viernes, 6 de agosto de 2010

Se incrementa y acelera la explotación de los trabajadores en todo el mundo. Los casos de Argentina y Francia

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

I. La explotación de los trabajadores manuales e intelectuales inherente al capitalismo en el curso del proceso productivo (extracción de plusvalía), aumenta rápidamente en todo el mundo como respuesta a la crisis que sacude al sistema. Este incremento de la explotación se apoya por un lado en el aumento de la productividad por hora trabajada y por el otro en la erosión sistemática de las conquistas laborales y sociales que caracterizaron al “Estado de bienestar”: horarios limitados y regulares de trabajo, movilidad de los salarios, seguridad social, etc.

Contribuye también al incremento de la explotación capitalista la mundialización de la producción, que las grandes empresas aprovechan para poner en situación de competencia, en razón de las importantes diferencias salariales existentes, a los trabajadores de los países ricos y los de los países pobres.

Dejamos de lado en esta nota la expoliación de los ahorros, pequeñas inversiones, etc., de los asalariados por parte del capital parasitario, operada fuera del proceso productivo, mediante procedimientos semilegales o directamente ilícitos del capital financiero. Prácticas que las elites políticas prometen demagógicamente cada tanto poner fin con medidas gatopardistas (cambiar algo para que todo siga igual). Por ejemplo las reuniones que el G20 dedica al tema con resultados casi nulos o la reciente ley Dodd-Frank, promovida por Obama, de reforma de Wall Street y de protección del consumidor.

Ya en 2002, a raíz de los escándalos financieros revelados entonces en Estados Unidos, el Gobierno de Bush propició la adopción de la Corporate Auditing Accountability Act, aparentemente destinada a controlar al capital financiero, pero que en los hechos sólo sirvió para calmar y distraer a la opinión pública.

Bajo una u otra forma, las políticas de rigor, una ofensiva general contra los derechos laborales y sociales de los trabajadores y los jubilados están al orden del día en todo el mundo, con el fin de atribuir una mayor tajada de las riquezas producidas al gran capital y, como contrapartida y resultado, una creciente pauperización de la gran masa de los asalariados.

II. Un caso ejemplar de esta acentuación de la explotación capitalista es el de una empresa de la General Motors en Estrasburgo, Francia.

La General Motors, que desde 1931 a 2007 fue la empresa transnacional fabricante de automotores más grande del mundo, se declaró en quiebra a mediados de 2009 y pudo ser reflotada cuarenta días después merced a una inyección del Gobierno de Estados Unidos de 50 mil millones de dólares en forma de préstamos y de aportes de capital. Es decir que el Estado pasó a ser al mismo tiempo socio y acreedor de la empresa.

Implantada en numerosos países, la GM produce y vende varias marcas de automotores que se redujeron a cinco a raíz del plan de reestructuración emprendido en junio de 2009.

De la gestión de los activos de la General Motors a liquidar como consecuencia de la reestructuración se ocupa la sociedad Motors Liquidation Company.

Entre esos activos figura una fábrica de cajas de velocidad con sede en Estrasburgo, Francia, que emplea a 1150 asalariados.

Pero estos últimos meses la General Motors –que volvió a los buenos tiempos de las ganancias multimillonarias (está ofreciendo 3500 millones de dólares para adquirir AmeriCredit una sociedad de crédito para autos)- decidió recomprar la fábrica de Estrasburgo por un euro simbólico.

Con ese fin y como condición para la recompra y así evitar el cierre de la fábrica hasta 2013 propuso al personal condiciones de trabajo francamente leoninas, entre ellas el congelamiento de los salarios durante dos años, la renuncia de los trabajadores al eventual cobro de primas excepcionales durante tres años y la disminución de la llamada reducción de tiempo de trabajo (RTT) de 16 a 10 días por año. El RTT representa para el trabajador la posibilidad de cambiar días de vacaciones por días de trabajo remunerados. Opción que muchos trabajadores utilizan en estos tiempos de “vacas flacas”.

También la empresa quiso agregar la anualización del tiempo de trabajo, lo que significa que los trabajadores pueden verse obligados a trabajar mucho más de las horas reglamentarias diarias o semanales en ciertos periodos del año, solamente compensadas por menos horas de trabajo en otros periodos, pero sin compensación monetaria alguna. Es la llamada “flexibilización” del tiempo de trabajo.

Todo ello con el propósito declarado de GM de rebajar el costo del factor trabajo al nivel del existente en sus fábricas de México.

Cabe señalar que la flexibilización del tiempo de trabajo significa en los hechos que el trabajador debe estar SIEMPRE a disposición del empleador, quien decide cuando aquél debe presentarse a trabajar o quedarse en su casa. Es el retorno a la esclavitud: el esclavo tenía sus momentos de descanso pero debía estar SIEMPRE a disposición del amo.

En materia de esclavitud la GM tiene una gran experiencia: sus filiales en Alemania utilizaron el trabajo esclavo bajo Hitler, fabricando durante la segunda guerra mundial vehículos militares para el ejército alemán. Otro tanto hizo la Ford.

La propuesta de GM a los trabajadores de la fábrica de Estrasburgo, un verdadero chantaje esgrimiendo la amenaza del desempleo y la deslocalización de la fábrica a otro país donde el costo de la mano de obra es más bajo, fue sometida a la consulta directa de los trabajadores. El 71% la aceptó y sólo el 29 % la rechazó. La mayoría, ante la amenaza del cierre inmediato de la empresa, prefirió conservar su trabajo incluso sabiendo que existe la posibilidad de que la fábrica cierre de todas maneras en Francia en 2013, después de haber superexplotado a los trabajadores durante tres años.

Tres centrales sindicales (CFDT, mayoritaria en la fábrica, FO y la CFTC) se pronunciaron a favor de la aceptación de la propuesta empresarial y sólo la CGT manifestó su oposición.

Ya hubo otros casos similares en Francia y en otros países europeos: los trabajadores aceptaron condiciones leoninas para salvar su puesto de trabajo y la empresa cerró igual un tiempo después.

En algunos de ellos, como en la fábrica de neumáticos Continental (transnacional alemana implantada en Francia), los trabajadores no pudieron evitar el cierre de la empresa pero después de una lucha larga y encarnizada con el apoyo de todas las centrales sindicales lograron condiciones de indemnización más favorables que las previstas en la ley laboral.

La resignación de la mayoría de los trabajadores de la fábrica GM de Estrasburgo puede explicarse por la actitud “pragmática” y poco combativa de la mayoría de las centrales sindicales y por el hecho de que el aumento del costo de la vida en Francia y en otros países ricos (lo que Marx llama el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo) se ve frenado en parte por el bajo precio de muchos productos de consumo cotidiano y familiar provenientes de China, Indonesia y otros países donde, a productividad igual o casi igual del trabajo, los salarios son muy inferiores.

Dicho de otra manera, el aumento del costo de reproducción de la fuerza de trabajo en Francia y en otros países ricos está parcialmente contenido como resultado de la superexplotación de los trabajadores de los países de la “periferia”.

Esta cara visible de la superexplotación está acompañada de otra cara menos visible: la redistribución inequitativa, favoreciendo al capital, de los beneficios del aumento de la productividad en el trabajo.

Siguiendo con el ejemplo de Francia, según las estadísticas oficiales, la productividad del trabajo en 2004 era 2,3 veces mayor que en 1975, mientras la población aumentó sólo un 25% y el salario real disminuyó en un 5,5 por ciento.

De modo que junto con el aumento de la productividad aumentó la explotación de los trabajadores y el incremento de los beneficios de la mayor productividad fue a parar integramente al capital.

III. Decíamos al comienzo que la explotación de los trabajadores manuales e intelectuales, inherente al capitalismo, en el curso del proceso productivo (extracción de plusvalía) , aumenta rápidamente en todo el mundo.

Argentina no constituye una excepción.

Eduardo M. Basualdo en su trabajo publicado en abril de 2008 La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales escribe que en 2002 la desocupación superaba el 20% y más del 30% agregando la subocupación. La caída del salario real alcanzó a casi el 30% en el 2002 y se deterioró aún más al año siguiente.

Después Basualdo sigue diciendo: en el marco del acentuado proceso de crecimiento que comienza en 2003, se registra una notable recomposición del salario real promedio y de la ocupación de mano de obra. Es indudable, que la reactivación de la producción industrial y de la construcción tuvieron un impacto de primer orden de importancia en el descenso de la desocupación (hacia fines del 2007 se ubica alrededor del 8% de la población económicamente activa), especialmente por el mantenimiento de un elevado coeficiente de empleo /producto en esas actividades económicas. No menos importante durante los últimos años ha sido la recomposición salarial que, incluso, fue más acelerado en términos de los ingresos de los trabajadores no registrados que los que trabajan “en blanco”. De allí, que en el 2007 la ocupación sea un 16% más elevada que en el primer año del siglo y que el salario real sea prácticamente igual al que regía en ese mismo año (nuestro el subrayado) .

Más adelante escribe Basualdo: la participación de los asalariados en el ingreso en el año 2007 (28%) es significativamente inferior a la vigente en 2001 (31%), es decir a la que estaba vigente antes de la crisis de la convertibilidad y la valorización financiera.

No deja de ser paradojal que cuando el salario real es equivalente al que regía antes de la crisis de 2002 y la ocupación un 16% superior, la participación de los trabajadores en el ingreso sea un 11 % más reducida que la vigente en 2001. La explicación a esta aparente contradicción se encuentra en que el PBI, no solamente creció en forma continuada a tasas sumamente elevadas (entre el 8% y el 9% anual) entre 2002 y el 2007, sino que aumentó claramente por encima de la combinación de salario real y ocupación (masa salarial).

Mientras el PBI aumentó el 31% entre 2001 y 2007, la masa salarial (equivalente al salario real por la ocupación) lo hizo sólo en un 16%. Se trata de procesos definitorios en la evolución de la participación de los asalariados en el ingreso, porque la misma es el resultado del cociente entre la masa salarial (ocupación por salario real) y el PBI (equivalente al valor agregado o el ingreso generado anualmente en el país). En otras palabras, debido a la recuperación que registró el salario real y la ocupación durante los últimos años, las condiciones de vida de la clase trabajadora para el año 2007 son mejores que durante la crisis e incluso que antes de ella (2001), pero su participación en el valor agregado (en la distribución del ingreso) es menor porque el PBI creció más que la masa salarial (nuestro el subrayado). Visto del otro lado, se puede decir entonces que el capital está en mejores condiciones que antes debido a que se apropió a través de sus ganancias de una porción mayor del valor agregado generado anualmente, registrándose una participación creciente del mismo en el ingreso.

