lunes, 2 de agosto de 2010

Las noticias censuradas: ¿Quien hundió al buque surcoreano Cheonan? (Parte III) - Estados Unidos promueve una nueva guerra de Corea

Mark Selden (GLOBAL RESEARCH)

Traducción: Ernesto Carmona
(Medios independientes de EEUU, Corea y Japón sacaron a la luz que la corbeta Cheonan, de Corea del Sur, pudo hundirse -el 26 de marzo- por “fuego amigo” estadounidense en el desarrollo de los ejercicios militares conjuntos de EEUU y Corea del Sur realizados a escasa distancia de las costas de Corea del Norte (República Popular Democrática de Corea, RPDC).

Bajo el título “Desestabilización en la Península de Corea: una nueva etapa en la guerra EEUU/Corea” (Destabilization of the Korean Peninsula: A New Stage in the US-Korean War) el periódico electrónico estadounidense GlobalResearch reprodujo un extenso artículo del periodista japonés Tanaka Sakai, publicado en The Asia-Pacific Journal, el 24 de mayo de 2010, que cuestiona la versión oficial sobre el hundimiento del Cheonan. A continuación ofrecemos un comentario de Global Research sobre el trabajo de Tanaka, escrito por Mark Selden).

A las 9:22 de la noche del 26 de marzo, la corbeta Cheonan de la Marina de Guerra de Corea de Sur, de 1.200 toneladas de desplazamiento, patrullaba el Mar Amarillo cuando fue partida en dos y se hundió en aguas de la isla Baengnyeong, un área disputada a 20 km de Corea del Norte, el punto más cercano a la RPDC en territorio de Corea del Sur [y a unos 170 km de Pyongyang, la capital del Norte]. Murieron 46 tripulantes y fueron rescatados vivos otros 58, de un total de 104. Fue el peor desastre naval de Corea del Sur desde 1974, cuando perecieron 159 militares en el volcamiento de una lancha de desembarco de la Marina de Guerra.

Casi dos meses después, continuaba la coreografía política elaborada para explicar el desastre por las dos Coreas y Estados Unidos. Las consecuencias fueron enormes: exaltaron las tensiones en la península de Corea a una nueva etapa de lucha en la Guerra de Corea, con un alto nivel de enardecimiento. Las encuestas mostraron, a principios de mayo, que el 80% de los ciudadanos de Corea del Sur creían que el desastre fue causado por un ataque norcoreano.

Los grandes medios de EEUU, Europa y Japón continuaron imponiendo su versión del ataque al Cheonan por una nave de la RPDC. La prensa internacional no mostró ningún interés en el seguimiento de las dudas abiertas por algunos medios surcoreanos e investigadores ciudadanos e independientes. Un artículo del periodista japonés Tanaka Sakai no resuelve el caso, pero expone anomalías en los informes oficiales surcoreanos e invita al escrutinio de una gama de intrigantes detalles que ameritarían una investigación seria.

Una investigación de Corea del Sur -patrocinada con el soporte técnico del Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Canadá y Australia- el 20 de mayo le garantizó al gobierno surcoreano que el submarino fue hundido por un torpedo de Corea del Norte. Caso cerrado. Sin embargo, es evidente que importantes contradicciones fueron ignoradas o suprimidas por EEUU y las autoridades de Corea del Sur.

El artículo del periodista independiente Tanaka Sakai presume qué puede haber sucedido durante la noche del 26 de marzo y en los días posteriores. Las notas de prensa y fotografías transmitidas por la TV y los medios de Corea del Sur suprimieron un acontecimiento relevante: a la misma hora del incidente y en la misma ubicación del Cheonan, se desarrollaba un ejercicio militar conjunto de EEUU y Corea del Sur. El periodista Sakai rescató una gama de factores del sitio del acontecimiento, incluyendo detalles que posteriormente fueron suprimidos, algunos documentados completamente, otros especulativos, pero que se han omitido, torcido o silenciado en las narrativas de EEUU y Corea del Sur. Sencillamente, es plausible que el Cheonan haya sido hundido por “fuego amigo”.

¿Se hundió un submarino de EEUU?

Tanaka presenta pruebas que sugieren la posibilidad de que un submarino nuclear de EEUU haya estado en aguas de la isla Byaengnyong y que tal nave también pudo haberse hundido durante el incidente. También analiza anomalías en el desempeño de los navíos de EEUU en el salvamento y las operaciones de rescate que siguieron, incluyendo la muerte de un buceador de Corea del Sur durante la tentativa de recuperar ese submarino.

Al producirse el supuesto ataque estaban en juego problemas que podrían afectar al gobierno de Corea del Sur en vísperas de unas elecciones, que eventualmente incidirían en la relación militar de EEUU/Corea del Sur, debido a que Washington planea transferir la autoridad de comando a las fuerzas de Corea del Sur más tardar en 2012, a la vez que se amplía el rol de China en la geopolítica de la región. Por una parte, el incidente tiene implicaciones para las tensiones entre la RPDC y EEUU/Corea del Sur, y para el estacionamiento permanente en aguas surcoreanas de submarinos de EEUU dotados con armas nucleares. Sobre todo, existe la posibilidad de que pueda ser inminente una renovación de la guerra en la península de Corea, en un momento en que Corea del Sur ha cortado todo el comercio con el Norte y se moviliza exigiendo que la ONU endurezca sus sanciones a la RPDC.

El análisis de Tanaka, cuya primera versión apareció en su propio blog el 7 de mayo, estuvo entre los intentos más tempranos de sacar a la luz anomalías importantes en los informes oficiales de Corea del Sur, aunque algunas de sus conclusiones posteriormente fueron refutadas. Esto incluye la hipótesis de que fue hundido un submarino, mientras queda abierta la posible pérdida de otra nave estadounidense. Inicialmente, Tanaka dijo que el submarino hundido pudo ser el USS Columbia, pero esta nave retornó después a su base de Hawai. Sin embargo, siguen sin resolverse las cuestiones centrales planteadas por el periodista japonés, que son ignoradas en la información de los medios.

En la locación del incidente y en el contexto del ejercicio militar estadounidense-surcoreano Foal Eagle, llevado a cabo provocativamente cerca de Corea del Norte, el autor invita a los lectores a considerar si es plausible que las rudimentarias naves de Corea del Norte hayan podido hundir al Cheonan, equipado con radar y sonar, y luego escapar al Norte, en un momento de máxima alerta naval de Corea del Sur y EEUU. Y, si lo hicieron, el periodista pregunta por qué, en el periodo inmediatamente posterior, Corea del Sur siguió manteniendo silencio sobre el acontecimiento. Tanaka escarbó los posibles motivos para un ataque de Corea del Norte, pero también consideró el atractivo de la denuncia de un ataque norcoreano para el partido gobernante de Corea del Sur, interesado en minar la credibilidad del Norte y exaltar las pasiones nacionalistas y emocionales de los votantes, en vísperas de una importante elección. Éstas son solamente algunas de las cuestiones planteadas en ese artículo y en las indagaciones de otros investigadores.

Ver también:

Mark Selden, de 72 años, es coordinador del diario de acceso abierto The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, investigador mayor asociado del Programa del Este de Asia en la Universidad de Cornell y profesor de historia y sociología en la Universidad de Binghamton.


Foto: Corea del Sur - La proa del buque de guerra surcoreano Cheonan hundido en aguas del Mar Amarillo es levantada por una enorme grúa flotante instalada frente a la isla Baekryeongdo, cerca de la frontera marítima con la República Popular Democrática de Corea (RPDC). / Autor: XINHUA

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Tambores de guerra

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

La forma como Bogotá ha denunciado la presunta presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela y la supuesta tolerancia cuando no el apoyo del gobierno de Chávez a los insurgentes ha llevado al rompimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Por el montaje publicitario, por los modos y maneras y el escenario escogidos, apenas caben dudas sobre la intención de Uribe Vélez de dejar al presidente Chávez sin otra alternativa que el rompimiento y, de paso, darle la razón a quienes sostienen que el presidente colombiano no pierde oportunidad para dificultarle las cosas a Juan Manuel Santos, su sucesor el próximo 7 de agosto, quien ha anunciado una política exterior diferente que al parecer despierta las iras del actual ocupante de la Casa de Nariño. El peor escenario posible sería la guerra abierta entre los dos países, pero sin llegar tan lejos, y de no producirse un milagro, el resultado será que un restablecimiento pleno de relaciones se aplace por años, afectando los intercambios económicos mutuos en forma de comercio, divisas enviadas a sus familiares por colombianos que trabajan en Venezuela, la demora o, peor aún, la imposibilidad de construir un oleoducto para dar salida al petróleo venezolano por el océano Pacífico y perjudicando los múltiples negocios que afectan sobre todo a la industria colombiana y, obviamente, a la economía de las poblaciones fronterizas que desde siempre mantienen vínculos familiares y de un intenso comercio (en buena medida de contrabando) del que depende el sustento de amplios sectores populares a lado y lado de la frontera.

Sin duda, el incidente forma parte de dinámicas que exceden en mucho la problemática local habida cuenta del significado de ambos países. En efecto, Colombia aparece como la gran avanzadilla de los Estados Unidos y sus aliados europeos en la zona (“el Israel de los Andes”) y Venezuela, como un proyecto nacionalista y desarrollista que inclusive se propone superar no solo el marco de la dependencia sino el mismo sistema capitalista, inspirados en el Socialismo del Siglo XXI. Ya sea pues que los acontecimientos hayan sido fruto de la sola iniciativa de Uribe o resultado de esa intervención extranjera tan presente y decisiva en Colombia, lo cierto es que sus repercusiones vienen muy bien a la estrategia agresiva de los Estados Unidos y sus aliados. Por eso seguramente los gobiernos de Suramérica han reaccionado con prontitud para intentar que no ocurra lo peor, es decir, una guerra abierta que aumentaría la influencia de Washington en la región y rompería los actuales equilibrios.

