lunes, 19 de julio de 2010

Juventud en Latinoamérica: De “promesa de futuro” a “sospechosa”

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

En el que ahora parece muy lejano año 1972 -lejano no tanto por la distancia cronológica sino por otro tipo de lejanía- decía el en ese entonces presidente de Chile socialista, Salvador Allende, que “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”.

Hoy, casi cuatro décadas después y habiendo corrido mucha -¿quizá demasiada?- agua bajo el puente, esa afirmación parece fuera de contexto. ¿Se equivocaba Allende en aquel momento? ¿Cambiaron mucho las cosas en general? ¿Cambió la juventud en particular? Y si cambió, ¿por qué se dio ese fenómeno?

Por lo pronto, hablar de “la” juventud es un imposible. De hecho, “juventud” es una construcción socio-cultural, por tanto sujeta a los vaivenes de los juegos de fuerza de la historia, de los entrecruzamientos de poderes, cambiante, dinámica. Como mínimo, habría que hablar de distintos modelos de juventud, situándolos explícitamente: ¿juventud urbana, rural, de clase alta, pobre, marginalizada, varones, mujeres, estudiante, trabajadora, desocupada? ¿Juventud que emigra a los Estados Unidos? ¿Juventud rural emigrada a la ciudad viviendo en zonas precarias y marginales? ¿Juventud que practica golf y piensa en su doctorado en Harvard? El rompecabezas en cuestión es complejo. ¿De qué “juventud” hablamos? Para muchos -en las áreas rurales fundamentalmente- a los 30 años ya se es un adulto consumado, con hijos, quizá con nietos, mientras que en ciertas capas urbanas -minoritarias por cierto- a esa edad, siguiendo patrones del Norte del mundo, aún se vive lo que podríamos llamar “adolescencia tardía”, sin trabajar, disfrutando aún la condición de estudiante y el dulce pasar que trae la falta de carga familiar. En toda Latinoamérica este rompecabezas adquiere mayor complejidad aún si consideramos el tema étnico: ¿juventud indígena?, ¿juventud no-indígena? Más allá de la edad, no hay muchos elementos en común entre tantas y tan diversas realidades.

Las sociedades latinoamericanas en general tienen un perfil especialmente joven. O “joven”, al menos, para los parámetros que imponen las visiones dominantes, que no son las nacidas en estas latitudes precisamente. Es algo así como la noción de belleza: se es “bello” o “bella” siguiendo esquemas eurocéntricos; el hueso que atraviesa la nariz, el poncho o los ojos color castaño no gozan de la mejor reputación en este ámbito, y la belleza va de la mano del modelo de “conquistador blanco”. Dicho de otro modo: el esclavo piensa y reproduce la cabeza del amo. ¿Por qué es atractivo para los “morenitos” del Sur teñirse el cabello de rubio? La ideología dominante es la ideología de la clase dominante, sin dudas.

A partir de esa cosmovisión hegemónica que concibe expectativas de vida superiores a, por lo menos, 60 años, puede decirse que las categorías niñez, adolescencia y juventud comprenden, sumadas, más de la mitad de la población total de la región latinoamericana. Es decir: son colectivos jóvenes, con tasas de natalidad muy altas. A diferencia, por ejemplo, de Europa -donde la población envejece sin recambio generacional- en América Latina, con índices de crecimiento demográfico elevados, la población total se viene duplicando a gran velocidad en estas últimas décadas, lo que hace que el grupo etáreo menor de 30 años crezca muy rápidamente. Y justamente ahí, en ese gran segmento, se encuentran problemas crónicos que no están recibiendo las respuestas adecuadas.

Las poblaciones jóvenes de las mega-ciudades que cada vez se expanden más en la región (donde se encuentran algunas de las urbes más grandes del mundo, con alrededor de 20 millones de habitantes, y que siguen recibiendo sin parar inmigrantes internos que huyen de la pobreza crónica del campo), por una compleja sumatoria de factores, en vez de verse como el “futuro” del país, en muy buena medida esos grupos poblaciones constituyen un “problema”. Problema, claro está, para el discurso dominante. ¿Por qué problema? Porque los modelos de desarrollo económico-social vigentes no pueden dar salida a ese enorme colectivo, y lo que debería ser una promesa hacia el porvenir, una “semilla de esperanza” -para decirlo en clave de político en campaña proselitista- en muy buena medida es una carga, un trastorno para la lógica del poder que no encuentra salida digna para tanta gente.

Por lo pronto vemos que no hay “una” juventud, sino situaciones diversas, con proyectos disímiles, antagónicos en muchos casos. Pero hay un común denominador: en ningún caso está presente esta figura que evocaba Salvador Allende. La vocación revolucionaria de la juventud parece haberse extinguido; o, al menos, está muy adormecida. ¿Qué pasó? ¿Tanto se equivocaba el presidente chileno, o tanto han cambiado las circunstancias?

Según puede leerse en un análisis de situación sobre la realidad de los países centroamericanos -extensible a otros de Sudamérica también- formulado por una de las tantas agencias de cooperación (¿son realmente “cooperación”?, ¿con quién cooperan si no es con las mismas metrópolis?) que trabajan la problemática juvenil (en este caso, la estadounidense USAID), “la falta de oportunidades de educación, capacitación y empleo limita severamente las opciones de los jóvenes y la mayoría se ven obligados a ser trabajadores no calificados antes de los 15 años. Esto es particularmente grave entre los jóvenes del área rural. Desesperados, muchos de ellos emigran a las ciudades y otros países en busca de trabajo y un número cada vez mayor cae en el “dinero fácil” provisto por el crimen organizado y las pandillas juveniles”.

Es evidente que para la visión dominante hoy día la juventud, o buena parte de ella al menos, ha pasado a ser un “problema”; de esa cuenta, rápidamente pude “caer en el dinero fácil”, en los circuitos de la criminalidad, en la marginalidad peligrosa. En ese sentido, es siempre un peligro en ciernes. Sin negar que estas conductas delincuenciales en verdad sucedan, desde esa óptica de cooperación a que nos referimos, “juventud” -al menos una parte de la juventud: la juventud pobre, la que marchó a la ciudad y habita los barrios pobres y peligrosos, la que no tiene mayores perspectivas- es intrínsecamente una bomba de tiempo. Por tanto, hay que prevenir que estalle. Y ahí están a la orden del día las sacrosantas campañas de prevención.

¿Prevención de qué? ¿Qué se está previniendo con los tan mentados programas de prevención juvenil? ¿Cuáles son los supuestos implícitos ahí?

Es evidente que cierta juventud (la que no tiene oportunidades, la excluida, la que se encuentra en los grandes asentamientos urbanos pobres -que, dicho sea de paso, alberga a una cuarte parte de la población urbana de Latinoamérica-) constituye un “peligro” para la lógica de las élites dominantes. Hoy el peligro no es, como festejaba casi cuatro décadas atrás Salvador Allende, ser “joven revolucionario”. Pareciera que la sociedad bienpensante ya se sacó de encima eso; el peligro de la revolución social y las expropiaciones salió de agenda (al menos por ahora). En estos momentos la preocupación dominante respecto a los jóvenes -a estos jóvenes de urbanizaciones pobres, claro- es que puedan “ser un marginal”, caer en las pandillas, buscar el “dinero fácil”.

La idea de prevención en ciernes pareciera que apunta a prevenir que los jóvenes delincan, ¡pero no que no sean pobres! Este último punto pareciera no tocarse; lo que al sistema le preocupa es la incomodidad, la “fealdad” que va de la mano de lo marginal: ser un pandillero, ser un asocial, no entrar en los circuitos de la buena integración. Lo que está en la base de este pensamiento es una sumatoria de valores discriminatorios: ser morenito, estar tatuado, utilizar determinada ropa o provenir de ciertas áreas de la ciudad ya tiene un valor de estigma. Como dijo sarcásticamente alguien: “la peligrosidad de los jóvenes está en relación inversamente proporcional a la blancura de su piel”. ¿Por qué tanta policía de “gatillo fácil” ensañada con cierta juventud? ¿Qué es lo que se busca prevenir entonces cuando se hace “prevención” con los jóvenes?

Las causas por las que se dan determinadas conductas -las delincuenciales para el caso- no se tocan allí; la prevención, en esa lógica, es ese mecanismo aséptico que apunta a los síntomas, a lo visible, lo superficial. Se busca cosméticamente que no se vea la punta desagradable del iceberg; pero la masa principal se desconoce. ¡Y ahí está justamente lo más importante! ¿Por qué ahora hay un imaginario que liga en muy buena medida juventud con peligro? Porque ese sector, ese enorme colectivo, el que años atrás se movilizaba y, rebelde, emprendía la crítica al sistema -tomando las armas en más de un caso, con una mística de abnegación que hoy parece haberse esfumado- hoy día está pasando cada vez más a ser un problema para el equilibrio sistémico en tanto el capitalismo se empantana cada vez más no pudiendo asimilar cantidades crecientes de población que buscan incorporarse al mercado laboral y a los beneficios de la modernidad. Ante ello, ante esa cerrazón estructural del sistema capitalista, la masa crítica de jóvenes en vez de verse como “promesa de futuro” termina siendo una carga. Al no saber qué hacer con ella, y siempre desde autoritarios criterios adultocéntricos, termina identificándola en gran medida con la violencia, con el consumo de droga, con el alcoholismo y la haraganería; en definitiva, con todo lo que pueda ser negativo, reprochable. Si años atrás la policía podía detener a un joven por “sospechoso de guerrillero subversivo”, hoy día puede hacerlo por sospechoso de ¿“violento”?, de ¿“pobre”?, simplemente de ¿“joven”?

Ahora bien: el sistema también genera antídotos, prótesis que le permiten seguir funcionando. Si bien es cierto que la juventud dejó de ser ese fermento “biológicamente revolucionario” (y molesto para la dinámica dominante) de años atrás, y en buena medida hoy es sinónimo de “sospechosa”, paralelamente aparece otro modelo, nuevo sin dudas: el joven “comprometido”. Pero no con un compromiso como puede haber sido el de aquel modelo de juventud politizada de algunas décadas atrás, sino un compromiso mucho más “light”, para decirlo con términos que ya nos marcan el ámbito cultural dominante: globalización neoliberal triunfante, individualismo, ética del sálvese quien pueda, fin de las ideologías, pragmatismo y lengua inglesa como insignia del triunfo en juego: el “number one” como aspiración, para no ser un looser.

