miércoles, 25 de agosto de 2010

El proceso de paz en Colombia

Juan Diego García, especial para ARGENPRESS.info

Las recientes declaraciones de gobierno y guerrilla favorables a un proceso de negociación del conflicto armado han propiciado reacciones muy diversas que van del entusiasmo más desbordante al pesimismo más agudo. Sin embargo no existen aún elementos de juicio suficientes que permitan aventurar qué tan sólidas son esta vez las perspectivas de la paz, ya que no es la primera vez que se intenta resolver políticamente la confrontación armada con resultados decepcionantes. Aún así, ciertas consideraciones permiten ahora abrigar un prudente optimismo.

Para comenzar, una apuesta por la negociación se justificaría precisamente por el fracaso de la solución militar. La guerrilla luego de un repliegue táctico condiderable, en armonía con la dimensión de la ofensiva en su contra, mantiene en lo fundamental su capacidad de combate, controla hasta un tercio del territorio nacional y tiene un protagonismo político indudable que excede las mismas fronteras del país. De poco han servido los ingentes esfuerzos de un ejército oficial que ronda el medio millón de soldados y cuenta con la más moderna tecnología proporcionada por estadounidenses e israelíes. Tampoco ha sido un acierto involucrar en la guerra a la población civil ni la estrategia de tierra arrasada, desplazamientos masivos de población (para “quitarle el agua al pez”) o la guerra sucia que negada inútilmente por las autoridades ha terminado por deteriorar la imagen del gobierno ante propios y extraños. La solución militar priorizada hasta hoy, llámese seguridad democrática, plan Colombia o plan patriota, supone un enorme despilfarro de recursos con resultados muy modestos pues arrojan un balance negativo: ni se aniquila a la insurgencia, ni se la debilita para conseguir su rendición.

Una consecuencia nada desdeñable de la opción militar por parte del gobierno es el agotamiento o la drástica reducción de los recursos económicos disponibles. De hecho, el país apenas tiene margen para conseguir nuevos fondos para el mantenimiento o la ampliación de las operaciones contrainsurgentes. Aumentar los impuestos provocaría un mayor descontento de las capas medias y obreras (que son en realidad quienes soportan el grueso de la carga impositiva) no menos que el malestar de los sectores dominantes que apoyan al gobierno. Afectar a las multinacionales (que apenas pagan impuestos) no parece un riesgo que Juan Manuel Santos esté dispuesto a asumir. Incierto es igualmente un incremento significativo del compromiso estadounidense con Bogotá. Si la guerra ha vaciado los fondos del Estado y se ha convertido en una carga insostenible para la comunidad, si la guerra es un mal negocio que compromete o imposibilita inversiones impostergables o la financiación de programas sociales urgentes, la conclusión no puede ser sino una: la solución militar no es financiable.

En favor de una solución negociada juega igualmente el interés de varios gobiernos de la región que siempre han dado un tratamiento muy prudente a la cuestión de la insurgencia de tal manera que mantienen la posibilidad de jugar un rol de puente entre gobierno y guerrilla. Prácticamente ninguno de ellos califica a las FARC de “terroristas” o “narcotraficantes” que es otra manera de reconocerle implícitamente la condición de parte beligerante (aunque no se efectúe de manera oficial). No en otro sentido podrían interpretarse los llamados de Chávez, Lula o Correa tanto al gobierno como a la insurgencia para que se decidan por la salida negociada del conflicto. Los procesos de integración regional tienen esta vez unos alcances muy prometedores y en este caso concreto para la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. En juego está una integración que no solo es económica sino política y hasta de seguridad regional y para la cual la solución de la guerra colombiana supondría un elemento de estabilidad muy importante y contribuiría sin ninguna duda a dificultar la expansión militar de los Estados Unidos en la zona, justificada precisamente por la necesidad de combatir a la insurgencia. La estabilidad traería el desarrollo fluído del comercio, el impulso en la construcción de infraestructuras regionales y la profundización de la coordinación política, todas ellas condiciones para que la región alcance un papel destacado y propio en el convulso panorama internacional. Para Colombia el fin del conflicto significaría la normalización y ampliación del intercambio comercial con Venezuela y Ecuador y es sobremanera importante para la construcción de infraestructuras que den salida a Brasil y a Venezuela al océano Pacífico habida cuenta del creciente rol de las economías asiáticas.

Una solución del conflicto permitiría igualmente ocuparse del desafío de la delincuencia común cuyo impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía es infinitamente mayor que cualquier otro. En particular las prácticas de “guerra sucia” han minado hasta límites extremos la moral de las fuerzas armadas y de policía, los servicios secretos y las instituciones del Estado. Además, la innegable tolerancia de las elites y del Estado mismo con el narcotráfico, la corrupción pública y privada y el contrabando han deteriorado la moral ciudadana fomentando la perniciosa práctica del “todo vale” que envenena todo el tejido social. Sin combatir a fondo la delincuencia común, la corrupción administrativa (que durante el gobierno de Uribe alcazó cotas inimaginables), las bandas del narcotráfico y del paramilitarismo, se hace imposible una convivencia civilizada y la paz se vuelve papel mojado. El proceso de paz liberaría ingentes recursos y permitiría el combate a fondo contra la delincuencia común.

El fin de la guerra abriría posibilidades para establecer un tipo nuevo de relaciones con los Estados Unidos. Unas relaciones diferentes que disipen el natural recelo de los países vecinos y den por finalizado el rol que Washington ha asignado al país en su estrategia continental convirtiendo a Colombia en una especie de gran base militar al servicio de sus intereses geoestratégicos. Ya no sería de recibo la desprestigiada excusa de “combatir el terrorismo y el narcotráfico” para justificar la presencia en suelo colombiano de militares estadounidenses dotados con equipos de guerra altamente sofisticados, inútiles para combatir guerrillas pero muy adecuados para guerras convencionales contra todo aquel gobierno que se califique como “antinorteamericano”. Solucionado su conflicto interno y sin diferendos substanciales con sus vecinos Colombia podría con mayor facilidad deshacer los compromisos militares que le atan al carro de guerra de Washington y le aislan peligrosamente de su espacio geoestratégico natural. No llevar al Congreso para su aprobación el tratado sobre las siete bases militares y acogerse sencillamente al concepto de la Corte Constitucional que ha declarado nulo el compromiso de Uribe con el Pentágono sería una decisión muy sensata de Juan Manuel Santos.

Apenas caben dudas sobre las ventajas de la solución negociada del conflicto, en franco contraste con los costes y riesgos infinitos que somete al país la actual estrategia de guerra a muerte contra los insurgentes. La destrucción física, el despilfarro de recursos, el deterioro moral y la degradación de la vida cotidiana de una ciudadanía que termina inmunizándose ante la muerte y la crueldad tendrían que ser argumentos suficientes para buscar alternativas a la salida militar. Desde la misma perspectiva habría que considerar la debilidad y el desprestigio de la instituciones y la esterilidad de un Estado cuya presencia se limita cada día más al simple papel de gendarme, de agente de una violencia ciega que beneficia a minorías locales y a intereses extranjeros dedicados al sucio negocio de la guerra y al expolio de gentes y recursos.

Pero, una guerra que afecta de lleno a las mayorías de la población favorece al mismo tiempo intereses minoritarios muy poderosos que ejercitan la violencia para apoderarse de las tierras de los campesinos y de las comunidades indígenas y negras. Son los mismos que destruyen sindicatos y están detras del asesinato sistemático de sus dirigentes, un genocidio que complementa la política laboral salvaje que anula los derechos de los asalariados y facilita formas inhumanas de explotación. Exterminar opositores, acallar la protesta social, perseguir periodistas, silenciar las denuncias sobre violación de derechos humanos, desaparecer y ejecutar a reales o supuestos colaboradores de la guerrilla, todas estas son prácticas que siempre benefician a los mismos: viejos y nuevos terratenientes, grandes empresas nacionales y multinacionales, traficantes de armamento, suministradores de mercenarios y asesinos a sueldo y los sempiternos representantes de las estratos sociales que han alimentado tradicionalmente el fascismo en todas sus formas (pequeños y medianos comerciantes e industriales, una parte del funcionariado, matones y delincuentes y los sectores atrasados políticamente que se utilizan como contingente electoral de la derecha). O sea, en pocas palabras, la clase dominante criolla y sus grupos adheridos que harán lo posible y lo imposible para descarrilar el proceso de paz.

Y, sin la menor duda, de la guerra se benefician los Estados Unidos y sus aliados europeos; los primeros con intereses geoestratégicos evidentes y ambos como grandes inversores en el país.

Para que esta vez el proceso de paz no esté de entrada condenado al fracaso tendría que proponerse un mínimo de objetivos que lo garanticen. El Estado puede esperar por supuesto que en un proceso razonable de tiempo los alzados en armas las depongan y actúen en adelante tan solo dentro de la ley. Al propio tiempo, la insurgencia tendría que recibir garantías suficientes para su paso seguro a la vida civil y a la defensa de sus postulados por vías políticas. La experiencia de la Unión Patriótica (partido legal de la guerrilla en un anterior proceso de paz que se frustró) físicamente exterminada, supone un precedente sumamente negativo que solo el gobierno puede impedir. Para ello es fundamental el combate a fondo del paramilitarismo (que no ha desaparecido en absoluto) y una limpieza radical de las fuerzas armadas y de policía (y principalmente, del DAS, el servicio de espionaje involucrado en todo tipo de conductas criminales).

La insurgencia tendría que dar a la negociación sus reales perspectivas sin esperar que de la misma salgan de forma inmediata todas las reformas a las que aspira; el gobierno a su vez (en realidad la clase dominante del país) tiene que estar dispuesto a hacer concesiones y renunciar a la estrategia de dilatar las conversaciones de paz al infinito para ganar tiempo, elevar su capacidad militar y buscar entonces la aniquilación de los insurrectos (que fué exactamente lo que hizo el gobierno de Pastrana en las conversaciones de El Caguán).

La devolución de las tierras robadas a los campesinos sería una segunda condición a satisfacer aunque resulta obvio que ésta como otras medidas requieren procesos más o menos complejos y largos. En la misma dirección iría la revisión a fondo de las actuales relaciones laborales y el fin de la política de persecución sindical (un 4% de afiliación dice bastante sobre el impacto de la ofensiva patronal y gubernamental contra el movimiento obrero). Detener las operaciones militares por ambas partes, poner fin a toda forma de guerra sucia, devolver las tierras al campesinado y restituir los derechos a los asalariados serían pasos adecuados para dar bases sólidas a un proceso que culmine con la paz.

Pero probablemente el obstáculo mayor para la paz viene del norte, de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Habría que “nacionalizar” el conflicto; realizar un ejercicio de recuperación de soberanía con el concurso decisivo de los demás países de Latinoamérica y el Caribe. Las fuerzas oscuras ya han hablado. La bomba reciente en Bogotá es un claro mensaje y un precedente que puede convertir los mensajes de paz en una nueva ocasión perdida si el gobierno no actúa con rotundidad. El llamado de “Colombianas y Colombianos por la Paz” tendría que recibir el apoyo entusiasta de todas las gentes democráticas del mundo. El valor cívico de quienes allí arriesgan a diario su vida merece no solo reconocimiento sino acciones concretas de solidaridad.

