martes, 24 de agosto de 2010

Comercio de armas: Un derecho al revés

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Hubo un tiempo en el que las armas de fuego en poder de la población norteamericana fueron una necesidad; las circunstancias crearon el derecho y ambos dieron lugar a un negocio que lucra con un anacronismo y conduce a la paradoja de que las escopetas, revólveres y pistolas en manos de los estadounidenses ya no son parte de la solución sino de un problema que, favorecido por el TLC ha sido exportado a México.

Debido a la vigencia de fuerzas que se benefician con un multimillonario negocio, cada vez que es promovido el debate en torno a las armas a las que comercialmente, con requisitos mínimos y virtualmente sin control, tiene acceso la población norteamericana, se invoca un derecho consagrado por la Constitución que ejerce un efecto automático y paralizante. Lo extraño es que en un país de leyes, no se examine el asunto y se profundice a la luz de la contextualización del derecho.

Las leyes y las constituciones en el estado de derecho se asumen como lo que son: creaciones humanas concebidas para dar respuesta a situaciones concretas. Los legisladores no redactan sagradas escrituras, sino leyes y constituciones que son aplicadas con la certeza de que el paso del tiempo y los cambios que el progreso supone, plantearan nuevas necesidades en virtud de las cuales unas leyes caerán en desuso, otras serán enmendadas y hará falta nuevas.

La Constitución Norteamericana entró en vigor en 1790 y menos de un año después, para reparar una colosal omisión, se le introdujeron, en bloque, de una vez, las diez primeras enmiendas, conocidas como: Declaración de Derechos. La Segunda de aquellas enmiendas sostiene que: “Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas. Aquella Constitución, la primera y la única que se ha mantenido vigente a lo largo de más doscientos años, fue resultado de circunstancias históricas que explican su contenido.

La fundación del Estado norteamericano fue resultado de un esfuerzo unitario que, mediante la revolución y la negociación, conducidas por una esclarecida vanguardia política, logró integrar las 13 colonias existentes en una Nación. Aquellos enclaves, cada uno de los cuales pudo haber sido un país y que existían, en algunos casos desde hacía más de 150 años atrás, se forjaron a partir de pequeños grupos de colonos que, durante décadas, vivieron aislados los unos de los otros.

A diferencia de lo ocurrido en Hispanoamérica, la colonización en América del Norte, no estuvo respaldada por la presencia de ejércitos de ocupación ni por grandes presupuestos para construir castillos y fortalezas. Los colonos norteamericanos, fueron puñados de hombres y mujeres desperdigados en millones de kilómetros de suelo virgen que, aislados y en condiciones de precariedad extrema fueron sumamente vulnerables.

Cuando Estados Unidos no poseía ejército, policía ni tribunales y el gobierno no estaba en condiciones de proveer la seguridad de los ciudadanos en tan vastos, inhóspitos y hostiles territorios, era lógico que la Constitución de la Nación, consagrara el derecho de sus ciudadanos a poseer y utilizar armas de fuego. Aunque parece ocioso es preciso recordar que las armas del siglo XVIII eran incomparablemente menos letales que las existentes en la actualidad.

La rápida anexión de nuevos territorios, algunos de ellos violentamente arrebatados a los indios y a México, especialmente la Conquista del Oeste fueron procesos excepcionalmente violentos en los cuales, junto a los laboriosos colonos, prosperaron las pandillas de ladrones de ganado, tierras y asaltantes de caminos, de los cuales era preciso defenderse.

Por unas y otras razones, el país se convirtió en un paraíso para los fabricantes y comerciantes de armas que, con el tiempo devinieron formidables grupos de presión, que movilizan inmensos recursos en la labor de lobby destinada a impedir legislaciones que regulen o limiten la libertad de poseer y vender armas. Entre ellas la más poderosa es la Asociación Nacional del Rifle (NRA) fundada en Nueva York en 1871 y que posee casi cinco millones de asociados.

La Asociación Nacional del Rifle, que hasta hace poco fue el organismo rector de los deportes con armas de fuego en los Estados Unidos, dedica importantes recursos a la promoción de las armas, cuenta con programas de radio, espacios en televisión y sitios en Internet, organiza cursos para todas las edades con especial énfasis en los niños, jóvenes y mujeres, promueve competencias locales y nacionales y respalda a las agencias privadas de seguridad.

No sólo por su solvencia económica, sino por la relevancia de sus asociados la NRA es la más influyente de las organizaciones norteamericanas de cabildeo con especial impacto en el Congreso y la Casa Blanca.

A la luz de la comprensión científica del Derecho y del sentido común es absurdo que, dos siglos después, cuando han desaparecido las causas y condiciones que dieron lugar a la norma constitucional que protege la tenencia de armas de fuego, todavía se le invoque y se le manipule para sostener un negocio que, en lugar de contribuir a la seguridad ciudadana atenta contra ella.

Amparándose en un precepto ostensiblemente anacrónico superado por el tiempo y por las circunstancias, en Estados Unidos se mantienen prácticas excesivamente liberales para la tenencia y el uso de armas de fuego, que permiten el lucrativo negocio de las armas.

Amparados en esas reglas, legitimas en épocas de Búfalo Bill, Wyatt Earp y Jesse James, no sólo millones de ciudadanos poseen armas de fuego, sino que también acceden a ellas todo el espectro de asesinos y delincuentes, narcotraficantes, tratantes de blancas y a contrabandistas que en calidad de mayoristas, las exportan a México donde fomentan el crimen, paradójicamente protegidos por la más antigua y avanzada de las constituciones liberales.

A pesar de sus meritos, la Constitución de Estados Unidos, que ha estado vigente por más doscientos años, ha sido enmendada en 27 oportunidades. El hecho de que un precepto haya sido plasmado en la Constitución, no significa que deba ser observado por toda la eternidad. Las leyes y las constituciones son transitorias, lo que es eterno es la justicia y el derecho.

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México: El flagelo de los dogmas

Laura M. López Murillo (especial para ARGENPRESS.info)

“Son los sueños los que sostienen al mundo en órbita.
Por eso el cielo es el resplandor que hay dentro de la
cabeza de los hombres, si no es la cabeza de los
hombres, el propio y único cielo”.
Memorial del convento. José Saramago

En algún lugar profano, en la sección de los Olvidos en el Archivo General de la Ignominia, se preserva el Almanaque de los Estigmas, una de las obras más excelsas de la memoria humana que compendia todas las aberraciones, las perversidades y las malevolencias cometidas bajo la aureola de la virtud...

La intolerancia es una de las evidencias de la congénita predisposición humana al dominio, se manifiesta en actos u omisiones grotescos, exterioriza y ejecuta los razonamientos siniestros que se generan en el rincón más obscuro y retorcido de mentes enajenadas y corrompidas.

Existencialmente, la intolerancia proviene de la orfandad humana, de la necesidad de explicar el mundo con mitos y dogmas; la socialización de los dogmas deriva en imposiciones de índole moral que suelen exacerbarse por el matiz del poder. Por el influjo de los credos se trazaron las fronteras del pensamiento y las distinciones de naciones y pueblos.

Cuando las doctrinas moralizantes extinguen el raciocinio alcanzan los peligrosos niveles del fanatismo, que al fusionarse con ideologías políticas radicalizadas producen una implosión expansiva mejor conocida como fundamentalismos.

En el extremo fundamentalista se ubican los jerarcas que se adjudican la autoridad moral para dictar los decálogos excluyentes, imponen rasgos xenofóbicos y erigen los estigmas que habrán de marginar a quienes son, actúan o piensan diferente.

Los episodios más aborrecibles de la historia universal se distinguen por el flagelo degradante de los estigmas, por la exclusión y la marginación en función de un dogma proclive a los grupos dominantes.

La manifestación más reciente de la intolerancia dogmática fue la declaración del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien aprovechando la posición del clero en un estado que ha demeritado al laicismo, usurpando el derecho de intervenir en el ámbito político de México, desaprobó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala la constitucionalidad de los matrimonios de parejas homosexuales.

Los privilegios que el clero ha recuperado en un Estado laico exhiben la configuración de un moderno fundamentalismo. Por eso, la ley será el único argumento capaz de desarticular el andamiaje de fanáticos en los círculos del poder. Este vergonzoso episodio exhibe los remanentes de la dominación dogmática que aun someten a los mexicanos.

Por el bien común y para evitar la amenaza de la segregación, el curso jurídico de este incidente deberá restablecer la distancia entre el ámbito religioso y el político y resarcir la independencia del Estado de cualquier dogma, porque todas las aberraciones, las perversidades y las malevolencias ha sido cometidas bajo la aureola de la virtud…

Laura M. López Murillo es Licenciada en Contaduría por la UNAM. Con Maestría en Estudios Humanísticos, Especializada en Literatura en el Itesm.

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Cuando la comuna es socialista

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

[La comuna] no es de Chávez, ni decretada por el gobierno, ni por la ministra Érika Farías, ni por el Alcalde, ni por el Gobernador, ni por el Partido [...] (Hugo Chávez Frías, Aló Presidente Teórico Nº 1, 11 de junio de 2009).

La micro-estructura de organización y de economía autogestionaria y autonómica constituye la base sólida del socialismo, creada cotidianamente desde abajo por el pueblo ella debiera establecer al mismo tiempo una comunidad de convivencia, en la cual las relaciones sociales, políticas y económicas sean completamente diferentes a las hasta ahora conocidas por la humanidad, sin que prive en éstas algún tipo de discriminación que afecte -de uno u otro modo- al ser individual. Es, por consiguiente, una condición preliminar, por no decir única, de la revolución socialista y su expresión embrionaria, la cual, en cualquier momento, reemplazará el sistema de cosas vigente, constituyéndose la comuna socialista, desde abajo hacia arriba, en un proceso permanente de renovación y de re-creación de la sociedad en general.

Hay que inferir, por consiguiente (sin caer en una elaboración utopista demasiado elaborada) que esta expresión embrionaria del socialismo causará que se creen nuevas instituciones, nuevas formas de la individualidad, nuevas responsabilidades y nuevos derechos, tanto individuales como colectivos, que se caractericen por su esencia anticapitalista y anti-jerárquica, es decir, revolucionaria. De otra forma, hablar de comuna socialista sin que haya el propósito de cambiar estructuralmente el orden vigente sería enmarcarse en el accionar común del reformismo, a pesar del discurso y la parafernalia “socialistas” y “revolucionarios”, cuando lo que se requiere es imponer un cambio profundo y no superficial de las cosas, derrocar el sistema capitalista y sustituirlo por otro mejor; todo lo cual -necesariamente- exige de quienes lo propulsan una dinámica subversiva permanente, sin contentarse con los logros alcanzados.

Además de ello, la comuna socialista debe constituir un espacio abierto a la participación y protagonismo, por lo que no puede permitirse su burocratización y, menos, que termine siendo estructurada de manera autoritaria y dictatorial, secuestrada por una minoría “revolucionaria”, puesto que la misma tiene que funcionar colectivamente, elevando el nivel de conciencia política e ideológica de quienes la integran, aún de aquellos que se muestran pasivos o indolentes.