Cultura “light”, actitud “light”… ideología “light” por lo tanto. Eso pareciera que es lo que está en juego, y buena parte de la juventud, la que no es sospechosa de peligrosidad, la que no remeda la pandilla, ahora presenta este perfil. Hablamos de una juventud comprometida, pero no como lo era en otro momento histórico, lo cual la llevó en muchos países latinoamericanos a tomar actitudes radicales -que, no olvidar, se pagó con la propia vida-. Pareciera que esta juventud actual que se “compromete” con su entorno no pasa de participar en actividades de voluntariado social, ayudando a sus congéneres en servicios que, si bien no son llamadas “caritativos”, no están muy lejos de ello. ¿Qué son, si no, todos estos voluntariados que surgen cada vez más con más fuerza? El compromiso llega hasta ir a atender niños pobres en un orfelinato un fin de semana, o viejitos en un geriátrico. Loable, claro… pero ¿qué significa eso? ¿No es eso lo que siempre han hecho los Boys Scouts o las Damas de Caridad? ¿Eso es el “compromiso” social?

Aunque dicho demasiado esquemáticamente quizá, hoy pareciera que la juventud en América Latina básicamente discurre entre estos modelos: o se es sospechoso (por ser pobre, por estar excluido, por portar los emblemas de la disfuncionalidad -tatuajes, cierta ropa, provenir de una barriada pobre y marginal, el color de la piel, etc.-) o se es un joven “comprometido” desde estos nuevos esquemas de participación: compromiso light, despolitizado, en sintonía con la idea de responsabilidad social empresarial. Aunque, claro está, la realidad es infinitamente más compleja que eso: la juventud, retomando lo dicho por Allende, no puede dejar de ser rebelde. Y eso, guste o no guste, es un eterno fermento de cambio, aunque se la disfrace de lo que se quiera.

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Costa Rica: El fracaso de la guerra contra el narco

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

Equipos y aparatos militares de gran envergadura; avituallamiento militar masivo; multitudinaria presencia de militares estadounidenses. Eso promovió la Presidenta Laura Chinchilla y eso le aprobó la infausta falange de diputados y diputadas a su servicio.

El pretexto es conocido: la guerra contra el narco. Se abre un capítulo ignominioso que lanza una sombra siniestra sobre la tradición pacifista de nuestro pueblo. Y, lo que quizá es peor, esto podría implicar que Costa Rica –como México o Colombia con anterioridad- se vea arrastrada en el torbellino terrorífico de la violencia del narco.

Y, sin embargo, hay cosas que de esto emergen con notable claridad. Al menos es así para quienes quieran despojarse de conceptos zombis que, en relación con estos asuntos y como fantasmas del pasado, siguen nublando la conciencia y la inteligencia, no solamente de estas dirigencias políticas de tan grisácea catadura intelectual y moral, sino también de la enorme mayoría de la gente.

1) El fracaso de la guerra contra el narcotráfico

Esta “guerra contra el narco”, de innegable hechura estadounidense, muestra resultados lamentables, rayanos en el ridículo total, en el más completo fiasco.

¿Han desaparecido los carteles de la droga? Si se logra aniquilar, o cuanto menos debilitar a uno de estos, casi inmediatamente aparece uno o varios que lo sustituye. Y, en el proceso, y de ser necesario, se reubican geográficamente, siguiendo criterios que irremediablemente recuerdan los que son característicos de las corporaciones transnacionales. Estas evitan las ubicaciones que no le son “amistosas” (bajos salarios, mínima fiscalidad, débil regulación ambiental, floja legislación laboral, etc.), en procura de otras más propicias. Los carteles de la droga, con similar ductilidad, se mueven espacialmente en procura de localizaciones donde puedan operar con más comodidad y menos control.

¿Han desaparecido los grandes capos? Alguno o algunos de estos son capturados y encarcelados, o incluso son físicamente eliminados. Pero entonces, y sin mayor dilación, aparecen otros más que, por desalmados, sanguinarios y ambiciosos, no tienen nada que envidiar de los que les antecedieron.

¿Se logra parar los flujos de la droga? No, a lo sumo se les hace cambiar de forma y se les compele a procurar nuevos canales por los cuales discurrir. Aquí, de nuevo cuenta, se reafirma la flexibilidad de los carteles de la droga para operar a escala transnacional. Cuando se les cierra un conducto, creativamente abren otro.

2) Es, en realidad, una guerra contra los pueblos

De tal forma, esta llamada guerra contra el narco deviene como una especie de juego macabro que deambula de un escenario a otro o, lo que es peor, que, sin abandonar viejos escenarios, va mudando formas y desplazándose para arrastrar y atrapar en su espiral sanguinaria a nuevos espacios sociales y geográficos.

Son escenarios móviles a lo largo de la geografía de nuestra América india e ibérica. No alcanza la América opulenta del norte. Esta, y la vieja Europa, son el pozo sin fondo donde se consume la droga. En cambio, es a nuestros países latinoamericanos a los que les toca proporcionar las escenografías del terror donde tiene lugar esa guerra sin fin.

El proceso comporta el despilfarro masivo de recursos por parte de nuestros gobiernos y bajo la mirada escrutadora y la férrea conducción de los poderes militares y policiales del norte. Millones y millones que podrían invertirse en salud y educación; en vivienda popular, infraestructura vial, desarrollo científico, tratamiento de la basura, limpieza de ríos contaminados, protección de parques nacionales. Millones que podrían propiciar sociedades más justas e inclusivas. En su lugar se malbaratan en una guerra que jamás cumple su cometido; que jamás termina ni con la producción ni con el tráfico ni con el consumo de drogas. Una guerra que solamente avanza en un sentido: como una carrera demencial hacia niveles de violencia cada vez más brutales y sanguinarios.

En realidad, esta no es una guerra contra el narco sino una guerra contra los pueblos, victimizados por el robo que sufren al tener que malbaratar sus escasos recursos para fines por completo deplorables y, además, victimizados al quedar atrapados en el fuego cruzado de la violencia desatada.

3) ¿Quienes gana con esto?

Ganan las mafias del narco; sus capos; sus cuadros de criminales a sueldo. La clandestinidad les da su razón de ser. La guerra que presuntamente se libra en su contra les proporciona la fuerza motriz para su organización y movilización y el incentivo para desplegar toda su nefasta creatividad.

Ganan las industrias de armamento, que lo mismo producen balas y ametralladoras para las fuerzas militares y policiales de los gobiernos, que para los escuadrones de sicarios del narco.

Ganan políticos y funcionarios corruptos que se confabulan con este aparato siniestro del narco.

Ganan otros políticos y funcionarios, indignos de su pueblo, que usan esta falsa guerra contra el narco como mampara para justificar su arbitrariedad y encubrir su ineptitud.

Gana los poderes imperiales del norte opulento –en especial Estados Unidos- para los cuales esta guerra es el pretexto perfecto para justificar su presencia militar y el irrespeto a la soberanía de nuestros pueblos.

Ganan algunos sectores económicos poderosos –el financiero, posiblemente el que más- mediante el flujo masivo de dinero sucio y las inversiones que este propicia.

4) ¿Es que hay alguna salida?

Estoy persuadido de que existe solamente una salida sensata: la legalización de la droga.

La ilegalidad ha fracaso rotundamente, cualquiera sea el parámetro bajo el cual se le mida. Y si lo que se pretendía era disminuir el consumo de la droga, debería admitirse que también en ese aspecto el fracaso es absoluto. Es simplemente desconcertante la terquedad con que se insiste que la droga debe ser ilegal a fin de evitar el daño que su consumo ocasiona ¡Por todos los cielos! ¿Acaso no salta a la vista que, de todas formas, la droga circula por todos lados, lo mismo en salones lujosos de residencias palaciegas que en los oscuros callejones de los barrios marginales? También es groseramente manifiesto que son muchísimas las personas cuya vida está siendo consumida por la adicción.

La legalización de la droga terminará, de un plumazo, con los carteles, los capos y sus cuadrillas endemoniadas de criminales y asesinos. Terminará igual con el tráfico ilegal y la circulación de dinero sucio, como también con la madeja interminable de corruptelas que este alimenta.

Será una mala noticia para la industria del armamento y para algunas otras que, como quien no quiere la cosa, han usufructuado de esos capitales de fea procedencia. En contrapartida, se podría mejorar las prestaciones de nuestros servicios públicos, la protección del ambiente, el estado de las calles. Ello tan solo por citar algunos posibles ejemplos.

De paso, una tajada apropiada del dinero que se ahorre al terminar con esta guerra absurda, podría destinarse a la educación y prevención en materia de consumo de drogas y a la recuperación de personas aquejadas de adicción.

A la larga, construir sociedades más justas, pacíficas y equilibradas será la única medicina eficaz contra el exceso con las drogas. En ese contexto, una estrategia de educación, prevención y rehabilitación constituiría una pieza de innegable importancia.

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México: ¿La represión anuncia que ha comenzado en Oaxaca, Guerrero y Chiapas la rebelión social de 2010?

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Acabo de recibir una denuncia urgente de la Coordinadora (CNTE) que ha estado enfrentando la represión del Estado en varias partes de la República tal como “se ejemplifica con la aprehensión de los profesores Arturo Contreras de la Sección 16 de Jalisco; de Ignacio Díaz, de la 19 de Morelos, y de Eugenio Rodríguez, de la 18 de Michoacán, a quienes se les han inventado cargos para justificar su detención con altos grados de violencia.

En Chiapas, el actual gobierno de Juan Sabines, supuesto militante “democrático” llevado por la alianza PRD-PT-Convergencia, similar a sus compinches de la “izquierda” domesticada de Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Baja California Sur -que en nada se diferencia del PRI y PAN- se caracteriza por la brutal represión a los movimientos campesinos, siendo cientos los trabajadores asesinados, encarcelados y perseguidos durante su gobierno.

2. En Chiapas, ante el descontento generalizado de maestros, campesinos y la mayoría de la sociedad, la represión se ha desatado contra los profesores. El 7 de julio, Alberto Mirón, después días de persecución, fue aprehendido violentamente; el día negro fue ayer 16 de julio, por la aprehensión en la madrugada de Pedro Gómez Bámaca, en la tarde, después del mitin frente a palacio de gobierno. Fue detenido Misael Palma con aparatoso despliego policiaco, el médico Víctor Hugo Zavaleta, ex Secretario General de la Sección 50 del sector salud y, por la noche se informó de la aprehensión del compañero Caralampio Gómez y otros 6 campesinos, dirigentes y militantes de la Organización Política “Emiliano Zapata” (OPEZ). Además, en la escuela secundaria técnica 79 en el momento que se realizaba la Asamblea Estatal Permanente, ésta fue secuestrada y se mantiene rodeada por elementos de la policía judicial.

