la bomba que venía anunciando y que -en palabras de un empleado tribunalicio- hizo “temblar todo el edificio” del Poder Judicial Federal de Córdoba.

El documento era una fotografía que “demuestra que el señor Rueda tenía contactos con los servicios de inteligencia de Aeronáutica”, aseguró el acusado, mientras mostraba una foto donde se veía a cuatro personas en un brindis, entre ellas, un uniformado de la Fuerza Aérea y un hombre de saco y corbata azules que sería el camarista Rueda.

“Voy a describir a todas las personas que se encuentran en esa reunión -aseguró Yanicelli-. Con esto quiero demostrar que el señor Rueda, desde que era pinche, trabajaba en los servicios de inteligencia. Lamentablemente, ahora lo tenemos como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones”.

Y antes de finalizar su exposición, en tono desafiante, dijo tener “más documentos para presentar en el momento oportuno” y solicitó “un careo con los funcionarios judiciales y demás personas que me acusan”.

De esta forma, quien a pesar de estar señalado como uno de los principales represores de la Dirección de Informaciones llegó a ser jefe de Inteligencia de la Policía durante el gobierno constitucional de Ramón Mestre, dejaba helada a la sala de audiencias y despabilaba a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, quienes en los primeros tramos de la cuarta audiencia habían vuelto a darse el lujo de disfrutar una siesta.

Antes de tirar la bomba, Yanicelli -conocido como el “Tucán” a pesar de que no se hizo cargo de este alias- había reivindicado la represión ilegal, afirmando que “estos terroristas (las víctimas) no eran jóvenes idealistas como se dice en todas las publicaciones y libros escritos por ellos”, aunque también se cuidó de aclarar que por su “jerarquía y poca antigüedad en el Departamento, no tenía la capacidad de interrogar ni de hablar con los detenidos”. “Yo no participé ni participaba de los interrogatorios”, sostuvo antes de negar los crímenes de que se lo acusa.

Por ejemplo, en el llamado “hecho cuarto” (fusilamiento de Diana Fidelman, Miguel Mozé, Luis Verón, Ricardo Young, Eduardo Hernández y José Svagusa, el 17 de mayo de 1976), desmintió el testimonio del ex integrante del ERP Carlos “Charly” Moore, quien denunció que “el traslado fue un pretexto para aniquilar a los presos” y señaló a Yanicelli entre los victimarios. “Esto es temerario”, se quejó Yanicelli, porque se basa en “la declaración de un prófugo de esta Justicia Federal, condenado por hechos aberrantes en la década del 70” y “traidor a la organización a la que pertenecía”, por lo que también pidió un careo con Moore.

Asimismo, sobre este primer fusilamiento masivo, afirmó: “No se analiza lo más importante, que es que los detenidos fueron retirados porque mediaron oficios judiciales de los juzgados federales N° 1 y N° 2. (…) Pregunto: ¿Cómo es que se soslaya la parte más fundamental para poder arribar a la verdad real? (…) ¿Dónde está el sumario que se instruyó por este caso? ¿O es que la Justicia, ante semejante hecho, no adoptó ninguna medida en esa oportunidad? Eso, señor Presidente, no se lo cree nadie. Hubo seis muertes y por una cuestión de lógica las actuaciones se debieron realizar”.

Las miradas perplejas en la sala mostraban cómo, en su estrategia de “llevarse puesta” a la corporación judicial, justamente Yanicelli, el otrora joven oficial de “legajo brillante” en tiempos del terrorismo de Estado, estaba usurpando las palabras repetidas y gritadas miles de veces por los militantes de derechos humanos.

Pero el acusado siguió adelante: “Hasta hace poco tiempo prestó funciones en esta Justicia el señor (Carlos) Otero Alvarez, que a la fecha de los hechos oficiaba de secretario penal del Juzgado Federal N° 1, cuyo titular era el doctor (Adolfo) Zamboni Ledesma. Debo decir también que lo hacía la doctora (Cristina) Garzón de Lascano: en ausencia del secretario penal, ella ocupaba su lugar”. Y continuó con las incómodas preguntas retóricas: “¿Los responsables judiciales de los detenidos que fallecieron no preguntaron qué pasó con los mismos? ¿O solamente se enteraron por un comunicado en el diario? Es poco creíble, señor”.