Las acusaciones contra Venezuela no son nuevas ni resisten el menor análisis; apenas tienen valor unas fotografías trucadas por algún agente poco experto en la técnica del photoshop, campamentos guerrilleros que se asegura están en Venezuela pero pueden estar inclusive en el mismo territorio colombiano como ya ocurrió en denuncias anteriores, declaraciones de desertores pagados, tan válidas como su lealtad, fotografías de satélite que tienen el valor de las “pruebas” presentadas por Powel en la ONU para justificar la agresión a Irak, y sin que falte el computador de Raúl reyes, fuente inagotable de todas las “pruebas” que Bogotá necesite. En contraste, Venezuela acusa a su vecino de su muy sospechosa incapacidad para controlar la acción de paramilitares y narcotraficantes colombianos que constituyen una exportación del conflicto interno que Colombia se muestra incapaz de resolver (además de los cientos de miles de refugiados colombianos acogidos por Caracas). Y precisamente porque este conflicto termina afectado a todos los países vecinos éstos ofrecen reiteradamente sus buenos oficios como mediadores (sobre todo Lula, Chávez y Correa) con independencia de reales o imaginarias simpatías que se tenga por las causas en litigio. Sin embargo, como respuesta, Lula y Correa han sido acusados por diversas fuentes (y Bogotá no es inocente en estas maniobras) de recibir financiación de las FARC, un rumor perverso que la derecha de Brasil vuelve ahora a utilizar en la campaña electoral para empañar la imagen de la candidata del PT a la presidencia.

En muchas ocasiones Caracas ha denunciado también actividades hostiles de la derecha venezolana en Colombia contando con el beneplácito de Bogotá y con la abierta simpatía de medios y partidos pro gubernamentales además del cobijo generoso otorgado a golpistas y conspiradores, casi todos con orden de captura internacional. No una sino varias veces Caracas ha desmontado acciones criminales de grupos paramilitares colombianos al servicio de la derecha venezolana y ha capturado agentes de espionaje en diversas ocasiones. Tampoco es serio acusar a Venezuela de armamentismo y de ser un peligro para la zona si se considera la absoluta superioridad militar de Colombia, que cuenta además con el masivo respaldo de los Estados Unidos, algo que introduce un desequilibrio militar evidente y preocupante para todos los países del área, comenzando por Brasil que tiene razones muy particulares dado su papel de potencia es ascenso.

El incidente entre Venezuela y Colombia se produce cuando la presencia militar directa de los Estados Unidos en la zona no hace más que incrementarse, despertando temores y suspicacias. Y en esta estrategia Colombia tiene un destacado papel como avanzadilla con las siete bases militares (que se sepa) entregadas al control de Washington sin que Bogotá haya cumplido hasta ahora con su promesa de dar a conocer los términos de su tratado con Estados Unidos. No por azar el país es el tercer receptor mundial de ayuda militar estadounidense.

No menos preocupante resultan las nuevas bases gringas en Panamá y Honduras (golpe militar incluido), el despliegue de sus tropas en Paraguay y las instalaciones en Aruba y Curazao, desde las cuales aeronaves de la OTAN realizan vuelos de provocación en el espacio aéreo venezolano (¿qué papel juega la Alianza Atlántica en todo esto?). Entre tanto, por el Caribe navega la IV Flota, México está literalmente supeditado a la estrategia militar de los Estados Unidos con la excusa de luchar contra el narcotráfico y Haití soporta la ocupación masiva de la soldadesca del Tío Sam. Y para quienes abrigaban dudas al respecto, siete mil marines acaban de desembarcar en Costa Rica, acompañados por una impresionante flota de buques, aviones y armamento en general, en absoluto adecuados para la lucha contra el tráfico de narcóticos pero si de gran utilidad para agresiones militares como las que contra su país repetidamente denuncia el presidente Chávez.

Seguramente que en un ejercicio de sensatez los gobernantes suramericanos reunidos hoy en Quito intentarán rebajar el nivel de la tensión y buscar fórmulas de arreglo pacífico. Para muchos de ellos (Brasil en particular) es indispensable que el asunto no pase a mayores y que todo quede como una anécdota más de la larga lista de comportamientos rurales del presidente Uribe que ha alimentado con verdadero celo el aislamiento de Colombia en la región y en particular de su vecindario inmediato.

El elegido presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, debería considerar positivamente la propuesta que a través del canciller Maduro le hace Venezuela y aprovechar esta coyuntura para crear las condiciones propicias a una negociación del conflicto armado en su país. Si hay voluntad política no es imposible sentar a la mesa de conversaciones a gobierno y guerrilla y alcanzar una solución razonable que termine con el desangre del país y permita a la ciudadanía colombiana gozar de la paz a la que tiene derecho. Una guerra con Venezuela difícilmente se limitaría a los dos países. Este es otro argumento que Santos debería sopesar.

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Bachelet y la Concertación

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

En el más reciente Estudio Nacional de Opinión Publica (CEP Nº 62) se advierte que la figura de la ex presidente Bachelet mantiene una importante simpatía en la ciudadanía, convirtiéndose, en los hechos, en el personaje más atractivo de la oposición. Este antecedente, con todo lo importante que es para los sectores opositores, debe ser tratado con mucha cautela, pues puede inducir a lecturas perversas.

Aclaremos, en primer lugar, que el nombre de Michelle Bachelet se escinde del conglomerado político que sostuvo su gobierno. Esto significa que el liderazgo y atractivo de la ex mandataria que se traduce en una alta tasa de aprobación a su gobierno no se transfiere, de buenas a primeras, a la Concertación. En este sentido, el nombre Bachelet no puede agotar todos los esfuerzos para una eventual política electoral.

Más allá de las simpatías que despierta la ex presidente, lo cierto es que la Concertación de Partidos por la Democracia ha evidenciado una serie de debilidades y vicios que determinaron su salida del gobierno y que bien merecen una reflexión seria y profunda. Digámoslo con toda claridad: Las contradicciones concertacionistas exigen renovar sus planteamientos, acaso sus rostros, frente al futuro del país. Esta tarea comienza, por cierto, en los partidos políticos.

Sacar cuentas alegras por las cifras que muestran el apoyo a la gestión Bachelet sería una irresponsabilidad política, pues, en último trámite, se corre el riesgo de impedir la necesaria renovación del conglomerado opositor. Para nadie es un misterio que se hace indispensable hacerse cargo de las críticas que han venido de diversos sectores políticos en cuanto a superar una serie de prácticas copulares excluyentes, burocráticas y verticalistas que tanto daño han hecho al ideario democrático que se quiere defender.

Un conglomerado que se propone como alternativa democrática frente a un gobierno de derecha que ocupa la primera magistratura por voluntad popular, debe comenzar por democratizar sus propias prácticas políticas y expurgar aquellos vicios que la aquejan. Negarse a la indispensable renovación democrática es hacerse cómplice del actual estado de cosas. Ya no basta decir No. Se hace indispensable concebir una concertación democrática mucho más amplia, inclusiva y participativa, con un proyecto político a la altura de los tiempos que restituya sus colores al desteñido arco iris.

Es evidente que la tarea de renovación de los sectores democráticos es una empresa de largo aliento que se fragua en un trabajo serio que comienza en los partidos políticos y se despliega en la capilaridad de la sociedad chilena de hoy. El anhelo de vivir en un país más digno y más justo no ha perdido en absoluto su lozanía ni su pertinencia, sin embargo, para llevarlo a cabo se requiere líderes capaces de atender a esas voces soterradas que hoy miran con afecto y no poca nostalgia a la primera mujer que se convirtió en presidente de Chile.

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Política y moralmente, Estados Unidos está comprometido en la violación de derechos humanos en Colombia

Fernando Arellano Ortiz (CRONICÓN, especial para ARGENPRESS.info)

Revelador informe de FOR USA sobre ayuda norteamericana a Fuerzas Militares Colombianas.

John Lindsay-Poland, director para América Latina de la organización no gubernamental Fellowship of Reconciliation (Confraternidad de Reconciliación, FOR USA), presentó en Bogotá a instancias de la Coalición Colombia No Bases, el informe "Asistencia Militar y Derechos Humanos: Colombia, responsabilidad de EEUU y consecuencias a nivel mundial", en el que se hacen graves denuncias sobre la implicación del gobierno norteamericano en materia de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad.

Durante la presentación del informe en el auditorio Benjamín Herrera de la Universidad Libre, el pasado jueves 29 de julio, Lindsay-Poland, coordinador de la investigación, dijo que son evidentes y preocupantes los vínculos entre el aumento de denuncias por ejecuciones extrajudiciales y las unidades militares colombianas asistidas con financiamiento militar estadounidense",

El Informe FOR analiza la aplicación en los acuerdos Bogotá-Washington de la Enmienda Leahy, vigente desde 1996 y en virtud de la cual se fijan las pautas de la ayuda militar norteamericana en el extranjero.

"Si se cumpliera el sentido de la Ley Leahy, habría que suspender la asistencia a casi todas las brigadas territoriales, y a la mayoría de brigadas móviles del Ejército colombiano", aseguró Lindsay-Poland.

La investigación incluyó la revisión de información en casi 500 unidades asistidas por Estados Unidos en Colombia desde el año 2000, así como de las más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales, en las que fueron identificados como autores miembros de las Fuerzas Militares.

"Encontramos que en muchas unidades militares aumentaron las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales durante y después de altos niveles de asistencia estadounidense", sostuvo el investigador.

El resultado se obtuvo comparando el número de denuncias presentadas en los dos años anteriores al comienzo en 2000 del Plan Colombia de asistencia militar estadounidense, con lo sucedido posteriormente. Al mismo tiempo, se constató que las denuncias cayeron al recortarse la asistencia.

El gobierno de Washington deberá responder porque "sus funcionarios descuidan las obligaciones que ordena la Ley Leahy", dijo Lindsay-Poland, “no solo en Colombia sino en países como Paquistán, donde la situación es muy compleja".

Pese a la violación constante de derechos humanos en Colombia, el gobierno de Washington quiere mostrar a este país andino como modelo de respeto de éstos y como paradigma de contrainsurgencia, sostuvo el vocero de FOR USA.

En el mercado de entrenamiento militar

Será por ello, dijo Lindsay-Poland, que hoy las Fuerzas Armadas de Colombia han entrado “en el mercado de entrenamiento militar como expertos en seguridad, envía soldados a Afganistán, entrena pilotos mexicanos, asiste a unidades castrenses en Paraguay y a algunas fuerzas de la OTAN en combate de selva”.

El Observatorio Sociopolítico Latinoamericano WWW.CRONICON.NET lo entrevistó para indagar sobre las conclusiones principales de su investigación.