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Por los cochinos pesos…

Julián Alcayaga (DEFENSA DEL COBRE)

Los cochinos pesos son los culpables del lamentable accidente de la mina San José, puesto que ella ya había sido cerrada por problemas graves de seguridad. Sin embargo el Sernageomín volvió a autorizar su explotación, sin que hasta la fecha se hayan entregado los fundamentos técnicos de esa decisión.

La apertura de la mina solo puede obedecer a los cochinos pesos que se pagaron para permitir su reapertura. Son los cochinos pesos que ganarían los dueños de la mina los que determinaron que continuase su explotación. Son también por los cochinos pesos que no se realizaron los necesarios trabajos de reforzamiento de la seguridad de la mina. Peor aún, según declaraciones de algunos ex trabajadores de esta mina, se comenzó a sacar mineral de los “puentes” que, obligatoriamente se tienen que ir dejando en la misma veta, a medida que se avanza en los socavones y niveles mineros.

Cuando el precio del cobre está a 3 o 4 dólares la libra de cobre, y el oro aún más caro, el valor de esos “puentes” justifica que se les explote, -siempre los cochinos pesos-, debilitándolos e impidiéndoles cumplir su rol de contención del cerro. La seguridad de la mina se debilitó por unos cochinos pesos. Esta mentalidad empresarial, -que ha dominado en nuestro país ya por más de 30 años, de ganar mucho y en poco tiempo-, la que también descuida totalmente el medio ambiente sin tener en cuenta la sustentabilidad de la economía en su conjunto.

Esto forma parte del comportamiento y pensamiento del “empresariado moderno”. El hilo conductor de este comportamiento, de esta “cultura”, de esta “ideología”, son los cochinos pesos, aparejado con el debilitamiento del rol del Estado. Los dueños de la mina San José son el ejemplo concreto de esa mentalidad empresarial hoy dominante: Por ganar más dinero ahora, extrajeron mineral de los puentes que le daban mayor seguridad a la mina, sin invertir ni en la seguridad de la explotación ni en la continuidad de la faena. Escogieron el pan para hoy y el hambre para mañana, porque ahora está excluido que la mina San José pueda continuar su explotación en el futuro.

Puede que las pérdidas para estos empresarios sean considerables, y todo por unos cochinos pesos en el corto plazo. Esta mentalidad de corto plazo y de ganancia fácil requiere de un Estado ausente: Por ello el Sernageomin no tiene el suficiente número de fiscalizadores, como tampoco los tiene la aduana para fiscalizar la exportación de concentrados, ni el SII para fiscalizar la tributación de las empresas mineras. El año 2003, en una Comisión Especial de Tributación Minera, el Senador Prokurica le preguntó a la Jefa de Fiscalización de Cochilco de cuantos inspectores disponía ese organismo para controlar las exportaciones de las empresas mineras. “Tres”, fue la respuesta. Miles de millones de dólares de exportaciones mineras eran fiscalizados por solo tres funcionarios, es decir, la nada misma. A todos los jefes de estos organismos del Estado se les preguntó por qué no tenían más fiscalizadores y la respuesta fue la misma: La falta de recursos. En un país minero, inmensamente rico como Chile, no es admisible que se diga que por falta de recursos que no se fiscaliza a la minería. Ya eso sobrepasa los cochinos pesos para colocarnos en un terreno político, donde los pesos ya no son cochinos ni son pesos: son dólares. ¿Cómo explicar que hace 50 o 60 años, en la gran minería solo se podía trabajar en turnos de 8 horas, y ahora, gracias a los gobiernos de la Concertación, se trabaja en turnos de 12 y más horas, con el consiguiente riesgo para la salud y la vida de los mineros? ¿Cómo consiguieron esto las compañías mineras? Quizás ya no estemos ante los cochinos pesos sino ante los corruptores dólares.

Julián Alcayaga es economista.

Foto: Chile - El mandatario Sebastián Piñera mostró en televisión el mensaje enviado por los mineros, el cual llegó al exterior amarrado en la sonda de excavación y en el cual se asegura que los 33 trabajadores se encuentran bien en un refugio. / Fuente: XINHUA

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México: Siete millones y medio de “ninis” deberían transformarse de “pasotas” a revolucionarios

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. El rector de la UNAM, José Narro, declaró: “Desafortunadamente no puedo decir que cometí un error. Las cifras presentadas por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (SG), según las cuales la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan en el país es de sólo 285 mil personas, no son las correctas…con base en datos oficiales, son 7 millones y medio los jóvenes mexicanos en esa condición” y demandó al gobierno federal que, más que corregir o enmendar la cifra sobre el total de ninis, remedie esa “dolorosa, injusta e inconveniente” realidad. ¿Recuerdas que el gobierno siempre trabaja con cifras falsas con el fin de tergiversar la realidad a su favor, como decir que el desempleo en México es de sólo cinco por ciento (porque si trabajas un día al mes ya no eres desempleado) cuando se ha demostrado que es de 25 por ciento?.

2. A principios de los 80 leí el magnífico libro: “Del paro al ocio” de Luis Racionero ( fue Premio Anagrama); fue entonces que conocí el término “pasotas” (de dejar pasar) –que tanto se extendía en Europa, en particular en España- que entonces significaba jóvenes empujados por el capitalismo a no tener empleo y a estar fuera de la escuela. También conocí a una mujer de aquel país que me decía que su hijo no trabajaba ni estudiaba y que tanto él como su pareja, vivía cada quien en su casa sostenidos por los padres. Pero además me hacía ver que este fenómeno se repetía en todos los países desarrollados. Por fortuna muchos de esos jóvenes se habían comenzado a agrupar en casas “okupa” y a participar en protestas sociales. Por eso, después de 25 años del libro, pienso que aquellos millones de jóvenes se van convirtiendo de “pasotas” en revolucionarios en las calles.

3. Ahora sigo teniendo enormes esperanzas de rebelión en ellos y pienso que van a ser los artífices de las próximas revueltas o rebeliones. Obviamente los gobiernos, los empresarios, los jueces, los partidos y las instituciones los miran de otra manera porque los jóvenes radicalizados y seguidores de la “espontaneidad” – que como en los años sesenta no se dejan “organizar”- no quieren nada con las instituciones y les mientan la madre. ¿No será acaso que las luchas en las calles, las invasiones en el campo, el paro “salvaje” en las fábricas, los bloqueos de carreteras, el intercambio de funcionarios secuestrados, la quema de vehículos oficiales, la toma de universidades, la estrategia que el brutal capitalismo les ha dejado a los rebeldes y revolucionarios? Ellos han demostrado hasta la saciedad que todas las organizaciones formales y jerárquicas han terminado vendiéndose al mejor postor.

4. Pienso que las próximas revoluciones en el mundo están en marcha, pero con otros paradigmas que a los viejitos no es difícil entender. Están desesperados los “viejos revolucionarios” porque se organicen los jóvenes como los viejos leninistas, sean estalinistas o trotskistas, que siguen pensando en partidos jerárquicos, con cuadros dirigentes, cuadros medios y bases –tal como se organiza la familia y el Estado autoritarios. ¿A veces no parecen entender que las organizaciones que han llevado a esta maldita sociedad autoritaria de mando-obediencia-disciplina son las que han permitido conservar y legitimar la explotación capitalista. Por eso los jóvenes –que también se dieron cuenta que el llamado “socialismo” se convirtió en una pinche burocracia al servicio de un partido y un Estado- resultó igual que el capitalismo depredador. ¿No han sido siempre los jóvenes los renovadores?

5. Por eso John Lenon, dirigiéndose a los jóvenes de los sesenta, entonaba aquella canción:

Imagina que no existe el Cielo
es fácil si lo intentas
sin el Infierno debajo nuestro
arriba nuestro, solo el cielo
Imagina a toda la gente
viviendo el hoy...
Imagina que no hay países
no es difícil de hacer
nadie por quien matar o morir
ni tampoco religión
imagina a toda la gente
viviendo la vida en paz...

Imagina que no hay posesiones
quisiera saber si puedes
sin necesidad de gula o hambre
una hermandad de hombres
imagínate a toda la gente
compartiendo el mundo

Puedes decir que soy un soñador
pero no soy el único
espero que algún día te unas a nosotros
y el mundo vivirá como uno

6. Parece que los jóvenes del siglo XXI más que partidarios del anarquismo –que suena a una ideología o una escuela, son seguidores de la anarquía. No del “desorden” como dicen los tontos y los autoritarios, sino del orden autónomo que ellos mismo se dan; del autogobierno que ellos mismos establecen; de la autogestión con que ellos mismos se educan. ¿Qué “viejito” va comprender esto después de estar 70 años viviendo el orden autoritario de arriba-abajo familiar, escolar, eclesiástico, empresarial y del Estado impuesto por padres, maestros, curas, patrones y gobiernos? ¿Cómo pueden comprender la lucha de los jóvenes por la libertad sexual, apoyando los matrimonios Gay y la adopción de niños por parejas que nunca conocieron por las prohibiciones estrictas de las sociedades autoritarias? Ninguna revolución política ni económica puede vivir sin revolucionar la cuestión social y cultural.

7. Los ninis que no escogieron el cómodo pasotismo, que buscan ser libres, son vigilados y perseguidos, sobre todo por aquellos gobiernos conservadores, clericales y fascistas. Sus acciones son criminalizadas sólo por el hecho de rebelarse contra la autoridad y las instituciones. Por eso los jóvenes hijos de familias explotadas y pobres sienten un profundo odio contra esta sociedad que los margina y los golpea después de hablar, con todo cinismo, de justicia y libertad. Además de los siete millones y medio de jóvenes sin empleo y sin lugares en las escuelas y universidades, que denuncia el rector de la UNAM, hay otros tantos millones de adultos sin trabajo que se ven obligados a cruzar la frontera hacia los EEUU, que trabajan en la informalidad o de plano que colaboran con el narcotráfico. ¿Si todos los partidos políticos en el país sólo están preocupados por alcanzar cargos de gobierno, no es acaso correcto que los jóvenes los repudien y busquen otras formas de lucha?

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Monopolios: Una mancha más al tigre…


Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

El acierto periodístico de la patronal sindical-burocrática del diario Crónica de titular como “supermartes” al día de ayer, terminó naufragando en un mar de decepción para los creyentes oficialistas. Este supermartes, destinado a marcar un nuevo rumbo en la política argentina fue apenas un martes más, didáctico para la comprensión de la insuperable distancia que habita entre el decir y el hacer kirchnerista.


El discurso de presentación sobre “la historia de Papel Prensa”, que la presidenta Cristina Kirchner dio a conocer en medio de una enfervorizada barra, estuvo colmado de información más que ilustrativa sobre la forma en que la burguesía realiza sus negociados y la relación que estos tienen con el poder y con los gobiernos de turno. Lo que la presidenta desnuda sobre Papel Prensa es un espejo del funcionamiento del capitalismo nacional.

La cantidad de basura vomitiva, que formó parte de la operación de compra-venta de Papel Prensa por parte del grupo Clarín, La nación y La Prensa, y que la presidenta reveló aun con reservas, es una radiografía del entrelazamiento entre la burguesía nacional y la dictadura genocida. No es casual que las grandes corporaciones empresariales -UIA y otros- no hayan participado del acto: es que la forma en que se constituyó la sociedad de PP, en medio de aprietes, conspiraciones, torturas, desapariciones y asesinatos, renueva los demonios que acompañan al empresariado. Es que, algunos de estos que estuvieron ausentes y otros que estuvieron presentes, para conservar y aumentar la tasa de ganancias apoyaron fervientemente el golpe genocida, denunciando a sus empleados y obreros “antipatridas”, para que los esbirros de la dictadura hicieran el trabajo sucio; otros “apretaron” a la competencia para quedarse con negocios a bajo precio, “arreglando” con los grupos de tareas; algunos otros consolidaron sus ganancias “arreglando” con la junta de comandantes los sobornos para la obra pública y financiando las actividades represivas.