En el mismo sentido, equiparó la responsabilidad del Juzgado Federal N° 2, entonces “a cargo de Miguel Angel Puga” e “integrado por Graciela López de Filoñuk y Roberto Rueda”, del que también emanaban “las mismas directivas”.

Como si no fuera suficiente, el acusado abundó: “Volviendo a la actuación de la Justicia Federal, que sabía exactamente qué y cómo funcionaba el D2, debo decir que en algunas oportunidades vi ingresar al señor Rueda al Departamento de Informaciones en compañía de otro señor, que ahora no está más en la Justicia Federal pero que ocupó el cargo de legislador, y se entrevistaron a solas con el comisario (Américo) Romano. Recuerdo que en una oportunidad me comisionó el comisario Romano al Juzgado Federal Nº 2, ya que había recibido un llamado telefónico del señor Rueda, en ese momento, según sus palabras, ‘pinche’ de ese tribunal, por orden de detención del mismo. Una vez en el lugar, me entrevisto con el señor Rueda, que me ordena detener al señor Luis Prol para ser conducido al D2”.

Más que cabos, eran comisarios y jueces sueltos los que quedaron luego de la declaración de quien fuera un funcionario policial intocable durante largos años de vida democrática -protegido, entre otros, por el ex ministro de Asuntos Institucionales de la Provincia, Oscar Aguad, hoy diputado nacional radical- hasta su retiro en 1997.

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Consejo del Salario

Hugo Godoy (ACTA)

A esta altura de los acontecimientos, es urgente la convocatoria al Consejo del Salario, un ámbito donde los trabajadores debemos llevar nuestros planteos, unificar reclamos decisivos para la vida de nuestro pueblo, y lograr que sean la prioridad en la agenda pública del país.

En un reciente informe de la CEPAL y UNICEF, se estimó que 80 millones de chicos y chicas pobres viven en la región de países latinoamericanos, y que en la Argentina el 28,7% de los chicos viven en la pobreza.

Informes de nuestra Central han comprobado que hay 3 millones de chicos que viven en situaciones de en nuestro país.

A esta información se le agrega otra publicada hace pocos días, sobre el crecimiento de la mortalidad infantil en Capital Federal, lugar donde en términos promedios están los mayores niveles de vida de la Argentina. Sin embargo crece la mortalidad infantil.

En otro informe reciente basado en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, hay extrema preocupación porque ha crecido en nuestra provincia la tos convulsa, enfermedad que había sido erradicada y sin embargo en los últimos 3 años han pasado de 1.607 a 3.085 casos registrados en 2008, y viene en crecimiento el corriente año. Esta en una enfermedad que tiene su explicación fundamentalmente en la pobreza, y las condiciones de hacinamiento que viven nuestros pibes.

Si a esto le agregamos que hoy hay 3 millones 800 mil jubilados que cobran el haber mínimo de 890 pesos, muy por debajo del ingreso mínimo para subsistir, tenemos una situación donde sin dudas estamos lejos de resolver en nuestro país el problema más acuciante de la pobreza y la indigencia, flagelos que afectan fundamentalmente a los dos extremos etarios del grupo social que son los niños y los adultos mayores, quienes necesitan de mayores respuestas y más urgentes medidas ante esta situación por parte del Estado y de las políticas públicas.

Y que por lo tanto, también tienen que ver con las preocupaciones que los trabajadores cotidianamente desarrollamos por mejorar las condiciones salariales, combatir la precarización laboral, lograr sistemas previsionales que cubran a todos, obras sociales, y otros.

Frente a este cuadro, donde se manifiesta cada día con mayor crudeza y claridad que las medidas planteadas hasta aquí han sido todavía insuficientes para resolver estos flagelos, se hace imprescindible para los trabajadores profundizar y unir nuestra lucha sobre las diversas necesidades que tenemos como pueblo, y que son las principales prioridades a atender en la realidad de nuestro país: mejorar el salario de todos los trabajadores, terminar con la precarización laboral y el trabajo en negro, avanzar hacia un salario mínimo que garantice condiciones de vida dignas de y sea la referencia, como se ha logrado con una ley aprobada las últimas semanas, para discutir los sueldos de todos los trabajadores.