En un documento del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de julio de 2010, (La recuperación industrial durante la post-convertibilidad ) coordinado por Basualdo y elaborado por Nicolás Arceo, Mariana González y Nuria Mendizábal se reitera el dato de que la recuperación del período 2002-2007 se produjo en el marco de la contracción de los salarios reales y de una significativa recuperación de la tasa de ganancia (nuestro el subrayado).

El periodista Ismael Bermúdez, comentando en Clarín del 31/7 las estadísticas del INDEC recién publicadas, señala que la producción industrial aumentó en la primera mitad de este año casi el 10%, pero el número de obreros ocupados solo creció el 0,5%.

Sigue diciendo que la mayor actividad fue afrontada con el incremento de las horas trabajadas de trabajadores que habían tenido jornadas reducidas y en otros casos apelando a las horas extras, de acuerdo a los datos del INDEC. Así, mientras la industria superó el retroceso del período de la crisis global, el nivel de ocupación en el segundo trimestre de este año continúa por debajo de igual período tanto de 2008 como de 2009. En la construcción pasó algo parecido: aumentó 10% la actividad, pero hasta el primer trimestre el número de trabajadores “en blanco” siguió retrocediendo y se mantuvo por debajo de la marca de fines de 2006. También para el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), en los 5 primeros meses de 2010, aunque con una leve recuperación, el empleo registrado en el sector estaba todavía 4,1% por debajo del nivel de igual período de 2009. A partir de estos datos, se estima que la baja de la desocupación anunciada en base a anticipos del INDEC podría deberse al aumento del empleo en los servicios o a que habría disminuido la cantidad de gente que salió a buscar empleo. En la industria el dato laboral positivo fue que en el segundo trimestre se detuvo la caída del empleo y por eso el semestre pudo cerrar con un leve incremento de la ocupación del 0,5%. Así, de las cifras oficiales se desprende que tanto la industria manufacturera como la construcción estarían obteniendo fuertes ganancias de productividad (el subrayado es nuestro).

Cabe agregar que la mayor parte de los beneficios de esta superexplotación de los trabajadores ni siquiera queda en el país sino que va a parar al extranjero, como resultado de un ininterrumpido proceso de extranjerización de la economía que tuvo su etapa más aguda en el período postdictatorial durante las dos presidencias de Menem y continúa hasta hoy.

En efecto, en 1993, de las 500 mayores empresas 281 eran nacionales y 219 extranjeras, y del total de los puestos de trabajo, el 60% los proporcionaban las empresas nacionales y el 40% las extranjeras. En 2007 de las 500 mayores empresas sólo 130 eran nacionales y 330 extranjeras. Las primeras proporcionaban el 37,1% de los puestos de trabajo y las segundas el 62,9%. (Concentración, centralización y extranjerización. Continuidades y cambios en la post-convertibilidad. Documento de trabajo nº 4. CIFRA - Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, febrero de 2010. Cuadro estadístico de la pág. 17).

A esta extranjerización de la industria (donde hay que incluir en lugar destacado el petróleo y la minería) hay que agregar la extranjerización del campo: unas 30 millones de hectáreas han pasado a precios de liquidación a manos de extranjeros en los dos últimos decenios, sin que el Gobierno nacional ni los Gobiernos provinciales actuales o precedentes hayan hecho nada para parar esta sangría. Extranjerización acompañada por la sojización transgénica del campo, consecuentemente envenenado con el herbicida glifosato: sobre el total del área sembrada, la soja ha pasado del 26% en 1996/97 al 33% en 1999/2000 y al 53% en 2006/2007, a expensas de otros sembrados y de las explotaciones de los pequeños propietarios y arrendatarios.

Dicho de otra manera, la recuperación de la tasa de ganancia se logró acentuando la explotación de los trabajadores en beneficio de los grandes patrones agrarios e industriales transnacionales y “nacionales”, del círculo de amigos empresarios y neoempresarios de la pareja presidencial, entre ellos la cúpula de la burocracia sindical acaparadora de empresas y servicios, cuyo principal exponente es el “compañero” Moyano.

Un paréntesis con respecto a los dirigentes sindicales-empresarios. El patrimonio de los dirigentes sindicales es un secreto celosamente guardado. En julio de 2001, Patricia Bullrich (peronista desde muy joven y actualmente opositora), en ese entonces Ministra de Trabajo del Gobierno de Fernando de la Rúa, dictó dos resoluciones 376 y 377/2001 para asegurar la gestión transparente de los fondos sindicales y obligar a los dirigentes a presentar una declaración jurada de su patrimonio. Esto fue enérgicamente rechazado por los destinatarios de dichas reglamentaciones. Como resultado de la presión de la burocracia sindical, el 7 de mayo de 2002, Graciela Camaño (peronista y actualmente anti K) , Ministra de Trabajo de Duhalde, dictó la Resolución 345/2002 suspendiendo la resolución 376/2001 “hasta tanto se resuelvan definitivamente los recursos administrativos articulados contra la citada resolución por las asociaciones sindicales”. Y en octubre del mismo año, Camaño dictó la Resolución 708/2002: “Derógase la Resolución N° 377/2001, mediante la cual se dispuso la presentación de una declaración jurada patrimonial integral por parte de los integrantes de conducción de las asociaciones sindicales”, en la que se invocaba cínicamente el artículo 14 bis de la Constitución y las normas en materia de libertad y autonomía sindical.

El aumento de le explotación de los trabajadores no es un simple dato estadístico sino que se traduce en los hechos de la realidad cotidiana en forma de agudización de la pobreza y la indigencia de una buena parte de la población, con su correlato de altos índices -en ascenso- de mortalidad infantil, de deserción escolar, de subalimentación, etc.

En un estudio reciente del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) se mostraron las carencias que padece una de cada tres familias en Argentina. La pobreza que se expande actualmente tuvo valores críticos a comienzos del siglo XXI, disminuyó en el quinquenio siguiente y volvió a crecer a partir de 2006. Otro tanto ha ocurrido con los niveles de indigencia. El estudio señala que la pobreza se distribuye desigualmente a lo largo del país: en las provincias norteñas se dan los más altos porcentajes de necesidades insatisfechas; en el Gran Buenos Aires, durante el curso de los últimos 30 años, la pobreza se ha multiplicado por diez. Continúa diciendo el estudio que uno de los indicadores demostrativos del pauperismo que afecta a tantos argentinos es la vivienda: se comprueba un incremento del número de familias alojadas en condiciones precarias, ya sea en villas de emergencia, asentamientos populares u ocupaciones de hecho. En 2004 representaban el 10 por ciento de la población; ahora constituyen el 17 por ciento. Además, el 36 por ciento habita en lugares que carecen de servicios cloacales, el 27 se ha instalado en lugares inundables, el 12 padece de hacinamiento y el 16 por ciento sufre de riesgo alimentario.

Es importante señalar que el nivel de empobrecimiento de buena parte de la población es diferenciado: en unos casos es relativo y en otros absoluto. Eso depende de varios factores. Uno de ellos es según el sector económico en el que trabajan, si trabajan “en blanco” o “en negro” y también según el sexo y el nivel educacional de los trabajadores.

Se agregan otros factores coyunturales como planes asistenciales, un extendido clientelismo y una política de captación de sectores de clase media a través de su funcionarización u otras formas de prebendas.

Pero lo cierto es que la brecha social se ha profundizado en Argentina en los últimos años, con los ganadores de un lado y los perdedores del otro.

Estos últimos han perdido la batalla en la puja distributiva por varias razones.

La primera es que “la necesidad tiene cara de hereje”, cuando la opción es seguir desocupado o aceptar un trabajo cualesquieras sean las condiciones.

Pero no menos importante es la debilidad organizativa de los trabajadores, como consecuencia de una tasa de sindicalización que alcanza actualmente sólo a la mitad de la existente durante el primer gobierno de Perón y, estrechamente ligado a este fenómeno, la persistencia desde hace más de medio siglo de la burocracia sindical, verdadero cáncer y agente del enemigo de clase en el seno del movimiento obrero.

A esto se agrega la defección de una buena parte de la clase media profesional e intelectual que por comodidad, ingenuidad o interés y con autojustificaciones sumarias (“es lo que hay”) no acompaña las reivindicaciones y reclamos de los oprimidos y explotados y ha abandonado toda expectativa de transformación social.

Esta adhesión de una parte de la clase media al régimen de turno no es una novedad: ocurrió durante la dictadura militar (beneficiarios de la “plata dulce” y el comentario “algo habrán hecho” sobre los desaparecidos) , durante el menenismo, consintiendo con su silencio aprobatorio el fenomenal despojo del patrimonio nacional y también ocurre ahora.

Entre la sartén del régimen actual y el fuego de la oposición de derecha hay que buscar otra alternativa basada en una fuerte organización obrera de masas y de clase, independiente de los gobiernos de turno y de los patrones, ayudada por una capa de profesionales e intelectuales que no vacile en apostar a un profundo cambio político-social, cumpliendo con lo que hace 80 años Aníbal Ponce llamó “los deberes de la inteligencia”.

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Los “daños colaterales” provocados por no haberse retirado del CIADI y denunciado tratados comerciales bilaterales contrarios a la soberanía nacional

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

El 30 de julio último el Tribunal Arbitral del CIADI resolvió contra el Estado Argentino el litigio que lo opone a la transnacional Suez por la ruptura del contrato de concesión de Aguas Argentinas. Suez reclama una indemnización de 1200 millones de dólares.

El Tribunal Arbitral da toda la razón a Suez y no toma para nada en cuenta los reiterados incumplimientos de la empresa durante la vigencia del contrato.

El Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI, ICSID en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial y cuyo presidente es, ex officio, el Presidente del mismo Banco Mundial, constituye tribunales arbitrales internacionales que dirimen las controversias entre las sociedades transnacionales y los Estados que aceptan someterse a ese procedimiento.

Los Estados, al aceptar esta jurisdicción para dirimir conflictos con empresas privadas, renuncian a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de sus tribunales nacionales.