- ¿Cuál es en su concepto la principal conclusión del informe realizado por Fellowship of Reconciliation sobre responsabilidad de Estados Unidos en materia de derechos humanos en Colombia?
- Una de las conclusiones de este informe en el que analizamos la política de derechos humanos de Estados Unidos en Colombia, es que si se aplicara la Enmienda Lehy, que es una ley norteamericana en la que se fijan las pautas de ayuda militar en el extranjero, se tendría que suspender toda la asistencia a las unidades territoriales y a casi todas las unidades móviles del Ejército colombiano, porque hay una relación directa entre el aumento de los casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados y el incremento de la ayuda económica estadounidense. Al mismo tiempo, se puede observar en la investigación que cuando hay recortes en la asistencia militar hay reducción de violaciones de derechos humanos en el Ejército de Colombia.
- ¿Eso compromete a Estados Unidos penal y políticamente en violación de derechos humanos en Colombia?
- Yo no sé si penalmente, pero sí política y moralmente compromete a Estados Unidos. Implica que Estados Unidos tiene una responsabilidad y por eso recomendamos que el gobierno de Washington tome medidas para que haya justicia en los más de tres mil casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia que pudimos constatar.
- Pero es claro como dicen ustedes en su informe que se está violando la Enmienda Leahy…
- Sí, en Colombia no se está aplicando la Enmienda Leahy que el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa están obligados a cumplir en cuanto a asistencia militar norteamericana. Pero es más, curiosamente el Departamento de Estado dice que esta ley se está aplicando mejor en Colombia que en otros países en los que hay muy graves implicaciones de violaciones de derechos humanos por asistencia militar norteamericana.
- ¿Es muy alto el porcentaje de violación de derechos humanos por la ayuda de asistencia militar norteamericana?
- Hay actualmente 19 brigadas móviles del Ejército colombiano que son apoyadas por Estados Unidos, de las cuales en 11 de ellas hay denuncias de violación de derechos humanos cometidas por sus miembros.
- ¿Sobre los mal llamados “falsos positivos”, qué trae la investigación que ustedes realizaron?
- La mayoría de los 3014 casos de desapariciones que investigamos son falsos positivos. Las unidades militares comprometidas con estos casos fueron apoyadas con asistencia por Estados Unidos.
- ¿Qué respuesta aspiran a obtener luego de haber presentado este informe?
- Nuestro enfoque está en Estados Unidos y esperamos que el gobierno de Washington tome en serio nuestras conclusiones, condicione la asistencia a los órganos de control al avance de las investigaciones y aplique la ley, ello tendría consecuencias en las relaciones entre los gobiernos colombiano y norteamericano. Desde nuestro punto de vista pensamos que Estados Unidos debería privilegiar una solución negociada al conflicto colombiano, porque con los conflictos armados necesariamente hay violación de derechos humanos, no hay excepción.
- ¿Ustedes ya socializaron el informe en el Congreso de Estados Unidos y sí es así, qué respuesta han obtenido?
- En el mes de abril circulamos un estudio preliminar y resumido que fue de interés. Ahora estamos trabajando con algunos congresistas para que se formule un interrogatorio riguroso a los Departamentos de Estado y de Defensa sobre la responsabilidad de Estados Unidos en la violación de derechos humanos en Colombia.

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Los golpistas Micheletti-Lobo reconocidos por Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile y México

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. “Cuando veas a tu vecino rasurar pon tus barbas a remojar”. Si en Honduras se registró un brutal un golpe de Estado contra el presidente electo Manuel Zelaya, instrumentado por el gobierno de los EEUU, los militares y poderosos capitalistas de aquella nación, y la unidad de casi todos los países encabezados por Venezuela y Brasil no pudo restaurar la legalidad echada por los suelos, ahora las cosas se tornan más graves: Los EEUU y los gobiernos a su servicio poco a poco han estado brindando sus reconocimientos al gobierno de Porfirio Lobo, mismo que ascendió al poder por medio de elecciones que avalaron el golpe de Estado y se burlaron de la amplia mayoría de los gobiernos de Latinoamérica. No me cabe la menor duda que con este reconocimiento se abren las puertas para nuevos golpes de Estado, conspiraciones e invasiones de los EEUU avalados por gobiernos peleles como el de México, Colombia y demás. Los pueblos con esto están perdiendo la batalla.

2. El gobierno mexicano de Felipe Calderón –por órdenes de los EEUU- restableció relaciones diplomáticas con el gobierno de Porfirio Lobo, apoyador del golpe de Estado de Honduras, y anunció el retorno de su embajador a Tegucigalpa al considerar que existen “avances significativos” para atender los principales problemas derivados del golpe de junio de 2009. Calderón, el presidente ilegítimo, confió en que esa medida contribuya a promover el entendimiento, la cooperación, la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región. ¿Puede alguien olvidar y hacer caso omiso de que el 28 de junio de 2009, las fuerzas armadas hondureñas perpetraron un golpe de Estado contra el presidente Zelaya, a quien detuvieron y expulsaron del país, con el apoyo de la Iglesia y políticos como Lobo, identificados con la extrema derecha y grandes empresarios? Sí, a los gobiernos que están al servicio del golpista Obama, les importa un bledo.

3. El reconocimiento es eminentemente político porque con ello se acatan órdenes de los EEUU y se da un golpe a los demás países de América Latina, la inmensa mayoría, que luchó a brazo partido durante más de seis meses contra el golpe de Estado por lo que éste presenta como precedente para los pueblos de Latinoamérica. No tiene México ninguna necesidad económica puesto que el intercambio de mercancías entre Centroamérica y México no llega ni al dos por ciento comparado con el de EEUU que es del 90 por ciento; alcanzó para el año 2002 un valor de 1,794.9 millones dólares, de los cuales 1,537.0 millones de dólares (85.6% del intercambio), lo constituyen las importaciones centroamericanas del mercado mexicano y apenas 257.9 millones de dólares las exportaciones centroamericanas a ese mercado, lo que determina una balanza comercial deficitaria para la región centroamericana de 1,279.1 millones de dólares para el año 2002, y Honduras ocupa el último lugar.

4. ¿Cómo justifica el gobierno mexicano el reconocimiento a los golpistas hondureños? La cancillería de México, señala, recibió el “informe presentado por la Comisión de Alto Nivel (CAN), creada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para analizar la situación en la nación centroamericana que refleja avances significativos del gobierno y otros actores hondureños para atender los principales problemas derivados del golpe de Estado en Honduras. El gobierno de México reconoció a la CAN por su labor en la integración del referido informe y manifestó su mejor disposición para continuar el diálogo en el seno de la OEA, con miras a la restauración de los derechos de Honduras en el organismo. Por eso el gobierno de México “hace votos por que la medida contribuya a promover el entendimiento, la cooperación, la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región”.

5. ¿Puede olvidarse acaso que en la cumbre de mayo de UNASUR en Buenos Aires, tres países que también forman parte del ALBA -Venezuela, Ecuador y Bolivia, junto a Brasil- pusieron condición su presencia a la VI Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE) a celebrarse en Madrid y que se opusieron a la asistencia del mandatario hondureño, Porfirio Lobo, por considerarlo un gobierno ilegítimo surgido tras el golpe de Estado? Denunciaron que el gobierno de Lobo ha sido reconocido por las Naciones Unidos, el FMI y el Banco Mundial. Sin embargo, mientras que para algunos países y organismos Honduras está avanzando en buena dirección -ha formado un gobierno de Unidad y recientemente, se instaló oficialmente la Comisión de la Verdad y la Reconciliación respetando lo estipulado en Acuerdo Tegucigalpa-San José-, otros países consideran que el gobierno de Lobo es fruto de la ruptura constitucional ocasionada por el derrocamiento de Zelaya.

6. ¡Qué fácil fue para el gobierno de Obama obligar a Calderón a establecer relaciones con el gobierno golpista de Lobo! Le bastó al gobernante yanqui hacerle algunas preguntas a su cachorrito mexicano: ¿Qué le gustaría señor Calderón: le devuelvo unos cinco mil trabajadores indocumentados más a su país? ¿Le corto el presupuesto de ayuda militar y de armas a la Iniciativa México? ¿Le cierro el mercado de algunos productos agrícolas que nos vende? O, ¿que le parece si le ordeno al FMI, al BM y otros organismos que le cierren la válvula de los prestamos? La realidad es que Calderón, quien ya tenía un plazo de pocos días para reconocer al gobernante hondureño, inmediatamente alzó el teléfono y ordenó el regreso del embajador a aquel país. La realidad es que nuestros últimos cinco gobiernos (De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón) han sido tan dependientes y carentes de la mínima dignidad que los gobiernos de EEUU los han mantenido arrastrados como gusanos.

7. No sé cuando lograremos –ante esa terrible dependencia económica, política y militar- que nuestros gobiernos mantengan una posición de dignidad frente a los EEUU. Necesitamos un alto nivel de conciencia del pueblo y un gobierno que responda a los intereses de él. Todas las amenazas y condicionamientos yanquis contra México pueden superarse con grandes movilizaciones que respalden políticas populares. Pero las batallas realmente populares sólo pueden surgir con gobiernos igualitarios que acaben con los privilegios de altos funcionarios, empresarios y políticos. Cualquier gobernante mexicano que llegue al poder respetando la gran propiedad privada de los 500 multimillonarios hecha sagrada por la Constitución y respetando todo ese aparato de poder será sin duda una garantía para que cambien cositas para que todo siga exactamente igual. Por eso parece que los métodos para transformar el país son totalmente distintos a los de la socialdemocracia.

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Todo junto, separado: El kirchnerismo y la Sociedad Rural

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

Una vieja broma juvenil da cuenta de las contradicciones entre el lenguaje escrito y el hablado: ¿Por qué “todo junto” se escribe separado y “separado” se escribe todo junto? Bien vista, no es una broma tan ingenua.

Sean partidos, movimientos o cualquiera otra de las instituciones burguesas, su accionar debe verse dentro de una perspectiva histórica, ya que dicha perspectiva es la única que permite que finalmente salgan a la luz las consecuencias de sus funciones reales en relación al desenvolvimiento social. Todo lo demás es puro lenguaje, puras palabras que se adaptan a las circunstancias, siempre presentes, y esto las deja sin valor; porque las palabras no se comen, ni producen, ni afectan al medio ambiente, las palabras no son cosas, por eso no se las lleva el viento; las palabras hablan sobre las cosas, sobre las acciones y sobre los responsables de esas acciones, pero finalmente son las acciones las que deciden.

Cuando el general Perón en su último gobierno (1973-1976) crea la famosa triple A, comprende que el tiempo de las palabras ha terminado y que la reconstrucción del estado burgués argentino en 1974 debía seguir la orientación francamente represiva que la herencia de golpes de estado había impulsado antes de su arribo a la presidencia.