Y unir estos reclamos con la necesidad de lograr el 82% ya para los jubilados, lograr que se universalice y eleve la Asignación por Hijo a no menos de 300 pesos, y avanzar hacia un seguro de empleo y formación para los cerca de 3 millones de trabajadores desocupados y sub ocupados de nuestro país.

Son temas que deben estar unidos, y en ese sentido la urgente necesidad de que el Gobierno convoque al Consejo del Salario Mínimo y el Empleo es un requisito fundamental.

El objetivo es lograr que estos temas sean prioridad en la agenda pública de nuestro país, y tanto el Gobierno como los diversos sectores sociales y políticos los asuman como tales.

Por eso desde la CTA estamos promoviendo un estado de movilización para lograr que se convoque de inmediato al Consejo del Salario, y plantear en ese ámbito estos temas, exigiendo que ni el Gobierno ni los distintos sectores se hagan los distraídos con esta situación.

Hoy la canasta básica es de 4.800 pesos, por lo tanto esa tiene que ser la referencia para establecer tanto el salario mínimo como el 82% móvil, el aumento y la universalidad plena de la Asignación por Hijo no menor a 300 pesos, y el seguro de empleo y formación que todavía es un tema pendiente. Porque insistimos: son tres millones, entre desocupados y subocupados, los que todavía siguen sufriendo este drama de que se les imponga la imposibilidad de tener un empleo.

Recursos existen. No sólo porque se ha reactivado la actividad económica, porque en vez de poner los recursos de la ANSES en subsidios a las grandes empresas deberían ponerse en las jubilaciones, y porque se tendrían utilizar recursos del Estado hoy volcados a pagar la deuda para cubrir estas prioridades de los sectores más desprotegidos; sino también porque sigue pendiente en nuestro país una profunda reforma impositiva para que los sectores que más se han enriquecido en los últimos años paguen mayores impuestos, y se establezcan definitivamente impuestos a la renta minera, financiera, agropecuaria, grandes herencias y patrimonio, y los beneficios de los que gozan los grandes capitales concentrados de la economía

Estas son deudas enormes que es necesario resolver de manera inmediata, y hoy en Argentina existen condiciones para eso. Por eso los trabajadores y el conjunto de los sectores sociales debemos unificar nuestras demandas en torno de estas prioridades, y redoblamos nuestra convocatoria urgente al Consejo del Salario.

Hugo Godoy es Secretario General de ATE y la CTA bonaerense; Coordinador Nacional de la Constituyente Social.

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Argentina, Accidentes de tránsito: La tercera causa de muerte en nuestro país

Irina Santesteban (LA ARENA)

Los accidentes de tránsito dejan aproximadamente unas seis mil muertes al año, con un número cuatro o cinco veces mayor de heridos. En los jóvenes menores de 35 años es hoy la principal causa de mortalidad.

Toda pérdida de un familiar o amigo es dolorosa, pero cuando sucede por un accidente automovilístico, pareciera más terrible. Por lo inesperado, porque nadie estaba preparado para que sucediera, y porque todos nos quedamos con la sensación de que podría haberse evitado. "Si hubiera usado el cinturón", "si el imbécil ése no se hubiera adelantado", son algunos de los pensamientos que nos asaltan, con el íntimo deseo de volver el tiempo atrás y que ese hecho tan terrible no hubiera sucedido.

Y aunque para algunos sea "el destino", en el caso de las muertes por accidentes en rutas, no hay tal destino sino responsabilidades concretas, tanto de quienes conducen como si fueran pilotos de Fórmula 1, como de las autoridades encargadas de la seguridad y control en el tránsito y también de los intereses económicos que promovieron el desmantelamiento del ferrocarril y que llevaron a las carreteras argentinas a ser verdaderas "rutas de la muerte".