3. La realidad es que en los últimos meses el presidente ilegítimo Felipe Calderón parece enloquecer o, como se ha reiterado, estar permanentemente borracho por no saber qué hacer ante un México que se le va de las manos. Ha demostrado una enorme incapacidad para resolver problemas y, por el contrario, éstos (miseria, desempleo, persecución, asesinatos e inseguridad) se han estado agravando de manera acelerada. Dado que desde que asumió el cargo –con el pretexto del combate al narcotráfico- ha mantenido a las fuerza armadas ocupando el país y ha logrado la aprobación de leyes para invadir y catear domicilios, así como para detener a quien les venga en gana sin ninguna orden judicial, en los últimos días ha reiniciado una persecución, detenciones y encarcelamientos contra profesores perteneciente a la Coordinadora (CNTE) de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, Morelos, Michoacán.

4. En Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los tres estados del país abandonados a su suerte por la “modernidad capitalista” -que durante décadas han sido vanguardia de las luchas sociales- están siendo bárbaramente reprimidos por el gobierno ilegítimo de Calderón. De manera particular, desde hace 50 años, son los tres estados ocupados con mayores fuerzas del ejército y policías federales; sin embargo no son los únicos porque tras ellos están los estados de Morelos, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Estado de México y el Distrito Federal (DF). No ha sido por problemas de narcotráfico, porque éste creció en los últimos 20 años, sino porque han sido los pueblos indígenas y campesinos con mayor miseria, abandono y saqueo. Por eso también en los tres han surgido decenas de grupos guerrilleros de diferentes características y calibres. En esos estados los profesores rurales de escuelas primarias han jugado un papel histórico de vanguardia.

5. El ilegítimo Calderón es quien ordena las medidas represivas, pero tras él está la dirigencia sindical charra o espuria que encabeza Esther Gordillo desde 21 años. Esa mujer tiene mucho más fuerza que cualquier secretario de Estado porque Calderón le debe en parte la Presidencia, pero también muchas de las alianzas políticas que le ayudan a gobernar. Sin embargo, ante el debilitamiento del gobierno de Calderón, la líder Gordillo siente también debilitarse y es la causa por la que a pedido a Calderón que intensifique la represión contra los profesores. La represión contra la Coordinadora (CNTE) crece y busca “agarrar” parejo, parece que ello ayudará a unificar fuerzas en los profesores de oposición. Si en los últimos años los más reprimidos fueron los maestros de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, parece que la Gordillo (bautizada por los profesores como “la mamá de Choky”) empieza a ponerse nerviosa y va contra todos.

6. Que no se piense que Calderón es el bueno y la Gordillo la mala, nada de eso; los dos son del mismo equipo y persiguen exactamente lo mismo. Calderón está desesperado y quiere terminar su sexenio, por eso ha llamado a negociar a los priístas Beltrones, Paredes y Peña para estrechar alianzas y compromisos; del PRD Calderón no se preocupa porque hace mucho que se los metió en la bolsa. Sin embargo no deja de pensar en las posibilidades de estallidos revolucionarios en los estados que nunca han dejado de luchar y que se sabe que hay movimientos guerrilleros en calma. Es el motivo por el que Calderón –a pesar de que el país se desploma en lo económico- no ha tenido otra preocupación que la compra de armas, exigir más dinero, helicópteros y tecnología de la llamada Iniciativa Mérida. En estos últimos seis meses del año del bicentenario, la represión y los asesinatos se multiplicarán.

7. Si los electricistas, los mineros, los telefonistas, los lópezobradoristas, los zapatistas, aunque los estén destruyendo por el gobierno, luchan cada quien por su lado, por sus intereses economicistas y de gremio, pues no puede esperarse otra cosa de la Coordinadora de profesores que luchar por los presos político-sindicales de las diferentes secciones del país. Pareciera que el gobierno nos golpea uno a uno, encarcela y reprime, para entretenernos en pequeñas batallas defensivas, en pagos de fianza, y dejar las luchas más importantes para cuando nos demos cuenta de que estamos “gastando la pólvora en infiernitos”. Mientras nos seguimos entreteniendo, con toda la justicia del mundo, en sacar a nuestros presos, nos olvidamos que la miseria, la explotación, la opresión sólo podrán acabarse cuando destruyamos este sistema de absoluta injusticia que en vez de morir, parece fortalecerse más.

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La batuta oculta del golpe de estado en Honduras: ¿Sobre qué conversaban John Negroponte y Jacqueline Foglia Sandoval en su reunión en junio 2008?

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista con Berta Oliva, presidenta de COFADEH, El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, sobre la acusación [1] de Roland Valenzuela, ex ministro del Programa Nacional de Desarrollo Sostenible, PRONADERS del derrocado presidente Manuel Zelaya, en el sentido que Jacqueline Foglia Sandoval, una ex militar graduado en Escuela de las Américas en West Point y que según [2] el ex comisionado por los derechos humanos, Leo Valladares, fue integrante del escuadrón de la muerte ‘Batallón 3-16’, sería la presunta arquitecta del Golpe de Estado Militar en Honduras el 28 de junio de 2009.

“Ella es una arquitecta de la Muerte. Tiene piel de ángel pero alma de monstruo”
Berta Oliva, COFADEH

Video & entrevista (42 min.): Berta Oliva http://www.vimeo.com/13391968

La entrevista a Roland Valenzuela, el 30 de abril, 2010: http://www.box.net/shared/oyfl9yunql

Pero no estaba sola. Según nuestras fuentes ya en el mes de junio de 2008, un año antes del golpe de estado, la ex militar se reunió con el “Hombre de la Muerte en Centroamérica”, John Negroponte, durante su visita en Honduras. No era una casualidad política que Negroponte llegara a Honduras en esos momentos. Manuel Zelaya había afiliado Honduras a Petrocaribe seis meses antes y faltaba solo dos meses antes de que el país centroamericano se incorporara como miembro al ALBA, odiado por el Imperio estadounidense.

El borrador golpista de Micheletti

Foto: Honduras, Golpe de Estado - Berta Oliva, presidenta de COFADEH, el Comité de familiares de detenidos Desaparecidos en Honduras. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

Roland Valenzuela decía en la entrevista radial, que en los documentos que Jacqueline Foglia Sandoval olvidó en el Hotel San Martín y que un bartender entregó a Valenzuela, por que creía que él era del grupo de la ex 3-16 que se había concentrado allá, Valenzuela, relataba que el embajador Hugo Llorens (USA) estaba al tanto del golpe.

El 10 junio de 2009, es decir 18 días antes el golpe de estado, Roberto Micheletti enviaba el borrador a través Jacqueline Foglia Sandoval sobre el decreto que destituiría a Zelaya. Micheletti, nombrado dictador por el congreso nacional golpista el 28 de junio, pedía la opinión del cubano-americano Llorens.

El error fatal esa tarde en el Hotel San Martín, de perder toda la documentación acerca cómo los conspiradores hondureños y extranjeros planificaban un golpe de estado en Honduras, nos confirma que el enemigo que tenía el presidente Manuel Zelaya y el pueblo hondureño no era cualquier.

Y el 30 de abril 2010, cuando Roland Valenzuela puso las cartas en la mesa en cómo se planeaba y ejecutaba el golpe de estado que derrocó la frágil democracia en Honduras, estaba también consciente que sus declaraciones podría traerle la muerte. Y así fue. El 14 de junio, solo seis semanas después la entrevista, fue asesinado.

Suficiente elementos para iniciar procesos legales

Foto: Honduras, Golpe de Estado - El 30 de abril de 2010, Roland Velenzuela puso las cartas en la mesa en cómo se planeaba y ejecutaba el golpe de estado. El 14 de junio, sólo seis semanas después de la entrevista, fue asesinado. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

Berta Oliva no es para nada sorprendida por las declaraciones de Valenzuela. Conoce quizás mejor que cualquier hondureña y hondureño quien era Jacqueline Foglia Sandoval y como actuaba en la oscuridad, creando “perfiles” del enemigo.

Y no es tampoco sorprendida que a pesar la declaración de Valenzuela no se ha abierto una investigación judicial en contra los acusados, lo que, dice, sería lo más normal en cualquier país en el mundo. Pero Honduras no se encuentra en una situación normal.

“Hay suficiente elementos para iniciar procesos legales ante tribunales nacionales”, dice cuando nos encontramos en la sede de Cofadeh en donde miles de victimas por la represión, tortura o familiares de personas desaparecidas han llegado para poner su denuncia.

¿“Que lo que sucede con esto? Sucede que esta creando acciones ya concretas de muerte. Por ejemplo; Cuando Roland Valenzuela dice que algo podría pasarle, él imagina que si, antes de dar y hacer la denuncia pública de lo que había encontrado o lo que le había entregado en el Hotel San Martín. Él había investigado quien era ella”, comienza.

El ‘Plan de Muerte’

“Nosotros (Cofadeh) habíamos tenido algunas acciones cinco días después el golpe donde publicamos un comunicado cuales eran nuestras preocupaciones. Por que supimos inmediatamente que ella estaba muy involucrada y muy metida en el diseño del Plan de Muerte que estamos viviendo en Honduras ahora y que se iniciaba con el golpe militar de estado que se le dio a Zelaya”.

“Y al darse el golpe militar de estado estábamos convencidos que si estaban personas como ella y Billy Joya de analistas políticos que en los años -80 habían actuado juntos. Y que habían hecho un buen equipo para primero dar seguimientos y luego para torturar y desaparecer personas. La justicia no fue capaz nunca de alcanzarlos y que ahora estaban en ese proyecto unidos. Era lógico que el resultado iba a ser lo que tenemos; un Roland Valenzuela asesinado y un centenar de hondureños muertos con tal fineza que nos esta costando mucho a identificar a los responsables políticos arquitectos”.

“Pero como no se quiere iniciar el juicio y castigo va a ser casi imposible en este momento con las actuales autoridades lograr justicia para ellos. Pero lo que si podemos lograr, es tener los antecedentes, y ya están, y las actuaciones actuales y en cualquier tribunal e internacional poner alertas. Por que yo creo que a los que conspiran contra la muerte, los que diseñan contra la muerte debemos desatar persecución mundial. Y que no haya pasto en el planeta en que puedan reposar en paz. Por que son demasiados hechos que se han dado y no podemos callarnos por el temor.

¡Que hable Jacqueline F. Sandoval!

Nosotros hemos contactado y buscado a la señora Jacqueline Foglia Sandoval varias veces, tanto en su celular personal como en su teléfono de trabajo. Pero sin éxito. La invitamos públicamente para que enfrente las acusaciones de Roland Valenzuela, Radio Globo y Berta Oliva.