Como lo refiere Martha Harnecker: “Hay proyectos de comunas que sólo cuentan con territoriales del poder popular: los consejos comunales y nunca se han preocupado de conformar consejos de trabajadores en las empresas que existen en su territorio o en agrupar a los campesinos, mineros o pescadores, si este es el caso, en redes, y consejos de campesinos, mineros o pescadores. Tampoco se han preocupado de conformar consejos sectoriales o temáticos a nivel de la comuna como el consejo de salud de la comuna o el consejo de educación o de deportes de la comuna”. En ese espíritu, debe impulsarse en todo momento la articulación de todos los sectores sociales (incluyendo a niños, niñas y adolescentes), de forma que la dinámica subversiva que se requiere sea total, logrando así la hegemonía popular necesaria para impedir que las minorías dominantes sigan usufructuando el poder como siempre lo han hecho.

Asimismo, hay que incentivar -de manera creativa- una cultura y una ética comunitaria entre las comunidades y los consejos comunales, de modo que la propuesta de la comuna socialista tenga realmente una base más solida y más cercana a sus vivencias, sus tradiciones y sus expectativas, irradiando su influencia hacia todos los órdenes de la vida social. Con ello, habrá -sin duda- una definición práctica de lo que será el socialismo del siglo XXI, representando una revolución en puerta de la sociedad capitalista, con una incidencia directa sobre las diversas instituciones que integran el Estado, al cual, tarde o temprano, -admítase o no- habrá que transformar radicalmente (si no es posible eliminarlo en una primera etapa) en beneficio de toda la ciudadanía.

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Septiembre: Fasto y olvido

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

Los hechos históricos poseen, básicamente, dos destinos. Para muchos, se trata de cuestiones ya consumadas que sólo son susceptibles de una mirada retrospectiva de tipo museográfica. Para algunos, empero, los hechos históricos constituyen un pasado-presente. Lo acaecido, lejos de ser algo que “ha sido”, es más bien algo que no obstante su condición pretérita “sigue siendo”.

El golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973 señala, precisamente, uno de tales hechos históricos. La mirada que se puede establecer sobre tal suceso, en tanto mero pasado o bien en tanto pasado-presente, obedece, sin duda, a los intereses políticos del momento actual. No es necesario escarbar mucho para caer en cuenta que, en efecto, aquel presunto pasado sigue vigente entre nosotros, formalizado como Carta Magna e inscrito soterradamente en nuestra memoria.

El gobierno de la Unidad Popular, derrocado a sangre y fuego fue una experiencia trunca. En aquel gobierno convergieron en un momento de la historia un conjunto variopinto de fuerzas políticas y sociales en el marco de la democracia chilena. Ese gesto político democrático evidencia un desarrollo social de décadas que culminó en un gobierno de corte popular. Insistamos en la pregunta sobre lo que ha sido truncado. Más allá de los lugares comunes, más allá de los prejuicios e ideologías, más allá de todos los yerros, más allá de la conspiración de derecha y el intervencionismo extranjero, queda una experiencia democrática y popular inédita en nuestra historia de alcance mundial He ahí la experiencia que ha sido abortada, he ahí aquello que sigue pendiente como horizonte de sentido y de futuro.

No se trata, por cierto, de reeditar consignas, dogmas ideológicos ni una estética política arcaica. Se trata más bien de una insistencia, el reclamo de una experiencia democrática chilena, todavía pendiente, el modo político de hacer manifiesta una demanda por la dignidad de las nuevas generaciones. En un sentido inverso, ello explica en gran medida los esfuerzos desplegados por los sectores dominantes para desprestigiar a aquel gobierno que planteó, justamente en términos democráticos, el más profundo cuestionamiento a la democracia chilena.

El cruento golpe de estado que puso fin a una experiencia democrática sentida como amenaza logró reestablecer el antiguo orden, imprimiéndole un nuevo dinamismo que enriqueció a los sectores dominantes, incluso mucho más de lo que hubiesen imaginado. Hoy, los conspiradores de antaño no sólo se enseñorean ricos e impunes sino que posan de demócratas como ediles, senadores o diputados. Todo ello, empero, no ha logrado borrar aquel cuestionamiento democrático que sigue abierto como una herida. La mejor prueba de ello es la imposibilidad – hasta el presente - de concebir otra constitución distinta del andamiaje autoritario construido por Augusto Pinochet.

Contra lo que suele pensarse, el gobierno del doctor Allende, parece responder más bien a procesos democráticos propios de la sociedad chilena, condicionados por contextos mundiales. Si esto es correcto, no es impensable que nuestro propio desarrollo democrático vuelva a plantear el cuestionamiento profundo de nuestra noción de democracia, insuflando de nuevos contenidos y alcances este concepto. En estos días de septiembre bicentenario, asistiremos al fasto mediático de los triunfadores en La Moneda, mientras una estatua del presidente mártir pareciera traernos los ecos de sus últimas palabras, como ancestral y secreta sabiduría, que anhela redimirnos del olvido, recordándonos que la experiencia democrática es patrimonio de todos, que la historia la hacen los pueblos.

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Representante Eliot L. Engel - Apoyando la agenda de la mafia cubana en Florida

Toni Solo (especial para ARGENPRESS.info)

Eliot L. Engel (Coordinador del Sub-comité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Externas de la Cámara de Representantes) en los últimos años ha surgido como un crítico feroz de los gobiernos progresistas de América Latina. ¿Por qué será?.

Parece que hay un quid-pro-quo con la mafia cubana en Miami, ya que él ha contado con el apoyo de personas siniestras como Ileana Ros-Lehtinen para promover las leyes que a él le interesa en apoyo al programa sionista en el Medio Oriente. Ros-Lehtinen ayudó a Engel promover una Ley en el Congreso estadounidense para castigar fuertemente a Siria después del asesinato de Rafik Hariri en 2005.

El papel del gobierno de Israel en el asesinato de Rafik Hariri ha recibido mucha atención últimamente, después de la conferencia de prensa a inicios de este mes dada por Sayed Nasrallah, el Secretario General de Hizbollah. Engel y Ros-Lehtinen aprovecharon las falsas acusaciones oportunistas del gobierno de Estados Unidos contra Siria sobre el asesinato de Hariri para hacer pasar una ley que apoyó mucho la política sionista hacia el Líbano y Siria.

Para el ciclo electoral de 2010, Engel ha recibido más de US$30,000 en donaciones de grupos e individuos en Miami y US$11,600 de West Palm Beach-Boca Raton. Para el ciclo electoral 2008, recibió US$35,400 de la gente de Miami. En cada uno de los dos últimos ciclos de elecciones, la US-Cuba Democracy PAC ha regalado US$7,500 para Representante Engel. Engel y Albio Sires de New Jersey, son los representantes que más donaciones reciben de US-Cuba Democracy.

La mafia cubana en Florida y su parte del pastel

Percy Alvarado Godoy ha reportado la alarma enntre la mafia cubana en Florida provocada a inicios de 2010 por la reducción en dinero del gobierno presupuestado para desestabilizar a Cuba. ( http://elpolvorin.over-blog.es/article-la-batalla-por-el-dinero-entre-mafiosos-anticubanos-45182106.html ) Se trata de fondos millonarios que se ocupan por las organizaciones de la mafia cubana para financiar sus actividades a costo de los contribuyentes estadounidenses.

Como escribe Godoy, "Hoy no es un secreto que los fondos de la USAID, ascendentes a casi 100 millones de USD, desembolsados entre mediados del 2007 hasta principios de 2009, fueron a parar a las manos a las que no estaban destinados. Lo que llegó, se repartió y se dilapidó entre los jefes de más de una veintena de grupúsculos terroristas radicados en La Florida, falsas ONGs y supuestos Institutos y Centros de investigación sobre la realidad cubana."

Es lógico, entonces, que la mafia cubana va a movilizar su capacidad de lobby y de donaciones-sobornos para comprar la buena voluntad de individuos como Eliot Engel y sus colegas como Connie Mack y Dan Burton que también son miembros del sub-comité que coordina Engel. Son estos los políticos que - a cambio de dinero - protegen a terroristas y asesinos en masa como Luis Posada Carriles. Posada Carriles es el autor de numerosos incidentes de terrorismo en las Americas. Lo más notorio fue el asesinato en masa por una bomba de más de 70 personas en un avión civil cubano en 1976.

Sin embargo, son personas como Engel que critican hipócritamente a otros paises por supuestamente proteger a terroristas y de promover el terrorismo. La verdad es que son él y sus compinches los que han sido los cómplices de la familia Bush que apoya incondicionalmente a Posada Carriles, porque el geronto-terrorista fue parte del equipo que asesinó a John F. Kennedy (http://www.granma.cubasi.cu/secciones/ultraje/art33.html) acérrimo enemigo de la famila Bush. Actualmente, Barack Obama y Hillary Clinton han asumido el papel vergonzoso que antes tocó jugar a los Bush y a Bill Clinton.

Ahora el quid-pro-quo que hizo que Ros-Lehtinen trabajara junto con Engel para promover la agenda sionista contra Siria y el Lïbano se cobra en una trabajo constante y venenoso de parte de Engel en contra de Cuba y también contra Venezuela y los otros gobiernos del ALBA. Es una prueba más, después del catastrófico debacle del corrupto sistema financiero de Wall Street, que la podredumbre de la vida pública en Estados Unidos es completa.

Eliot Engel dando testimonio falso al pueblo estadounidense

Por lo menos en teoría, Eliot L. Engel está obligado a pegarse a las más estrictas normas de comportamiento y veracidad en su papel de alto oficial de un comité del Congreso estadounidense. A pesar de eso, habló en agosto, con la televisión Voz de América, sobre Venezuela y mintió descaradamente para mantener la línea propagandística de la mafia cubana contra el gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías. Engel alegó que

* Venezuela tiene el desempleo más alto en America del Sur

* Venezuela tiene la pobreza más alta en América del sur

* Venezuela tiene las más altas cifras de crímen en América del Sur

Pero es Colombia que tiene el desempleo más alto - 12% en julio de este año. Lo de Venezuela ronda el promedio de America del Sur de entre 7% y 9%. Además, los niveles de pobreza en Venezuela son muy por debajo de los de Colombia o Perú, por ejemplo.

Es muy problemático comparar las estadísticas sobre los niveles de crimen entre un país y otro. Y los niveles de crimen en Venezuela son parecidos a los de sus países vecinos, aunque algunos tipos de crimen son más frecuentes que en aquellos países, por ejemplo, el homicidio. Habría que ver las cifras por todos los muertos por violencia para poder hacer una verdadera comparación entre los diferentes países, porque se supone que entre los homicidios no se incluyen los muertos por asesinato por las fuerzas de seguridad. En Colombia y Brasil morir por ser asesinado por las fuerzas de seguridad frecuentemente equivale a homicidio, pero no se incluiría en las estadísticas de homicidio. El Salvador, Guatemala, Honduras, Haiti y Jamaica todos tienen niveles de homicido más altos que Venezuela.

