viernes, 27 de agosto de 2010

La ultra derecha mediática actúa concertadamente

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

He leído con atención las informaciones que han publicado estos días los diarios del sistema sobre el pleito que está por definirse en Argentina respecto de la posesión de un gran porcentaje de acciones en Papel Prensa (una empresa que controla la venta de papel periódico) en el que tienen acciones Clarín, el 49%, La Nación, el 22.5% y el Estado Argentino, el 27.5%; producto de una obscura transacción que se produjo cuando el país del sur estaba bajo las botas militares, una de las dictaduras más atroces e infames que se hayan dado en país alguno de América Latina (Solo un dato:30.000 desaparecidos(as) en 7 años de dictadura).

De lo que aquí se difunde, vía agencias internacionales, unos dicen que la señora Lidia Papaleo vda. de Graiver, fue amenazada por los militares (“firme o le costará la vida de su hija y de la suya” una amenaza que en esos tiempos era una sentencia a torturas y muerte) para que venda sus acciones precisamente a los diarios El Clarín y La Nación, los periódicos que estuvieron muy juntos en la “lucha contra la subversión” en Argentina. Otros dicen que la transacción accionaría, en este caso, fue libre y voluntaria.
Al margen de quién tenga la razón, debo referirme a este suceso porque, a pesar de que en Argentina, hasta nuestros días, están enfrentando tribunales penales los genocidas argentinos por los crímenes que cometieron contra su población civil, sin embargo, estos dos periódicos sipianos (de la SIP-CIA) con una impudicia y cinismos sin nombres, han lanzando a los cuatro vientos que lo que está haciendo la Presidenta Cristina Kirchner, es tratando de apropiarse de la empresa (Papel Prensa) para imponer una manipulación de los medios impresos del país, con los dos diarios incluidos.
“Coincidentalmente” en estos mismos días, la prensa sipiana continental desató un escándalo “de una disposición contraria a la libertad de expresión”, en Venezuela, porque un organismo de derecho local ha emitido una sanción contra el matutino “El Nacional” (de cerrada oposición al Gobierno de Hugo Chávez, desde luego) y ha advertido que los medios de comunicación no deben difundir gráficas de violencia, como la que publicó el referido diario, en primera página: una foto (trucada o no pero de fecha muy anterior) de un “anfiteatro” caraqueño, amontonado de cadáveres a la espera de su correspondiente autopsia. El objetivo declarado del diario fue que con esa foto “quiso advertir” que en la capital venezolana se vivía un clima de terror delincuencial pero que el Gobierno hacía poco o nada por combatirlo. Es decir, “echarle el muerto” a Chávez de esta tendencia criminal, ahora que están en vísperas de unas elecciones parlamentarias previstas para fines de septiembre.
En Ecuador, desde hace rato, los medios sipianos (con El Comercio de Quito a la cabeza) se han dedicado a maximizar todo acto delictivo que se produzca en cualquier punto del país. Desde luego, hay una vieja historia de crímenes, secuestros, asesinatos, escándalos y asaltos que los medios sipianos los trataron, a su debido tiempo, con cierta prudencia (me refiero a los tintes amarillistas de la noticia); pero, a partir del gobierno de Rafael Correa, esos medios no escatiman espacios en dar informaciones de este tipo, cada cual más alarmante. Con seguridad, el crimen organizado y desorganizado ha crecido en el país (especialmente por razones sociales) pero de ahí a pintar un ambiente lleno de peligros y de incertidumbre, por culpa del gobierno, hay una distancia; pero la intención es clarísima
Esa “tendencia”, sin embargo, no es la más significativa. Sin que se haya dado algún hecho concreto o que algún agente gubernamental haya intimado a alguien, a pretexto de una supuesta lucha contra la posibilidad de una “ley mordaza” tanto las radios del sistema como los canales de televisión abiertos pasan y repasan una “cuña-denuncia” según la cual, en el Ecuador de la “revolución ciudadana” se respira un ambiente de “peligro para la libertad de expresión” Aseguran que, de aprobarse el proyecto como está para segunda y definitiva votación en la Asamblea Nacional, se habrá dado un golpe “contra la democracia y la libertad”.
Está claro que el objetivo que persigue la comunicación sipiana (a través de unos cuantos asambleistas pelucones, que para eso están) es que la ley no sea ley. Ellos quieren que en este país andino, la SIP-CIA logre imponer uno de sus mandatos: “que en comunicación no hay mejor ley que la que no se dicta” y de paso consolidar lo que ha venido siendo “el catálogo del periodismo libre”: que los medios comerciales son impolutos por si mismos, que ellos son los dueños de la “libertad de expresión”, que nadie debería enjuiciarlos peor censurarlos y otras lindezas de este estilo.
Hace un par de semanas (jueves 12 de agosto/2010) El Comercio de Quito publicó una reseña informativa bajo este titular: “La libertad de prensa afronta un deterioro en los países andinos” La “redacción política” del diario se refería a un estudio que han hecho sobre la situación de la libertad de “prensa” (no de expresión) cuatro organismos: El Centro sobre Derecho y Sociedad (¿) el Consorcio Desarrollo y Justicia (¿), el Instituto de Defensa Legal (¿) y, cuando no, Freedom House, ese organismo yanqui que “hace estudios” respecto de nuestras realidades y presenta informes que nadie le ha pedido*.
Los relatores –como gustan llamarse estos diligentes “estudiosos”- dicen que han analizado la situación de “la libertad de expresión y de prensa” en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y que han encontrado que, de “países de prensa libre” (en el 2000) hemos pasado a “parcialmente libres” a consecuencia de políticas cambiantes. Exceptúan a Colombia de la crítica, a pretexto de que en el 2000 ese país estaba afectado “por la violencia civil” pero no dicen ni media palabra sobre que en Colombia no es que se respetaron a los periodistas y medios de oposición sino que los pocos que quedaron vivos, lograron ponerse a buen recaudo, a tiempo.
Por el Ecuador, ha intervenido el señor César Ricaurte, fundador, dueño, director y mensajero de FUNDAMEDIOS* un organismo no tan fantasma que pocos saben quién lo financia y que trabaja para denunciar exactamente a Correa y sus “atentados” contra la prensa libre. Este sujeto –que tan siquiera es un periodista en ejercicio- se ha tomado la molestia de contar las veces (cerca de 100) que Correa “ha insultado a la prensa y a los periodistas” y eso lo presenta como “riesgos” contra la libertad de expresión. En cambio, ignora en sus cuentas las veces que los medios sipianos y sus periodistas estrella han dicho “samba canuta” del Jefe de Estado. Lo uno, para estos relatores sipianos es “ejercicio de la libertad de expresión, que está en peligro”; y lo otro “una agresión contra esa libertad” ¡Qué tal!
Lo anecdótico de esta información, es que los sabios relatores dicen que “Esa situación (de amenaza) también pudiera generar que la prensa se autocensure” como que si los medios sipianos nunca hubiesen usado la autocensura y la censura directa en la diaria información.
Todo el mundo sabe que los medios impresos y los medios audiovisuales del sistema, siempre han tenido “amigos de la casa” (los preferidos para entrevistas, para consultas, etc) y “enemigos de la empresa” para tipificar a todos aquellos que, por cualquier razón, generalmente ideológica, han pasado a formar parte del index que cada medio ha elaborado a su querer. Así que la censura y la autocensura han existido, existen y existirán siempre mientras exista el sistema que lo proteja.
En estos tiempos, el panorama descrito a través de unos pocos casos, lo que nos rebela es que los medios comerciales coinciden sin rubor en posiciones antagónicas frente a procesos políticos, económicos y sociales de cambios, que se vienen dando en nuestros países. Desde hace rato, se observa una manipulación informativa generalizada en contra de todo proceso de cambios o de transformaciones, por más mínimos que sean. El sistema imperante, (a través de sus medios comunicacionales) no quiere correr riesgos frente a la posibilidad de que las masas hambrientas y marginadas de nuestras sociedades, en procesos violentos o no, empiecen a minar los intereses del gran imperio y de las burguesías criollas. No hay que olvidar que la gran prensa sipiana depende en altísimo porcentaje, de las “generosas fuentes de financiamiento” que tienen el título de “marketing” o de publicidad pagada. Y está claro que los sectores sociales en proceso de transformaciones y demandas, no tienen ni para su diario sustento; peor para pagar espacios de publicidad en tales medios. Y se da la incongruencia, en nuestros países, que la publicidad estatal, sigue alimentando con millones de dólares a sus verdugos.
Alberto Maldonado es periodista ecuatoriano.

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Paraguay: Más crecimiento y mas miseria

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

En medio de la distracción de la opinión pública por el culebrón que montó la derecha para hacer destituir al Ministro de Defensa Luis Bareiro Spaini, los jerarcas del Banco Central, en gozosa compañía del titular de Hacienda Dionisio Borda, anunciaron con pompa que “todo está en orden” y que el crecimiento del Producto Interno Bruto será del 9.0 %, a fin de año, lo cual situaría a la economía paraguaya entre las más saludables de la región.

Esa egolatría de los expertos podría explicarse mejor si fueran capaz de resolver la incomprensible ecuación, para el común de la gente, de ¿por qué el mayor crecimiento es igual a más miseria, por qué el número de más ricos se reduce pero cada uno de ellos es más rico y por qué, en medio de tanta bonanza bancaria, cada día hay más pobres y más empobrecidos en el país, con un 20 % de la población en la miseria absoluta?.

Esos fenómenos de la filantropía estatal decididamente el pueblo no entiende. ¿Habrá que cambiar de pueblo, como se preguntó Bertolt Brecht?.

También los felices popes de las finanzas paraguayas obvian hablar del destino, de la utilidad de esos guarismos, ¿hacia dónde van, a quienes benefician, en qué áreas de la actividad nacional se vuelca esa masa de ganancias?.

También podrían explicarnos a los neófitos, si crecimiento es igual a desarrollo y por qué los precios en constante alza de la canasta familiar no son indicadores de inflación, la que según ellos es bajísima, pero que desmiente el mercado.

Observando y, aún más, sufriendo los resultados de la política económica del actual Gobierno de los Cambios, objetivamente el pueblo no puede comprender los motivos de tanta alegría y el sentimiento de los especialistas de que están haciendo un buen trabajo, acumulando reservas monetarias que sólo están a disposición de los organismos bancarios extranjeros, que las exigen como garantía para darnos préstamos con los cuales nos endeudan y empobrecen aún más.

La realidad económica y social paraguaya es penosa, con cuatro millones de pobres y muy pobres entre sus seis millones 300 mil habitantes, un millón y medio emigrada, y con un salario mínimo de 320 dólares que apenas paga una empresa cada cinco.

Los sueldos están congelados desde hace tres años, pese a un acuerdo de aumento semestral progresivo y constante al que habían arribado las centrales sindicales con el Gobierno, nunca respetado por el Ministro Borda, quien ahora habla de que estudia una mejora en cinco puntos, al riesgo de generar fuerte repulsa de los trabajadores.