Perón dejó de lado las palabras -y eso que era un verdadero campeón en eso de usarlas- y dispuso de la mano dura y del asesinato de todos aquellos que manifestaran un acercamiento a posiciones clasistas y revolucionarias. La década del 70 era una década de resistencia y de exterminio; y el peronismo –de Perón- de ninguna manera iba a hacerse a un lado en su vocación histórica “la de defender a la patria de los intereses de infiltrados de cualquier signo que luchaban por la disgregación nacional”.

En esa época los “separados” estaban todos juntos y los “todos juntos” estaban separados; tan separados estaban, que una gran fracción de ellos pasó a la clandestinidad cuando el general se decidió por fin a cambiar la soldadesca irregular por la soldadesca oficial y paraoficial.

Puede que el lenguaje en muchos casos acompañe las acciones; pero Perón jamás reconoció ni reivindicó el accionar terrorista “de sus muchachos” de la triple A y es que el lenguaje es siempre presente y el presente de mediados de los ´70 no era como para andar alardeando junto a criminales. “La justicia social, la independencia económica y la soberanía política” obnubilaban y llenaban de ilusión a gran parte del progresismo y el activismo de la época, era necesario profundizar el discurso en ese sentido si se pretendía que los trabajadores marcharan de casa al trabajo y del trabajo a la casa, mientras tanto se sellarían cuentas con los que sacaban los pies del plato.

La sociedad rural no se dejaba obnubilar. El apoyo a las políticas de exterminio a cualquier forma de resistencia a la explotación capitalista ha formado parte de su acervo político desde lo más profundo de la historia. La sociedad rural con el tiempo ha sabido diferenciar los cantos de sirena de los ululares de las sirenas policiales y parapoliciales y, desde siempre, apostó por estos últimos.

Separados pero todos juntos, ruralistas, burócratas sindicales, burgueses ilustres, militares y curas comprendieron a la desaparición y el asesinato político como un instrumento necesario para la salvaguarda de sus intereses históricos de ese presente, discurseando sobre la necesidad de defender “el estado de derecho”. Después de marzo del ´76, la “pacificación nacional” tuvo un nuevo protagonista “el proceso de reorganización nacional”.

El peronismo apostó fuerte a la desmovilización del movimiento obrero surgido del cordobazo y para eso apeló a la solidaridad de núcleos de centroizquierda, que allanaron el camino para hacer más digerible la implementación de los planes necesarios para recomponer las relaciones de dominación capitalistas ante la crisis de gobernabilidad dejadas por las distintas administraciones dictatoriales debilitadas. El gran acuerdo nacional fue el entramado dispuesto para dispersar las fuerzas obreras detrás de variantes patronales. Este gran acuerdo encontró “todos juntos” a los separados.

Hasta los ruralistas eran peronistas después de Cámpora: “Los superiores intereses de la patria están por sobre las apetencias ideológicas de pequeños grupos o sectores” y los comandos de la derecha peronista sabrían darle forma al mantenimiento del orden en beneficio del “gobierno popular” de Perón-López Rega, poniendo en caja cualquier manifestación de independencia política de los trabajadores en relación al veterano general.

La sociedad rural respetaba el accionar de la tripe A, sin importarles el carácter moyanista que esa organización militarizada y asesina tuviera por aquel entonces; lo importante, más allá de las palabras, son los objetivos y las bandas peronistas asesinaban tanto a delegados de base de la industria, como a dirigentes agrarios de base. La complacencia era mutua entre burócratas sindicales, industriales y agro-ganaderos.

De la misma manera, meses después del decreto de aniquilamiento de militantes y activistas obreros y estudiantiles, firmado por la viuda de Perón, la SR respetó el accionar de los grupos de tareas de la dictadura genocida: “nuestro país se debatía en un desorden próximo al caos y estaba al borde de la catástrofe. Como salidos de una pesadilla obramos poco a poco la visión de la realidad en medio de revelaciones sobre la anterior conducción que superan nuestra capacidad de asombro. Hoy, desde una nueva perspectiva, consecuencia de haber asumido el gobierno las Fuerzas Armadas el 24 de marzo, encaramos el futuro de la Argentina, con renovada esperanza.” declaraban los esbirros de Martínez de Hoz por aquellas épocas. La superada “capacidad de asombro” no era ni más ni menos que una declaración de principios de la “gente de campo” donde se despojaban raudamente de su reciente apego a la marchita y volvían al redoblante militar.

Cuando el centroizquierda kirchnerista sacude el parche sobre el golpismo de la SR no debería olvidar las complicidades del pasado. Los herederos de los navarrazos, de las sangrientas intervenciones en Villa Constitución, de los decretos de aniquilamiento, de la puesta en marcha de los “operativos independencia”, no pueden sesgar la mirada al pasado sin condenar a los que, aunque separados, estuvieron todos juntos.

La centroizquierda gasta ríos de tinta para declarar a la derecha argentina, simbolizada en la sociedad rural, como partidaria de la restauración conservadora, y tiene razón; pero no hay que olvidar que cada vez que hizo falta, en los últimos 60 años, fue el peronismo el encargado de restaurar las relaciones de dominación capitalistas.

Puede que el kirchnerismo haya apoyado la ley del matrimonio igualitario para conseguir consenso y votos entre los sectores progresistas (queda por ver desde cuando el matrimonio es un derecho que supera su asociación con el patrimonio); aunque, seguramente, más votos que consenso ya que las condiciones procapitalistas y proimperialistas del gobierno lo hacen impotente para mantenerse en una vía en la profundización de los más elementales reclamos democráticos, miremos sino a los jubilados que reclaman el derecho a un 82% móvil mientras el gobierno los acusa de desestabilizadores y dementes; o los eslabones del democratismo kirchnerista que todavía continúan doliendo en las cabezas de los manifestantes del argentinazo santacruceño. O en las víctimas de la 4x4 de Varizat, en los reprimidos del Hospital Francés, de la UBA, de Terrabussi, de las Heras y cuantos más.

El kirchnerismo ha logrado disciplinar voces progresistas a su favor que le den sustento a una polarización con la derecha más reaccionaria, esto no sale del plan original de fomentar el bipartidismo. Pero pensar el bipartidismo sin tener en cuenta que es una de las características más antidemocráticas de cualquier régimen de dominación social es una estafa que se transforma en una comedia bizarra. Como entender sino, que los mismos que homenajean al ejército nacional en los 200 años de la patria, sin solución de continuidad, reivindiquen a un revolucionario como Roberto Santucho. Al centro izquierda kirchnerista le encanta polarizar, sobre todo si tiene quien pague el seguro de sus costosos autos, escribiendo “todo junto” lo que se escribe separado. Pero toda adhesión tiene su costo.

El peronismo es un movimiento históricamente burgués y en este sentido, un formidable enemigo de la clase obrera que tiene ser tomado con seriedad. El “progresismo kirchnerista”, en cambio, es un lastre que parasita en torno de ese movimiento histórico y que se funda en palabras de izquierda para apoyar cosas de derecha, aunque sigan escribiendo “todo junto” separado.

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El debate es por la hegemonía del poder económico

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

El contrapunto político de estas horas parece revivir las discusiones del 2008 en torno a las políticas económicas necesarias. Lo que está en discusión es el modelo económico del país, es decir, ¿qué se produce y para quién? Ello supone definir también la distribución del ingreso nacional. No existe la posibilidad de una distribución equitativa del ingreso si no se modifica el modelo productivo. Es un debate que trasciende a la Argentina, que empieza a sustanciarse en la región latinoamericana y caribeña e incluso en el mundo producto de la crisis del capitalismo.

Un ejemplo de lo dicho es la inauguración de la muestra agropecuaria de Palermo. Resulta notorio verificar que el sector hegemónico de las centrales empresariales del sector agropecuario, agrupadas en la Mesa de Enlace, reiteran en la coyuntura su demanda por eliminar las retenciones a las exportaciones (20.724 millones de pesos al 30 de junio, unos 5.000 millones de dólares para medio año) (1), al tiempo que reivindican su papel histórico y presente en la dirección política de la sociedad.

El momento es considerado propicio por los datos de evolución de la economía. Es un momento para la ofensiva. El pronóstico de CEPAL (2) señala para Argentina un crecimiento del orden del 6,8% para el 2010. Sin embargo, las expectativas, no solo en el gobierno, están por encima de ese guarismo, especialmente en el sector agropecuario, que deja en el pasado la sequía y la caída de los precios internacionales, fenómenos que afectaron la rentabilidad del 2009.

El presente año viene con perspectivas de crecimiento de la renta y los principales propietarios de tierra no quieren resignar un nuevo ciclo de auge de ganancias y de posibilidades de acumulación, que son las que en definitiva definen el proceso de dominación económica, política e ideológica de la sociedad capitalista. Especialmente para la Sociedad Rural está puesto el desafío en la disputa por la hegemonía de la clase dominante en la Argentina.

Recuperar el modelo de dominación del “centenario”

Por eso, en el discurso de Hugo Biolcati (3), Presidente de la Sociedad Rural en la inauguración de la muestra de Palermo se recupera la memoria del “centenario” (1910). Sin duda el momento más claro de hegemonía de la oligarquía terrateniente y ganadera, asociada al poder con frigoríficos, ferrocarriles y bancos, mayoritariamente de propiedad externa, principalmente ingleses.

Convengamos, que ese recuerdo es recuperado por la renovada existencia de una base material que sustenta el modelo productivo actual, surgido de políticas económicas cuyo origen remiten a la década del 90 y que no han sido modificadas. Desde la aprobación de la producción transgénica en 1996, tiempos de Felipe Solá (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca), Domingo Cavallo (Ministerio de Economía) y Carlos Menem (Presidencia de la Nación), irrumpió la “revolución sojera” (expansión de la frontera productiva, de 6 millones a 17 millones de hectáreas) que afecta la diversidad productiva y especialmente a la agricultura familiar.

No solo es cuestión de soja, porque también en aquellos tiempos se aprobó el tratado minero entre nuestro país y Chile para explotar la cordillera. El país se está transformando en un gran receptor de inversión externa en alimentación y minería, afectando la tierra y el medio ambiente, contribuyendo a depredar recursos naturales.

El privilegio a la producción agraria transgénica, especialmente de soja, viene acompañado de la mega minería a cielo abierto. Tanto el agro como la minería necesitan del paquete tecnológico en manos del capital externo, surgiendo así una alianza estratégica para la dominación. El modelo productivo vigente en la Argentina encuentra asociado en la cúpula del poder al capital más concentrado de origen local y externo.

