martes, 21 de septiembre de 2010

Proyecto Censurado 2011 # 04: Estados Unidos. Inmigración opera cárceles y juzgados secretos

Jacqueline Stevens (THE NATION). Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) están deteniendo a miles de residentes extranjeros legales de Estados Unidos en lugares secretos no identificados y han deportado a más de diez mil personas con resoluciones judiciales también secretas.

“Si ustedes no tienen bastantes pruebas para encausar a alguien como criminal pero creen que es un ilegal, podemos hacer que desaparezca”. Estas palabras escalofriantes fueron expresadas en una conferencia de policías y sheriffs, en agosto de 2008, por James Pendergraph, entonces director ejecutivo de la Oficina ICE para la Coordinación Estadal y Local.

La gente detenida es trasladada a una extensa red de más de 300 lugares de encierro, situados en casi cada estado del país. Solamente algunas de estas instalaciones están bajo control operativo completo del ICE. La mayoría son cárceles bajo control del respectivo estado y de gobiernos locales subcontratados por el ICE para la reclusión de los detenidos. Sin embargo, el ICE también creó una red de cárceles secretas diseñadas para encerrar individuos en tránsito. Estas instalaciones no poseen los estándares de los centros regulares de detención del ICE, carecen de duchas, camas, agua potable, jabón, cepillos de dientes, papel sanitario, correo, abogados ni información legal. El ICE también está recluyendo gente en 186 centros clandestinos de detención, en su mayoría ubicados en complejos de oficinas o centros comerciales suburbanos, pero sin revelar ninguna información sobre su calidad de sede ICE, ni un letrero, un vehículo con logotipo o aún, la bandera de Estados Unidos que típicamente identifica las oficinas públicas. (Ver lista en http://www.jacquelinestevens.org/ICEFieldSubfield0909.PDF).

Además, existe una falta completa de seguimiento de la situación de estos presos secretos en tiempo real en la base de datos de personas sometidas a custodia ICE. Esto significa que ese organismo federal creó una red de cárceles secretas diseñadas para confinar individuos en tránsito que literalmente es gente que hacen desaparecer. A menudo, los inmigrantes detenidos pueden ser transferidos lejos de sus abogados en cualquier etapa de sus trámites de inmigración. Después de ser transferidos, los detenidos pueden ser literalmente “perdidos” de sus abogados y familiares por días o aún semanas.

Residentes de Estados Unidos detenidos en la sub-oficina ICE B-18 de California Sur, tantos como 100 personas en cualquier día dado, estuvieron realmente en un almacén rotatorio con la misma gente que iría brevemente a las cárceles locales, a veces a partir de la 01:00 a las 05:00 horas de la madrugada, y después las llevaron a otra sede, inclinados o agachados dentro de furgonetas repletas. Estas transferencias hacen imposible conocer su ubicación a cualquier persona, tampoco pudieron avisar de su traslado a sus parientes o abogados. Los detenidos del B-18 tuvieron que pasar la noche sin poder dormir, bajo el impacto ríspido del aire a presión y la ausencia de colchones o camas.

Como explicó un abogado que representa a detenidos por Inmigración, “las transferencias son absolutamente devastadoras. [Los detenidos] son embarcados en un avión en medio de la noche. No tienen ninguna idea de dónde están, ninguna idea en cuál estado [de Estados Unidos] están. No necesito exagerar el trauma psicológico de esta gente. Tampoco saben si han podido ser capturados todos los miembros de sus familias. He recibido llamadas de familiares severamente afectados, gente increíblemente traumatizada, sollozando por el teléfono, gritando “¡No sé dónde está mi hijo o mi marido!”.

Para arrestar a residentes de largo tiempo en Estados Unidos, que no tienen ninguna historia criminal, los agentes del ICE regularmente se disfrazan como inspectores civiles del ministerio del Trabajo, agentes de seguro o trabajadores religiosos. Los guatemaltecos del área de Boston están viendo infiltrarse espías en las fábricas, han visto autobuses con ventanas oscuras que se llevan a compañeros de trabajo inidentificables y a hombres armados que apuntan a sus vecinos. Durante el verano de 2009, una mujer que concurrió a la oficina de Marina Lowe, abogada de la ACLU (Unión Americana por las Libertades Civiles) en Salt Lake City, Utah, aseguró que agentes ICE visitaron su casa disfrazados como misioneros mormones. La clienta de Lowe notó que los misioneros carecían del indicativo de sus nombres que siempre se les ve llevar prendido a la camisa y se comportaban de manera contraria al protocolo del misionero, incluyendo el ingreso a su hogar mientras su marido estaba ausente. Se fueron después que ella confirmara que su esposo vivía allí. Al día siguiente, llegaron agentes ICE que arrestaron a su marido. En respuesta a la pregunta de si era una política usual del gobierno que los agentes ICE se disfrazaran como trabajadores religiosos, un email anónimo respondido desde el ICE explicó que personificar a funcionarios religiosos era parte de “artimañas operativas” que justificó como “herramienta que aumenta la seguridad del oficial”.