Las 17 etnias indígenas, con sus algo más de cien mil habitantes convertidos en parias, con alto grado de prostitución, alcoholismo, tuberculosis y sidáticos.

El 85 por ciento de las tierras cultivables en manos del dos por ciento de la población, y 300 mil familias sin un palmo para producir alimentos.

Paraguay es propietario de tres represas, dos gigantes binacionales, pero tiene pueblos enteros sin agua potable ni luz eléctrica.

Es común que, en todo su accionar, el conductor de Hacienda, funcionario formado en la línea monetarista del FMI, nunca haga mención a la ausencia de redistribución de las ganancias mediante planes de inversión, ni al vetusto e irracional modelo productivo cerealero y ganadero nacional, de alto rendimiento mediante el uso de órganos genéticamente modificados, que motiva el segundo pretexto de la intensa campaña de la oposición contra el proceso de cambios iniciado hace dos años.

La polémica está planteada entre las nuevas autoridades ministeriales, en particular la Secretaría de Estado del Servicio Nacional de Semillas (SENAVE), que prohíbe el plantío de maíz transgénico, en aplicación de normas vigentes en el país, y el gremio de los agro-exportadores, fundamentalmente de soja, centro de los mayores evasores del ridículo impuesto del uno por ciento que pagan por el volumen de ventas, que nunca son bien controladas, fruto de las coimas y corrupción reinante.

Las buenas cosechas y ventas de la mejor carne, totalmente destinadas a los mercados extranjeros, nunca revierten sus beneficios en el país, en concordancia con las exigencias del desarrollo nacional, a partir de reinversiones de parte de las ganancias en programas de industrialización, creadores de empleos y de bienestar para la población.

El informe del BCP fue difundido, sin pizca de ingenuidad, en medio de un ambiente político muy tenso a nivel nacional, cuando la ciudadanía atraviesa una coyuntura de temas importantes que se yuxtaponen, desde el cáncer que padece el Presidente Fernando Lugo, que un sector de sus opositores agrava todos los días, hasta una nueva contraofensiva parlamentaria, luego de un mes de conciliábulos con el gobierno.

Vueltos al ring, por decisión directa de los opositores, el equipo gobernante, junto con las fuerzas democráticas y progresistas que sostienen a Lugo, subieron con ingenuidad y convencidas de que el escenario era de diálogo y no de pelea, pero una vez más se equivocaron en la caracterización del bando contrario y recibieron el primer puñetazo.

El Ministro Bareiro Spaini, por observar una conducta patriótica, digna, de rebeldía al eterno sometimiento del ejército paraguayo a Estados Unidos, revirtiendo el sistema de las relaciones con el Pentágono, haciendo prevaler la soberanía nacional, tuvo que presentar su renuncia, en un acto muy festejado por la derecha, aunque en análisis sereno, apenas representa una victoria pírrica, con esmerado maquillaje mediático.

En su lugar fue designado su inmediato colaborador, el General Dionisio Pérez Bordón, quien meses atrás dio el puntapié inicial a una carta repulsa de Bareiro Spaini por la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Paraguay, actitud decente que provocó una reacción musculosa de los grupos más radicalizados de la derecha y timoratos adocenados de la izquierda.

Cuentan allegados que el ahora flamante titular de Defensa, cerca de medianoche, despertó a su superior para informarle que se había retirado humillado de la Embajada de Estados Unidos, en medio de una cena ofrecida por la jefa de misión, Eliana Ayalde, que resultó una invitación para hablar mal del Gobierno de Lugo, en presencia de su Vicepresidente, el liberal Federico Franco, cabeza visible de planes conspirativos, y en presencia de altos oficiales del ejército estadounidense.

En fuerte e inmediata reacción, e ignorando estilos diplomáticos, Bareiro Spaini recordó a la funcionaria que la soberanía nacional está por encima de cualquier interés y planes de toda potencia extranjera.

El Paraguay de ahora tiene un Gobierno elegido democráticamente y la voluntad de la mayor parte de la ciudadanía es establecer relaciones internacionales de amistad y cooperación con todos los países en el marco del respeto mutuo, sin importar el grado de poder de una y otra nación.

Esa postura fue el pretexto central de una furibunda campaña lanzada en febrero pasado desde el Parlamento contra el titular de Defensa, para someterlo a juicio político, intentona que no cuajó, pero que se relanzó hace unos días con el robo de seis fusiles de un cuartel, cuyos autores aún no han sido descubiertos, como es común en la vieja y larga cadena de saqueo de armas del ejército paraguayo.

Hay sospechas de que ese dolo pudo obedecer a un plan para conseguir un nuevo argumento contra Bareiro Spaini. Un General aparece como principal responsable y ha sido imputado por una Fiscala, quien se enfrenta al Tribunal de Justicia Militar que invoca derechos para juzgarlo en la siempre nebulosa intimidad castrense.

El tema militar ha tenido mucha influencia en la vida paraguaya del último medio siglo, un tabú que ha permitido la formación de una impune casta de millonarios, salidos de su alta oficialidad, una de las tantas áreas que permanecen intocadas por el Gobierno de Fernando Lugo.

Sin embargo, hay indicios de revisión, como lo demostró Bareiro Spaini cuya línea continúa su sucesor Pérez Bordon, al punto que asumió bajo duras acusaciones de delación, al servicio de la izquierda, proferidas por el Vicepresidente Federico Franco, cuya función en estos dos años ha estado dedicada a sabotear a Lugo.

Camilo Soares, uno de los referentes progresistas, en medio de su impugnación por irregularidades administrativas, recomendó a Franco que se someta a un tratamiento siquiátrico para combatir su complejo de inferioridad y su trauma por haber quedado último en las internas del Partido Liberal el mes pasado.

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Honduras entra a la guerra fría y cacería de bruja contra oposición: El gobierno prepara deportación “de extranjeros que andan en marchas”

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

¿Será que el oligarca Freddy Nasser es más hondureño que Emo, vendedor de llantas y que es de “full resistencia”?.

Video; Entrevista a Emo (15 min.): http://vimeo.com/14412721
Foto: Honduras, Medios de comunicación - El Heraldo, 24 de agosto en donde
amenaza de deportar a Emo.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa, respaldado por varios medios ligados al Poder Fáctico en Honduras, preparan deportaciones de extranjeros y hasta extranjeros que son “naturalizados”.

Ese fue el mensaje, según el diario El Heraldo, del ministro de Gobernación y Justicia, Áfrico Madrid tras una reunión de Consejo de Ministros celebrada el martes pasado en Casa de Gobierno. Dice el ministro que pedirá informes de inteligencia sobre los extranjeros que supuestamente participan en las marchas.

Varias delegaciones internacionales han llegado al país desde el 28 de junio de 2009 cuando el golpe de estado militar era un hecho. Esta última semana Honduras tuvo presencia de delegados sindicales de todo el continente americano que son lideres sindicales de la UITA *. El lunes pasado presentaron su informe en una rueda de prensa en la sede de Stibys (afiliado a la UITA) en donde subrayaron que recomendará al mundo sindical que el gobierno de Porfirio Lobo no será reconocido por los gobiernos del mundo por ser políticamente responsable de violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.

El caso del Catracho ‘Emo’

El Heraldo ha reportado en varias ediciones y denunciado “un ciudadano Indio” que el diario de Jorge Canahuati Larach (de descendencia árabe que también es dueño del diario La Prensa y una cantidad de diferentes empresas en el país) ha acusado de ser la persona que lidera “los actos anárquicos” de la Resistencia Popular.


Y ante el descomunal crecimiento del Frente de Resistencia que próximamente esta por alcanzar un millón de firmas para exigir una Constituyente, la campaña contra los extranjeros en el país se ha intensificado para desviar la atención a la impresionante movilización popular cada día en el país.

¿Pero quien es Emo?

Pues se llama Mahadeo Roopchano Sadloo Sadloo, pero todos, tanto los activistas de la Resistencia como los periodistas que cubrimos los sucesos en Honduras, le conocemos sencillamente como “Emo”.

¿Extranjero con 35 años en el país y 10 hijos?

Lo entrevistamos en la Megamarcha el 18 de agosto, la marcha convocada por las tres centrales obreras y el magisterio que juntó más de 200.000 personas en Tegucigalpa. Y ahí nos contó que lleva 35 anos en Honduras, ha estado casado dos veces y tiene en total diez hijos. Una hija estudia derecho en la UNAH, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde Canahuati el 5 de agosto acusó a Emo por ejecutar “actos anárquicos”, mostrando fotos, sin Emo, de barriles quemados y barricadas cuando el humilde vendedor de llantas cerca el Hospital Escuela, solo quiere defender la UNAH como una Universidad del Pueblo y que no sea privatizada por los amigos de la misma clase social de Jorge Canahuati.

Dice el ministro Áfrico Madrid, que igual como Emo tampoco tiene un nombre tan hondureño, que “hemos girado instrucciones precisas a la Dirección de Migración para que desplacen agentes que investiguen si hay extranjeros que participan en manifestaciones”.


¿Qué mensaje trae el gobierno de Pepe Lobo con ese aviso?

¿Deportarán a Emo?

Según El Heraldo, ya tienen identificadas a varias personas que recibieron la naturalización y que participan de estas actividades. Áfrico Madrid “está pidiendo los videos para proceder contra todos estos ciudadanos, especialmente extranjeros, y proceder a su deportación”.

Y uno de los extranjeros que ha sido captado en varias de las recientes manifestaciones ha sido bautizado como “Emo”, relata El Heraldo.

Pues claro, ese medio ha sido el principal “agente” en su sistemática campaña en contra Emo.

Pero cuando entrevistamos al señor que no nació en India sino en Surinam, nos dimos cuenta que los miles de Catrachos de la Resistencia lo consideran más Catracho que cualquier hondureño. Y si el gobierno de Pepe Lobo tiene problemas de ser reconocidos en el mundo por ser violador de los derechos humanos, no será más fácil después una eventual deportación del querido Emo, advierten los amigos en el alrededor.

Video, entrevista a Emo (15 min.): http://vimeo.com/14412721

- Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA).

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Colombia: El desarrollo desigual

Amylkar D. Acosta Medina (especial para ARGENPRESS.info)

“Cuanto más desigual es un país menos efectivo es el crecimiento
para reducir la pobreza”.
Gustavo Yamada, Jefe de la Unidad de Pobreza y Desigualdad
del BID

Colombia es el país de las desigualdades. Hace muchos años alguien afirmó que Colombia padecía de hemiplejía, afección esta que paraliza la mitad del cuerpo, y no le faltaba razón dadas las grandes asimetrías que han caracterizado su desarrollo económico y social, a tal punto que se ha llegado a hablar de dos colombias, la una que concentra sus avances y su progreso y la otra sumida en el atraso y en la postración.