La cúpula del poder es un lugar que las centrales empresariales del campo le disputan a otros sectores que supieron ganar terrenos en otros momentos. Es el caso del sector industrial en periodo de sustitución de importaciones (periodo especialmente criticado por el titular de la SRA, dando origen al “rumbo perdido”); o el bancario especulativo en momentos de liberalización financiera. La convertibilidad permitió una cierta hegemonía, modificada luego de la crisis del 2001 y la salida del régimen convertible. El gran crecimiento de la economía entre 2003 y 2007 disimuló las diferencias, las que volvieron a aparecer como disputa del ingreso con el retorno de la inflación.

Pensar la alternativa

Queda claro el sujeto social y económico de la dominación, sus disputas y su modelo productivo. En razón de ello, estamos convencidos que no alcanza con críticas éticas, que apelen a la generosidad de los poderosos para una distribución paliativa del ingreso. No alcanza con políticas compensatorias favorecidas por el superávit fiscal primario. Se necesita, por el contrario, la constitución de sujetos colectivos organizados que sustenten otro modelo productivo, otro modelo económico para otro país, con una ecuación de distribución del ingreso que satisfaga necesidades sociales mayoritarias insatisfechas.

Pero insistamos, eso supone cambios profundos en la orientación de la política económica. No alcanza con parches de una política social compensatoria. Lo sustancial son los cambios en el orden de las relaciones sociales de producción. Ese es el debate pendiente, y esencialmente, el desafío a construir si se piensa en perspectiva emancipatoria.

Notas:
1) Información al 1-08-2010 en www.afip.gov.ar
2) Estudio económico de América Latina y el Caribe 2009-2010. Sitio de CEPAL en internet.
3) Discurso completo en versión on line del Diario La Nación del 1 de agosto de 2010.

Julio C. Gambina es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

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Acerca del Proyecto de nueva Ley de Educación en Córdoba: Un retroceso al oscurantismo pre-ilustración

Laura Marrone (especial para ARGENPRESS.info)

¡Abramos el debate! ¡Que no se apruebe sin que opinemos!

El proyecto de Ley de Educación que se debate en Córdoba es una adecuación de la ley provincial a lo más cuestionable de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. Nos referimos a que los espacios públicos y privados pasan, por esta nueva ley, a considerarse ambos como públicos con una simple diferencia de gestión: escuela públicas de gestión privada y públicas de gestión estatal, (art. 1) lo que es un abuso. Lo público es mucho más que gratuidad, es un espacio sin discriminación social, de nacionalidad, etnia o religión. Es un espacio para el aprendizaje del conocimiento público, es decir contrastable. Esto es lo contrario de la escuela privada que discrimina por una u otra razón e imparte contenidos de fé y/o de concepciones político-filosóficas en forma autoritaria.

Conceder a las escuelas privadas la categoría de públicas es encubrir y profundizar el actual proceso de privatización y fragmentación del sistema educativo. Es, además, un avance en la dogmatización de los contenidos. El artículo 11 inciso “d” establece que “los padres tienen derecho a que sus hijos no reciban enseñanza de dogmas, en la escuela estatal,” (inciso que estaba en la ley 8113), pero inmediatamente después se agrega un nuevo inciso “e” que dice que “tienen derecho de manera opcional a recibir educación religiosa en la escuela pública de gestión estatal”. Retrocedemos a 1947, con la Reforma de Arizaga durante el primer gobierno de Perón cuando se impuso la educación religiosa católica en las escuelas del Estado. La única diferencia con esa Reforma es que en este proyecto la religión en las escuelas del estado sería opcional y la oferta, ecuménica, es decir abierta a todos los cultos.

Agreguemos a esto una, no por prosaica y terrenal, menos importante cuestión. Al establecer este proyecto el carácter “integral” de la educación, es decir que es responsabilidad del Estado brindar los recursos para que cada familia opte por el/la predicadora religiosa que desee, se impone al Estado la obligación, no sólo de continuar subsidiando la escuela privada (la provincia de Córdoba es la que más alto porcentaje de su presupuesto educativo en nuestro país destina a la educación privada) sino de abonar los salarios de los y las potenciales predicadores de cada culto en las escuelas oficiales.

¿En nombre de qué "derecho a elegir de los padres" habrá de tolerarse que en el cuaderno de un niño o niña, a la vuelta de la sección de matemáticas figure "el milagro de Cristo que camina sobre las aguas"? ¿Acaso tendría la escuela que interceder en la interna de la iglesia para que no sean los Bergoglios, Grassi o Von Wernick los que ingresen a dar religión y en cambio lo haga algún progresista tercermundista? ¿Acaso tiene la escuela que terciar para que no sean sionistas progenocidio palestino los que intervengan y en cambio lo sean los partisanos del sionismo de izquierda? ¿Acaso deberemos aceptar que los pastores protestantes extiendan sus prédicas en los templos a nuestras escuelas a favor de la política exterior de EEUU contra los pueblos árabes y petroleros, en nombre del combate al terrorismo islámico? ¿O alguien pensó que la religión es una cuestión de "valores" en abstracto?

Esto es la negación de la matriz fundante de nuestro sistema educativo que concibió a la escuela oficial como laica, es decir que no enseñaba dogmas, reservando la religión para el ámbito de lo privado. ¡Qué lejos que estamos de la Revolución de Mayo que aprobó la propuesta de Moreno de enseñar el Contrato Social de Rousseau en las escuelas! ¡Qué lejos del “espíritu” que formó al Colegio de Concepción del Uruguay con pedagogos como Peyret, que en la segunda mitad del siglo XIX lo concibieron laico, donde se formaron algunos de los primeros futuros científicos de nuestro país! Colegio fundado por personajes como Urquiza cuya ideología distaba de ser radicalizada o de izquierda, sino que más bien eran expresión de las nuevas clases dominantes nacionales. ¡Qué lejos aún de los debates del Congreso pedagógico de 1882, que sentaron las bases para un currículo laico de educación!

¡Qué distancia, también, de la generación que fundó CTERA en esa misma provincia en Huerta Grande en 1973! La misma que sentó las bases de la defensa de la Educación laica, científica y no dogmática en sus principios fundacionales! Generación opuesta a la actual conducción del sindicato de base de CTERA, U.E.P.C., cuyo exSecretario General, hoy Ministro de Educación, Grahovac, es quien, desde el poder Ejecutivo de Córdoba, promueve esta ley que el sindicato apoya!

Vamos. ¿es que no ha quedado ningún Leguizamón en esa provincia que levante su voz contra este retroceso histórico? ¿Es que Estrada se ha levantado de los cementerios para derrotar a Sarmiento? ¿O estamos frente a una concesión a la Iglesia para tapar su derrota por el triunfo del derecho al matrimonio gay? ¿Otra vez el doble discurso? ¿Progresismo ante las cámaras de TV mientras se derrota la laicidad en educación?

Espero, confío, que la memoria rebelde de la otrora Córdoba de la Reforma del 18 o del Cordobazo pare este retroceso del conocimiento y de nuestra educación.

Laura Marrone. Nacida en Córdoba. Egresada de escuelas públicas oficiales de esa provincia.

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¿Por que el gobierno prefiere discutir con la derecha?: 82 por ciento móvil no, subsidios para los empresarios amigos sí

PRENSA DE FRENTE

No puede desconocerse que el aumento del 16,9 por ciento para los jubilados anunciado por la presidenta Cristina Fernández la semana pasada es una mejora sustancial para millones de personas.

Al mismo tiempo, es necesario recalcar que, no sólo estaba estipulado por ley y se anticipó el anuncio de una medida que regirá a partir de septiembre que ya estaba prevista, sino que se da en medio de un debate donde, tanto la derecha que siendo gobierno recortó las jubilaciones como organizaciones sindicales como la CTA vienen exigiendo el cumplimiento del 82 % móvil. Una medida que el gobierno tilda de inviable en pos de garantizar “la sustentabilidad económica”. Entretanto, la Mesa de Enlace insiste y se resquebraja por la eliminación/segmentación de las retenciones, otra de las entradas de dinero centrales para el Estado.

“Nosotros necesitamos que quienes propongan cosas digan también cómo se hacen y que tengamos sustentabilidad en la economía, porque la insustentabilidad en la economía termina finalmente dándoles poca sustentabilidad a los sistemas políticos y democráticos”. Esta fue la forma en que respondió Cristina Fernández a quienes reclaman el 82 % móvil. ¿Cómo no darle la razón a la presidenta cuando algunos de los que encabezan este reclamo son personajes como Patricia Bullrich, quien como ministra de trabajo redujo un 13 por cientos los salarios de estatales y jubilados en 2001? ¿O como Cobos, que dijo que el dinero no sabe de dónde sale, pero que la prioridad son los niños y los abuelos? ¿O cómo Alfonso Prat Gay, un ex JP Morgan? Ahora bien, lo que pasó por alto Cristina Fernández es que desde otros espacios sí se plantearon una batería de medidas para garantizar de dónde sacar el dinero para el 82 % y que, efectivamente, el aumento de las jubilaciones y de las asignaciones familiares por hijo son erosionados por la inflación, a tal punto que los haberes medios jubilatorios de 2010, con el nivel de precios actual, se encuentran un 26,2% por debajo de los del 2001, en tanto que los haberes mínimos se encuentran un 22,5% por encima(según trabajos del Instituto de Formación de la CTA).

¿Por qué se continúa postergando una reforma impositiva, que modifique el actual sistema regresivo y que no recaiga en los sectores populares a través del IVA? ¿Por qué no se gravan las transacciones financieras? ¿Por qué no se destinan los millones de dólares que se pagarán al Club de París por la deuda para garantizar el 82% móvil? ¿Por qué las empresas no tributan como corresponde? ¿Acaso no hay superávit?