En breve, Engel mintió sin vergüenza para poder seguir cobrando sus donaciones de la mafia cubana en Miami.

Foto: Estados unidos, Política - El presidente Barack Obama junto a Eliot L. Engel (Coordinador del Sub-comité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Externas de la Cámara de Representantes).

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Ancha y ajena

Silvana Melo (APE)

No hay país que uno conozca donde los niños crezcan pisando suelo tan inseguro. Donde la tierra se les quite a los pies y se venda como en almacén. Donde la letra de las leyes sea apenas una cortina que se recoge un rato para firmar tres papeles y después se vuelve a desplegar, bello ornamento para una verdad que la empuja al galponcito de atrás.

Los wichis acechados por su muerte blanca, los tobas flacos de hueso en sobrepiel, los mapuches solos, de rostro hermético y estoico puestos de a puñaditos en la Patagonia eterna y vacía. A todos se les mueve el suelo en los pies. Y un día el niño tiene que levantar su naranjo y embolsarlo y la niña enrollar su sembradito y echarlo al hombro porque esa tierra ya no es más su tierra. Y habrá que irse de allí a vivir bajo otro cielo. A morir de otras hambres.

Esas tierras -sus tierras por historia y por trabajo y por siembra y por sangre con que se regó- son ahora de nombres gringos y apellidos impronunciables. El piso donde pisan los pibes, sobre el que crecen y se enraízan, ése por el que corre el agua pura, surgen los alimentos para millones y se puede levantar un techo para frenar la helada de las noches. El 20 por ciento del suelo del país fue vendido y el país se achicó. Rodeado de tranqueras y alambrados que cortan el camino por donde antes se iba a la montaña, al lago, al valle que era propio.

“La cordillera, los bosques nativos, el acuífero guaraní y los ríos más caudalosos del país siguen acechados por el proceso de extranjerización de tierras y están afectados por una legislación que es considerada una de las más débiles del mundo en materia de protección de los recursos naturales. No hay país en el mundo con una legislación tan flexible como la argentina. En Japón, EEUU, Canadá, por mencionar algunos países, los extranjeros no pueden comprar tierras y menos si estas cuentan con recursos naturales”, dice el ingeniero agrónomo Raúl B. Steffanazzi de la Universidad Nacional de La Pampa.

La tierra que lo tiene todo, en la que el niño deja la huella de su pie desnudo, en contacto directo con su propio origen, la tierra que es suya por herencia ancestral, ya no es su parcelita en el mundo, el lugar donde nació y morirá algún día y los hijos de sus hijos lo in-humarán en el mismo humus donde él sembró su primera semilla cuando la hierba era más alta que su altura. Ya no es. En "Tierras S.A.: Crónicas de un país rematado" Klipphan y Enz, documentan que en la Argentina se vendieron 16.900.000 Ha y otras 13 millones están en venta. Sumadas son 30.000.000 millones. Como si se juntaran Inglaterra y Portugal y se los vendiera en paquete con cinta roja.

El país grande, extenso, predestinado a no cumplir su pre-destino, con tierra suficiente como para que los niños siembren su comida, se escapen de sus marcadores y corran de área a área hasta el gol inexorable, dejen su huella en la tierra seca, se pinchen de pajabrava, chapoteen en los esteros, se amarronen en los pantanos. Ese país se achica, se estrecha, se estremece de ofertas baratas, se alambra, se entranquera. Tiene 174 millones de hectáreas. Cerca de 20 de cada cien fueron o serán enajenadas, especialmente en el mostrador de los años 90. Con caminos cerrados, pueblos desalojados y productores sin suelo. Dicen Andrés Klipphan y Daniel Enz que “en Santiago del Estero y Chaco la hectárea cuesta lo mismo que una hamburguesa”.

Ni los wichis ni los mapuches suelen comer hamburguesas. Tampoco miran televisión por las noches. Ni saben que hay personajes de plástico que sólo viven en el cuadrado de luz que se apaga y no existen más. Sueños vergonzantes de los que no conocen la sensación de amanecer descalzo y tocar la tierra con los pies para empezar el día.

Un día aparecieron en Apipé, disfrazados de empresarios canadienses, para decirles que debían desalojar el pueblo porque habían comprado las tierras. Ya no les pertenecían. Había que irse, a vivir y a morir en otro lado. Sin poder cargarse la casita en los bolsillos ni los sembrados al hombro. El espanto los sacudió aunque no la sorpresa. No era la primera amenaza de desalojo: varios compradores potenciales habían pasado por allí. Ahora, sin embargo, parecía concretarse. El hombre grotesco de sombrero y bigote los expulsaba de allí.

Les alargó la angustia hasta que se sacó el bigote y les sonrió y les dijo que era una broma y aparecieron las cámaras y el programa que ellos jamás habían visto subió a los 38 puntos por su llanto desesperado y les regalaron un bote como pago de la angustia en vivo para todo el país.

El niño que ya no puede correr al horizonte, el niño que crece con el futuro alambrado no sabe que 900 mil hectáreas de la Patagonia de las aguas en reserva y el suelo rico y misterioso está en manos de Benetton, que un tal Tompkins -nombre que su lengua jamás podría pronunciar- se quedó con una parte de los esteros del Iberá, que se compraron lagos, ríos y fronteras y caminos que él caminaba y ahora si la pelota pasa el alambre ya no es suya, no lo será nunca más y el camino se corta a los pies como se cortan los porvenires a veces, tan abruptamente, tan con las tijeras de los que pueden, tan con final que golpea la nariz y el dedo gordo del pie como una muralla a los sueños.

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Argibay: "Hablo de aborto y me dicen asesina"

Susana Yappert (RIO NEGRO ON LINE)

"Argibay, nuestra jueza", así la presentó la socióloga feminista Cecilia Lipszyc en dos importantes tribunas en las que la magistrada habló del derecho de toda mujer a decidir sobre su propio cuerpo. En junio, durante las Jornadas Internacionales de Violencia de Género en la Facultad de Derecho de la UBA, y hace días en la Manzana de las Luces, invitada por Carta Abierta Mujeres para hablar del aborto. Un debate definitivamente instalado.

En sus siempre amenas disertaciones, Carmen Argibay -la primera mujer en acceder al máximo tribunal argentino- contó un cuento extraído de las muchas leyendas del rey Arturo. El cuento tenía una pregunta fundamental: "¿Qué quiere la mujer?" y su respuesta una enseñanza: "la mujer quiere ser soberana de su destino". La respuesta de la leyenda artúrica la dio una bruja. Y frente al público, Argibay la encarnó con gusto.

Bruja a la que muchos querrían ver arder en una pira. No es casual que en la Edad Media quemaran vivas a aquellas mujeres, brujas, que tenían el saber de la anticoncepción. "Hablo de aborto y me acusan de asesina, pero yo insisto, esos calificativos a esta altura no me hacen ni cosquillas. Hablar de aborto es defender un derecho". Hace unos días en su paso por General Roca, con motivo de los 20 años de creación de los Juzgados Federales insistió: "Ayer dije algunas cositas en Neuquén (se sonríe), dije que el Juez Martín Lozada hizo lo correcto, pero hay que insistir e insistir, porque nunca es suficiente lo que decimos para reclamar por los derechos de las mujeres."

En sus disertaciones machaca: "En nuestro país, que es un Estado laico, no se pueden imponer ideas religiosas a todas las mujeres. Y eso hacen los sectores minoritarios pero con suficiente poder de lobby para imponer que una mujer no pueda usar anticoncepción de emergencia o practicar un aborto. Cuando algo está permitido no significa que una lo tenga que hacer. Hay matrimonio civil pero yo me caso si quiero, el Estado no me obliga a hacerlo. Que se legalice el aborto no quiere decir que todas las mujeres tengamos que abortar, lo hace la que quiere en base a su libertad y a sus convicciones religiosas".

Y la Argentina tiene que dar este debate, argumentó, y los señores legisladores tienen que darlo.

"Hace unos 10 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo terrible: un fallo que prohibió la anticoncepción oral de emergencia en Argentina. Y esto ocurrió después que una ONG, llamada el Portal de Belén, se presentó en la justicia diciendo que la pastilla era abortiva y un juez de Córdoba aceptó los argumentos y la prohibió. La medida fue apelada pero cuando llegó a la Corte, se volvió a prohibir por 5 votos contra 4. La Corte dijo que la pastilla del día después era abortiva", afirmó Carmen Argibay en la facultad de la UBA. "Este fallo de la Corte se basó exclusivamente en un concepto que es falso, usando citas falsas e inadecuadas y con interpretaciones que no correspondían a la realidad, citando como fuente científica a un supuesto Premio Nobel que nunca existió.

"¿Y por qué es importante que en la Argentina podamos recurrir a métodos anticonceptivos seguros hoy vedados? interrogó: Porque en América latina, según estadísticas, cerca de un 40% de embarazos no son deseados y el 25% de la mortalidad de las mujeres es como consecuencia de abortos clandestinos".

"Las políticas y cultura patriarcales -sostuvo- todavía impiden una plena educación sexual, un pleno ejercicio de la libertad, por lo tanto es imprescindible que defendamos el uso de métodos como la pastilla del día después."

Hay una cultura rancia pero vital que -según palabras de Argibay- todavía nos considera a las mujeres algo así como "containers." "Los hombres desde hace muchos siglos de cultura occidental y cristiana han ejercido un dominio masculino sobre la cultura. Un dominio tal que llegó hasta dominar el cuerpo de las mujeres".

Acceder a métodos anticonceptivos seguros y despenalizar el aborto, no sólo bajaría las drásticas cifras que indican que las mujeres mueren cotidianamente por abortos realizados clandestinamente; sino que permitirán que toda mujer haga ejercicio de su derecho a decidir sobre su cuerpo, materialidad primera para poder ser soberana de su destino.

"Ojalá existiesen muchos jueces como Lozada"

El 10 de agosto, en la histórica Manzana de las Luces, Argibay volvió sobre el tema. El aborto "tendría que estar al alcance de todas (las mujeres que lo requieran) y gratuitamente". Ese día ella formó parte de una convocatoria de Espacio Carta Abierta, en el que hubo un claro respaldo a su despenalización y legalización, y un fuerte reclamo a los legisladores para que inicien la discusión en el Congreso, en línea con el pronunciamiento del Consejo Superior de la UBA en tal sentido.

Entre el público estaba el juez de Bariloche Martín Lozada, quien fue invitado al evento por periodistas de la Red PAR, quien fue largamente aplaudido por el auditorio en momentos en que pende sobre él una amenaza de jury por su aval a un aborto no punible.

"Está perfectamente hecho lo que hizo Lozada. Si me necesita como defensora, voy", le ofreció. "Ojalá en el país haya más jueces como Lozada", volvió a respaldarlo Argibay. "Porque no importa que un ADN haya dado negativo cuando una mujer dice que fue violada. Violación hubo. Y Lozada hizo lo que dice la ley que hay que hacer".