Una vez pasado el auge dictatorial, la burguesía nacional intento sumarse al campo de las victimas de la dictadura, denunciando que, como clase, había sufrido las mismas consecuencias “que el resto del pueblo argentino”; las maniobras en la adquisición de Papel Prensa demuestran que no es así. La dictadura funcionó como soporte de los negociados burgueses. Los demonios de Papel Prensa los sobrevuelan a todos.

Militares y burgueses

Los vínculos denunciados ayer por la presidenta, entre los grupos empresarios y la dictadura, y la ausencia de las principales figuras de las corporaciones empresariales al acto, dan cuenta de algo que no nos cansamos de advertirle “a la gente”: la dictadura no cambió el carácter burgués del capitalismo argentino, al contrario lo mostró brutalmente tal cual es.

Se preguntó la presidenta:

“¿Por qué tuvieron que mantener en libertad a Papaleo de Graiver hasta firmar la venta?”… “Para evitar que la compañía cayera en manos de la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa), que era el órgano que se quedaba con los bienes de ex funcionarios y otras personas investigadas. Todo el patrimonio de los Graiver quedó en la Conarepa, salvo Papel Prensa”. Se respondió.

La transacción para que tuviera un carácter legal necesitaba de la libertad de los vendedores y de que estos vendieran por propia “voluntad”; es decir, la dictadura maniobró con la detención de estas personas hasta que los grupos privados hicieran sus negocios. Esta es la mejor radiografía del régimen, que muestra como los genocidas de la junta cumplían mandatos de los grupos empresariales suspendiendo actuaciones represivas por negocios. Brutal, pero didáctico.

De ser consecuente en esta línea deberían estar todos presos y PP debería ser expropiada sin ningún tipo de indemnización. Pero no hay que pedir que el olmo de peras.

El decir

La denuncia a los monopolios siempre tuvo buena recepción entre las clases medias, así pasó con Cavallo cuando denunció a Yabrán; o con Carrió, cuando denunció a la mafia de la droga, basándose en los informes de los primeros narcotraficantes del mundo -la DEA y el Departamento de Estado-; no importa que después de estas espectaculares puestas en escena no pase nada. El folclore antimonopólico pequeño burgués está en desenmascarar, no en actuar. En obtener resultados que mejoren su imagen personal ante la opinión pública, apareciendo como un fiscal imbatible que, en soledad, condena “al poder” que está por sobre el poder mismo, en definitiva, en consagrarse como una victima más y en despegarse como cómplice. Puros golpes de efecto.

La realidad es que los monopolios son la sangre, la savia y la esencia del capitalismo y no desde ahora.

El capitalismo es un régimen de fuerza, de represión y de coerción cuyo único norte está en la obtención de ganancias, este es el fin que justifica cualquier medio.

La actividad monopólica, cuenta entre sus muertos más ilustres a la “libre competencia”, enterrada definitivamente desde principios del siglo XX. Por eso, cuando la marea de denuncias en contra del grupo Clarín lleva a que el gobierno amenace con suspender de las actividades de Fibertel como prestador de Internet, otro grupo monopólico -las telefónicas- se afilan los colmillos. De un monopolio a otro.

Cuando la pequeña burguesía -“la gente”- añora un capitalismo sin monopolios no hace más que aferrarse a una ilusión. El capitalismo es monopólico por la propia naturaleza de la propiedad privada; ya fueron mucho los intentos reformistas fracasados, a través de la historia, para humanizar al capital, y volver a la libre competencia, como para seguir con esto, y aunque la denuncia de estos grupos siempre otorgue algunos resultados electorales favorables a los denunciantes, finalmente, nunca pasa nada.

En términos de perspectiva histórica, la presentación de la “historia de Papel Prensa”, realizada ayer por la presidenta es semejante a la historia de la Conadep en épocas de Alfonsín: mucho relato, mucha investigación, mucho ruido, pero como dijo la misma presidenta en su informe sobre los represores:“algunos los vemos muriendo de viejos”, una pequeña minoría está “preso” , mientras que la mayoría, le faltó agregar, indultado por las leyes de la democracia, camina entre nosotros. En términos de perspectiva política, puede significar una conciliación de posiciones. Ya lo veremos

El hacer

¿En que terminó el informe presidencial? Terminó en un proyecto de ley y en una presentación ante la justicia para que se investiguen las denuncias que la comisión gubernamental ya había investigado. ¿Por qué tamaña inconsecuencia entre el decir y el hacer? Simplemente porque si PP abre un panorama de investigaciones sobre la compraventa de otros activos, fusiones, quiebras y estafas varias, todas instituciones legalmente reconocidas por la legislación burguesa, tanto en épocas de la dictadura como de las democracia, la lista de empresas que se encuentran en situaciones similares a PP sería interminable y amenazaría con implicar al conjunto de la burguesía como clase.

Que semejante relato presidencial no haya terminado en la expropiación de la empresa, abre una vía de negociación entre el kirchnerismo y Magnetto. Es un nuevo “punto final” en torno al conflicto suscitado por la aprobación de la ley de medios. El kirchnerismo se apura a declarar que la situación legal y la composición empresarial de PP no van a cambiar.

Los amantes del estado de derecho deberían escrutar a conciencia los innumerables vínculos entre las empresas monopólicas y los gobiernos, sean dictaduras o democracias, más allá de los aprontes discursivos.

Es que el kirchnerismo es por sobre todas las cosas un régimen plutocrático, amante del dinero y, como se dice, “el dinero llama al dinero”.

Si no hay una cruzada antimonopólica posible -para decepción de “la gente” progresista- que pueda encarar el oficialismo, mucho menos la habrá entre los opositores, que cenan con el titular del monopolio y que se apresuraron a declarar que la denuncia en la obtención de Papel Prensa por Clarín, La Nación y La prensa “es un ataque a la libertad de prensa”.

El nivel de rastrerismo político de estos personajes no tiene comparación.

Libertad de prensa

La expropiación de Papel Prensa, que hubiera significado un golpe a la concentración monopólica de la información en manos de estos grupos y su forma de hacer negocios sobre la sangre y la tortura; de ninguna manera atentaba contra la libertad de prensa sino que la hubiera alentado. Por esa misma razón no se realizó.

El kirchnerismo no alienta la libertad de prensa, simplemente deja hacer a “gente progresista” que se empeña en lanzar loas a su favor, convenientemente estimulada.

El kirchnerismo no apoya medios independientes ni estimula su formación: genera y subsidia “boletines oficiales” que con una fraseología de izquierda apoyan cosas de derecha.

La libertad de prensa se basa, en la libertad de difundir ideas y para esto es necesario papel a bajo costo para todas aquellas organizaciones populares, intelectuales, artísticas, etc. que quieran difundir su voz. La libertad de prensa se basa, en la más amplia libertad de organización popular e independiente del gobierno y de las instituciones oficiales, en el debate abierto y democrático de ideas, en la creación de partidos y organizaciones sindicales. La ley electoral kirchnerista va en contra de todo esto, anula, censura y proscribe en función de conservar el poder y de evitar el crecimiento de organizaciones de izquierda y populares. La libertad de prensa se da de bruces contra el capitalismo, y su aspiración, bajo este régimen, conducirá a una nueva frustración.

Foto: Argentina, Burguesía - En la imagen superior el dictador Jorge Videla y la directora del Diario Clarín Ernestina Herrera de Noble. Abajo: El matrimonio Kirchner junto al presidente del Grupo Techint Paolo Rocca.

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El 82% móvil, “sí, se puede”

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Al kirchnerismo le agarró un elevada dosis de “responsabilidad fiscal” a la hora de oponerse al 82% móvil, algo que no le ocurrió cuando impuso el pago de la deuda externa con reservas del Banco Central. Pero para el 82% (solamente para el mínimo) no habría fondos. Está pagando, sin embargo, unos 30.000 millones de pesos anuales en intereses de la deuda, una cifra similar al supuesto “costo” de efectivizar el proyecto aprobado en Diputados.

Tampoco duda en generar una alta inflación para licuar los sueldos públicos y las jubilaciones - o sea que no es que la inflación se le escapa de las manos sino que la produce adrede. No quiere saber nada de gravar con impuestos a las mineras y petroleras, que además no tienen la obligación de liquidar en el país las divisas de sus exportaciones, lo cual favorece la fuga de capitales y la evasión impositiva - pero no quiere tocar el 21% del IVA, el cual simplemente confisca a los consumidores. Los K mantuvieron la rebaja de los aportes patronales tal como lo ejecutaron Menem, Cavallo, López Murphy y Machinea que tiene un costo de más de 20.000 millones de pesos anuales. Pero a la hora del 82% móvil (sólo para el mínimo), los K aplican otros pesos y otras medidas.

La destrucción de las jubilaciones

A mediados de los 90, el Banco Mundial planteó que los regímenes públicos de previsión social debían confinar su responsabilidad al pago de una jubilación básica con el “objetivo limitado, decía, de reducir la pobreza en la vejez”; quienes aspiraran a un ingreso mayor, concluía, debían realizar aportes adicionales a regímenes “de ahorro y capitalización”. Rubén Lo Vuolo, de la Coalición Cívica, y Aldo Isuani, de GEN, dos notorios economistas de la ‘progresía’ argentina, retomaron este planteo hace pocas semanas. Los guía el mismo criterio cuando ponderan la asignación universal por hijo: se trata de poner un piso a la pobreza, que calculan, por otra parte, dentro de los límites de una cuota de calorías. Estas posiciones de un arco que va del Banco Mundial a la burocracia de la CTA (por lo tanto a Solanas y a Lozano) ponen de manifiesto una coincidencia global. Pero si la previsión social no es definida como un salario cuyo pago se pospone para cuando se produce el retiro laboral, lo que tenemos es una confiscación despótica del ingreso de los trabajadores a lo largo de su vida. En tanto que un salario diferido, la jubilación debería ser financiada en forma íntegra por el aporte patronal. Esta imposición más el salario serían el salario real que el patrón paga efectivamente a los obreros cuyo trabajo explota.

Detrás de las reiteradas proclamas que invocan la lucha contra la pobreza “extrema”, apenas se disimula el propósito de reemplazar a la jubilación (que, repetimos, es un “salario deferido o indirecto”) por una suerte de prestación asistencial. Pasamos del derecho social al soporte a los hambrientos. Se retira la relación de la jubilación con el sueldo (en contra de lo que plantea la legislación sobre previsión social en la historia, e incluso de la doctrina de la Corte Suprema) y se instaura el ‘derecho’ a la pobreza (canasta básica), que es presentada como el ‘remedio’ ¡a la indigencia! Hay un índice de las Naciones Unidas que premia a los gobiernos por el pasaje de la indigencia a la pobreza.

Esta ‘doctrina’ preside el planteo de que el que “quiere más”, haga aportes adicionales a una AFJP o compañía de seguro, incluso cuando se trata de aquellos que hicieron contribuciones personales más altas como resultado de sueldos también mayores. No serían las AFJP de Cavallo, que forzaban la afiliación de todo el mundo, o sea que no eran complementarias de la universal representada por el Estado, sino las AFJP ‘progres’, limitadas para aquellos que quieren superar en el futuro la remuneración que ofrece la jubilación estatal. Las AFJP, dicen sus defensores ‘progres’, “tienen un lugar en este mundo”, no como una prestación alternativa a la estatal, sino solamente como complemento, pero no de una jubilación estatal que asegure el 82% móvil sino de la básica, que es postulada con el argumento misericordioso de combatir la pobreza.