Nadie necesita ir a Iraq o a Corea del Norte para encontrar tribunales de justicia secretos. Los centros de detención a través del país están restringiendo el acceso público a las cortes de inmigración. La Oficina Ejecutiva del Estudio de Inmigración (EOIR, en inglés), una agencia del ministerio de Justicia encargada de manejar los tribunales de inmigración, reportó que en 2008 sus jueces fallaron 134.117 casos de deportación, cuyo 48% estuvo detenido. La población del país más vulnerable legalmente está constituida por los inmigrantes que hacen frente a estas audiencias de deportación en sitios remotos, lejos de sus familiares, indigentes y sin abogados.

Mark Soukup, oficial supervisor de detención y deportación de Eloy, Arizona, explicó que a cualquier persona que desee visitar las cortes de inmigración en esa localidad, el ICE le exige una comprobación de antecedentes, para cuyo efecto necesitaría solicitar la autorización por escrito con dos semanas de anticipación, indicando nombre, fecha de nacimiento, número del carnet de Seguridad Social, domicilio y la audiencia específica que desea presenciar. “El problema es que a cualquier persona que registre una felonía o delito menor cometido en los últimos cinco años se le puede prohibir el ingreso por motivos de seguridad”, explicó Soukup.

Lee Gelernt, abogado de la ACLU (Unión Estaounidense de Libertades Civiles), encuentra inaceptable la política de dos semanas de escrutinio previo: “Es crítico para el acceso del público y la prensa a los procedimientos de inmigración, para asegurarse que sus procedimientos son conducidos de manera transparente y consistente con los principios del debido proceso. Es absolutamente ilegal que el DHS (sigla en inglés del ministerio de Seguridad Patria) ponga restricciones irrazonables para el acceso a los juzgados de inmigración”.

Actualización de Jacqueline Stevens

He estado escribiendo para el magazine The Nation, así como en mi blog States Without Nations, sobre operaciones de detención y deportación ilegales, y en gran parte secretas, practicadas por agencias de los ministerios de Seguridad Patria y de Justicia (DoJ).

Estos artículos han chispeado algunas respuestas entre activistas, así como entre periodistas locales. Por ejemplo, en enero un grupo de los derechos del inmigrante en Grand Junction, Colorado, visitó una dirección de una lista de oficinas ICE que obtuve mediante una petición FOIA (sigla en inglés de la Ley de Libertad de Información). En un memorándum, el grupo describió cómo era el edificio que localizaron: “En la sección industrial de Grand Junction [y] es indescriptible, sin mostrar su identificación como oficina gubernamental o instalación del ICE”. Un agente dijo que la ausencia de identificación se debía a los recortes presupuestarios. (Para más información, ver http://stateswithoutnations.blogspot.com/2010/01/neighbors-visit-ice-office-in-grand.html/).

Reporteros que escribían para periódicos de Nueva York, Utah y Colorado también publicaron artículos relacionados con observaciones sobre actividades clandestinas del ICE en sus comunidades locales. Mi investigación sobre ciudadanos de Estados Unidos en custodia del ICE también se divulgó en The San Francisco Chronicle, The Charlotte Observer, CNN (online), Huffingtonpost.com y la revista Mother Jones, entre otros. Los artículos por los cuales me han nominado se han reproducido en varias revistas de papel y online por todo el mundo. (Una búsqueda reciente en Google “America's Secret ICE Castles” arrojó 87.000 entradas). En base a éstos, he sido entrevistada por National Public Radio's "Latino USA", Public Radio International's "The World", y aparecí como invitada en el show de Leonard Lopate en WNYC, fui entrevistada por Democracy Now! y en el Show de Henry Raines (Tampa Bay, Florida).

