lunes, 23 de agosto de 2010

La campaña sucia y chauvinista de El Heraldo dirigida contra periodistas internacionales

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

El diario El Heraldo sigue una sistemática campaña contra “extranjeros” y ahora se dirige incluso contra nosotros, corresponsales extranjeros que reportamos para los medios internacionales.

Video: http://vimeo.com/14343494 (Por el periodista Edgardo Escoto y el camarógrafo José Flores

En su edición del viernes pasado, en la página 60, dice El Heraldo [1]:

“El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) investigaba ayer el estatus legal de un extranjero que participó en la brutal golpiza que le propinaron a dos comunicadores sociales”.

Foto 1: Honduras - El periodista Edgardo Escoto entrevista a Dick Emanuelsson el
sábado 21 de agosto en el programa ‘La Entrevista’ en el Canal HONDURED.
/ Autor: José Flores.

Y sigue:

“Ahorita estoy manejando un caso, tratando de establecer la identidad de un supuesto periodista extranjero que le echó la turba al fotógrafo Amílcar Luque, a quien casi lo matan”.

Fotógrafo personal de Micheletti

El fotógrafo personal de el ex jefe del régimen de facto Roberto Micheletti y del diario La Tribuna, Amílcar Luque, lo entrevistamos [2] en el Congreso Nacional después de la megamarcha el miércoles pasado y después que la Comisión de Seguridad de la Resistencia lo había detenido una cuadra del Congreso, acusándolo por ser informante de las FF.AA. El fotógrafo rechazó las acusaciones y enfrentamos sus acusaciones a la Comisión de Seguridad de la Resistencia, entrevistamos a un representante por ella.

Nosotros prácticamente salvamos a Luque, por que le recomendamos al vicepresidente del congreso nacional, el diputado de la UD Marvin Ponce, de llevar Luque a la seguridad junto con tres personas más para que no linchara al fotógrafo. Por que según la Seguridad de la Resistencia, el fotógrafo llevaba una foto en su celular abrazándose con el general Romeo Vázquez, el general que ejecutó el golpe de estado el año pasado en Honduras.

Acusaciones fabricadas

Pero dos días después del episodio Luque sostiene en El Heraldo:

“De acuerdo con Luque, al llegar al Congreso Nacional el sueco informó a unos sujetos ‘que yo le proporcionaba información a los militares y de inmediato la turba se me vino encima y comenzaron a golpearme y a despojarme de mi reloj, de mis cadenas y de la cartera. Me robaron 300 dólares y otro dinero que andaba en la cartera. También me dañaron la cámara. (…) Después de la golpiza el sueco se me acercó y me preguntaba ‘¿para quién trabajas? ¿Por qué le vendes información a los militares’?”

Esas acusaciones son nuevas por que, en la entrevista nuestra que se puede ver y escuchar en:http://www.youtube.com/watch?v=3VE57jRTN-4 con Luque en la tienda, jamás mencionó nada de eso. Menos hacia nosotros.

Acusado por intento de homicidio

Pero sigue El Heraldo:

Ante tal situación, el comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, manifestó: “Ahorita estoy manejando un caso, tratando de establecer la identidad de un supuesto periodista extranjero que le echó la turba al fotógrafo Amílcar Luque, a quien casi lo matan”.

Muy insólito que un veterano del poder judicial como Custodio ya me ha juzgado, ni siquiera que yo “presuntamente” ha echado la turba al fotógrafo sino Custodio subraya categóricamente en su declaración que lo he hecho y que además, más grave todavía, me acusa de intento de homicidio ya que “la turba casi lo (Luque) matan”.

Foto 2: Honduras - El fotógrafo de La Tribuna, Amílcar Luque es entrevistado por el
periodista sueco Dick Emanuelsson. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

El derecho a réplica

El Heraldo continúa sin ni siquiera hacer un intento de enfrentar al acusado, dándome la oportunidad de comentar las temibles y tendenciosas acusaciones, citando Custodio:

Custodio verificaba si realmente el supuesto ciudadano sueco denunciado por Luque es periodista extranjero. “Estamos queriendo conocer actualmente su identidad, su nacionalidad y su estatus profesional”, explicó el comisionado mientras verificaba la información con Migración, la Secretaría del Trabajo y el Colegio de Periodistas.

A raíz de esta campaña barata y de un periodismo primitivo, nosotros nos dirigimos al día siguiente al diario El Heraldo, solicitando en carta escrita el derecho universal de réplica o que el mismo medio nos entreviste para aclarar y rechazar semejante difamación.

También hemos hecho una denuncia al Ministerio Público para llamar a la atención este atropello para ejercer el periodismo en el país.

Colegas agredidos brutalmente

Muchos medios y colegas serios nos han contactado, preocupados por la situación y la arremetida estatal-mediático.

Esta semana ha sido terrible en el sentido que varios colegas han sido atacados físicamente, tanto por las fuerzas uniformadas como por periodistas al servicio de medios a los que la Resistencia acusa ser cómplices del golpismo.

Foto 3; 4 y 5: Honduras: El fotógrafo de La Tribuna, Amílcar Luque acompañado
por tropas del ejército mientras saca fotos de los manifestantes el 18 de agosto de
2010. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

Entre ellos Edgardo Escoto, que fue brutalmente agredido por un colega de un medio golpista. Este periodista independiente hondureño y el camarógrafo José Flores, presentaron el sábado 21 de agosto el programa ‘La Entrevista’ en el Canal HONDURED, una entrevista que se hizo con este reportero nórdico acerca las acusaciones de El Heraldo, Custodio y el fotógrafo Luque.

Ayer fuimos nosotros los atacados, mañana puede ser otros colegas y compañeros.

La entrevista se puede ver en:

Notas:


El articulo de El Heraldo:

Maestros y zelayistas agraden a comunicadores


19.08.10 - Actualizado: 19.08.10 11:25pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

Tegucigalpa, Honduras

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) investigaba ayer el estatus legal de un extranjero que participó en la brutal golpiza que le propinaron a dos comunicadores sociales.

El periodista Nelson Murillo, de Radio América, y el reportero gráfico Amílcar Luque, de diario La Tribuna, fueron agredidos el pasado miércoles por una turba de maestros y miembros de la denominada resistencia.

Murillo fue atacado mientras la marcha de los docentes y la resistencia se realizaba de la Universidad Pedagógica hacia el Congreso Nacional. Mientras que Luque fue agredido en la parte baja del Congreso Nacional.

Luque explicó que "un sueco" que se hace pasar como periodista y que participaba en la marcha lo filmó cuando él tomaba fotografías frente al hotel Marriot.

De acuerdo con Luque, al llegar al Congreso Nacional el sueco informó a unos sujetos "que yo le proporcionaba información a los militares y de inmediato la turba se me vino encima y comenzaron a golpearme y a despojarme de mi reloj, de mis cadenas y de la cartera. Me robaron 300 dólares y otro dinero que andaba en la cartera. También me dañaron la cámara".

Mientras era atendido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Luque explicó que "después de la golpiza el sueco se me acercó y me preguntaba ‘¿para quién trabajás? ¿Por qué le vendés información a los militares?’"

Ante tal situación, el comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, manifestó: "Ahorita estoy manejando un caso, tratando de establecer la identidad de un supuesto periodista extranjero que le echó la turba al fotógrafo Amílcar Luque, a quien casi lo matan".

Custodio verificaba si realmente el supuesto ciudadano sueco denunciado por Luque es periodista extranjero. "Estamos queriendo conocer actualmente su identidad, su nacionalidad y su estatus profesional", explicó el comisionado mientras verificaba la información con Migración, la Secretaría del Trabajo y el Colegio de Periodistas.

"Si yo voy a un país y voy actuando como periodista me exigen identificarme y certificarme como periodista", reflexionó.

La violencia que generan los manifestantes es responsabilidad primero de los organizadores y en segundo lugar de las autoridades que vigilan estas protestas. Entiendo que ha habido periodistas fuertemente agredidos en las últimas 48 horas. "Yo ya estoy hablando con algunos de ellos", agregó.

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Costa Rica: Presupuesto universitario. La propuesta gubernamental

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

La letra menuda alrededor del debate sobre el financiamiento a las universidades públicas, inadvertidamente pone al desnudo algunas intimidades que, quizá, el gobierno habría preferido no ventilar de forma tan evidente.

El gobierno ofrece a las universidades lo siguiente: sus fondos tendrán un crecimiento real (descontada la inflación) del 4% para 2011 y 4,5% para cada uno de los siguientes años hasta 2015. Los ministros afirman que, como porcentaje del PIB, ello elevaría el monto asignado a las universidades de 1,23% a 1,30%. Lo sorprendente de esta última afirmación es que su validez depende de que el crecimiento real del PIB sea considerablemente menor al que se les ofrece a las universidades. En concreto los ministros están suponiendo un crecimiento económico de algo más del 3% anual para el quinquenio 2011-2015. Solo de esa forma se podría cumplir la previsión que formulan.

De entrada este es la más inusitada confesión de fracaso que gobierno alguno, apenas empezando, querría hacer pública. Los anémicos índices de crecimiento que están siendo anticipados impactarían directamente en la pobreza, la desigualdad y el desempleo e indirectamente, y por vía de lo anterior, sobre la situación de agravada violencia e inseguridad que estamos viviendo.

Quizá esas lúgubres previsiones económicas no anden tan descaminados, si tomamos en cuenta dos hechos distintos pero relacionados: primero, la perspectiva, nada descabellada, de que la economía mundial permanezca atrapada en un período recesivo prolongado, con manifestaciones especialmente agudas en Estados Unidos, Europa y Japón; segundo, la terca adhesión del gobierno de Chinchilla a una modalidad de inserción y vinculación con esa economía mundial, que nos hace más vulnerables a las agudas turbulencias que la afectan.