"Puede haber objeción de conciencia, pero no nos quieran imponer concepciones religiosas en un estado libre. Desde hace años me llaman asesina por defender la libertad de las mujeres. Por defender sus derechos. Ya no me importa. No me causa ni siquiera cosquillas porque los argumentos que defienden quienes se oponen son falsos".

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Argentina: Mujeres presas. Delitos menores, penas grandes

Sarah Babiker (ARTEMISA)

El número de mujeres en cárceles federales se incrementó en un 350% entre 1990 y 2007. La mayoría son madres que sufren la desproporción entre el daño social de los delitos cometidos y el sufrimiento personal y familiar que genera su encarcelamiento, denuncia un informe.

La mayoría de ellas procede de sectores vulnerables, la mitad son extranjeras. Casi todas tienen hijos e hijas a su cargo, que cuidan y mantienen solas. Muchas de ellas fueron detenidas por tráfico de estupefacientes a pequeña escala. Permanecen en las cárceles, sus hijos menores de cuatro años presos junto a ellas; los mayores, lejanos y desamparados; las familias disgregadas.

Sobre ellas, las mujeres privadas de libertad, trata el informe 'Mujeres en Prisión: los alcances del castigo' presentado el pasado viernes 13 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de una investigación realizada de manera colegiada por la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Representantes de las instituciones implicadas abrieron el acto. Así, la Dra. María Fernanda López Puleio de la Defensoría General subrayó la necesidad de 'empezar a pensar desde el lugar de la protección de derechos con perspectiva de género' con el fin de generar 'políticas concretas.' Por otro lado, saludó el método elegido para la investigación que se basó en entrevistas a 148 mujeres detenidas (realizadas entre junio y agosto del 2008) pues 'cuando hablamos de perspectiva de género en relación a la cárcel estamos diciendo que justamente el impacto es diferencial y por eso la mención y la observación no puede ser realizada desde un lugar meramente cuantitativo.' Por su parte, Gastón Chillier, Director Ejecutivo del CELS, celebró la posibilidad de trabajar con dos instituciones estatales para realizar un trabajo 'que no solo se limite a la denuncia sino también (…) a promover recomendaciones y políticas públicas para prevenir violaciones (a los derechos humanos).'

Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario, recordó que la mayoría de delitos cometidos por las mujeres son 'delitos de necesidad económica' por lo que 'muchas de ellas no deberían estar en la cárcel' por su nula peligrosidad y porque las penas recaen en los hijos. 'Estas cosas podrían hacer pensar en una reformulación de la política penal de género.' Por último saludó la creación de 'una comisión para estudiar este tema' en el marco del Ministerio de Justicia.

Los cambios a los que apuntaron los ponentes y que son abordados en el informe apuntan a tres direcciones: la sustitución de la pena de cárcel por el arresto domiciliario (sobretodo en el caso de las mujeres embarazadas o madres de niños pequeños), una reforma legislativa que permita suspender el encierro de presas primarias imputadas por delitos no violentos y, por último, la adopción de penas basadas en la autodisciplina como la semilibertad -que permite salir de la cárcel unas horas al día para desarrollar alguna actividad laboral o educativa- y las salidas transitorias (que de uno o varios días, posibilitan mantener los vínculos con el exterior y la familia), medidas infrautilizadas y planteadas de un modo que se vuelven difíciles de aplicar a las condenas de las mujeres, de corta duración.

Delitos menores, penas grandes

Tal como registra el informe, según el Servicio Penitenciario Federal (SPF) el número de mujeres en cárceles federales se incrementó en un 350% entre 1990 y 2007, pasando de 298 a 1039. Estas mujeres pertenecen a los sectores más vulnerables, y además el 86% son madres, la mayor parte de ellas jefas de familias monoparentales. Por ello su rol es central en el cuidado cotidiano y mantenimiento económico de sus hijos e hijas.

Casi la mitad (48%) de la población penitenciaria femenina son extranjeras. Entre las entrevistadas el 80% eran presas primarias, es decir que no habían sido detenidas con anterioridad, este porcentaje se elevaba al 96% en el caso de las extranjeras. El 55,4% de las entrevistadas se hallaba en situación de prisión preventiva. Siete de cada 10 detenidas están acusadas o han sido condenadas por tráfico de estupefacientes a pequeña escala, (9 de cada 10 extranjeras), el 16.2% detenidas por delitos contra la propiedad, y solo el 14,2% por delitos contra las personas.

Este es el panorama de las mujeres internas en las cárceles federales que describe el informe, datos que fueron desgranados por la investigadora Marta Monclús, abriendo el panel de presentación de conclusiones.

La historiadora y docente universitaria Lila Caimari, alabó la calidad del informe, y especialmente el 'deseo de intervención, el propósito de mejorar una situación (…) de vulnerabilidad y de un sufrimiento humano desmesurado'. La historiadora recordó que los 'cambios fundamentales en las tasas de encarcelamiento de las mujeres remiten directamente a cambios en los circuitos internacionales de la drogas' 'centenares de mujeres están pagando con la prisión un lugar subordinado como el eslabón más débil de esta cadena de plástico' en un contexto de creciente exclusión social. Como señalaba el informe, muchas de ellas son madres y jefas de hogares monoparentales: 'la tasa de encarcelamiento de estas mujeres que yo diría es casi lo mismo que decir la tasa de desarticulación de familias de bajos recursos' aflora cuando 'dicha desarticulación tiene consecuencias más graves que nunca.'

Por su parte Hugo Lorenzo, director de la Oficina para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura, denunció: 'no se puede dar que el estado prive a alguien de libertad y después se desentienda de proteger sus derechos,' 'el estado así, se convierte en un estado delincuente porque es él el que debiera proteger los derechos y es él el que los viola.' Esta violación de derechos es otra de las realidades que desvelan las entrevistas realizadas durante la investigación, que apunta a graves deficiencias en el ejercicio del derecho a la Salud, y a la Educación. Además, aunque el 70% de las mujeres trabajan en prisión la baja cualificación de estos trabajos dificultan que puedan reinsertarse laboralmente una vez en libertad.

También la violencia está presente, en forma de injerencias abusivas en su intimidad, que incluyen desnudos totales e inspecciones vaginales y anales, o en forma de agresiones por parte de los funcionarios del SPF (el 32% presenció agresiones y el 8.1% fue objeto de ellas) o entre las detenidas ante la negligencia del mismo funcionariado.

Las pesquisas abusivas que incluyen inspecciones vaginales y anales también fueron realizadas en alguna ocasión a visitantes del 38% de las mujeres en el 2008, a pesar de que son consideradas ilegítimas por los organismos internacionales de derechos humanos.

Madres presas

Ya en la presentación, la doctora López Puleio destacaba la relevancia de la maternidad en este informe de 130 páginas, donde la palabra 'hijo', figura, según contó López, 280 veces.

En este tema se centró también Laurana Malacalza, Coordinadora del Área de Género del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria. Así afirmó que el estudio sirve para 'romper con algunos estigmas muy consolidados en el discurso social (…) de que la maternidad implica beneficios para las mujeres detenidas, beneficios que se entienden como un plus que tienen esas mujeres sobre las que no tienen hijos'. La investigación desmentiría esta creencia revelando una contradicción: 'el estado delega la responsabilidad absoluta de los niños en las madres, eso queda establecido hasta en la legislación.'

Para Malacalza, contar con la información derivada del informe ayudará a 'cuestionar la exclusividad del Ministerio de Justicia de hacerse cargo de ese cuidado de los hijos dentro de las unidades carcelarias' poniendo de relieve 'la necesidad de establecer una política pública penitenciaria que comprometa a distintos organismos dentro del estado.' Pues, denunció, de momento hay una ausencia de políticas públicas para vincular a la familia que queda dentro de la cárcel con aquellas que quedó en el exterior. Así, de las madres encuestadas, solo el 22% son visitadas por sus hijos e hijas al menos una vez al mes. Mientras que la mayoría (el 67%) nunca fue visitada por ellos.

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Tomas en escuelas porteñas: “Levantamos las banderas de la solidaridad”

Zula Lucero (INDYMEDIA)

Estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran tomando las instalaciones educativas, con diversos reclamos entre los que se cuentan: aumento y ejecución del presupuesto educativo, reformas edilicias, viandas y becas.

La toma inicialmente fue en el Manuel Belgrano y luego se sumaron, en solidaridad, el Mariano Acosta, el Normal 6, el Lengüitas, Revolución de Mayo, Normal 5, Mariano Moreno y Confederación Suiza. Actualmente hay 14 colegios tomados y se espera que la medida se profundice en los próximos días.

Mientras la medida se llevaba cabo el Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, instruía a los directivos de los colegios para que confeccionen un listado de los estudiantes que participan de la toma para luego denunciarlos a la policía. El ministro manifestó a un diario nacional: “Hay motivos políticos”."Para que haya diálogo, deben levantar las tomas”.

Al mismo tiempo los y las docentes porteños anunciaron un paro y movilización para el día martes 24 por mejoras salariales y en apoyo al reclamo de los estudiantes.

El día viernes los estudiantes se movilizaron a la Jefatura Porteña pero no fueron recibidos por ninguna autoridad y decidieron en la asamblea de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundario (CUES), profundizar la protesta. La coordinadora esta compuesta por 40 colegios secundarios porteños, y funcionan en manera asamblearía y cada escuela tiene autonomía para decidir que tipo acción va a llevar adelante para apoyar el reclamo.

Es de destacar que muchos de los colegios que se sumaron a las tomas, no tienen problemas edilicios como es el caso del Lengüitas “Sofía Broquen de Spangenber”. No obstante esto, reivindica esta consigna en solidaridad con las escuelas que tienen graves problemas de infraestructura. Los alumnos y alumnas manifestaron en una asamblea informativa: “Respondemos a nombre de la Educación pública porque levantamos las banderas de la solidaridad”.

Fuente foto: INDYMEDIA

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Argentina, La Pampa: El obispo Arana iba a la Primera y retaba a los torturados

LA ARENA

La declaración más importante de la tarde de ayer en el juicio a los represores de la Subzona 14 fue el de Rosalind Gancedo, una de las ex alumnas de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico que se presentaron a dar su testimonio y reivindicó la militancia social en esa casa de estudios sobre la que se ensañó la represión ilegal. La mujer, que llegó desde Neuquén, fue una de las víctimas del grupo de tareas y le apuntó a cuatro de los acusados: Roberto Fiorucci, Néstor Cenizo, Omar Aguilera y Carlos Reinhart, de quien recordó su voz fina y el olor a alcohol de su aliento cuando la interrogaba.

Pero además agregó un dato que si bien había sido mencionado, ahora tiene sustento: que el entonces obispo Adolfo Arana estuvo dos veces con ella en su celda mientras estaba secuestrada en la Seccional Primera.