Rutas obsoletas

Argentina tiene una red vial obsoleta, un hecho que es exclusiva responsabilidad del Estado nacional en primer lugar, y de los estados provinciales, en segundo término. En 1932 se creó Vialidad Nacional por ley 11.658, estableciéndose un impuesto de cinco centavos al litro de nafta para iniciar la pavimentación de las rutas. Esa misma ley dispuso que las carreteras pavimentadas debían construirse con un ancho de 6,70 metros. Eso estuvo muy bien, pero lo malo es que 75 años después las rutas siguen teniendo las mismas dimensiones, cuando los vehículos -sean autos, colectivos o camiones-, que transitan hoy por las rutas, son muy diferentes en cuanto a porte y tamaño. Para el economista Ramón Frediani, quien integró el equipo que diseñó la Autopista Córdoba-Rosario en 1970, las carreteras deberían tener hoy un ancho de entre 10 y 12 metros. A 40 años de esa iniciativa, a la mencionada autopista todavía le restan 50 kilómetros para llegar a Rosario, cuando según la opinión del propio Frediani, la misma ya debería haber llegado a Jujuy.

La construcción de autovías es indispensable, si tenemos en cuenta que hoy circulan por las rutas argentinas, más de 500 mil camiones y 70 mil ómnibus.

El ferrocidio

Una de las causas principales del colapso de las rutas, ha sido el desmantelamiento del ferrocarril, allá a principios de los '90, cuando el entonces presidente Carlos Menem, pronunció su célebre frase: "ramal que para, ramal que cierra". Los trabajadores ferroviarios se opusieron a la privatización y durante los años 1991 y 1992 protagonizaron heroicas luchas contra los miles de despidos que se venían, mientras la Unión Ferroviaria bajo la dirección del sindicalista-empresario José Pedraza, negociaba con el menemismo para participar del negocio de la privatización.

Más de 90 mil ferroviarios fueron despedidos y de una red de más de 40 mil kilómetros de vías férreas, sólo quedaron 7 mil. Con la excusa de que el Estado perdía un millón de pesos diarios, Menem entregó la más extensa red ferroviaria de Latinoamérica a grupos económicos que sólo la utilizaron para transportar mercaderías de su lugar de origen hacia los puertos, para la exportación, desapareciendo por completo el tren de pasajeros, mucho más económico y seguro que el transporte automotor y también de menor impacto ambiental. Transportar una tonelada por tren requiere la quinta parte de la energía que un camión consume, además de ser mucho menos contaminante, y de ahorrar todos los años miles de muertes y heridos por accidentes viales en todo el país. Obviamente, las rutas se llenaron de camiones y ómnibus, que ahora son de dos pisos, mucho más inestables y peligrosos.

Fracaso evidente

Por medio de la ley 26.353, sancionada en febrero de 2008, el Estado nacional, junto a las provincias y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, suscribieron el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificando las leyes anteriores en esas temáticas. Esta ley trata de diversos tópicos que los estados firmantes se comprometen a velar por su cumplimiento, tales como: licencias de conducir, alcoholemia, control de velocidades, control de requisitos para la circulación de los vehículos y control y fiscalización del tránsito en las rutas nacionales. Esa misma ley crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que actúa dentro del ámbito del Ministerio del Interior, y que tendrá como principal misión "coordinar los esfuerzos nacionales y provinciales para el control y fiscalización de la circulación vehicular en los caminos y rutas del país". Quiere decir entonces que en nuestro país existen leyes, convenios y organismos encargados de velar por la seguridad vial. Sin embargo, su fracaso es evidente si tenemos en cuenta las cifras de muertes y heridos por accidentes automovilísticos.

Recuperar el ferrocarril

Las pérdidas económicas de las provincias y la Nación por estos accidentes también son grandes. En los primeros cuatro meses de este año, según la Superintendencia de Seguridad Vial de la Policía de la provincia de Buenos Aires, los accidentes de tránsito disminuyeron un 21,6 por ciento en esa provincia respecto a igual período del año 2009, pero le costaron al gobierno bonaerense más de 14 millones de pesos por atención médica de los heridos, traslado de éstos y de los fallecidos, trámites administrativos, actuación de personal policial y bomberos, etc. Por ello, si los accidentes de tránsito ocasionan tantas pérdidas, en vidas, en dolor para las familias, en recursos económicos que se gastan en atender las consecuencias de esos accidentes, ¿por qué, a pesar de las leyes y los convenios que se firman, estas iniciativas no se cumplen o son insuficientes?