Los tribunales arbitrales constituidos en el CIADI carecen de independencia, pues de los tres árbitros dos de ellos representan de hecho los intereses de la empresa: el árbitro que nombra la empresa y el Presidente del Tribunal quien, cuando no hay acuerdo entre las partes, lo que ocurre casi siempre, es nombrado por el Presidente del Consejo de Administración del CIADI (art. 38 de los Estatutos del CIADI), que no es otro que el Presidente del Banco Mundial.

Incluso suele suceder que el Presidente del Banco Mundial, cuando nombra al Presidente del Tribunal arbitral, ni siquiera respeta el último párrafo del art. 38 de los Estatutos del CIADI, que establece que “Los árbitros nombrados por el Presidente conforme a este Artículo no podrán ser nacionales del Estado Contratante parte en la diferencia, o del Estado Contratante cuyo nacional sea parte en la diferencia”. Por ejemplo en el caso Aguas del Tunari (Bechtel) contra Bolivia nombró Presidente del Tribunal Arbitral a David D. Caron, ciudadano estadounidense, es decir de la misma nacionalidad que Bechtel.

El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, del 18 de marzo de 1965 (Convenio de Washington), que creó el CIADI, fue elaborado por el Banco Mundial. Durante la discusión del mismo, los Estados latinoamericanos, fieles en esa época a la Doctrina Calvo, se opusieron unánimemente a la creación de un tribunal arbitral internacional para dirimir conflictos entre los Estados e inversores extranjeros. El delegado chileno, Félix Ruiz, expresó la oposición en nombre de todos los países latinoamericanos. (Boletín de prensa del Banco Mundial del 9 de setiembre de 1964. Dato extraído de Gonzalo Biggs, La crisis de la deuda latinoamericana frente a los precedentes históricos. Grupo Editor Latinoamericano. Colección Estudios Internacionales. Distribuidor EMECE. Buenos Aires, 1987, pág. 77).

Después soplaron otros vientos « neoliberales » y hoy forman parte del CIADI una veintena de Estados latinoamericanos, la mayoría de los cuales adhirieron en el decenio de 1990.

En mayo de 2007 Bolivia, Nicaragua y Venezuela anunciaron su retiro del CIADI, pero sólo Bolivia comunicó su retiro al CIADI en el mismo mes de mayo.

Es necesario señalar que la ratificación del convenio CIADI no obliga a los Estados Parte a someter a tribunales arbitrales internacionales las controversias con inversores extranjeros. En efecto, el último párrafo del Preámbulo del Convenio dice: Declarando que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este Convenio por parte del Estado Contratante, no se reputará que constituye una obligación de someter ninguna diferencia determinada a conciliación o arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado.

El sometimiento al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores extranjeros forma parte de las obligaciones asumidas en los Tratados de Protección y Promoción de las Inversiones Extranjeras (TPPI), en Tratados de Libre Comercio y en otros similares.

Argentina firmó 54 TPPI en el decenio de 1990 y el Parlamento ratificó todos o casi todos. Los TPPI firmados por Argentina cumplen escrupulosamente con las exigencias del poder económico transnacional.

Desde 2003, los Gobiernos “nacionales y populares” de Néstor y Cristina Kirchner, pudieron retirarse del CIADI y denunciar los TPPI pero no lo hicieron.

Porque una cosa es la pirotecnia verbal populista y otra la sumisión en los hechos al poder económico y financiero transnacional y a las instituciones a su servicio.

EN EFECTO, EXISTEN DIVERSAS MANERAS DE LIBERARSE DE ESOS TRATADOS, POR INICIATIVA GUBERNAMENTAL O A TRAVÉS DE ACCIONES POPULARES.

Si existe la voluntad política de hacerlo, se puede salir de la trampa de los tratados bilaterales de libre comercio y de promoción y protección de inversiones.

1) Denunciando los Tratados cuando concluye su vigencia para evitar su reconducción automática. Pero el comienzo de la vigencia de un tratado o su tácita reconducción pueden ser recientes y en ese caso el momento en que se lo pueda dar por terminado al finalizar su vigencia puede estar muy lejano. Sin embargo, en general los tratados incluyen un mecanismo de denuncia que puede formalizarse en cualquier momento durante su vigencia, aunque sus efectos son suspensivos, es decir que la denuncia produce sus efectos transcurrido cierto lapso.

2) Invocando la preeminencia de una norma jerárquicamente superior.

El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, dice lo siguiente: « Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter ».

La Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros Tratados y Convenciones internacionales de derechos humanos y ambientales revisten el carácter de normas imperativas de derecho internacional general que no puede ser vulneradas por otros tratados o acuerdos internacionales, so pena de nulidad de estos últimos.

3) Restableciendo la competencia territorial de los tribunales nacionales.

En muchos tratados bilaterales de comercio y de inversiones se incluye una cláusula de renuncia a la jurisdicción nacional en favor de tribunales arbitrales para dirimir conflictos entre un particular inversor y el Estado receptor de la inversión.

Esta renuncia implica el abandono de la llamada «doctrina Calvo », que se basa en los principios de la soberanía nacional, de la igualdad entre ciudadanos nacionales y extranjeros y de la jurisdicción territorial. Según la doctrina Calvo los Estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia por parte de otros Estados y los extranjeros tiene los mismos derechos que los nacionales y, en caso de pleitos o reclamaciones, tendrán la obligación de agotar todos los recursos legales ante los tribunales locales sin pedir la protección e intervención diplomática de su país de origen.

La doctrina Calvo está incorporada a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (artículo 15); al Pacto de Bogotá (artículo 7), a la Resolución 3171 del 17 de diciembre de 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas (Soberanía permanente sobre los recursos naturales), punto 3, y a varias Constituciones nacionales: de Argentina (art. 116); de Bolivia ( art. 24 ); de El Salvador (art. 98 y 99); de Ecuador (art. 14); de Guatemala (art. 29); de Perú (art. 63, 2° c); de Venezuela (art. 151), etc.
4) Efectuando el control de constitucionalidad de los tratados.

Los tratados internacionales pueden ser sometidos al control de constitucionalidad, a fin de que los Tribunales nacionales determinen si son conformes con la parte dogmática de la Constitución en lo que se refiere a los derechos y garantías contenidos en ella y más particularmente con las normas internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía de jus cogens (normas imperativas de derecho internacional).

5) Verificando si existen vicios insanables en la celebración y aprobación de un Tratado, que acarrean su nulidad.

En la aprobación de un Tratado pueden haber vicios de procedimiento que acarreen su nulidad. Por ejemplo cuando está previsto en la ley o en la Constitución nacional el control constitucional previo y éste no se efectúa.

Otra causa de nulidad de un Tratado son los vicios de fondo.

A ellos se refiere la Sección 2 (artículos 46 a 53) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que lleva el título Nulidad de los tratados.

Ya nos hemos referido en 2) al art. 53 de la Convención de Viena .

Según el art. 46 de la misma Convención puede ser causa de nulidad de un Tratado si ha sido celebrado en violación manifiesta de una norma de importancia fundamental del derecho interno de una de las partes que celebró el Tratado.

Combinando los artículos 46 y 53 sería causa de nulidad de un Tratado su celebración en violación de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución del Estado y en las principales normas del derecho internacional de los derechos humanos, como los derechos a la salud, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a la educación, etc.

6) Invocando la nulidad de un Tratado celebrado por autoridades de un Estado que, al hacerlo, han violado su mandato.

Las autoridades de un Estado que han firmado y ratificado un Tratado con cláusulas que vulneran la soberanía de dicho Estado y los derechos fundamentales de la población, además de cometer graves delitos que podrían incluir el de traición, han violado su mandato, que consiste en desempeñar sus funciones en el marco de la Constitución, de las leyes y de las normas internacionales fundamentales, obligatorias para todos los Estados. El Tratado será nulo, por haber una de las partes violado su mandato y la otra parte no podrá alegar la ignorancia de ese hecho para sostener la validez del Tratado, cuando la violación del mandato fuere manifiesta.

7) Promoviendo iniciativas populares legislativas, referendos revocatorios, etc. contra los tratados ya vigentes o en trámite de negociación, contrarios a la soberanía y a los intereses nacionales (arts. 39 y 40 de la Constitución).

8) En el plano judicial, promoviendo acciones en defensa de intereses colectivos y/o difusos (art. 43 de la Constitución).

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Argentina: Aportes para la discusión en el Consejo del Salario

Claudio Lozano - Tomás Raffo

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Equipo de trabajo:
Ana Rameri
Agustina Haimovich
Mora Straschnoy

Coordinación:
Claudio Lozano - Tomás Raffo

Síntesis y conclusiones

Las conclusiones que sintetizan el presente material son:

- Las rondas negociales del 2010 han cerrado con un salario mínimo de convenio de $2.100, superior al que resultará del ajuste que se termine adoptando en la inminente reunión del Consejo del Salario. Lo expuesto supone que la fijación del nuevo salario mínimo (SMVM) no tendrá ningún efecto sobre los trabajadores registrados bajo convenio, el segmento ocupacional donde se supone que impacta.

- En el 2009, previo a la fijación del SMVM aproximadamente 300.000 trabajadores lo cobraban según el Ministerio de Trabajo. Es decir que este instrumento solo tenía efecto pleno sobre apenas el 3,9% de los asalariados registrados, el 2,5% de los asalariados totales, el 1,9% del total de ocupados y el 1,8% de la Población Económicamente Activa (PEA).

- El inexistente impacto del salario mínimo no es el resultado de que la estructura ocupacional esté percibiendo ingresos superiores. El 43,2% de la PEA está por debajo del salario mínimo. Se trata de casi 7.400.000 trabajadores (es decir sin computar a los desocupados). Por categoría ocupacional, el 24,8% de los patrones, el 61,9% de los cuentapropistas y el 44,1% de los asalariados se encuentran en esta situación. Así, la fijación del salario mínimo tiene poco que ver con las condiciones de ingresos bajos las cuales se reproduce la fuerza laboral argentina.

