viernes, 17 de septiembre de 2010

Proyecto Censurado 2011 # 02: El Pentágono es el principal contaminador del planeta


Sara Flounders (INTERNATIONAL ACTION CENTER), Mickey Z (PLANET GREEN), Julian Aguon (DEMOCRACY NOW!) y otros. Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

El militarismo de Estados Unidos es responsable de la contaminación más notoria y extensa del planeta, pero esta información y la documentación disponible han sido completamente ocultadas. A pesar de las pruebas, las organizaciones ambientales pasan largamente por alto el impacto al medio ambiente de la actividad militar de Estados Unidos, que tampoco fue foco en ninguna de las discusiones o restricciones propuestas en la reciente Conferencia de la ONU sobre el Cambio de Clima, en Copenhague. Este impacto incluye el uso desinhibido de combustibles fósiles, creación masiva de gases de efecto invernadero y una gigantesca diseminación de contaminantes radiactivos y químicos en el aire, agua y suelo.


Las extensas operaciones militares globales de Estados Unidos (guerras, intervenciones y operaciones secretas, más de 1.000 bases en todo el mundo y 6.000 instalaciones en Estados Unidos) están exentas de límites contra gases de efecto invernadero. En International Action Center, Sara Flounders escribió: “En cualquier medida, el Pentágono es el usuario institucional más grande de productos petrolíferos y de energía en general. Pese a todo esto, el Pentágono tiene una exención combinada en todos los acuerdos internacionales sobre el clima”.

Mientras los informes oficiales de Estados Unidos reportan el uso militar de 320.000 barriles diarios de petróleo (50,9 millones de litros), ésa cantidad no incluye el combustible consumido por los contratistas, o en instalaciones arrendadas o privadas, o en la producción de armas. El aparato militar de Estados Unidos es el principal generador de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que la mayoría de los científicos creen culpable del cambio de clima. Steve Kretzmann, director de Cambio Internacional del Petróleo, informó que “la guerra de Iraq fue responsable de por lo menos al equivalente a 141 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (MMTCO2e) desde marzo de 2003 a diciembre de 2007. (…) Esa guerra emitió más del 60% que todos los países. (…) Esta información no se encuentra fácilmente… porque las emisiones militares en el extranjero están exentas de los requisitos de información nacionales dispuestos por la ley de Estados Unidos y el Convenio Base de la ONU sobre Cambio de Clima”.

Según Barry Sanders, autor del libro The Green Zone; the Environmental Costs of Militarism (“La zona verde, costos ambientales del militarismo”), “el asalto más grande al ambiente, entre todos nosotros alrededor del globo, proviene de una sola agencia, …las fuerzas armadas de Estados Unidos”.

A través de una larga historia de preparativos militares, acciones y guerras, el militarismo de Estados Unidos no ha sido señalado como responsable de los efectos de sus actividades sobre el ambiente, la gente o los animales. Durante las negociaciones de los Acuerdos de Kyoto, en diciembre de 1997, Estados Unidos exigió como condición para su firma la exención de límites o reducciones para cualesquiera y todas sus operaciones militares por todo el mundo, incluyendo acciones con participación de la ONU y la OTAN. Después de lograr esta concesión, la administración Bush rechazó firmar los acuerdos y el Congreso de Estados Unidos aprobó una disposición explícita que garantizaba al uso militar de Estados Unidos la exención de cualquier reducción o límite de energía.

Los informes de la periodista ambiental Johanna Peace divulgaron que las actividades militares continuarán estando exentas por efecto de un decreto firmado por el presidente Barack Obama que pide reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020 a otras agencias federales. Peace aseguró que “los militares explican más del 80% de la demanda energética del gobierno federal”. Tal como están las cosas, el departamento de Defensa es el contaminador más grande del mundo, produciendo desechos más peligrosos que las cinco más grandes compañías químicas de Estados Unidos combinadas. Uranio empobrecido, petróleo, combustibles, pesticidas, agentes defoliantes –como el Agent Orange–, plomo y vastas cantidades de radiación de armamento producido, probado y utilizado, son apenas algunos de los agentes contaminadores que el militarismo de Estados Unidos está introduciendo en el ambiente.

Algunos ejemplos clave:

- Uranio empobrecido: Decenas de millares de kilógramos de micro partículas radiactivas y de basura altamente tóxica contaminan el Oriente Medio, Asia Central y los Balcanes.

- Minas y bombas de dispersión fabricadas por Estados Unidos, regadas por extensas áreas de África, Asia, América Latina y Oriente Medio, continúan causando muerte y destrucción incluso mucho después que han cesado las guerras.

- 35 años después de la guerra de Vietnam, la contaminación de dioxina es 300 a 400 veces superior a los niveles “seguros”, dando por resultado defectos severos de nacimiento y cánceres en la tercera generación.

- Las políticas militares y las guerras de Estados Unidos en Iraq han causado la desertificación severa del 90% de la tierra, transformando a Iraq de exportador de alimentos a un país que importa el 80% de su comida.

- En Estados Unidos, las bases militares coronan la lista de lugares más contaminados, donde el perclorato y el tricloroetileno se filtraron al agua potable, acuíferos y suelos.

- Las armas nucleares probadas en el sur-oeste de Estados Unidos y las Islas del Pacífico Sur han contaminado con radiación millones de hectáreas de tierra y agua, mientras tizones de uranio profanan las reservaciones de los indios Navajo.

- El Pentágono abandonó criminalmente en sus bases alrededor del mundo barriles herrumbrados repletos de sustancias químicas, solventes y millones de rondas de munición.

- Estados Unidos planea un enorme rearme militar, por 15 mil millones de dólares, en la isla Guam, en el Pacífico. El proyecto, que transformaría a la isla de 50 km de largo en un eje importante para las operaciones militares de Estados Unidos en el Pacífico, se ha descrito como el rearme militar más grande de la historia reciente y podría llevar tanta gente como 50.000 personas a esa minúscula porción de tierra. El abogado de derechos civiles Julian Aguon, de la etnia chamoru –nativa de Guam–, entrevistado por Democracy Now!, advirtió que esta operación militar traerá a la isla consecuencias sociales y ambientales irreversibles. Como un territorio no incorporado, o colonia de Estados Unidos, la gente no tiene derecho a la autodeterminación, ni posee ningún medio gubernamental como para oponerse a una ocupación impopular y destructiva.
Entre 1946 y 1958, Estados Unidos arrojó más de 60 armas nucleares sobre Islas Marshall. La cercana población chamoru de Guam, que además está en la dirección del viento, todavía experimenta alarmantes tasas altas de cáncer relacionado.

En la Colina del Capitolio [Congreso], la conversación se ha restringido a si los esperados trabajos en la construcción militar deben otorgarse a estadounidenses del continente, a trabajadores extranjeros o a residentes de Guam. Pero raramente oímos voces y preocupaciones sobre los indígenas de Guam (la etnia chamoru), que constituyen más de un tercio de la población de la isla.
Entretanto, como si el mundo ya no estuviera bastante contaminado por el militarismo de Estados Unidos, un nuevo plan estratégico de cinco años de la marina de guerra delinea la militarización del Ártico para defender la seguridad nacional, riquezas submarinas potenciales y otros intereses marítimos, anticipándose a que el océano congelado se derrita y abra sus aguas hacia 2030. Este es un plan estratégico para las operaciones de ampliación de la flota, desarrollo de recursos, investigación, turismo, y posiblemente podría reformular de nuevo el transporte global.
Mientras el plan propone “asociaciones fuertes” con otras naciones (Canadá, Noruega, Dinamarca y Rusia, que también han hecho inversiones sustanciales en armamento militar apto para el Ártico), es muy evidente que Estados Unidos planea aumentar su presencia militar y capacidad naval de combate. Además del rearme naval previsto, Estados Unidos estacionó en Anchorage, Alaska, 36 aviones de combate F-22 Raptor, que es el 20% de su flota de esos aparatos.
Algunos “Ítems de Acción” del documento Mapa Itinerario Ártico de la marina norteamericana incluyen:

- Evaluación de la corriente y de la capacidad requerida para ejecutar guerra submarina, guerra expedicionaria, guerra relámpago y cooperación de seguridad regional estratégica en el nivel del mar elevado.

- Determinar amenazas actuales y previstas más peligrosas y más probables en la región ártica en 2010, 2015 y 2025.

- Focos de amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos, aunque también pueden considerarse las amenazas para la seguridad marítima.
Detrás de la apariencia pública que ofrece la cooperación ártica internacional, Rob Heubert, director adjunto del Centro de Estudios Militares y Estratégicos de la Universidad de Calgary, señaló: “Si ustedes leyeron cuidadosamente el documento observarán un lenguaje dual, uno que está diciendo ‘tenemos que comenzar a trabajar juntos’… y (entonces) comienza a decir ‘tenemos que conseguir nueva instrumentación para nuestros oficiales de combate’ …Estamos entendiendo claramente que el futuro no es tan agradable como dicen todas las declaraciones de carácter público”.

Más allá de las preocupaciones por los conflictos humanos en el Ártico y aquellos ofrecidos por el expediente de devastación ambiental elaborado por el militarismo de Estados Unidos, no se están considerando las consecuencias del impacto de la militarización en el ambiente ártico.