Notas:
1) Entrevista a Roland Valenzuela en Radio Internacional de San Pedro Sula http://www.box.net/shared/oyfl9yunql
2) Informe “Los Hechos Hablan por si Mismo”

Video & entrevista (42 min.): Berta Oliva http://www.vimeo.com/13391968


La entrevista a Roland Valenzuela, el 30 de abril, 2010: http://www.box.net/shared/oyfl9yunql.

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La corrupción

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

La corrupción es un delito que requiere dos autores: el que corrompe (corrupción activa) y el que se deja corromper (corrupción pasiva). De manera general la corrupción pasiva consiste en hacer o dejar de hacer algo relativo al desempeño de una función pública a cambio de dinero u otra dádiva o promesa de dádiva hecha por el corruptor activo.

Tiene graves consecuencias económicas y sociales y es un justo motivo de preocupación para quienes se interesan por una gestión honesta de la administración de los Estados y por que haya un control democrático de dicha gestión.

Hay formas de corrupción que no se contemplan en las definiciones habituales ni se tratan en las conferencias internacionales, que también distorsionan gravemente el funcionamiento de las instituciones democráticas en la adopción de decisiones de política económica y social, como son (tanto en los países pobres como en los países ricos) el financiamiento abierto o encubierto de los partidos políticos, de ONGs, de medios de comunicación de masas, etc.

La corrupción de los funcionarios públicos es un delito en muchos países, por lo menos formalmente.

Pero en los países más ricos, aunque existe cierto rigor para sancionar a los propios funcionarios públicos incursos en corrupción pasiva, no se castiga a los propios nacionales que corrompen a funcionarios extranjeros, es decir que incurren en corrupción activa.

Una –relativa- excepción a esto último son los Estados Unidos, donde se sancionó en 1977 una ley sobre las prácticas de corrupción en el exterior, bajo el impacto de los casos de sobornos pagados por las empresas Lockheed, Northrop y Gulf Oil. Pero las legislaciones europeas son mucho más "liberales" y no castigan el soborno a funcionarios extranjeros. Más aún, en Alemania, en Suiza y en Bélgica, entre otros países europeos, el fisco autoriza a deducir de los impuestos tal clase de gastos, es decir que la corrupción de funcionarios extranjeros está de hecho legalizada.

Hace unos años, cuando se debatió en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el tema de la corrupción, los representantes de los países ricos intentaron atribuir el fenómeno exclusivamente a los países del Tercer Mundo, pero éstos se opusieron a tal enfoque y la Comisión adoptó finalmente una resolución indicando que la corrupción constituía un fenómeno mundial.

En los 8º y 9º Congresos de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente se abordó el tema de la corrupción. En el 9º Congreso, el ex juez italiano Antonio di Pietro dijo que en materia de corrupción no cabía hacer la diferencia entre países en desarrollo y países desarrollados, que el análisis debía basarse en la "democracia de la responsabilidad" y no la "democracia de la prosperidad", que el fenómeno rebasaba las fronteras nacionales y que afectaba no solo a los funcionarios sino al sector privado.

En los últimos años se han aprobado convenios internacionales contra la corrupción:

La Convención Interamericana de 1996, la Convención de la OCDE de 1997, vigente desde 1999, la Convención Penal Europea sobre la corrupción, aprobada por el Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, abierta a la firma de los Estados en la misma fecha y en vigor desde el 1º de julio de 2002 y la Convención civil europea contra la corrupción, en vigor desde el 1 de noviembre de 2003.

La Convención Penal Europea sobre la corrupción de 1999 es, de los cuatro instrumentos citados, el más completo, pues describe con cierta minuciosidad los diferentes casos de corrupción :

a) corrupción activa y pasiva de funcionarios públicos nacionales;

b) corrupción de miembros de asambleas públicas nacionales,

c) corrupción de funcionarios públicos extranjeros y de miembros de asambleas públicas extranjeras;

d) corrupción activa y pasiva en el sector privado;

e) corrupción de funcionarios internacionales y de miembros de asambleas parlamentarias internacionales,

f) corrupción de jueces y funcionarios de cortes internacionales;

g) tráfico de influencia y

h) blanqueo del producto de los delitos de corrupción.

Otro aspecto muy importante de la Convención Penal Europea sobre la corrupción es que en su artículo 18 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha responsabilidad no figura en la Convención Interamericana, en tanto que la Convención de la OCDE deja a la decisión de los Estados la posibilidad de optar entre la responsabilidad penal, civil o administrativa. El mismo artículo 18 de la Convención Europea establece la responsabilidad penal de las personas físicas que tienen la representación de las personas jurídicas y la de los instigadores y cómplices.

La Convención europea puede ser una fuente de inspiración para iniciativas y acciones, en los planos nacional y regional e internacional.

La Convención de la OCDE no es directamente aplicable en los Estados signatarios y requiere una legislación interna de aplicación. No incluye a las filiales instaladas en países no miembros de empresas que tienen su sede principal en los Estados miembros, es decir se acepta la ficción jurídica de la autonomía de la filial, sin «levantar el velo » de la realidad económica de que dichas filiales forman un todo con la sociedad matriz. Eso permite continuar empleando prácticas de corrupción a través de las filiales instaladas en países no miembros. Este sistema lo usan habitualmente las sociedades transnacionales estadounidenses para eludir la legislación de Estados Unidos contra la corrupción y, por cierto, lo utilizan también las sociedades transnacionales basadas en otros países.

Pero a pesar de dichos convenios y aunque se advierten ligeros progresos, la corrupción siguen gozando de buena salud, por ejemplo en la Unión Europea, donde la Comisión Europea para sus iniciativas legislativas trabaja en equipo con las grandes sociedades transnacionales europeas (la Mesa Redonda de los Industriales Europeos - ERT).

La corrupción es muchas veces un factor determinante de las privatizaciones y "desregulaciones" y de las condiciones en que éstas se realizan.

La faz internacional de esas privatizaciones con matices delictivos incluye el asesoramiento técnico y la financiación del Banco Mundial. Por ejemplo, éste aprobó en diciembre de 1992 un crédito de 30 millones de dólares, al 7,6 por ciento de interés anual, destinado al Perú, para financiar la asistencia técnica al programa de privatizaciones de dicho país. El Banco Mundial no sólo organiza el despojo del patrimonio nacional de diversos países, sino que se hace pagar por las víctimas del despojo y además con intereses usurarios.

En Le Monde Diplomatique de julio de 2001, en un recuadro al pie de la página 15 se cita a un funcionario del Gobierno francés que habla de los « rapaces que en nombre de la libre empresa, por ejemplo en ocasión de las privatizaciones, se apoderan con total impunidad de sectores enteros de la economía ».

Un cable de Interpress Service del 18 de octubre de 2005 dice :

“El Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional vuelve a mostrar este año la comprometida situación del Sur, que cuenta con una pequeña ayudita de los bancos del Norte industrial.

"La fuga total de capitales anual de África es de unos 150.000 millones de dólares, mientras que el total del flujo de asistencia que recibe el continente asciende a 25.000 millones", dijo a IPS Chandrashekhar Krishnan, director ejecutivo de la filial de Transparencia en Gran Bretaña.

"Esa fuga de capitales representa, básicamente, la ruta de los bienes estatales en manos de políticos corruptos", agregó Krishnan. "Ese dinero es depositado en instituciones financieras de Londres, de Zurich, de Nueva York."

"Sugiero que los gobiernos occidentales hagan mucho más para asegurarse de que sus sistemas financieros no sean utilizados para lavar dinero", recomendó.

La corrupción es un fenómeno universal, a causa de la falta – en todos los países sin excepción- de un auténtico control popular y democrático permanente de las instituciones del Estado. Las legislaciones penales específicas, las leyes nacionales de acceso a la información pública que existen en muchos países (que tarda en aprobarse en Argentina) ni los organismos más o menos burocráticos encargados de vigilar a la función pública, alcanzan para suplantar esa falta de un auténtico control popular de la función estatal.

Se podría decir también que, de alguna manera, la corrupción es inherente al capitalismo. El ensayista francés Guy Sorman, en un trabajo titulado “Cómo el capitalismo edifica una sociedad moral a partir de comportamientos inmorales”, justifica esto diciendo que el capitalismo históricamente se desarrolló en base a comportamientos inmorales y ahora conquista nuevas regiones con la actividad de los mafiosos y de los traficantes de drogas. Condenarlos sería moralmente justificado, como lo sería condenar la desocupación, la exclusión y las desigualdades sociales. Pero, continúa diciendo Sorman, tales comportamientos antiéticos sirven para desarrollar un sistema que ha demostrado ser el más progresista y moralmente respetable, porque en él los seres humanos viven mejor .

Como escribíamos más arriba, hace unos años la mayoría de la Comisión de Derechos Humanos rechazó la pretensión de los países ricos de considerar la corrupción como un fenómeno específico de los países pobres.

Y en efecto los hechos verifican cotidianamente la universalidad del fenómeno.

Basta ver lo que ocurre en estos días en Francia (“affaire” Bettencourt) por un lado y los escándalos a repetición que se producen en Argentina, por el otro.

Pero es cierto que en cada país la corrupción parecería responder a ciertas pautas propias.

Por ejemplo ahora la corrupción en Argentina se aproxima más que en algunos otros países a las prácticas directamente mafiosas, tales como la extorsión, las presiones, las amenazas, etc., con miras a obtener, por ejemplo, que amigos del poder tomen participaciones en grandes empresas o se apoderen de obras públicas importantes.

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“El fracaso de un modelo antinacional”: La energía no es una “mercancía”, es un bien social

José Rigane (especial para ARGENPRESS.info)

Con el frío reaparece el problema de la energía, de los cortes, de la insuficiencia de la capacidad instalada. Ese es el fenómeno visible. La causa, poco analizada y discutida por la sociedad es la privatización y la extranjerización de nuestros recursos energéticos.

Ese es el motivo de la crisis energética actual.

En Argentina se consumen aproximadamente 120 millones de metros cúbicos de gas, de los cuales 20% consume la población (usuarios domésticos). Se estima que hoy faltan unos 30 millones de metros cúbicos. Por eso reaparece la crisis del gas. La razón es que no se invirtió en gasoductos, ni en exploración por parte de las transnacionales que hoy explotan la actividad.

Esto sin contar a todos los argentinos que no cuentan con gas natural: NEA, gran parte del NOA y los barrios y localidad más alegadas del resto. Es decir, la población de menores recursos que debe consumir gas en garrafa mucho más caro. En momentos de frío y mayor consumo, el precio de las garrafas, en caso de poder conseguirse, aumenta sideralmente perjudicando a los argentinos de menores recursos.