- Desde 2003 a la fecha el salario mínimo ha aumentado en términos nominales, en un 650%. Sin embargo, esta evolución nada tiene que ver con la alcanzada por los ingresos medios de las distintas categorías ocupacionales. Los ingresos medios del total de ocupados (excluyendo a los patrones), sólo superan al mínimo en un 22%, mientras que tanto los trabajadores no registrados como los cuentapropistas perciben ingresos medios por debajo del mismo.
- Entre 2001 y 2009, mientras el SMVM aumenta un 620%, los incrementos de los ingresos medios por categoría ocupacional en ningún caso alcanzan el 300%. En términos reales, el poder adquisitivo del SMVM sólo mejoró en un 112,1% desde el paupérrimo nivel en que se encontraba en 2001. En este marco, el ingreso real de los ocupados se expandió solo un 13,6% (en el marco de una economía que ha crecido un 46%).

- La canasta de consumo familiar promedio alcanza un valor a Julio del 2010 de $4.845,2. Sabiendo que en nuestro país el salario mínimo estaba en relación con el salario de convenio (cubriendo el 60% de dicho monto) y este último con la canasta familiar (el básico de convenio se fijaba en torno al 80% de la canasta familiar), resulta que para mantener dichas relaciones el valor del salario mínimo debería ser de $2.325,7.

- Para asegurar que el SMVM se constituya efectivamente en el piso salarial para todos los trabajadores de la Argentina y no solamente para aquellos asalariados formales, que representan apenas el 44,2% de la PEA, es que se propone aquí implementar el Seguro de Empleo y Formación para todo jefe de hogar desocupado, cuyo monto deberá ser equivalente al monto actual del salario mínimo. El costo neto de la medida es de $5 mil millones.

- Nuestra propuesta incluye garantizar una verdadera asignación universal de $300 para todos los menores, que junto con el Seguro de Empleo y Formación asegure un ingreso de $2.100 para la familia tipo garantizando que no exista ningún Hogar pobre. El costo neto anual de garantizar $300 por hijo es de $18.400 millones.

- Por otra parte, exigimos que se garantice un haber mínimo equivalente al 82% del SMVM. El costo de esta medida depende del SMVM que se fije en el Consejo del Salario. Con un haber mínimo de $1.230 (para un salario mínimo de $1.500), el costo neto es de $7.151,5 millones; con un haber mínimo de $1.537,50 (para un salario mínimo de $1.875, que se espera según los trascendidos) el costo neto es de $19.129,2 millones; y con un haber mínimo de $1.907,07 (para un salario mínimo de $2.325,70) el costo neto es de $33.524,7 millones.

- Si calculamos el costo neto total de las tres medidas (Seguro de Empleo y Formación a $1.500, Asignación Universal a $300 y haber mínimo equivalente al 82% del salario mínimo), el mismo es de $30.598 millones con un salario mínimo de $1.500; $42.576,2 millones con un salario mínimo de $1.875 y de $56.971,7 millones con un salario mínimo fijado de $2.325,7.

- Las fuentes de financiamiento disponibles superan estas necesidades. Utilizando el superávit del ANSES y restituyendo las contribuciones patronales a los niveles de 1993 para las grandes firmas, se obtienen más de $25.000 millones.

- Por otra parte, los excedentes de recaudación que el Gobierno no contempló en el Presupuesto 2010 ya acumulan $27.000 millones. Asimismo, es necesario el replanteo de los recursos que se drenan en los subsidios que en lo que va del año, arroja una proyección de recursos de casi $17.000 millones adicionales al monto fijado en el Presupuesto 2010.
- Hay que reconsiderar también el tope que deben cumplir los recursos acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En la actualidad dicho Fondo acumula activos por más de $150.000 millones, lo que representa casi el doble de los $78.000 millones de prestaciones anuales. Por ende, no hay ninguna duda de que existen activos y recursos en capacidad de liberarse para garantizar la mejora en el nivel de las prestaciones.

- Vinculado con el punto anterior, teniendo en cuenta que buena parte de la deuda del sector público es con los propios organismos estatales (ANSES, Banco Nación, AFIP, etc) la cuenta de intereses del sector público podría reducirse a cerca de $5.000 millones, con lo que se liberaría más de $20.000 millones de las cuentas fiscales.

- Con respecto a una reforma de ganancias, una estimación conservadora supone ampliar recaudación por esta vía en cerca de $7.000 millones.

Todas estas alternativas permiten financiar nuestra propuesta. No se trata de una restricción económica la que impide hacerla posible sino en todo caso de una restricción política que nosotros no respetamos.
1) El nulo y casi inexistente impacto del salario mínimo.

Según lo informa el propio Ministerio de Trabajo, las rondas negociales del 2010 han cerrado con un salario mínimo de convenio de $2.100. Es decir, se trata de un salario mínimo superior al que resultará del ajuste que se termine adoptando en la inminente reunión del Consejo del Salario. Lo expuesto supone que la fijación del nuevo salario mínimo no tendrá ningún efecto sobre los trabajadores registrados bajo convenio. Es decir no tendrá impacto en el segmento ocupacional donde se supone que impacta.

Según las declaraciones del Ministerio de Trabajo en el momento previo a la fijación del salario mínimo en el 2009, había 300.000 trabajadores que estaban cobrando dicho ingreso, por lo cual era sobre este segmento ocupacional que el aumento del salario mínimo impactaba directamente. Aún considerando esta cifra, lo expuesto implica que el salario mínimo solo tiene un efecto pleno sobre apenas el 3,9% de los asalariados registrados, el 2,5% de los asalariados totales, el 1,9% del total de ocupados y el 1,8% de la Población Económicamente Activa (PEA).


Ahora bien, el inexistente impacto del salario mínimo no es el resultado de que la estructura ocupacional esté percibiendo ingresos superiores. Lejos de dicha situación, el salario mínimo actual no funciona como un piso de ingresos. En Argentina gran cantidad de los ocupados perciben por debajo del mínimo, lo que da cuenta de la insuficiencia de este instrumento no sólo por estar destinado apenas a una parte de la fuerza laboral (los asalariados del sector formal) sino también por la escasa capacidad de tracción sobre el resto de los ingresos de otras categorías ocupacionales. Como muestra el cuadro Nro 2, el 43,2% de la PEA están por debajo del salario mínimo. Se trata nada más ni nada menos que de casi 7.400.000 trabajadores con empleo (es decir sin computar a los desocupados). Si desagregamos por categoría ocupacional vamos a ver que, si bien todas las categorías presentan porcentajes elevados, existen marcadas desigualdades al interior de la población ocupada. Mientras el 24,8% de los patrones que capta la EPH (se trata de 170.892 patrones de bajos ingresos) gana por debajo del Salario Mínimo, esta proporción asciende al 61,9% en el caso de los cuentapropistas (1.864.518 personas). Por otra parte, si bien el 44,1% de los asalariados (más de 5 millones) no alcanza a ganar el mínimo, entre los trabajadores registrados la magnitud desciende al 19% mientras que las tres cuartas partes de los no registrados no llegan a dicho umbral (3.178.158 trabajadores).


Teniendo en cuenta las horas trabajadas la situación se modifica levemente. En este caso, el 35,9% de la PEA están ganando por debajo del salario mínimo por hora. Se trata de más de 6 millones de ocupados (nuevamente no hemos tenido en cuenta a los desocupados). Podemos observar que también de esta manera encontramos marcadas desigualdades entre las categorías, siendo los patrones los más beneficiados aunque con un porcentaje mayor, lo cual demuestra que para llegar a los $1440 mensuales trabajan más horas de las establecidas según la jornada laboral legal, al igual que los trabajadores registrados. En el resto de las categorías el porcentaje puede verse disminuido por trabajar menos horas, lo cual puede deberse a la inestabilidad de sus empleos, como en el caso de los cuentapropistas y los trabajadores no registrados. Con respecto a los asalariados, nuevamente se observa el “privilegio” de los asalariados formales por sobre los informales: mientras el 22,6% de los primeros gana por debajo del mínimo por hora, este porcentaje asciende al 65,8% en el caso de los segundos.


En síntesis, en nuestro país, la fijación del salario mínimo tiene poco que ver con las condiciones de ingresos bajos las cuales se reproduce la fuerza laboral argentina.

2) La fijación del salario mínimo no solo no impacta en la fuerza laboral, sino que tampoco tracciona sus ingresos.

El Salario Mínimo ha presentado sucesivos aumentos desde 2003 a la fecha (ver Cuadro Nº 4). En términos nominales, ha implicado un incremento de 650% hasta el último aumento otorgado en Enero de 2010.


Sin embargo, esta evolución nada tiene que ver con la alcanzada por los ingresos medios de las distintas categorías ocupacionales. En el Cuadro Nº 5 podemos observar que mientras en el período 2001 – 2003 todas las categorías ocupacionales presentaban un ingreso promedio superior al salario mínimo, ya a partir del 2004, el ingreso medio de los no registrados se encuentra por debajo del salario mínimo, situación a la que se agrega el ingreso medio de los cuenta propia a partir del 2006. A Diciembre de 2009 el piso estipulado era de $1.440, tanto los trabajadores no registrados como los cuentapropistas se encontraban por debajo de ese piso, percibiendo ingresos en promedio de $958 y $1.423,8 respectivamente. Por otra parte, si tenemos en cuenta los ingresos medios del total de ocupados (excluyendo a los patrones), vemos que sólo superan al mínimo en un 22% (es decir, en $314).


En el Cuadro Nº 6 vemos cómo la evolución nominal del SMVM supera ampliamente la evolución del resto de las categorías. Mientras el primero aumenta un 620% entre 2001 y 2009, los incrementos de los ingresos medios por categoría ocupacional en ningún caso alcanzan el 300%.


Por otra parte, debemos tener en cuenta la evolución real de las variables, en términos de su poder adquisitivo en base al comportamiento de la inflación. Desde 2001 a 2009 el Índice de Precios al Consumidor (1), se vio incrementado en un 239,5%. Este aumento de los precios provocó que la mejora en los distintos ingresos se vea reducida considerablemente. En el caso del SMVM, a pesar de haber aumentado nominalmente un 620%, en términos reales sólo mejoró en un 112,1% desde el paupérrimo nivel en que se encontraba en 2001. En este marco, el ingreso real del conjunto de los ocupados se expandió solo un 13,6% (en el marco de una economía que ha crecido un 46% desde el 2001. Como puede observarse del cuadro, han sido los cuenta propistas, que desde pisos muy bajos de ingresos, han conseguido los mejores aumentos reales (del 16,6%), seguido por los asalariados registrados (11,7%) en un contexto donde los no registrados todavía mantienen una pérdida del 1,8% de su poder adquisitivo.