Actualización de Mickey Z
Mientras me siento a mecanografiar esta “actualización”, los aviones a control remoto “abejones depredadores” (llamados “drones” en inglés) todavía están volando sobre Afganistán, Iraq y Paquistán, el derrame de petróleo todavía está fluyendo con excesiva efusión en el Golfo de México y 53,3% de nuestro dinero pagado en impuestos todavía está destinándose a los militares de Estados Unidos. Simplemente esperen y el cambio no se sentirá diferente al shock y al temor… pero los grandes medios continuarán propagando mentiras bipartitas.
El vínculo con los movimientos pacifistas y ambientales sigue siendo un paso muy necesario. Como recientemente me dijo Cindy Sheehan, “pienso que una de las mejores cosas que podemos hacer es mirar la conversión económica de la industria de defensa en industria verde, trabajando en formas de energía sustentable y renovable, y/o conectándose con los indígenas que están intentando reclamar por la contaminación del complejo militar-industrial en sus tierras. La mejor cosa por hacer sería comenzar a reclamar por un planeta sano para la vida lo mismo que en el nivel local”.

Bajemos a reconocer las conexiones, reconociendo cómo nos manipulan a favor de las guerras y cómo esas guerras están matando a nuestro ecosistema. También debemos reconocer nuestra conexión al mundo natural. Si viéramos todas las cosas vivas, incluyéndonos a nosotros mismos, como parte de un alma colectiva, ¡cómo podríamos no defender lo que necesita el alma colectiva?

Estamos al borde del hundimiento económico, social y ambiental. En otras palabras, ésta es la mejor época de nunca para ser un activista.

Actualización de Julian Aguon:
En 2010, el pueblo de Guam arrostramos por nosotros mismos una ronda cataclísmica de militarización virtualmente sin paralelo en la historia reciente. El sistema, que comenzará formalmente este año, es un rearme militar que viene en los talones de la decisión de Estados Unidos de agrandar su presencia militar en la región del Pacífico asiático. El centro del esquema militar de realineación de Estados Unidos es el acuerdo todavía caliente negociado entre Washington y Japón para re-localizar de Okinawa a Guam a miles de infantes de marina estadounidenses. Este desarrollo ominoso, ligado a la percepción estadounidense de China como amenaza a su seguridad, presagia grandes daños a la población y al ambiente de Guam, pero continúa siendo virtualmente desconocido para los ciudadanos de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional.

Lo qué está sucediendo en Guam es intrínsecamente interesante porque, mientras Estados Unidos toma decisiones que para nosotros tienen costos etnocidas, prepara sus soldados y pregona a sus ciudadanos que la guerra es una “extensión de la democracia”. En su propio patio trasero proverbial hay una civilización entera supuestamente “norteamericana” aguardando con la respiración entrecortada cómo vendrán millares de personas lejanas, de miles de kilómetros de distancia. Aunque este rearme militar signifique el cambio demográfico más volátil de la historia reciente de Guam, la población de la isla nunca ha tenido una oportunidad de participación significativa en ninguna discusión sobre esta concentración de armamentos. Hasta la fecha, la escasa cobertura periodística del rearme militar se ha centrado casi exclusivamente alrededor de Estados Unidos y Japón, ignorando la oposición de los habitantes de Guam. De hecho, el reportaje de Democracy Now! “Residentes de Guam se organizan contra planes de rearme militar por 15 mil millones de dólares en la isla del Pacífico” fue el primer informe de los medios estadounidenses de buena fe sobre el rearme militar considerado desde 2005.

El corazón de esta historia no está tanto en los detalles más finos del rearme militar, sino que está en el contexto político más grande del colonialismo del siglo XXI en la vida real. Bajo la ley doméstica de Estados Unidos, Guam es un territorio no incorporado. ¿Por qué razón esta isla Guam es un territorio que pertenece a Estados Unidos pero no forma parte de este país? ¿Por qué la Constitución de Estados Unidos no se aplica -necesaria o automáticamente- en Guam si es un territorio no incorporado? En cambio, el Congreso de Estados Unidos tiene poderes amplios sobre los territorios no incorporados, incluyendo el poder de elegir qué porciones de la Constitución se aplican a éstos. En realidad, Guam está sometido a las reglas de la Oficina de Asuntos Insulares del ministerio del Interior de Estados Unidos.
Bajo el derecho internacional, Guam es un territorio sin gobierno propio, o colonia reconocida por la ONU, cuya población todavía tiene el derecho fundamental a ejercer la autodeterminación. El artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, que establece los derechos de las poblaciones de territorios no autónomos, los estados que comandan su administración “reconocen el principio de que los intereses de los habitantes son supremos”. Estos “poderes de administración” aceptan como “creencia sagrada” la obligación de desarrollar el gobierno autónomo en los territorios, haciéndose cargo de la deuda vencida de las aspiraciones políticas de la gente. Como indican los tratados internacionales y las leyes habituales, la población colonizada de Guam tiene derecho a la autodeterminación bajo el derecho internacional que Estados Unidos reconoce, por lo menos en teoría.

El rearme militar, sin embargo, revela el fracaso de Estados Unidos en cumplir su mandato legal internacional. Esto es particularmente preocupante ante la luz del hecho de que este mismo año 2010 marca el término formal del plazo –no de una, sino de dos décadas– establecido internacionalmente por la ONU para erradicar el colonialismo. En 1990, la Asamblea General de la ONU proclamó 1990-2000 como la década internacional para la erradicación definitiva del colonialismo. Hacia el fin de ese plazo, la Asamblea General adoptó un plan de acción detallado para acelerar el fin de todas las formas de colonialismo. En 2001, arguyendo falta de progreso real durante la primera década, la Asamblea proclamó una segunda década para alcanzar la misma meta. Y esta década está terminando, y sólo Timor Oriental ha logrado alcanzar la independencia de Indonesia en 2002.

En noviembre de 2009 –un mes después de la aparición del reportaje “Residentes de Guam se organizan contra planes de rearme militar por 15 mil millones de dólares en la isla del Pacífico”–, el departamento de Defensa de Estados Unidos lanzó una “Declaración de Impacto Ambiental” (DEIS, por su sigla en inglés) sin precedentes, detallando por primera vez en 11.000 páginas la verdadera enormidad de la militarización contemplada para Guam. En su culminación, el rearme militar traerá más de 80.000 nuevos residentes a Guam, incluyendo más de 8.600 infantes de marina de Estados Unidos y a sus 9.000 dependientes, a 7.000 supuestos empleados “en tránsito” de la marina de guerra de Estados Unidos, 600 a 1.000 tropas del ejército y a unos 20.000 trabajadores extranjeros contratados para las construcciones militares. Este “tsunami humano,” como se le está llamando, representa un grueso aumento del 47% de la población total de Guam en un período de cuatro a seis años. Hoy, la población total de Guam asciende a 178.000 personas, donde la gente indígena chamoru integra solamente el 37%. Estamos previendo un cambio demográfico volátil, y virtualmente nocturno, en el maquillaje de la isla. Incluso los militares de Estados Unidos admiten que dará lugar al despojo político de la etnia chamoru. Para entender el contexto de este etnocidio, apenas antes de la Segunda Guerra Mundial, la gente chamoru integraba más del 90% de la población de Guam.

Para el centro de rearme se proponen tres acciones importantes: 1) construcción de instalaciones permanentes y de infraestructura para apoyar el espectro completo del entrenamiento de guerra de miles de infantes de marina relocalizados; 2) construcción de un nuevo muelle profundo en el único puerto de la isla para atender el paso de portaaviones de propulsión nuclear; y 3) construcción de un Grupo de Tarea de Defensa Misilística del ejército para ejercicios de intercepción de misiles balísticos intercontinentales, que fue modelado en la base de pruebas de mísiles balísticos Ronald Reagan de Islas Marshall.

En términos del impacto adverso, estas construcciones significarán, entre otras cosas: conversión de bosques enteros en piedra caliza, la profanación de sepultura de unos 3.500 años; restricción del acceso a áreas ricas en plantas indispensables para el ejercicio medicinal indígena; negación del acceso a lugares de culto y zonas de pesca tradicionales; destrucción de unas 28 hectáreas de próspero arrecife de coral, que hoy sirven de hábitat crítico para varias especies en peligro; y exacción de las reservas de agua de Guam al incluir la perforación de 22 pozos adicionales. Además, aumentará enormemente la probabilidad de accidentes derivados de la actividad militar. Ya ocurrieron 7 caídas de aviones durante el entrenamiento militar de agosto de 2007 a julio de 2008, donde el más reciente involucró el desplome de un bombardero B-52 que mató a un equipo entero. La presencia creciente de fuerzas militares de Estados Unidos en Guam también aumenta la visibilidad de la isla como blanco de enemigos de Estados Unidos.

Finalmente, atizó un poco la discusión más aguda de Guam un aviso del departamento de Defensa de que, en caso necesario, condenará severamente otras 890 hectáreas de tierra de Guam para la eventual construcción de nuevas instalaciones militares. Este potencial gancho depredador de nuevas tierras ha sido enfrentado con protestas organizadas por los residentes de la isla, principalmente debido al que ya los militares de Estados Unidos poseen cerca de 1/3 de la pequeña isla, que en su mayoría fue ocupada ilegalmente después de la Segunda Guerra Mundial.