No es posible pasar inadvertido que, siendo esta la previsión que parece dar fundamento a la propuesta que se les ha formulado a las universidades, en cambio no es ese el lenguaje que hablan las autoridades económicas del gobierno. Y el asunto resulta más sorprendente ya que una de tales autoridades –el Ministro de Hacienda- es parte de esa Comisión de Enlace donde la negociación con las universidades tiene lugar.

Parece, pues, que el gobierno maneja un doble discurso en materia económica. El uno –quizá el más realista- es el que se le aplica a las universidades. El otro –que responde a fines seguramente propagandísticos- es que el ofrecen las autoridades económicas en sus edulcoradas manifestaciones públicas.

Aparte lo anterior, dos rasgos destacados emergen del discurso de los ministros y ministras de la Comisión de Enlace. El uno atiende a su concepción de universidad. El otro al enfoque fiscalista ortodoxo desde el cual afrontan este asunto.

La gubernamental concepción de universidad queda resumido en lo ha devenido lugar común en el discurso oficial: los salarios universitarios son excesivos y crecen en forma desmedida; las universidades deben captar más estudiantes; esto ha de hacerse con el presupuesto que el gobierno ofrece (4-4,5% de crecimiento real). Los ministros no dicen: las universidades deben hacer más investigación y acción social. Tampoco dicen: el esfuerzo de desarrollo del conocimiento –que en Costa Rica depende casi totalmente en las universidades- requiere de personal altamente calificado que, por ello mismo, amerita una buena remuneración. En síntesis: lo que se dice combinado con lo que no se dice ilustra muy bien qué se desea: universidades públicas degradadas al modelo “universidad-privada-de-garaje”, harto conocido en Costa Rica.

El economicismo subyacente a esa concepción chata y ramplona de universidad, emerge aún más claro en el segundo punto: el fiscalismo ortodoxo de los representantes oficiales que exigen contención y austeridad en función del objetivo de re-equilibrio de las cuentas fiscales. Es una historia trilladísima, que ya se les aplicó a las universidades en los años ochentas y noventas. En el ámbito de la inversión en infraestructura, ello se ejemplifica en el dramático colapso de la red vial que hoy presenciamos. Es un arma de doble filo: el “ahorro” de ahora revierte, al cabo de poco tiempo, en costos muchísimo más onerosos. Es, típicamente, del tipo de falsas soluciones a que esta clase política nos ha venido sometiendo –con implacable ineptitud- a lo largo de los últimos 25 años.

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Chile. Mineros de Copiapó: Que nadie se preste a engaño

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

Que nadie se preste a engaño. La noticia feliz de la sobrevivencia de los mineros en el yacimiento San José se debe a la pericia, tradición, experiencia y fortaleza de los propios trabajadores. Que esas propiedades de vidas completas dedicadas a la explotación minera -incluso desde la infancia- sean hoy capitalizadas políticamente por Piñera es otro asunto. Es cierto, subirán los bonos del mandatario y hasta los dueños de la mina procurarán salvar ilesos de las feroces irresponsabilidades que crearon las condiciones del trágico accidente.

Pero no hay que perder la brújula, incluso en medio del más extraordinario despliegue mediático que procura poner al gobierno y sus personeros como protagonistas de una gesta propia de los mineros.

La repetición enfermiza de las imágenes televisivas y el mensaje de los mineros mostrado por el multimillonario que está sentado en La Moneda, no pueden nunca provocar la desmemoria del conjunto de antecedentes que objetivamente prueban las pésimas condiciones de la mina y la minería en Chile, la menos que pobre fiscalización de los organismos estatales responsables de la supervisión de esos centros laborales, y el abandono y expoliación de un sector de trabajadores que han enriquecido durante siglos a una clase minúscula.

Piñera no cabe de gozo porque se jugaba porcentajes de popularidad en las encuestas.

Nosotros, los de abajo, estamos felices porque asalariados de una de las más terribles industrias del país están con vida.

Y nada de lo que ocurra terminará con lo realmente determinante: que el actual Ejecutivo representa pura y duramente los intereses de la minoría que manda y no de las grandes mayorías, la ampliación de la pobreza y las desigualdades sociales, y que la injusticia se funda sobre la apropiación privada y bajo cualquier condición de la producción social de la riqueza.

Estamos profundamente felices por nuestros hermanos mineros. Aunque, contradictoriamente, esa misma dicha nuestra sea convertida por la propaganda multiplicada, en un respiro momentáneo para los patrones del Estado empresarial chileno.

Chile - El mandatario Sebastián Piñera mostró en televisión el mensaje enviado por los mineros, el cual llegó al exterior amarrado en la sonda de excavación y en el cual se asegura que los 33 trabajadores se encuentran bien en un refugio. / Fuente: XINHUA

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Perú: La inseguridad como estrategia

Gustavo Espinoza (NUESTRA BANDERA, especial para ARGENPRESS.info)

Todos los noticieros de la televisión peruana responden a un mismo formato. Pareciera que fueran un Parte hecho por la Agencia Central de la Policía Nacional, distribuido luego a los medios para ser retransmitidos con religiosa puntualidad, siguiendo un riguroso orden correlativo.

La primera noticia -anunciada casi siempre como “de último minuto” o “primicia”- es, habitualmente, un crimen. Por lo general se trata de la muerte de alguien asesinado por su conviviente o por un tercero. ¿El móvil? Los celos, la violencia familiar, la incomprensión hogareña, los desarreglos mentales de la gente.

La segunda noticia, es un secuestro. Un empresario cualquiera, generalmente pequeño o mediano, resulta interceptado por personas no identificadas que se lo llevan para cobrar un rescate, o simplemente obligarlo a retirar dinero de un cajero automático.

La tercera, una violación. Una joven, atacada en la vía pública o en un vehículo de transporte, es conducida a un despoblado y ultrajada. Ella, y sus parientes más cercanos asoman rigurosamente ante Cámaras para exigir “justicia”, por el delito.

La cuarta, un asalto. Por lo general, ocurre en las grandes avenidas, o incluso en los corredores viales. Casi siempre toma la forma de dos o tres vehículos que interceptan a uno, y lo obligan a detenerse. Entonces, los delincuentes bajan y disparan a matar contra quienes caigan. Y claro, así ocurre el caso de una niña que queda cuadriplégica ante el estupor generalizado de la ciudadanía.

Y por si eso no fuera suficiente, la quinta noticia es un accidente. En una carretera del interior, dos vehículos de transporte público han chocado dejando un saldo de 20 personas muertas y numerosos heridos. O un ómnibus se ha precipitado a un abismo, por lo que han dejado de existir 18 personas entre hombres, mujeres y niños.

Después vendrán otras del mismo corte: fueron capturados dos delincuentes buscados por la policía, fue intervenido un centro de diversión donde se encontró droga, un obrero de la construcción pareció en un “accidente”, y otras similares.

Y será necesario también “intercalar” algunas noticias de orden social: los trabajadores de una azucarera en el norte toman por la fuerza las instalaciones del centro laboral, la marcha de los obreros de la construcción bloquea el tránsito en la ciudad, los maestros se resisten a ser evaluados.

Y si se tuviese que dar cuenta de un asesinato cometido por un miembro de la institución policial o militar, no se hablará de un crimen, sino de un “confuso incidente”, de resultas del cual murió un civil…

Los locutores -desde Claudia Cisneros hasta Mónica Delta, pasando por Mávila Huertas, Raúl Tola y Aldo Mariátegui, y las presentadoras de los Canales 2, 4, 7, 9 y 11 de la televisión peruana; pondrán en todos los casos, cara de circunstancia. Y se indignarán, o se sublevarán, ante la violencia de la que dan cuenta, en la medida que van ganando “rating”, es decir teleaudiencia complaciente y morbosa que quiere saber cómo fue el crimen más reciente.

¿Responde todo esto a una casualidad? ¿Es producto de apenas un modo de informar y dar cuenta de las noticias, o es más bien una estrategia orientada a colocar el tema de la Seguridad Ciudadana en el centro de las preocupaciones nacionales? Y esto ¿ocurre por gusto, o forma parte de un mensaje que se busca entregar a la gente haciéndole ver la imperiosa necesidad de tener “mano fuerte” para detener la “ola de violencia”?

Porque lo real es que, luego de algunas semanas de atiborrar la mente de las personas con crímenes cotidianos, se da paso a un titular que gana las portadas de la prensa escrita: Keiko Fujimori exige la Pena de Muerte para los delincuentes. Y claro, gracias al ambiente creado, el 77% de los peruanos saluda la iniciativa, espera que se concrete e incluso se pregunta si no sería bueno que la hija del chino -con este mensaje- gane los próximos comicios presidenciales del 2011.

Hay un antecedente para el manejo de esta política: el que se hizo a lo largo de veinte años en el país -entre 1980 y el año 2000- vendiendo la idea del “terrorismo” afincado entre los peruanos.

Una patrulla del ejército entraba a un pueblo olvidado de la serranía y mataba a campesinos indefensos. ¿La explicación del hecho? Muy simple. Se trataba de una patrulla que, en busca de “terroristas” había sido atacada en un poblado inhóspito, y se había visto forzada a repeler fuego. Quedaba consentida, de ese modo, la existencia de “grupos terroristas” que “atacaban a los soldados” y blanqueado el crimen: había ocurrido en defensa de “la ley y el orden”. Multiplicada la estrategia, el resultado fue espeluznante: centenares de “enfrentamientos” en la serranía y 70 mil muertos como consecuencia del “conflicto armado”.

En estos días, agosto del 2010, se cumplen 25 años de la matanza de Accomarca. Allí -se recuerda- una patrulla militar al mando del Teniente Hurtado, incursionó en la zona y mató a 69 personas entre niños, mujeres y ancianos. ¿La versión? Repelió el ataque de una columna senderista inexistente.

Y es que para hacer entender la necesidad de acciones de esta naturaleza y magnitud, resultada indispensable asegurar a todos que había un “conflicto armado”, es decir, una guerra.