Resulta necesario y urgente la recuperación de la red ferroviaria, priorizando el transporte de pasajeros en un tren cómodo, económico y seguro. No hace falta el fastuoso proyecto del tren-bala, sino uno que circule a 100 ó 120 kilómetros por hora. Una iniciativa de este tipo no sólo descongestionaría las rutas, sino que generaría empleo, promovería la integración de regiones que serían unidas por el transporte ferroviario, fomentaría el turismo, etc. Por su parte, Vialidad Nacional y las provinciales tienen que acometer las obras necesarias para la recuperación de las rutas nacionales y provinciales, construyendo autopistas y reparando y ensanchando las carreteras.

Asumir los controles

Los organismos encargados de los controles deben hacer su trabajo y no ser meros entes recaudadores o cobradores de multas. Deben fiscalizar con eficiencia y honestidad el cumplimiento de las normas en cuanto al respeto de la velocidad, consumo de alcohol, licencias de conducir, etc.

Por último, como está más que comprobado que el sistema de cobro de peaje sólo ha servido para que algunas empresas hagan buenos negocios pero no para mejorar y hacer más seguras nuestras rutas, este sistema debe ser eliminado y, tal como lo establece la ley de creación de Vialidad Nacional, las obras tienen que salir de los impuestos que para ese fin han sido creados y no de la estafa del cobro de peaje que desde hace 15 años venimos soportando los argentinos, mientras miles de vidas se pierden en nuestras trágicas rutas argentinas.

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¿Qué hizo el gobierno de Macri con el dinero destinado a los bachilleratos populares?

ACTA

Este jueves a las 15 horas los bachilleratos que integran la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, conformada por organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires, se movilizarán al Ministerio de Educación porteño (Paseo Colón 255) para "rechazar las mentiras del gobierno y exigir el inmediato pago de salarios a todos los trabajadores de la educación".

"Denunciamos la existencia de una partida de más de 3 millones de pesos destinados para nuestras escuelas que nunca recibimos nuestros bachilleratos están oficializados por el Ministerio de Educación de la Ciudad", dice un comunicado dado a conocer por la coordinadora.

Los Bachilleratos Populares son una experiencia inédita por su función socioeducativa y como expresión de una real participación en el campo educativo. Empresas recuperadas por sus trabajadores, organizaciones barriales, junto a cooperativas de docentes e investigadores, impulsamos la creación de estas escuelas populares, públicas y gratuitas en y desde los movimientos sociales. En la Ciudad de Buenos Aires: IMPA, Maderera Córdoba, Miguelito Pepe, Germán Abdala, Chilavert, 20 flores, Casa abierta, Villa 21/24, Escuela Libre de Constitución, Paulo Freire, Darío Santillán, Barracas.

"Hace más de dos meses venimos teniendo reuniones con el Ministerio de Educación porteño que encabeza Esteban Bullrich, para que se concrete el pago de los salarios a los docentes. En el presupuesto previsto para el año 2009 se contemplaba el pago salarial para los Bachilleratos Populares, aunque esto nunca fue efectivizado", señalaron

En distintas oportunidades, incluso por boca del mismo Ministro Bullrich, se les dijo que el presupuesto 2010 también contemplaba a los bachilleratos, que la gestión macrista disponía del dinero para iniciar el pago de los salarios, así como se comprometía a garantizar mobiliario y material didáctico para las escuelas." Ahora nos dicen que el dinero no está y no dan ningún tipo de respuesta a los demás reclamos". Por segundo año consecutivo el gobierno macrista intenta retener los fondos destinados al pago salarial de los docentes que integran los Bachilleratos Populares, que exigen y reclaman por este derecho desde el año 2004, año en que comienza esta experiencia educativa.