En febrero de 2010, tras estudiar el DEIS, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés) lo valoró como “escaso” y “ambientalmente insatisfactorio,” otorgándole el grado más bajo posible para un DEIS. Entre otras cosas, los resultados de la EPA sugieren que la existencia de agua en Guam no pueda sustentar el auge de la población y que nuestros recursos hídricos frescos estarán en alto riesgo de contaminación. La EPA de Estados Unidos predice que sin mejorar la infraestructura de nuestro circuito de agua, la población ajena a las bases experimentará un déficit de agua de 49,6 millones de litros diarios en 2014. La agencia indicó que los planes masivos de rearme del Pentágono en Guam “no deben proceder según lo propuesto”. A la población de Guam se le dieron apenas 90 días para leer el voluminoso documento de 11.000 página y hacer sus comentarios sobre su contenido. El período de 90 días para objeciones expiró el 17 de febrero de 2010. El lanzamiento final del DEIS estaba programado para agosto de 2010, con una orden de ejecutarlo de raíz.

La respuesta a esta historia en los grandes medios de Estados Unidos ha sido un silencio ensordecedor. Pasaron más de tres años desde el primer anuncio de rearme militar (2005) sin que ningún medio de comunicación de Estados Unidos se hiciera cargo de la noticia. En efecto, en octubre de 2009 la entrevista de Democracy Now! fue la primera cobertura informativa, sustantiva y nacional, del rearme militar.

Para más información sobre el rearme militar, ver
We Are Guahan: Grey Papers, http://www.weareguahan.com
Draft Environmental Impact Study Guam & CNMI Military Relocation, http://www.guambuildupeis.us/

Para más información sobre el movimiento de resistencia en Guam a la militarización y al colonialismo no resuelto, ver:
The Guahån Coalition for Peace and Justice: Lisa Linda Natividad; Hope Cristobal; Julian Aguon; Michael Lujan Bevacqua; Victoria-Lola Leon Guerrero, We Are Guahan—We Are Guahan Public Forum Facebook; http://www.weareguahan.com
Famoksaiyan—Martha Duenas; http://famoksaiyanwc.wordpress.com

Estudiantes investigadores: Dimitrina Semova, Joan Pedro, Luis Luján, Universidad Complutense de Madrid (España); Ashley Jackson-Lesti, Ryan Stevens, Chris Marten y Kristy Nelson, Universidad Sonoma State; Christopher Lue, Indian River State College; y Cassie Barthel, Universidad St. Cloud State.

Evaludadores académicos: Ana I. Segovia, Universidad Complutense de Madrid; Julie Flohr y Mryna Goodman, Universidad Sonoma State; Elliot D. Cohen, Indian River State College; y Julie Andrzejewski, Universidad St. Cloud State.

Fuentes:
–Sara Flounders, “Add Climate Havoc to War Crimes: Pentagon's Role in Global Catastrophe,” International Action Center, December 18, 2009,
–Mickey Z., “Can You Identify the Worst Polluter on the Planet? Here’s a Hint: Shock and Awe” Planet Green, August 11, 2009, http://planetgreen.discovery.com/tech-transport/identify-worst-polluter-planet.html
–Julian Aguon, “Guam Residents Organize Against US Plans for $15 billion Military Buildup on Pacific Island,” Democracy Now!, October 9, 2009, http://www.democracynow.org/2009/10/9/guam_residents_organize_against_us_plans
–Ian Macleod, “U.S. Plots Arctic Push,” The Ottawa Citizen (Canada), November 28, 2009,
–Nick Turse, “Vietnam Still in Shambles after American War,” In These Times, May 2009,
–Jalal Ghazi, “Cancer-The Deadly Legacy of the Invasion of Iraq,” One World. New America Media, January 6, 2010, http://news.newamericamedia.org/news/view_article.html?article_id=80e260b3839daf2084fdeb0965ad31ab

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Michelle Bachelet: El gran escollo que enfrenta la derecha en Chile

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Ni el terremoto ni la tragedia minera, dos eventos producidos inusitadamente en muy corto tiempo han desacomodado tanto a la nueva administración de derecha, como lo está haciendo la figura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet.

El nuevo gobierno, con más del 90 % de los medios de comunicación intentado crearle un clima favorable, apenas se empina sobre el 50 % de aceptación en las encuestas. En cambio ella no baja del 80%.

Los sociólogos claramente están de vacaciones hace mucho tiempo en Chile, porque no han habido intentos serios que expliquen el fenómeno de la alta popularidad de una figura política perteneciente a una coalición que perdió el gobierno cuando ella misma lo encabezaba. Hay chispazos por allí y por allá de que es la llegada al público, la naturalidad, el carisma, pero no se indaga más y el tema siempre es otro. La coalición de derecha que gobierna ha utilizado cualquier expediente para hacerla descender en su popularidad y no lo ha logrado.

Ahora, precisamente al ser nombrada para liderar el nuevo organismo ONU- Mujer (1) que se inaugura a partir de enero 2011, le asesta un duro golpe a la estrategia de demoler el gobierno que encabezó.

Michelle Bachelet se consolida así como la figura política de mayor trascendencia en las últimas décadas en Chile. El impacto de su gestión ha rebalsado el contexto chileno así como el de la región y se empina como una de las líderes más influyentes en un plano internacional más amplio.
Su nombramiento para liderar la agencia multilateral más potente que se haya creado para profundizar el desarrollo de la mujer y la niña, impacta el escenario político nacional en varias dimensiones. Aún así, el reconocimiento abierto y cabal de este hecho se restringe, especialmente en el gobierno de derecha.

La popularidad de Bachelet en el público no ha bajado del 80% a pesar de una constante campaña mediática en su contra, usando particularmente las deficiencias demostradas por el estado en los eventos del terremoto y ahora frente a la huelga de hambre de 34 comuneros del pueblo Mapuche encarcelados, que lleva más de 60 días. Como que de pronto, para los estrategas de la derecha, todo el peso de las deficiencias históricas y sistémicas de las políticas públicas y del estado, cayera sobre las espaldas de esta mujer y su gobierno.

Para la coalición de centro izquierda “Concertación” que gobernó 20 años, siendo los últimos cuatro correspondientes a la presidencia de Bachelet, este nombramiento puede ser la salvación hasta la próxima elección presidencial y así continuar rearmándose para lograr un dominio político nuevo hasta recuperar el gobierno. .

Esta coyuntura puede obligar a que esta coalición tan exitosa en el manejo del poder desde el gobierno, se reconstruya sin la líder carismática sobre quién se hicieron depender demasiadas variables políticas no resueltas durante los 20 años en el gobierno.

La trascendencia de su liderazgo alcanza una dimensión global pocas veces lograda por un político chileno y eso afecta la estrategia del gobierno conservador (asumió en marzo), por posicionarse en un período corto de tiempo.

Así como los 20 años en el poder afectaron a la Concertación para adquirir una fisonomía de oposición, los 20 años de espera para lograr el poder han afectado a la coalición de derecha y del conservadurismo en su función de gobierno. Después de seis meses, el Gobierno de Sebastián Piñera no exhibe aún un diseño estratégico claro en cuanto a objetivos y metas y hacia donde se encausa el esfuerzo de gobernar.

Se observan eso sí los marcados rasgos privatizadores como un regreso a los años del ajuste económico de los años 80 y una poderosa agenda mediática orientada a estigmatizar los 20 años de Concertación. Aún en este plano, lo que fue oposición durante 20 años y ahora forma Gobierno, se encuentra con el difícil escollo de la imagen y popularidad de Michelle Bachelet, que ha sido capaz de desarrollar una comprensión cabal de las dinámicas internacionales y las coyunturas locales y observar cómo se despliegan en la lectura del momento.

Muchos políticos entrenados en las dirigencias de partidos, o en los debates senatoriales no han podido exhibir esa capacidad de optar por el equilibrio indispensable que se requiere para ponderar la mayor cantidad de aspectos posibles, pero sobretodo, para desplegar esa capacidad de liderar con gran empatía, verdadera convicción y autenticidad.

En la toma de decisiones, ha demostrado el dominio de la circunstancia en que se efectúa la elección para que exista la menor distorsión posible, y en este sentido su trayectoria es impecable. Sus políticas han sido sólidas respecto a temas delicados donde los sectores de derecha de su propia coalición la han presionado. Michele Bachelet es el primer jefe de estado de la Concertación que visita Cuba. No se ha dejado presionar respecto a los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales, y al reconocimiento del gobierno golpista en Honduras. Ha contribuido a mantener niveles de diálogo y negociación en las situaciones críticas que han afectado a varios gobiernos de la región.

En retrospección, el gobierno de Michelle Bachelet, aún con el conflicto de prioridades que se presentaban por múltiples demandas, se observa como una administración maciza con objetivos orientados a reencausar el proyecto original de la Concertación de construir un país más solidario y de un desarrollo con perspectiva humana más inclusiva.

El secretario general de la ONU Ban Ki Moon, declaró al nombrarla que “La Señora Bachelet aporta en la posición fundamental que asume, una historia de liderazgo global ejercido con dinamismo, habiendo demostrado una capacidad política de alto nivel, así como destrezas poco usuales en la formación de consensos entre las agencias de las Naciones Unidas y el ámbito de la cooperación, tanto en el sector público como privado”.