Eso pasaba por hacer consentir a la población que la organización “alzada en armas” era una fuerza incontenible que había logrado ya el “equilibrio estratégico”, y que estaba a punto de “tomar las ciudades”, amagando el Poder. La “Democracia”, entonces tenía que defenderse. No había otra.

Al fin del camino -de ése camino- estaba un propósito político. Perpetuar un régimen neo nazi que esterilizara mujeres e hiciera prácticas de “limpieza étnica”; para -bajo el ala del “combate a terrorismo”- imponer un “ajuste” neo liberal que protegiera los intereses de las grandes empresas y beneficiara a los ricos, en detrimento -claro- de los más necesitados.

Ahora la cosa conoce algunas variantes. En Colombia, por ejemplo, cuando se descubrió la fosa común más grande del mundo con más de dos mil cuerpos de personas asesinadas, se aseguró que Venezuela cobijaba a destacamentos guerrilleros y se hizo –a partir de Bogotá- la “campaña patriótica” contra la vecina Venezuela y el gobierno de Chávez, confirmando entonces la “importancia estratégica” de contar con 7 bases militares norteamericanas en el suelo de Nariño.

Y en Costa Rica, la presidenta Laura Chinchilla, permitió el desembarco de 46 barcos de guerra y 7,000 Infantes de Marina de los Estados Unidos en suelo “tico”, para “combatir la inseguridad”.

¿No ocurrirá que aquí, para asegurar que “el Cojo” Mame no huya de la prisión y no mate a más gente, resulte necesario establecer también bases militares yanquis? ¿Y no sería útil que para que gane puntos la candidatura de Keiko Fujimori el tema de la Pena de Muerte esté situado en el centro del debate de los peruanos?

Después de todo, la “seguridad” -o la inseguridad- es también una estrategia política.

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1917-1918 - La propiedad privada y la propiedad de la persona de las mujeres: La alianza de la iglesia y los políticos

Ester Kandel (especial para ARGENPRESS.info)

Mientras en Europa soplaban vientos de revolución en Buenos Aires se presentaban entre otros proyectos, dos que ponían en cuestión la dependencia de la mujer del hombre: Divorcio y Emancipación civil de la mujer, por el diputado Mario Bravo y por el senador Enrique del Valle Iberlucea respectivamente.

- El divorcio, después de quince años, nuevo debate
- Un mundo que cambiaba y una Iglesia Católica, conservadora

El tema del divorcio abrió dos tipos de debates, uno jurídico y otro ideológico, con la Iglesia Católica. Uno apuntaba al cuestionamiento del Código Civil, como podemos leer en las páginas de La Vanguardia , consideraba al divorcio, “el corolario obligado e imprescindible de nuestra legislación civil. (…)El divorcio que estatuye el código civil, al declarar la inviolabilidad del vínculo, es una nueva ficción legal. La separación de cuerpos y la disolución de la sociedad conyugal, respetando la unidad del matrimonio, son una herejía científica y un atentado a la moral. (…)

Este debate se daba en un contexto mundial en el que cobró fuerza la lucha por los derechos civiles y cívicos de las mujeres, iniciado en nuestro país en 1902 y promovidos especialmente en el Congreso feminista Internacional, realizado en 1910.

Numerosas preguntas se formulaban para encontrar sentido al texto legal:

• ¿Cómo conciliar la anulación del hogar común, la formación de dos domicilios perfectamente separados y autorizados por la ley, que extingue aún las obligaciones recíprocas de los cónyuges con la no disolución del vínculo matrimonial, según lo establecido en el artículo 221?”

• ¿Es justo que la ley condene al ostracismo disgregado por la misma ley en atención a sus amplias atribuciones?

• ¿No hay un interés social en incorporarlo nuevamente a la sociedad y hacer nacer del caos del hogar destruido por causas esencialmente humanas, nuevos hogares al calor de los sentimientos del amor y del respeto?

• ¿Qué pretende la ley al amparar con sus amplias prerrogativas las bases angulares del hogar, defendiendo la familia del estigma de la degradación, si no permite a los elementos sanos por ella protegidos, por ella amparados y que sin su concurso hubieran caído en las claudicaciones del deber o hubieran soportado la vida ignominiosa de la esclavitud moral, el no vincularlos nuevamente a la sociedad, el no permitirle constituir nuevos hogares?

El debate con la Iglesia Católica era parte de una corriente que desarrollaba en otras partes del mundo occidental donde el agnosticismo era frecuente en el transcurso del siglo XIX. Según E. Hobsbawm (1975):

“las aseveraciones verificables de las sagradas escrituras judeocristianas habían sido socavadas o realmente rechazadas por las ciencias históricas, sociales y sobre todo, naturales. Si Lyell (1797-1875) y Darwin tenían razón, el libro del Génesis estaba equivocado sin más, en el sentido literal de la palabra y los oponentes intelectuales de Darwin estaban visiblemente derrotados. El libre pensamiento de las clases altas era corriente desde hace mucho tiempo, al menos entre los caballeros. Tampoco era nuevo el ateísmo intelectual y de clase media, que se convirtió en militante con la creciente importancia política del anticlericalismo. El librepensamiento de la clase obrera, aunque asociado con las ideologías revolucionarias, asumió una forma específica, tanto en el declive de las antiguas ideologías revolucionarias, que dejaron tras de sí sólo sus aspectos menos políticos, como cuando ganaron terreno las otras ideologías de este tipo, firmemente basadas en la ideologías materialista. (…)

El anticlericalismo fue belicosamente secularista, en la medida en que deseaba arrebatar a la religión cualquier posición oficial en la sociedad (“privatización del apoyo estatal a la Iglesia” y “separación de la Iglesia y el estado”), dejándola reducido a un asunto meramente privado. (…)

El anticlericalismo era, básicamente político, ya que la principal pasión que la movía era la creencia de las religiones establecidas eran hostiles al progreso. (…)

Así el “progreso”, es decir, la emancipación respecto de la tradición –tanto en los que refiere a la sociedad como a los individuos parecía implicar una ruptura radical con las antiguas creencias (…)

El planteo del divorcio es la respuesta a un tipo de familia impuesta en la sociedad moderna o la trampa de la familia y a los conflictos que se generaban en su interior. Un fenómeno problematizado en algunos países europeos y en distintos ámbitos, marcan la envergadura del tema.

La iglesia aparece avalando la familia de la sumisión, institución que defiende y garantiza la herencia y encubre los innumerables sufrimientos que producían los conflictos.

¿Cuál era nuestro marco jurídico sobre el matrimonio?

En el año 1886 el Congreso Nacional aprobó la ley 2.393 de Matrimonio civil, que reemplazó el título I de la sección Segunda del Código Civil: “Del matrimonio”.

Según el estudio realizado por Información parlamentaria (1995) hasta la fecha de la sanción de la ley “las solemnidades en la celebración del matrimonio se regían por las normas del rito de los contrayentes.

El proyecto de ley que el Poder ejecutivo envió al Congreso Nacional, fundamentaba la necesidad de su sanción en el creciente aumento de la inmigración y en el hecho de que muchos de los habitantes, se veían imposibilitados de casarse por carecer de sacerdotes de la comunión a la que pertenecían o por no profesar culto alguno.

En el mismo mensaje se expresa:

“(…) la Constitución (…) autoriza a los habitantes de la Nación a profesar libremente su culto y casarse conforme a las leyes (…). Las leyes que reglamenten el matrimonio, deben inspirarse en el mismo espíritu liberal de la Constitución (…). Aquellos que no pueden casarse con arreglo a las actuales disposiciones del Código Civil (…) se verán en la dura alternativa de traicionar su conciencia o de privarse del derecho de formar un hogar amparado por las leyes (…) ”

De la lectura del extenso debate de la ley surge claramente que el interés de los legisladores se centró fundamentalmente en regular la institución del matrimonio dentro de la esfera del derecho civil y fuera del ámbito de la iglesia, sin intención de modificar la situación jurídica de la mujer, ya que la nueva ley repitió las disposiciones del Código Civil sobre este tema.

Éste consideraba a las mujeres dependientes del marido e indispensables para la vida conyugal. Tal relación las transformaba en incapaces.

La “nueva mujer” y la sociedad moderna, con su producción en gran escala introdujeron múltiples cambios, o como dirían Marx y Engels “la época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y dinámica incesantes.

Una de esas relaciones era la familia y el lugar de la mujer en la misma. La división entre burguesía y proletariado, entrañaba cambios en éstas y en la relación con el medio social. En la familia burguesa la propiedad y el comercio son los elementos motores, lo cual afecta tanto a las mujeres y a los hijos.”

En ese contexto el matrimonio aparece como el sometimiento de un sexo por otro.

La expresión La trampa de la familia, lleva a Nicole Arnaud-Duc (1993) a formularse estas preguntas:

¿Cómo explicar esta contradicción que convierte a una muchacha mayor de edad y capaz, en un ser excluido de la vida jurídica, que se ha de colocar entre locos y los menores apenas se une a la multitud de mujeres casadas?

¿Cómo justificar el papel que adopta el Estado en este campo del derecho que regula las relaciones entre los individuos?

Es indudable la importancia que se le otorga a la familia como fundamento del orden social: “Por esa patria chica que es la familia se vincula uno a la grande. Los buenos padres, los buenos maridos, los buenos hijos son quienes forman buenos ciudadanos” (…)

La autora marca la sutileza de la legislación al señalar que la mujer es incapaz de ejercer un derecho. ¿Para qué? Coincidentemente con los análisis precedentes, el fin de la autoridad del marido es “administrar la sociedad conyugal y dirigir a la mujer y a los hijos, dentro de una distribución de roles conforme a la tradición.”