Militancia

Gancedo recordó que en enero de 1975 fue una de las estudiantes que tomó la sede de la Facultad ante a la intervención que llegó desde Bahía Blanca, y que allí fue su primera detención. Para la ex alumna, fue por esa militancia que durante la dictadura fueron secuestrados y torturados muchos de los que cursaban la carrera de ingeniería.

En 1975, dijo, "fuimos perseguidos e intimidados en General Pico, tanto en la facultad, en la calle o en mi propia casa. Fui detenida por la policía de Pico a la que acompañaba en el patrullero (el entonces diputado nacional del PJ) Carlos Aragonés. Dijo 'esta persona es de la facultad, hay que detenerla'. Me subieron al auto y me llevaron a la comisaría por alterar el orden público y el buen nombre de las personas, y se refería a él (por Aragonés)".

Su casa permaneció desde entonces vigilada por la policía y en diciembre de 1975 fue allanada dos veces. Allí vivía con sus dos hermanos y con Raquel Barabaschi, su compañera y otra de las víctimas de la Subzona 14.

En la cárcel

Gancedo habló con naturalidad de armas largas, esposas y gritos. Pareció querer testimoniar lo que por tantos años quiso decir y no pudo, y hasta le llegó a decir al presidente del tribunal, José Mario Tripputi, "quiero hablar", cuando este recomendó un descanso si lo necesitaba.

La mujer relató que el 24 de marzo del 76 fue nuevamente demorada junto a sus hermanos y Barabaschi durante algunas horas en la Seccional Primera piquense. Regresó a su casa, pero durante la noche fue nuevamente apresada, y esta vez su destino fue Santa Rosa.

Fue llevada junto a Zelma Rivoira, Rosa Audisio y otros detenidos en un camión del Ejército hasta la Seccional Primera de Santa Rosa y alojada en una celda junto con Mireya Regazzoli. "Antes de mi primera declaración recuerdo que ingresó Fiorucci con el obispo de La Pampa, quien era entonces, me preguntó que es lo que necesitaba. La libertad, le dije. Y me dice que si me hubiera portado bien no estaría en esa situación".

Días después, cuando ya la habían interrogado, Arana volvió a la celda, pero ella no quiso hablar con él.

"No sos mujer"

La víctima relató que fue llevada por una celadora a la planta alta. "Me lleva una celadora, Elsa, a una oficina chiquita, me coloca las esposas y me venda. Me deja en una habitación, parada. Nadie se me acerca, hasta que luego de bastante tiempo preguntan en tono amenazante por libros marxistas, por mi ideología marxista-leninista, me dicen que no somos personas, que yo no era mujer. Me preguntaron por armas que habían comprado en Bahía Blanca, por (el ex ministro Santiago) Covella, por (Ricardo) Calvo. Eran preguntas incoherentes, y me decían que ya habían confesado Raquel, Rosa, mi hermano".

"Eran ocho personas, porque había voces diferentes y pasos. La persona que me hablaba, me tiraba el aliento sobre la cara, en la venda, tenía olor a whisky, un olor desagradable. Me apuntan un arma en la cabeza y me empezaron a preguntar otra vez por las armas. El que tenía olor a whisky y voz fina, ahora sé que es Reinhart", dijo Gancedo.

"Yo contestaba sin miedo al principio, pero este Reinhart se me puso muy cerca y me dice mirá que nosotros te podemos matar, y me pusieron el arma en la cabeza. A partir de ahí comencé a tener miedo", declaró. La mujer afirmó que no le pegaron ni la picanearon.

Nombres

Gancedo, con el mismo procedimiento, fue interrogada dos o tres veces más. Una de esas veces, "alguien habló y llamaron a Fiorucci, y después a (Néstor) Cenizo", indicó. También una de esas noches "se escuchaba música tipo iglesia y gritos lejanos, pero supe que eran de Raquel porque la voz la reconocía perfectamente". Además dijo que una de las celadoras le contó que en los interrogatorios estaban Reinhart, Fiorucci, Cenizo y Omar Aguilera.

Gancedo recuperó la libertad en abril junto con Rosa Audisio. Antes de salir las recibió Luis Baraldini junto a Fiorucci y otros dos uniformados, y les hizo firmar un papel sin leerlo, y les dijo que se "olvidaran de la Facultad" y que iban a estar vigiladas.

Como la historia de Barabaschi, Gancedo quedó bajo libertad vigilada y debía dirigirse a la comisaría de Pico para dejar los datos y firmar cada vez que salía de la ciudad. Eso se prolongó hasta el año 1981.

Gancedo reivindicó la militancia estudiantil en la UTN en el último tramo de su declaración. "Fue un trabajo social grande, que tuvo muchos alumnos, más que en Bahía Blanca y con una conducción abierta. Por eso vino la intervención vinculada a la CGT y nos trataron de comunistas, de rojos".

Aullidos

Otra de las ex alumnas de la Tecnológica que declaró ayer fue Graciela Espósito. Comenzó su exposición con una frase hacia los represores, cuando se le preguntó si le molestaba que estuvieran en la sala: "preferiría que no estuvieran".

La mujer dijo que no la torturaron y que sólo la interrogaron una sola vez. Ella fue detenida apenas producido el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 cuando estaba en la casa de Ricardo Calvo junto a Walter Neher y Carlos Llinás. "Fue un operativo impresionante, intimidante, con tanquetas y ametralladoras. Lo detuvieron a Calvo, nos preguntaron el nombre, miraron una lista, y nos dijeron vengan", afirmó Espósito.

Fue la primera mujer que llegó a las celdas de la Seccional Primera de Santa Rosa. Allí estuvo durante 14 días y supone que por algún contacto sus tíos de la capital supieron donde estaba y le llevaron provisiones. Luego llegaron Gancedo, Rivoira, Barabaschi y Audisio, entre otros.

Pastillas

"Yo estaba muy mal, lloraba mucho, tenía miedo de noche, porque era difícil por las torturas, los aullidos de dolor eran desgarradores. Estar de noche ahí escuchando como torturaban era muy difícil", afirmó.

Esto la llevó a pedir somníferos para poder conciliar el sueño. "Apareció un médico a verme, estaba con Baraldini, este doctor iba por Mireya y averiguó quién era mi familia y me atendió. Era (Juan Héctor) Savioli, y me dio pastillas para dormir", afirmó.

En otro pasaje, dijo que "Savioli pasaba, no diariamente, pero sí pasaba" y que al recetarle esas pastillas "me creó adicción a los somníferos, fueron los primeros que tomé".

La mujer dijo que un tarde fue llevada esposada y encapuchada a la planta alta y que dos hombres la interrogaron, aunque sin tocarla. Y no recordó nombres ni caras entre los policías.

También sufrió lo que otras compañeras. Con libertad vigilada en la localidad donde vivía su familia, Quemú Quemú, no pudo seguir sus estudios, se quedó sin trabajo y debía avisar cada vez que se iba de la localidad. "Cortaron una vida", dijo. Gancedo pudo terminar su carrera de ingeniera, en los 80, Espósito pudo recibirse de docente.

Un informe médico por Aragonés

Antes de que comenzara la jornada de la tarde, el secretario del Tribunal Oral Federal leyó el informe médico realizado por una profesional perteneciente a la Justicia sobre el estado de salud del ex diputado nacional Carlos Aragonés. El jefe de la CGT piquense durante los años setenta y una de las víctimas por las que son juzgados los represores pampeanos, había pedido no asistir a la sede del tribunal por su delicado estado de salud. Su testimonio era esperado por muchos, ya que además está acusado de haber denunciado ante la Subzona 14 a los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional.

Ayer el informe indicó que Aragonés, según su análisis, no puede presentarse a declarar en el Colegio de Abogados ya que la situación podría generarle un "alto grado de stress o tensión". La médica Soledad Iglesias informó sobre el cuadro médico del testigo que el año pasado tuvo un ataque cerebro vascular. La facultativa consideró que al ser todavía un paciente de "alto riesgo" lo recomendable es que le tome declaración en su domicilio particular.

Un represor habló ante el Tribunal

A las 19.46, el ex oficial Oscar Yorio se sentó ante el Tribunal y habló. Fue la primera vez, en lo que va del juicio de la Subzona 14 que uno de los nueve acusados decide hacerlo. Su declaración versó sobre un punto específico, una aclaración que le pidió su abogado defensor Oscar Del Campo para que los jueces pudieran entender el valor que la defensa le daba a la palabra de uno de los testigos que había pedido, el del ex policía Rubén Alberto Toldo.

El de Toldo fue el último testimonio de la víspera. Explicó que los acusados habían sido sus superiores en los '70, salvo Greppi, a quien dijo no conocer.

"Estando detenido en Gendarmería, en Buenos Aires -explicó Yorio-, el 13 de noviembre de 2003, recibí un llamado telefónico del comisario Toldo. No fui yo quien lo llamó, sino él. Estaba preocupado porque una de las personas que había declarado, atribuyéndonos hechos delictivos relacionados con esta causa, era su mamá (NdR: la ex celadora Dolly Ghiglione de Toldo, que testificará el 14 de septiembre). El quería saber dónde había salido eso. Entonces, le dije que en la revista Lumbre (Nº 20). El domingo 23 de noviembre me volvió a llamar y me dijo que la mamá había leído la revista y que ella no lo había dicho. Y que si tenía que rectificarse, estaba dispuesta. Después, no volví a hablar más con Toldo".

Tras la declaración de Yorio, Toldo regresó al recinto y dejó dudas respecto a quién llamó a quién. Sobre su madre, aseguró que le había dicho que cuando había mencionado a los ex policías, sólo había respondido quiénes eran los que trabajaban en el primer piso de la Primera. Además, relató, su madre aseguraba que había firmado su declaración en el sumario del '84 sin leerla.

El testigo dijo que, por esos días, para cotejar lo que decía la revista acudió a mirar "la declaración del sumario administrativo". ¿Cómo accedió?, le preguntó la querella. "Eso no se lo voy a decir", contestó. Ahí intervino Triputti, quien le pidió que no se pasara de "listo". De inmediato, el testigo cambió sus palabras y refirió que, en realidad, no recordaba.

"Me pegaron con los guantes de boxeo"

Rosa Audisio fue detenida el 25 de marzo de 1976 en su casa de General Pico, mientras dormía, en un operativo que parecía destinado "a 10 o 15 personas" por la cantidad de militares y armamentos. Al otro día fue trasladada a la Seccional Primera de Santa Rosa junto a otras estudiantes de la Universidad Tecnológica (Raquel Barabaschi, Zelma Rivoira, Rosalind Gancedo). El primer día compartió la celda junto a Zelmira Regazzoli, hasta que en un momento fue retirada porque (el jefe de Policía, Luis) "Baraldini y el obispo vinieron a visitarla" a la hija del gobernador derrocado.