Michelle Bachelet en la percepción pública es la candidata natural a suceder a Sebastián Piñera, y este nombramiento plantea ciertas interrogantes estratégicas no menores. La derecha ha apostado para que la Concertación solo tenga la opción de Bachelet como candidata para las próximas elecciones presidenciales. La técnica “del todo o nada con una figura”, es muy propia del estratega republicano estadounidense y se presta para contribuir a generar en el adversario un icono único sobre el cual hacer depender todo el proceso electoral. Si éste falla, en este caso si Bachelet falla, se desmorona el andamiaje del adversario.

Los puestos de alta jefatura en la ONU son para permanecer al menos de dos a cuatro años en el cargo. Para que ella entre en la campaña presidencial podría estar en su cargo a plenitud hasta fines de 2012, considerando el 2013 para campaña. Pocos dudan que en dos años pueda ser capaz de establecer las bases del organismo y dejar su sello.

Sin embargo el nuevo cargo le abre un marco de posibilidades de liderazgo aún más elevado en Naciones Unidas. En un pool de recursos humanos globales donde escasean las capacidades que ha demostrado tener Bachelet, no estaría distante de la racionalidad política que el cargo de la primera Secretaria General de la ONU en la historia del organismo, pudiera recaer en la ex presidenta de Chile.

Mientras más permanece en el puesto, mejores condiciones se le presentarían en una carrera de aspirante a Secretaria General. De esa forma estaría comprometiendo sus posibilidades para una candidatura presidencial, y tendría en algún momento que tomar esa decisión dura: si el País o el organismo multilateral.

Dirigir el máximo organismo multilateral encargado de los asuntos de la mujer y la niña, en un milenio que desde su arranque debería construir un nuevo modelo de sociedad basado en el paradigma de la igualdad de género, un mayor acento en los derechos, la solidaridad y disminución del individualismo, representa un desafío sin precedentes para cualquier político de relieve mayor.

En una entrevista en Televisión (TVN-Chile), al preguntársele por estas opciones abiertas, respondió con naturalidad y simpatía: “ En Chile no se librarán muy fácilmente de mi”.

Por esta vez no miraremos las encuestas, decidió la ONU.

Nota:
1) El nuevo organismo Naciones Unidas Mujer o United Nations Women, cuenta con un presupuesto anual de 500 millones de dólares, duplicando el presupuesto anual combinado de las cuatro agencias de la ONU con foco mujer como the UN Development Fund for Women (UNIFEM), The Division for the Advancement of Women (DAW), The Office of the Special Adviser on Gender Issues, and the UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women (UN-INSTRAW).

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Chile: Tricentenario

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

Son las palabras las que cristalizan las veleidades del tiempo y de la historia. Son ellas las que nos conectan con aquellos presentes diferidos que llamamos, convencionalmente, pasado o porvenir. Es así, todo Ahora nos impone la experiencia un Otrora y la praesciencia de un advenir. De algún modo, la línea recta e inexorable del tiempo queda abolida y, entonces, lo que parecía una sólida pared se nos aparece como una superficie llena de pliegues y recovecos. Como involuntarios crono nautas, podemos aventurarnos a un punto lejano cuyo vértice es el aquí y ahora, pero que inaugura un cono temporal que nos permite escudriñar nuestro mundo como mera arqueología. Como gotas de un secreto elixir, son las palabras destiladas de tiempo e historia, las portadoras de aquellas voces que nos convocan.

A cien años de distancia, el Chile Bicentenario se nos aparece como un mundo que no alcanzó a superar muchos de los males del Centenario de la república. Si en 1910 la mitología aristocrática presidía un orden elitista, excluyente y profundamente injusto, en 2010 fue la mitología neoliberal la que imponía sus rigores con los mismos resultados lamentables. En aquel país bicentenario de 2010 todavía eran posibles aberraciones que hoy nos avergüenzan El Chile de 2010 era un país en que la codicia y el lucro ordenaban una sociedad en que una minoría acumulaba grandes fortunas y una gran mayoría era sometida a jornadas extenuantes y salarios míseros, que hoy se estudia dentro de las formas modernas de esclavitud humana. Hombres, mujeres y niños debían pagar por sus derechos básicos como la educación, la salud. La previsión social se convirtió también en objeto de lucro para grandes corporaciones. Como consignan los libros de historia, el presidente de la época fue, precisamente, un gran empresario. Muy pocos eran sensibles al dolor del prójimo y a la salud del medioambiente, mucho menos a cuestiones éticas que hoy nos parecen obvias.

La democracia para nuestros abuelos del siglo XXI, tenía un significado muy diferente al que entendemos en la actualidad. Lo que llamaban “democracia” era en verdad la práctica de una clase política cerrada y separada del tejido social al que decía representar. Todo estaba prescrito en normas y leyes que habían sido escritas por el dictador Augusto Pinochet y defendidas a ultranza por la derecha de esos años. De este modo, se producían discusiones bizantinas, discursos tan fútiles como insustanciales, mientras la mayoría adormecida por los medios vivía un mundo cotidiano carente de sentido. La política chilena, en aquella época triste, conoció sus momentos más infames. En aquel país, los límites entre la política y los negocios eran, en la práctica, inexistentes, arrastrando a Chile a episodios grotescos de enriquecimiento ilícito, conflictos de intereses y un largo etcétera que comprometió a conspicuos civiles y uniformados de aquel tiempo.

El Chile Bicentenario fue un mundo de impostura, todo consistía en guardar las apariencias. Muchos cómplices de atroces crímenes durante la dictadura de los últimos decenios del siglo XX, posaban de demócratas, impunes y soberbios. Los primeros doscientos años de nuestro país parecen haber conjugado la represión, con la seducción de los medios y, ciertamente, el espectáculo. Todavía nos conmueven las imágenes de 2010, y resulta difícil – a cien años de distancia - comprender cómo era posible que para la gran mayoría todo aquello fuese tan natural y moralmente aceptable.

No obstante, no todo en aquel Bicentenario fue tan oscuro. Hubo unos pocos que se atrevieron a soñar un porvenir distinto. Aquellos soñadores de antaño se atrevieron a lanzar una botella a esos otros océanos, con la certeza de que su mensaje llegaría un día futuro a aquellas playas de un mundo otro. Chilenos anónimos, trabajadores, mapuches, estudiantes, artistas, intelectuales: hombres y mujeres que mantuvieron encendida en sus corazones aquella luz que guía a los pueblos. A todos esos compatriotas les debemos este país más justo, más digno que celebra por estos días su Tricentenario. Cuando los ecos de los relinchos y cañones, cuando el agua del río Aconcagua ha lavado tanta sangre, cuando los tanques han cesado de escupir fuego, cuando en La Moneda ya no flamean las infernales llamas del ocaso…Cuando este septiembre Tricentenario repite tantas primaveras, entonces, abolido todo rencor sólo nos queda una dulce tristeza. Saber que en esta esquina del mundo se escribe una página de la epopeya humana, única y singular. Son las palabras que nombran la vida, las mismas que nombran la muerte. Son las palabras, destiladas de tiempo e historia las que forjan el corazón y los sueños de una nación.

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Venezuela: Para avanzar en Revolución

Edwin Sambrano Vidal (especial para ARGENPRESS.info)

La institucionalidad y la lucha obrera

El primer gran cambio de la revolución socialista tiene que ser el de la esfera política e institucional, desde allí, conscientemente y siguiendo el camino que traza el sentido de justicia social históricamente labrado, la alianza de los trabajadores industriales y los otros productores del campo y la ciudad junto con los demás asalariados se construyen y reconstruyen relaciones sociales de todo tipo (políticas, económicas, culturales, cotidianas) para sentar las bases de un nuevo poder, una nueva institucionalidad y una nueva dirección política de la sociedad.

El sentido de justicia social históricamente labrado es la noción interior que se construye en las múltiples relaciones que se establecen en el proceso productivo y en la vida social a partir del conocimiento de las realidades, necesidades y del producto de ese proceso. La solidaridad entre los trabajadores, su disciplina para la producción sistemática y la articulación de procesos que cada vez exigen mayores capacidades intelectuales y mayor dominio de la técnica y conocimiento de la ciencia. La conciencia primaria de sus intereses materiales y la confrontación que se forja entre la participación de todos en el trabajo y la participación de unos pocos en la toma de decisiones trascendentes crea la conciencia política.

Ahora los trabajadores son más capaces

Después de cientos de años de lucha y de innumerables conquistas, los trabajadores contemporáneos son evidente e infinitamente más capaces de dirigir la sociedad que aquellos a los cuales se refería la teoría del socialismo de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, e incluso a los que realizaron varias experiencias durante todo el siglo XX en diversas latitudes. La llamada clase obrera actual, tanto desde el punto de vista de sus capacidades intelectuales, su participación política, su nivel cultural y su conocimiento de los procesos productivos, no se parece en nada a la clase obrera que inspiró las propuestas iniciales de socialismo y poco a los trabajadores de hace unas décadas. Las vertiginosas transformaciones de la ciencia y la técnica, su aplicación a los procesos productivos y al trabajo en general de toda la esfera de la sociedad, transforman también a los trabajadores que adquieren y ejecutan esos conocimientos y destrezas en su actividad laboral.