Con su Plan de desarrollo Para cerrar la brecha, el expresidente Alfonso López Michelsen se propuso reducir la brecha entre esas dos colombias, acortar las distancias entre el campo y la ciudad, entre el agro y la industria, entre asalariados y capitalistas. Este ha sido un tema recurrente en los programas de campañas electorales, pero se desestima a la hora de formular los planes de desarrollo así como también en los planes de inversión. Bien se ha dicho que los políticos hacen campaña en poesía y gobiernan en prosa; una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Treinta y dos años después lo que era una brecha se ha convertido en un abismo cada vez más profundo, lo cual se ha traducido en un gran desajuste social. Pese a la retórica cohesión social del anterior gobierno, durante estos últimos años se acentuó dicho proceso de centralización y concentración del poder económico y por ende del poder político en este país. Bien se ha dicho que la política es la expresión concentrada de la economía y ejemplos al canto los tenemos por montones en este país de privilegios y exclusiones.

Las cifras no mienten: Las utilidades del sector financiero se multiplicaron por 7 en el transcurso de 7 años, al pasar de los $632.000 millones en 2002 a $4.4 billones en 2009. En contraste, durante este mismo lapso el salario mínimo sólo se incrementó 6%. Ello explica en gran medida que en el período 2002 - 2007 la participación de las empresas en el PIB pasara del 28.9% al 33.7%, casi 5 puntos, que representan US $14.000 millones; mientras tanto, entre el año 2003 y el 2008 la participación de los asalariados se redujo del 34.6% al 31.1%. Colombia fue el único país de Latinoamérica que no pudo o no quiso aprovechar el buen desempeño de la economía durante el quinquenio virtuoso (2003 - 2008), durante el cual la economía creció en promedio el 6% anual, muy superior al promedio histórico de los 10 años anteriores que fue del 4%, para reducir sus índices de pobreza. Y de contera, en lugar de mejorar la distribución del ingreso esta empeoró al pasar el coeficiente Gini de 0.56 en 2002 a 0.59 en 2008, muy cercano al que tenía el país 15 años atrás, desbancando a Brasil como el país con mayor concentración de la riqueza en Latinoamérica, que a su vez es la región más inequitativa del planeta tierra, que redujo su Gini de 0.625 en 2004 a 0.579 en 2009.


El Modelo de Crecimiento sin empleo (1) nos llevó a que entre 2006 y 2008 la producción industrial creciera un 40%, mientras que el empleo creció en dicho sector para el mismo período sólo el 1.1%. En los 8 años de la administración Uribe la producción industrial creció el 30%, mientras que el número de empleados disminuyó el 6%. Y las gabelas tributarias al gran capital, especialmente la deducción del 40% del impuesto de renta por reinversión de utilidades en activos fijos que ascendieron el año pasado a $3.7 billones, eran supuestamente para promover de esta manera la generación de empleo. Ello se explica en gran medida por el hecho que el 40% de los $3.7 billones favorecieron precisamente a la minería y a la industria petrolera, el sector que menos necesitaba de tales incentivos y el cual, por ser tan intensivo de capital, es poco generador de empleo. Y ello en un país que registra una tasa de desempleo abierto de más del 12% y de una informalidad que frisa el 60%, la más alta de la región.

Claro que el campo fue el que llevó la peor parte: el sector agropecuario ha venido creciendo sistemáticamente por debajo de un tercio con respecto al crecimiento PIB total. Así, mientras el crecimiento consolidado de la economía entre 2004 y 2007 fue de 20.3%, el sector agropecuario a duras penas alcanzó el 6.88%. Ello explica el por qué los índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son notoriamente más elevados en el campo que en la ciudad; según el último estudio el índice de pobreza en Colombia se situó en el 45% promedio; entre tanto para zona rural, que sufre un acelerado proceso de descampesinización por cuenta del desplazamiento forzado, el mismo índice es del 62.1%.

Dos economistas muy reputados, como lo son Alesina y Rodrick, advierten que “los países con mala distribución del ingreso y la riqueza tienden a crecer menos”. El ex presidente del gobierno español Felipe Gonzalez es de la opinión de que “la desigualdad pone en peligro el crecimiento”, es más, “el modelo económico que no redistribuye los ingresos no es exitoso”. Gustavo Yamada, Jefe de la Unidad de Pobreza y Desigualdad del BID no pudo ser más categórico cuando afirmó que “cuanto más desigual es un país menos efectivo es el crecimiento para reducir la pobreza” (2). Por su parte la CEPAL, en un importante estudio llegó a la conclusión que una mejor distribución del ingreso, además de disminuir el número de pobres refuerza el crecimiento. De modo que el país tiene un gran reto en este frente, si no quiere seguir estancado y con una economía raquítica, que en lugar de generar empleo lo destruye.

Los desequilibrios regionales

La misma brecha que se ha convertido en abismo en lo económico y lo social se repite a nivel interregional e intraregional; así como hay sectores ganadores y perdedores en el primer caso, también hay en este país de regiones unas que son ganadoras netas y otras que son perdedoras netas. En el decurso de la historia unas regiones han ido consolidando su desarrollo, mientras otras han permanecido rezagadas. Estas últimas concentran el mayor número de pobres, de desempleados y de población con NBI. Y ello no se ha dado por generación espontánea, para explicarnoslo tenemos que recurrir a la historia económica del país. El gran pensador Antonio García habló de un capitalismo “tardío y periférico” para referirse al desarrollo embrionario de este sistema económico en Colombia en las postrimerías del Siglo XIX. La acumulación originaria del capital, como la denomina Marx en El capital, se basó en el excedente económico generado por la caficultura, que fue el que sirvió de base para importar al país las primeras máquinas y equipos industriales. Esta circunstancia aunada al hecho de que los ingresos que generaba dicha actividad sirvieron de fundamento a la formación de un mercado interno, hizo posible la incipiente industrialización del país. El Río Grande de la Magdalena, principal arteria fluvial del país era practicamente la única vía de comunicación del país habilitada para el comercio exterior en ciernes de una economía para aquel entonces monoexportadora del café. Desde 1823 se hicieron grandes esfuerzos tendientes a introducir la navegación a vapor y hasta bien entrado el Siglo XX esta modalidad de transporte siguió jugando un papel de la mayor importancia. Posteriormente se le dió la espalda, con grave detrimento para el país, pues al limitarse su navegavilidad el país prescindió de un medio de transporte seguro y barato, para depender casi exclusivamente del transporte aéreo y por carretera, ya que también se abandonaron los ferrocarriles nacionales. Esta comprobado que el transporte intermodal contribuye ostensiblemente a la mayor competitividad del país, que teniendo cómo implementarlo no lo ha hecho.

Así nació y se desarrolló la industria nacional, teniendo como vértices del denominado “triángulo de oro” a Bogotá, Cali y Medellín. Primero fue la agreste geografía del país, con sus tres cordilleras, la que sirvió de barrera natural de protección del mercado interno, que de este modo resultaba cautivo; luego, los altos aranceles del modelo proteccionista ocuparían su lugar. Aunque durante la segunda mitad del Siglo XIX el sector exportador colombiano era muy débil y poco dinámico, entre 1905 y 1950 tuvo un particular auge, aunque limitado a sólo tres renglones: café, banano y tabaco. Como lo sostiene el Observatorio del Caribe, “el temprano despegue de la industria manufacturera en el región Caribe a finales del S XIX e inicios del S XX, primero en Cartagena y posteriormente en Barranquilla no logró consolidar a la región como un importante polo de desarrollo industrial”: En efecto, después de participar con el 11. 7/% de las exportaciones totales en 1916, ya para 1950 se redujo al 4.5%, pese que durante dicho intervalo se vivió un floreciente auge exportador, pero del cual sacó mayor partido el centro del país.

Como lo acota el investigador Jorge García, “los 30 años comprendidos entre 1950 y 1980 enmarcan dos períodos bastante diferenciados del enfoque de la política económica del país, en particular la referente al comercio exterior. Es así cómo el período comprendido entre los años 1950 – 1966 puede considerarse como de sustitución de importaciones y el período 1966 – 1980 como de promoción de las exportaciones”. Durante estos dos períodos, pero muy especialmente en el segundo, predominó el intervencionismo de Estado en boga y se dispuso de toda una batería de medidas encaminadas a promover, fomentar y proteger tanto la producción nacional como la diversificación de exportaciones. Entre todas ellas se destaca la expedición del Decreto – Ley 444 de 1967 de la administración de carlos Lleras Restrepo, a través del cual se estableció el régimen cambiario y de comercio exterior. En virtud del mismo del mismo se puso la política monetaria, cambiaria y de comercio exterior del país al servicio de la industria nacional, la cual se había asentado fundamentalmente en el “triángulo de oro”. Lo propio ocurrió con la inversión pública, sobre todo en materia de infraestructura; se trataba de comunicar los centros de producción con los puertos, de allí la forma radial que revistiera el sistema vial, en virtud del cual las regiones que, como la Caribe y la Pacífica contaban con las facilidades portuarias se convirtieran en simples corredores viales. De allí que todavía sigue siendo más fácil comunicarse entre cualesquiera de las capitales departamentales de dichas regiones con el interior del país que entre que entre ellas mismas; en la malla vial han primado las grandes troncales sobre las transversales que intercomunican a las propias regiones, las cuales aún se echan de menos, a falta de ellas inmensas regiones del país permanecen embotelladas. Es muy diciente que la densidad vial de la región Caribe para 1948 era del 8.3 kms L/100 km2 y en 1999, 51 años después (¡!), sólo alcanzó el 10.1 kms L/100 kms2, muy por debajo de la densidad promedia nacional que para la misma época se situaba en el 16.06 kms L/100 kms2 (3), la cual a su vez es mediocre respecto al promedio de la densidad vial en la región.

Palo porque bogas y palo porque no bogas

Luego vendría el Consenso de Washington con sus nuevos paradigmas, consignados en un decálogo más conocido como la Cartilla, que siempre sirvió de férula a los organismos multilaterales, en especial el Banco Mundial y el FMI. Todos los países de América Latina se adhirieron al nuevo modelo económico que vino a reemplazar el Modelo de la Cepal que había inspirado el economista argentino Raúl Prebish. En Colombia se dieron los primeros pinitos cuando el Presidente Virgilio Barco ya tenía el sol a sus espaldas, pero fue en la administración de Cesar Gaviria cuando se le dio rienda suelta a la apertura económica y a la desregulación del mercado cambiario, dos pilares del nuevo credo que tuvo en Ronald Reagan y Margaret Thatcher sus principales propulsores. El Modelo de desarrollo “hacia dentro” dio paso al embeleco del aperturismo atolondrado con todos sus estragos; como ha sido ampliamente demostrado fue una apertura hacia adentro, con todas sus consecuencias sobre el aparato productivo. Como lo señala el Observatorio del Caribe, “la apertura económica no dió lugar a una transformación de la industria manufacturera regional y a su conversión en un polo de desarrollo industrial. Por el contrario, la producción manufacturera de la región fué golpeada con particular severidad con motivo de la apertura económica del inicio de los años 90; la caída de la producción industrial fué mucho mayor que en el resto del país”.