El modelo energético ha fracasado y las pruebas en su contra se acumulan por falta de inversión:
• agotamiento de las reservas descubiertas por las empresas del estado, puesto que no se explora, como lo hacía Y.P.F. estatal;
• subsidios de miles de millones de pesos del estado para las transnacionales, para combustibles, en las tarifas, exención de impuestos, exportación a simple declaración jurada, etc.;
• las reservas de hidrocarburos, cayeron en los últimos 10 años un 35 % y están en el punto más bajo de los últimos 30 años; En el año 1988 teníamos 34 años de reserva de gas y ahora 8, en petróleo contábamos con 14 años de reserva y hoy con 10 años.
• durante los últimos 15 años se privilegió la exportación de gas (13 gasoductos para sacar el gas natural de Argentina) y se permite hasta ahora la exportación del petróleo crudo y naftas;
• exportamos materia prima e importamos combustibles. Se retomó la importación de gas natural desde Bolivia y desde hace tres años importamos gas congelado, pagando precios altísimos de nuevas tecnología (buque regasificador en Bahía Blanca) para descongelar el gas y convertirlo en gas natural, por el cual el usuario paga el impuesto a la importación;
• de un país exportador no hemos convertido en un país importador de energía.

La energía no es una “mercancía”, es un bien social. Todos los recursos energéticos pertenecen al pueblo argentino, sin embargo, están en manos de los grupos transnacionales en un 95%, y ellos deciden en todo el proceso, escamoteando la exploración y definiendo a favor de sus ganancias el precio final del combustible.

La propuesta a considerar por el conjunto de la sociedad es la recuperación del patrimonio nacional a manos del pueblo. Se impone la estatización de la energía. El problema es el acceso al agua, al gas y a la electricidad. En pleno siglo XXI nadie puede vivir con dignidad si no tiene acceso a esos bienes.

La energía es un derecho humano, no una fuente de riqueza para algunos y sufrimiento para muchos.

Foto: Argentina, Sindicatos - José Rigane, Secretario de Organización de la CTA nacional; Secretario General de la FeTERA (Federación de Trabajadores de la Energía de la República de la Argentina).

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Argentina: El por qué de la ley de Protección de Glaciares

Javier Rodríguez Pardo (RENACE)

¿Protege o encubre una actividad extractiva perversa?.

Antecedentes

Hemos conseguido una ley de protección de glaciares, impensada hasta ayer. La ley de la entonces diputada Marta Maffei, que había sido vetada por la presidente de la nación, Cristina Kirchner, reingresó al recinto de los debates parlamentarios de la mano del diputado Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, en tanto bloques opositores al oficialismo, formados con el ingreso de nuevos legisladores en diciembre de 2009, le quitaron mayoría en la cámara baja al partido gobernante.

En este marco hubo dos proyectos de ley: el encomendado por la presidente Fernández de Kichner al senador Daniel Filmus y el “clonado” por el diputado Miguel Bonasso, sostenidos ambos por el texto de la diputada mandato cumplido Marta Maffei. Los dos eran semejantes y coincidían en esgrimir presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, aunque uno de ellos deslizaba conceptos sutiles que los enfrentaba. En el del senador, el ambiente periglacial era únicamente el glaciar de escombros y reducía considerablemente el área crítica a proteger que defendía el texto de los diputados.

De pronto, de manera sorpresiva, un par de días antes de la discusión en el recinto del Congreso, las partes se reúnen y el proyecto del poder ejecutivo es incorporado al que había sido vetado por la presidente de la nación, aún mejorado en cuanto a objeto, definiciones, actividades prohibidas, evaluación de impacto ambiental, autoridades competentes, funciones y disposición transitoria.

Resultaba insólito para muchos de nosotros que, reunidos con los diputados, analizábamos la novedosa maniobra del gobierno. ¿Nueva estrategia para evitar la discusión minera?

En principio, vemos los resultados como un triunfo del pueblo y de las comunidades organizadas en asambleas a lo largo y ancho del país. No hubo legislador que, defendiendo el proyecto de ley en el fragor del debate en el recinto parlamentario, no hiciera referencia a las asambleas y a la unión de estas, a los foros, concentraciones y movilizaciones que permitieron instalar la discusión sobre las invasiones mineras, los métodos extractivos contaminantes y el despojo lacerante de cuanto recurso natural hay en nuestros territorios, en realidad bienes comunes. Vemos entonces la ulterior vigencia de esta ley como un triunfo resonante del campo popular. La cuestión de la mega minería hidroquímica a cielo abierto se instaló en todo el país.

La ley y sus actores

Podemos dar por sancionada la ley en tanto el congresista Daniel Filmus confirmó que será apoyada por el senado nacional, y allí el oficialismo cuenta con mayoría parlamentaria. Al mismo tiempo el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, anunciaba la decisión de la presidente de la nación de no vetar la nueva ley sea cual fuere la remitida por el Congreso.

Ahora bien, ¿cómo debemos interpretar esto, qué conclusión sacamos de esta cronología política a poco del almuerzo que la presidente de la nación sostuvo con el mentor de la corporación minera Barrick Gold en Toronto?

¡Los acuerdos de Toronto! ¿Cómo explicar la abroquelada sociedad que este conjunto de partes interesadas mantiene con el gobernador sanjuanino José Luis Gioja? ¿Cómo se interpreta el discurso de la presidente en China, ofreciendo generosamente la minería, territorios y yacimientos?

Nuestra respuesta es la de siempre. Quien ésto escribe ha dicho en reiteradas ocasiones que es preferible no contar con ley alguna, a disponer de aquella que legitimará operar en la Cordillera de los Andes –ecosistema frágil y fábrica de nuestras aguas- a industrias como la extractiva a cielo abierto con compuestos tóxicos.

Algunos pensamos que la mejor ley de protección de glaciares, cualquiera sea, no resuelve el impacto nocivo de la minería, la destrucción del ecosistema donde opera a través de sus distintas etapas de prospección, exploración o explotación. Alcanza con no pecar de ignorancia y repasar cada una de las etapas de esta minería, el método extractivo, los volúmenes de agua que requiere, el funcionamientos de equipos pesados, orugas gigantescas sobre cuerpos congelados, sondajes y muestreo de suelos, sondajes de aguas subterráneas, de prospección minera, pozos para desagüe minero, para geoenergía, exploración de recursos sobre las áreas que se pretende proteger. Son todas circunstancias previas a la propia explotación minera donde el impacto será aún mayor.

Para esta minería no hay controles.

No hay posibilidad de vigilancias eficaces.

Este tipo de minería, en el ecosistema que se intenta proteger, no es sostenible en el tiempo y legislar sobre el particular, tal el caso presente, puede permitir legalizar la intervención de glaciares, del ambiente periglacial y cuerpos de hielo.

El agua

Sabemos que mientras escribimos estas líneas se están derritiendo glaciares para lixiviar minerales del lado chileno, según confesión de senadores y autoridades de ese país, donde el cobre –de baja ley mineral, agotándose- recibe más atenciones que el agua, escasa y ausente en muchísimos sitios de la puna mineral. Sin agua, no hay minerales e, inexorablemente, al promediar este siglo estas regiones no tendrán ni una cosa ni la otra. Pretender el traslado del líquido potable, de pozos salteños de Argentina hacia La Escondida de Antofagasta, en Chile, con dos acueductos de 3.000 litros de agua por segundo, cada uno, ratifica lo que advertimos aquí: “Nosotros –dijo el congresista trasandino- no podemos sancionar la ley que ustedes pretenden...Tenemos que derretir masa glaciar para obtener el cobre...”

Razonar sobre esto es inevitable. ¿Acaso los gobiernos extractivistas de Argentina, cámaras mineras, empresas transnacionales, renuncian a operar del lado argentino, aceptando el rigor de esta inminente ley?

Creemos que los posibles litigios rondarán interpretaciones legales según les convenga. Y seguramente abundarán en las secretarías de minería provinciales, que son la autoridad de aplicación de la actividad minera, evaluaciones permisivas de los informes de impacto ambiental, admitiendo la intervención en las áreas prohibidas, pero autorizando a tal o cual empresa con la sentencia de que su actividad “no afecta la condición natural del glaciar”, ni el deambular por él “implica su destrucción”, tampoco moverlo del lugar, porque para utilizar el agua que lo contiene no se requiere “trasladarlo ni interferir en su avance”: rezarán los informes de las mineras.

Imaginamos entonces un diálogo posible entre un funcionario decente (con esta ley en la mano) y un gerente minero:

-Señor, Ud. está destruyendo “ese cuerpo protegido”

-De ninguna manera. Tomamos nieve suficiente sin afectar “su condición natural”. No se me prohíbe intervenirlo; en realidad “no destruyo la condición natural del cuerpo protegido”.

-Pero hizo sondajes.

-Sí, claro, en lugares donde no altero su condición natural...Tampoco lo trasladamos de lugar...No interferimos en su avance”.

En fin, cosas que habrá que probar, porque estas discusiones legales se repetirán en provincias acostumbradas a conformar evaluaciones de impacto ambiental abusivas e injustas.

En otras palabras, mientras la autoridad de aplicación se halle en manos de los gobiernos provinciales, los Gioja, Beder Herrera o Castillo rubricarán los informes de impacto ambiental presentados por las empresas, aprobando sus labores mineras. ¿Acaso no multó la provincia de San Juan a Barrick Gold por derrame de combustibles en áreas a proteger, en plena reserva de biosfera de San Guillermo, condenando a la canadiense con 250.000 pesos, que nunca pagó?. Recordemos que es como el día y la noche, el informe de impacto ambiental aprobado para iniciar la actividad y la finalización de la explotación minera.

De modo que nos esperan otros objetivos urgentes. Reemplazar las leyes mineras vigentes, el código de minería y atacar decididamente el tratado binacional minero de implementación conjunta chileno-argentino. Es la única manera de respaldar la ley de protección de glaciares y área periglacial.

Vamos por más.

Eran las tres de la madrugada y en plena sesión del congreso nacional, algunos diputados provinciales gritaron desaforadamente: “Los glaciares son míos, están en mi territorio”. Otros recurrieron a dicotomías centralistas, intentando rememorar a federales y unitarios. No faltó la perturbación de un diputado sanjuanino que fundamentaba la escasez del agua explicando que había que hacer minería, ignorando que se requiere no menos de mil litros de este elemento impregnado de ácido sulfúrico o de cianuro para lixiviar las rocas metalíferas y deslizando con habilidad dolosa que se usa más agua para la agricultura que para la mega minería a cielo abierto.