Se profundiza la contradicción

Esta situación parece escapar de la mente de los que dirigen el proceso de cambios en Venezuela, quienes conservan concepciones elitistas (cúpulas que deciden a espaldas de los trabajadores) en el proceso de transformación de las relaciones sociales de producción. Las instituciones parecen tener los ojos vendados ante este proceso, profundizándose una contradicción que en cualquier momento estalla en forma general y cuyos estallidos parciales los observamos diariamente, especialmente en las zonas industriales y las de mayor concentración de asalariados.

En Guayana, por ejemplo, sede de la mayor parte de la industria básica del país, fundamento de la posibilidad de la transformación de la economía rentística en una economía productiva y diversificada, y por lo tanto, la auténtica base del desarrollo económico independiente del país, encontramos la permanente acción de los trabajadores en defensa de sus derechos y reclamando su sitial en la vanguardia del proceso revolucionario.

La defensa de sus derechos es la defensa de los logros obtenidos en décadas de sangrientas y sacrificadas luchas contra el poder de las transnacionales, los monopolios y el Estado capitalista. Estado, cuya forma de gobierno ha variado, desde Cipriano Castro hasta nuestros días. La búsqueda de su sitial de vanguardia es por dirigir mediante métodos democráticos y participativos el proceso productivo. Pero, aún en este período de prometidas y anheladas transformaciones, el Estado mantiene esencialmente su naturaleza de Estado al servicio de la acumulación capitalista, instrumento de la corrupción como uno de los principales medios de acumulación y enriquecimiento, y aparato para el engaño y la represión de las luchas de los trabajadores.

Vemos como la institucionalidad constituida es t o t a l m e n t e incapaz de responder satisfactoriamente a los justos y más que justos reclamos de los trabajadores industriales y de los demás trabajadores asalariados, incluso de los trabajadores de la administración pública. Frente a esa acción de los trabajadores se responde con la descalificación, el menosprecio y, no pocas veces con la represión. Hay varios casos de judicialización de las luchas laborales; los de Transporte Camila (con varios trabajadores y dirigentes siderúrgicos), el de los trabajadores de SIDOR y el de Rubén González, entre otros, se mantienen en tribunales penales dando largas mientras la amenaza de cárcel por protestar atemoriza la lucha obrera.

El caso de los trabajadores siderúrgicos

Este caso es una pieza clave para el riguroso análisis marxista, es decir, mediante el método del materialismo histórico y la dialéctica. Los trabajadores de SIDOR, después de enfrentar la privatización, una vez que éste se materializó (1998) fueron sometidos a una brutal explotación durante la administración compartida entre la CVG (órgano estatal) y el Consorcio Amazonia, filial de la transnacional TECHINT. Las luchas que se impulsaron durante los años de 1998 y 2006 fueron aplastadas por la transnacional contando con el respaldo de la institucionalidad estatal, (fines de Caldera y comienzo de Chávez), frente a lo cual la dirigencia sindical resultó impotente y afloraron sus debilidades de conciencia, organización y conducción política. En ese período, los representantes estatales en la Junta Directiva fueron agentes silentes de la transnacional convalidando todo lo que esta hizo. El Estado avaló en 2003 la renegociación de la deuda en condiciones entreguistas y el establecimiento de unos contratos de cuentas en participación para sustraer anticipadamente las ganancias en perjuicio de los derechos de los trabajadores y del Fisco Nacional. Con la compra de las acciones de la transnacional en 2008-2008 por parte del Estado, las negociaciones se mantuvieron en secreto, a espaldas de los trabajadores, resultado un sobreprecio en detrimento de las finanzas públicas nacionales. Se están pagando al doble (US$ 1.970.000.000), después de 10 años de explotación, desmantelamiento y enriquecimiento, de lo que la transnacional pagó (US$ 1.050.000.000). Frente a la lucha de los trabajadores por rescatar su derecho a las utilidades líquidas el Gobierno niega intransigentemente el diálogo y se presiona a los tribunales para que decidan en contra, a los accionistas clase B que quieren venderle sus acciones no se les hace caso, mientras a la transnacional se le paga religiosamente el precio exorbitante. Esto merece un urgente y clamoroso llamado a la reflexión y a la rectificación. No oír y desdeñar las exigencias proletarias es marchar inexcusablemente hacia la restauración capitalista.

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Petróleo, gas y crisis energética en Argentina (2003-2007): Aportes desde el marxismo ecológico

Ignacio Sabbatella (OPS)

1. Introducción

Fuente de codicia, guerra, poder y dinero(2) para muchos y sospechoso principal del cambio climático para otros, el petróleo, junto a su socio, el gas, tiene un papel fundamental en el sistema capitalista mundial. Durante 2008 la economía global tembló al compás del aumento sideral de la cotización internacional del barril del petróleo que traspasó los 100 dólares y alcanzó un máximo histórico de 147 dólares en el mes de julio.

En la segunda parte del año, el advenimiento de la recesión hizo caer bruscamente su precio y en la actualidad se mantiene cercano a los 80 dólares(3). Entre los factores coyunturales que explican el alza del precio internacional deberíamos considerar la debilidad del dólar, unido a la fuerte presencia de factores especulativos, y el rápido crecimiento de la demanda de las potencias emergentes, como China e India. Sin embargo, existe un factor subyacente, enraizado en los engranajes de la maquinaria de la producción y reproducción capitalista: la incertidumbre que genera el abastecimiento futuro. La necesidad de apropiarse de fuentes seguras de petróleo llevó a EEUU durante la administración de George W. Bush a invadir Afganistán e Irak, bajo el pretexto de la amenaza terrorista tras el atentado a las Torres Gemelas en 2001, y a poner la mira sobre otros países con abundantes reservas, tales como Venezuela.

Hasta aquí, quedan brevemente expuestas las dimensiones económica y política del petróleo y del gas. Pero nos interesa también incorporar el factor ecológico para entender a estos elementos en su totalidad. La historia del capital, signada por contradicciones, en este terreno tampoco puede escapar a su propia lógica. Desde la tradicional óptica del marxismo la relación antagónica entre capital-trabajo se constituyó en el motor no sólo de la lucha sino también del desarrollo teórico-intelectual. Aquí nos proponemos, en cambio, adoptar una mirada más amplia a partir de los postulados del marxismo ecológico para esclarecer la segunda contradicción fundamental: la relación capital-naturaleza. De esta manera, podremos conceptualizar los límites físico-naturales que se anteponen a la lógica expansiva del capital y de qué manera socava sus propias condiciones de producción y genera por sí misma una tendencia a la crisis de subproducción.

En el presente trabajo nos proponemos una aproximación hacia la experiencia privatizadora de los hidrocarburos en Argentina desde esta óptica. Nos motiva sumar algunos aportes para dilucidar la lógica de apropiación del capital y el rol del Estado en la actividad petrolera y gasífera. Escogemos como período de análisis la presidencia de Néstor Kirchner, entre los años 2003 y 2007, dado que el mismo estuvo enmarcado en la denominada “crisis energética”.

De modo que comenzaremos nuestra exposición analizando empírica y teóricamente la importancia de los combustibles fósiles en el desarrollo y expansión del capitalismo a escala planetaria. Luego, nos abocaremos al análisis de la crisis energética argentina a partir de la incidencia del petróleo y del gas, planteando un escenario donde se interrelacionan el Estado, el capital y la naturaleza. Desde allí, haremos un primer acercamiento al concepto de crisis de subproducción.

2. Petróleo y gas: energía vital de la maquinaria capitalista

Los hidrocarburos son bienes naturales no renovables, es decir, sus existencias mundiales son constantes. Se trata del petróleo crudo, el gas natural y el carbón mineral, aunque en el presente trabajo nos interesarán específicamente los dos primeros. Provienen de restos fósiles de animales y vegetales marinos luego de varias eras geológicas de transformaciones por la acción de determinadas temperaturas, presión y falta de oxígeno. Si bien los adelantos técnicos pueden aumentar las cantidades utilizables o permitir nuevos descubrimientos, las cantidades existentes son finitas (Mansilla, 2007).

El petróleo crudo y el gas natural pertenecen a las fuentes de energía primarias pues se obtienen de la naturaleza y no han sufrido proceso alguno en centros de transformación (De Dicco, 2006). Su uso es vital como combustible para el transporte, la industria y los domicilios particulares, además de la generación eléctrica, fertilizantes para la producción agrícola, producción de plásticos y asfalto de calles. Tal como indica la figura Nº 1, casi un 80% de la matriz primaria de energía a nivel mundial depende de los hidrocarburos. El petróleo aparece en un cómodo primer lugar con el 35%.

Fuente: IEA Statistics - Energy Balances

La historia de la humanidad en los últimos 150 años ha estado marcada a fuego por el petróleo. El geólogo Colin Campbell afirma en el libro de Seifert y Werner (2008) que el petróleo estimuló la explosión demográfica desde 1850 y posibilitó la globalización gracias al abaratamiento de los precios del transporte. Según Elmar Altvater (2005), el petróleo es fundamental como fuente de energía para el desarrollo económico capitalista por algunas razones: hace al capitalismo independiente del espacio y del tiempo ya que es transportable y almacenable, además de que es independiente de los ciclos naturales; hace posible, a diferencia de las energías renovables, la concentración de los poderes económicos, políticos y militares.