Se despierta el apetito de la burocracia sindical

La burocracia sindical ya vio el filón de negocios que ofrecen estos “complementos”: la burocracia de la CTERA, por ejemplo, insiste en que la UBA le descuente a los docentes universitarios el 4,5% del sueldo para la Caja Complementaria (de cuya dirección participa); la burocracia sindical de la AFIP, por su lado, quiere crear una Caja propia con el argumento, precisamente, de que el 82% es una utopía. Para esta burocracia ultraK, la Caja Complementaria se justificaría para dar ese “algo más” que definieron el FMI-Banco Mundial. La burocracia quiere acaparar el negocio propio de una compañía de seguros y consumar en beneficio propia una estafa a los trabajadores de la administración de impuestos..

Como consecuencia de la desvalorización de los salarios (o sea la fuerza de trabajo) provocada por el derrumbe capitalista de 2001, y de leyes y reglamentaciones, cuyo objetivo fue confiscar las jubilaciones superiores a la remuneración mínima, más del 85% de los jubilados y pensionados se encuentra hoy ‘gozando’ del derecho a la jubilación “básica” que pregona el Banco Mundial; cobra un haber mínimo que cubre la mitad de las necesidades reales. La jubilación media ronda apenas el 36% del salario medio – lo cual los ubica ‘arriba’ de la ‘pobreza’, pero no de la miseria social, pues la miseria social mide la degradación material y espiritual de los trabajadores que ejecuta el capitalismo y sus gobiernos, incluidos los ‘progresistas’. Los ‘progres’ se han convertido en los mayores propagandistas de esta redescubierta forma de bienestar, pues se ven forzados a dar más ‘explicaciones’ por este atropello que los gobiernos ‘simplemente’ reaccionarios.

Licuemos, que el licuado es salud

Entre 2002 a 2006, con una inflación de más del 100%, las jubilaciones subieron entre el 10 y el 21%, con excepción de la mínima. Esta pasó de 150 pesos, antes de la crisis, a 900 pesos- de 150 pesos-dólares a 220 dólares. Los panegiristas de este cambio en el mínimo, simplemente olvidan que, a principios de los 90, o sea hace dos décadas, los jubilados reclamaban un mínimo de 400 pesos-dólares. Las mayores al mínimo se licuaron (desvalorizaron), sin embargo, alrededor de un ¡80 por ciento!, mientras la ANSES, por el contrario, pasaba a nutrirse de cuantiosos fondos como consecuencia de la salida de la crisis. Duhalde y Kirchner ‘recapitalizaron’ el sistema de previsión social con la misma metodología que lo hace un usurero – repudiando la deuda con sus acreedores (en este caso los jubilados). Hoy, el 90% de los jubilados está en la “jubilación básica” que define el gobierno.

En ese momento el gobierno puso en práctica la jubilación de amas de casa o por moratoria. Con esto se apuntaba a permitir que muchísimos trabajadores que habían estado desocupados o que trabajaban en negro pudieran jubilarse completando los 30 años de aportes, descontándoles de la jubilación la cuota por los años no aportados. Este sector de trabajadores está cobrando, debido al descuento de la cuota, aún menos de la mínima. Con este ‘autofinanciamiento’ de una jubilación de indigencia, por parte del ‘beneficiario’, los K ‘resolvieron’ la pesada carga de desocupación y trabajo en negro que les legó Menem, el mandamás al que ‘siguieron’ en los 90 – porque no los “iba a defraudar”. Lo que es, digamos, ‘curioso’, es que este jubileo ha beneficiado por sobre todo a las patronales, pues condona todos los aportes que no hicieron durante varias décadas, y a los Estados, que toleraron una desocupación masa sin contribuir con un seguro al parado. El jubileo fue aprovechado también por algunos avivados de la clase media alta para adicionar una jubilación a sus ingresos relativamente elevados. El criterio de la prestación asistencial para las jubilaciones, de orden ‘progre’-fondomonetarista, consagra como nuevo orden social un largo proceso de confiscación capitalista contra los trabajadores – que, en negro, desocupados o en blanco, algún día deberán vivir de una jubilación.

Este mismo criterio básico-asistencial se extiende a la asignación por hijo, la cual se paga con fondos de la ANSeS, que absorbe las partidas de los planes sociales que antes financiaba el Tesoro. La ANSeS ha sido convertida en un repositorio de la miseria social – un caso patético violento de ‘redistribución de la pobreza’, o sea de rebaja colectiva del nivel de vida colectivo del proletariado en beneficio de la clase capitalista. Pero hay algo más, mucho más: la ANSeS ha sido convertida por los K en el refugio del 35% de lo que había sido la deuda externa del Estado, es decir en el mecanismo del rescate de los acreedores internacionales, pero en particular de los llamados ‘fondos buitres’, que compraron deuda cuando ésta cotizaba a diez centavos y la ‘reestructuraron’ luego a valores que van del 40 al 60%. La carga de la deuda externa ha pasado en forma progresiva sobre los jubilados – con un discurso, siempre, que alude a la emancipación nacional de la esclavitud del ‘extranjero’.

La mano de la deuda externa

Aquí se impone una palabra sobre la estatización de las AFJP, porque implicó también ¡la estatización de la voluminosa deuda pública en poder de ellas, que estaba contabilizada al ciento por ciento de su valor! (Nota: La contabilidad pública registra los ingresos de las contribuciones de aquellos que lo hacían a las AFJP pero no lo hace con los compromisos que asume la ANSeS con los que ingresan a ella como jubilados; se trata de una ‘contabilidad creativa’ como la que ha llevado a países como Grecia a un ‘default soberano’. Para que este fraude no prospere, es necesario, por lo menos, que las patronales cubran el bache enorme que tiene el horizonte de deuda potencial del sistema previsión). Observemos, a partir, de aquí, el súbito interés que se ha apoderado del gobierno para realizar el canje, pagar deuda con reservas y llegar a un acuerdo con el Club de París - ¡una agenda netamente neo-liberal! Pero ocurre que esto es necesario para elevar la cotización de mercado de la deuda pública, que la ANSeS tiene en su cartera. El ‘reajuste’ de la ANSeS es pieza clave de los K para recomponer las posiciones, nunca cuestionadas, con el capital financiero nacional e internacional. Por eso, un argumento indispensable de los K es que el reconocimiento del 82% (repetimos, solamente para la mínima) los llevaría al ‘default en tres meses’ – una mentira que descubre la intención de dar prioridad, no a los jubilados sin a los usureros.

Lo que los K están desarrollando, en definitiva, es la ‘estrategia’ diseñada por FMI y el Banco Mundial para configurar una Seguridad Social que ‘asista’ a la pobreza (no erradicarla con inversiones y trabajo). Esto, y nada más que esto, explica la furiosa resistencia que opone el gobierno al 82% de la mínima y solo de la mínima, no hablemos de la escala salarial en su conjunto. En este proceso “básico” no hay lugar para el seguro de desempleo, que en la práctica ha desaparecido porque sigue congelado en el tope de $ 400 mensuales, cuando debidamente actualizado debería ser de 1.800 pesos, ni tampoco lo hay para las asignaciones familiares para los que superan ciertos niveles salariales. Han inventado, eso sí, a los Repro, un monto de un tercio de lo que debería ser un seguro, cuyo desembolso se impone solamente en condiciones de conflicto y de gran presión de los trabajadores, y que se financia con fondos de la ANSeS que deben destinarse al seguro de desempleo. Admitimos humildemente que este procedimiento tiene una ventaja sobre el seguro al parado (que a los K, por cierto, no les hace gracia): mientras éste apacigua en parte la rebelión contra los despidos, su inexistencia o sustitución por los Repro estimula la lucha de los trabajadores.

Vamos que se puede

Como se aprecia, la cuestión de las jubilaciones remite a toda la bancarrota del capitalismo, pues el sistemático ataque que reciben los sistemas de previsión responde a la necesidad de las operaciones de rescate del capitalismo. Así, los pobres socorren a los ricos, con el apoyo enteramente lógico de ‘progres’ y ‘nacionalistas’. La inviabilidad del capitalismo se manifiesta con toda su potencia en el empeño que pone para disolver todas las relaciones sociales existentes. Pero luego de cuatro años de bancarrota capitalista es claro que el rescate del capital a costa de los trabajadores ha profundizado la crisis mundial. El derecho a un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; el seguro al parado y la jubilación del 82% móvil; un plan de inversiones públicas financiado con impuestos al capital; la nacionalización de la banca; solamente esto puede sacar a la economía mundial del marasmo y a las masas de la tragedia social. ¡Pero lo último que quiere la clase capitalista es una reestructuración social orientada por el interés de las mayorías! Defiende a muerte un cuadro prolongado de crisis e incluso de bancarrotas que a la larga le devuelva (espera) ‘equilibrio’ a su sistema, que una salida diseñada por los trabajadores. La defensa del 82% móvil no es otra cosa que la defensa del salario y del trabajo – el único al que podemos aspirar bajo el capitalismo. Los K y la clase capitalista tienen los fondos para el 82%, pero los están usando para destruir las jubilaciones (los economistas e instituciones ‘neo-liberales’ apoyan a los K en esto), y también existen todas las herramientas del Estado para conseguirlo: restitución de los aportes patronales, gravar las rentas financiera, minera y petrolera; sustituir todos los impuestos que afectan al consumo y expropian los salarios, por una imposición única al capital capaz de sufragar los gastos del Estado, que no es de nosotros sino de ellos.

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Internet para todos, incluso para Rodolfo

Oscar Taffetani (APE)

A fines de los ’90, cuando llegó al país la primera conexión satelital a Internet, la Cooperativa Eléctrica Bariloche (CEB) intentó brindar servicios de videocable, conexión a la red y teléfono mediante el sistema PLC (Power Line Communications), es decir, utilizando la misma red eléctrica para distintas aplicaciones. Algunas cámaras empresarias protestaron airadamente desde las páginas de los diarios. Hablaron de “competencia desleal”. Por eso, la CEB debió negociar con proveedores telefónicos, de videocable e Internet para que la dejaran brindar servicios integrados. El sentido común y la tecnología decían que era posible. Pero el afán de lucro era más fuerte.

Diez años después, la tecnología triple play (TV digital + Internet + telefonía) ya permite abaratar notablemente el costo de esos servicios. Sin embargo, el afán de lucro sigue trabando y demorando el beneficio para la gran mayoría de los usuarios.

Las primeras ordenanzas que reglamentaron la instalación de videocables (por ejemplo, la ordenanza porteña 48.899/95) establecían como condición de adjudicación que cada empresa brindara gratuitamente hasta tres (3) bocas de conexión a las escuelas, hospitales e instituciones de bien público. Pero nunca se cumplieron esas ordenanzas. Y entonces los gobiernos municipales y las instituciones educativas debieron pagar por la conexión como cualquier usuario particular.

Pronto llegó la conexión inalámbrica (wi-fi) que permitió el libre acceso a Internet a usuarios de algunas zonas urbanas y suburbanas. Pero la extensión de ese beneficio se vio (una vez más) limitada por el afán de lucro de los prestadores privados.