Si regiones como la Pacífica se habían visto sacrificadas por el proteccionismo de la industria de invernadero que teníamos, con la apertura se auguraban los mejores días para las mismas dada su enviadiable ubicación geográfica en un país que se precia de ser, como dijo López de Mesa, la esquina oceánica de América. Se planteó en sus inicios que el éxito de la apertura estaba en la implementación de tres estrategias: la modernización industrial, la reconversión industrial y la relocalización industrial. Esta última estaba llamada a convertir al Caribe y al Pacífico en los dos principales polos de atracción de la industria con vocación exportadora, pero ello nunca se dio. Y no se dio porque tanto la modernización y la reconversión industrial, igual que la relocalización industrial se quedaron en el papel y, lo que es peor, entonces como hoy el país estaba carente de una infraestructura vial, logística y portuaria, que son esenciales para mejorar la productividad y por ende la competitividad. Nos recuerda el connotado politólogo Eduardo Posada, citando un estudio británico de 1950 que ya observaba que “el mayor desarrollo de la producción corre siempre el peligro de ser neutralizado en Colombia por su enemigo más antiguo: el problema del transporte”. Esta afirmación no está muy lejos de lo que sostuvo recientemente el Presidente de La Confederación de Transporte de Carga por Carretera (Colfecar), Jaime soriano, “el país presenta un atraso de al menos 60 años en materia de infraestructura vial. Después de Rafael Reyes, hace cien años, de Pedro Nel Ospina en los años 20 del siglo pasado y el General Rojas Pinilla en los años 50, no se ha vuelto a ver en Colombia un salto importante en materias de obras públicas y desarrollo de la infraestructura” (4). Se malogró, entonces, esta oportunidad, así como también le fue esquiva la anterior. En tales condiciones, no es extraño que la participación en el PIB del centro del país supere con creces la de regiones como el Caribe colombiano.


Una digresión

Hagamos una digresión para referirnos a un hecho de singular importancia sobre el cual queremos enfatizar. Llama poderosamente la atención que mientras en el resto del mundo las regiones más prósperas están localizadas justamente en las zonas costeras, en Colombia estas permanecen relegadas y postergadas en su desarrollo. Como lo documenta un estudio del Observatorio del Caribe “por ejemplo, en Estados Unidos las zonas más dinámicas en crecimiento económico y demográfico están localizadas a menos de 80 km de las costas. A nivel mundial los países que se localizan a menos de 100 km de las costas ocupan cerca del 5% de la superficie habitable del globo y aportan el 37% de la producción bruta mundial. En Colombia dicho patrón no se observa y, por el contrario, lo que se encuentra es que los municipios que están localizados a menos de 100 km de las costas están en condiciones precarias en términos de su nivel de desarrollo socioeconómico”. Y no es para menos, dado que “con el bajo nivel de integración y las estructuras económicas regionales, se puede esperar que la polarización regional se perpetúe en Colombia. Los más poderosos eslabonamientos están en las regiones prósperas y los débiles enlaces en las regiones atrasadas. Hay pocas razones para esperar cambios en estas tendencias en el mediano plazo (Bonet, 2005)”.

Así las cosas, se le plantea al país la perentoria necesidad de fortalecer el desarrollo de sus zonas costeras y para ello juega un papel de la mayor importancia la estrategia de relocalización industrial en las proximidades de los puertos; pero, para que ello sea posible es indispensable dotarla y habilitarla de una infraestructura robusta que le sirva de soporte. Las ventajas que ofrecían para tales efectos el régimen de las zonas francas constituían en este sentido un gran atractivo, el cual se perdió cuando se desvirtuó el carácter de las mismas a través del esperpento de las zonas francas “uniempresariales” o “no colindantes”, que pueden localizarse en cualesquier lugar del país. Los estímulos tributarios y arancelarios que se le otorgaron a estas últimas a través del Decreto 383 de 2007 han contribuido a concentrar aún más la localización de las empresas y con ellas el crecimiento y el desarrollo en el interior del país, en desmedro una vez más de la periferia. En tales circunstancias, no es extraño que se dé la paradoja que el centro del país tenga una participación en las exportaciones del país muy superior a las regiones del litoral que son las que cuentan con la ventaja comparativa y el privilegio de contar con los puertos.


¿Y de la agenda interna qué?

Y a lo largo de todos estos años no ha habido mayor interés en acometer las obras para dotar al país de la infraestructura que la economía está pidiendo a gritos, las cuales están claramente identificadas en la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIPC); se siguen aplazando y aplazando, convirtiendose este en el mayor escollo que enfrentan importadores y exportadores. En un Informe reciente del Foro Económico Mundial, en porcentajes estadísticos de países en calidad férrea le dan a Colombia una calificación de 1.5 y el pùesto 100 entre los países más rezagados en esta modalidad de transporte. En cuanto a la calidad de las carreteras, Colombia recibió una calificación de 2.9, que la ubicó en el puesto 91. En lo que hace a la calidad de la infraestructura portuaria la calificación fue de 2.9 también, quedando en la casilla 108. En infraestructura para transporte aéreo el fue algo mejor a Colombia, pues obtuvo una calificación de 4.8 y ocupó el lugar 64. En fín, Colombia con un puntaje promedio de 3.1 ocupó el puesto 89 entre 134 países en cuanto a la calidad de su infraestructura y ello es sumamente preocupante. Si el país todo está rezagado en infraestructura, la situación de las regiones periféricas es aún más dramática.

En el pasado el país había tratado de compensar su baja competitividad en los mercados internacionales a través del manejo de una tasa de cambio competitiva y por mucho tiempo mantuvo un mercado cambiario controlado, hasta que se vió forzado por las recomendaciones del FMI a desmontar su regulación a finales de la década de los 90. Progresivamente, a medida que se han ido negociando acuerdos y tratados comerciales se ha ido desmontando la protección arancelaria a la producción nacional hasta dejarla totalmente desguarnecida. Incentivos a los exportadores como el Certificado de Abono Tributario (CAT), que después se convirtió en el Certificado de Reintegro Tributario (CERT) han tenido que ser desmontados por ser contrarias a las estpulaciones de las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). También se han tratado de abaratar los costos laborales para ser competitivos y para tal efecto se expidieron dos reformas laborales, La Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002, pero sin que jamás pueda llegar a equipararse por esta vía con los costos laborales de la China, el Cid campeador del comercio mundial. El pesado fardo de todos estos costos en los que ha incurrido el país por cuenta de la sobreprotección a la industria doméstica ha recaido sobre todo el país y no únicamente sobre las zonas de influencia de fabricantes y firmas exportadoras. Ultimamente, a raiz de que se revirtió la tendencia de la tasa de cambio pasando de ser campeones de la devaluación a campeones de la revaluación, una vez más el gobierno ha echado mano de recursos del presupuesto nacional para “compensar” a las empresas exportadoras, como lo hizo el Presidente Uribe por sumas que superaron los $500.000 millones. (5)

Es evidente, entonces, que las políticas públicas en materia económica le ha servido y mucho a las empresas, especialmente los grandes conglomerados, así la política monetaria como la cambiaria y la de comercio exterior, que le han pasado la factura a todos los colombianos. Por eso tenemos que decir que no tienen razón quienes abogan por la descentralización fiscal, proponiendo que reviertan en inversión a cada una de las regiones en la misma proporción de su contribución a los recaudos y se duelen, por ejemplo, que mientras el Valle del Cauca genera el 12 por ciento de los impuestos nacionales sólo recibe el 7 por ciento de los recursos del Sistema General de Participación (SGP). Es fácil colegir que los grandes contribuyentes, como las empresas del Valle del Cauca, las de Cundinamarca, Antioquia y Atlántico, especialmente, se han consolidado y posicionado como tales gracias a la contribución de todos los colombianos. Y de contera, son estas las mismas empresas que se han visto favorecidas con largueza con las mentadas gabelas tributarias, las cuales le costaron al país en el corto lapso de 5 años, entre 2003 y 2008, la friolera de $26 billones. Este sesgo de las políticas públicas ha contribuido no sólo a la concentración del crecimiento y el desarrollo sino también a la concentración del ingreso, concomitantemente con la mengua del ingreso per cápita de la periferia.


La funesta dualidad

Este desarrollo dual de la economía del país atenta contra la integración y el desarrollo regional, impide que se desarrollen a plenitud las enormes potencialidades que albergan aún las más remotas regiones y conspira contra las posibilidades de mejorar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) a su población. Por lo tanto son muchas las razones que militan a favor de un giro en las políticas públicas, las cuales deben reorientarse de modo que contribuyan a nivelar la cancha y a corregir los enormes desequilibrios interregionales e intraregionales. Al país, pero especialmente a las regiones, les ha hecho mucho daño la falsa disyuntiva entre la equidad regional y la eficiencia – país, la cual ha hecho carrera entre los formuladores de la política macroeconómica. Se asume desatentadamente que cualquier inversión dirigida al desarrollo regional incurrirá en costos de oportunidad en términos de crecimiento económico del país como un todo. Por cuenta de esta distorsión el país sigue asumiendo el costo de un “arancel” geográfico que le significa a las empresas que siguen localizadas en el altiplano estar a más de 1.000 kms de la costa Caribe y 500 kms de la pacífica. Dicho “arancel” se traduce en sobrecostos en los fletes, lo cual le resta competitividad a las exportaciones colombianas. Todo ello nos lleva a afirmar que la centralización del poder político y la concentración del poder económico en este país no es un hecho fortuito, sino que responde a un direccionamiento de las políticas públicas que han prevalecido casi sin interrupción desde los albores de nuestra independencia hace 200 años. Las tensiones entre el centralismo y el federalismo en el Siglo XIX, que terminó con la derrota de este último en la batalla de la Humareda, se reprodujo a mediados del Siglo XX, esta vez entre el centralismo y la descentralización; luego, a partir de la Constituyente de 1991, la lucha feral entre el centralismo que se resiste a desaparecer y el autonomismo de las regiones (6) ha estado al orden del día.

Por una política económica regional

Atinadamente el investigador Adolfo Meisel plantea la urgencia de contar con una política económica que consulte el interés regional, la cual deberá estar basada en estos tres elementos, a saber: debe ser una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno y las coyunturas económicas. Se trata de una política integral, en la cual todas las intervenciones del Estado en las zonas rezagadas esté orientada a dinamizar el crecimiento y a reducir la pobreza de sus habitantes, en el entendido que la inversión estratégica para las regiones rezagadas es la inversión en el capital humano de sus habitantes. La lucha contra la pobreza debe tener un claro componente espacial, pues ella no se distribuye en el territorio al azar sino que se concentra en ciertas regiones. Sólo de este modo se puede encausar a las regiones marginadas del país por la senda del desarrollo sostenido y equitativo.

Mientras ello se logra es indispensable contar con una estrategia tendiente a morigerar los devastadores efectos sociales del modelo económico centralista predominante y a ello apunta precisamente la iniciativa del Caribe colombiano de crear un Fondo de Compensación y Equidad Regional (FCER), que ayude a que el gasto del gobierno central coadyuve a equilibrar las disparidades fiscales entre unas regiones y otras, buscando una nivelación como punto de partida de esta rectificación histórica del injusto trato recibido por la periferia, a través de una estrategia de convergencia para reducir la creciente desigualdad entre unas y otras regioness y también al interior de las regiones mismas. Para lograrlo es menester que este sea un objetivo explícito de las políticas públicas y no un efecto colateral de las mismas, así como es de imprescindible la voluntad política por parte de quienes tienen en sus manos el poder de decisión, los cuales se siguen mostrando tan renuentes como reticentes. Los pueblos soportan con estoicismo la pobreza, pero definitivamente lo que no toleran es la desigualdad; llegó la hora de las regiones en Colombia, el gobierno de la Unidad Nacional debe tomar nota de ello.