Hoy, los docentes y estudiantes secundarios reclaman mejores condiciones en las escuelas y alertan sobre el grave deterioro de las condiciones educativas en la Ciudad. "Los compañeros y compañeras docentes de la escuela pública media vienen desde hace muchos años reclamando mejores condiciones laborales. Nosotros somos parte de ese reclamo y denunciamos que el gobierno de Macri relega y discrimina nuestras escuelas, dejando en manos de profesores y estudiantes el mantenimiento de los espacios educativos y la garantía de continuidad, permanencia y egreso de nuestros estudiantes", afirman los organizadores de la marcha-

Hoy funcionan más de treinta Bachilleratos Populares, incluso se han abierto nuevas escuelas en el interior del país. "Aún no se ha logrado ni el reconocimiento definitivo de todos los bachilleratos populares, ni el reconocimiento salarial así como tampoco el financiamiento económico que estos emprendimientos necesitan para permitir su continuidad". Los integrantes de la coordinadora señalan que " como creemos que el Estado debe ser el único garante de la educación pública y popular de las experiencias que impulsamos en y desde los movimientos sociales, en áreas tan complejas como la educación de jóvenes y adultos, es que exigimos".

El pliego de exigencias contempla:

Salarios para todos los Docentes

Reconocimiento de todos los nuevos Bachilleratos Populares

Financiamiento Integral para nuestros Bachilleratos.

Por un sistema de becas a estudiantes que signifique una ayuda real para Jóvenes y Adultos en situación de cursada regular.

La Coordinadora de bachilleratos populares está compuesta por Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP) - Cooperativa Encuentro de Educadores Populares (CEEP/CTA) - Organización Popular Fogoneros - Centro Cultural de los Trabajadores - Bachillerato Villa 21/24 - Frente Popular Darío Santillán - Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI- CTA) - Bachillerato Tierra y Libertad Villa Fiorito. - Escuela Libre de Constitución - Centro Cultural Ñanderoga – Asamblea de Flores - Casa Abierta Villa 31 – El Galpón de Moreno – Frente de Organización en Lucha (FOL) – Proyecto Uno – Agrupación Territorial Germán Abdala - Colectivo Trabajo y Autogestión.

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Argentina. Fumigaciones en Córdoba: "El problema tiene una envergadura que no se puede dimensionar"

Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

"Oncativo, ciudad cordobesa de 14.000 habitantes, no sólo se ve afectada por la fumigación de sus campos, sino también por la aplicación intensiva de agroquímicos en las plantas de acopio que han quedado encerradas dentro de la ciudad".

Oncativo es una ciudad cordobesa de 14.000 habitantes. En los últimos 20 años registra un crecimiento económico muy interesante, según cuenta Marcos Tomasoni, miembro de los Vecinos Autoconvocados de la Ciudad por un Ambiente Sano. En esa localidad, la zona urbana termina tras cruzar las calles de tierra que la separan de los campos. No hay ninguna hilera de árboles: está el campo, la calle y la casa, dice Tomasoni y agrega: El problema de la fumigación llega hasta el centro del pueblo. Oncativo no sólo se ve afectada por la fumigación de sus campos, sino también por la aplicación intensiva de agroquímicos en las plantas de acopio que han quedado encerradas dentro de la ciudad.

Tomasoni integra, además, el capítulo local de la campaña Paren de Fumigar. Es un colectivo de pueblos -explica este ingeniero químico de 29 años-, de vecinos movilizados. El hecho que nos une a todos es la afección a la salud que implica el tema de las fumigaciones. Si bien se reconocen como afectados, Tomasoni aclara que en el grupo no hay personas que presenten algún tipo de enfermedad relacionada con la utilización de químicos agrícolas.

No hay aplicación segura

-¿El problema con las fumigaciones surge por los productos que se utilizan o por la forma de aplicación? ¿O es una combinación de ambos factores?

Tomasoni.-Uno puede referirse a los estudios que demuestran la relación causa-efecto de una serie de enfermedades respiratorias, cánceres, malformaciones, pérdidas de embarazo. Hay una vasta bibliografía que explica la relación que esas enfermedades tienen con los plaguicidas. Después está el método: nuestro lema es que no hay una fumigación segura como plantea la ley que tiene la provincia de Córdoba, la 9164. Básicamente, permite fumigar frente a una vivienda. Nosotros demostramos con fundamentos técnicos que los residuos de los plaguicidas quedan dando vueltas en el polvillo de la tierra luego de una semana de aplicación. Por factores ambientales como la relación térmica algunos plaguicidas se vuelven a volatilizar y generan nubes en las ciudades.