Si utilizamos como fuente el Índice de Salarios difundido por el INDEC, podemos observar que mientras el SMVM se vio incrementado en un 650% en términos nominales, el nivel general de salarios sólo aumentó un 250%. En el sector público la mejora es considerablemente menor, siendo de un 161% mientras que en los salarios del sector privado, si bien encontramos diferencias entre registrados y no registrados (sus salarios aumentaron un 304% y un 248% respectivamente), lejos están de corresponderse con el comportamiento que presentó el SMVM (ver Cuadro Nº 8).


Si a la misma serie la reelaboramos en base a la evolución del poder adquisitivo otorgado por los distintos salarios, vemos que nuevamente las mejoras se ven reducidas. Desde 2001 hasta Abril de 2010 tuvimos una inflación del 274%, lo cual provocó que el SMVM se haya incrementado en términos reales en un 100,4%, comenzando incluso a disminuir a partir del último aumento (Enero de 2010) al ritmo de la aceleración inflacionaria de los últimos meses. Por otra parte, esta serie indica que el conjunto de asalariados presenta una pérdida del 6,6% que se corresponde con una heterogeneidad manifiesta, donde los asalariados del sector privado formal tiene un ingreso real 7,8% superior al 2001, mientras los no registrados mantienen una pérdida del 7,2% y los trabajadores del sector público tiene una pérdida del 30,3%.


3) NUESTRA PROPUESTA:

a) SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL EN FUNCION CON LA CANASTA FAMILIAR

Recordemos que según la Ley de Contrato de Trabajo, el Salario Mínimo Vital es la menor remuneración que debe percibir un trabajador sin cargas de familia de modo que le asegure: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Para garantizarlo, debemos partir de criterios objetivos que conformen una canasta básica capaz de satisfacer dichas condiciones y actualicen su monto a partir de estimaciones confiables de inflación.

Por lo tanto para respetar el fin último de esta institución es que actualizamos el monto de la canasta de consumo promedio de una familia tipo a cargo de un jefe de hogar asalariado que surge de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (1996/7) actualizando su valor por el IPC oficial hasta el año 2006 y la estimación del IPC de Buenos Aires City a partir de enero 2007 (Ver Cuadro Nº 10).


Llegamos así a la conclusión de que a Julio del 2010 la misma alcanza un valor de $4.845,2. Este nivel de consumo es aquel que le permite al conjunto de los trabajadores y sus familias acceder a los bienes y servicios necesarios para su reproducción, por lo que se configura como el parámetro fundamental sobre el cual debe establecerse la retribución de su fuerza laboral. Sabiendo que en nuestro país el salario mínimo estaba en relación con el salario de convenio (cubriendo el 60% de dicho monto) y este último con la canasta familiar (el básico de convenio se fijaba en torno al 80% de la canasta familiar), resulta que para mantener dichas relaciones el valor del salario mínimo debería ser de $2.325,7.


b) SEGURO DE EMPLEO Y FORMACION EQUIVALENTE AL ACTUAL SALARIO MINIMO.

Para asegurar que el Salario Mínimo Vital y Móvil –SMVyM- se constituya efectivamente en el piso salarial para todos los trabajadores de la Argentina y no solamente para aquellos asalariados formales, que representan apenas el 44,2% de la PEA, es que se propone aquí implementar el Seguro de Empleo y Formación para todo jefe de hogar desocupado, cuyo monto deberá ser equivalente al monto actual del salario mínimo ($1.500). De este modo, se garantizaría que toda la fuerza laboral tenga un ingreso equivalente al actual salario mínimo, fijando de hecho el nuevo piso de ingresos del mercado laboral que permitirán, junto a otras medidas que la acompañen (impulso al mercado interno de consumo popular y replanteo productivo) alcanzar el salario mínimo de $2.325, que está en linea con la canasta familiar.

Tomando como población potencial del Seguro tanto a los jefes de hogar desocupados computados por la EPH como a quienes perciben a la fecha planes de empleo, la suma de estas poblaciones arroja un universo total de 809.794 personas. El costo bruto de financiar el Seguro de Empleo y Formación en base a un salario de $1.500 mensuales para este universo es de $7 mil millones. Sin embargo si se computa el ahorro de los principales planes de empleo vigentes, el costo neto de la medida se reduce a $5 mil millones.


c) ASIGNACION UNIVERSAL DE $300.

Si bien el gobierno ha anunciado un aumento del 22,2% de las Asinaciones por Hijo y por persona con discapacidad para Septiembre de 2010, debemos tener en cuenta que estas asignaciones no llegan a todos dadas las restricciones que presentan en su diseño, las cuales resultan en una (des)protección social focalizada. En este punto nuestra propuesta supone garantizar una verdadera asignación universal de $300 para todos los menores, que junto con el Seguro de Empleo y Formación de $1.500 asegure un ingreso de $2.100 para la familia tipo garantizando que no exista ningún Hogar pobre.

Otorgar $300 por hijo tiene un costo bruto anual de $49.907 millones. A este monto hay que descontarle lo que actualmente está cubierto por el sistema de asignaciones formales (que con el último aumento tiene previsto una masa de recursos de casi $11.000 millones) y lo que se destina a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (que con el reciente aumento supone una masa de recursos de casi $10.000 millones). En este marco, el costo bruto se reduce a poco más de $29.000 millones. Descontando el autofinanciamiento, el costo neto anual de garantizar $300 por hijo es de $18.400 millones. Ver cuadro Nro 13.


d) JUBILACION MINIMA EQUIVALENTE AL 82% DEL SALARIO MINIMO.

A partir del aumento reciente que lleva el haber mínimo a $1.046,40 el gasto mensual de dicha partida asciende a $3.968,75 millones, lo que equivale a una erogación bruta anual de $51.593,74 millones.

Por su parte, llevar el haber mínimo al 82% del actual salario mínimo implica que el haber mínimo al ubicarse en $1.230 requiere de una erogación mensual de $4.665,10 millones y un gasto anual de dicha partida en $60.646,31 millones.


Por lo tanto, el costo bruto anual de llevar el haber mínimo a $1.230 es el que resulta de la diferencia entre la masa de recursos que requiere dicho monto (es decir los $60.646,31 millones) y la masa de recursos que supone la situación vigente (los $51.593,74 millones que implica una mínima de $1.046,40). Es decir para llevar el haber mínimo al 82% del actual salario mínimo, se requiere una masa bruta anual de $9.052,57 millones. A este costo bruto hay que descontarle el autofinanciamiento por la captura de IVA a que da lugar el consumo de los jubilados. Por ende, sin considerar efectos multiplicadores, el componente de autofinanciamiento que conlleva esta medida es de $ 1.901,04 millones. De este modo, el costo bruto anual de llevar el haber mínimo al 82% del salario mínimo supone un costo neto anual de $7.151,53 millones).

Si consideramos el nuevo salario mínimo que resultará de la inminente reunión del Consejo del Salario, donde según los trascendidos, se daría un aumento del 25% en el salario mínimo que lo ubicaría en $1.875, por lo que el 82% de dicho valor en el cual debiera fijarse el haber mínimo sería de $1.537,50. En este caso el costo bruto anual sería de $24.214 millones (ver cuadro Nro 15). En este caso el costo neto descontando el autofinanciamiento sería de $19.929 millones.


Por último, de considerar el salario mínimo que estamos proponiendo de $2.325,70 (salario mínimo en función de la Canasta Familiar) el 82% de dicho valor en el cual debiera fijarse el haber mínimo sería de $1.906,50. En este caso el costo bruto anual sería de 42.408 millones (ver cuadro Nro 16). Descontando el autofinanciamiento, el costo neto anual sería de $33.525 millones.


De este modo, se presenta el costo neto de las 3 medidas considerando 3 escenarios posibles de salario mínimo:

a) La opción 1 tiene en cuenta el Seguro de Empleo y Formación a $1.500, la Asignación Universal a $300 y el haber mínimo de $1.230 (para un salario mínimo de $1.500).

b) La opción 2 tiene en cuenta el Seguro de Empleo y Formación a $1.500, la Asignación Universal a $300 y el haber mínimo de $1.537,50 (para un salario mínimo de $1.875).

c) La opción 3 tiene en cuenta el Seguro de Empleo y Formación a $1.500, la Asignación Universal a $300 y el haber mínimo de $1.907,07 (para un salario mínimo de $2.325,70).

En el cuadro Nro 17 se presenta el costo neto anual para estas 3 opciones.

La opción 1 tiene un costo neto anual de $30.598,5 millones, la opción 2 supone un costo neto anual de $42.576,5 millones y la opción 3 un costo neto anual de $56.971,7 millones


El financiamiento

a) Restitución de las contribuciones patronales a los niveles de 1993 para grandes empresas

Como es bien sabido, las reducciones a las contribuciones patronales iniciadas en 1993 determinaron que las contribuciones pagadas por los empleadores se redujeran del 33% de la nómina salarial al 17% para la industria y al 21% para el comercio y los servicios. Así, luego de más de 15 años de aquellas medidas y con una modificación sustantiva del tipo de cambio sostenido por más de 8 años, la industria sigue pagando un nivel de contribuciones que es casi la mitad de la que pagaba en aquel año; mientras el comercio y los servicios pagan un nivel de contribuciones que es un 36% inferior a aquel entonces. Restituir las contribuciones patronales supone incrementar los niveles de recaudación por este concepto en un 94% en la industria y en un 57% en el comercio y los servicios. Sin embargo, dichos aumentos no deben realizarse en las pequeñas y medianas empresas que presentan una realidad muy diferente a las grandes empresas. De esta manera se podría ampliar rápidamente la recaudación por contribuciones y liberar recursos tributarios de ANSES en más de $16.800 millones. Hacer esto posible supone obviamente una regulación pública eficaz que en cada sector particular evite la esperada respuesta que en materia de precios pudieran intentar plantear las firmas con mayor poder de mercado. Los datos que avalan este cálculo se presentan en el cuadro N º 18


b) Superávit del ANSES

Como da cuenta el cuadro Nro 19, el ANSES tenía presupuestado un superávit para el 2010 de $15.480 millones. Sin embargo, tanto los supuestos falsos del presupuesto en materia de evolución de actividad y precios, así como las medidas adoptas con posterioridad, principalmente la “asignación universal” financiada con el superávit del ANSES, han reducido dicho superávit en $8.203 millones.