Internet, lo mismo que el software y que la totalidad de los inventos y desarrollos actuales, posibilita una sensible mejora en las comunicaciones y la calidad de vida. Su único obstáculo (un obstáculo que será superado por las leyes históricas del desarrollo humano) es el capitalismo.

Tan cerca, tan lejos

La provincia de San Luis, siguiendo el ejemplo de Finlandia (país que consagró la banda ancha como derecho de todos sus habitantes), ha lanzado un plan para proveer de modo gratuito conexión a Internet (sistema wi-fi) en su territorio, entregando además computadoras portátiles (netbooks) a todos los escolares.

Otro tanto está haciendo, utilizando redes de cable modem, la provincia de La Rioja, que contempla en su planificación estratégica un tendido que unirá la capital provincial con su par cordobesa, conectando a la red a miles de usuarios de pequeños pueblos y localidades rurales. Aquí el servicio no será totalmente gratuito, pero el abono estipulado no va a ser mayor a los 40 pesos mensuales (para videocable, Internet y telefonía). Próximamente, Santiago del Estero lanzará su propio plan Internet para todos.

Y a nivel nacional -a partir de la caducidad de licencia de la proveedora masiva Fibertel-, es de prever que se aceleren los planes para dotar de Internet pública y gratuita a todos los argentinos. El programa Conectar Igualdad prevé la entrega de tres millones de netbooks a escolares, lo que sin duda potenciará la entrada del país a la compleja (y excluyente) sociedad de la información. Será el turno, entonces, de una educación nacional, popular y raigal (porque sin contenidos propios, la conectividad puede ser una llave, terrible, para la pérdida de identidad).

Panamá es el primer país latinoamericano que ha conseguido Internet para todos. Con satisfacción, el presidente Martinelli invitó a los estudiantes de su país a aprovechar “esa auténtica biblioteca ambulante que es la Internet” (a nuestro entender, es mucho más que una biblioteca, pero, en fin…). Brasil, gigante continental, contempla la conectividad completa como un objetivo a alcanzar en 2014.

Con los viejitos, en Huaco

Hace unos meses, cuando saludábamos la valiente lucha de Andalgalá contra la minería a cielo abierto y el envenenamiento del agua, hicimos una dedicatoria ciega al médico Rodolfo Villagra, entrañable amigo a quien le habíamos perdido el rastro en los turbulentos años ’70.

Nuestro mensaje (¡gracias a la Red!) llegó a destino. Aunque Rodolfo vive en el pueblito de Huaco, sin conexión a Internet ni videocable ni líneas telefónicas. “Los pacientes que yo atiendo -nos contó a través de un indispensable teléfono celular- están perdidos en los cerros. Viven y se van muriendo de a poco. Agonizan sin que el Estado sepa que existen”.

Rodolfo, admirable luchador que jamás le ha cobrado a los paisanos de su tierra por una consulta, hace honor a la profesión de médico y le hace honor a dos grandes figuras de la medicina sanitarista argentina: los doctores Salvador Mazza y Esteban Laureano Maradona.

Empresas voraces como Bajo La Alumbrera siguen contaminando el agua, el agua escasa de los cerros catamarqueños. Y sus residuos industriales producen cáncer a quienes viven en las adyacencias. Sin embargo, las demandas no prosperan, porque los casos que llegan al hospital son pocos y porque faltan estudios y registros y pruebas científicas. Para eso -pensamos con emoción y con furia- está Rodolfo Villagra. Están los Rodolfo Villagra, médicos de alma y vocación, andalgalenses clavados como estacas en la tierra de sus mayores.

Algún día le llegará el wi-fi a la puerta de su casa en Huaco. Y a lo mejor Rodolfo, si todavía tiene voz para hablar, y ganas, dirá que no, que él no lo necesita, que se lo den a los changos.

La Argentina que soñamos será mejor cuando haya Internet para todos, incluso para Rodolfo. Pero será verdaderamente mejor -lo deseamos y lo sabemos- cuando haya cielo y agua y tierra para cada uno de sus hijos.

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Fernando "Pino" Solanas: “Ley nacional de telefonía, hay que resguardar la libertad de expresión de los ciudadanos"

INFOSUR

El diputado nacional, Fernando Solanas, plantea el postergado debate sobre la democratización de las redes informáticas y la telefonía celular.

El nuevo frente de conflicto abierto por la cancelación de la licencia de FIBERTEL, permite plantear el postergado debate sobre la democratización de las redes informáticas y la telefonía celular. Proyecto Sur viene sosteniendo la necesidad de regulación y control público del inmenso espacio de los medios audiovisuales y las redes informáticas. Se trata de resguardar la libertad de expresión de los ciudadanos y su derecho a la información verdadera, objetiva, plural y oportuna, evitando la monopolización de los espacios radiales, televisivos e informáticos. La cancelación de la licencia de Fibertel obliga a más de un millón de usuarios a cambiar compulsivamente de servidor, favoreciendo el monopolio de las dos telefónicas extranjeras (Telefónica/Telecom) . Detrás de la medida, se esconde el designio kirchnerista de seguir construyendo un nuevo grupo mediático, al que suma los medios estatales puestos al servicio del partido gobernante. La sola existencia de Fibertel y de los operadores de telefonía celular tampoco es garantía de democratización. El decreto 764, del año 2000, establece un conjunto de regulaciones de las que ningún gobierno quiso hacerse cargo para garantizar al usuario el acceso universal a Internet y a la telefonía celular con una tarifa regulada. La falta de regulación fue en detrimento de los sectores de menores ingresos, que han terminado pagando tres veces más cara la tarifa telefónica. El minuto por celular a tarjeta -el más usado por estos sectores- cuesta tres a cuatro veces más que el celular con abono. La misma escandalosa desigualdad se da en el uso de la garrafa: quienes menos tienen pagan veinte veces más que el gas natural. La caducidad de la licencia Fibertel debe dejarse sin efecto hasta tanto se vote una ley de telecomunicaciones que regule las redes informáticas y la telefonía celular, declarándolas un servicio público.

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Argentina: Hay que reponer la figura penal del infanticidio

Irina Santesteban (LA ARENA)

Romina Tejerina, la joven jujeña condenada a 14 años de prisión por matar a su beba recién nacida, purga su condena hace siete años mientras otros 16 casos similares en el resto del país ponen de manifiesto la necesidad de volver a legislar sobre la figura del infanticidio.

Romina Tejerina cumplió siete años de prisión por matar a su hija recién nacida, luego de un proceso judicial que dividió no sólo a los jujeños sino a la sociedad argentina, entre quienes defendían a la joven, como víctima de un sistema patriarcal y sexista, en medio de un ordenamiento legal que no contempla la figura penal del infanticidio y quienes la condenaban como una "asesina" sin perdón, por haber quitado la vida a su beba indefensa.

Hace unos días en Córdoba, otra joven de 24 años fue detenida por haber matado a su bebé asfixiándolo en el baño, inmediatamente de haberlo parido sola y sin ayuda.

En esa provincia, ya son 4 las jóvenes detenidas por la misma causa, que anteriormente se encuadraban en la figura del infanticidio, y que, por haber sido suprimida esta figura penal en 1994, actualmente se los considera casos de homicidio agravado por el vínculo.

Incorporación

El infanticidio fue incorporado a la normativa penal argentina en 1922, en el artículo 81 inciso 2º, que disponía "reclusión hasta 3 años o prisión de 6 meses a 2 años a la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal y a los padres, hermanos, marido e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometiesen el mismo delito en las circunstancias indicadas ..." y hace referencia al estado de emoción violenta que lo hicieren excusable.

El motivo para su derogación como figura penal, fue aparentemente progresista, pues se intentaba suprimir como atenuante "la deshonra" de la mujer ante el nacimiento de un hijo, en circunstancias que la expondrían ante la sociedad o su entorno social. Sin embargo, como lo reconocen prestigiosos juristas y los movimientos defensores de los derechos de las mujeres, fue peor el remedio que la enfermedad, y se demostró que no basta con suprimir las figuras penales para cambiar las conductas, que en algunos casos, como éste, tienen profundas raíces culturales y sociales.

En efecto, aunque históricamente se alegó el motivo de la "deshonra" como justificativo del infanticidio, a la luz de los avances en los derechos de las mujeres y en las relaciones sexuales, hoy la fundamentación de legislar y volver a instalar esta figura delictiva, tiene por objetivo, teniendo en cuenta la reiteración de estos casos y el perfil socioeconómico de las jóvenes que cometen infanticidio, evitar que tantas mujeres, en su mayoría jóvenes y pobres, sean condenadas a largas penas de prisión, en lugar de recibir atención médica y contención psicológica.

El fundamento del infanticidio más que la defensa del "honor" materno, es la atención de un estado psíquico que se da en el llamado "período puerperal" y que va del momento del parto hasta el día cuarenta aproximadamente, cuando se presenta la primera menstruación, según la ciencia médica.

En el juicio de Romina Tejerina, la defensa alegó el "shock post-traumático", entendiendo por tal el momento vivido por la parturienta de un embarazo no deseado, a menudo producto de una violación o de abusos reiterados, que la coloca en una situación de alteración psicológica similar a la de la "emoción violenta", que es una causal de inimputabilidad, legislada en el art. 34 del Código Penal.

Sin embargo, esa fundamentación no fue atendida en ese juicio y sólo se le reconocieron "causales especiales de atenuación", cual fue el haber ocultado su embarazo durante toda la gestación y el momento de tensión vivido durante el parto, sin asistencia, sola y en el baño, donde asesinó a su beba. Según Romina, al momento de ver a la recién nacida, "vio la cara de su violador" y por ello la mató.

Prestigiosos juristas como Eugenio Zaffaroni o expertos forenses como Mariano Castex, aconsejan volver a la figura penal del infanticidio, sobre la base de un abordaje basado en la ciencia y no en los prejuicios, como los que históricamente han condenado a la mujer que traiciona el mandato ancestral que la obliga a respetar el instinto maternal.

Intentos legislativos

Desde la condena de Romina Tejerina, fueron varios los intentos de legisladores progresistas para volver a reincorporar esta figura al Código Penal, incluso uno tuvo dictamen favorable en las comisiones de Legislación Penal y de Familia de la Cámara Baja del Congreso, pero perdió estado parlamentario en diciembre del año pasado.

Este año, la diputada kirchnerista Diana Conti presentó otro proyecto y ya tiene dictamen favorable por mayoría en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Ahora la iniciativa debe pasar por la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia para que pueda ser tratada en el recinto, siempre y cuando la oposición no quiera antes discutir la defensa de Fibertel ante lo que considera los "ataques" del gobierno nacional.

El proyecto de Conti prevé una pena para la mujer que mata a su hijo durante el nacimiento o mientras se encuentra bajo la influencia del estado puerperal, de seis meses a tres años de cárcel.

Hubo diferencias con otros diputados en el tratamiento en la Comisión, pues el diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Vega formuló un dictamen en minoría que fija el período del estado puerperal en un lapso de entre 8 y 15 días, en lugar de los 45 días que propone el proyecto de Conti. Por su parte, la diputada Patricia Bullrich, emitió otro dictamen que exige que "se acredite fehacientemente" la disminución de comprensión de la criminalidad del hecho por parte de la mujer durante el estado puerperal.

Para Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema y destacado penalista, estos casos están "más necesitados de una urgente asistencia social, psicológica y a veces hasta psiquiátrica que de punición. Llevar estos casos trágicos a una pena de reclusión o de prisión perpetua me parece algo verdaderamente terrible".