Audisio, que en esa época tenía 22 años, relató que todas las noches se escuchaban "gritos y ruidos" provenientes de arriba y que una noche una celadora la trasladó al primer piso con los ojos vendados con "una camisa roja" propia y esposada por la espalda. "Subí la escalera, entré a un cuarto y no vi nada. Noté que habría seis u ocho personas y una luz muy fuerte, como un resplandor. Me pareció como que hacían ostentación de armas, colocándolas arriba de una mesa o escritorio, y alguien que me tiraba el humo del cigarrillo en la cara".

"El interrogatorio fue incoherente -indicó-. Me preguntaban por dónde estaban las armas, por cómo habíamos matado al sereno del aeroparque de Pico... Se ve que como no entendía hice una mueca que pudo asemejarse a una sonrisa. Ahí fue cuando recibí muchos golpes en el estómago dados con guantes de boxeo. También me amenazaron con que podía aparecer en un zanjón, ir a una cárcel de Chaco o que algo les pasaría a mis familiares. Hasta que alguien dijo 'dejala, ya va a decir en la próxima'".

Entre los interrogadores uno tenía "un timbre de voz distinto, parecido al de un profesor de la universidad". Las celadores le dijeron que Fiorucci era el que golpeaba.

Audisio contó que, tras el interrogatorio, "cada noche viví la sensación de que podía repetirse". Recordó ver a Barabaschi "muy golpeada". También que le decían que "podía pasarme lo mismo que ella por lo de la picana". Durante los 15 días que permaneció detenida ilegalmente durmió permanentemente vestida y no pudo bañarse.

Un día, junto a Gancedo, les dijeron que se iban. "Baraldini nos hizo firmar unos papeles y nos dijo que debíamos callarnos y olvidarnos de todo, que a partir de ese momento nuestras vidas cambiarían, que no podía volver a la facultad y que cada vez que quisiera salir de General Pico debía avisar en la comisaría". Agregó que "no había ninguna lógica" porque ella pudo seguir cursando en la UTN y otras compañeras no.

- ¿Cuánto duraban los gritos de la madrugada?

- Cuatro o cinco horas.

- ¿Escuchaba la radio?

- A la noche se escuchaba una radio fuerte, como que tapaba los gritos y los ruidos.

- ¿Supo de abusos sexuales en la Primera?

- No.

- ¿Puedo explicar en qué circunstancias le dijeron que Fiorucci golpeaba?

- Una vez, yendo al baño, una celadora mencionó que Fiorucci era el que se ponía el guante (de boxeo).

Un testimonio raro

El extenso testimonio del periodista Daniel Osvaldo Ayet fue extraño. Mezcló cosas. Dio detalles muy específicos de ciertos hechos y mostró llamativa falta de memoria para otros. Evitó dar nombres en algunas respuestas, y para ello contó con la anuencia del presidente del tribunal, José Mario Tripputi, quien lo autorizó a no revelar quién era la amiga que le pasaba información en la Seccional Primera y hoy está muerta.

El testigo afirmó que fue perseguido por "mi reconocida militancia peronista", a la vez que elogió a los torturadores Omar Aguilera y Antonio Oscar Yorio. Y cuando le preguntaron si estaba diciendo la verdad, respondió sin que nadie le repreguntara: "Estoy diciendo lo que siento".

Ayet llegó a la policía pampeana en 1975, proveniente de la de Río Negro, como un experto en telecomunicaciones. Fue declarado prescindible en septiembre de 1976. Volvió a la fuerza en 1986 y se retiró menos de dos años más tarde. Afirmó que estuvo detenidos un par de veces, en 1971 junto a Mario Roberto Santucho, líder del ERP, y en 1974.

El ex suboficial relató que en 1976 se desempeñaba en la central de comunicaciones de la Jefatura de Policía y que lo mandaron a La Humada. Allí interceptó un mensaje donde pedían que lo aprehendieran. El día del golpe, "a las tres de la madrugada, cuando los tanques estaban en la calle", le pidieron que despertara al vicegobernador Rubén Marín y a "dos o tres altos funcionarios de la Policía". Le entregaron una ametralladora y "una furgoneta blanca no identificada". ¿Qué hizo? Desarmó el arma, dejó estacionado el vehículo en la terminal de ómnibus y se hospedó en el residencial Mitre durante dos días. "Era una trampa, una ofensa a mi inteligencia. Yo era boleta, pero no me pescaron. Después, ya no valía la pena", aseguró.

Contó que el 9 de abril fue detenido en la Seccional Primera como presunto subversivo y que estuvo en esa condición durante 34 días ("31 días permanecí desaparecido"). "Me llama la atención que no se haya hablando del patio de la Unidad Regional I (funcionaba en el mismo edificio que la comisaría). Allí había más de cien personas. Los policías entraban y se llevaban gente. Esa noche viví el más terrible de los temores. Nadie sabía a quién le tocaría ser el próximo. A mi amigo Rodolfo De Diego se lo llevaron. Volvió con la lengua hinchada, oscura. Me dijo: 'el hijo de puta me picaneaba y se reía'. Dio el nombre de Athos Reta, como que estaba o participaba (de los tormentos). También vi a (Héctor) Zolecio orinando sangre, muy torturado, y con una toalla con sangre en el cuello".

- ¿Puede describir alguna otra escena de ese momento?

- Si la hubo, prefiero no recordarla. Entienda el terror de esa noche.

Del patio, recordó que las baldosas eran de color ocre y que tenía una rejilla en el medio. Su dimensión era 8 x 8 metros.

Cuando le pidieron otros nombres de detenidos, Ayet dijo que en el patio vio a "Raúl (sic) Santesteban, (Santiago) Covella y Hugo Ferrari". También que estuvo celda de por medio con Mireya Regazzoli y que "cuchicheaban" entre ellos. Una aclaración: Santesteban, director de LA ARENA, no estuvo en la Primera, y Regazzoli en su testimonio no mencionó a Ayet.

El ex policía sostuvo que el 13 de mayo lo llamó Aguilera y le dijo que se vaya. En septiembre, viendo un expediente, supo que lo habían detenido porque "el comisario Servetto dijo que estuve vinculado al secuestro de los hermanos (Jorge y Juan) Born (NdeR: fueron secuestrados por Montoneros en 1974) porque yo trabajaba en la radio de Huinca Renancó y con dinero del rescate se entregó una ambulancia a Realicó".

Elogios a represores

"El terror comenzó el 9 de abril, pero sus consecuencias recién terminaron siete años después". Por la ley de prescindibilidad no pudo trabajar en varias provincias. En 1994 declaró en el sumario administrativo del Gobierno provincial sobre la actuación policial durante la dictadura. "Fue una declaración light, casi sujeta a presiones, que no fue prestada bajo juramento. Por eso pido que se tenga en cuenta la declaración de hoy, que fue hecha bajo juramento de ley". Agregó que el testimonio suave fue un consejo del instructor, el comisario Timoteo Trouilh, "un amigo, un compañero peronista que me aconsejó bien". Cuando desde las defensas le preguntaron por las presiones, las relativizó.

Luego Ayet lanzó sus elogios a dos represores. "Nadie tenía lo que había que tener, dentro de la policía, para darle órdenes al Negro Aguilera; excepto un militar como (el entonces jefe de Policía, Luis) Baraldini".

- ¿Qué quiere decir con eso?, lo interrogaron

- Que era bravo y tenía fama de eficiente. Era el único que tenía huevos para entrar solo al (barrio) Matadero. La del '76 era una policía brava. Cuando alguien agredía a una mujer, no llegaba al juez, le daban una tunda. Y si llegaba al fiscal, le decían que se dejara de joder y le daban otra vez.

De Aguilera acotó que "hacía bien las cosas, tenía controlada la provincia, la ciudad".

- ¿Después del '76 habló con algunos de los imputados?

- Con algunos nos encontramos por ahí... A Aguilera lo encontré en un taxi. Me miró por el espejo y le pregunté si me conocía. Con su soberbia me dijo que no. ¿Qué iba a decirle? Hoy yo estoy acá y él allá. ¿Me entiende usted? Alguna vez iba a llegar...

Además aseguró que fue "un placer y un honor haber trabajado con Yorio en Realicó. Fui su subordinado y jamás se habló del tema. Jugábamos al ajedrez y hablábamos de otros temas, como política y literatura".

Ninguno de los dos imputados pudo escucharlo porque estaban ausentes.

- ¿Fue llamado para integrar algún grupo de tareas?

- No. Por mi militancia peronista no me iban a llamar.

Ayet viajó especialmente desde España para hacerse escuchar. Fuentes judiciales confirmaron que pidió que el tribunal le pague los gastos del traslado.

"Tenían asistencia médica"

"El Cholo De Diego dijo que lo había atendido un médico, aunque no sé quién; lo mismo que Zolecio. Yo interpreto que el médico estaba en el lugar o afuera esperando a que terminaran (de torturarlos). A los que palizeaban (sic) arriba, en la parrilla y con el submarino, volvían con asistencia", aseguró Ayet.

El ex policía fue la primera persona que, en las siete audiencias que lleva el juicio, mencionó que en la Seccional Primera se torturaba con el método del submarino ("lo hacían con un balde de lavar, aunque no recuerdo quién me lo dijo").

En un primer momento, Ayet se limitó a aseverar que sólo vio al médico policial Máximo Pérez Oneto, a quien conocía como miembro de la fuerza, atender a "un preso que se había tajeado" y que no hablaría de oídas. Sin embargo, el querellante particular Miguel Palazzani le pidió que hablara de oídas para saber que había escuchado. Ahí fue cuando mencionó los dichos de De Diego y Zolecio.

Incluso cuando el juez Tripputi buscó precisiones, el testigo respondió que "con seguridad" las víctimas recibían asistencia médicas. Eso sí, no dio nombre de los profesionales.

Otros dos represores no quieren ver ni escuchar

Otros dos represores, Antonio Oscar Yorio y Hugo Roberto Marenchino, pidieron estar ausentes en las audiencias orales y públicas donde víctimas y testigos relatan los sufrimientos padecidos en la Seccional Primera durante la dictadura. De esta manera ambos se sumaron al ex jefe de la Unidad Regional I, Roberto Esteban Constantino, y a Omar Aguilera, en la intención de no escuchar esos testimonios, y ya ayer no concurrieron a la mañana. Sin embargo, por propia elección, Yorio fue a la tarde para oír al ex policía Rubén Toldo.

Uno de los abogados querellantes, Franco Catalani, pidió que se cumpliera a rajatablas con el artículo 366 del Código Procesal Penal de la Nación que expresa textualmente que "si el imputado no quisiere asistir a la audiencia, será custodiado en una sala contigua" y que "si fuese necesario practicar su reconocimiento podrá ser compelido a la audiencia por la fuerza pública". ¿Por qué? Porque los cuatro represores permanecen en la Unidad 4, donde están presos, y no en una sala contigua. Además requirió que asistan al juicio para eventualmente poder ser reconocidos.

El abogador defensor Hernán Vidal adujo que ya pasó el tiempo de los reconocimientos y que, en este momento del proceso, esas medidas "no tiene valor". Vidal se opuso a "cualquier tipo de reconocimiento" y agregó que, en todo caso, los rostros de los imputados ya salieron fotografiados en los diarios.