Notas:
1) Amylkar D. Acosta M. Crecimiento sin empleo. Agosto, 1 de 2005
2) BID. Nora Lustig, Omar Arias y Jamele Rigolini. Reducción de la pobreza y crecimiento económico: la doble causalidad
3) Esta densidad es calculada sobre la red troncal, las vías departamentales y municipales. El promedio nacional no contempla la Amazonia y la Orinoquia.
4) Portafolio. Febrero, 4 de 2005
5) Alvaro Uribe Vélez, Presidente de la República. Informe al Congreso de la República. 2008
6) Amylkar D. Acosta M. La autonomía regional, alternativa de desarrollo. Febrero de 2010.

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El mapa de la judicialización de la protesta social en Misiones

Sebastián Korol (REVISTA SUPERFICIE, especial para ARGENPRESS.info)

“No lo vamos a dudar. Recurriremos a la justicia cada vez que sea
necesario para garantizar que quienes ejercen el derecho a reclamar
no impidan la libre circulación de los demás ciudadanos”.
Jorge Franco
Ministro de Gobierno de Misiones

“El poder público persigue penalmente a quienes participan en
protestas sociales, en vez de ver a estos hechos como un homenaje a
la democracia. Son actos de heroísmo de personas que, con gran
coraje cívico y a pesar de haber sufrido situaciones tremendas, se
levantan y reclaman al Estado que cambie su actitud”.
Roberto Gargarella
Sociólogo, abogado constitucionalista

Desempleo, precarización laboral, explotación, pauperización educativa, abandono sanitario, hambre. Las causas enumeradas obligaron a trabajadores (ocupados y desocupados), peones rurales, estudiantes, afectados por represas, padres y vecinos autoconvocados de diferentes puntos de la provincia de Misiones a tomar las calles, rutas, edificios públicos y plazas en reclamo de soluciones al gobierno del Frente Renovador. Las respuestas obtenidas: represión, persecución política, criminalización, judicialización.

La política de la mano dura se impuso como oficial en el Estado del “Crecer más, crecer en paz”. Prueba de ello es que en los últimos tres años se abrieron más de cuarenta procesos judiciales contra luchadores populares, de los cuales varios ya se encuentran en avanzada instancia, próximos a dictamen de sentencia.

La judicialización de la protesta social es una realidad que atraviesa a todo el territorio nacional. Según estimaciones del espacio “Encuentro Memoria Verdad y Justicia” -integrado por más de 300 organizaciones de Derechos Humanos, políticas, sindicales, sociales y estudiantiles de todo el país- actualmente existen en Argentina cerca de 5.000 personas procesadas por participar de protestas sociales.

Conforme a datos oficiales, la provincia con mayor incidencia de pobres (29,5%) y la segunda en indigentes (7,9%) del país es Misiones (Inti, 2009). Vastos sectores de la población misionera tienen vulnerado los más elementales derechos: alimentación, trabajo, vivienda, salud, educación, seguridad social.

En la tierra colorada también está vedado el derecho a la protesta. “El primer derecho”, como destaca el constitucionalista Roberto Gargarella, para quien el reclamo social constituye la base para la preservación de los demás derechos. “Si esto falta hay razones para pensar que todo lo demás puede caer. Si esto no falta, uno puede reclamar por todo lo demás. En el núcleo esencial de los derechos de la democracia está el derecho a protestar, el derecho a criticar al poder público y privado. No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsistir”, advierte.

Durante la década del '90 emergieron en Argentina nuevas formas de protesta, caracterizadas por la acción directa como el corte de ruta (piquete), el escrache (acción de repudio), los levantamientos comunitarios (estallidos sociales y puebladas), entre otros. El nuevo ciclo de protesta fue desplazando a repertorios tradicionales de acción colectiva, como la huelga y las grandes concentraciones políticas, propias de etapas anteriores. Y entre las nuevas modalidades se instaló con mayor fuerza el corte de ruta, como herramienta de resistencia contra el neoliberalismo.

Siempre que algún piquete o movilización tiene lugar sobre rutas o calles de Misiones funcionarios del gobierno provincial, jueces, fiscales, políticos y periodistas levantan la voz casi al unísono para expresar que “los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro", en referencia al derecho a la “libre circulación”.

Según entienden importantes juristas y doctrinarios, no es posible equiparar el derecho a peticionar con el derecho a transitar, ya que los actores o grupos sociales no se encuentran en la misma condición socieconómica. Quienes llegan al piquete u otra medida de fuerza (movilización, toma de edificio público, sentada, huelga, etc) están en una situación de evidente desventaja, ya que agotaron las instancias formales y/o administrativas, las autoridades no los atendieron y tampoco tienen recursos para acceder a los medios de comunicación masiva. Es por ello que ven en el corte de ruta o calles, la última salida para hacer valer los derechos que apuntan a la consagración de sus vidas.

Ante esta situación, el Estado ejecuta respuestas violentas, criminaliza a sus actores y los judicializa, en lugar de otorgarles una protección especial y una efectiva y rápida solución a los problemas que ponen sobre el tapete.

Lista negra Renovada

“La persecución judicial contra los luchadores sociales significa que el Estado represor está intacto y que no dudan en desplegar toda la fuerza para acallar a quienes reclaman”, expresa desde Puerto Iguazú la docente y militante del Polo Obrero (PO) Ramona Romero, caso emblemático de la judicialización de la protesta social en Misiones. La mujer, junto con siete padres autoconvocados (Edgardo Landa, José Aquino, Evaristo Barroso, José Luis Suárez, Alberto Escobar, Santiago Galeano) y el sindicalista Angel Sosa, fueron procesados en agosto de 2008 por reclamar mejores condiciones educativas para las escuelas más pobres y abandonadas de la ciudad de las casi-maravillosas Cataratas. “No sólo estoy en las puertas de un juicio oral, sino que durante los activos reclamos que llevaban a cabo los padres defendiendo la educación de sus hijos, he sido sistemáticamente perseguida, con causas prefabricadas, presiones psicológicas por parte de las autoridades con acoso policial y separada del cargo de directora de la Escuela 694 de modo totalmente ilegal”, señala.

Apoyar y solidarizarse con los históricamente hambreados y pisoteados tareferos (peones de la yerba mate) de Montecarlo, fue motivo suficiente para que la Justicia también imputara y procesara a Rubén Ortiz y Carlos Di Marco, integrantes de la mesa de conducción del Movimiento Social de Misiones (MSM). “En nombre del derecho a la libre circulación, que quizás en esta lucha la ponemos en juego, lo que se trata de tapar es el derecho a la alimentación. Cuando vamos a la ruta lo que estamos defendiendo es el derecho a la comida, el derecho a la vida. Creo que con esto de criminalizarnos están tratando de tapar la destrucción de trabajo y de vida y el hambre que genera el modelo productivo centrado en las pasteras y en los megaaserraderos. Los criminales acá son los ministros de Agricultura y los gobernadores que afianzaron, de la dictadura en adelante, el modelo de la pastera. Esos son los criminales, los que deberían hoy rendir cuentas”, enfatiza Ortíz. Di Marco agrega: “Claramente es un intento de disciplinamiento del legítimo reclamo social de los sectores de mayor vulnerabilidad. Es como una 'espada de Damocles', de intentar mantener una presión contra algunos dirigentes para quitarles libertad de conciencia y de movimiento”.

Desde Eldorado, el vocero de los docentes autoconvocados de esa localidad y también integrante del PO, Aníbal “Tato” Zeretzki, sostiene: “La escalada de procesos judiciales contra los que pelean es la expresión de la impotencia de este gobierno de los 'derechos humanos' ante el reclamo organizado por parte los diferentes sectores de trabajadores y movimientos sociales frente a la precarización de las condiciones laborales”. El dirigente acumula dos causas en su contra por luchar contra la designación del oficial de policía Darío Sarubbi como director de un colegio público; y en similar situación se encuentran los padres autoconvocados Francisca Duarte, Hilda González, Nancy Urbina y Jorge Mereles, y la docente Roxana Feierabend. Además, Zeretzki tiene otra causa por participar en un corte de ruta junto a trabajadores desempleados de la “Capital del Trabajo”. Sostiene que “la respuesta ante estos atropellos no puede ser otra que la solidaridad activa del conjunto de los trabajadores”.

María Antonella Scappini y Daniela Judith Fontana, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón, fueron procesadas en abril de 2009 por participar junto a vecinos de una decena de barrios de Posadas de un corte en la Ruta Nacional 12, en reclamo de bolsones de comida, planes sociales y trabajo genuino. “El gobierno judicializa la protesta como un intento de tapar las problemáticas sociales. Llamativamente, se abren causas en un contexto de profundización de la lucha de sectores populares de diferentes puntos de Misiones: tareferos, desocupados, afectados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y trabajadores precarizados”, observa María Antonella.

A fines de septiembre 2009, se desató una feroz represión contra afectados por la represa de Yacyretá de la Capital provincial que intentaban cortar pacíficamente la ruta 12 a la altura del arroyo Zaimán. Dos personas fueron fuertemente golpeadas y detenidas y están procesadas por interrumpir el tránsito y desobedecer “a la autoridad”. Son Brígido Olivera, vocero de los afectados por la represa y Roberto Gutiérrez, técnico electricista del barrio Poujade. Desde hacía varias semanas los dirigentes resistían junto a decenas de vecinos, a los desalojos compulsivos que se venían ejecutando desde el ente binacional. Y reclamaban que el 51 por ciento de los ingresos por la venta de energía de la EBY se destine a acción social y al cuidado del medio ambiente. “Nosotros nos manifestamos en la ruta porque nos habían dejado sin nada. Nos manifestamos en defensa de nuestros derechos, en defensa de los más elementales Derechos Humanos”, señala Gutiérrez.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la figura de su secretaria general Nora Dedieu, tiene dos causas abiertas por llevar adelante manifestaciones en calles y edificios públicos: Un reclamo y una acción frente al edificio de Hacienda en agosto de 2008, y otra movilización en el Ministerio de Salud, en demanda de mejoras en el tercerizado, precario y nocivo servicio de limpieza, que dejó en mayo de ese año tres víctimas fatales y siete intoxicados graves. La dirigente gremial considera que “la actitud del gobierno es totalmente repudiable, en vez de escuchar y abrir espacios de diálogo para dar una respuesta concreta y satisfactoria a las necesidades de la comunidad, lo que recibimos es la judicialización y la represión”. Por su parte, Norberto Godoy, delegado del gremio en la sede central del Registro de las Personas -que funciona en la Capital provincial- fue procesado días atrás por participar de una protesta pacífica en el edificio del organismo, en reclamo por las malas condiciones edilicias y laborales de los empleados de la institución.