En otro estudio, Mujeres solas, Cecile Duphin (1993) reflexiona sobre el matrimonio desde el conflicto:

Que el matrimonio pueda ser desgraciado no es un descubrimiento del siglo XIX, pero la reflexión sobre los recursos para remediar los desórdenes familiares pone sobre el tapete los avatares de la venerable institución. A partir del momento en que la ley autoriza, las esposas son las primeras en pedir su disolución (en el 80 por 100 de los casos). Cada vez se toleraban peor los malos tratos y las violencias, que hasta entonces se había admitido. Al final del siglo, el fenómeno se extiende a un ritmo exponencial. Entonces resulta claro que el derecho al divorcio o a la separación de cuerpos sólo da carácter definitivo a una situación a menudo muy antigua de abandono de hecho. Además, la mujer que pide la ruptura no es la mujer engañada, sino la mujer golpeada. A pesar de las legislaciones variables y de la fuerte desigualdad en las tasas según los países, el recurso al divorcio o a la separación de cuerpos se convierte para las mujeres en un instrumento de liberación.
Polémica entre juristas argentinos y uruguayos

Con argumentos morales y legales se debatió un fallo de un juez uruguayo que “haciendo aplicación estricta de la ley de su país” dentro de las disposiciones y principios de su legislación procesal, declaraba disuelto un matrimonio que vivía en aquel país, sin preocuparle para nada bajo qué ley, con qué formas, en que país se había efectuado el matrimonio que con su fallo resolvía.

Ante las críticas periodísticas argentinas, el letrado uruguayo, Erico Labella, reafirmó la defensa de esa conquista y entre otras consideraciones:

La labor legislativa del Uruguay que abarca el período en que se sancionó el divorcio ha sido acaso la más proficua en leyes altamente justas y morales y de sentida e imperiosa necesidad para el pueblo, que hoy saborea con íntima satisfacción, después de haber palpado por sí mismo sus ventajas y beneficios.

Proyecto de ley de divorcio

Presentado en la Cámara de diputados por Mario Bravo y otros.

En junio de 1917 se forma una subcomisión, en la comisión de legislación para estudiar el proyecto.

Oposición de la iglesia católica. El diputado Bravo informa en la Cámara de diputados:

Es sabido que el arzobispo de Buenos Aires dirigió hace unos días una misiva “reservada” aun gran número de diputados argentinos, invitándolos a obstaculizar por todos los medios la sanción del proyecto sobre divorcio que acaba de ser presentado al parlamento del vecino país.

Así trabaja y procede siempre la iglesia. Poca segura de triunfar por la sola excelencia de su doctrina que van siendo desalojadas por la acción incesante del libre examen, acuda a artimañas y mangoneos para diferir o aplazar la victoria de los grandes ideales del libre pensamiento. Quiere substraer al debate público el dogma de la indisolubilidad del matrimonio. Y, conciente de que sus principios están en bancarrota, lejos de aconsejar que se ataque de frente al enemigo del catolicismo, que es el espíritu moderno, lo que aconseja es que se concite contra este último todas las dificultades imaginables.

A pesar de estas tretas de cuño jesuítico, hay que confiar en que grandes postulas y las altas conquistas morales del liberalismo acabarán por imponerse al fin”

En otro artículo, Ricardo Saenz Hayes, publicado en La Vanguardia del 30 de junio de 1917, titulado Civilización y divorcio, el autor recuerda la intervención del diputado Barraetaveña en la sesión del 13 de agosto de 1902:

O la República argentina en materia de divorcio se incorpora a los pueblos más libres, más felices, más civilizados, más poderosos y más morales de la tierra, a ese concierto deslumbrante de nuestro siglo progresista o queda al nivel de la vieja España, sacudida por hondas conmociones al nivel del Portugal y de sus viejas colonias de América (…).

Estas palabras son recordadas quince años después; con otras expectativas sobre el destino de los proyectos que caían “en el desolador silencio de la comisión parlamentaria.”

“No es ésta, desde luego la primera tentativa que se hace en la república para quitarle a la unión conyugal su actual carácter indisoluble. El primer proyecto de divorcio presentóse al congreso argentino en 1888 como un lógico complemento de la ley de matrimonio civil. Su autor fue el doctor Juan Palestra. Pero los liberales de aquel tiempo, todo ellos pertenecientes a las oligarquías ilustradas del país – los mismos sancionaron en 1884 la gran ley de enseñanza laica, gratuita y obligatoria – desmayaron en la mitad del camino, votando la ley de matrimonio civil tal como la presentara el ministro Posse y rechazando el capítulo XII y siguientes del proyecto Palestra que implantaba el divorcio. (…)

¿Hubo ofuscación? ¿Hubo miedo? ¿Fue acaso una transacción con los católicos? Sin embargo, el católico que combatió con más ardor y elocuencia la ley de matrimonio civil, el doctor José Manuel Estrada, se expresó en términos tales, que conviene sean recordarlos por los divorcistas y los antidivorcistas de hoy.

De todos los partidarios del matrimonio civil –decía Estrada – que han intervenido desde el origen de esta cuestión en los debates parlamentarios y de la prensa en la República Argentina, no conozco ninguno tan lógico como el señor diputado por Corrientes, autor del proyecto de matrimonio civil, que lo completó con el divorcio. Es el divorcio, en efecto, la consecuencia necesaria del matrimonio civil! ¡No se puede concebir un contrato civil que sea perpetuo, no se puede concebir un contrato civil que no sea revocable! (…)

En lo a mí respecta, admiro la claridad de juicio y la alta sinceridad del más alto ultramontano de los católicos de aquel entonces.”

A favor del divorcio

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de La Plata, adhirió al proyecto de ley de divorcio. De la nota que enviaron a la Cámara de diputados, reproducimos el texto que publicó La Vanguardia del 24 de junio de 1917:

El matrimonio no es siempre una causa de paz y armonía o una garantía de moralidad; por el contrario una causa permanente de escándalos que resultan de las pasiones y debilidades humanas.

La sola separación de los cuerpos no es suficiente para curar este mal.

Los esposos no pudiendo volver a casarse, no pueden formar una nueva familia, recomenzar su vida; su existencia se sacrifica sin esperanzas.

Se ha dicho que el divorcio sacrifica los hijos al interés de los padres. Es un error. Lo que la desgracia de los hijos, no es la ruptura legal del matrimonio, es la ruptura de hecho, la discordia, el crimen, el odio del cual son testigos y víctimas.

Rebaten la idea por la cual el divorcio es contrario a la iglesia católica, citando a San Mateo, quien admitió el divorcio por causa de adulterio.

Además de esta adhesión, en la ciudad de La Plata se formó un comité de propaganda con un núcleo de estudiantes universitarios.

También la revista “Ideas”, órgano del Ateneo de estudiantes universitarios se ocupó del tema del divorcio comentando que el proyecto de ley “interpreta un anhelo ferviente de gran parte de la opinión pública argentina resolviendo de paso, un asunto de suma importancia en nuestro medio social. (…)

Se impone un comentario de la postura dudosa y equívoca de la cámara, negando su voto al nombramiento de la comisión especial que solicitaba el autor del proyecto para su mejor tratamiento: “No necesitaremos aguzar el ingenio ni extremar la perspicacia para explicarnos – pues ni al más lerdo se le escapan – los motivos que condicionaron semejante actitud. ”

La justicia trabada por la legislación

El fallo del juez Dr. Casabal a favor del divorcio de doña María Inés Revello de Mendoza y Juan Antonio Mendoza, por culpa de éste.

“Roto el vínculo legal que los unía, dice La Vanguardia del 18 de julio de 1917, los esposos divorciados por la prohibición de formar un hogar nuevo, legítimo.”

Movimientos en defensa del divorcio

En La Plata se formó el primer movimiento en defensa del proyecto de divorcio presentado en el Congreso.

Debates

El primer debate público iniciado en La Plata, tuvo como orador a Antonio De Tomaso que dijo en su discurso:

Hay que aceptar el reto que la iglesia católica ha lanzado al liberalismo argentino, ya que en definitiva la ley de divorcio que nosotros queremos y que ha de llegar es el último eslabón de una larga cadena. El divorcio y la separación de la iglesia y el estado son las últimas etapas que faltan recorrer para completar la evolución laica argentina, las últimas conquistas que debemos hacer para que el liberalismo argentino haya frenado su misión, continuando una tradición que tiene ya cincuenta años.(..).

Falta el divorcio como un complemento del matrimonio civil.

Como lo previera la iglesia misma al atacar en el 1884 el registro civil y en el año 1888 al matrimonio civil, el divorcio es una consecuencia de esas dos reformas. Por eso está fatalmente destinado a triunfar (…)

La pequeña República del Uruguay ha dado el ejemplo. (…)

El disertante consignó que las reformas aludidas respondieron a una necesidad social y es por eso que se incorporó y arraigó en las costumbres. Las reformas planteadas se dan en el terreno jurídico, para quienes con libertad puedan decidir en “las horas graves de catástrofes” y no como una imposición para los que tengan creencias religiosas. El divorcio debería ser resuelto por mutuo consentimiento.

Ante los argumentos de la iglesia católica, quienes alegaban que este proyecto promovía la disolución de la familia, Antonio Tomaso, contra argumenta:

“los alcances y propósitos de la reforma para dejar terminantemente sentado que ella persigue un fin eminentemente social (…).

El debate jurídico habla de intromisión de la Iglesia católica en los asuntos jurídicos del estado. Con su firma Samuel Benítez rebate esta cuestión con argumentos del Antiguo y Nuevo testamento:

En el capítulo 17 y 20, Moisés aprobó y bendijo el divorcio de Abraham con su legítima mujer Sara, por estéril, cuando hizo vida marital con su sierva egipcia Agar, de quien tuvo un hijo llamado Ismael y de quien dijo dios a Moisés ue bendeciría y lo haría multiplicar con doce príncipes de Israel que nacerían de su estirpe.

Se confirma también con el mismo Cristo que según marca San Mateo en su Evangelio autorizó el repudio de la mujer en caso de adulterio.

¿No son estos casos clarísimos de divorcio y pruebas evidentes de que la esencia del matrimonio es la indisolublidad, no absoluta, sino condicional, demostrada no sólo con la luz de la razón natural, sino con hechos de la Biblia y el Evangelio?”