Abundaron barbarismos de todo tipo y los proferidos por el diputado Gioja, hermano del gobernador feudal, eran más relevantes: “El agua se limpia y se recicla en nuestra minería”, dijo el proveedor de las mineras, y lo proclamó sin inmutarse. Hubiéramos deseado en ese momento que de algún sector de la contienda se le dijera que la propia transnacional informó (IIA) que consumirá 360 litros por segundo, noche y día, los 365 días del año durante 15 ó 20 años de explotación de los yacimientos.“Esa cantidad ¿la reciclan, la limpian? ¿Dónde se deposita?”

Concluir que es preferible no contar con ley alguna significa entender que por sí sola esta norma legal se halla desamparada y bien puede ser utilizada con el argumento de que se hace minería conforme a la legislación vigente, refrendada por la provincia generalmente asociada a los intereses mineros.

Vale la pena recordar nuestra respuesta a los parlamentarios de Ottawa que habían tejido un proyecto de ley (C-300) convencidos de que controlarían a sus mineras en el extranjero:

-Usted las va a legitimar. Esta minería no se puede controlar –se le dijo.

-¿Qué propone, entonces? me pregunta John Mac Kay.

-Que se retiren. Queremos que se vayan.

Esta es francamente la posición de todas las comunidades afectadas por la invasión transnacional y corporativa del despojo.

La respuesta que le dimos al legislador canadiense es la misma que proponemos aquí frente a la inminencia de la ley de protección de glaciares y área periglacial.

¿De qué sirve entonces la ley que nos ocupa?

Creemos que es una herramienta vital a utilizar por los movimientos sociales y en debates públicos. La ley nos permitirá ejercer un observatorio permanente que atienda a su cumplimiento y nos obliga a exigir el acatamiento del artículo séptimo de evaluación de impacto ambiental que expresa: “deberá respetarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 de la Ley general del Ambiente.” Impulsar esta norma es fundamental.

Esta ley nacional, esta regla que esperamos entre en vigencia cuanto antes, nos permitirá exigir en todas las provincias y municipios el rechazo de cualquier legislación que sobre el particular (glaciares y periglaciares) sancionen las provincias con intención de evadir el texto y espíritu de la presente, continuando de ese modo con la habitual promiscuidad extractiva.

En definitiva, le ley de protección de glaciares y ambiente periglacial no prohíbe las actividades mineras en la cordillera, precordillera y estribaciones, pero es uno de los triunfos más resonantes logrados por nuestros colectivos sociales, el poder de la asambleas, la unión y el esfuerzo conjunto de comunidades que están siendo judicializadas y reprimidas. Vamos por mas. Es imprescindible lograr la abolición de la actual legislación minera y se está en ese camino; por eso merecen un reconocimiento especial los legisladores que en el Congreso Nacional están promoviendo leyes que revoquen las instauradas en la década de los 90.

Ratifiquemos una vez más el aplauso que brindamos en el recinto a aquellos congresistas (sin dar nombres para evitar injustas omisiones) que en la madrugada del 15 de julio sostenían públicamente que este debate a nivel nacional se debe a la unión de múltiples asambleas que en todo el territorio del país oponen una resistencia desigual sin renunciamientos.

Reconozcamos con ponderación a los compañeros de las distintas asambleas del interior y de la capital del país que se concentraron desde horas tempranas aguantando el frío reinante, a quienes incompresiblemente se les negó la entrada al recinto de sesiones. Muchos se trasladaron de lugares lejanos, del litoral y del noroeste, del sur rionegrino y del Andalgalá catamarqueño. Más de doscientos compañeros ejercieron una presión que no fue desconocida. Iban rotando en la puerta del congreso nacional y a las cinco de la madrugada aún discutíamos en las calles el levantamiento de la sesión cuando un par de diputados del PRO y del Frente para la Victoria impedían el quórum en plena discusión del artículo sexto del proyecto de ley de protección de glaciares y área periglacial.

La Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC, sesionará del 13 al 16 de agosto en Santiago del Estero. El día 12 habrá un foro en el paraninfo de la Universidad santiagueña; será el lugar adecuado para continuar el debate y búsqueda de nuevas estrategias porque cada vez son más los pueblos que resisten y se rebelan enfrentando a lacayos serviles de corporaciones que diezman territorios, devastan contaminando y saquean. Los ámbitos institucionales también merecen un gran esfuerzo de todos nosotros. Discutamos cómo hacerlo. No dejemos un solo espacio, no les demos respiro.

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Argentina: Los “expedientes secretos” de la dictadura militar

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

En un día como hoy hace ya 34 años, el 19 de julio de 1976, un “ grupo de tareas” integrados por efectivos del Batallón de Inteligencia 601 y el personal del Servicio de Inteligencia del Estado -SIDE- irrumpió en un departamento, ubicado en la calle, Venezuela al 3100, de Villa Martelli. En él se encontraban, Mario Roberto Santucho y su compañera Lilian Delfino, Benito Urteaga y su hijo de solo 3 años José, Domingo Menna y su compañera Ana Lanzilotto de Menna, embarazada de 6 meses.

La patota la encabezaba el capitán Juan Carlos Leonetti -entrenado en la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la siniestra CIA- que encabezaba un equipo especial cuya tarea era “asesinar” a la cúpula del Partido Revolucionario de los Trabajadores -dirección político militar del Ejército Revolucionario del Pueblo.

Aún hoy el predio sobre el que funciona el Batallón de Caballería Motorizada con asiento en la ciudad de Paraná lleva su nombre y en democracia se le han rendido homenajes en la localidad entrerriana de María Grande.

Se produjo un tiroteo, y como consecuencia del mismo, resultó asesinado Benito Urteaga y muerto, el citado Leonetti, posiblemente por disparos de su propio grupo.

Resultó también seriamente herido el Secretario General del PRT-ERP Mario Roberto Santucho. Él, junto con sus acompañantes, fue trasladado a la Unidad Militar de Campo de Mayo, falleciendo pocas horas después de su ingreso, sin que se le prestara asistencia médica. Su compañera y la pareja Menna-Lanzilotto integran la larga lista de “desaparecidos”.

El hecho fue informado por todos los medios, como un gran éxito en la lucha contra la “subversión judeomarxista” y el propio Videla, reconoció, en el juicio que estamos sustanciando en el Juzgado Federal de San Martín, que redactó el comunicado que daba cuenta del operativo.

La supuesta “victoria” se “festejó” en la Embajada de los Estados Unidos cuyo, titular era Robert Hill -la información aparece en la documentación desclasificada por el Departamento de Estado-.

Luego de 7 días no se habló más del tema. Los diarios dejaron de hacer conjeturas sobre lo que se interpretaba, como la mayor “victoria” mediante la cuál se había “aniquilado” a la dirección de la organización revolucionaria PRT-ERP.

¿Qué cambió en una semana? Sin duda el Estado Mayor General del Ejército y la Junta Militar gobernante variaron la táctica y estrategia.

Al reconstruir los hechos, 20 años más tarde, en la Información Sumaria que se sustancia en San Martín y en el Habeas Data que está radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº: 1, surge como evidencia que la Dictadura, con la concepción dominante, decidió conservar los restos de Santucho y Urteaga como trofeos de guerra y prenda de la posible negociación con el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Para el General Santiago Omar Riveros, en ese momento el “capanga” de Campo de Mayo y responsable de las torturas y “desaparición de más de 5000 compatriotas”, “Robi”, como lo llamaban sus compañeros a Santucho, era el “Comandante del Ejército Rebelde”-así lo manifestó en las actuaciones judiciales citadas-.

Por su parte, para el genocida Antonio Domingo Bussi, que exhibió el cadáver de Santucho, al inaugurar el “Museo de la Subversión Juan Carlos Leonetti” en 1979, “no existieron procedimientos ilegales, todo se escribía y se hacían 3 copias, una quedaba en la Unidad Militar que intervenía en el operativo, otra iba al Cuerpo Militar del que dependía ésta, y la tercera se remitía al Estado Mayor General (declaraciones prestadas en los autos Santucho, Ana Cristina y otro s/ Información Sumaria”.

Desde hace 15 años están en curso 2 procesos judiciales dirigidos a recuperar los restos de “Robi” y de Benito y, a saber, cual fue el destino de Liliana, el “Gringo” y su compañera.

Uno se sustancia en el Juzgado Federal de San Martín. En 1500 fojas hemos logrado reconstruir que pasó luego de que llegaran a Campo de Mayo los compañeros. Por el testimonio del Dr. Carlos Sparrow, médico en esa época de la policía de San Martín, sabemos que lo obligaron a redactar las 2 partidas de defunción NN; ya que los médicos militares le manifestaron que temían “la represalia del ERP”.

En las mismas, que están agregadas al expediente, se describen los rasgos físicos de nuestros compañeros, atribuyendo su muerte a los disparos de armas de fuego que recibieron.

En todo este tiempo nos hemos preguntado que fue de los “expedientes reservados” de los que habló el genocida Bussi en su testimonio. ¿Puede haber sido incinerada esa documentación por Bignone?

En un reciente testimonio prestado en el juicio que se sustancia en Tucumán, en el que el principal imputado es el citado Bussi, Juan Carlos Clemente acompañó documentos en el que se dan los nombres de 293 víctimas del Terrorismo de Estado.

Este hecho nos reafirma en lo que hemos venido planteando desde hace décadas, en las dos causas en las que tratamos de localizar los cadáveres de Robi y Benito y saber que les pasó a sus acompañantes.

Los militares, por tradición, documentan todo y mas, cuándo, como en este período estaban “defendiendo el modo de vida occidental y cristiano” e “impidiendo que la bandera roja reemplace la azul y blanca”, como dijera el genocida Videla en la declaración que prestara el pasado 12 de julio en el juicio que se le sigue en Córdoba.

Es evidente que ninguno de los gobiernos que surgieron luego del 10 de diciembre de 1983 tuvo la voluntad política de exigir a las Fuerzas Armadas la entrega de la documentación -los expedientes reservados- que sin duda registran cada uno de los casos de secuestrados-desaparecidos y cuál fue la “disposición final”, como describe al asesinato, la documentación aportada en el juicio en Tucumán.

Alfonsín, con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y su adhesión a la teoría de los “dos demonios”, trató de circunscribir la responsabilidad de los “excesos” en los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Menem, por su parte, mediante el indulto intentó cerrar lo que sin duda es el período más oscuro y trágico de la Historia Argentina del Siglo XX, sin Verdad y Justicia.