Aunque el gas aparece en el tercer lugar, detrás del carbón, debemos destacar la importancia creciente que está adquiriendo en cuanto a criterios económicos y ambientales. En la 24a Conferencia Mundial del Gas, que tuvo lugar en Buenos Aires en octubre de este año, el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, vaticinó que la demanda global de gas crecerá un 22% en los próximos 25 años. De manera más grandilocuente, el director de la estatal rusa Gazprom, Alexéi Miller, estimó que “el siglo XXI va a ser el siglo del gas natural”. Además, un especialista aseguró que “políticas adecuadas podrían impulsar el gas desde el actual 21 por ciento de participación en la matriz mundial al 28 por ciento para el 2030” (La Nación y Página 12, 7 de octubre de 2009)

La importancia de los hidrocarburos en la producción y reproducción del capitalismo nos conduce a preguntarnos qué tipo de componente representan para el capital y de qué formas se ha apropiado esos bienes naturales. Como dijimos, se tratan de bienes naturales no renovables mientras que la acumulación capitalista es incesante e ilimitada. Por tanto, nos aparece algo contradictorio.

El marxismo ecológico propone explorar las relaciones entre economía y naturaleza, más precisamente, analizar la relación entre el capitalismo como sistema autoexpansivo y la naturaleza, inherentemente no autoexpansiva. La irreversibilidad propia de la naturaleza es incompatible con la reproducibilidad y circularidad del sistema capitalista. La auto-valorización del capital, en una escala de producción y reproducción cada vez más ampliada, no reconoce límites externos, de modo que “la contradicción entre una naturaleza limitada conviviendo con necesidades ilimitadas y la ilimitada acumulación de capital es intrínseca al capitalismo” (Altvater, 2009: 8). En definitiva, la relación capital-naturaleza supone una segunda contradicción que se adiciona a la relación antagónica capital-trabajo reconocida por el marxismo tradicional.

Si el hombre se apropia de la naturaleza a través de valores e identidades predominantes a nivel social e histórico (Galafassi, 1998), en el modo de producción capitalista, la forma predominante en primera instancia es la apropiación privada y la mercantilización. La naturaleza es fetichizada por obra y gracia del capital. Luego, el capital busca extender su dominio sobre el medio natural e intensificar su explotación. A la extensión e intensificación de la explotación la hemos denominado subsunción real de la naturaleza al capital (Sabbatella, 2008). Los procesos de concentración y centralización de la reproducción ampliada del capital no sólo consolidan una restricción cada vez más pronunciada en el acceso a los bienes naturales sino también una sobreexplotación de los mismos. Para David Harvey (2004) la reproducción ampliada, especialmente en situaciones de crisis de sobreproducción, se ve complementada por mecanismos de acumulación por desposesión(4).

Bienes naturales como los hidrocarburos, los minerales, los bosques y el agua no son productos del trabajo. No tienen valor, no son mercancías. No obstante, dada la apropiación privada y la lógica mercantilista del capital, son lanzados al mercado con un precio. La importancia de estos bienes radica en que no son simplemente materias primas, medios de producción o medios de vida sino que funcionan como “condiciones de producción” del capital: todo aquello que compone el marco de la producción capitalista y que no es producido como una mercancía aunque es tratado como si lo fuera. Este concepto es recuperado por James O`Connor (2001) de los Grundrisse de Marx y se asemeja a lo que Polanyi (1989) denominó “mercancías ficticias”(5). Las condiciones de producción se componen de tres partes: las condiciones externas o medioambiente (capital natural), aquellos bienes naturales que intervienen en el capital constante y variable, entre los cuales se encuentran el petróleo y el gas; las condiciones personales (capital humano), o sea, la fuerza de trabajo; y las condiciones comunales generales (capital comunitario), la infraestructura y espacio urbano.

La provisión de los bienes naturales, así como del resto de las condiciones de producción, es limitada: no se encuentran disponibles en la cantidad, momento y lugar requeridos por el capital. Por tanto, el Estado aparece como mediador entre el capital y la naturaleza, regulando el acceso a los mismos. Hasta mediados de los años setenta, los Estados nacionales valoraban los bienes naturales como recursos geopolíticamente estratégicos y los mantenían bajo propiedad estatal o ejercían un riguroso control sobre ellos (Giarracca, 2006). Pero este modelo sufrió un proceso de transformación a partir de las políticas neoliberales de desregulación y liberalización de los mercados de bienes naturales y la privatización de empresas públicas que administraban aquellos. El Estado traspasó al mercado funciones clave en la regulación de las condiciones naturales de producción.

La asignación de dichas condiciones por parte del mercado es inherentemente no planificada y se rige por la obtención de ganancias, la competencia y la sobreexplotación de la naturaleza. Los bienes naturales adoptan una valoración económica, siendo reducidos a un mero recurso comercial o commoditie. Al capital no lo conmueven la preservación y la protección de los mismos sino que la sed de dinero lo mueve a monetizarlos velozmente. De manera que, en ausencia de regulaciones estatales, el capital exprime las condiciones naturales de producción hasta su agotamiento, generando escasez y aumento de los costos para el mismo capital. Una forma más de crisis se abre para el capital: los problemas de abastecimiento o el encarecimiento de las materias primas y de la energía pueden forjar un problema de producción de plusvalor. A las crisis de sobreproducción el marxismo ecológico adiciona la crisis de subproducción como efecto de los crecientes costos de reproducción de las condiciones naturales de producción(6).

Un ejemplo acabado de ello es el petróleo, dado que en las últimas tres décadas quedaron expuestos la caída de reservas (lo que los especialistas llaman peak oil), la ausencia de grandes descubrimientos y del aumento de su cotización en los mercados mundiales. Por todo lo que hemos expuesto, los problemas de abastecimiento y encarecimiento de las energías fósiles se presentan como un límite externo para la acumulación capitalista.

3. El papel del petróleo y del gas en la crisis energética argentina y sus impactos

Como muestra la Figura 2, en Argentina la dependencia del petróleo y del gas es aún mayor que en la matriz energética mundial ya que satisfacen el 88% de la demanda energética nacional. A ello se suma que el suministro eléctrico se explica en gran parte por las centrales térmicas que se alimentan de combustibles fósiles. Según Bernal, De Dicco y Freda (2008) la generación eléctrica neta durante 2007 correspondió en un 58% a la térmica, 36% a la hidráulica y 6% a la nuclear. Asimismo, los combustibles que las centrales eléctricas consumieron durante ese año fueron gas natural en un 79%, fuel oil en un 13% y gasoil y carbón mineral ambos con 4%. Con los datos enumerados, podemos afirmar con toda seguridad que el petróleo y el gas se constituyen en nuestro país en condiciones naturales de producción del capital difícilmente reemplazables.

Fuente: Secretaría de Energía

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se había erigido desde su creación en 1922 en una de las empresas públicas más importantes del país, interviniendo en todas las etapas de explotación (exploración, extracción, refinación, distribución, comercialización, etc) y estableciendo la soberanía estatal sobre aquellos bienes, a pesar de que las petroleras privadas siguieron participando del mercado local. A partir de la década del noventa, la imposición del modelo neoliberal se tradujo en la liberalización y desregulación del sector de hidrocarburos. Con la privatización de YPF y de Gas del Estado, el gobierno de Carlos Menem colocó en manos del sector privado la totalidad de las etapas de la explotación de los bienes hidrocarburíferos. El Estado no sólo dejó de intervenir en este sector estratégico de la economía nacional sino que también se desligó de las funciones de control y regulación de la gestión privada (Cervo, 2001; Calcagno y Calcagno, 2001; Mansilla, 2007).

La empresa Repsol adquirió casi todas las acciones de YPF S.A. en 1999 y se convirtió en el principal operador del país. Otras empresas transnacionales que ganaron terreno fueron Pan American Energy (asociación de BP y Bridas), Total, Chevron y Petrobrás. La apropiación capitalista estableció un rápido proceso de mercantilización del petróleo y del gas. Brevemente, podemos decir que las transnacionales se orientaron a la maximización de la extracción en detrimento de la vida útil de los yacimientos y a la exportación por sobre el abastecimiento del mercado interno. Fueron emplazados nada menos que 11 gasoductos nuevos con el objetivo de vender a Chile, a través de 7 gasoductos, y Brasil y Uruguay, con 2 gasoductos cada uno (Galé, 2005: 259). Al mismo tiempo, se verifica una progresiva caída de la perforación de pozos de exploración (Mansilla, 2007; De Dicco, 2006).

Resulta interesante analizar el período del gobierno de Néstor Kirchner (marzo de 2003 – diciembre de 2007) ya que se modificaron ciertos aspectos de la relación entre Estado y empresas. En principio, pareciera que el Estado retoma un rol importante en el sector hidrocarburos, fundamentalmente con la creación de una nueva empresa estatal, Enarsa. Tampoco podremos analizar aquí con el debido detenimiento las funciones que asumió Enarsa. Igualmente, enumeramos algunas: otorgamiento de concesiones en el mar y asociación con empresas privadas; ejecución de los acuerdos internacionales suscriptos con Venezuela, Bolivia y otros países; y operaciones de importación de combustibles. Podemos adelantar que no ha intervenido en el mercado energético como agente regulador de precios y de condiciones de la actividad ni tampoco ha recuperado yacimientos con contratos viciados de ilegalidad y faltos de inversión.