Emancipación civil de la mujer

Los tres primeros artículos del proyecto que presentó el senador Enrique Del Valle Iberlucea apuntaban al ejercicio de los derechos civiles:

1. Las mujeres tienen el pleno goce de los derechos civiles, pueden ejercer toda profesión o industria lícita y pueden desempeñar las funciones cargos o empleos civiles para cuyo desempeño la constitución no exija otro requisito que la idoneidad.

2. Queda abolida la incapacidad legal de la mujer casada. La extensión de su capacidad como la del marido, está determinada por el régimen matrimonial de los bienes.

3. Los contrayentes podrán en el acto de la celebración del matrimonio manifestar al encargado del registro civil que aceptan el régimen de la separación de patrimonios o el establecido en el título de la sociedad conyugal del código civil, con las modificaciones introducidas por esta ley.

Los fundamentos, que el legislador expresó extensamente abarcaron muchos aspectos que según sus propias palabras: justifican la necesidad de mi proyecto, que responde a exigencias de la opinión, del ambiente social de la república y del momento histórico de la humanidad. No puede demorarse por más tiempo entre nosotros la sanción de medidas tendientes a modificar la situación jurídica de la mujer.

Estos deseos no se cumplieron inmediatamente, pues recién ocho años después, se sancionó la ley 11357- Derechos civiles de la mujer.

El Código Civil (ley 340-1869) era muy preciso al caracterizar la incapacidad de la mujer por el “solo motivo de la dependencia del marido”. La incapacidad se refiere a los derechos.

Con la convicción de que la mujer no tiene ninguna incapacidad natural y que no existe ninguna razón para sujetarla al marido, sostiene que:

La familia debe constituirse sobre la base de la igualdad de derechos de los esposos y es una asociación libre y voluntaria con el mínimum posible de intervención de la ley. El matrimonio es un contrato registrado públicamente por el estado en garantía de los derechos de los hijos y las partes que lo celebran deben tener amplia libertad convencional para determinar su situación jurídica dentro de la familia y las reglas para el gobierno y administración de sus bienes.

El punto nodal del debate era la posesión de los bienes; después de un estudio comparado con la legislación de otros países, señala: “mi proyecto facilita la adopción del régimen matrimonial de bienes, dando a los esposos la facultad de elegirlo por una simple declaración ante un funcionario público, como lo es el oficial del registro civil, y extendiendo el derecho que el código recuerda a los futuros esposos para celebrar capitulaciones en un doble sentido: 1º permitir los contratos nupciales antes, en el momento de su celebración y durante el matrimonio; y 2º al disponer que los contratos pueden celebrarse en cualquier forma con excepción del caso en no habiendo los esposos elegido un régimen, desearan convenir, durante el matrimonio, el de la sociedad conyugal establecido por el código civil u otro cualquiera de comunidad, en cuyo caso deberá celebrarse por escritura pública.

En un sistema matrimonial que reposa sobre el libre consentimiento expreso o presunto de las partes, convenía facilitar a los interesados la elección del régimen de los bienes.”

La visibilidad de la actividad laboral de las mujeres reflejadas en las estadísticas del último censo nacional, hacía insostenible el calificativo de incapacidad y es por eso que tuvo peso fundamentar: es necesario la reforma de la legislación civil en la parte relativa a la capacidad de la mujer, la cual trabaja y contribuye al sostenimiento de la familia, y no puede sin embargo, ejercer ciertos derechos, o está sometida cuando es casada la representación legal de su marido. (…)
Las costumbres se han adelantado al legislador

Efectivamente, un grupo de mujeres venía trabajando activamente para conseguir la emancipación civil; los derechos cívicos y una legislación que contuviera las necesidades de las mujeres para compatibilizar con las tareas de crianza y domésticas y así lo expresaban en el Primer Congreso Femenino realizado en 1910 quienes habían recogido la experiencia internacional expresado en distintos eventos.

El legislador, reconociendo esa experiencia cita los argumentos de las declaraciones del congreso internacional sobre las condiciones y los derechos de la mujer, reunido en París en 1900, donde se propuso la separación de bienes entre los esposos. En el congreso celebrado en 1899 por el consejo nacional de mujeres de Nueva Zelandia, la señora Sheppard presentó un informe sobre “la independencia económica de la mujer casada”. Seis razones alegaba para disponer sus propias necesidades de una parte de la renta familiar: 1. es justo, 2. para la protección de la mujer; 3. protección de los hijos; 4.es necesario para proteger al hombre contra sí mismo; 5. mejoraría la condición de la mujer casada y 6.es una cuestión que interesa al provenir de la raza.

En 1918 el Centro Socialista Femenino resolvió iniciar un movimiento en favor del proyecto del senador socialista sobre los derechos civiles de la mujer, dando comienzo a esta iniciativa con una conferencia por parte del legislador el 3 de junio de 1918. Posteriormente, a fines de junio emitió un Manifiesto, apoyando el proyecto del senador:

La legislación argentina es sumamente atrasada y en completa desarmonía con el grado de civilización a que hemos llegado en otros órdenes de la vida nacional. Baste recordar que según nuestro código civil, la mujer casada es considerada incapaz a la par de los menores impúberes, sordomudos, analfabetos, idiotas y dementes. Esto es realmente una afrenta que nos hacen las leyes nacionales, afrenta sin embargo, contra la cual jamás la gran mayoría de las mujeres ha protestado. Es menester que salgamos de nuestra indiferencia y reclamemos nuestros legítimos derechos, que hagamos respetar nuestra dignidad. (…)

Teniendo en cuenta la contribución de las mujeres a la economía nacional, el legislador argumentaba:

Habrá necesidad en unos casos, de poner de acuerdo las leyes con las costumbres, suprimiendo las trabas o prohibiciones que las primeras opongan a la actividad femenina y haciendo así imposibles las resistencias que ésta legislación encontró en ciertas esferas de la administración pública. Y en otros casos será indispensable derogar disposiciones expresas de los códigos para acordar a la mujer casada una situación de equitativa igualdad en el seno de la familia y establecer un régimen de los bienes en el matrimonio que impida la dilapidación de su patrimonio por parte del marido.

El siguiente tramo de la intervención reconoce cierta inactividad del sexo femenino en la lucha por su derecho, aunque vuelve a insistir, que el ambiente de la república está preparado, rescatando las manifestaciones de intelectuales y algunos casos avalados por la jurisprudencia. Cita a su vez al doctor Cisternas cuando funda una sentencia, publicadas en La Razón, mayo 10 de 1918:

A la semejanza biológica y psíquica, agrega el fallo, se une ahora la igualdad económica; las actuales condiciones de lucha por la vida han obligado a la mujer a que aparte de los quehaceres domésticos, trabaje como el hombre, para el sostén de la familiar, y en muchos casos mantenga el hogar. Este hecho económico fundamental trae como consecuencia necesaria la igualdad social con el hombre.

La legislación comparada también fue objeto de estudio, así como las expresiones de los juristas argentinos citados en el cuerpo argumental, como las palabras del presidente de la suprema de la Provincia de Buenos Aires y profesor de derecho civil de la universidad de La Plata, Doctor Enrique Rivarola:

El velo nupcial envuelve la vida en un ambiente de color de rosa y el trato de los intereses materiales mancharía las alas luminosas de espíritu; pero no por eso es menos necesario prever el futuro y afrontar los problemas de la realidad para resolverlos (…), colocando en condiciones equivalentes dentro del matrimonio al marido y a la mujer, sin crear una sociedad leonina, que la ley repudia al tratar de las leyes en general y consagra al referirse a esta sociedad que la ley hace obligatoria.

La crítica del jurista Juan Agustín García también hace referencia al “idilio conyugal” que justificaba el texto legal y que causó “indecibles sufrimientos, verdaderos dramas llenos de dolor.

También se remite a uno de los comentadores del código civil, el doctor José Olegario Machado, quien en 1898 señalaba: ya es tiempo que nuestra legislación, dándose cuenta del adelanto intelectual de la mujer, la liberte en parte del perpetua tutela a que la ha sujetado, que reduzca el poder marital a todo aquello que sea de absoluta necesidad para la dirección del los negocios de la comunidad. Las leyes deben seguir a las sociedades en su perpetua transformación y así como ha seguido a la en su desenvolvimiento, elevándola a la categoría de compañera del hombre. (…)”

El cuestionamiento de la organización familiar lo remitió en nuestro país a la colonia, polemizando con la iglesia católica, “el eterno opositor” hacia un “porvenir de justicia y bienestar.”

Concibiendo a los seres humanos como seres históricos reconoce que la historia del trabajo está vinculada estrechamente a la historia de la mujer.

Pero la transformación industrial por sí sola no bastaría para explicar el movimiento feminista. Si no para su génesis, al menos para su desarrollo eran indispensables nuevas condiciones políticas.

En la mención de hechos de la historia europea y los que preconizaron por la emancipación civil de las mujeres, coincide con Augusto Bebel:

La mujer y el trabajador tienen en común que son seres oprimidos desde tiempo inmemorial. Así como el obrero puede conseguir su mejoramiento económico o intelectual por su acción gremial o política y por obra de la educación, hasta llegar a la conquista de su emancipación integral (…) La mujer fue el primer ser humano que cayó en la esclavitud y esto antes de que existiera la esclavitud misma. Han sido las castas sacerdotal y guerrera las que en todo tiempo y lugar acreditaron la concepción de la inferioridad de la mujer y la necesidad de su sujeción.” Del texto la mujer ante el socialismo.

En síntesis, en la elaboración del proyecto el legislador recogió distintas fuentes, expresiones que diferenciaban los intereses emocionales de los materiales, el reconocimiento de las posibilidades intelectuales de la mujer, las propuestas de las organizaciones feministas, los argumentos jurídicos que la consideran una igual aunque hubiera cierto poder marital.