Durante este siglo el Congreso Nacional anuló las leyes de la impunidad y la Corte Suprema de Justicia declaró a los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado como “de lesa humanidad”. El gobierno de Néstor Kirchner y el posterior de su esposa acompañaron las decisiones que avanzaron por el camino de la Justicia, pero sin Verdad.

Es fundamental para los familiares de las víctimas y para todo nuestro pueblo que el Gobierno Nacional exija, bajo pena de destitución en caso de negativa, a los mandos de las tres Armas que entreguen la documentación que en algún lugar han preservado y así poder saber que pasó con nuestros padres, hijos, hermanos, compañeros y amigos.

De esta forma se haría un concreto aporte en el camino de la Memoria, Verdad y Justicia, más allá de lo meramente declarativo y de sólo circunscribir la cuestión a juicios, que con toda lentitud en el procedimiento, van “condenando” a patéticos personajes que están “mas cerca del arpa que de la guitarra”.

Esta decisión debe ser acompañada con una profunda depuración de las “fuerzas de seguridad” -Gendarmería, Prefectura y Policía Federal y provinciales- las que hoy todavía albergan en sus filas a quiénes tuvieron una activa participación en la represión.

De esa forma podremos decir que se ha hecho Justicia con mayúscula.

Manuel Justo Gaggero es abogado de las familias Santucho y Arteaga. Ex Director del diario EL MUNDO y de la revista NUEVO HOMBRE.

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La Multisectorial pidió que no se tape la masacre: En Bariloche reclamaron juicio y castigo a los asesinos de Bonefoi, Carrasco y Cárdenas

PRENSA DE FRENTE

El sábado pasado, al cumplirse un mes de los asesinatos de Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco y Diego Bonefoi, familiares y vecinos realizaron una movilización hasta el centro cívico de la ciudad de Bariloche exigiendo cárcel común y efectiva ya a los asesinos de los jóvenes. Además, reclamaron la renuncia del Gobernador Saiz, del Ministro de Gobierno Larreguy y el Secretario de Seguridad Cufré. De la marcha también participaron familiares de Juan Carlos Vásquez, Jorge Pilquimán, Titi Almonacid, Franco Carón, Walter Cárdenas y Raúl Carriqueo, asesinados en casos que no han sido investigados ni esclarecidos. A continuación reproducimos un informe sobre la situación social en Bariloche.

Informe sobre la situación social en San Carlos de Bariloche frente al Terrorismo de Estado que asesinó a los jóvenes Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco

El día 17 de Junio de 2010. Breve genealogía y contextualización.

San Carlos de Bariloche ha vivido en los últimos 15 años un estado progresivo de deterioro social que apenas ha sido atenuado espasmódicamente por una creciente reactivación del turismo -principal motor de desarrollo económico de la ciudad- desde cuyo producto no se genera ninguna política significativa de redistribución de ingresos.

Tal situación observable claramente en la extensión de la pobreza, la persistencia del hambre y las altas tasas de desempleo en una población que no deja de crecer -contando hoy con casi 140.000 habitantes-, apenas se “compensa” con ínfimas políticas focalizadas de contención social.

Los detalles de un trabajo reciente realizado por un centro de estudios locales/regionales (CER) manifiestan que San Carlos de Bariloche tuvo durante 2007 un índice de crecimiento de su PBI y su ingreso per cápita mayor que el promedio nacional. Sin embargo, los contrastes económicos son inconmensurables: el 10 por ciento más rico de la población supera 32,1 veces a los recursos anuales del 10 por ciento más pobre de la ciudad. De tal modo -conforme a los parámetros del INDEC- el 31,2% de los residentes locales debe ser encuadrado en la categoría de ‘pobres’. “De acuerdo a sus ingresos mensuales, al 30 de abril de 2008, el 20,10% de los habitantes de la ciudad se encontraba entre la línea de pobreza (demarcada en $ 2.188,62) y la de indigencia ($ 1.017,96), mientras que 11,10% no llegaba a ésta última” sostiene el informe.

Queda más que claro por lo tanto cuáles son siempre las prioridades en la ciudad de la nieve y la postal. La tensión social constituye una realidad a la que los barilochenses no enfrentamos cotidianamente de diversas maneras.

En Rio Negro el estado de corte claramente neoliberal comenzó a organizarse sin retorno a partir de 1995 tras un colapso irreversible que desembocó en un modelo social excluyente cuya consecuencia fue la violación sistemática y profunda de los derechos más elementales para las bastas mayorías. En su lugar lo único que se “distribuyó” por un lado fueron planes sociales y asistencialismo alimentario a las poblaciones afectadas sobre la base de una extensa red de clientelismo político y por el otro el reforzamiento del sistema represivo institucional territorializado que tuvo y tiene como objetivo fundamental el control y disicplinamiento de las zonas y de la población más pobre. En San Carlos de Bariloche : “el Alto”.

La represión y la criminalización, tanto de la pobreza como del conflicto social, se constituyen así en los modos y las respuestas que el Estado organiza sistemáticamente a través de sus instituciones frente a la diversidad de manifestaciones sociales que intentan hacer visibles sus problemas buscando alguna posible incidencia en las políticas públicas.

De tal manera, entendemos que en el contexto actual la criminalización conforma el mecanismo de acción que judicializa tanto al sedicioso-manifestante de una protesta social que bloquea una ruta u ocupa un edificio, como a aquel que comete un delito común cuyo profundo sustrato es la pobreza y la carencia de derechos fundamentales. Tales modos como sostiene el jurista Eugenio Zaffaroni han generado una nueva doctrina de la seguridad urbana cada vez más amplia y consolidada. Su matriz se sostiene en el conjunto de dispositivos represivos que se dan tanto en la actuación directa de sus fuerzas de choque como en la formalización de la reclusión de sus víctimas en constante crecimiento. En los últimos años resulta evidente el aumento de la población carcelaria y el agravamiento de sus condiciones de vida en las unidades penitenciarias de todo el país, y en el de la provincia en particular.

En el contexto descripto de ampliación y polarización de las contradicciones sociales, durante el presente 2010 la violación de los derechos humanos ha encontrado en la localidad un nuevo punto de inflexión que se condice con el general.

Entre esos principales elementos nos interesa destacar los datos que siguen en una breve y puntual genealogía que traduce los niveles y giros políticos alcanzados en la localidad y en la provincia hasta llegar a las muertes de Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco el pasado 17 y 18 de junio del corriente año.

En 1995 se crea el BORA: (Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto) grupo especial de choque que fuera creado para hacer frente a la intensa movilización social, ola de ocupaciones y tomas de edificios públicos en las distintas localidades de la provincia tras los conflictos que se desataran frente a los retrasos en los pagos de los salarios estatales y los inicios de las luchas contra los ajustes en el marco del segundo plan de reformas del gobierno menemista y fin del gobierno de Horacio Massaccesi .

Aún no se halla desmontado y por el contrario complementa en forma permanente el accionar policial de la provincia.

En 1996 ya era de público conocimiento que la Alcaidía local poseía una población carcelaria que duplicaba el número que podía contener.[1]

En 1997 se desarrollan cortes de ruta en defensa de los salarios y en contra de los ajustes estatales a partir de los gremios nucleados en CTA y de la participación particular de la comunidad educativa. Se inicia el procesamiento de una decena luchadores sociales, gremiales y comunales y se culmina con la condena en 2001 de Marina Schifrin por parte del juez federal Leónidas Moldes. El caso llega a la Corte Suprema de la Nación pero es dejado en prescripción.

Hacia principios de 1998 un conjunto de grupos juveniles del “alto” comenzaron a ser estigmatizados y responsabilizados de “desbordes preocupantes” (Informe realizado por la Policía de la provincia de Rio Negro dirigido al Ministerio del Interior de la Nación -en ese momento Carlos Corach-). El pedido de liberación de uno de los miembros del grupo por parte de unos treinta jóvenes significó ya en ese momento el ataque a la Comisaría N ° 28, situación que motivó la interposición del juez de turno, la asesora de menores, varios concejales y la intervención del BORA.[2] Esto da cuenta del significado particular que dicha comisaría posee en esa zona concentrando el odio y la bronca de la población juvenil.

En febrero de 2000 se produce el asesinato de Héctor “Titi” Almonacid, caso de represión y abuso policial que se caratula socialmente y en los medios locales como “gatillo fácil”. La intervención de la justicia dejó sin condena alguna tanto al sargento Miguel Angel Anticura -acusado de realizar el disparo contra “Titi”- como a Elio Daniel Tapia, acusado por la acción de "falsear" el acta de procedimiento policial llevado a cabo en el barrio 34 Hectáreas por personal de la Comisaría N º 28. Asimismo fue absolutamente comprobado que la bala había sido de un policía a la vez que descartada que la víctima y quienes lo acompañaban en ese momento habrían disparado contra los uniformados.

Un proceso de militarización y aumento de represión constante y creciente sobre los barrios altos de la ciudad se da en 2005 luego de la muerte del remisero Néstor Cid, en el que participaron conjuntamente fuerzas provinciales y federales organizando una verdadera línea de fortines en el control de ascenso y descenso de la población hacia el caso urbano. Ese mismo año se produce el caso de Jorge Pilquiman.

Un balazo policial en 2006 le arranca un ojo a Blanca Grande, una joven madre del barrio 34 hectáreas cruzada por el fuego de las fuerzas de seguridad en el marco de un operativo “cerrojo” que se realiza en ese mismo barrio y dentro del plan de acorralamiento y control desplegado desde el año anterior.

El caso de Jairo Britez de 20 años se da en 2007. El joven había sido sacado a la fuerza del boliche Babilonia por policías que cumplían adicionales como patovicas. Cuando volvieron a tener noticias, Jairo se encontraba internado, en grave estado. Según la versión oficial de la Comisaría 2ª, ellos lo "encontraron" golpeado sin conocimiento cerca del Lago a partir de una llamada anónima. El paralelismo de lo sucedido con el asesinato de Jorge Pilquimán hizo que de inmediato los familiares y amigos de Jairo, acompañados por el Colectivo del Alto, se concentraran en el Centro Cívico pidiendo justicia y pronta condena por este hecho. Jairo tuvo graves lesiones en el cráneo, golpes en el cuerpo, y estuvo estado de coma.