Zaffaroni sostiene que el infanticidio es un delito que por regla general ocurre en el interior del país y que es cometido por mujeres de muy escasa instrucción con antecedentes culturales de bastante aislamiento, algunos casos de debilidad mental superficial, muy escasa capacidad de comunicación, y que tienen partos en soledad, en baños, y muchas veces los productos van a dar a pozos ciegos.

La abogada Haydée Birgin, presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género considera a este delito "más común de lo que se cree, especialmente en el norte argentino, de parte de chicas violadas, abusadas sexualmente".

Uno de los fundamentos del proyecto es que el infanticidio es una figura que se encuentra prevista en varios de los códigos penales latinoamericanos como en los de Bolivia, Uruguay, Venezuela, Perú, Brasil y Chile. En todos los casos, la solución es similar en cuanto a la respuesta, ya que se prevé una escala penal atenuada en relación con el homicidio.

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Argentina, Ciudad de Buenos Aires: Un paso para el aborto no punible en la Legislatura

ARTEMISA

Ayer por la tarde, la Comisión de Salud de la Legislatura porteña emitió un dictamen de mayoría faborable a la sanción de la ley para la atención integral de los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa, cuyos autores son Diana Maffía (Coalición Cívica), Gabriela Alegre y Juan Cabandié (Encuentro Popular por la Victoria), fue firmado por Fernando Sánchez (Coalición Cívica), Jorge Selser (Proyecto Sur), Mateo Romeo (Bloque Peronista), Maffía y Alegre. En tanto, las diputadas del PRO Carmen Polledo, Diana Martínez Barrios, Raquel Herrero y Lidia Saya firmaron un dictamen de minoría para archivar el proyecto; y Mónica Lubertino (Unión Federal) firmó otro dictamen de minoría para archivo.

El proyecto, producto de un largo proceso de debate legislativo que comenzó en el año 2008, establece procedimientos en los cuatro casos que el Código Penal señala como abortos legales y establece los mecanismos por los cuales los objetores de conciencia deben comunicar fehacientemente su situación y ser eventualmente sustituidos para esta práctica, es decir, que la objeción de conciencia puede ser manifestada individualmente pero no puede ser institucional.

'Quienes presentamos este proyecto estamos a favor de la vida y desearíamos que ninguna mujer se viera en la situación de abortar. Lamentablemente, aún cuando eludiéramos los casos mas frecuentes de no punibilidad, hay muchos otros motivos por los que las mujeres llegan a esas situaciones: problemas socioeconómicos, embarazos no deseados por violencia familiar, violaciones, etc.', dijo Maffía.

Ahora el proyecto será tratado en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y de Justicia, antes de pasar al recinto para su sanción definitiva.

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Argentina, Córdoba: Los fusilados vuelven

Luis Miguel Baronetto (PRENSA RED)

Los fusilados vuelven, sus siluetas nos interpelan, sus rostros eternizados en su juventud, con sus sonrisas, sus preocupaciones, sus miradas, sus proyectos, nos desafían…Queda en cada uno hacerse cargo o esconderse en la cobardía del "no puedo".

Cuando pensaron que los borraban de la faz de la tierra, cuando creían arrebatarles sus vidas comprometidas, reaparecen en la escena pública, con más fuerza que la soñada. Vuelven en las múltiples presencias, en las memorias de las anécdotas, en relatos vivenciales, de dolores y de alegrías también, aún en medio del infierno.

Así se viven los testimonios en el juicio a los genocidas más importante realizado en Córdoba, que empezó el 2 de julio en este año del Bicentenario. El juicio de la UP1, con Videla, Menéndez y otros 30 torturadores y asesinos imputados por los fusilamientos de los 31 presos políticos entre abril y octubre de 1976. Ellos hablan hoy con nuestra voz.

Sus jóvenes rostros inundan nuestros pechos. Sus siluetas motivan figuras y colores, que contienen plurales símbolos de las luchas de ayer y de hoy. Es cuando en el horizonte se confunde la tierra con el cielo, y en aquel espejismo rebotan las imágenes: corazones de amores truncados, cadenas finalmente quebradas, rostros diferentes contenidos en cada mujer o varón que nos siguen mirando desde aquella juventud inmortalizada en blanco y negro… Soles y estrellas; palomas, cruces y la balanza de la justicia, que tantas veces descorre la venda para inclinarse a favor de los poderosos…

Y así, 31 siluetas que hacen presentes a nuestros fusilados: para terminar, después de 34 años, con las complicidades judiciales.

Presentes… para celebrar la memoria de tantas luchas, de las que ellos dejaron inconclusas, como desafíos del hoy. Pero también de las que siguieron subiendo al escenario de las plazas y de las rutas en tantos reclamos de derechos negados.

Para animar a los que hoy reclaman vivienda o para que no les quiten la tierra que los acunó. Presentes en los discriminados como "negros de mierda", por ser pobres, jóvenes y siempre víctimas del atropello policial. Y en los que no quieren seguir siendo los "peores" y alguna vez conseguir un espacio en esta sociedad que debiera ser de todos.

En cada reclamo de libertad, de justicia, de solidaridad… En ellos y tantos otros ignorados de hoy, aquellos militantes están presentes. Porque ellos lucharon para terminar con las lacras sociales que obstaculizan la justicia, la libertad y la paz.

No eligieron ser víctimas. Preferían seguir siendo "uno más". Ni héroes ni mártires. Gente común, como cualquiera…Pero convencidos que lo que anda mal se puede cambiar.

Por eso asumieron la militancia política. Su compromiso fue en el protagonismo de la lucha, también por el poder político para instaurar una sociedad más justa e igualitaria.

Los victimarios querían víctimas para señalarnos que el poder estaba en sus manos. Podían pisotearnos. La soberbia de los gritos y la crueldad del policía militar Alsina o las arengas del aerotransportado Mones Ruiz nos obligaron a mirarlos de reojo, con la cabeza gacha. Ellos contentos porque "podían".

Hoy están solos, frustrados en sus delirios de salvadores de la patria, acusados de delincuentes, envejecidos en sus finales de asesinos, encerrados en las celdas de la democracia que aborrecen. La memoria viva de nuestros muertos es su peor afrenta, aunque sus corazones hayan quedado congelados en las balas o los garrotazos del 76.

¿Será que la alegría es ahora? ¿O la alegría será la esperanza? …Esa que se construye a cada paso, en cada gestión, en cada esfuerzo compartido con la responsabilidad de no defraudar a los compañeros y compañeras de camino. Tampoco desfallecer, porque sería casi como traicionar.

Es lo que pretendían Alsina, Mones Ruiz, Menéndez, Videla y cada uno y todos los torturadores, verdugos y asesinos, sentados en el lugar de los imputados por tantos crímenes de lesa humanidad.

Los fusilados vuelven cada vez que marcamos, multiplicamos o imprimimos una y miles de imágenes que hablan de lo que somos, de lo que queremos ser (y a veces no nos dejan o no podemos). Pero la esperanza es esa fuerza invisible que atraviesa nuestros "no poderes", para decirnos que no tenemos derechos a mirar para atrás y detenernos.

Porque quedaríamos convertidos en estatuas de sal. Y la sal la necesitamos no en estatuas, sino para energizar nuestra fuerza, como aquel paquete que recibió Moukarzel en el pabellón 8 y le costó el estaqueamiento y la tortura que se llevó su vida.

En esa sal saborizamos nuestro compromiso. Ese que nos sigue empujando con la memoria del Turco, médico de Chacra de la Merced, donde los pobres siguen esperando y luchando por su salud.

Los fusilados vuelven cuando la Universidad despierta y descubre que ellos también recorrieron sus claustros, hicieron asambleas, lucharon por nuevos programas de estudio… en Periodismo, en Historia, en Arquitectura, en Derecho, en Arte…

Y vuelven con nombres y rostros concretos: Zorrilla, Bauducco, Ceballos, Irazusta, Toranzo, Chiavarini, Pucheta, Tati Barberis, Abdón de Maggi y Tramontini con su guitarra …21 de los 31, que esperan encarnarse en los nuevos Centros de Estudiantes, en las Cátedras, en las Escuelas, en los Decanatos…

Porque aquellos proyectos de profesionales al servicio de los empobrecidos todavía es deuda y desafío posible de concretar. Quizás abogados como Vaca Narvaja o médicos como Moukarzel nos indiquen que es posible hacer realidad los proyectos. No se trata de sueños irrealizables.

Proyectos que se hacen carne en el compromiso sincero de los que no se quedan en el discurso, porque sus convicciones los obligan a acompañar cada esfuerzo de organización de los que luchan por sus derechos.

Como los que acompañó Marta en Villa El Libertador, desde su escuelita del tranvía, el centro del alfabetización o la catequesis de la parroquia, para que el agua llegara a todos, el transporte se metiera en las calles sin asfalto de la Villa o se instalara el jardín maternal Evita para que las madres pudiesen trabajar en el servicio doméstico.

Vuelven los fusilados en cada reclamo de los trabajadores. Allí está el Gordo Verón para señalar también la traición de los burócratas bancarios. O Florencio Díaz y Pablo Balustra testimoniando que vale la pena ser sindicalistas, cuando hay fidelidad a los intereses de los representados. Y Bártoli, Barrera, Hubert, García… También vuelven en la política.

Esa militancia tantas veces denigrada, porque los poderosos la quieren para ellos solos, dejándonos que repartamos a los pobres las migajas de sus banquetes en nuestros comedores comunitarios.

El Chicato Mozé, el Alemán Jung, Sgandurra, De Breuil, Fidelman, Páez, Hernández, Funes, Svagussa o Mirta Rosetti de Arquiola vuelven para increparnos por la cobardía de huir de la política, de aceptar el discurso neoliberal de que todo es lo mismo, como en el cambalache de Discépolo y mejor es no meterse en ese barro…

Pero también para afirmar que sin construcción política que dispute el poder del Estado, la política es insabora (sin el paquete de sal que el "común" le pasó por la reja a Moukarzel), no le sirve a los pobres, queda en las teorías que nos distraen y entretienen para alegría y beneficio de los poderosos.

En alguna de las cárceles donde me tuvieron elegí para la tumba de Marta una frase del profeta Isaías: "Tus muertos revivirán y en el país de las sombras, darán luz".

Hace falta que vuelvan para dar luz. No para indicarnos el camino, porque es responsabilidad nuestra encontrar las respuestas a las demandas de hoy. Pero sí para iluminar los pasos, para evitar los tropiezos de las tantas piedras que aparecen aunque a veces no las veamos, para avanzar con firmeza en lo mucho que todavía falta para la dignidad de los más…

Los fusilados vuelven, sus siluetas nos interpelan, sus rostros eternizados en su juventud, con sus sonrisas, sus preocupaciones, sus miradas, sus proyectos, nos desafían…Queda en cada uno hacerse cargo o esconderse en la cobardía del "no puedo".

La segunda mitad del año del Bicentenario, quedará en la historia como el tiempo de la justicia largamente esperada. Tiempo de espera cumplida. Tiempo de justicia….

Luis Miguel Baronetto es Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba y querellante en la causa UP1.

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Argentina, Chaco: “Era una máquina de torturar y matar”

Marcos Salomón (CHACO DIA POR DIA)

Así calificó Rodolfo Sobko a la Brigada de Investigaciones. Durante la audiencia también declararon Gerardo Delgado y Vicente Canteros. Sufrimiento y desaparición del matrimonio de Pedro y Sara Morel.