Como muestra el cuadro Nº 20, estas 2 medidas suponen un total de $25.014,4 millones.


Respecto a la opción 1 resta por financiar 5.600 millones;

Para el caso de la opción 2 la necesidad de recursos que se requiere son $17.560 millones.

Para el caso de la opción 3 la necesidad de recursos que se requiere son $32.000 millones.

Existen diversas fuentes que permiten hacer frente a la necesidad de recursos de las 3 opciones:

a) Los excedentes de recaudación que el Gobierno no contempló en el Presupuesto 2010 al subestimar el nivel de precios y también la pauta de crecimiento. Se trata de recursos adicionales que al primer semestre del 2010 ya acumulan $27.000 millones a los previstos.

b) El replanteo de los recursos que se drenan en el barril sin fondo de los subsidios que en lo que va del año, arroja una proyección de recursos de casi $17.000 millones adicionales al monto fijado en el Presupuesto 2010. Subsidios que engrosan, convalidan y reproducen una apropiación de ganancias extraordinarias de algunas pocas firmas que conforman el oligopolio petrolero local.

c) La consideración del tope que deben cumplir los recursos acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se trata de un fondo originalmente pensado (en el año 2007) para acumular hasta un 30% de la masa de prestaciones previsionales como modo de garantizar el pago de haberes. Con la estatización de las AFJPs, dicho porcentaje se elevó al 100% de las prestaciones de un año. En la actualidad dicho Fondo acumula activos por más de $150.000 millones, lo que representa casi el doble de los $78.000 millones de prestaciones anuales. Por ende, no hay ninguna duda de que existen activos y recursos en capacidad de liberarse para garantizar la mejora en el nivel de las prestaciones. No se trata de una cuestión técnica ni operativa, sino como siempre de voluntad política

d) Vinculado con el punto anterior, un tema significativo remite a la consideración que buena parte de la deuda del sector público es con los propios organismos estatales (ANSES, Banco Nación, AFIP, etc). Un tratamiento serio de esta cuestión permitiría reducir el endeudamiento público tanto en el stock de deuda como en los vencimientos de capital e interes. Por ende, la cuenta de intereses del sector público podría reducirse de los actuales $27.000 millones se podría reducir a cerca de $5.000 millones, con lo que se liberaría más de $20.000 millones de las cuentas fiscales.

e) No estamos discutiendo una reforma integral de ganancias, que permita capturar mayores recursos por vía la eliminación de las exenciones a las rentas financieras, las ganancias de capital, la fuga de tributos al exterior y la elevación de la alícuota en el tramo de mayores ingresos personales. Una estimación conservadora supone ampliar recaudación por esta vía en cerca de $7.000 millones (como lo reconoce el propio Ministerio de Economía)

Todas estas alternativas permiten financiar nuestra propuesta.

No obstante, debe hacerse la salvedad que la enumeración de las fuentes potenciales de recursos obliga a entender que a medida que la situación avanza las reformas estructurales que nuestro país necesita y que este gobierno sigue postergando se hacen cada vez mas imprescindibles. En este caso, nos referimos puntualmente a la reforma previsional, fiscal e impositiva.

Nota:
1) A partir del 2007 utilizamos como fuente del IPC los datos de Buenos Aires City que cuenta con una metodología similar al IPC del INDEC y cuya responsable es la desplazada Directora del IPC del INDEC.

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Argentina: Frente a la inseguridad. "No se puede prevenir un delito o fenómeno que no se conoce"

PRIMERA FUENTE

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, tiene serias dudas de que se quiera trabajar para combatir la inseguridad. De visita en nuestra provincia, reconoció que no se invierte ni un solo peso en el análisis macro del fenómeno y que por lo tanto, resulta difícil aplicar el remedio necesario.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, vino a Tucumán a disertar sobre “El impacto social y económico de las decisiones judiciales”, invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Pero además, para tomar parte de una jornada de trabajo en el Colegio de Abogados de Tucumán. Su visita despierta siempre muchas expectativas y genera una consulta obligada sobre la actualidad del país, en materia de seguridad y en sentido, la actuación de la justicia sobre los delitos penales.

Previo a la apertura del curso de postgrado “Herramientas Criminológicas”, Zaffaroni que el año pasado recibió en Suecia un premio en Criminología, habló de la criminología mediática que se genera a partir de la “revolución comunicacional” y que se debe separarla de lo que es la realidad, con un amplio dominio de lo emocional sobre la racional ante un hecho de violencia o de inseguridad.

Se mostró escéptico de que la solución pasa por la modificación del Código Procesal Penal, al señalar que “hay 65 mil presos en el país y no son todos ellos homicidas”, para agregar que “al decir que se entra por una puerta y se sale por otra puerta, se está mandando un mensaje de instigación al delito y tiene un efecto reproductor del delito”. Zaffaroni también consideró que en estos momentos se habla mucho sobre la inseguridad, quizás por el efecto mediático que esto tiene en la comunidad, sin que exista un plan o tratamiento político en serio para resolver el problema. “Si esto se maneja como una conversación de café y no con datos técnicos ciertos, no se puede prevenir un delito o fenómeno que no se conoce. Ya que no se destina ni un solo peso al análisis macro del fenómeno", enfatizó el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Foto: Argentina, Justicia - Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. / Autor: PRIMERA FUENTE

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Lorenzetti contra el juicio político a Martín Lozada

RIO NEGRO ON LINE

El titular de la Corte Suprema declaró que no se puede denunciar a los jueces por sus sentencias. "Es una práctica que hay que corregir", dijo. El magistrado barilochense afronta una denuncia ante la Magistratura por haber autorizado un aborto a una joven violada.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, respaldó tácitamente la actuación del juez de Bariloche, Martín Lozada, al señalar a "Río Negro" que los pedidos de acusación ante el Consejo de la Magistratura "están reglados".

"Lo que no se puede hacer -dijo- es denunciar a los jueces por sus sentencias y esto es algo que se está convirtiendo en común. Para eso están las apelaciones".

"Esta es una práctica que no corresponde y que hay que corregir", contestó Lorenzetti a un cronista de este diario cuando fue consultado sobre la convocatoria del Consejo de la Magistratura de Río Negro, para analizar una denuncia contra Lozada, por haber autorizado a abortar a una adolescente de 17 años que había denunciado que su padre y su tío la violaban en forma recurrente.

Lozada es el mismo juez que fue apartado de sus funciones por la Cámara Segunda, en la causa por la muerte de Diego Bonnefoi, un joven presuntamente asesinado en Bariloche por un cabo de la policía provincial en un caso caratulado de gatillo fácil.

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El tranvía... derrotar la mentira y el olvido... (Parte II)

Elena Luz González Bazán (especial para ARGENPRESS.info)

Una historia para ser conocida y comprendida... el Tranvía en Buenos Aires, el porqué de su expulsión y enterramiento en las catacumbas del transporte automotor.

Siguiendo con la historia del tranvía...

Hacia 1860 se calculaba que Buenos Aires tenía unos 150.000 habitantes, el transporte público era escaso o casi nulo, además de malo por su calidad. Había un ómnibus a caballo, pero había que estar preparado para el traqueteo, el revoltijo y el salto de los mismos por las calles sinuosas de la Buenos Aires antigua.

Grupos de vecinos y hombres, esencialmente, quisieron instalar el tranvía en la ciudad, esto motivó asambleas de vecinos que se pronunciaron en contra, substancialmente el temor, por tal motivo esto retrajo por un tiempo más su instalación. Pero en 1863 comienza a transitar por la Buenos Aires antigua.

La revolución industrial había revolucionado el universo de la industria y la tecnología en Gran Bretaña y en el mundo, el ferrocarril comenzó a circular en 1827, el carbón sirvió para transportar las mercaderías a todas partes del mundo. La tecnología era tomada por el hombre para beneficio y también fue causal de la profunda explotación de millones de hombres, mujeres y niños y adolescentes.

Entre sus adelantos contamos con la electricidad; en 1881 Siemens desarrolla e instala el primer tranvía eléctrico en el suburbio de Berlín, a partir de allí la historia será otra. El primer tranvía eléctrico llega en forma de ensayo a nuestro país, pero en la ciudad de La Plata, flamante capital de la provincia más grande de nuestro país, era el 25 de octubre de 1892.

En 1890 se baraja la posibilidad de electrificar la red tranviaria. Cinco años después Buenos Aires presencia el primer prueba que parte de Plaza Italia y recorre seis cuadras.

Las empresas eléctricas serán el Tranvía Eléctrico de Buenos Ayres que inaugura el tramo de ensayo y demostración, aquel 22 de abril de 1897, entre las avenidas Las Heras y Scalabrini Ortiz, en ese momento Canning. La otra es la Compañía de Tramways La Capital, que inaugura el tramo o línea entre la avenida Entre Ríos y el barrio de Flores, 4 de diciembre de 1897. Ya en 1908, eran doce las empresas, todo fue vertiginoso y de grandes negocios.

La fusión de tranvías es entre este año de 1908 y el siguiente, nace la Compañía General de Tranways de la Ciudad de Buenos Ayres, de capitales belgas, principal accionista de la Compañía Anglo Argentina, las cuatro empresas que quedan son la Anglo Argentina, la Compañía Lacroze de Buenos Aires, los Tranvías del Puerto y la Compañía de Tranvías Eléctricos del Sud.

Las idas y venidas son muchas, nos encontramos con temores y también, seguramente con intereses económicos muy fuertes, la electrificación lleva su tiempo, La Plata llevaba la delantera, mientras la Capital Federal continuaba con la tracción animal, más avanzada tecnológicamente que la Capital Federal había instalado desde 1892 cinco cuadras de tranvía eléctrico.

Por ende, toda innovación tiene un período ineludible de decantación y pasa un tiempo hasta que es aceptada socialmente. La electrificación de la red tranviaria no es la excepción, pero luego de los tironeos entre vecinos, Estado y compañías son habilitadas; sobre fines de siglo se amplían los tranvías eléctricos, en su mayoría de fabricación estadounidense (Brill) y con 46 asientos.