También en Posadas, 25 dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se encuentran procesados por participar de manifestaciones callejeras y por supuestos delitos cometidos el 5 de marzo, luego de la feroz represión policial desatada contra mujeres y hombres desempleados. Los manifestantes, llegados de una veintena de barrios periféricos de la ciudad, acampaban desde hacía tres días en la coqueta Plaza 9 de Julio en demanda de fuentes de trabajo. Federico Padolsky, uno de los procesados de la organización, observa que la judicialización de la protesta “es una política que está llevando adelante el kirchnerismo a nivel nacional, es la nueva manera que tienen de perseguir políticamente. Ya no se es un dirigente social perseguido y judicializado, sino un delincuente común. Porque como tienen el verso de los Derechos Humanos, intentan mantener ese discurso. Pero acá hay una realidad: hay muy pocos genocidas de la última dictadura presos y hay más de 5000 dirigentes populares procesados en el país por luchar”.

Derecho constitucional

El abogado constitucionalista y sociólogo Roberto Gargarella, profesor de “Derecho Constitucional” en las universidades Torcuato Di Tella y la Nacional de Buenos Aires, reflexiona que la criminalización de la protesta social implica “pensar la protesta a partir del derecho penal y además pensarla dando una cierta respuesta que apunta al hostigamiento, la hostilidad institucional hacia la protesta. A mi me parece que los dos puntos son errados, primero porque la protesta merece ser pensada desde otro lado, sobre todo cuando hablamos de protestas vinculadas con derechos fundamentales sistemáticamente violados. Y segundo, y para aquellos que quieren pensar la protesta desde el código penal, lo que ya de por sí es un error, porque el código penal también prevé muchas herramientas y la selección de herramientas que se hace también es indebida”.

Aunque no aparece expresamente consagrado en la Constitución Nacional, el derecho a la protesta deriva del juego armónico de los artículos 33, 75 inciso 22 (convenciones y pactos de derechos humanos), 14 (el derecho a peticionar), artículos 14 y 32 (derecho a la libertad de expresión), artículo 14 (derecho de reunión), artículo 14 bis (derecho de huelga) y artículo 36 (derecho de resistencia).

“La protesta social es otra forma o medio de peticionar ante las autoridades, con el fin de hacer cumplir, exigir o hacer reconocer derechos, con la diferencia de que se trata de un medio informal, que no se agota en un mero pedido o solicitud a la autoridad, sino por el contrario implica otras cuestiones como la de reunión, libre asociación o participación social y política en el espacio público, la libertad de expresar y hacer saber sus opiniones”, se apunta en el manual de derechos humanos para organizaciones sociales “El derecho a tener derechos” (2009).

Uno de los coordinadores de la citada obra, el abogado, sociólogo y docente en la Universidad Nacional de La Plata Esteban Rodríguez, sostiene que la criminalización de la protesta “es una de las manifestaciones de la judicialización de la política, la posibilidad de transformar los conflictos sociales en litigios judiciales; de leer la realidad bajo la lupa del código penal”. Y advierte que se pretende despolitizar, deshistorizar, y “sacar de contexto a los conflictos sociales, así como también emplazar a otras instituciones como interlocutores de los problemas sociales”.

Asimismo, analiza que la violencia institucional “es la mano derecha del Estado, la manera que eligió el Estado de Malestar para estar en una sociedad cada vez mas polarizada, segregada y compartimentada; pero también son las prácticas represivas que nunca se desandaron en la democracia. Estas prácticas constituyen una rémora de la última dictadura en el Estado y también en la sociedad en general. Porque sabido es que no hay represión sin ciertos niveles de consenso social”.

El látigo procesal con que se marca a quienes participan de protestas sociales en Misiones no hace más que agravar la acuciante situación de injusticia social . El Estado debería detener esta política persecutoria y criminalizadora, atender seriamente las problemáticas que originan las medidas de fuerza entre los sectores más postergados y ordenar, de forma inmediata, el desprocesamiento de todos los dirigentes sociales de la tierra colorada injustamente judicializados.

Fuentes consultadas:
1) GARGARELLA, Roberto. El derecho a la protesta. El primer derecho. Bs. As., Ad-Hoc, 2005.
2) RODRÍGUEZ, Esteban. Prácticas de Estado. El derecho a la protesta, criminalización, violencia institucional y el nuevo desafío de las organizaciones de derechos humanos.Tomado de la página web del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica: www.ciaj.com.ar.
3) RODRÍGUEZ Esteban, APELLA Gabriel y RELLI Mariana (coordinadores).
El derecho a tener derechos. Manual de derechos para organizaciones sociales. Derechos Humanos. 2009.
4) ARCHIVO. Diario El Territorio.
5) RODRÍGUEZ, Esteban. Entrevista a Roberto Gargarella. Tomado de la página web del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica: www.ciaj.com.ar.
6) SVAMPA, Maristella y PANDOLFI, Claudio. La criminalización de la protesta en Argentina. Tomado de www.maristellasvampa.net
7) ARCHIVO. Prensa Movimiento Social de Misiones.
8) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI). Mapa de Pobreza e Indigencia. Análisis por Provincias y Regiones. Septiembre de 2009.

Sebastián Korol Co-director de Revista Superficie: http://www.revistasuperficie.com.ar

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La trama. Las mentiras y sus personajes

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)
Como dice Graham Greene, en su novela “El Tercer Hombre”, “Ocupaba un lugar preeminente y es en estos casos cuándo los hombres se enloquecen con mas facilidad”.

Esta caracterización se le podría aplicar al matrimonio presidencial.

Efectivamente, desde su llegada al gobierno en el 2003 han intentado adueñarse de la lucha que librara nuestro pueblo resistiendo el Terrorismo de Estado, primero, y luego, desde 1983, tratando de saber la Verdad, reconstruir la Memoria y lograr que se haga Justicia.

La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final y el reconocimiento de los crímenes cometidos desde 1974 hasta 1983, como de “lesa humanidad “, no han sido concesiones graciosas del gobierno de turno, sino el producto de una larga batalla que librara toda la sociedad argentina para cerrar, castigando a los culpables, una de las páginas mas terrible de nuestra historia moderna, en la que el terror estatal generó un verdadero genocidio.

El pasado martes, siguiendo con esta impronta de ocultar detrás de nuestros muertos y desaparecidos, la decisión de ampliar su poder para desarrollar un modelo de país y una política que es claramente una continuidad, en lo económico, de la que se viene ejecutando desde el 24 de marzo de 1976, montaron un tinglado en la Casa Rosada.

Por cadena oficial, denunciaron que la transferencia de las acciones de Papel Prensa que hiciera la familia Graiver en, favor de Clarín, La Nación y la Razón en noviembre de 1976 fue la consecuencia de presiones de todo tipo -incluidas detenciones y torturas- llevadas a cabo por la Dictadura Militar.

Los hechos fueron absolutamente tergiversados.

Una prolija investigación llevada a cabo por Ricardo Molinas, cuándo este estaba al frente da la Fiscalía de Investigaciones Administrativas durante el gobierno de Raúl Alfonsín”, señala que David Graiver falleció el 7 de agosto de 1976 al colapsar el avión privado que lo transportaba desde Nueva York hacia Acapulco en una clara operación ejecutada por la CIA, generando una profunda crisis en el universo financiero-empresarial que había construído.

Su viuda, Lidia Papaleo, junto con Isidoro Graiver, su cuñado y el padre de este, decidieron la venta de las acciones de Papel Prensa a Clarín, La Nación y la Razón, firmando los documentos en las oficinas de Bartolomé Mitre el 2 de noviembre de 1976.

Meses mas tarde, la totalidad de los componentes de la familia Graiver, y los funcionarios y abogados de sus empresas fueron secuestrados por la patota de Camps y Etchecolaz, siendo torturados brutalmente, permaneciendo, algunos de ellos, años en prisión y otros, como Edgardo Sajón y Jorge Rubinstein fueron asesinados por los torturadores”.

Antes de finalizar su mandato el gobierno alfonsinista indemnizó a los Graiver por las empresas que les despojara la Dictadura, no incluyendo a Papel Prensa, que a juicio del Dr. Molinas había sido transferida normalmente, por una decisión libremente tomada por sus propietarios.

En agosto de 1973, cuándo ya el General “estaba en el laberinto” junto a Lopez Rega, Lorenzo Miguel, la Juventud Sindical Peronista -hoy refundada por un hijo de Moyano-entre otros y comenzaba a operar la banda paraestatal -la siniestra Triple A-comenzamos a editar el Diario El Mundo, bajo la dirección de Luis Cerrutti Costa;

ocupando la subdirección, el autor de esta nota.

Como se trataba de un medio opositor el primer problema a resolver era la cuota de papel subsidiado y a un precio razonable que distribuía el gobierno discrecionalmente -

Acompañado por Alicia Eguren, la esposa de John William Cooke, nos entrevistamos con el vicepresidente Vicente Solano Lima el que nos recibió afablemente y nos aseguró que haría gestiones, para resolver favorablemente nuestra petición, ante José Bel Gelbard, que ocupaba el Ministerio de Economía.

Como no tuvimos ninguna respuesta, semanas mas tarde nos entrevistamos con este último, que criticó nuestra línea editorial, considerando que la misma era demasiado “intransigente”, y que al atacar a la burocracia sindical y apoyar a los movimientos de base, generaba muchos enemigos.

Salimos de su despacho un tanto preocupados, pero finalmente obtuvimos la cuota de papel necesaria, quedándonos claro cuan difícil es para una prensa independiente que el insumo básico de la prensa escrita lo maneje, a su arbitrio, el gobierno de turno.

El vespertino fue clausurado el 14 de marzo, por un decreto firmado por Perón y su gabinete.

Es evidente que esta trama contiene mentiras y se apoya en testimonios de personajes de dudosa credibilidad.

Es como dijera Fernando “Pino “ Solanas una verdadera fábula, mediante la cuál se intenta ampliar el poder mediático del oficialismo.

El cantautor cubano Silvio Rodríguez en su último disco tiene una canción titulada “Tonada del albedrío”, que nació, según explica su autor a partir de un ejemplo concreto de la forma en que “los que gobiernan la información mediática trazan paisajes ideológicos “, ”Dijo Guevara, el humano, que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, Debe dar tristeza y frío, ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón artificial “-canta Silvio, esperando, como todos nosotros, que el unicornio azul llegue y nos permita derribar los muros de la mentira.

Manuel Justo Gaggero es abogado, ex Director del Diario “El Mundo”, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires -AABA-.

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Medios, bancos prestamistas y endeudamiento argentino

Miguel Rodríguez Villafañe (PRENSA RED)

Los grupos políticos y económicos-financieros interesados en volver invisible o fuera de agenda el tema del endeudamiento externo ilegítimo tenían y tienen en claro que era y es imprescindible hacerse dueños o manejar y condicionar a ciertos medios de difusión.