El juicio oral y público por la Causa Caballero fue largo e intenso, a pesar de que sólo declararon tres testigos, todos ex presos políticos: Gerardo Delgado, Rodolfo “Rody” Sobko y Vicente “Plantita” Canteros, que fueron sumamente precisos y detallistas en sus relatos.

En contraposición a un día con víctimas directas de la tortura, para la vigésimo cuarta jornada del juicio declararán este miércoles todos policías (cinco en total, aunque ya uno está casi descartado anticipó la Secretaría del Tribunal Oral Federal de Resistencia).

Sobko y Delgado pasaron juntos parte de su detención de en la Brigada de Investigaciones. Canteros, oriundo de Tras Isletas, cayó cuando los anteriores ya estaban en la alcaidía policial.

Pedro y Sara

La historia del matrimonio de Pedro Morel y Sara Fulvia Ayala volvió al centro de la escena, ya que tanto Delgado como Sobko fueron testigos de las vejaciones a las que fue sometida ella y del estropeado estado físico de él.

El relato era seguido por Viviana -hija de Pedro y Sara-, que lloró en varias oportunidades al escuchar las crueldades a las que eran sometidos sus padres. Con Sobko, lo une además otra situación particular: ella y un sobrino de Rody fueron dejados en manos de unos ancianos, en provincia de Buenos Aires, cuando son detenido-secuestrados los progenitores de ambos bebés de menos de dos años.

Pedro tenía todo el cuerpo lastimado, apenes podía moverse, y “tenía uno de los testículos hasta la rodilla”, coincidieron Sobko y Delgado. Como Rody es médico, lo revisó y le hizo “tomar orín, porque estaba deshidratado, y tirarse orín por las heridas, ya que tenía infecciones”, recordó el que fuera director de Maternidad e Infancia del gobierno provincial en los ‘70.

Sara-Ana

Sobko conoció en la ex Madre y el Niño -donde hoy funciona el casino- a Sara, pero bajo el alias de Ana. Entonces, cada vez que la nombraba decía todos los nombres: Ana Sara Fulvia Ayala de Morel.

En el mismo calabozo de Sara, junto al de su esposo -también eran impotentes testigos Sobko y Delgado- los guardias entraban y la vejaban. La mujer trataba de soportar en silencio, pero cuando gritaba, Pedro “se volvía loco y comenzaba a gritar. A veces, todos gritábamos para que él no oyera”, recordaron. “Los torturadores Borda y Chuleta eran los violadores”, se complementaron en el reconocimiento.

En ese piso de la Brigada, estuvieron Rogelio Tomassella, que fue torturado por tratar de defender a la mujer, aunque sea a los gritos; Dito Martínez, el policía federal riojano Oviedo, un dirigente rural de apellido Arce, que “es sacado por Borda y nunca más lo volvimos a ver”, precisó Delgado.

“Otra mujer que sufrió las peores vejaciones es Rosa Alcaraz”, recordó. La ex presa política tiene hoy problemas mentales y permanece recluida en su casa.

La pata judicial

Al recuperar su libertad, Delgado quedó con mucho temor, que fueron ciertos, cuando fue detenido por segunda vez. Ante esa situación, recurre al ex fiscal Roberto Mazzoni.

“Por pedido de Mazzoni me presentaba todas las mañanas y tardes a un viejo bar sobre la ex Antartida Argentina (hoy peatonal) a tomar un café”.

Así durante una semana. En esos 7 días “caminos por todo el centro, con él (por Mazzoni) tomándome del hombro. Fuimos a la plaza central (justo enfrente funcionaba la Brigada de Investigaciones)”. En fin, fue una especie de salvoconducto para poder circular por Resistencia sin ser detenido por la Patota.

Ya en democracia, Delgado tuvo que recurrir a un abogado, “Polo” Legal en este caso, para que el Juzgado Federal de Resistencia le tomara la denuncia sobre lo que pasó con el matrimonio de Pedro y Sara Fulvia.

El cónclave

Durante su cautiverio pasó varias horas -“me hice pis y caca”, señaló Sobko para marcar el tiempo que transcurrido- al lado del baño de oficiales, junto a la puerta de lo que él denominó “cónclave”.

El “cónclave” reunía a militares: Jorge Larrateguy, jefe del Área 233, Tadeo Luis Bettolli, José Luis Patetta (ambos imputados), Hornos; los policías: Carlos Thomas, Wenceslado Ceniquel, José María Cardozo, Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente (imputados). “Decidían quién vivía y quién moría”, sentenció Sobko.

En ese contexto, explicó que la Brigada “era una máquina de torturar y matar” y disparó otra afirmación contundente: “La técnica para torturar y matar es la misma a la usada durante el Holocausto”.

Chispazos

Justo cuando estaba declarando Rody, se produjeron los mayores chispazos. El primero estalló cuando denunció que la guardia dura de la alcaidía, entre ellos el imputado Oscar Galarza, tenía relación directa con la Patota de la Brigada.

Galarza, levantaba la mano pidiendo la palabra, como si estuviese en clases y no imputado en una sala de audiencias. El presidente del Tribunal Oral Federal, Víctor Alonso, lo retó: “Si quiere declarar, hágalo en el estrado”. Los ímpetus del ex guardia de la alcaidía se aplacaron para aclarar que iba a “declarar oportunamente”.

En otra escena chispeante, el mismo juez también repartió advertencias hacia la defensa (Oscar Gómez) y la fiscalía ad hoc (Carlos Amad).

Y la tensión que cerró la declaración de Sobko, se produjo cuando el defensor Ricardo Osuna insistía en preguntarle por el tamaño del espejo que escondía en su celda de la alcaidía: “Si era de este tamaño (dibujó con el dedo en el aire una especie de rectángulo un poco más grande que un libro) no estaría acá declarando, estaría desaparecido”.

Flor de plantita

Cerró la lista de testigos, Vicente “Plantita” Canteros, militante de Ligas Agrarias, de 1,96 metros, con manos inmensas de basquetbolista, y una cara de tranquilidad absoluta, que es inmutable.

Fue detenido en Tres Isletas, donde trabajaba la tierra. La detención-secuestro era un operativo conjunto bajo las órdenes del imputado Bettolli, quien “conecta la picana para ganado y me aplica corriente en la cabeza”. La tortura se producía en una casa frente al INTA Sáenz Peña.

Identificó a sus torturadores allá por 1977: Thomas, Chuleta Cardozo, Manader, Rodríguez Valiente (ambos imputados) y los militares Bettolli, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón y Jorge Carnero Sabol (estos tres últimos venían de participar en la Masacre de Margarita Belén y hoy están sentados en el banquillo de los acusados).

Plantita pasó unos 59 días en la Brigada de Investigaciones, de los cuales soportó 52 días de tortura, 49 de ellos en un sótano. Convencido de lo que declaró, terminó de declarar, se paró en el estrado (lo que lo convertía en un gigante en el medio de la sala de audiencias) y se despidió haciendo la V de la victoria.

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Argentina, Córdoba: Un testigo contó cómo mataron a su pareja

PRIMERA FUENTE

Héctor “Vicky” López, ex preso político y el testigo Nº 40 de la causa, relató que fue secuestrado junto a su mujer, quien fue fusilada por la última dictadura. Continúa el debate que comenzó el 2 de julio en Córdoba.

En el marco de la 22ª audiencia del juicio que tiene como principales imputados a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez declaró ayer el testigo Héctor "Vicky" López, ex preso político y testigo Nº40 de la causa, quien contó cómo mataron a su pareja de Liliana Páez, fusilada durante la última dictadura militar.

El ex presidiario contó lo que tuvo que vivir en la cárcel, tras ser secuestrado de la casa de su madre el 29 de octubre de 1975, junto a la mujer. Luego fue llevado al D2 donde pasó varios días vendado en un calabozo. Tras ser "legalizado", fue llevado a la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1). López luego contó los tormentos que padeció Liliana.

“Mi compañera, Liliana Páez, es una de las personas que retiraron de la cárcel y la mataron junto con Tramontini. Fue el 20 de agosto de 1976. Los fusilaron e hicieron aparecer como que hubo un intento de fuga. Yo tengo aquí una fotocopia de lo que salió en La Voz del Interior el 21 de agosto de 1976, que reproduce un comunicado del Ejército. A Liliana la retiraron de su pabellón de castigo y la fusilaron, y luego entregaron a su madre su cuerpo a cajón cerrado”, relató López, quien fue liberado en 1988 en plena democracia, según reprodujo el Centro de Información Judicial (CIJ).

En este juicio se trata de establecer el grado de responsabilidad que tuvieron los imputados sobre el asesinato de 31 presos políticos, alojados en la UP1 de la ciudad de Córdoba, simulando situaciones de fuga para justificar las ejecuciones.

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Resistencia Popular denuncia presencia de paramilitares colombianos en Honduras

Gloria Silvia Orellana (COLATINO)

Carlos Amador, del Comité Ambientalista del Valle de Siria, en Honduras, militante del Frente Nacional de Resistencia (FNRP), denunció acciones represivas contra la población hondureña por parte de paramilitares colombianos.

“Tenemos conocimiento que esa gente ha venido a reprimir a la oposición política y al pueblo, eso es muy delicado y va a generar acciones del pueblo para defenderse”, contó.

El Golpe de Estado al Presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio del año 2009, rompió la institucionalidad democrática del vecino país, que apunta a una permanente crisis social y política, que por ahora enfrenta el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.

“No podemos decir o reconocer que este es el gobierno de Porfirio Lobo, porque la oligarquía está detrás de él, dándole las pautas para que actúe de acuerdo a los propios intereses, donde no está incluido el pueblo hondureño”, comentó

La nueva administración ha iniciado su gestión política con el nombramiento de una Comisión de la Verdad, que documentará los incidentes desde el Golpe de Estado y sobre los actos arbitrarios, abusos de poder y violaciones sistemáticas a los derechos de la población.

Las organizaciones que aglutina el FNRP, han desestimado el trabajo que realizará la comisión oficial al considerar que el gobierno de Porfirio Lobo no podrá reconocer y establecer la ilegalidad que se cometió al derrocar al presidente electo democráticamente.

“El Golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya Rosales, obedeció a su vinculación con las demandas sociales y económicas de la población y esta comisión oficial no va a funcionar porque mucha de la gente que participó en el derrocamiento se encuentra enquistada en el gobierno actual, y la oligarquía hondureña no va a permitir que toquen su “status quo”, ellos quitan a quienes sienten que les puede molestar a sus ganancias e ideologías económicas”, explicó.

Las violaciones a los derechos humanos, las persecuciones políticas y los desaparecidos, aún continúan, sin que se haya pronunciado el nuevo Presidente Porfirio Lobo, porque las fuerzas involucradas en el rompimiento de la institucionalidad son los que allanaron su llegada a la primera magistratura de ese país.

“Él (Lobo) debe legitimar el Golpe de Estado, a raíz de eso Honduras no ha sido reconocido por la mayoría de los países en el mundo, que presionan la creación de una comisión de la verdad, que para nosotros es de la mentira, porque los personajes que la integran no gozan de los principios éticos que se exigen”, señaló.

La participación en la comisión oficial de la Rectora de la Universidad de Honduras, Julieta Castellanos, que mantiene una confrontación laboral contra el sindicato de trabajadores que rebasan los 157 días; así como, la intervención del abogado de origen canadiense, representante de una empresa minera en Canadá, son elementos suficientes para descalificar la imparcialidad de dicha comisión.