Economistas como Claudio Katz, integrante de Economistas de Izquierda(EDI), o Claudio Lozano desde la CTA, por citar sólo a algunos, han planteado de dónde tendría que salir el dinero para afrontar el 82 por ciento móvil. Según un trabajo del Instituto de Formación de la CTA, lo primero que debe verse es “el superávit de la ANSES, que estaba presupuestado para el 2010 en $15.480 millones”. En segundo lugar, se deben reponer las contribuciones patronales. “En 1993 las contribuciones pagadas por los empleadores se redujeron del 33% de la nómina salarial al 17% para la industria y al 21% para el comercio y los servicios. Así, luego de más de 15 años de aquellas medidas y con una modificación sustantiva del tipo de cambio sostenido por más de 8 años, la industria sigue pagando un nivel de contribuciones que es casi la mitad de la que pagaba en aquel año; mientras el comercio y los servicios pagan un nivel de contribuciones que es un 36% inferior a aquel entonces. Restituir las contribuciones patronales supone incrementar los niveles de recaudación por este concepto en un 94% en la industria y en un 57% en el comercio y los servicios. De esta manera se podría ampliar rápidamente la recaudación por contribuciones y liberar recursos tributarios de ANSES en más de $16.800 millones. Hacer esto posible supone obviamente una regulación pública eficaz que en cada sector particular evite la esperada respuesta que en materia de precios pudieran intentar plantear las firmas con mayor poder de mercado”.

Frente a los intentos de las patronales del sector agropecuario de eliminar las retenciones a todos los productos menos la soja (con la casi fractura que implicó en la Mesa de Enlace con la Federación Agraria y que los monopolios mediáticos y los propios dirigentes quisieron ocultar), el gobierno nacional responde que “son recursos necesarios para garantizar el pago de las jubilaciones, la asignación, etc.” Con un discurso oportunista y progresista, enfrentan los reclamos de la derecha (que busca nuevamente engordar su riqueza en un contexto de suba de precios de los principales commodities) sin dar respuesta a justos e históricos reclamos de los sectores populares. ¿Por qué no se grava a las empresas mineras? ¿Por qué se siguen desembolsando millonarios subsidios para las empresas amigas?

Mientras se da una respuesta parcial e insuficiente a algunas demandas populares, se mantienen los beneficios para un conjunto de empresarios ligados al gobierno (una fracción de los empresarios nucleados en la UIA, una fracción del sector financiero, empresas mineras, empresas vinculadas a la energía). En el mientras tanto, los aumentos salariales, la suba en las jubilaciones y las asignaciones –que serán desde septiembre- son carcomidos día a día por el aumento de la inflación (que según estudios privados podría alcanzar un 30 por ciento). Algo que podría ser evitado con medidas de gobierno, aplicando controles de precios; por el contrario, la respuesta de la presidente, en el mismo discurso en donde anunció la suba de las jubilación, fue pedirle a la CGT y a la CTA “mucha responsabilidad” al sentarse en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil convocado para esta semana para discutir el salario mínimo, que actualmente se encuentra en 1500 pesos.

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Entre misiles, petróleo y minería

Pino Solanas - Alcira Argumedo (INFOSUR)

Los diputados nacionales de Proyector Sur, Fernando Solanas y Alcira Argumedo criticaron que la cumbre del MERCOSUR, se realice en la provincia de San Juan, nave insignia de la minería a cielo abierto con cianuro.

Si el conflicto entre Colombia y Venezuela es un llamado de atención sobre las estrategias de Estados Unidos en alianza con la derecha de Israel -implementadas mediante un cerco de bases militares norteamericanas en América Latina- también amenaza a la Argentina la instalación en el Atlántico Sur de la megabase de Inglaterra y la NATO en las islas Malvinas, que cuenta con tres fragatas misilísticas, un submarino nuclear, una escuadrilla de aviones Tifón y un destacamento con más de 2000 hombres. La anacrónica política colonial británica -rechazada por una mayoría aplastante en las Naciones Unidas- pretende extender su plataforma marítima sobre un radio de 350 millas, llegando hasta la Antártida, mientras sus empresas petroleras se están apropiando con total impunidad de las reservas argentinas en el mar continental. A ello se suma otro tipo de invasión territorial: en función del Tratado de Complementación Minera Chileno-Argentino firmado en 1997 por los presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem, las corporaciones mineras -entre otras, la anglo-canadiense Barrick Gold- han sido beneficiadas con la entrega de una franja de territorio que abarca cien kilómetros a cada lado de la frontera con Chile y se extiende a lo largo de los 3000 km de la Cordillera de los Andes. En esta suerte de nación con soberanía territorial, existen aeropuertos, ejércitos privados y bases de comunicación norteamericanas o inglesas, dispuestas a garantizar el control del vértice más austral de América Latina. El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, es el socio por excelencia de la Barrick Gold; a ello se debió su presencia en Canadá, integrando la reunión de la presidente Cristina Kirchner con el presidente de la Barrick, Peter Munk, también presidente de la nueva nación cordillerana, cuya bandera acompañaba a la argentina en el mismo nivel de jerarquía durante ese encuentro. Otro participante fue el gobernador riojano Luis Beder Herrera, de extracción radical, que impulsa para su provincia varios proyectos de megaminería a cielo abierto, como el de la Barrick Gold en el Cerro Famatina. Todos ellos pretenden ignorar que, a causa de las gravísimas consecuencias de este tipo de minería, ha sido prohibida por el Parlamento Europeo en sus territorios. Pero en Argentina las corporaciones y los gobiernos que las avalan son absolutamente irresponsables y violan la Ley General de Protección del Ambiente 25.675/02, que en su Art. 22 exige a la explotación minera el respaldo de un seguro de impacto ambiental ante accidentes, peligros de contaminación y la secuela contaminante que produce el cierre de la mina y la llamada lluvia ácida. Las aseguradoras se niegan a brindar tales seguros, ante la magnitud de los impactos y los miles de millones de dólares que deberían pagar; no obstante, la actividad minera continúa expandiéndose. En este escenario, nuestros pueblos enfrentan el doble peligro de agresiones militares de diverso tipo y la instalación de la megaminería y otras industrias contaminantes que las naciones del Norte desplazan hacia el Sur, para proteger la salud de su población. Se está produciendo la devastación de cuantiosos recursos estratégicos no renovables y la contaminación y utilización de agua potable en grandes dimensiones: alrededor de cien millones de litros por día en cada yacimiento. Esto significa una muerte cotidiana a largo plazo; por eso la movilización de las poblaciones afectadas afirma “el agua vale más que el oro”.

La Cumbre de MERCOSUR debe enmarcar el conflicto entre Colombia y Venezuela en el contexto de estas amenazas a la paz, al medio ambiente y al bienestar de los países de América Latina: es necesario condenarlas explícitamente. En tal sentido, la elección de San Juan -nave insignia de la minería a cielo abierto con cianuro y otras sustancias tóxicas- como sede de la reunión de MERCOSUR, resulta desafortunada y preocupante. No anuncia buenas nuevas que la Presidente elija como sede de esta reunión la casa del gobernador José Luis Gioja, ex menemista y principal personero de la Barrick Gold, que ha instalado en los Andes de esa provincia, el mayor complejo minero a cielo abierto del continente: Veladero y Pascua Lama.

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Zarpazos a la infancia

Claudia Rafael (APE)

“Busco que la juventud tenga una contención y que les enseñen el respeto a la patria, a la bandera, a la familia. Respeto al plato de comida”, dijo desde su principado sojero allá en el norte, donde la brecha entre la obscenidad de la riqueza más escandalosa y la nada eterna sobre la mesa se hace dolorosa herida cotidiana. Y trascendió las fronteras de su patria chica para llevar el proyecto a ley nacional que rija las vidas argentinas.

Hubo un tiempo en que la infancia era un territorio hermoso y protegido. Digno de ser vivido. En donde la vida entera era un juego cotidiano. En que la muerte era un universo inasible porque no formaba parte de las premisas de aquella otra felicidad. La muerte era la de los otros. La de los viejos. La de quienes ya habían transitado todos los caminos.

Hubo un tiempo que hoy forma parte de algún territorio perdido de la memoria. Que hay que rescatar con las nostalgias de aquel viejo arcón en donde la miseria no cabe y la violencia es apenas una palabra.

Hoy es un territorio al que demasiados temen. Lo miran de reojo, como espiando desde la ventanuca de su propia fortaleza y le preparan el zarpazo. Listo para dañar o destruir.

Una encuesta nacional dice que el 80 por ciento de la población mira con aceptación el regreso del servicio militar obligatorio, aquel que cayó a los abismos tras la muerte cruel del soldadito Omar Carrasco. Y que el 78 por ciento observa con beneplácito el servicio voluntario para chicos desde 14 años. El diputado nacional del radicalismo Rubén Lanceta fue muy claro cuando dijo que era la salida para esos “400.000 adolescentes que hay que sacar de la calle porque están en riesgo”. Y que por eso estaba dispuesto a apoyar el proyecto del salteño sojero.

Alfredo Olmedo es el príncipe de la soja, hijo del rey del que no sólo heredó su nombre. Rey plebeyo que en 1996 recibió unas 60.000 hectáreas de tierras fiscales, con crédito incluido; que nueve años más tarde fue objeto de la bondad del gobernador Juan Carlos romero que le arrendó por medio siglo más de 350.000 hectáreas, a 0,56 centavos cada una que antes ocupaba la compañía Salta Forestal.

Hectáreas y más hectáreas -en las que apenas resisten un puñado de ranchitos- que fueron ganadas por los desmontes irracionales que le fueron dando muerte a esa provincia que se jacta de ser “la linda”. Pero que desnuda la brecha de la inequidad como pocas.

Porque con la misma mano con que firma los proyectos de crear el servicio militar social -eufemismo brutal- rubrica leyes de “ordenamiento territorial” destinadas a profundizar los desmontes destructores de tierras, de aire, de aguas y de trabajo. Donde la gente se enferma de pura pobreza, de angustia vieja o de abandono. Esa misma gente que, dijo el príncipe sojero, deberá vacunarse contra la fiebre amarilla que “cada vez es más grande” con la espantosa ironía de apoyar toda su campaña marketinera en objetos exclusivamente amarillos.

Salta cuenta entre sus cifras unos 5000 niños y niñas policías. De una fuerza infantil nacida en el 90 con la misión de “incorporar a la niñez como participante activa en la acción preventiva policial, persuadiéndola al rechazo y apartamiento de conductas antisociales y delictivas, creando un ambiente adecuado a fin de que el niño a medida que avance en edad y conocimiento vaya descubriendo los auténticos valores de la vida y comprendiendo la importancia de la función policial en el mantenimiento de la paz social”.

Ocho de cada diez argentinos, dice la encuesta nacional apoyarían la propuesta.