La certeza de que este tema tenía que resolverse políticamente lo llevó a presentar el proyecto en el senado, tal como había prometido previamente al asumir el cargo:

La modificación del régimen de gobierno en un sentido cada vez más liberal y democrático en las diferentes naciones debía tener consecuencias favorables para la emancipación jurídica de la mujer.

La familia burguesa fue concebida para garantizar los bienes y especialmente su herencia, de ahí el andamiaje jurídico que convertía a la mujer en un objeto que se compraba y se vendía. El desarrollo de la sociedad generó en su interior las contradicciones que llevaron a las mujeres a resistirse primero y luego a luchar por la transformación de esta relación, exigiendo la emancipación civil y el divorcio.

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La pedagogía de la Bolsa

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

La Consultora de Investigación Social Independiente (Cisi) contratada por Sadop Rosario (Sindicato Argentino de Docentes Privados) es contundente: un docente en el sur santafesino precisa para vivir dignamente 5.817, 22 pesos mensuales (1).

La distancia es notoria e inhumana. Muy lejos de los 1.840 pesos acordados entre el gobierno nacional y los principales gremios docentes del país como salario inicial del 2010; bastante lejano del promedio que cobran maestros y profesores del sur de Santa Fe: 2.706,27 pesos por mes (1).

Otro relevamiento del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac) señala que una familia tipo necesita 4.350 pesos mensuales para satisfacer sus necesidades básicas (2).

El salario mínimo, vital y móvil en la Argentina recién alcanzará 1.840 pesos en enero de 2011.

En efecto, este pequeño inventario de indicadores y salarios es en cierto modo una respuesta a la sentencia que profirió Cristina Fernández de Kirchner en el aniversario 126 de la Bolsa de Comercio de Rosario: “Estamos dispuestos a hablar, pero de números y no de ideología (3)”.

Los números expresan que Argentina vive bajo la plutocracia.

Mientras el socialista y popular Hermes Binner recibe a los capitostes de Cargill por la nueva planta de biodiesel que la compañía construirá en Villa Gobernador Gálvez (4); a un docente santafesino no le pagan ni siquiera el 60 % de la canasta básica de subsistencia. Cargill facturó en el 2009 27.295 pesos por minuto (5).

A qué “desarrollo sustentable” se refiere, Señor Gobernador (6).

Coincidentemente, Hermes y Cristina le proponen a la Bolsa de Comercio rosarina cuasi el mismo diálogo: negociemos para que ustedes sigan acumulando ganancias y nosotros gobernando sonrientes y solícitos.

Silvana Melo es categórica: “La brecha entre los ingresos a los que puede acceder el 10 % más pobre y el 10 % más rico en el país donde brota el alimento fue de 16 en los años 60, de 18 en los 70, de 22 en los 80, de 25 a mediados de los 90, subió a más de 40 en 2002 y bajó a 25 en 2009. Hoy, como hace un cuarto de siglo el 10 % más sumergido gana 25 veces menos que el 10 con más favores (7)”.

Con todo, entre lo que venden por minuto YPF Repsol, Minera La Alumbrera, Cargill, Coto (5)… y el salario mínimo, vital y móvil: la diferencia es un crimen.

En una entrevista publicada el pasado 19 de agosto se le preguntó a Bernardo Kliksberg : “¿Qué podemos decir de la Argentina? ¿La Asignación Universal por Hijo (AUH) ha mejorado la situación?”(8). El asesor del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) respondió: “En la Argentina, la AUH es un avance muy importante en términos históricos y comparativos. Es lo mayor que se ha hecho, probablemente llegue a 2,5 o 3 millones de chicos, con un efecto de redistribución. Pero siempre prevengo: todo lo que se haga no alcanza. Éste es el continente que produce tres veces el alimento que consume su población, sin embargo hay un 16% de desnutrición crónica. (…)Hace pocos la FAO difundió que en el 2008 se obtuvo la segunda mejor cosecha de la historia, y al mismo tiempo murieron 5 millones de chicos por hambre. El número de personas hambrientas ha ido aumentando desde 1990 y en el último año, de 2008 a 2009, hay 100 millones más de hambrientos, lo que lleva la cifra de la FAO a 1.020 millones de personas con hambre (8)”.

Mientras “una de cada tres familias argentinas tiene dificultades para acceder al alimento, la vivienda, la salud, la educación y el trabajo” según un estudio del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (9); el sistema financiero sumó 3.938 millones de pesos de utilidades entre enero-mayo de 2010. Son más de 26 millones de pesos por día (10).

Heinz Dieterich en La plutocracia que gobierna el mundo subraya: “Simón Johnson, ex economista en jefe del FMI, constató el 16 de abril del año en curso, que “seis megabancos estadounidenses tienen activos que son equivalentes al sesenta por ciento del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos”.A mediados de los años noventa esa proporción era “solamente del veinte por ciento (11)”.

En definitiva, estos números son ideología. Aquí se pretende argumentar que el gran capital sigue haciendo de las suyas AUH o retenciones mediante.

Tal vez, Jean Ziegler, ex Relator Especial para el Derecho a la Alimentación del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acierte: “Los niños están muriendo por culpa de los gángsteres de la Bolsa (12)”.

En Rosario, Buenos Aires, París o New York la plutocracia decide y actúa.

Y un interrogante clave continúa siendo qué rol cumple la educación de jóvenes y niños en este contexto.

José Luis Rebellato es terminante: “Una ética y una política del mercado requieren una educación para el mercado; una educación, no centrada en los derechos humanos, sino en la fuerza: la fuerza de la competencia, de la eficacia sin deliberación y de la instrumentalizad gerencial. Asistimos a supuestas reformas educativas que pretenden que el acto educativo sea un calco de la racionalidad económica y el docente un eficiente técnico gerencial de los procesos de aprendizajes. Como acertadamente lo señala Coraggio, las políticas sociales, económicas y educativas están “cristalizando un contexto urbano amistoso para el mercado mundial, antes que un mercado amistoso para la gente”. Decididamente, el Banco Mundial (BM) se ha metido a educador (13)”.

Vale recordar: en los 90 el BM programaba nuestras políticas educacionales; en el 2.000 la UNESCO. FLACSO mediante, educar es contener la mayoría de los pibes y jóvenes en galpones primarios y secundarios porque pocos universitarios o empleables le sirven de ganancia a la plutocracia.

Formar “capital humano competente y flexible” es lo que desean. Pedagogía de la Bolsa.

La educación es un derecho inalienable y no un servicio a prestar en cuotas financiables.

Más que mayor PBI (Producto Bruto Interno) destinado a educación: la verdadera democracia Argentina demanda sacudir a los perennes que piensan y obran como la plutocracia lo hace.

Si los criminales de la Bolsa requieren escuelas galpones... para ellos vaya una pedagogía libertaria que al menos ya le empieza a molestar los oídos.

Es tiempo de abandonar el silencio que los cipayos y perennes han cultivado entre nosotros.

Notas:
1) Un docente rosarino necesita para vivir más del doble de lo que gana. Marcela Isaías. La Capital. 19/07/2010
2) Una familia de clase media necesita 4.350 pesos mensuales. El alto precio de pertenecer. Laura Panzerini. Rosario 12. 17/08/2010
3) Cristina pidió en Rosario hablar “de números y no de ideología”. Alvaro Torriglia. La Capital. 19/08/2010
4) Binner se reunió con directivos de Cargill. Notife. 13/08/2010
5) Más que dinero. Carlos Del Frade
6) Junto a la presidenta. Notife. 19/08/2010
7) Fotografías. Silvana Melo. Ape-Argenpress.
8) Es difícil ser niño en América Latina. Infancia Hoy.
9) El cruel costo de nuestra pobreza. La Nación. 02/08/2010
10) Las penas son nuestras, el dinero es ajeno. ¡Cuánto ganan los bancos argentinos! APM. 22/07/2010.
11) Rebelión. 10/08/2010
12) “Los niños están muriendo por culpa de los gángsteres de la Bolsa”. Michel Collon. Rebelión. 02/06/2010
13) Citado en Paulo Freire: educación y proyecto ético político de transformación del libro Pedagogía de la resistencia. Ediciones Madres de Plaza de mayo. América Libre. Abril 2005.

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¿Cuánto se puede recaudar si se restituyen las contribuciones patronales para las grandes empresas?: Una estimación a partir de los datos de la AFIP

Claudio Lozano - Tomás Raffo

Hemos usado la información publicada por la AFIP en su Boletín Estadístico de la Seguridad Social correspondiente a marzo del 2010, que se adjunta en los gráficos de este material.

Según dicha información resulta que:

a) La masa salarial formal total asciende a prácticamente $25.000 millones. De esta, las contribuciones patronales recaudan $3.650 millones, (el 14,6% de la masa salarial) y los aportes personales recaudan $2.660 millones (el 10,6%).

b) Las obras sociales recaudan $1.435 millones (es decir el 5,7% de la masa salarial total).

c) Para el caso del sector privado, la masa salarial formal asciende a $20.000 millones. En este caso las contribuciones patronales recaudan $3.042 millones (el 15,2% de la masa salarial).

d) De la masa salarial privada, el 4% de los empleadores (que son 21.000 empresarios de un total de 546.000 patrones formales) tienen más de 40 empleados (por lo que no se considera como PYMES), concentrando al 60% de los trabajadores (3,5 millones de asalariados sobre un total de 5,9 millones), al 72% de la masa salarial y al 75% de las contribuciones patronales.

e) Este segmento empresario paga una masa salarial del orden de los $14.360 millones, mientras que sus contribuciones patronales asciende a $2.256 millones (el 15,7% de la masa salarial), al tiempo que la recaudación por obra social de los mismos asciende a $862 millones. En conjunto, este segmento empresario está pagando un total de $3.118 millones en concepto de contribuciones sobre la masa salarial (contribuciones patronales más obra social) que representa el 21,7% de la masa salarial.

f) Si retornáramos las contribuciones a los niveles vigentes en 1993 solamente para las grandes firmas (este segmento empresarial) la masa de recursos que podrían recaudarse con los datos de marzo del 2010 sería de $4.740 millones. Se trata de una masa de recaudación mensual que supera en $1.620 a lo que actualmente se recauda. Por lo tanto, su proyección anual supone una masa de recursos adicionales de $21.077,6 millones.