“A raíz de esto, el pueblo hondureño no cree que haya buenos resultados de esta comisión, por eso, paralela a esta acción se creó una Plataforma de Derechos Humanos, que la aglutinan más de 15 organizaciones no gubernamentales, a nivel mundial, que están investigando también, todo lo que ocurrió en Honduras con el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya”, informó.

Al concluir la investigación, la Plataforma de Derechos Humanos rendirá el informe de manera pública ante la población hondureña.

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Argentina: La lucha de Andalgalá contra Minera Agua Rica. "El ultimátum llega porque estamos cansados"

BIODIVERSIDADLA

Bloqueando un camino comunero emergía una de las últimas asambleas surgidas para detener un proyecto minero en la Argentina. El corte se produjo a 7 km del emprendimiento Agua Rica, en el departamento Andalgalá, Catamarca, cruzando una bandera argentina. Quien participa de la asamblea, cuenta Vega Miranda, docente de 33 años, está a favor de la vida digna, del desarrollo sustentable, y ama a su pueblo.

Bloqueando un camino comunero emergía una de las últimas asambleas surgidas para detener un proyecto minero -en este caso de cobre, molibdeno y oro- en la Argentina. El corte se produjo a 7 km del emprendimiento Agua Rica, en el departamento Andalgalá, Catamarca, cruzando una bandera argentina. El 14 de diciembre de 2009 a las 6.30 de la mañana nace la asamblea. Al lado de un algarrobo, los compañeros Sergio y Aldo iniciaron la protesta. La empresa minera no iba a pasar por ahí para comenzar la destrucción de nuestro pueblo, relata Ruth Vega Miranda, luchadora desde los 17 años. Allí, bajo la sombra de ese árbol, comenzó todo, explica.

Quien participa de la asamblea, cuenta Vega Miranda, docente de 33 años, está a favor de la vida digna, del desarrollo sustentable, y ama a su pueblo. Dice no rechazar el progreso, pero aclara que este no puede llevarse a cabo a costa de masacrar su propia vida. El bloqueo, simbólico, divide otra localidad del país entre su pueblo y unos pocos argentinos traidores y otros tantos mercaderes extranjeros de la muerte que buscan los beneficios de algo tan superficial como el dinero.

Cansados de esperar las eternas dilaciones del Gobierno y las empresas mineras, la Asamblea El Algarrobo acaba de emplazar a Minera Agua Rica para que se vaya de la zona durante la primera semana de septiembre. Mientras tanto, el retén montado por los vecinos se mantiene. Con nieve, lluvia, sol... Es una asamblea permanente, estamos las 24 horas. Según confirma Vega Miranda, desviando por otras huellas mineras, sin embargo, la maquinaria minera continúa su movilización.

Entrevista de Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik

El 70% en contra

-Estaba la idea de hacer un plebiscito para respaldar o rechazar el emprendimiento, ¿en qué quedó esa iniciativa?

Vega Miranda.-Eso está bajo la decisión de la Justicia. El Ejecutivo, a través del fiscal del municipio, presentó un recurso diciendo que es inconstitucional. Estamos esperando... Según nos comentaban, hubo una encuesta de una empresa privada hace unos meses que daba 70% en contra de la minería.

-Recientemente circuló la noticia de que el Parlamento Europeo había solicitado la prohibición del cianuro en las explotaciones mineras. Sin embargo, el comisionado de Medio Ambiente anticipó el rechazo de la Comisión sosteniendo que la actual es la mejor tecnología disponible para la actividad. ¿Qué opinión tenés?

Vega Miranda.-Mientras exista un riesgo, aunque sea mínimo... Es como las centrales nucleares: dicen que hay una alta tecnología, pero ante el menor accidente lo que se desata es una catástrofe. ¿Qué vale más? Parece que el oro vale más que la vida y eso es lamentable. Como seres humanos tenemos un precio también. Aparte de que al agua la conviertan en mercancía, aparte de que al alimento lo conviertan en mercancía, también la vida de los seres humanos es mercancía.

La defunción de este pueblo

-En sus recorridas barriales, ¿se encuentran con algún vecino que apoye el proyecto?

Vega Miranda.-Sí, pero son los menos. Mucha gente se acerca y nos dice: A nosotros no nos van a ver en las marchas ni nos vamos a manifestar abiertamente, pero sepan que estamos con ustedes. Por supuesto que se tomaron diez segundos para acercarse, porque las familias están divididas. Hay gente que apoya y gente que no, pero la mayoría sabe que el emprendimiento Agua Rica es la destrucción y la defunción de este pueblo.

-Y estas personas que sí apoyan el emprendimiento, ¿con qué argumentos lo hacen?

Vega Miranda.-Trabajo digno, progreso, mayor riqueza para Andalgalá..., ¿qué otro argumento hay? Que la minería es la única salida, cosa que es mentira. Son los argumentos de aquellos que están comprometidos con la empresa: los proveedores locales, los empleados de esos proveedores. Hay un nuevo grupo que apoya la minería, que se llama Vecinos Autoconvocados Desocupados, que dice que quieren un trabajo digno, que quieren una obra social, educación y salud. Todo lo que nosotros queremos, pero a través de la minera, a través de Yamana Gold -la empresa canadiense propietaria de Agua Rica-. ¿A qué le llamamos trabajo digno? Eso es lo que nos tendríamos que preguntar, si masacrar al pueblo para ganar unos pesos más está bien.

No se puede dialogar

-¿Qué planteo llevaron a la reunión que mantuvieron en la Embajada de Canadá?

Vega Miranda.-Que el Gobierno canadiense también es responsable por lo que nos pueda pasar. Lo que nos pasó el 15 de febrero, que por empresas de su país nos vinieron a balear, ¿para qué? Son responsables de esas empresas y de lo que están haciendo. No es solamente acá lo que está pasando, es en toda la Argentina, en toda Latinoamérica y, me atrevo a decir, en todo el mundo. ¿Por qué tienen que hacer lo que hacen si se puede vivir de otra manera?

-En este tiempo, ¿hubo diálogo con la empresa? ¿Hay interés en abrir una instancia de este tipo?

Vega Miranda.-No. Es una decisión que se tomó en asamblea. No se puede dialogar porque sabemos los intereses que tienen. Estamos abiertos al diálogo con todos los estamentos gubernamentales. La cuestión es que tampoco quieren el diálogo. La asamblea nació el 14 de diciembre, pero la lucha por los recursos, por el agua, por la vida, la llevamos hace más de 15 años. Hace 15 años que se está tratando de dialogar con los que toman las decisiones y les dan vía libre a esas empresas: son nuestros gobernantes, nuestros diputados y senadores, los funcionarios del Gobierno nacional, provincial y municipal.

Ellos quieren que vaya un grupito chiquito de asambleístas y que negocien, "dialoguen". Como dijo el obispo de Catamarca: No quieren que se haga un debate para que todo el mundo sepa y se expongan las verdades de cada uno, y después el pueblo decida. Eso es lo que quiere la asamblea. Hagamos un debate con todo el público en la plaza, en el cine, en donde ellos quieran, pero que vaya todo el mundo. Que expongan sus especialistas, nuestros especialistas, y que la gente decida.

Eran pocos los pensantes

-¿El compromiso firme de los vecinos es erradicar a todas las empresas mineras?

Vega Miranda.-Por lo menos a los 272 proyectos que tienen pensados, porque nos afectan de todas maneras. Andalgalá tiene 272 pedidos de cateo. Es una locura total lo que están haciendo; los discursos que da el Gobierno provincial son lamentables. Si se da lugar a Agua Rica se va a dar lugar a cualquier cosa, no tan solo en Catamarca, sino en toda la Argentina.

-Esta voluntad de erradicar a las empresas, ¿incluye a Minera Alumbrera? Ese emprendimiento funciona hace más de una década.

Vega Miranda.-Escuchaba a un autoconvocado que tiene un programa de radio y decía que al final nos vendieron espejitos de colores, porque Andalgalá está peor que antes. Pero antes de la Alumbrera también había una gran desocupación. Nos dijeron que Denver (EUA) iba a ser chiquita en comparación con Andalgalá y nos creímos ese verso. Con el auge del neoliberalismo, durante toda la década del 90, eran pocos los pensantes. La población se dio cuenta tarde: a la Alumbrera ya no la podemos parar. Ya aprendimos. Ha sido una lección bastante cruel, un cachetazo para todas las esperanzas que se tenían. Y si se cierra, ¿quién se va a hacer cargo de todo eso? ¿La empresa?, ¿los proveedores mineros?, ¿los que aprobaron las leyes?..., ¿nosotros?, porque al final al Estado lo pagamos nosotros. ¿Y de toda la contaminación que podrá generar o qué está generando? Son muchas preguntas; no sé si alguien las querrá responder.

No vamos a la guerra

-Entonces, en septiembre Agua Rica tendría que hacer las valijas...

Vega Miranda.-Estamos hartos de que nos ninguneen y nos tomen por estúpidos. Hay una orden del juez de minas, casualmente juez electoral, que restringe a la empresa solamente a las actividades administrativas y al mantenimiento de lo que ya vinieron haciendo. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando gente, dando dádivas a las instituciones de Andalgalá y toda Catamarca. Hay un movimiento cada vez más fuerte en la mina. Como estamos tan cerca, vemos lo que pasa. Y la Justicia... bien, gracias. Los argumentos de que hacen todo legal son mentira. Un artículo del Código Civil dice que no pueden tocar un río... Ahora lo están por desviar. El open pit, ese pozo enorme que van a hacer, que es tres veces más grande que el de la Alumbrera, está en el medio del río. Ni siquiera las leyes mineras cumplen. No pueden hacer nada si no hay una licencia social a través de una audiencia pública, que jamás se hizo.

El ultimátum llega porque estamos cansados. Yo y mi familia, por lo menos, queremos vivir en paz; ya elegimos nuestro lugar en el mundo y no nos queremos ir. Hace más de cien años que vive mi familia acá. No queremos irnos por la ambición desmedida de unos cuantos. El ultimatúm es poner fin a algo, como dice el diccionario. Poner fin a la mentira, al no respeto a la vida y los derechos humanos. No es que vamos a la guerra. Los medios de comunicación de acá, diarios, revistas y, sobre todo, radios, ponen en boca nuestra lo que jamás dijimos. Queremos ponerle fin a la mentira de este pseudodesarrollo minero, pero pacíficamente. Ellos fueron a balearnos el 15 de febrero; nosotros no teníamos ni piedras para defendernos.

-Y si al vencer el ultimátum no se van, ¿qué les queda por hacer?

Vega Miranda.-Seguiremos trabajando para que se termine de caer todo este circo que están armando. Saben muy bien que están sosteniendo algo que es imposible. Hay que tener en cuenta que tienen todo el aparato del Estado. Al fin y al cabo, nosotros somos simples ciudadanos. Y hemos logrado que la gente de todo el país tome conciencia de lo que significa la megaminería, más allá de Esquel, que es un precedente bastante fuerte. Por eso no quieren lanzar la consulta popular. Si no pasa nada, no nos vamos a dar por vencidos ni mucho menos. Trabajaremos para que se termine de una vez esto que es insostenible.

Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik experimentan con la distribución de ideas políticas, económicas y culturales a través de Internet y estudian el uso de la Web en el desarrollo de conflictos sociales.

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