Lejanos ya los tiempos en que la vida digna se aprendía desde el amor y el trabajo, el mundo de los adultos se decidió a poner rejas al futuro. Enjaularlo. Encorcetar la vida que se le fue de las manos porque no la cuidó a tiempo. Buscando persuadirla al rechazo y apartamiento de conductas antisociales con un cuerpo a tierra y un salto veloz, con un arma limpia y las botas brillantes de todo lustre. Para que esos 400.000 pibes crecidos a los golpes, sin un techito firme sobre sus cabezas, sin abrigo, sin el plato de sopa calentito ni un solo libro en la memoria de sus días entiendan y descubran cuáles son los auténticos valores de la vida.

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Argentina: Avisos de sexo en cuestión

Susana Yappert (ARTEMISA)

'La Mañana de Neuquén' y el 'Río Negro' son los diarios de mayor circulación de la Norpatagonia. Hace unos días, el primero de ellos decidió levantar de sus páginas los clasificados de ofertas de sexo. La medida fue bien recibida en la región y se espera que otros medios locales la imiten. Aún así, son pocas las señales recibidas en tal sentido. En Argentina sólo un 2,5 de diarios, revistas y semanarios nucleados en ADIRA-ADEPA lo hicieron hasta la fecha.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) retomó una preocupación hecha por el INADI de la gestión de María José Lubertino: la persistencia de clasificados ofertando sexo en los diarios (Rubro 59, en la mayoría de los medios). Las denuncias formuladas por INADI en 2009 y FOPEA (el 7 de julio), tuvieron escasos resultados, considerando que apenas un puñado de pequeños diarios aceptó quitarlos.

Entre la Asociación de Diarios del Interior (Adira) y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) suman 200 medios gráficos y sólo el 2,5% de los diarios, revistas y semanarios de Argentina agrupados en estas entidades, decidió levantar los clasificados en cuestión, entre los que se encuentran: El diario Diagonal de La Plata, El Tiempo Argentino que circula en Capital Federal y provincia de Buenos Aires; Miradas al Sur, el diario La Arena de La Pampa, un periódico de Puerto Madryn y - recientemente- La Mañana de Neuquén y el Semanario El Tiempo, de Pergamino.

En la zona de Río Negro y Neuquén hay dos diarios de circulación importante: el diario 'Río Negro' fundado por Fernando E. Rajneri en 1912; y la Mañana de Neuquén, fundado en la década de los 90's por el propietario de Ámbito Financiero, Julio Ramos (se llamaba entonces 'La Mañana del Sur') y vendido hace unos años al grupo Schroeder. 'La Mañana'- como se lo conoce en la zona- apenas cambió parte de su nombre cuando fue adquirido por el grupo que hoy ostenta un multimedio (AM600 y Canal 8). En su interior cristalizó prácticamente el estilo que dejó Julio Ramos, incluido el rubro de oferta sexual y la infaltable foto de una mujer casi desnuda en la anteúltima página.

Se desconoce si la decisión editorial de 'La Mañana de Neuquén' de quitar su magro rubro 59 se debió a una convicción del grupo. De haber obedecido a profundas convicciones- entiendo- debió haber arrastrado a la mujer ardiente de las últimas páginas. Pero sigue allí, posando para los señores. Pese a ello, fuimos muchas las que celebramos que ya no haya oferta sexual en la sección Clasificados, aunque suene a gesto conveniente o 'políticamente correcto'. Neuquén- donde circula mayormente este matutino- es una provincia petrolera, es decir, plaza importante de proxenetas y tratantes.

El centenario diario 'Río Negro', por su parte, fue invitado hace unos años a sumarse a la sugerencia de bajar los clasificados con ofertas de sexo. Entonces y ahora el diario más vendido de la Patagonia, se negó a hacerlo. Si bien admite que se toman recaudos para evitar avisos que puedan inducir el sexo con menores o que respondan a quienes comercian con personas que ejercen la prostitución. No están dispuestos a impedir la publicación de anuncios colocados por personas mayores de edad que - opina este diario- 'ejercen una profesión lícita.'

'Libertad de expresión', 'profesión lícita' son dos de los argumentos de más peso a la hora de justificar su permanencia. Por fortuna- aunque en ocasiones insuma siglos- algunas pautas culturales van cambiando. Estos días- a cuento de la decisión de 'La Mañana', recordaba que cuando éramos adolescentes quienes hoy tenemos cerca de 40 años, veíamos en la TV y otros medios publicidad de cigarrillos a raudales. Hoy están prohibidas. También fumar en cualquier lado. Porque es malo. Es malo promocionar un vicio que enferma. Y está prohibido aún cuando fumar no sea un delito.

En cambio, promocionar prostitución ajena sí lo es, como reclutar menores y mayores para ser explotadas sexualmente. En vista a que extensos monitoreos realizados sobre el rubro 59 por parte de agrupaciones que trabajan contra la Trata e investigaciones judiciales dieron como resultado que proxenetas usan el rubro para aceitar su negocio prostibulario, es que se solicita a la prensa gráfica que los quite de sus páginas.

El rechazo a este tipo de avisos, tal como ocurrió en países europeos hace años (con excepción de España que sostiene el debate con fruición) se justifica en que efectivamente sirven para promover la prostitución ajena, actividades ilícitas en Argentina. Los colectivos de mujeres tienen más argumentos que, seguramente, se pondrán en debate en breve, cuando dos leyes trascendentes comiencen a ser exigidas: La nueva Ley de Medios Audiovisuales y la recientemente reglamentada Ley 26.485.

Hace un siglo atrás, o apenas unos años, nadie pensaba que se penalizaría al consumidor de sexo pago, como los hace Suecia. Allí quien paga por sexo es considerado un delincuente. En ese país han logrado bajar el delito de Trata un 70%. Claro que la concepción de 'prostitución= profesión lícita' ya no se discute en iguales términos que hace un siglo o que en estas pampas. Pero tenemos esperanzas. Porque Suecia no es Marte. Y todo indica que el esfuerzo de millones de mujeres para vivir en pleno ejercicio de sus derechos- antes o después- tendrá sus resultados.

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Argentina: Afirman que el uso del glifosato causó una epidemia de cáncer en Santa Fe

PRIMERA FUENTE

Tuvieron que pasar cientos de víctimas para que la Justicia santafecina emitiera un histórico fallo prohibiendo el uso de glifosato, entre otros agroquímicos, en campos de la ciudad de San Jorge. Ahora, el objetivo es que semejante sentencia imponga un precedente judicial que extienda esta prohibición a todo Santa Fe y el resto del país. Entrevista al referente de la ONG Centro de Protección a la Naturaleza.

Si se quisiera graficar la situación en una sola imagen, bien se podría imaginar un claro contraste entre un grupo frotándose las manos por los réditos comerciales que les dejó la producción de soja y otro, notoriamente mayoritario, con diferentes niveles de afectación por los estragos causados a partir de los agroquímicos utilizados sobre los campos sembrados con este cultivo.

Tuvieron que pasar cientos de víctimas para que la Justicia santafecina emitiera un histórico fallo prohibiendo el uso de glifosato, entre otros agroquímicos, en campos de la ciudad de San Jorge (ver nota aparte).

Ahora, el objetivo es que semejante sentencia quede firme tras las sucesivas apelaciones que se presenten en diferentes instancias el Gobierno de esa provincia junto a productores y, objetivo más ambicioso, que se defina un precedente judicial que extienda esta prohibición a todo Santa Fe y el resto del país.

En este sentido, Carlos Manessi, referente del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), organización impulsora de la causa inicial, aclaró que, pese a la vigencia de la prohibición de los agroquímicos los productores agrarios aún no pudieron demostrar que hayan tenido pérdidas de producción.

“Enfermar a la gente e intoxicar el suelo constituyen la peor herencia que podemos dejar a las generaciones futuras. Se está eliminando toda forma de vida y contaminando el agua por el uso del glifosato, entre otros químicos”, explicó el coordinador de la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) que este viernes inició su 33º asamblea en San Miguel de Tucumán (ver video adjunto).

El glifosato es el agroquímico más difundido en la agricultura argentina supuestamente para controlar malezas. En la actualidad, se usan entre 160 y 180 millones de litros por año, en un mercado que mueve US$ 600 millones, y el 70% del producto se destina a plantaciones de soja.

Según Manéis, son muchos los ejemplos existentes sobre las consecuencias que acarrean los agroquímicos sobre la salud de las personas y los ecosistemas. Uno de ellos es la notable proliferación de casos de cáncer en poblaciones cercanas a los campos sojeros, principalmente. “Creemos que no hacen falta más pruebas. Lo que si es necesario es que las autoridades y los productores tomen conciencia de los daños que se generan. Esta forma de producir sólo trae dolor y pobreza para la mayor parte de la población”.

“A esta problemática se le suma la gravísima condición que se da en las escuelas rurales y que nadie parece tener en cuenta”, dijo Manessi, y aseguró que “la mayoría están rodeadas por soja y sus directivos presentaron numerosas denuncias.


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Argentina, Córdoba: Juicio a campesinos. La Justicia consumó otro despojo campesino

Alexis Oliva (PRENSA RED)

El TSJ confirmó el jueves la condena de la Cámara Penal de Deán Funes contra una familia campesina que resistió el despojo de su campo. El caso de los Olivera ilustra el desamparo de los campesinos que literalmente le ponen el cuerpo a la defensa de la tierra y el monte nativo.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la sentencia por usurpación contra seis miembros de la familia Olivera condenados por la Cámara Penal de Deán Funes, entre ellos dos mujeres que impidieron el paso a una topadora en el paraje norteño de La Penca, a veinte kilómetros de Sebastián Elcano.

La abogada Victoria Gauna, representante legal de la Unión Campesina del Norte (UCAN), en diálogo con Prensared, afirmó que “este fallo es un ejemplo de lo que es la justicia de Córdoba que con la connivencia del poder político beneficia a los poderosos y desconoce los derechos adquiridos por gente que vive hace años en estos campos”.

“No es casualidad que el proyecto de la Ley de Bosques continúe sin tratarse en la Legislatura y esta dilación obedece hay intereses muy fuertes para que la ley salga como quieren los sectores agropecuarios, sin tener en cuenta a la sociedad en su conjunto”, afirmó.

“El modelo sojero sienta sus reales en esta provincia y este fallo es una mala señal porque en la misma Cámara Penal de Deán Funes hay varias causas pendientes contra campesinos del norte cordobés”, expresó.