Es decir, con los datos de la AFIP queda demostrado que la ampliación de la recaudación por la restitución de las contribuciones patronales es superior al que resultaba de la estimación que utilizamos con los datos del Presupuesto y las relaciones sobre distribución de empleo que releva la Base Dinámica del Empleo del Ministerio de Trabajo, que arrojaba un aumento de la recaudación de $16.811,4 millones.

A su vez, queremos señalar que la estimación en base a la AFIP supone una serie de supuestos que subestiman el verdadero impacto recaudatorio de la medida, a saber:

a) Estamos trabajando con los datos correspondientes a marzo del 2010, lo que supone que no se incorpora el efecto que sobre la masa salarial han tenido los distintos aumentos salariales ocurridos durante el 2010 (al respecto no solo la mayoría de los formales han conseguido aumentos salariales posteriores a marzo, sino que incluso muchos gremios que pactaron aumentos previos a marzo pugnan por conseguir un nuevo aumento frente a la evolución de los precios).

b) No tenemos en cuenta el efecto que supone la eliminación de las reducciones patronales por zonas geográficas (que permita que se descuenta a cuenta del IVA un determinado porcentaje de las contribuciones patronales). Según el informe de Gasto Tributario del Ministerio de Economía, esta reducción supone la pérdida de recaudación de $2.642,5 millones a los niveles vigentes. Dado que la propuesta supone volver al 33% de las contribuciones patronales para las grandes firmas con independencia de la zona geográfica de localización de la misma, se podría recuperar (manteniendo las relaciones que arrojan los datos de la AFIP, donde las grandes empresas concentran el 74,2% de las contribuciones patronales) no menos de $1.950 millones adicionales; los cuales al aumentarse al 33% la contribución patronal, supondría una recaudación adicional de $2.960 millones.

c) No computamos el aumento de la recaudación que supone eliminar la reducción de las contribuciones patronales que dispuso la Ley 26.746, dictada a fines del 2008 a propósito de los paquetes anticrisis del Gobierno, que implicó la reducción del 50% de las contribuciones vigentes para el primer año y del 25% para el segundo año de cada nuevo empleo a crearse en el período 2009 al 2010. Se trata de una reducción adicional que supone la rebaja de aportes patronales sobre los existentes que impacta tanto sobre los que entran por primera vez en una relación formal, como de aquellos que roten de empleo en el período.

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“Fibertel debe continuar, pero no bajo la dirección del monopolio Clarín ni del Estado K”

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)
Si Cablevisión-Clarín ha regenteado un servicio de Internet sin autorización, las primeras sanciones deberían aplicarse a los funcionarios que permitieron semejante ilegalidad y al Ejecutivo que apañó este comportamiento.

En cuanto a Cablevisión-Clarín, debería ser retirado efectivamente de la provisión del servicio, pero no para entregarlo a dos monopolios de las tele-ciber-comunicaciones. Tal cosa sería además un acto de lesa legalidad, toda vez que la ley de medios, contra la voluntad inicial del Ejecutivo, excluye a las telefónicas del servicio de triple-play, precisamente para no incrementar la posición monopólica que ya gozan. Debería convertirse en un servicio público bajo un sistema de dirección democrático.
La demorada acción del gobierno contra el grupo Clarín se explica por los largos años de complicidad de los K con los Magnetto, pero también es una consecuencia directa del arreglo reciente entre el grupo Werthein y Telecom Italia. Es que aunque Telecom Italia gana la posesión mayoritaria del paquete accionario y en el directorio, la parte política del acuerdo pone la dirección del monopolio en manos del grupo Werthein. Este grupo es de filiación harto kirchnerista; junto con Telefónica, los K se aseguran el mayor monopolio político mediático de carácter privado que haya tenido cualquier gobierno. Favorece asimismo el avance de otros dos grupos monopólicos, Direct Tv y Claro. El primero pertenece al grupo del venezolano Cisneros, un gorila amigo de Bush que ha logrado un acuerdo de larga duración con Chávez. El segundo es del magnate mexicano Slim, que tiene el monopolio inquebrantable de las telecomunicaciones en México.
¿Qué hacer entonces? Es muy sencillo: Fibertel deber proseguir sus actividades, no bajo la dirección de Cablevisión-Clarín, sino bajo otro gerenciamiento, por ejemplo constituído por un representante de cada partido político reconocido y por representantes de los periodistas, gráficos y administrativos que no integran el círculo de voceros ideológicos de Clarín, ni tampoco del gobierno.

Se trata, por supuesto, de una salida transitoria. Pero tiene varios méritos: 1. pone un límite a la guerra de piratería que libran los grupos mediáticos opositores y favorables al gobierno; 2. Evita una mayor concentración de los monopolios de las comunicaciones; 3. Castiga el incumplimiento de las normas por parte de los grupos económicos y de los funcionarios que deben hacerlas respetar – incluidos sus tutores políticos; 4. Ofrece una salida transitoria pero democrática, y abre el debate sobre las condiciones para que haga real el derecho a la libre información y a la libre expresión – en la cual Internet va ocupando una posición de absoluto relieve; 5. Relativiza el derecho de propiedad sobre los medios de producción social, que se ha transformado en un medio de extorsión entre capitalistas rivales y contra la opinión pública, a las condiciones necesarias para el desarrollo de una sociedad más libre.

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Previsión social: “El 52 por ciento de los argentinos en edad de trabajar está en negro”

NOTICIAS MERCEDINAS - ACTA

Lo indicó la dirigente de la CTA provincial y diputada nacional Graciela Iturraspe en la localidad bonaerense de Mercedes, durante una charla donde presentó el proyecto por el 82 % móvil para jubilados contemplando para su financiamiento la restitución de los aportes patronales.

Este último viernes, Graciela Iturraspe y Lidia Meza, secretaria de Previsión Social de la CTA nacional, estuvieron en la ciudad de Mercedes en donde realizaron una charla en un Club de Jubilados y en la sede local de la CTA.

Ambas dirigentes trabajaron en las bases para un proyecto de ley de reforma previsional por el 82 por ciento efectivamente móvil, que ya fue presentado hace unos meses. La diputada de Unidad Popular, en principio, se refirió a la experiencia en la charla sostenida con los jubilados, en la que estuvo junto a Carlos Calloni, responsable del PAMI Mercedes. “Estuvimos hablando y había mucho interés en lo que se había votado en el Congreso. Hablamos largamente sobre eso”, dijo ante algunos medios presentes en conferencia de prensa.

“Yo soy parte de lo que se terminó votando el miércoles, estuvimos trabajando en la Comisión de Previsión y pudimos llegar a consensuar tres puntos. Pero nos da fastidio que se promueva por los medios que se trató el 82 por ciento móvil, cuando fue el aumento de la mínima jubilatoria, el haber mínimo garantizado al 82 del salario mínimo vital y móvil, lo que es llevar la jubilación de 895 pesos a 1426, algo que está lejos de ser la aspiración histórica por la que vienen peleando los jubilados y muchas de nuestras organizaciones. El 82 por ciento móvil es ese porcentaje del cargo de función que se ocupaba, lo que le daría el carácter sustitutivo al salario, permitiéndole a la gente vivir de igual modo que cuando estaba en actividad”, dijo Iturraspe, quien elaboró junto al doctor Horacio González, jubilados y trabajadores un proyecto de ley que se presentó en marzo, y que explicó en sus aspectos fundamentales.

“Esa ley tiene cambios básicos. Planteamos una nueva figura para Anses, la idea es transformarlo en un instituto nacional de previsión social que sea público, autónomo y autárquico, conducido por 7 miembros: tres representantes de trabajadores en actividad, tres de jubilados, y un miembro del Ejecutivo. El cambio radical es que ponemos la decisión política de qué se hace con los fondos en manos de los trabajadores. Esto termina con el concepto de cajas, con las que se financian distintas políticas, entre las que hay algunas con las que acordamos y otras que no”, indicó.

Entre otros términos, la diputada Iturraspe se refirió a otros beneficios que marca el proyecto de ley en cuestión como son el restablecimiento inmediato del 82 por ciento de acuerdo a su cargo en función y movilidad de acuerdo a la evolución de los salarios activos, la consagración del 82 por ciento para quienes se jubilan por invalidez, el reestablecimiento de médicos del Estado para las juntas médicas, y la generación de una asignación universal a la vejez y otra proporcional para quienes tienen 10 o más años de aporte: “Como Estado debemos hacernos cargo: el gran desaparecido en los 90 fue y es el trabajo. Antes no necesitábamos adjetivar, ahora tenemos que explicar. Entonces los chicos tienen trabajo en negro, trabajo precario, son pasantes. Antes el trabajo era una identidad. Se era bancario o ferroviario, por ejemplo. Se cubrían ciertas contingencias desde el Estado pero hoy eso ya no se conoce. Hay que discutir esto, porque hoy el 52 por ciento de los argentinos en edad de trabajar está en negro. Este es un debate que nos debemos y creemos que debería ser parte de la agenda del Congreso”, precisó y en cuanto a este proyecto también indicó que en él se restituyen los aportes patronales al 17 por ciento y se llevan al 13 por ciento los aportes del trabajador en relación de dependencia".

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Argentina, Mendoza: Lesa humanidad. El conjuez que benefició a Miret fue funcionario de la dictadura

Jorge Hirschbrand (MDZOL)

Luis Santamaría fue asesor del gobierno de facto provincial hasta 1982. Es quien ordenó a la UNCuyo la reincorporación como profesor del camarista acusado de ser cómplice de la dictadura. Como contrapartida, una hermana suya aparece en la lista de desaparecidos de Mendoza.