En el rol estatal también destacamos un progresivo aumento de las retenciones(7) con el triple objetivo de desacoplar los precios internos de los internacionales, desalentar las exportaciones y apropiar una mayor porción de la renta petrolera y gasífera para el Estado.

Sin embargo, en el año 2006 fueron aprobadas dos leyes que distan mucho de fortalecer el rol estatal: Regímenes promocionales para la exploración y explotación de hidrocarburos (Ley 26.154/2006) y Administración de las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos de sus territorios, lecho y subsuelo del mar territorial (Ley 26.197/2006). La primera estipuló una serie de beneficios fiscales para incentivar la exploración por parte de las empresas privadas. Por su parte, la “provincialización” de los hidrocarburos se trata de un caso inédito en el mundo, aunque previsto en la reforma constitucional de 1994. Las provincias pasan a tener el dominio sobre los hidrocarburos que yacen en su subsuelo en el marco de una supuesta federalización de la política económica y energética. Pero queda claro que debilita aún en mayor medida la capacidad estatal para regular, controlar y planificar el aprovechamiento y el resguardo del petróleo y del gas.

Asimismo, el mandato de Kirchner estuvo fuertemente condicionado por la crisis energética, tal como se ha denominado mediáticamente a los problemas en el suministro de energía eléctrica, combustibles y gas. La crisis energética queda en evidencia cuando la demanda energética equipara progresivamente la capacidad de oferta de energía a nivel nacional. El análisis de sus causas debería ser materia de otro trabajo; pero sí podemos señalar que generó una serie de controversias y cuestionamientos cruzados entre gobierno y empresas: desde el gobierno culparon a las empresas por la falta de inversiones en exploración, transporte, refinación, etc; desde las empresas, se argumentó que la causa principal era el congelamiento de los precios internos(8).

Según Gustavo Bianchi, entre febrero y mayo 2004 se registraron los primeros cortes de consideración de gas y de electricidad. Además ese año comenzaron las interrupciones de suministro de gas a Chile, país que había cambiado su matriz energética a raíz de la garantía de provisión que la Argentina le había hecho en los años ´90 a través de un grupo de nuevos gasoductos transcordilleranos (Revista El Inversor, mayo de 2007).

A mediados de 2007 el suministro de energía presentó desde deficiencias hasta cortes totales. Funcionarios del gobierno nacional reconocieron públicamente la crisis en los meses de junio y julio, ordenando distintas medidas para paliarla, al tiempo que tuvieron lugar protestas espontáneas de usuarios domiciliarios.

En este contexto, el gobierno optó por priorizar el suministro a los hogares en detrimento del consumo de ciertos sectores industriales y de las exportaciones, aunque de manera gradual. En 2006 se lanzó el programa Energía Plus que obliga a las industrias a encontrar por su propia cuenta oferta de electricidad para abastecer la demanda que esté por encima de su promedio del año 2005.

Las consecuencias para la industria fueron desde el encarecimiento del suministro eléctrico y gasífero(9) hasta cortes programados que obligaron a suspender turnos y, por ende, personal. En un comunicado fechado el 6 de junio de 2007, la Unión Industrial Argentina (UIA) admitía que “en las últimas semanas, se han producido pedidos de reducción de demanda de energía eléctrica a más de 4 mil empresas en todo el país, que en la mayoría de los casos, superan el 40 por ciento de la demanda total de esas empresas, en una banda horaria de entre seis y ocho horas diarias. En el caso del gas, las restricciones abarcan a cerca de 900 empresas, con cortes que, en algunos casos, se han extendido durante varios días”.

Según estudios privados, las restricciones en la provisión de electricidad y de gas entre mayo y junio de 2007 frenó la actividad industrial: la molienda de soja y girasol cayó al 50%; la petroquímica, 20%; los fertilizantes, 30%; la siderurgia, más del 10 por ciento. Las pérdidas monetarias habrían sido entre 1.500 y 2.000 millones de dólares (Clarín, 22 de julio de 2007). Algunas grandes empresas decidieron encarar la construcción de sus propias usinas térmicas y empresas medianas desarrollaron proyectos para instalar pequeños generadores de electricidad (Revista El Inversor, Abril 2007). En este escenario, no es extraño que aparezcan conflictos entre distintas fracciones del capital. Por caso, en 2007 la UIA responsabilizó por los cortes a la distribuidora Gas Natural BAN, la mayor empresa del sector, por no construir una planta de picking (que permite almacenar el hidrocarburo en estado líquido) como se había comprometido el año anterior con el fin de acopiar gas y cubrir la demanda en caso de una situación de emergencia (Revista El Inversor, junio 2007).

Presionada desde el sector privado, la acción estatal se orientó a emparchar la situación crítica disponiendo fuertes sumas para subsidiar el consumo(10) y para importar los faltantes energéticos. Un documento elaborado por el Ministerio de Economía en 2007 estimaba que el costo de la crisis energética argentina ese año habría sido de $12.000 millones entre subsidios e importación (Clarín, 22 de julio de 2007). Paralelamente, el gobierno de Kirchner mantuvo una suerte de confrontación mediática en la cual exigía a las petroleras un desembolso de mayores inversiones en producción de combustibles y en la actividad exploratoria(11). La respuesta empresaria se centró básicamente en la actualización de los precios internos, reclamo en el cual fueron crecientemente acompañadas por las provincias que dependen de las regalías de la actividad.

Cabe destacar que mientras Enarsa se encargó de realizar las principales importaciones de gas desde Bolivia y de fuel oil y de gasoil desde Venezuela y otros países, las petroleras no abandonaron totalmente su afán exportador. Pese a la elevación de las retenciones, continuaron despachando gas, especialmente a Chile(12), y petróleo crudo y combustibles, principalmente al mercado estadounidense.

Aunque las ventas de petróleo crudo al exterior han ido cayendo a lo largo del período 2003-2007, no se puede desmerecer como dato que las ventas totales de ese período (40.639.989 m3) fueron superiores al año de mayor extracción: en 2003 se extrajeron 39.341.403 m3.

En 2007, el caso más emblemático lo aportó el fuel oil dado que fueron importadas 988.379 toneladas, mientras que fueron exportadas 1.657.532 millones de toneladas. Es decir que la importación no hubiera sido necesaria ya que se contaba con una amplia capacidad de suministro para satisfacer la demanda interna. El principal exportador fue Repsol YPF(13), seguido de Esso y Shell, teniendo como principales mercados de destino EEUU y Puerto Rico (Bernal, De Dicco y Freda, 2008). En el período que analizamos el fuel oil cobró especial importancia, junto al gasoil, como combustible para la generación de las centrales termoeléctricas a partir de la escasez en el suministro de gas.

Sin embargo, el gas natural no estuvo caracterizado por su escasez, precisamente. Entre 2003-2007 los niveles de extracción superaron ampliamente la demanda y las exportaciones siempre estuvieron por encima de las importaciones (Ver tabla 1). Se podría argumentar que frente a una demanda promedio que trepa en los días pico a 140 millones de metros cúbicos, la red de gasoductos sólo puede transportar como máximo 128 millones de metros cúbicos (Clarín, 3 de junio de 2007). Pero como hemos dicho anteriormente, las razones debemos encontrarlas en que la inversión privada ha priorizado la construcción de gasoductos de exportación en detrimento de la expansión de la red interna.


Para poder dimensionar las pérdidas que ha asumido el Estado, tomamos la denuncia judicial de Cafiero sobre el período 2004-2005. El daño fiscal total, es decir, la suma erogada o que ha dejado de percibir el fisco en ese período se calcula en 4.886 millones de pesos. Esto se debe a tres factores: el costo fiscal de la sustitución de gas por fuel oil y gasoil para la generación de energía eléctrica, mayores costos por la utilización de combustibles de menor eficiencia técnica y exenciones a la importación de gasoil (Mario Cafiero, 2006).

A modo cierre, conviene remarcar que buena parte de los datos que hemos estado analizando en el presente trabajo surgen de una simple declaración jurada que las empresas entregan a la Secretaría de Energía, la cual no cuenta con suficiente infraestructura para confirmarlos.

4. Algunas conclusiones parciales

Finalmente, dejaremos planteados algunos aspectos clave del sector de hidrocarburos en Argentina con el fin de profundizarlos en investigaciones futuras.

El Estado Nacional priorizó la captación de una mayor renta a través de las retenciones a las exportaciones pero al mismo tiempo incurrió en importantes erogaciones para sostener la importación de los faltantes energéticos. Se creó una nueva empresa estatal, Enarsa, que hasta ahora no ha modificado de manera sustancial las relaciones entre Estado y capital. Al mismo tiempo, se consolidó la provincialización de los hidrocarburos que generó una descentralización, fragmentación y atomización de las decisiones relevantes de una politica energética coherente a nivel nacional. La ausencia de una planificación centralizada atenta contra cualquier intento de regulación del petróleo y gas como condiciones naturales de producción fundamentales en una matriz energética altamente dependiente de los hidrocarburos. Queda establecido un manejo anárquico por parte de las provincias que tienen una debilidad estructural como para imponer condiciones a las transnacionales.