El caso Olivera

El caso de los Olivera reproduce un libreto demasiado frecuente en el norte cordobés. Un conflicto “de papeles”, que según las leyes vigentes debiera zanjarse en la Justicia civil dándole prioridad a la posesión, termina derivando en el fuero penal y la criminalización de los poseedores ancestrales.

También es un ejemplo típico del enfrentamiento entre dos modelos: el de los agronegocios vinculados al monocultivo de la soja, contra el modelo de la biodiversidad y soberanía alimentaria, que puede apreciarse en el campo de los Olivera, donde coexisten el cultivo de una huerta orgánica y la crianza de vacas, cerdos, ovejas y gallinas.

“Somos ocho hermanos nacidos y criados en este campo de unas 400 hectáreas y algo, del que mi padre era el único poseedor. Después sale que mis tías les venden una parte a los señores Muñoz. Pero mis tías se fueron a Córdoba hace 50 años y no han vivido nunca acá -explica Martín-. Mi padre falleció y seguimos junto a mi madre, que tiene 73 años, trabajando en el campo. Estos señores llegaron hace nueve años con que eran dueños y con máquinas topadoras a voltear los alambres y el monte. Voltearon unas 100 hectáreas y venían por otras 181 que las teníamos reservadas como monte nativo virgen, donde habíamos criado toda la vida chivas y vacas”.

Lo relatado se corresponde con el paisaje, que muestra al campo de los Olivera como un islote de monte en medio de un océano verde soja, salvo en el centenar de hectáreas ya desmontadas sobre las que rige una medida judicial de no innovar.

Su hermano menor, René, sigue narrando: “En el 2001, un día llegaron ellos y quisieron entrar al campo. Yo les dije que el campo era de mi papá, que no podían meterse, y se fueron directamente a denunciarme. Me pintaron los dedos en la policía, me amenazaron, de todo… En el 2003 aparecieron con la topadora y voltearon una parte, como 100 hectáreas. Como no teníamos abogados que nos asesoren, ellos se metieron. Después quisieron ocupar las otras 181 hectáreas y ahí nosotros nos opusimos, hubo denuncias, y empezó este juicio”.

No pasarán

Aquel 16 de marzo de 2004 volvió la topadora. Así lo recuerda doña Lucía Lazarte de Olivera: “Nos tocó ir a ponerse allá en el campo, porque ya nos venían a cortar los alambres. Yo fui y me acompañó la nuera mía, con el chico en los brazos, a estar en la orilla del alambrado. Estábamos solas y también tuvimos que salir a la calle para ver si atajábamos a esta gente. Ellos querían entrar, pero nosotros no los dejamos que entren. ¿Por qué iban a entrar si nosotros no le vendimos a nadie? Si nunca quisimos vender, ni los chicos ni yo. Y eso nos valió… Pero nosotros hablamos la verdad”.

Lo que les valió fue la sentencia de la Cámara Penal de Deán Funes, integrada por los jueces Juan Carlos Serafini, Juan Abraham Elías y Horacio Enrique Ruiz, que en diciembre de 2004 impuso a la señora Lazarte y a su nuera Verónica la pena de ocho meses de prisión condicional por “usurpación”. En tanto, a cuatro de sus hijos se los condenó a dos años, también en suspenso, por “usurpación por despojo con uso de arma de fuego”.

Sobre esta acusación, René expresa su propia versión, que consta también en el expediente: “El campo estaba con status quo y ellos lo mismo vinieron con ocho o diez empleados, abrieron y metieron la gente ahí. El abogado nos dijo que esa gente se tenía que ir. Nosotros le dijimos que se vayan y se armó una pelea. Ahí nos imputaron, nos pintaron los dedos. Ellos tenían armas y nos echaron la culpa que nosotros teníamos escopetas, carabinas... No, era al revés. La misma policía les sacó las armas cargadas que tenían, las abrieron delante nuestro, les sacaron las municiones, las llevaron y al otro día se las entregaron de vuelta a los Muñoz”.

Además, la Cámara de Deán Funes ordenó la “restitución” del inmueble al denunciante, Damián Muñoz. De confirmarse, para Martín sería una catástrofe familiar, “porque no tenemos estudio ni nada y si perdemos el campo perdemos todo”. Y añade que las denuncias que hicieron “nunca salieron a favor, porque siempre hemos tenido en contra a la policía y los jueces. Nunca tuvimos apoyo. No sólo nosotros, porque ha habido muchos casos de gente que se ha tenido que ir al pueblo, porque la han amenazado, la han sacado y se ha apoderado del campo gente con mucho poder”.

No obstante, mantenían un vestigio de esperanza en el recurso de casación presentado por el equipo jurídico de la Unión Campesina del Norte (UCAN) ante el TSJ. “Yo tengo todavía mucha fe -sostenía René-. Nosotros tenemos todo el derecho a defender nuestras tierras, porque hemos nacido y nos hemos criado acá. Tenemos el derecho a recuperar nuestras tierras. Ellos compraron con nosotros adentro. Yo doy fe, porque es nuestra tierra y nuestra sangre; nuestra abuela le dejó este campo a mi viejo”.

Pero la máxima autoridad judicial de la provincia también les dio la espalda.

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Argentina, Córdoba: La Ley de Bosques, en su laberinto

Daniel Klocker (PRENSA RED)

El próximo miércoles comenzará a debatirse en la Legislatura la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. El proyecto de la COTBN ya tomó estado parlamentario. Unión por Córdoba y el radicalismo elaboran otro que beneficiaría a los productores.

La presentación del proyecto de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba que realizaron el miércoles pasado en la Unicameral legisladores de la oposición aceleró los tiempos para que el próximo miércoles en el recinto comience a debatirse la propuesta.

Al tomar estado parlamentario el proyecto, los legisladores justicialistas y radicales quedaron en la obligación de mostrar sus cartas en cuanto a definir si están de acuerdo en defender el interés colectivo de apoyar la protección de los bosques nativos o elaborar otra propuesta a los fines favorecer intereses particulares de sectores poderosos.

Precisamente, en eso de "apoyar o de elaborar" otro proyecto están por estas horas los representantes de Unión por Córdoba (UPC) y de la Unión Cívica Radical (UCR), todos bajo la vigilante mirada del presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, el oficialista Marcelo Falo, quien desde el comienzo ha "guiado" el debate sobre el tema.

"Todavía no he recibido sugerencias, pero al menos yo, no voy a aceptar y votar un proyecto que avance sobre el bosque nativo de Córdoba y que no esté en sintonía con la ley nacional", expresó el legislador de Unión por Córdoba, pero muy pocos le creen.

Los sectores ambientalistas temen que el proyecto de UPC y la UCR permita el desmonte selectivo y de vía libre a la siembra de pasturas exóticas en sectores con bosque nativo, demandas exigidas por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), responsable de la iniciativa en cuestión.

Desde la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) aseguran que no apoyarán "otro proyecto que no haya tenido las instancias de participación como el que tuvo el elaborado por la Comisión porque hace casi tres años que venimos debatiendo y trabajando sobre el tema".

La ley que se apruebe deberá obedecer con lo que pide la "ley Bonasso" nacional que plantea que cada provincia debe dividir su territorio de tres zonas según el grado de conservación de los bosques nativos y las posibles actividades que allí se pueden realizar.

En rojo, el sector más protegido, se incluyen cuatro millones de hectáreas en las que rolar (aplastar el bosque bajo) y sembrar pasturas exóticas serán una excepción. La región crítica es el noroeste cordobés donde muchos ganaderos utilizan estas técnicas para poder producir más terneros por hectárea.

Cabe recordar que Córdoba consiguió que la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación le otorgase una nueva prórroga hasta el 11 de agosto para sancionar la Ley de Bosques, de modo que provincia no quede excluida del financiamiento para la protección del bosque nativo.

La Secretaría de Ambiente de la Provincia fundamentó que la solicitud de prórroga extraordinaria se basa "en el hecho de que la Legislatura, luego de un largo y amplio proceso participativo de consultas y debates públicos, se encuentra avocada al tratamiento final del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de lo Bosques Nativos".

La urgencia de aprobar la Ley no es sólo una cuestión ecológica sino que también hay dinero de por medio. Precisamente, si Córdoba no adhiere a la llamada "Ley Bonasso" no percibirá 30 millones de pesos en concepto de fondos anuales para proteger lo que queda del bosque nativo.

El proyecto de ley que tomó estado parlamentario fue elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) , y que es el resultado del debate y los consensos en la Legislatura, fue presentado por los legisladores Omar Ruiz (ARI), Silvia Rivero (Concertación Plural), Roberto Birri (Frente Cívico y Social), Adela Coria, Liliana Olivero (Izquierda Socialista), Pedro Ochoa Romero (Frente Para la Victoria), Magdalena Genesio de Stabio (Vecinalismo Independiente), y Nadia Fernández (Peronismo Militante).

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Argentina, Chaco: ATECh y Federación Sitech arrancan con un paro de 48 horas

CHACO DIA POR DIA

Los secretarios generales de Atech y Federación Sitech, Rosa Petrovich y Eduardo Mijno, convocaron a un paro por 48 horas en la reanudación del ciclo lectivo tras el receso invernal, reclaman recomposición salarial para docentes activos y pasivos.

Los gremios docentes “duros” ATECh y Federación Sitech convocaron a la docencia a no reiniciar las clases resolviendo una medida de fuerza por 48 horas para este lunes y martes. Insisten en que no obtuvieron respuesta al reclamo salarial docente por parte del Ejecutivo.

En diálogo con CHACO DIA POR DIA, la secretaria general de ATECh, Rosa Petrovich, lamentó “no haber tenido eco favorable”. Y recordó que en la reunión del 15 de julio habían contrapropuesto al ministro Francisco Romero reunirse durante el receso para avanzar en una posible solución para el sector docente.

“Si hay para plantear políticas chantajistas con el Fondo Estímulo, si hay para incrementar los montos en negro, cómo es que nos van a decir que no hay para armar una propuesta de recomposición salarial para todos, activos y pasivos, pero esto no fue”, remarcó Petrovich. Y adelantó que los congresos de ambos gremios dejaron la facultad de realizar un nuevo paro por 48 horas para la otra semana, en caso de no mediar una convocatoria.

La dirigente de ATECh ratificó el pedido de audiencia al gobernador Jorge Capitanch, realizado antes del receso, y lamentó tener que volver a adoptar medidas “extremas”. “No hemos tenido respuesta ninguna, ni siquiera para una convocatoria a los gremios a tratar de acercar soluciones por parte de los que tienen poder de decisión”, aseguró.

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