Algo huele mal en la Cámara Federal de Mendoza. La corporación judicial que funcionó en ese lugar durante décadas parece disolverse a medida que avanzan las causas contra dos de sus miembros, Luis Miret y Otilio Romano, imputados de ser cómplices de la dictadura e investigados por el Consejo de la Magistratura por bajo los mismos cargos.

Y cuando esas causas no avanzan, es porque los conjueces que fueron nombrados por la misma Cámara fallan en consecuencia a los intereses de quienes los designan. Uno de esos casos es el del conjuez Luis Santamaría, abogado del foro local que terminó asumiendo esa responsabilidad tras ser elegido mediante un mecanismo que despierta críticas en todos los rincones de los tribunales federales.

Santamaría resolvió una medida cautelar presentada por Miret para ser reincorporado como profesor de la Universidad Nacional de Cuyo cuando fue expulsado. El expediente cayó en sus manos después de que los jueces naturales fueran recusados o se inhibieran por diferentes causas: enemistad, amistad, compromisos.

Esos mismos motivos no parecieron alterar Santamaría. Más allá de su relación con Miret conocida en el ambiente del derecho en Mendoza, el conjuez está vinculado directamente a la trama de la historia original, ya sea a favor o en contra.

Santamaría fue funcionario de la dictadura. Trabajó como asesor de gobierno hasta 1982 y fue una persona cercana al ex gobernador de facto Bonifacio Cejuela. Como contrapartida, su hermana forma parte de la lista de desaparecidos en la provincia y quienes vivieron esos días recuerdan la desesperación de su padre para encontrarla.

De un modo u otro, las investigaciones tocan de cerca a Santamaría; demasiado como para tener la responsabilidad de resolver la suerte de un sospechoso de violaciones de Derechos Humanos.

El otro conjuez en la mira es Carlos Parellada. Es quien hizo lugar a un amparo de Otilio Romano para frenar la causa que existe en contra del camarista en el Consejo de la Magistratura. Básicamente, le dio la razón al magistrado que aseguró que ese organismo no tenía la facultad de juzgarlo por su etapa como fiscal.

Eso ocurrió hace un mes y medio, cuando Romano todavía confiaba en que el pasado borraría todo registro que pudiese perjudicar su carrera judicial. Luego vino la imputación de la justicia penal y se abrió una nueva dimensión: está acusado de cometer delitos de lesa humanidad, y esos son imprescriptibles.

Tanto Parellada como Santamaría fueron denunciados en los últimos días por ser cómplices de los camaristas. Y así se abrió la puerta para conocer desde adentro un tribunal al que sólo los poderosos tenían acceso. Un bastión inexpugnable que recibió las más duras críticas de la Corte Suprema por la falta de seriedad jurídica en los fallos de sus integrantes.

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Argentina: Cuestionan la prisión domiciliaria a Menéndez

TUCUMÁN NOTICIAS

La abogada María Elba Martínez, cuestionó la prisión domiciliaria otorgada al represor Luciano Benjamín Menéndez, que está siendo juzgado en los tribunales federales de Córdoba por delitos de lesa humanidad, y señaló que aún "falta abrir otros campos".

La letrada, es una de los representantes de la querella, en el juicio que se le sigue a los represores Jorge Rafael Videla y Menéndez, junto a otros 29 acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Martínez en diálogo con Télam, sostuvo que la prisión domiciliaria otorgada a Menéndez el pasado miércoles "nos muestra que nunca se quiso poner las cosas en claro”.

Indicó que ante el pedido efectuado por el abogado defensor del represor, Alejandro Cuestas Garzón, el titular del Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1) que lleva adelante el juicio, Jaime Diaz Gavier, otorgó la prisión domiciliaria "sin consultarnos si lo considerábamos pertinente”.

Señaló que en estos casos, ante el pedido de la defensa, "se corre vista a las partes, se ponen peritos de control y luego se toma una decisión”, y se preguntó "por qué esta confusión, qué es lo que se ha querido ocultar, por qué hablan de una resolución en ese sentido de la Camara Nacional de Casación en lo Penal”.

Martínez consideró que "acá no se ha querido auditar; si es por el estado de salud, no sabemos si está bien o está mal, hay otras resoluciones que decían lo contrario a Díaz Gavier y que se mantuviera en (la cárcel) de Bower”, y añadió que analizaran si "se va a recurrir o no” la decisión”.

En su resolución, el TOF1, señala que Cuestas Garzón "sintéticamente solicita el mantenimiento de la prisión domiciliaria oportunamente concedida en el marco de las presentes actuaciones, solicitando que la misma se concrete”.

Añade que "su estado de salud, (de Menéndez) ameritó que se dispusiera su internación en el Hospital Militar Córdoba” y "de acuerdo a ello, la solicitud efectuada por el letrado defensor, aparece también razonable, correspondiendo en consecuencia restablecer el beneficio de prisión domiciliaria que oportunamente fuera concedido” a Menéndez.

En otro orden Martínez consideró que en el juicio de la causa `Videla”`, "aún falta abrir otros campos, porque a nosotros nos rechazaron todas las pruebas que tenían que ver con médicos, con gente del Poder Judicial y con gente del Hospital Militar”.

"Según el tribunal –señaló al referirse al rechazo al pedido-, no lo hemos fundado y resulta que yo personalmente le llevé al doctor Diaz Gavier y le mostré el escrito que decía en qué fundamos este pedido".

"Ahora –acotó-, han salido con una historia que hacía falta un pliego y no hay un artículo del código que te exija un pliego de preguntas, es más, la jurisprudencia ya ha flexibilizado de forma tal, que con un fundamento somero, el tribunal pueda evaluar rápidamente la pertinencia”.

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Brasil. El presidente de Brasil, Luis Lula da Silva afirmó: "No seré apenas un ayudante de Dilma Rousseff”

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El presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, afirmó hoy que no será "apenas un ayudante" de la candidata presidencial oficialista Dilma Rousseff, sino que defenderá a los trabajadores metalúrgicos como en sus inicios como sindicalista.

"No seré apenas un ayudante de la presidenta, sino que también ayudaré para llamarla en caso que sea necesario para los trabajadores metalúrgicos", dijo Lula en un discurso realizado esta madrugada en la puerta de la planta de Mercedes Benz en Sao Bernardo do Campo, en el Gran Sao Paulo.

El presidente, en un acto montado en un acoplado de un camión, pidió a los trabajadores metalúrgicas que entraban a sus trabajos, a las 5.30 hora local, el voto para Rousseff en las elecciones del 3 de octubre.

Rousseff, por su parte, afirmó ante unos 5.000 trabajadores que en caso de llegar a ser presidenta, asumirá el compromiso "del crecimiento económico con aumento de salario y generación de empleo".

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El Museo de la Ruta del esclavo recuerda la trata de africanos en Cuba

XINHUA

El Museo de La Ruta del esclavo, ubicado en la provincia cubana de Matanzas, en el oeste de la isla, recuerda la huella que dejaron miles de africanos traídos a la fuerza como mano de obra barata.

Inaugurado en junio del pasado año por el presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (Unesco), el beninés Olabiyi Babalola Joseph Yai, el museo está enclavado en el Castillo de San Severino, en Matanzas, a un centenar de kilómetros al este de La Habana.

La institución forma parte de un proyecto de la Unesco que tiene el mismo nombre y que rememora cada 23 de agosto el Día Internacional del Recuerdo de la trata de esclavos y de su abolición. Ese proyecto, del cual el museo cubano es el primero de América, surgió en 1993 con la intención de la Unesco de poner término al silencio sobre la tragedia de la trata de esclavos en las distintas regiones y subrayar las consecuencias de ese infame comercio en las sociedades contemporáneas.

La Ruta del esclavo también busca contribuir a la comprensión mutua y la coexistencia pacífica entre los pueblos, en especial mediante la reflexión acerca de los prejuicios de la esclavitud, el diálogo intercultural y el pluralismo cultural.

La inauguración del museo cubano llevó a la práctica un intento de la Unesco que sirvió de incentivo para la creación de la Ruta Maya en Centroamérica y de la Seda, en Asia.

La fortaleza de San Severino, que comenzó a construirse el 13 de octubre de 1693, es una de las edificaciones más significativas de la ciudad de Matanzas y en sus muros se aprecian huellas indelebles de la presencia esclava.

Todavía es posible observar las marcas que hacían los esclavos utilizados como peones en la construcción para señalar el cumplimiento de la fatigosa tarea cotidiana, la cual concluyó en 1734 luego de levantar los muros, cavar túneles y depósitos de agua y emplazar las baterías de la fortaleza.

El castillo fue en su época la sede de la comandancia principal del sistema defensivo de la ciudad, donde se integraban otras estructuras como el fuerte San José de la Vigía, El Morrillo y la batería de Cajigal.

El Museo cuenta con cuatro salas, la Casa del comendador, Presentación arqueológica, De la esclavitud y De los orishas.

Allí se exponen horrores como el calimbo, una práctica que consistía en marcar a los negros con un hierro candente, a su llegada, en los mercados de esclavos, para identificarlos como propiedad del comprador, con una letra u otro signo cualquiera.

Existen referencias que dentro de los barcos también se les calimbaba (marcaba) en el estómago, brazos o espalda, y a las mujeres también se les marcaba en el pecho y las piernas.

En el Museo se expone la exposición "Afro América: la tercera raíz", con 105 carteles didácticos y 14 esculturas africanas donadas por el artista cubano Lorenzo Padilla.

Muy cerca de la fortificación, en el siglo XIX, tuvieron lugar varias sublevaciones de esclavos, una de las más connotadas liderada por la negra Carlota, por lo que no es difícil hallar en las cercanías zonas arqueológicas en antiguas plantaciones y barracones, donde trabajaban y vivían los esclavos.

Se suman a ese entorno los llamados palenques, sitios donde los esclavos fugitivos habitaban y se organizaban en cavernas o sitios de difícil acceso.

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