En materia de endeudamiento externo ilegítimo en Argentina, particularmente en los últimos 34 años, una de las acciones que facilitaron la trampa y lo indebido fue la cooptación o condicionamiento económico de los medios de difusión por parte de los bancos prestamistas externos y/o por sus representantes. A ello se sumó una dinámica de concentración de medios de difusión, en muchos casos monopólica y/u oligopólica y una actitud cómplice del Estado que garantizó el mercado cautivo a dichas estructuras, al no permitir el ingreso de nuevos titulares de licencias, especialmente en radio y televisión. Se negó sistemáticamente, de manera particular, que las organizaciones de la sociedad civil y de la economía solidaria, como cooperativas, mutuales, accedieran a prestar servicios de radiodifusión.

Los grupos políticos y económicos-financieros interesados en volver invisible o fuera de agenda el tema del endeudamiento externo ilegítimo tenían y tienen en claro que era y es imprescindible hacerse dueños o manejar y condicionar a ciertos medios de difusión.

Por ello dichos grupos, buscaron armar un buen aparato de adormecimiento de los mecanismos de defensa de la sociedad, principalmente a través de los medios de difusión y posibilitar, de esa manera, la mentira constitutiva del ardid necesario para la inaceptable defraudación que se consumó en contra del país y que continúa afectando el futuro, injustamente.

El objetivo de dominación de los medios, que informan y conforman la opinión pública explica, lamentablemente, el hecho de que, hubo que esperar veintinueve años, para que se derogara la Ley 22285 de radiodifusión dictada por el Proceso Militar. Dicha ley era un factor importante en la estrategia de adormecimiento y desinformación de la sociedad en los endeudamientos y pagos indebidos.

El maridaje de intereses que se adueñaron de la política informativa de muchos medios importantes de Argentina estaba claro, durante el Gobierno Militar el autoritarismo y el miedo a su accionar bastaban de freno a cualquier información sobre el accionar estatal. Luego, en 1980, se aseguró el silencio con la Ley 22.285 de radiodifusión y los actores que habilitaba y por último, después, se facilitó que los prestamistas externos se adueñaran o condicionaran los medios de difusión.

Lo referido permitió que se confirmara la lógica por la cual los sectores financieros usurarios acuden a potenciar la “censura” en las dictaduras. Después, en las Democracias, utilizan la “manipulación mediática” a través de los grupos concentrados, monopólicos u oligopólicos, que dichos intereses conforman o financian, al servicio de su discurso único y sus intereses financieros.

Baste señalar, a manera de ejemplo, que a fines del año 1999 el Banco de Inversiones de Estados Unidos Goldman Sachs compró el 18 % de las acciones del Grupo Clarín S. A, grupo este mutimediático de mayor presencia y penetración de opinión en Argentina, propietario en distintas proporciones de gran cantidad de medios de difusión gráficos, radiales y televisivos, (Canal 13 de Buenos Aires y Canal 12 de Córdoba; diarios Clarín, Olé, La Razón, La Voz del Interior y Día a Día de Córdoba)., entre otros emprendimientos gráficos; Radio Mitre -Cadena Mitre, Cadena 100, Cadena Top 40 con radios diversas en el interior del país-; la agencia de noticia Diarios y Noticias -DYN-; el sistema de TV por Multicanal”, Cable “luego fusionado a “Cablevisión”; etc.). También uno de los dueños de “Papel Prensa S.A.” que fabrica uno de los insumos más importantes de los diarios, como es el papel.

Repárese luego, que el Banco Goldman Sachs fue uno de los principales bancos que intermediaron en el llamado “Megacanje”, de mayo de 2001, instrumentado por el Ministro de Economía Domingo Cavallo, durante el gobierno de Fernando De La Rúa. Operación esta última, que agigantó la deuda externa argentina y cuyos mentores y ejecutores se encuentran procesados por la justicia con motivo de dicha operación. Era un banco que a su vez, ponía el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, como es el caso de Henry Paulson, que era secretario general de Goldman Sachs y pasó a ser secretario del Tesoro en la administración del presidente George W. Bush.

Mientras tanto, el 16 de abril de 2010, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, siglas en inglés) acusó a Goldman Sachs de fraude. Se sostuvo que tenía responsabilidad de haber creado y vendido productos vinculados al negocio de hipotecas, que causaron pérdidas por más de mil millones de dólares a inversores tentados por ganancias especulativas, en base a “información distorsionada”. Fueron esos derivados los que, precisamente, dispararon la "burbuja inmobiliaria" y trajo la crisis financiera global.

Los intereses del grupo movieron influencias tremendas para salvarse, obstante ello, en julio de este año 2010, el banco Goldman Sachs debió pagar 550 millones de dólares de multa, para poner fin a la demanda en su contra presentada por la SEC. Se trató de la mayor multa cobrada a una entidad financiera por parte de la SEC en su historia. A su vez, Goldman Sachs tuvo que reconocer formalmente, en el acuerdo al que se arribó, haber dado “información incompleta” a sus clientes. ¿Qué tipo de confiabilidad se podía o puede tener en la información que dicho banco brindaba y brinda, en los medios que le pertenecían y pertenecen, respecto de las operaciones en las que intervenía en Argentina?

Por su parte, el Citibank, una de las entidades financieras más poderosa de los Estados Unidos, en 1997, compró el control mayoritario de Telefónica de Argentina. Empresa ésta que era propietaria del paquete accionario de TELEFE, titular de la licencia de Canal 11 de Bs. As. A su vez, TELEFE y su señal llega a todo el país, por diversos canales, en especial, por los ocho canales de aire de propiedad del mismo grupo de Telefónica, entre otros, el Canal 8 de Córdoba. También ha sido dueña en diversas proporciones accionarias de Radio Continental (AM) y FM Hit, de muchos medios gráficos, (revistas Gente, Para Ti, Billiken, La Chacra y Campo Argentino), de emprendimientos audiovisuales y comunicacionales, como Cablevisión TCI.

Resulta que, en el llamado Plan Brady, instrumentado por Carlos Menem y Domingo Cavallo en 1993, al decir de Alejandro Olmos Ganona, en su libro “La Deuda Odiosa”, refiriéndose a “los bancos acreedores (Morgan y el Citibank) no solo prepararon los contrato, fijando unilateralmente sus condiciones -incluidas las exorbitantes tasas de interés- sino que impusieron sus condiciones, en una negociación que no fue consensuada y ni siquiera discutida con los representantes del poder administrador”.

En 1999, Azul TV, Canal 9 de Bs. As., fue adquirido por Telefónica, de propiedad del Citibank y por la banca de inversiones J.P. Morgan. Asimismo, otro grupo multimediático fuerte de Argentina, el llamado grupo Vila-Manzano, para sus negocios, por los que adquirieron gran parte de los medios gráficos, radiales y televisivos que poseen en el país, denunció la periodista Susana Viau, se hicieron a través de dinero introducido, mediante diversas operaciones y maniobras de transferencias efectuadas por el Citibank.

Además, son socios con dicho banco por ejemplo, en Supercanal, empresa que presta TV por cable, donde un porcentaje accionario es del grupo Clarín-Citibank. Dueños este último grupo de la mayoría de la televisión por cable en el país, ya que poseen también Multicanal y Cablevisión, (Citibank y Goldman Sachs). Además con acciones en Directv, la televisión satelital de Argentina. Señal satelital que, en este país, prácticamente, sube a su grilla solo los canales de los que tenían influencia directa o indirecta los bancos referidos, (Canales 9, 11 y 13 de Buenos Aires).

Como se ve, y como muestra basta un botón, todo se tocaba y toca. Los bancos como el Citibank, Goldman Sachs y J.P. Morgan, prestamistas, gestores de créditos externos, vendedores de influencia, comisionistas, inventores y fijadores del llamado “riesgo país”, cómplices necesarios de operaciones fraudulentas y usurarias en contra de países y pueblos, además, han manejado y manejan directa e indirectamente la información en y de Argentina. Nos dicen que somos y lo que debemos hacer. Ha quedado claro, a través de la historia, que saben mentir y ocultar a favor de sus intereses. Todo lo que debe revertirse a la brevedad.

Miguel Rodríguez Villafañe es Profesor y Abogado constitucionalista especialista en Derecho de la Información.

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Argentina, Santa Fe: La joven sin nombre era "Luci" Gómez

Juan Carlos Tizziani (TMO)

Cuatro jóvenes fueron ejecutadas en febrero de 1976 a mil metros de la autopista. Tres de ellas ya habían sido identificadas. Ahora el Equipo Argentino de Antropología Forense entregó al juez Rodríguez las pruebas genéticas de la cuarta víctima.

La llaman la masacre del camino de Las Moras por el lugar en cercanías de Coronda donde cuatro mujeres jóvenes fueron ejecutadas y sepultadas en una fosa común, en febrero de 1976. Una investigación del juez federal Reinaldo Rodríguez, ya le había devuelto el nombre a tres de ellas en una causa que se inició hace once años. Esta semana, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a la cuarta víctima: Gladys Lucía Gómez ("Luci"), una militante de la Juventud Peronista de 24 años, oriunda de Formosa, que estudiaba Ciencias Exactas en Resistencia y se había refugiado en Santa Fe, a fines de 1975, perseguida por el terrorismo de estado. No pudo escapar. Ella y otras tres compañeras de militancia en la JP: Olga Teresita Sánchez, María Cristina Mattioli y Graciela Cristina Siryi, fueron secuestradas entre el 27 y 28 de febrero de 1976, asesinadas con disparos en la cabeza y las manos atadas a la espalda y enterradas en una fosa común, a mil metros de la autopista a Rosario. Estuvieron como NN más de 30 años, hasta que la justicia comenzó a devolverles la identidad, recuperó las pruebas del crimen y ahora avanza en el juzgamiento de los ejecutores. En diciembre de 2009, el juez Rodríguez procesó al ex jefe del Area 212, coronel José María González, y al ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Roberto José Diab, a quienes imputó 22 y 46 homicidios, respectivamente, entre ellos los de Sánchez, Siryi y Mattioli, a los que deberá agregar el de "Luci" Gómez.

Hasta el hallazgo del enterramiento clandestino en el campo militar San Pedro -en junio último, la masacre del camino de Las Moras era la única fosa común que había sido hallada en la provincia. La descubrió un arriero el 20 de marzo de 1976, en la ruta 64, a mil metros de la autopista, con los cuerpos de cuatro mujeres jóvenes. La dictadura dejó trascender que habían sido "estranguladas" y asoció el caso a una supuesta "trata de blancas", según las crónicas de la época. Falso. Luego los restos fueron inhumados en el cementerio de Coronda como NN, hasta que la justicia comenzó a develar la verdad: eran militantes de la JP ejecutadas con el tiro del final. La primera que se identificó fue Sánchez, el 15 de setiembre de 2004; la segunda, Mattioli, el 6 de setiembre de 2007, y la tercera, Siryi, en abril de 2008.