El tribunal, a través del presidente José Mario Tripputi, contestó que tendría en cuenta los planteos, pero mantuvo la decisión de autorizar a los ex policías a quedarse en la unidad penitenciaria.

MEDICO - El primer testigo de ayer fue el traumatólogo Jorge Marchini. El médico operó las muñecas de Zelmira Regazzoli en 1997 y 2002. "Me dijo que había sufrido ataduras e injurias en ellas", explicó. Pero ante una pregunta concreta de uno de los defensores, acerca de si las intervenciones quirúrgicamente se debieron "exclusivamente" a la presión que pudieron ejercer las esposas en 1976, Marchini dijo que no podía afirmar que hubiera sido por ello.

ESTRATEGIA - El defensor oficial Oscar Del Campo solicitó expresamente que los testigos Rosa Audisio y Daniel Ayet reconocieran sus firmas en las declaraciones prestadas hace 26 años en el sumario administrativo ordenado por el gobernador Rubén Marín. Pareció que lo hizo para intentar demostrar que algunos de los dichos actuales no coincidirían con los relatos de aquel entonces.

AUSENTES - El tribunal confirmó que de la lista original no se presentarán doce testigos, entre ellos tres de las 28 víctimas de la causa: Dully Girard de Villarreal porque está en España y tiene problemas de documentación, Olga Edith Juárez porque falleció (había identificado a Carlos Reinhart como quien picaneaba) y Gerardo Nansen porque vive en Uruguay y no fue localizado. Los otros que no testificarán serán el ex juez federal Juan de Dios Uncal, Alicia De Diego y Florencio Tancoff por cuestiones de salud; Héctor Oveseika, Pablo Viguera y el policía Humberto Gorozurreta porque murieron; Valentín Bosch y Juan Brower de Koning porque residen fuera del país y Horacio Ballesteros porque no fue ubicado.

SUGESTIVO - Tripputi se interesó por el nombre del policía Osvaldo Beiguel cuando fue identificado como el escribiente del sumario administrativo abierto por el gobernador Marín en 1984. Ocurre que Beiguel sería la misma persona que el juez procesó el 18 de mayo de 1983 por los delitos de apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad personal, en forma agraviada en concurso ideal con lesiones leves, en perjuicio de Néstor Raúl Elero. En ese momento el policía era subcomisario en Rancul.

Testigo incriminó a más ex policías

Norberto Flores fue otro de los testigos que prestó declaración en la jornada vespertina del juicio. El hombre recordó cómo detuvieron a su padre, Julián Flores, quien, según testimonió, fue torturado con golpes y picana por el grupo de tareas de la Subzona 14. Incluso leyó un escrito que pertenecía a su padre, fallecido en 1996, donde daba los nombres de los torturadores.

En el listado leyó los siguientes apellidos: Constantino, Aguilera, Fiorucci, Guevara Núñez, Gauna, Reta, Escalada, Ochoa (los hermanos), Smith, Oficial Giménez y Reinhart. Referido a ellos, leyó una frase textual del manuscrito de su padre que rezaba: "Ese personal de policía debería estar preso por sus buenas condiciones de torturadores". El testigo entregó una copia del manuscrito al Tribunal.

Recordó que él fue llevado a la Jefatura de Policía junto a su padre, pero que una vez ahí, Reta le comunicó que podía irse. En cambio, le dijo que su padre debería permanecer para responder algunas preguntas. El testigo, que entonces tenía 36 años, recordó que pasaron 14 días hasta que volvieron a ver al padre.

Julián Flores era jefe del Registro de la Propiedad Automotor de la provincia y, a su vez, un conocido militante peronista en La Pampa. Ante una pregunta del abogado querellante Miguel Palazzani, respondió que su progenitor era amigo de varios funcionarios regazzolistas, los cuales "pudieron haber estado detenidos junto a él".

Recordó que las secuelas que le dejó la tortura a su padre fueron una costilla rota y los testículos "secos" por la picana. Por esto último realizó un tratamiento médico. El Tribunal le consultó si consideraba que la muerte de su padre, en 1996, estaba vinculada con aquellos padecimientos, a lo cual respondió que se debió a un paro cardíaco.

El testimonio de Flores culminó a las 19.30.

Antes de terminar la audiencia, el fiscal federal Jorge Bonvehi solicitó al Tribunal que analizara la posibilidad de solicitar un nuevo parte médico del coronel retirado Fabio Iriart (84 años), para determinar si era posible incorporarlo al juicio como imputado y tomarle declaración a través de una video conferencia. Tal como ocurrió cuando comenzó el juicio, los jueces rechazaron de plano la solicitud.

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Argentina, Mendoza: Un párroco de San Rafael será investigado por los crímenes de la dictadura

MDZOL

La querella sostiene que hay pruebas suficientes contra el párroco de Salto de las Rosas, Franco Revérberi, según se ventiló en el juicio que se desarrolla en San Rafael. Tres testigos afirmaron haberlo visto en un centro de detención. Además, otro cura tuvo que dar explicaciones por haber declarado que hubo "autodesaparecidos que después aparecieron para cobrar la indemnización".

El actual párroco de Salto de Las Rosas, Franco Revérberi, podría ser sometido a una investigación por su posible participación en crímenes de lesa humanidad. Así lo reclamó la querella del histórico juicio que se sigue en San Rafael. Para los abogados querellantes, los dichos de tres testigos demuestran la existencia de "pruebas suficientes" para hacerlo.

Según refleja MEDIAMZA para la 23ª jornada del juicio fueron citados a declarar dos clérigos. El primero en hacerlo fue el Padre José Antonio Álvarez, amigo personal de Revérberi, por unas polémicas declaraciones que hizo recientemente al Diario El Sol de Mendoza.

En esas declaraciones, el sacerdote le había manifestado a un periodista que “hubo autodesaparecidos que después aparecieron, al momento de cobrar su indemnización”. Esos dichos fueron ratificados luego por Álvarez a MEDIAMZA y agregó que “es una cosa que todo el mundo sabe, por ejemplo la Dra. Carmen María Argibay (Juez de la Corte Suprema)”.

En ambas entrevistas el cura defendió a Revérberi diciendo que no era Capellán durante los años que se investigan en este juicio y que ni siquiera había capellanía durante 1976. A MEDIAMZA le dijo “él no era capellán militar, porque en esa época no había ningún capellán militar, eso es un hecho no una suposición. Él afirma no haber tenido ningún conocimiento de nada de eso y yo le creo porque es un hombre creíble. Para mi estos señores que dicen haberlo visto no son creíbles”. En cuanto al Obispo León Kruk, el sacerdote aseguró que los obispos hacían lo que podían y lo que estaba a su alcance para ayudar a la gente.

Álvarez no desmintió lo dicho a El Sol, aunque aseguró que el periodista Daniel Calivares sacó frases suyas de contexto, por lo cual el cronista está citado a declarar mañana. En cuanto a sus palabras, volvió a decir que en el país hubo auto-desaparecidos, y volvió a nombrar a la doctora Argibay, por lo que uno de los jueces, el Dr. Cortéz, le explicó que no había sido así.

Sin embargo el cura dijo que “le dio pena que en el país hubiera desaparecidos, aunque no conoce el número real”, además dijo conocer lo que ocurrió con los padres Palotinos y Angelelli. “Es lamentable, me parece espantoso que se mate a un sacerdote y me parece oportuno que se establezcan las causas de su muerte”, manifestó.

Revérberi

Luego de Álvarez, declaró el ex capellán militar y actual párroco de Salto de las Rosas, Revérberi, que había sido señalado como capellán por tres testigos como un hombre que solía ir a visitarlos y que incluso fue testigo de las torturas perpetradas a los detenidos. Incluso les habría dicho “tienen que colaborar con las Fuerzas Armadas”.

El ex capellán aseguró que comenzó a trabajar en el ejército recién en 1980, no habiendo entrado nunca en la Departamental. Dijo que en 1976 era párroco en Cañada Seca y en el distrito Las Malvinas. Monseñor Kruk le pidió en 1980 que celebrara misa para los soldados, luego les dio los sacramentos y finalmente terminó siendo capellán auxiliar del Escuadrón de Caballería de Montaña 8 hasta 1982.

“Nunca me enteré que en la Departamental hubo detenidos y si los hubo es imposible que me hayan visto”, aseguró; y agregó que “nunca escuchó que un capellán fuera a lugares donde había detenidos”.

Dada la severidad de los dichos de los tres testigos (Chaqui, Bracamonte y Riera) que aseguraron haberlo visto, la querella pidió que se lo investigue al sacerdote por crímenes de lesa humanidad ya que “hay pruebas suficientes para procesarlo”.

Se pidió entonces, compulsa criminal contra Revérberi. Va a ser citado por el Juzgado Federal de Instrucción.

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Argentina, Tucumán: Para los jueces del Tribunal Federal, no hubo genocidio contra las 22 víctimas de la ex Jefatura de Policía

PRIMERA FUENTE

Consideraron que las 22 víctimas de ese centro clandestino integraron un grupo político y por ello no están incluidos en la definición de Genocidio. El juez Casas fundamentó su voto a favor de que los represores no vayan a la cárcel. El 7 de septiembre vence el plazo para que los defensores apelen el fallo condenatorio.

En un voluminoso fallo de 406 páginas, los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, fundamentaron la sentencia que emitieron el 8 de julio pasado contra los represores Luciano Benjamín Menéndez, Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis y Carlos De Cándido, por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía durante la última dictadura militar. Ese día condenaron a Menéndez y a “El Tuerto” Albornoz a prisión perpetua; a Luis De Cándido, a 18 de años y a su hermano, Carlos, a 3 años de prisión con ejecución condicional.

Entre los argumentos, los jueces acudieron en rigor a la definición técnica de Genocidio y consideraron que los condenados no cometieron este delito contra las 22 víctimas que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas en ese centro clandestino. “Este Tribunal entiende que los delitos perpetrados contra las víctimas como integrantes del colectivo "grupo político" constituyendo crímenes de lesa humanidad no se subsumen en el tipo del derecho penal internacional delito de genocidio, al menos en su formulación actual en la CONUG”, explicaron en el escrito, refiriéndose a la definición de Genocidio regulada por la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (CONUG), aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948.

Según el TOF, el concepto de genocidio no incluye a los grupos políticos y sólo se limita a los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

En otro tema polémico del fallo, el juez Casas –quien votó en disidencia en cuanto a que los represores cumplan la pena en una celda común- fundamentó su postura al sostener que el artículo 33 de la ley 24.660 ordena la prisión domiciliaria para las personas mayores de 70 años y no hace distinción entre delitos comunes y de lesa humanidad. “El único argumento razonable para justificar un encarcelamiento preventivo en cárcel común de procesados mayores de setenta años es el riesgo procesal con extrema rigurosidad restrictiva en la interpretación”, argumentó, a diferencia de sus pares, quienes alertaron hasta peligro de fuga por parte de Albornoz y De Cándido. Jiménez Montilla y Curi sólo coincidieron con Casas en el caso de Menéndez, quien sigue gozando del arresto domiciliario cada vez que viene a Tucumán.