Los jóvenes de los Barrios del “alto” de Bariloche sufren persecución cotidianas y sistemáticas por parte de las fuerzas de seguridad de este Estado al mando de los Gobiernos de turno y son los mismos a quienes se les niega los derechos más elementales para la vida como alimentación, vivienda, acceso a la educación, la salud, al trabajo, la gran mayoría de estos ellos pertenecen a familias desocupadas que viven con un plan social de $150 devorado en los primeros días del mes por la feroz inflación, en una ciudad donde la canasta familiar es una de las mas caras de la Argentina. A estos jóvenes que se les impide sistemáticamente bajar al centro de la ciudad como parte de una política que pretende sostener la postal de la “hermosa Bariloche turística” y a quienes además se les quiere imponer como salida el alcohol y la droga se rebelaron y salieron a la luchar.

Paralelamente, y como otro conjunto de elementos fundamentales a observar, las planas gubernamentales de la provincia protagonizan un escándalo a inicios de 2010. Más de 40 actuales o ex ministros, legisladores, titulares de organismos y hasta jueces se hallan con imputaciones penales. Una docena de ellos se encuentran procesados y el resto está imputado o investigado. Las acusaciones mayoritarias son por defraudación al Estado y, en general, los inculpados formaron parte de los gobiernos de Pablo Verani y Miguel Saiz.

Junio-Julio de 2010:

La madrugada del jueves 17 de Junio fue asesinado en un barrio del Alto de Bariloche, un joven de 15 años DIEGO BONEFOI, víctima del gatillo fácil de la policía de Río negro. Al enterarse del hecho, vecinos y familiares se movilizaron hacia la Comisaría N º 28 (Ubicada en el Barrio Furman, donde asesinan al joven y lugar donde desempeñaba funciones los efectivos responsables) en repudio a este asesinato. La policía respondió con una brutal y sangrienta represión usando armas de fuego matando a dos jóvenes, NICOLAS CARRASCO Y SERGIO CARDENA, de 17 y 29 años.

La represión a manos de la policía policial frente a la furia del barrio, que ante el asesinato de los jóvenes apedreó a la Comisaría N °28 dejó además un saldo de al menos 10 heridos y 20 detenidos.

A lo largo del día 17 de Junio, la ciudad se encontró en una situación de indefección absoluta, dado que el único aparato gubernamental presente era la policía y el Bora, que reprimían con gases lacrimógenos, balas de goma y balas de acero. No hubo funcionario Municipal, Provincial, judicial que respondiera a la solicitud pública de cese represión.

Se organiza una movilización convocada por vecinos y vecinas en unidad con distintas organizaciones de Derechos Humanos, Sociales, Gremiales Políticas que inmediatamente reclama por el esclarecimiento de los hechos, verdad y justicia.

Se constituye una Multisectorial contra la represión institucional y policial. Esta se va organizando en torno a un conjunto de organizaciones sociales y algunos partidos políticos y sindicatos que comienzan a coordinar acciones a corto mediano y largo plazo en relación a las causas directas pero también profundas que desencadenaron la tragedia.

La Pastoral Social Región Patagonia-Comahue integrada por las Diócesis de Viedma, Alto Valle, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y la Prelatura de Esquel participa desde la multisectorial y emite un duro comunicado donde denuncia " la complicidad entre el gobierno y la policía como responsables directos de estos hechos" reclamando que "sea garantizada la transparencia y honestidad de la investigación de los hechos y que se supere una falsa polarización en las posturas a favor de unos u otros, que nos impiden ver el problema de fondo", rechazando además “toda implementación de 'políticas de mano dura', 'limpieza', 'autoritarismo' y 'terror' que, disfrazadas de justificación, sólo logran poner en riesgo a la democracia y convierte en vulnerable a todo el pueblo"

La única presencia, momentánea, la Secretaria de DDHH Provincial Gladys Cofré. Del Cuerpo Deliberante, solo tres concejales Darío Duch, Arabella Carreras y Alfredo Martín se acercan a la Sala de prensa ocupada por las organizaciones sociales hasta obtener respuestas oficiales. De los tres solo el primero continuó ligado a las demandas de esclarecimiento y justicia y al trabajo con la multisectorial.

Desde la “Multisectorial contra la represión en Bariloche” se impulsaron diversas actividades de denuncia y lucha contra la impunidad y por políticas publicas que contemplen a los jóvenes. Conferencias de prensa, ocupación de la sala de prensa de la Municipalidad , volanteadas en la vía publica, dos multitudinarias marchas bajo la nieve y la lluvia, tomando medidas de protección a testigos entre otras.

Exigiendo la renuncia del Gobernado Saiz, la remoción del Ministro de gobierno Diego Larreguy y del Secretario de Seguridad Victor Cufré.

Se producen dos manifestaciones a favor de la policía del 20 y 21 de junio con la presencia de miles de personas que aplaudían el accionar policial con la gravísima presencia de varios Concejales en la misma: Laura Alves, Claudio Otano y Hugo Cejas además de reconocidos empresarios y comerciantes de la localidad. En dicha oportunidad la fuerza policial desfilaba frente a las personas allí presentes frente al centro Cívico en una clara actitud provocadora e irrespetuosa con el dolor de quienes velaban a sus familiares muertos.

El juez del Juzgado de Instrucción Numero II, Lozada Martín carátula causa de Diego Bonefoi como homicidio doblemente agravado debido a haber hecho uso del arma policial a una distancia de no mas de 3 metros y por detrás del joven. Ordenando la Prisión preventiva del Policía Colombil acusado de asesinar al joven

Comienzan a producirse un conjunto de amenazas directas y diversas sobre quienes pueden resultar testimonios claves en el juicio contra el cabo Sergio Colombil o han alzado la voz en demanda de verdad y de justicia públicamente. Se hace nuevamente evidente la selectividad del amedrentamiento sobre un medio de radio popular: FM Gente de Radio y la abogada y militante social Marina Schifrin, entre otros.

La Cámara Segunda del Crimen -conformada por los camaristas César Eduardo Lanfranchi, Héctor Leguizamón Pondal y Miguel Angel Lara- apartan de la causa de Diego Bonefoi al Juez Martín Lozada de consabida posición garantista. Es de destacarse además que los dos últimos camaristas se hallan altamente cuestionados por actuaciones escandalosas. En el caso de Leguizamón Pondal por su participación en insultos antisemitas y solicitud del apartamiento de la causa al camarista Carlos Rozanski por ser judío mientras se lo investigaba por corrupción. Miguel Lara ha sido duramente cuestionado por sus actuaciones frente a menores en audiencias judiciales. Tal cuestión motivó al mismo Rozanski a ser autor de la la Ley 25.852 que protege a los menores en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, prohibiendo su participación en una audiencia como víctima o testigo.

A partir del apartamiento del Juez Martín Lozada, el caso queda a cargo del juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi que cambia la carátula de la causa. Esto le permite quitar la prisión preventiva al cabo Sergio Colombil .

El Inadi se expresa de manera crítica frente al apartamiento del Juez Lozada donde se plantea que existe un cuestionamiento a su línea e ideología por parte de la corporación de jueces de la localidad.

El gobernador no se hace presente en San Carlos de Bariloche durante los 15 días que sucedieron a los violentos hechos. El silencio es adjetivado como estremecedor. La decisión de Miguel Saiz de no destituir de sus cargos ni al jefe de la Regional policial de Bariloche, Argentino Hermosa ni al Secretario de Seguridad y Justicia Víctor Cufré, ni el Ministro de Gobierno Diego Larreguy aduciendo la espera de la actuación judicial, genera una reacción de los familiares de las víctimas y de la multisectorial. Saiz anuncia inversiones en seguridad y asistencia social. Durante la conferencia de prensa la policía vuelve a actuar de manera violenta frente al periodismo golpeando a una reportera del diario Clarín. Saiz expresa a Familiares de las victimas que “si la gente rompía la comisaria los policias tenian que defenderla” con lo cual legitima el acciona asesino y reafirma el terrorismo de estado.

El CELS presenta su informe de DDHH anual en San Carlos de Bariloche y participa de una sesión de Concejo Deliberante donde proponen adherir al Acuerdo de Seguridad Democrática impulsado por el Congreso de la Nación en 2009 criticando al gobierno provincial y “a la política de mano dura”. Al mismo tiempo manifiestan su profunda preocupación por el apartamiento de la causa del Juez Martín Lozada. El organismo adelantó que analizará la posibilidad de llevar el caso Bonefoi a instancias internacionales.

La Defensoría del Pueblo a cargo de Ana Piccinini vuelve a denunciar en contexto los innumerables casos de apremios ilegales, balazos, golpes y muertes en los calabozos y la vía pública en manos de la policía rionegrina sin que ello ameritara ninguna actuación por parte del gobierno de Miguel Saiz. La presentación del informe se había realizado en abril de este año (Se adjunta articulo de diario que sintetiza el Informe de la funcionaria).

En Dina Huapi el PPR (Partido Provincial Rionegrino) solicita al intendente actúe frente al avance de los robos y la delincuencia mediante una carta pública sumándose al pedido de “mano dura” y una escalada institucional que no cede en avanzar.

El Juez Gaimaro Pozzi dictó el sobreseimiento a Nilda Rodriguez de Runge y José Runge en el marco de la causa por “distribución facilitación y tenencia de pornografía infantil”, suceso que representó un escándalo en la ciudad pues ambos habían sido conocidos docentes de ejercicio de años a su vez que parte de las familias tradicionales de la ciudad.

En síntesis y hasta el momento en que se escribe el presente informe, la situación descripta en la provincia de Rio Negro y San Carlos de Bariloche permite observar con certeza no sólo el avance progresivo, peligroso y permanente de niveles de violencia y represión institucional a manos de la policía rionegrina y el grupo BORA -como brazos ejecutores del Estado, que es expulsor- sino también las actuaciones funcionales y complementarias de la Justicia provincial y federal cuya orientación convalida una larga tradición en Argentina: castigar a los desprotegidos, criminalizando cualquiera de sus acciones, mientras deja libres o con penas atenuadas a los responsables directos del “gatillo fácil”, “el terrorismo de estado, la corrupción o el robo “de guante blanco” que liga a figuras prominentes de la sociedad o directamente a los funcionarios políticos que ocupan u ocuparon cargos en el Estado en todos sus niveles.

Este tipo de accionar “mano dura” frente al tema de la “inseguridad” resulta una preocupante cuestión que deberá ser afrontada la Aplicación de Políticas Públicas acordes a la realidad que vivimos. La ilusoria y fantasiosa representación acerca de soluciones rápidas y mágicas que ofrecería la violencia institucional y la reclusión carcelaria como respuesta a los gravísimos problemas sociales que continúan padeciendo las bastas mayorías criminalizadas en su condición de pobreza y de protesta, convierten en una ilusión la pretendida sociedad democrática en todas sus dimensiones y respetuosa de los Derechos Humanos.

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