Faltaba saber quién era la cuarta víctima. Una investigación de la abogada Lucila Puyol y sus compañeros Víctor Salami, Beatriz Pffeifer y Valeria Silva trabajó sobre la hipótesis de que se trataba de otra militante de la JP que se había refugiado en Santa Fe. Lo que en los últimos meses era una reconstrucción histórica en la que colaboraron también otros militantes políticos de Resistencia y de Formosa, se convirtió esta semana en una certeza: los pruebas genéticas revelaron que la joven sin nombre era Gladys Lucía Gómez, de 24 años, según el informe que el Equipo Argentino de Antropología Forense entregó al juez Rodríguez. El análisis se realizó en Córdoba, en el Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (Lidmo EEAF) a cargo del genetista Carlos Bullo, con un resultado del 99,99 por ciento al comparar los perfiles genéticos de los restos de Lucía y con la muestra sanguínea de su madre biológica.

"Esto demuestra la importancia de la memoria", se emocionó Puyol en diálogo con Rosario/12. "Más allá de que se necesita la prueba genética para confirmar la identidad de un desaparecido, es fundamental la reconstrucción histórica con datos y testimonios de los sobrevivientes de la dictadura. Fueron los compañeros de Lucía los que mantuvieron la búsqueda todos estos años y permitieron llegar a este resultado", agregó.

Ayer, Puyol presentó una denuncia para que la fiscal federal Nº 2 Cintia Gómez "inste la acción penal contra quien y/o quienes resulten responsables de la persecución política, secuestro, torturas, desaparición de cadáver y homicidio de Gladys Lucía Gómez".

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Argentina, Chaco: Masacre de Margarita Belén. Ejecutados de un disparo en la nunca, a quemarropa

Gonzalo Torres (CHACO DIA POR DIA)

Así murieron dos de las víctimas del fusilamiento ocurrido el 13 de diciembre de 1976. Es lo que declaró Miguel Nieva, perito del EAAF, en una audiencia especialmente virulenta. Este viernes restituyen los restos de Luis Díaz. “Lucho”, presente.

Fue una jornada larga y agotadora, con declaraciones de siete testigos, (uno por la querella y los restantes por la defensa) que ganó interés a medida que avanzaba y terminó pasadas casi siete horas después de haber empezado.

El protagonismo lo tuvo el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense desde el año 2005 a la fecha para la identificación de los cuerpos NN de militantes asesinados en la Masacre de Margarita Belén.

Primero, un enfermero convocado al Regimiento de La Liguria a realizar pericias forenses a un grupo de cuerpos de asesinados y un suboficial encargado de reparar el camión acribillado el 13 de diciembre declararon que no vieron, ni oyeron, ni preguntaron, ni quisieron saber nada.

Después cuatro peritos de la defensa deslizaron tímidamente sus críticas al trabajo del EEAF. Justamente, en el final estuvo lo mejor; el licenciado en criminalística Miguel Nieva, del Equipo, realizó una exposición contundente y sin fisuras, y explicó las etapas del trabajo de investigación, exhumación y análisis de los restos óseos perteneciente a cinco asesinados en la Masacre de Margarita Belén.

Ellos son: Carlos Zamudio, Emma Cabral, Luis Díaz, Alcides Bosch y Carlos Duarte. El primero presentaba “una fractura de fémur izquierdo al momento de la muerte” y los dos últimos “orificios de bala en el cráneo, con una trayectoria desde atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo”.

Hubo además escenas de pugilato verbal entre las partes que hicieron la delicia del público presente. “Están muy belicosos”, advirtió la presidenta del Tribunal Oral Federal, Gladys Yunes, aguantándose la risa, durante uno de los choques entre querella y defensa.

Este viernes, en la sede del Tribunal de calle Yrigoyen fueron entregados los restos de Luís Díaz a su familia.

Nieva, perito forense oficial, claro y preciso, desarrolló su exposición con un power point y después contestó preguntas del Tribunal y las partes sobre su trabajo en octubre de 2005 y años posteriores.

Describió el estado de los cuerpos de Cabral, Díaz, Duarte (este último caso con una pericia realizada en julio pasado) Zamudio y Bosch.

Explicó el estado de los restos óseos y los distintos rastros de las heridas que encontró en ellos. Después de la exhumación se realizaron análisis en laboratorio: placas de radiografía y estudios de odontología entre otros exámenes.

En el caso de Lucho, se encontraron con un esqueleto muy degradado por el paso el tiempo, por lo cual no pudieron constatar lesiones. Las de Duarte y Bosch presentaban el cráneo con orificios compatibles con el ingreso de un proyectil. Pudo reconstruirse la trayectoria, lo cual develó que ambos fueron ejecutados desde atrás y a muy corta distancia. “Este tipo de lesiones, producto de ejecuciones, es típica en las exhumaciones que realizamos en el EAAF” contó Nieva.

Zamudio tenía una fractura perimortem en el fémur izquierdo. “Este tipo de lesiones se producen en el momento circundante a la muerte, antes, o muy poco después. El golpe tiene que haber venido desde adelante, se descarta que haya sido originada por un proyectil, y devela mucha energía”, precisó.

Trabajó en casos de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar junto con Juzgados de Resistencia, Sáenz Peña, Santa Fe, Bahía Blanca, entre otros. En el exterior, colaboró en Kosovo, Colombia, Paraguay, y Bolivia. Es docente en Rosario y en la UBA, en la carrera de posgrado de Medicina Legal.

En cuanto al protocolo que se sigue en los trabajos de exhumación afirmó:" Hacemos un trabajo científico, el protocolo señala la metodología a seguir, pero hay que adaptarse a las distintas condiciones de trabajo". En cuanto a la función de un geólogo opinó que su utilidad en el caso en cuestión es bastante nula, "sirve para localizar sepulturas clandestinas, pero en una exhumación no tiene mucho sentido".

El enfermero y el militar

Eusebio Rodolfo Gómez, enfermero. Fue dubitativo: “Creo que trabajaba en sanidad policial el 13 de diciembre de 1976” arrancó. Era enfermero y secretario personal del Doctor Saénz, el médico que realizó una serie de pericias a una decena de cadáveres en el Regimiento de La Liguria. “No sé absolutamente nada”, dijo y explicó que se quedó en el patio de armas, sin penetrar en los galpones donde estaban los cuerpos. Preocupado, aclaró “No participé en nada. Soy diácono, me enseñaron a vivir en paz y a decir la verdad”. Sin embargo negó saber, o haber visto algo de interés para develar la verdad de los hechos. Por declaraciones suyas anteriores pudo saberse que en el libro de registro de Sanidad aparecen asentada dos visitas al Regimiento, una con Sáenz y el enfermero Blas Verón, (cuando declaró dijo no recordad si había estado Gómez) y otra, más temprano, con el médico de la policía, imputado en la causa “Caballero 2” y testigo fallido Héctor Grillo.

El militar José Alfonso, retirado de 74 años, es suboficial mayor. En 1976 se encargaba de la columna de automotores de la compañía de Comunicaciones 7, bajo las órdenes del mayor Athos Rennes –imputado-. Con los hombros caídos y cierto desgano, respondió preguntas y contó lo poco que sabe.

Después del 13 de diciembre, le entregan un camión Mercedes Benz 11.14, lavado, sin toldo, con el costado izquierdo averiado por una balacera y un parabrisas o una puerta destrozada. Lo arregló y lo pintó. “Me dijeron que habían atacado la columna”. Es todo lo que sabe. Nunca preguntó nada más al respecto.

Recordó la existencia de una ambulancia Unimog y contó que el parque automotor quedaba cerrado en su ausencia. “La llave la tenía yo, y el duplicado estaba en el despacho de Rennes”.

Peritos de la defensa

Los peritos por la defensa atacaron el trabajo realizado por el EAAF, de forma solapada; objetando formalismos o diferencias de criterio para impugnar la validez de las muestras:

-Elvira Venthey: en 2005 fue auxiliar de campo, en 2006 perito de parte. “Tuvimos escasa participación”, se quejó. Reconoció que era Carlos Skidelsky, juez de la instrucción, el que dirigía los trabajos. Preguntada por si había realizado un informe en disidencia dijo que no, que las hicieron constatar en el informe final. En este momento el testimonio de la testigo se vuelve confuso, primero desliza que no se le habría permitido dejar constancia de sus críticas, para después afirmar que el que instruía la causa era el fiscal Jorge Auat, visiblemente nerviosa.

Entonces el fiscal Wiens Pinto solicitó que se le recuerde a la testigo el 275 (que habla sobre el “testigo falso o reticente”) ante la mirada fulminante de la esposa Losito, pero la sangre no llegó al río, ya que la testigo fue disculpada ante el lapsus por el Tribunal porque ese tema no forma parte de la causa. Continua su declaración, criticando que no se hayan utilizado guantes, y afirmando que se esa manera se puede contaminar una muestra, pero reconociendo que no sabe cómo.

El licenciado en criminalística Daniel Bled y el médico legista Claudio Scalamogna fueron los más formales del grupo, sobre todo el segundo que no hizo objeciones al trámite y afirmó haber realizado su trabajo conforme a las normas que lo rigen. Bled manifestó que el lacrado y empaquetado de las cajas con las muestras de restos óseos estuvieron bien hechas y siendo un perito propuesto por los imputados se quejó de no haber podido trabajar en equipo con los profesionales del EAAF, con una dilatada trayectoria nacional e internacional en la identificación de los cuerpos NN de víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Roberto Torrás, el barbado y voluminoso geólogo, simpático, con apariencia de duende súper desarrollado, comenzó con un furcio: ante una pregunta introductoria al cuestionario realizada por el abogado defensor Carlos Pujol respondió: “Sí señor fiscal”, fuerte y claro, y las risas fueron totales.

Varias veces recalcó que “no habla pavada” contó que lo suyo fue el peritaje geológico en las “calicatas” (fosas) con un estudio “megascópico” ( con lupa, sin microscopio) para el análisis sedimentológico, la granulometría y un largo etcétera de no haber sido re encauzado a la materia de análisis por la jueza.

Te espero a la salida

Hasta esta jornada, la vigésimo segunda, siempre los chispazos verbales se produjeron en la sala de audiencia, momento en que se tiran contra todos, querella vs defensa, fiscalía vs defensa o el Tribunal llamando al orden a las partes, más un largo etcétera..

Pero en este caso, el cruce más fuerte se dio después del cuarto intermedio post declaración de Elvira Venthey. El inefable Pujol acusó al Fiscal Wiens Pinto: “Coaccionó a la testigo”, denunció.

Es que el fiscal Pinto encaró a la mujer en el pasillo que lleva a la sala, cerca del baño, una zona muy concurrida en ese momento, con agentes del SPF, gendarmes, y familiares de víctimas e imputados.

Contó que le pidió a la mujer que le presente las denuncias a las que se había referido en su declaración, porque en su papel de fiscal tiene obligación de investigar. “Además, no existen las coacciones cuando el testigo finalizó su declaración”, aleccionó. “Pídalo en la audiencia”, lanzó en plena cara la jeza Yunes. “Cuando yo quise hacerlo, no me dejaron”, contragolpeó el fiscal. Pero la cosa quedó ahí. “Hoy (por este jueves) están muy belicosos”, sentenció la jueza.

Edición: Marcos Salomón

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