Los jueces se constituyeron ayer en audiencia a sólo efecto de entregar una copia del fallo a los abogados querellantes y el fiscal federa Alfredo Miguel Terraf, que estuvieron presentes en la sala de audiencias. Del otro lado, estuvieron Horacio Guerineau (abogado defensor de Menéndez) y los condenados Albornoz y Luis De Cándido (en una sala contigua).

A partir de hoy, se abrió un plazo de diez días hábiles (se vencerá el 7 de septiembre) para que los defensores puedan presentar un recurso de casación ante el TOF, y si este lo admite, remitirlo a la Cámara de Casación Nacional, donde será revisada la sentencia.

Tanto Guerinau como el defensor público oficial ad hoc, Roberto Flores, anticiparon a primerafuente que apelarán la sentencia, mientras que hasta el cierre de esta edición no se sabía la postura del Ministerio Público, hasta el 31 de agosto representado por el fiscal Terraf, a punto de concretar su retiro jubilatorio.

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¿Quién pagará por los santafesinos enfermos por las fumigaciones?

RENACE
La media sanción de la reforma a la Ley de Fitosanitarios permitiría alejar las fumigaciones con glifosato de las comunidades, reduciendo los riesgos para la salud de la población y del ambiente. Mientras se trata el tema en la Cámara Alta, el Ejecutivo no define qué hará hasta que se aprueben las modificaciones a dicha ley.

La reciente publicación científica del informe Carrasco termina por confirmar que el glifosato -puro o formulado- usado en dosis 5.000 veces menores a las que habitualmente se fumigan en los cultivos, produce malformaciones de todo tipo en embriones de pollos y anfibios que hacen imposible su supervivencia; dicha conclusión es aplicable a la especie humana, lo que concuerda en líneas generales con los estudios del Dr. Lucero en el Chaco y, a otro nivel, con los del Dr. Di Maio en Misiones, Gianfelice en Entre Ríos y Oliva en Rosario, así como los realizados en el ámbito de las Universidades Nacionales del Litoral y de Rosario sobre el impacto a la biodiversidad y al ambiente en general.

Carrasco, uno de los 10 científicos más importantes del país, adelantó hace un año las conclusiones de su trabajo, motivo por el cual fue perseguido y denostado por sus superiores del CONICET. Justamente, y por indicación de la Presidencia de la Nación, ese sector científico había publicado un informe supuestamente concluyente sobre el impacto del glifosato que concluía manifestando la falta de más pruebas al respecto. Y las pruebas llegaron: el trabajo de Carrasco acaba de ser publicado en una de las publicaciones especializadas más importantes del mundo, luego de atravesar rigurosos arbitrajes de sus pares, sin ninguna observación al respecto.

La confirmación de que el glifosato -el herbicida más usado- es un veneno que produce malformaciones aún en ínfimas dosis debería, al menos, acelerar el proceso de aprobación de la reforma a la Ley de Fitosanitarios. Sin embargo, los senadores aún discuten qué hacer y el Ejecutivo sigue encerrado en su propio laberinto, mientras avanza la campaña de siembra y los teléfonos comienzan a ponerse al rojo vivo con las denuncias de los vecinos fumigados de todo el territorio provincial.

Ante esta indefinición, que sólo causará más dolor y más enfermedades a las familias santafesinas, el Centro de Protección a la Naturaleza propone que hasta que los senadores se pongan de acuerdo y aplicando el Principio de Precaución, (puesto que se tiran más 200 millones de litros de glifosato en los campos argentinos impactando sobre la salud de la población) , que el Sr. Gobernador decrete -en forma provisoria y para todas las localidades del territorio provincial - la aplicación del área de seguridad impuesta por la Justicia en el barrio Urquiza de San Jorge, prohibiendo las fumigaciones terrestres y aéreas a 800 y 1.500 metros respectivamente. Más de 12.000 santafesinos avalan esta propuesta y así consta en las firmas que obran en nuestro poder y que el Ejecutivo no ha querido recibir, a pesar de los dos pedidos de audiencia que hemos solicitado.

Para una vasta comunidad científica, el veneno más usado en el agro argentino daña la salud. Los datos son irrefutables y contundentes. Prolongar la discusión sobre algo que ya es cosa juzgada significaría o ignorancia supina o un comportamiento perverso. Mientras los casos de malformaciones, abortos espontáneos, leucemias y otras enfermedades terminales se multiplican y el Estado observa sólo como se engrosan las arcas públicas con el Fondo Sojero sin realizar los correspondientes estudios epidemiológicos, los ciudadanos se preguntan qué hacen sus gobernantes y sus representantes con el mandato otorgado. Toda demora significa la aparición de nuevos casos. Urge tomar una decisión y la misma está en las manos del gobernador. Toda demora injustificada sin bases sólidas, significará cargar las consecuencias sobre las espaldas de la población.

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Argentina, Salta: Decreto de Urtubey permite distorsionar normas contenidas en la Ley Nacional de Bosques

COPENOA

Para Luís Ángel Caro Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente el Decreto Provincial N ° 2211 dictado el 28 mayo del 2010, “permite tergiversar o distorsionar las normas contenidas en la Ley Nacional N ° 26331 y su Decreto Reglamentario N ° 91/09, como así también la propia Ley Provincial N ° 7543, ya que, permite de manera ilegal e ilegítima “transformar” la categoría rojo a amarillo o de amarillo a verde”.

“La ley nacional de bosques n° 26.331, prohíbe de manera expresa en su art. 14 el desmonte de bosques nativos de las categorías I (Rojo) y II (Amarillo). El Decreto Nacional n° 91/09 Reglamenta la Ley n° 26331, permitiendo el desmonte en las categorías antes indicadas, exclusivamente para el caso de “obras públicas, de interés público o de infraestructura tales como la construcción de vías de transporte, la instalación de líneas de comunicación, de energía eléctrica, de ductos, de infraestructura de prevención y control de incendios o la realización de fajas cortafuego, mediante acto debidamente fundado por parte de la autoridad local competente. Para el otorgamiento de dicha autorización, la autoridad competente deberá someter el pedido a un procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (art. 14)”.” Afirma Luís Ángel Caro, a la Agencia de Noticias Copenoa.

Agregando: “La Provincia de Salta, mediante Ley Provincial n° 7543, dicta las normas de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Salta, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6º de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y en ejercicio del dominio originario de la Provincia sobre sus recursos naturales, en los términos de los artículos 124 de la Constitución Nacional y 84 y 85 de la Constitución Provincial.

El Gobernador de la Provincia de Salta, a su vez dicta el Decreto Provincial n° 2211 en fecha 28/05/10, por medio del cual se permite tergiversar o distorsionar las normas contenidas en la Ley Nacional n° 26331 y su Decreto Reglamentario n° 91/09, como así también la propia Ley Provincial n° 7543, ya que, permite de manera ilegal e ilegítima “transformar” la categoría rojo a amarillo o de amarillo a verde, lo que reitero está absolutamente prohibido. Estos sectores de la producción y/o el campo incurrirán en cuantiosos gastos de estudios de ordenamientos territoriales, estudios de impactos ambientales y contratación de empresas de desmontes, lo que les provocará de inmediato perjuicios económicos irrecuperables y que naturalmente el Gobernador Urtubey no responderá por ellos.”

“Sin duda alguna”, dice Caro, añadiendo “el Decreto Provincial n° 2211 desnuda fines políticos deleznables, propios de una campaña reeleccionista que ya empezó, sin descontar la posibilidad cierta de que a través de dicha norma se pudieran realizar pingües negocios inmobiliarios de gente vinculada al poder en la Provincia de Salta, con la particularidad de que ello entraña una estafa a los productores agropecuarios y ganaderos de la Provincia de Salta, y toda otra persona física o jurídica que fuere adquirente o vendedor de campos en el contexto normativo señalado.

El Decreto Provincial n° 2211 haría posible la iniciación de emprendimientos agrícolas-ganaderos en la Provincia de Salta, sin una base normativa sólida, la que se sustenta en la violación flagrante de la Ley Nacional n° 26331 y Ley Provincial n° 7543, y que hace posible la sustanciación de acciones legales por parte de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas o de cualquier ciudadano de la Provincia de Salta, tendientes a lograr la observancia de las normas conculcadas y reestablecer las cosas al estado pertinente, porque se trata de cuestiones vinculadas al Medio Ambiente, el que sí es de “Interés Público” y está comprendido en lo que se denomina los Derechos Difusos.

No es menos cierto, que quiénes vendan o adquieran campos en los términos del Decreto Provincial N° 2211, pueden resultar palmariamente afectados por la inseguridad jurídica que conlleva dicho cuerpo normativo, poniendo al vendedor en la condición jurídica penal de estafador al transferir en vigencia del Decreto en cuestión la propiedad de un inmueble rural, o también puede ocurrir que quién vendió un inmueble rural con anterioridad a la vigencia del Decreto en cuestión, se sienta hoy estafado por el cambio de las normas que rigen los bosques nativos de la Provincia de Salta.

En definitiva, lo que desnuda esta normativa ilegal e ilegítima, es que se planeó desde el Ejecutivo Provincial una serie de actos tendientes a lograr negocios inmobiliarios millonarios, que se procuran y consolidan con el Decreto Provincial n° 2211, porque es sabido que gente vinculada al Poder Ejecutivo Provincial habrían venido adquiriendo campos o intermediando en dichas operaciones antes de la vigencia del Decreto de referencia, lo que es de público conocimiento y que nadie a esta altura de las cosas puede ocultar.”

El Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente señala, que “resulta más que sorprendente el dictado de un Decreto Provincial en los términos del Decreto N° 2211, porque con una norma de inferior jerarquía se pretende modificar, distorsionar, tergiversar, eludir, violar, etc., normas Provincial (Ley n° 7543) y Nacional (Ley n° 26331), lo que es inadmisible hasta para un estudiante de Introducción al Derecho, porque desconocer la Jerarquía de las Leyes en el sentido realizado, es desconocer el Estado de Derecho y por ende procurar a través del ejercicio inescrupuloso y amoral del poder, beneficios y ventajas para un minúsculo grupo elitista político, en desmedro de todos los Salteños. En definitiva, y para que se entienda, un Decreto de un Gobernador no puede modificar, distorsionar, tergiversar, eludir, violar, etc. una Ley Provincial y menos aún una Ley Nacional.”

Por ultimo Luís Ángel Caro hace un llamado de “advertencia a los productores agropecuarios, a las entidades agropecuarias, a los profesionales que trabajan en este tipo de estudios ambientales, consultoras registradas en el Ministerio de Ambiente, inmobiliarias, inversionistas, al Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones afines de Salta (COPAIPA) para su toma de conocimiento y respectiva toma de conocimientos y a los efectos que hubiere lugar”.

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