Como resultante, el capital tiene semáforo verde para actuar según su propia lógica, ateniéndose a la maximización de ganancias en el corto plazo. El mayor rédito lo sigue obteniendo a través de las exportaciones por encima de las ventas al mercado interno, de manera que se profundiza el proceso de mercantilización del petróleo y del gas. Esos mismos bienes que durante la trayectoria de YPF estatal habían sido concebidos como insumos estratégicos de la producción industrial, el transporte de mercancías y el consumo residencial.

En cuanto a la crisis energética, no llegaremos a una conclusión definitiva ya que responde a múltiples factores que aquí no podemos desarrollar. Nos interesa dejar planteado el problema al cual se enfrenta el capital inducido por su propia lógica. El desabastecimiento interno de combustibles y energía eléctrica provocó una merma de la actividad industrial, donde se verificaron miles de empresas afectadas por la restricción del suministro de gas y de electricidad. El capital industrial quedó ante la disyuntiva de parar parcialmente su producción o enfrentar un aumento de los costos energéticos (a través de la adquisición de generadores, construcción de usinas propias o compras de combustibles a un precio mayor). En cualquiera de los dos casos, se afecta crecientemente la producción de plusvalía y por tanto estamos en presencia de una tendencia a la crisis de subproducción. Solo podemos hablar de tendencia, ya que el capital se da una estrategia para compensarla que hasta ahora ha resultado ciertamente fructífera: cargar los mayores costos energéticos en las arcas del Estado. Así sucede con las importaciones de combustibles y fluido de gas que lleva adelante Enarsa(14). Es un mecanismo que elude también el conflicto directo entre la fracción productiva y la fracción extractiva del capital, si es que podemos separar analíticamente sus denominaciones.

No obstante, la derivación más grave del esquema privatista del sector hidrocarburos es el agotamiento acelerado de las reservas. En 2007 el horizonte de vida de los hidrocarburos (es decir la relación entre reservas comprobadas y la extracción total al final de ese año) rondaba en los 8 años, cuando antes de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) las reservas de gas llegaban a 35 años y las de petróleo, a 15. En un futuro próximo se avizora un cambio radical para Argentina: de ser un país con petróleo y gas se transformará en un importador neto de hidrocarburos, con todo el peso económico que tendrá ello. Aún más importante, es el esclarecimiento de la insalvable contradicción entre la irreproducibilidad y finitud de la naturaleza y la lógica mercantil capitalista que destruye sus propias condiciones naturales de producción.

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6. Fuentes consultadas:
Diario Clarín
Diario La Nación
Diario Página 12
Ente Nacional de Regulación del Gas
Ley 25.943/2004 (Creación de ENARSA)
Ley 26.154/2006 (Regímenes promocionales para la exploración y explotación de hidrocarburos)
Ley 26.217/2006 (Prórroga de la vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos creado por el articulo 6º de la ley Nº 25.561)
Ley 26.197/2006 (Administración de las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos de sus territorios, lecho y subsuelo del mar territorial).
Revista El Inversor Energético y Minero, varios números.
Revista Industrializar Argentina, septiembre 2006, Año 4, Nº 5
Revista Petrotecnia, varios números.
Secretaría de Energía
Unión Industrial Argentina

Notas:
1) Presentado en las IV Jornadas de Economía Ecológica en la Universidad de Gral. Sarmiento, Buenos Aires, Argentina, el 28 de noviembre de 2009.
2) Parafraseamos el subtítulo del libro de Thomas Seifert y Klaus Werner (2008).
3) El 21 de octubre de 2009 la cotización del petróleo WTI de Nueva York cerró en 80, 57 dólares (Fuente: http://www.precio-petroleo.es).
4) “Una revisión general del rol permanente y de la persistencia de prácticas depredadoras de acumulación “primitiva” u “originaria” a lo largo de la geografía histórica de la acumulación de capital resulta muy pertinente, tal como lo han señalado recientemente muchos analistas. Dado que denominar “primitivo” u “originario” a un proceso en curso parece desacertado, en adelante voy a sustituir estos términos por el concepto de “acumulación por desposesión”. Una mirada más atenta de la descripción que hace Marx de la acumulación originaria revela un rango amplio de procesos. Estos incluyen la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad – común, colectiva, estatal, etc.– en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito. El estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos” (Harvey, 2004).
5) Polanyi estaba pensando en los orígenes históricos de la economía de mercado como un sistema autorregulado. Para ello era imprescindible establecer ficticiamente al hombre y a la naturaleza como mercancías. “La producción es interacción entre el hombre y la naturaleza; para que este proceso se organice a través de un mecanismo autorregulador de trueque e intercambio, el hombre y la naturaleza deberán ser atraídos a su órbita; deberán quedar sujetos a la oferta y la demanda, es decir, deberán ser tratados como mercancías, como bienes producidos para la venta (…) El hombre con la denominación de fuerza de trabajo, la naturaleza con la denominación de tierra, quedaban disponibles para su venta; el uso de la fuerza de trabajo podía comprarse y venderse universalmente a un precio llamado salario, y el uso de la tierra podía negociarse por un precio llamado renta. Había un mercado de mano de obra y un mercado de tierra, y la oferta y la demanda de cada mercado estaban reguladas por el nivel de los salarios y de las rentas, respectivamente: se mantenía consistentemente la ficción de que la mano de obra y la tierra se producían para la venta” (Polanyi, 1989:137).
6) La internalización de costos ecológicos provocados por la contaminación ambiental es, sin dudas, otro problema al cual se puede enfrentar el capital pero que no trataremos aquí.
7) La Ley de Emergencia Económica de 2002 había introducido el derecho de exportación de los hidrocarburos que el gobierno kirchnerista no sólo utilizó sino que también lo prorrogó a través de la Ley 26.217/2006. La retención de la exportación de petróleo crudo aumentó de un 20% en 2002 a un 25% en 2004 más una sobretasa según el precio internacional, que en la práctica llevaron la retención a un 45% (Resoluciones 337 y 532 del Ministerio de Economía). En 2007 se adoptan las retenciones móviles con un valor de corte de 42 dólares y un valor de referencia de 60,9 que con la cotización récord de 2008 alcanzó un 250% (Resolución 394 de 2007 del Ministerio de Economía). En el caso del gas natural se introdujeron retenciones por primera vez en 2004 de un 20% (Decreto 645/04) y en 2006 treparon al 45% (Resolución 534/2006 del Ministerio de Economía). Para las naftas, el fuel oil y el gasoil, que desde 2002 retenían el 5%, también se adoptaron las retenciones móviles en 2007.
8) Otros argumentos que esgrimieron las empresas fueron el aumento de la demanda de energía por el crecimiento económico, la madurez de los yacimientos, la falta de incentivos para invertir en refinación, las retenciones a las exportaciones, el vencimiento de las concesiones y los conflictos gremiales.
9) Algunas empresas debieron negociar su demanda creciente en forma directa con los distribuidores de energía y por lo tanto, debieron afrontar mayores costos. Por ejemplo, algunas pagaron 2,40 dólares por millón de BTU cuando el acuerdo entre el gobierno y las gasíferas era de 1,85 dólares (Revista El Inversor, Diciembre de 2007).
10) Probablemente, el subsidio al consumo haya estado motivado principalmente como paliativo al descontento popular que generarían los cortes de suministro o un alza de las tarifas.
11) Durante 2007 la cantidad de pozos exploratorios de hidrocarburos fue 45 (Bernal, De Dicco y Freda, 2008). Basta comparar con el promedio anual de 117 pozos exploratorios que implementó YPF durante la década del 80 (De Dicco, 2006).
12) Mario Cafiero (2006) demuestra en una denuncia judicial presentada junto al Dr. Ricardo Monner Sans y Javier Llorens que el negocio de la exportación de gas a Chile (que en 2005 representaba un 83% del total de las exportaciones de gas natural) se encuentra altamente concentrado. Un pequeño número de empresas, con vinculaciones accionarias entre sí, controlan la extracción, la exportación, el transporte y la importación del gas argentino. El liderazgo de lo que denomina como trust lo ejerce Repsol-YPF.
13) Como nota de color, no deja de llamar la atención que el Estado Nacional premie a Repsol YPF por convertirse en el mayor exportador del país, aún tratándose en buena parte de petróleo crudo: “El premio anual que otorgan el Ministerio de Economía y Producción y la Cancillería argentina al mayor exportador no da lugar a imprevistos: en 2005, por decimotercera vez consecutiva, la compañía española se llevó el primer lugar. La petrolera realizó exportaciones durante 2004 por 2.735 millones de dólares. Del total de las ventas al exterior, un 70% corresponden a productos petrolíferos procesados en las refinerías de la compañía en la Argentina con mano de obra nacional, mientras que un 30% restante corresponde a commodities, como el petróleo crudo, principalmente” (Revista El Inversor Energético y Minero, Octubre 2005).
14) A su vez, podríamos decir que los hechos recientes apuntan a que el destinatario final del impacto de la crisis energética sea el consumidor final, es decir, la población trabajadora por medio de la aplicación de los tarifazos en el suministro de electricidad y de gas.

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