Políticamente, sabemos que este flagelo está relacionado con el monocultivo, que es una forma de producción que ha invadido a toda la pampa agrícola. Esta realidad se traslada a, por lo menos, todos los pueblos de la zona sur de la provincia de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fé y Buenos Aires.

-¿Y si el uso de agroquímicos se hiciera de una forma correcta? En el largo plazo, ¿generaría los mismos impactos en la salud de las poblaciones?

Tomasoni.-Hay una vastedad de plaguicidas que son productos de alta volatilidad: llegarían por más que uno los aplicase a 10 kilómetros de una vivienda. Hay otra gama de productos que son menos volátiles, como es el caso del glifosato. Si uno pudiese correrlo a 1000 metros o más de una vivienda y poner un vallado de árboles, quizás el flagelo disminuiría, pero estamos hablando de disminuir la contaminación. No hay aplicación segura. Los millones de litros que se aplican en cada cosecha en los campos argentinos hacen que el problema tenga una envergadura que no se puede dimensionar. No hay una dimensión real porque los estamentos gubernamentales corren atrás del problema, haciendo oídos sordos en la mayoría de los casos.

Bajo el principio de la duda

-¿Qué valoración hacen de los recientes fallos judiciales que limitan las áreas fumigables y piden estudios para determinar la peligrosidad de los agroquímicos?

Tomasoni.-Es irse acercando al principio precautorio, que es un principio contenido dentro de la Ley General del Ambiente, una legislación bastante nueva en Argentina porque tiene pocos años de creación. En su mayoría, los jueces y abogados la desconocen. Esto de invertir el peso de la carga, que quien compruebe la no nocividad de los productos sea el que los está vendiendo, quien los quiere aplicar, es bastante novedoso para el país. Para nosotros es potencialmente bueno porque reconoce nuestro derecho a la salud, lo potencia. Cuando uno empieza a luchar contra este flagelo tiene que andar buscando informes técnicos para demostrar la relación de estos productos con las afecciones a la salud. Eso no es lo que dice nuestro derecho ambiental: bajo el principio de la duda, el que tiene que demostrar es el que está siendo dudado.

-Si recién ahora se determina que hay que estudiar si estos productos son inocuos, ¿cómo es que se aprobó su utilización en la agricultura?

Tomasoni.-La lógica y la dinámica que lleva el sistema legal no condice mucho con la lógica y la dinámica que lleva la realidad, más cuando esa realidad la mueve el poderío económico de estas empresas que vienen echando agroquímicos en nuestros campos, desde hace más de 30 ó 40 años en esta zona. Incluso en las áreas técnicas y científicas de las universidades el problema de la relación ambiental con las enfermedades no está muy difundido, no está todavía reconocido. En Córdoba hay apenas 2 ó 3 ciudades que han aprobado ordenanzas que restringen la aplicación de plaguicidas y el resto está con intendentes o concejales que niegan la problemática.

No podemos estar esperando

-¿Y quiénes tendrían que hacer los nuevos estudios?

Tomasoni.-Cuando se piden estudios el ojo de la credibilidad cae en las universidades públicas, que entendemos que sí están capacitadas porque las conocemos. Sabemos que existe dentro de las áreas nacionales de investigación la capacidad técnica, tanto material como intelectual, para llevar adelante estos estudios. En la mayoría de las líneas de investigación, más con respecto a las cuestiones agrícolas, los recursos monetarios los están poniendo las empresas privadas. El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) termina autorizando los productos con las investigaciones de las propias empresas. Si alguien debe hacer estas investigaciones, es el Estado. Pero con la celeridad que el problema demanda.

-¿Qué opinás sobre el reciente informe de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA)? Sus conclusiones indican que utilizando el glifosato y sus formulaciones responsablemente y cumpliendo con las condiciones de uso autorizadas no implicaría riesgo para la salud humana o el ambiente.