Hacia el Centenario, 1910, había 12 compañías que se disputaban todos los pasajeros que viajaban en tranvía. Luego de 1910 quedan cuatro compañías: Lacroze, del Puerto, Eléctricos del Sur y Anglo Argentina. Esta última, luego de innumerables fusiones se convierte en la empresa más grande del mundo. En su haber llega a contar con casi tres mil coches (entre motores y acoplados de carga) y 11.433 obreros y trabajadores que abastecen 498 millones de pasajeros al año. La empresa, también es pionera en la red de tranvías subterráneos, hacia 1913 inaugura la actual línea "A" de tranvías subterráneos, la misma comunicaba y, obras mediante, sigue comunicando Congreso (Plaza de Mayo) con Caballito (Primera Junta), con la extensión realizada se prolonga hasta Carabobo; Puán y Carabobo fueron inauguradas por el actual jefe de gobierno el 23 de diciembre del 2008. Pero, aun podemos apreciar, mirar, sentarnos en los coches que rodaron cuando se inauguró el servicio.

El tranvía siguió su camino ascendente. La ciudad fue conocida en el mundo como la ciudad de los tranvías, 99 líneas surcaban la novel ciudad.

Luego de los tiempos del Centenario, hacia 1915, la Anglo carrozaba tranvías y en 1922 fabricaba los coches, tenían diseño propio. La red alcanzó en la segunda década del siglo XX los 875 kilómetros de vías, tanto vías sencillas como dobles, según se las conoce técnicamente. Había más de 3.000 vehículos, 12.000 obreros y trabajadores, 99 líneas y se transportaban 650.000.000 de pasajeros por año.

La competencia aparece con las primeras empresas de ómnibus, el colectivo argentino, el invento nacional desplaza al tranvía, es más, los fuertes intereses económicos, por un decreto de octubre de 1961, imponen que se liquide en breve al tranvía.

Podemos hablar de Monopolio o de Megacorporación:

Utilizando una terminología muy actual, podemos sostener que había un monopolio en el transporte tranviario. La pregunta es ¿Por qué? Simplemente porque de los 875 kilómetros de vías tendidas, 650 kilómetros pertenecían a la Anglo Argentina. La instalación de tranvías, de subterráneos no fueron una conquista social, eran el entramado de un negocio que producía regalías, ganancias y enriquecía a sus dueños, a estos monopolios donde se encontraban, fundamentalmente, los ingleses y los nativos pertenecientes a una clase social que no trepidó en vender todo, romper y desguazar todo en nombre del capitalismo... y sus favores.

La historia nos ubica en el final de la década infame, por 1939, se constituye una corporación de transportes: Corporación de Transportes de Buenos Aires, allí estaban nucleados todos los medios de transporte de la ciudad, la cual no tuvo un desarrollo reluciente, por el contrario sus cuentas fueron un desbarajuste permanente.

En 1950, en pleno gobierno peronista, el Estado se hace cargo, era la política de nacionalización de los resortes básicos de la economía nacional, así se conforma Transportes de Buenos Aires.

Hacía décadas que el tranvía se fabricaba en nuestro país, sus coches, vías, galpones fueron mejorando. Luego de la nacionalización, en 1950, hubo un fuerte incremento de nuevos coches, se mejoraron las vías o enrieladura de una parte de la red, aparte de la extensión de la línea área, se optimizaron los recorridos, se prolongaron y se rehabilitaron los que habían sido abandonados.

Entre 1956 y 1961 se fabricaban 5 nuevas series de coches, con otros diseños más nuevos, que fueron pioneros en nuestras ciudades, todo esto aumentó el tráfico de pasajeros, la comodidad y seguridad que ofrecía el tranvía.

El desguace del tranvía, el abandono de las líneas de subterráneos, su no ampliación durante décadas, la avanzada contra el ferrocarril; estamos hablando de servicios públicos de transporte que no sólo no producen polución, contaminación, sino que ahorran en energía, no consumen petróleo, un combustible no renovable, no hay smog, utilizan corriente eléctrica; todo esto fue parte de las políticas de Estado de imponer el autotransporte automotor, no importando si fue durante los gobiernos democráticos o dictatoriales.

El tranvía primero a caballo, luego mecánico y el eléctrico fueron los señores de las calles de Buenos Aires y de gran parte de las urbes de nuestro país, en la actualidad, las principales ciudades del mundo utilizan el servicio tranviario para desplazamiento de sus ciudadanos.

En nuestro país la eliminación fue la consecuencia de una política nacional impuesta, donde el transporte automotor vino para quedarse. La competitividad y no la complementariedad fue el eslabón esencial para ir derribando uno a uno los servicios sobre rieles.

Pero el tiempo de la dilapidación, horadar lo nacional no ceja nunca. Algo más de una década después, luego de un siglo de tranvías por la ciudad, estos, las moles de hierro dejan de transitar por la gran urbe y por las ciudades de nuestro territorio. El destino de sus coches, máquinas y vagones es la destrucción, el desguace y la chatarra.

Igual fue con el ferrocarril tres décadas después, luego de la Resistencia Ferroviaria, se vuelve a hablar de obsolescencia y así la llegada de lo privado será recibida por una sociedad blanda, banal y sin conciencia de lo nacional.

Un final no feliz...

En 1962 con el pretexto de lo arcaico, algo que queda claro fue una siniestra mentira, se clausura el tranvía, eso sí, no es malo repetirlo, en la actualidad más de 350 ciudades del mundo lo utilizan. Eso sí, los medios de comunicación masiva soslayan, olvidan y no lo dicen... que es el principal medio de locomoción, de transporte de pasajeros.

Casi sobre fin de 1962, el 26 de diciembre, se cancela oficialmente el uso de los tranvías. El último tranvía corre el 31 de diciembre de 1964.

Los coches van a parar a los galpones, se exportan a otras ciudades, se los desmantela, mal vende, desguaza, destaza, se los comercializa como hierro viejo. De esta forma el olvido derrota a la Memoria... sin embargo, las calles de Buenos Aires, durante décadas, serán el testimonio viviente de aquellas moles que recorrían la Capital Federal, sus vías siguieron testarudas, sosteniendo que ellas no querían ser derrotadas por el olvido de los hombres...

Entonces es bueno preguntarse ¿Por qué había que desintegrarlo?

La respuesta está dada, la competencia del autotransporte automotor, que se fue adelantando al tranvía para quitarle pasajeros, que desde Vialidad Nacional se programaron vías paralelas al ferrocarril. Que tienen adjudicados recorridos que realiza el subterráneo.

No hay una ley de Transporte en la Argentina, eso es una obsolescencia... todos los países desarrollados del mundo la tienen...

Lo que en los países desarrollados es complementariedad en nuestro país es competencia despiadada. La imposición de los intereses mundializados, globalizados o como deseen llamarlos, lo más acorde sería del imperialismo condenaron a Argentina a padecer un transporte automotor que deja tendales de víctimas a diario, a cerrar ramales ferroviarios, tranvías, trolebuses y subterráneos viviendo en el pasado.

Mientras en el mundo, hoy, se preocupan por el inmenso daño que se ha hecho a la capa de ozono, al despilfarro de los recursos no renovables, algo tarde, por supuesto... en nuestro país seguimos colapsados con un transporte automotor que es un arma de fuego en manos de quienes lo conducen...Pruebas al canto, pregúntense entre camioneros, colectiveros y automovilistas particulares cuantos han rebotado en los nuevos controles de manejo, año 2007 y posteriormente.

¿Ustedes sabían por casualidad que en estas empresas enrieladas había escuelas de conductores...? sí, existían y por ello los accidentes fueron escasos... pero la ignorancia y creerse lo que dicen los grandes medios de comunicación hacen de la mentira verdad, las sociedades deben hacerse cargo de sus errores.

Mientras tanto, el tranvía volvió por Puerto Madero... como alguna vez se inició para unir el trayecto de las clases acomodadas del país... luego el transporte sobre vías, tanto el tranviario como el ferroviario y el subterráneo fueron para consumo popular... eso sí, cuando pertenecieron al Estado nacional, como parte de los resortes básicos de la economía nacional.

Son regresos sin gloria...eso sí, son muy costosos...

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Argentina, Chaco: Masacre de Margarita Belén. Ballester, “No se obliga a obedecer los crímenes aberrantes”

Marcos Salomón (CHACO DIA POR DIA)

La afirmación del coronel retirado hizo explotar a los imputados. Convulsionada y agitada fue la declaración brindada este jueves por tele conferencia. También declararon el ex diputado Jorge Belzor Miño y el sepulturero jubilado Uralio Fernández.

No hay peor astilla que la del propio palo. El buen humor y la bonhomía previa al inicio del juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén, pronto se les borraría de la cara de los imputados, con Horacio Losito como comandante del grupo de militares –el policía Alfredo Chas permaneció ajeno a la escena-.

Es que este jueves, la declaración del coronel (R) Horacio Ballester, miembro del Centro de Militares por la Democracia, logró sacarlos de quicio. Losito, de pie, junto con Ricardo Reyes, miraban indignados la imagen de la TV, que hacía las veces de monitor de la videoconferencia con el Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires, donde estaba el testigo de 83 años.

Jorge Carnero Sabol era un pistón que iba y venía murmurándole a la oreja al defensor Carlos Pujol. Luis Alberto Patetta aportaba lo suyo. Los demás, inquietos. La mujer de Losito, que según el diario Página 12 se encadenó encapuchada junto con Cecilia Pando, murmuraba: “Mercenario”.

La astilla

Retirado en 1971, Ballester ya declaró en otros juicios por crímenes de lesa humanidad, como sucedió en Corrientes, en la causa por el ex Regimiento de Infantería 9. Hizo una clara y precisa explicación de cómo se dividió al país en zonas y áreas, como parte de la lucha contra el “enemigo interior”.

Explicó la vinculación de las Fuerzas Armadas con la Escuela de las Américas y la Doctrina Francesa de Contrainsurgencia, que, básicamente, enseñaba el “aniquilamiento de los elementos de izquierda, subversivos”.

Sobre la Masacre de Margarita Belén, Ballester afirmó sin medias tintas: “Fue un genocidio”. Criticó el traslado de presos políticos desde Resistencia hacia Formosa: “Desde el punto de vista militar, no cierra”. Y cuestionó la falta de medidas de seguridad del convoy y la poca custodia.