Tomasoni.-Ése puede ser un párrafo que resalten las empresas, porque otros párrafos siguen echando dudas sobre la peligrosidad de estos productos. De hecho, una resolución que salió el 9 de febrero crea un sistema de vigilancia sobre plaguicidas. El primer párrafo de los fundamentos comienza diciendo: Todos los plaguicidas son perjudiciales para la salud humana. Si bien uno puede echar mucha duda sobre cómo ha funcionado la Comisión o si ha estado a la altura de las circunstancias, lo que hace es crear otra serie de organismos para controlar, vigilar y difundir la problemática, algo que en este país no se estaba haciendo. El vecino vive la realidad de que al lado le pasa la fumigadora... Los problemas repercuten y se ven. No podemos estar esperando tanto movimiento o tanta discusión a nivel jerárquico-científico cuando el problema necesitamos resolverlo.

Cuesta encontrar apoyo en las instituciones

-¿Están trabajando con médicos? En tal caso, ¿se muestran interesados en participar analizando el tema o existe cierta reticencia?

Tomasoni.-En todo este proceso, que ya lleva más de dos años, se han sumado médicos, biólogos, bioquímicos e ingenieros agrónomos, incluso que están planteando otro modelo agropecuario. Tenemos un grupo de médicos que participa activamente. Como siempre, lo hacen más por la urgencia del vecino preocupado, por saber que son ciudadanos que tienen que participar y movilizarse, que desde la institución a la que pueden pertenecer. Hemos estado tratando de instalar algunas líneas de investigación epidemiológica en la provincia. Eso está en proceso de llevarse a cabo. Hoy cuesta encontrar apoyo en las instituciones: dentro del mismo INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) hay líneas encontradas. Estas estructuras son muy grandes, muy difíciles de mover.

-En las denuncias que reciben, ¿existen casos de gente afectada por el consumo de alimentos contaminados con agroquímicos? ¿O mayormente sufren la fumigación directa en el lugar donde viven?

Tomasoni.-La fumigación tiene más repercusión porque uno ve al mosquito que le pasa frente a su casa, se siente rociado, ve que sus plantas y su huerta se secan. En Córdoba hubo denuncias por parte de un fiscal que encontró residuos de pesticidas en frutas y verduras por fuera de los límites permitidos. Hubo toda una discusión en torno a eso que se encendió y se apagó lentamente. Dentro del grupo Paren de Fumigar hoy no es la discusión principal. La alternativas que empiezan a quedarnos, además de tratar de alejar las fumigaciones de nuestras viviendas, son empezar a consumir orgánico, a producir nuestras propias huertas, como lo hacían nuestros padres. Son conceptos que en paralelo comienzan a circular por los grupos.

Los temas ambientales se hilan todos

-¿Como Paren de Fumigar qué están pidiendo? ¿Mayor control, el cese total de las fumigaciones...?

Tomasoni.-Estamos pidiendo el cese total de las fumigaciones en la periferia de las casas, de los pueblos. La consigna más fuerte que resuena en el Paren de Fumigar es lograr una ley provincial que pueda alejar las fumigaciones de nuestras viviendas para que no sea una lucha aislada de pueblos, sino que sea una cuestión provincial. Luego sí, estamos poniendo en tela de juicio la fumigación y el modelo productivo sojero y de los transgénicos.

-¿Ven posible alcanzar esos objetivos?

Tomasoni.-Estamos en eso. Dos años atrás uno veía bastante lejana la posibilidad de instalar la discusión y hoy estamos con una dinámica muy avanzada. Ha sido producto de la lucha. Vemos muy posible a corto plazo una ley provincial y, por qué no, una ley nacional. En el marco en que se vaya reconociendo la peligrosidad de estos productos, sea cual fuere su categoría toxicológica, creemos que vamos a ir avanzando hacia una producción más sustentable y armónica con la naturaleza. Atrás de esto y mancomunados vamos discutiendo los desmontes, la problemática del agua..., los temas ambientales se hilan todos. Al fin y al cabo estamos poniendo en tela de juicio el modelo capitalista de consumo y producción.

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