Pero, lo que más le llamó la atención es que “de los 13 militares que realizaron el traslado, no hay ni un herido. En cambio, todos los presos políticos están muertos y desaparecidos”, no recordando en la historia de enfrentamientos armados un resultado como ese: sin muertos ni heridos de uno de los bandos.

Juego de preguntas

Para esa altura, los imputados ya no podían soportar más lo que estaban escuchando. La tensión y el insoportable eco de la sala fueron cortados por una pregunta del defensor Carlos Pujol: “¿Las personas trasladadas formaban parte del convoy?”. La respuesta fueron risas generalizadas. Y un “hasta que los mataron”, ironía de la querella.

Pujol recompuso: “¿Estaban obligados a cumplir la orden de traslado?”. La respuesta de Ballester: “Estaban obligados a cumplir el reglamento”.

Rápido de reflejos, intervino el querellante Mario Bosch, repreguntando: “¿Y están obligados a cumplir el reglamento si son órdenes aberrantes?”.

Con la serenidad que mostró durante todo el juicio, señaló: “No se obliga a obedecer crímenes aberrantes”.

Fue en ese momento que Losito y Reyes, de pie, cuestionaban al testigo y lo llamaron “golpista”. Mientras, la presidenta del Tribunal Oral Federal, Gladis Yunes, tuvo que poner mucha energía para controlar la situación. Y el testigo no entendía muy bien las imágenes que veía, a través de las cámaras de la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual (DCEA), del Instituto de Cultura.

Entonces, otra pregunta, le dio la oportunidad de relatar al testigo que su “peor error” como militar fue haber participado del golpe que derrocó al presidente Arturo Illia. De hecho, durante la dictadura del general Lanusse, Ballester conoció la cárcel y fue dado de baja del Ejército.

Testigos

Cuarto intermedio. Uralio Fernández pidió permiso para ir al banco a cobrar su jubilación. A pesar de ser testigo de la defensa, el Equipo de Protección a Testigos tramitó la autorización. Antes de su regreso, comenzó la declaración del ex diputado provincial Jorge Belzor Miño.

De elegante negro y rojo montonero, contó que lo detuvieron a principios de marzo de 1976 por el Ejército. Apenas estuvo unas horas en la Brigada de Investigaciones, hasta que lo llevaron al Ejército, donde lo torturaron (pero esa será parte de la historia para la Causa Caballero).

De allí al Pabellón 6 de la U7, desde donde vio salir a Néstor Sala, Luis Barco y Arturo Franzen, caminando hacia su traslado a la muerte: “Sabíamos que si los volvían a sacar era para matarlos, aplicando la ley de fugas”.

Del régimen carcelario, Miño recuerda: “En la cárcel hay que prepararse para morir, si no, es un error”. Sin dejar de pensar en todos los detalles: “Debido al régimen inhumano, debíamos planificar que un grupo vaya de cuerpo por la mañana y otro por la tarde”.

Negó cualquier posibilidad de fuga durante el traslado: “Nosotros decíamos vejiga vacía y bien acolchonado, que era encimarse ropa para resistir los golpes”. Defendió y elogió la labor del padre Elvio Brisaboa, uno de los próximos testigos más esperados, que declararía también por videoconferencia desde Rosario.

Para el final quedó un muy asustado Uralio Fernández, sepulturero que regresó a declarar justo a tiempo, tras cobrar su jubilación. Otros trabajadores jubilados del cementerio San Francisco Solano, citados como testigos, no pudieron ser hallados. Tampoco se presentaron y postergaron su declaración para el próximo lunes otros dos testigos.

Entre el temblor propio de su edad y los nervios que lo consumían, las manos de Fernández se movían sin control, más cuando tuvo que reconocer su firma en una declaración anterior. A él le tocó enterrar entre 12 y 14 cuerpos en su horario de trabajo: de 5.30 a 13. Al menos un cadáver era de mujer y también enterró NN.

Y es aquí donde la batalla judicial quedó sepultada por la estrepitosa realidad, resumida en una pregunta: ¿Dónde están los cuerpos de los fusilados el 13 de diciembre de 1976 que continúan desaparecidos?

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Argentina, Chaco: Masacre de Margarita Belén. Ballester, “No se obliga a obedecer los crímenes aberrantes”

Marcos Salomón (CHACO DIA POR DIA)

La afirmación del coronel retirado hizo explotar a los imputados. Convulsionada y agitada fue la declaración brindada este jueves por tele conferencia. También declararon el ex diputado Jorge Belzor Miño y el sepulturero jubilado Uralio Fernández.

No hay peor astilla que la del propio palo. El buen humor y la bonhomía previa al inicio del juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén, pronto se les borraría de la cara de los imputados, con Horacio Losito como comandante del grupo de militares –el policía Alfredo Chas permaneció ajeno a la escena-.

Es que este jueves, la declaración del coronel (R) Horacio Ballester, miembro del Centro de Militares por la Democracia, logró sacarlos de quicio. Losito, de pie, junto con Ricardo Reyes, miraban indignados la imagen de la TV, que hacía las veces de monitor de la videoconferencia con el Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires, donde estaba el testigo de 83 años.

Jorge Carnero Sabol era un pistón que iba y venía murmurándole a la oreja al defensor Carlos Pujol. Luis Alberto Patetta aportaba lo suyo. Los demás, inquietos. La mujer de Losito, que según el diario Página 12 se encadenó encapuchada junto con Cecilia Pando, murmuraba: “Mercenario”.

La astilla

Retirado en 1971, Ballester ya declaró en otros juicios por crímenes de lesa humanidad, como sucedió en Corrientes, en la causa por el ex Regimiento de Infantería 9. Hizo una clara y precisa explicación de cómo se dividió al país en zonas y áreas, como parte de la lucha contra el “enemigo interior”.

Explicó la vinculación de las Fuerzas Armadas con la Escuela de las Américas y la Doctrina Francesa de Contrainsurgencia, que, básicamente, enseñaba el “aniquilamiento de los elementos de izquierda, subversivos”.

Sobre la Masacre de Margarita Belén, Ballester afirmó sin medias tintas: “Fue un genocidio”. Criticó el traslado de presos políticos desde Resistencia hacia Formosa: “Desde el punto de vista militar, no cierra”. Y cuestionó la falta de medidas de seguridad del convoy y la poca custodia.

Pero, lo que más le llamó la atención es que “de los 13 militares que realizaron el traslado, no hay ni un herido. En cambio, todos los presos políticos están muertos y desaparecidos”, no recordando en la historia de enfrentamientos armados un resultado como ese: sin muertos ni heridos de uno de los bandos.

Juego de preguntas

Para esa altura, los imputados ya no podían soportar más lo que estaban escuchando. La tensión y el insoportable eco de la sala fueron cortados por una pregunta del defensor Carlos Pujol: “¿Las personas trasladadas formaban parte del convoy?”. La respuesta fueron risas generalizadas. Y un “hasta que los mataron”, ironía de la querella.

Pujol recompuso: “¿Estaban obligados a cumplir la orden de traslado?”. La respuesta de Ballester: “Estaban obligados a cumplir el reglamento”.

Rápido de reflejos, intervino el querellante Mario Bosch, repreguntando: “¿Y están obligados a cumplir el reglamento si son órdenes aberrantes?”.

Con la serenidad que mostró durante todo el juicio, señaló: “No se obliga a obedecer crímenes aberrantes”.

Fue en ese momento que Losito y Reyes, de pie, cuestionaban al testigo y lo llamaron “golpista”. Mientras, la presidenta del Tribunal Oral Federal, Gladis Yunes, tuvo que poner mucha energía para controlar la situación. Y el testigo no entendía muy bien las imágenes que veía, a través de las cámaras de la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual (DCEA), del Instituto de Cultura.

Entonces, otra pregunta, le dio la oportunidad de relatar al testigo que su “peor error” como militar fue haber participado del golpe que derrocó al presidente Arturo Illia. De hecho, durante la dictadura del general Lanusse, Ballester conoció la cárcel y fue dado de baja del Ejército.

Testigos

Cuarto intermedio. Uralio Fernández pidió permiso para ir al banco a cobrar su jubilación. A pesar de ser testigo de la defensa, el Equipo de Protección a Testigos tramitó la autorización. Antes de su regreso, comenzó la declaración del ex diputado provincial Jorge Belzor Miño.

De elegante negro y rojo montonero, contó que lo detuvieron a principios de marzo de 1976 por el Ejército. Apenas estuvo unas horas en la Brigada de Investigaciones, hasta que lo llevaron al Ejército, donde lo torturaron (pero esa será parte de la historia para la Causa Caballero).

De allí al Pabellón 6 de la U7, desde donde vio salir a Néstor Sala, Luis Barco y Arturo Franzen, caminando hacia su traslado a la muerte: “Sabíamos que si los volvían a sacar era para matarlos, aplicando la ley de fugas”.

Del régimen carcelario, Miño recuerda: “En la cárcel hay que prepararse para morir, si no, es un error”. Sin dejar de pensar en todos los detalles: “Debido al régimen inhumano, debíamos planificar que un grupo vaya de cuerpo por la mañana y otro por la tarde”.

Negó cualquier posibilidad de fuga durante el traslado: “Nosotros decíamos vejiga vacía y bien acolchonado, que era encimarse ropa para resistir los golpes”. Defendió y elogió la labor del padre Elvio Brisaboa, uno de los próximos testigos más esperados, que declararía también por videoconferencia desde Rosario.

Para el final quedó un muy asustado Uralio Fernández, sepulturero que regresó a declarar justo a tiempo, tras cobrar su jubilación. Otros trabajadores jubilados del cementerio San Francisco Solano, citados como testigos, no pudieron ser hallados. Tampoco se presentaron y postergaron su declaración para el próximo lunes otros dos testigos.

Entre el temblor propio de su edad y los nervios que lo consumían, las manos de Fernández se movían sin control, más cuando tuvo que reconocer su firma en una declaración anterior. A él le tocó enterrar entre 12 y 14 cuerpos en su horario de trabajo: de 5.30 a 13. Al menos un cadáver era de mujer y también enterró NN.

Y es aquí donde la batalla judicial quedó sepultada por la estrepitosa realidad, resumida en una pregunta: ¿Dónde están los cuerpos de los fusilados el 13 de diciembre de 1976 que continúan desaparecidos?

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