A consecuencia de las investigaciones sobre la política que aprehende y deporta a ciudadanos de Estados Unidos, en noviembre de 2009 apareció una medida que ordena a los agentes derivar los reclamos de la ciudadanía de Estados Unidos a una dirección de correo electrónico especial del ICE. A través de este email para correspondencia, envié una petición invocando la ley FOIA y fui informada que me enviarían 4.000 páginas de documentos. Estoy leyendo las primeras 100 páginas que he recibido recientemente. La detención de ciudadanos de Estados Unidos por parte del ICE continúa claramente siendo un problema.

Actualmente, estoy conduciendo otra investigación sobre medidas ilegales tomadas por jueces de inmigración. Esta investigación me ha resultado difícil debido a la venganza emprendida en mi contra por los altos funcionarios Kelly Nantel y Brian Hale, quienes ilegalmente ordenaron a los agentes impedir mi acceso a las instalaciones ICE de todo del país. En abril, me asaltó un guardia contratado por el DHS de Atlanta cumpliendo una orden de William Cassidy, juez de inmigración que deportó a un ciudadano de Estados Unidos. Mientras estaba en una sala de espera, el Sr. Cassidy le dijo a un guardia que me sacara del edificio federal. He introducido una denuncia de mala conducta. En represalia, no están respondiendo a mis preguntas los colegas del Sr. Cassidy en la EOIR (Oficina Ejecutiva del Estudio de Inmigración). Los documentos que he recibido indican que está en marcha una campaña de encubrimiento.

Más información sobre estos temas se puede encontrar en:
– Bender's Immigration Bulletin http://bibdaily.com
– Detention Watch Network http://www.detentionwatchnetwork.org
– ACLU Immigrant Rights http://www.aclu.org/immigrants-rights

Estudiantes investigadores:
Nicole Fletcher y Amanda Olson, Sonoma State University

Evaluador académico:
Ronald Lopez, Sonoma State University

Fuentes:
–Jacqueline Stevens, “America’s Secret Ice Castles,” The Nation, January 4, 2010,
– “ICE Agents' Ruse Operations,” The Nation, December 17, 2009,
– “Secret Courts Exploit Immigrants,” The Nation, June 16, 2009,
–Human Right Watch, “Locked Up Far Away, The Transfer of Immigrants to Remote Detention Centers in the United States,” December 2, 2009, www.hrw.org/node/86789

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Cuba: El país más seguro del mundo

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

A modo de introducción

Comencemos por decir que “el único paraíso… es el paraíso perdido”. O sea: la vida de los seres humanos, por lo menos hasta ahora en estos dos millones y medio de años que llevamos como especie desde que nuestros ancestros descendieron de los árboles, no ha sido precisamente un paraíso. Como van las cosas, nada autoriza a pensar que el paraíso está a la vuelta de la esquina.

Pero sin proponernos algo tan inalcanzable como “paraísos”, por el contrario buena parte de la población mundial -de la actualmente viva y de la que ya no está- tiene una experiencia más cercana a lo que podríamos decir “infierno”: la pobreza y la violencia, la pura sobrevivencia a los golpes con todo el rigor que ello implica, la guerra y los efectos de sociedades estructuradas en torno a la detentación del poder como eje fundamental -con todos los desastres que ello trae aparejado- son el pan nuestro de cada día de la mayor parte de la humanidad. Entre paraíso e infierno, la gran mayoría está por lejos más cerca del segundo.

Amén de la pobreza crónica con que muy buena parte de los humanos vive, la violencia en sus distintas formas es otra de las lacras que marcan nuestras vidas. Violencia, por cierto, que asume una muy amplia variedad de expresiones: pero las diferencias socioeconómicas irritantes -el 20% más rico del mundo dispone de 80 veces más recursos que el 20% más pobre, por ejemplo- ¿no son acaso una forma de violencia? En general, según los (discutibles) criterios dominantes, la violencia implica la agresión directa contra el otro, el ataque físico, el paso a la acción concreta. En ese sentido, la guerra por un lado, o la criminalidad, son sus modelos por excelencia.

Entran en esta última una serie amplia de elementos: el homicidio, el robo, el asalto, cualquier daño a la propiedad ajena, la violación sexual, el secuestro de personas, el tráfico de sustancias prohibidas. Existe cierta tendencia a identificar “violencia” con “criminalidad”, con lo que se invisibilizan/naturalizan otras formas de violencia: el autoritarismo, el machismo, el racismo, por ejemplo. Se mide así con sofisticadas tasas la criminalidad, pero no el racismo o la vanidad. ¿Se imaginan un “índice de vanidad”?, ¿y uno para medir la “soberbia”? ¿Y por qué no un “índice de irresponsabilidad medioambiental?” ¿Cuándo Naciones Unidas se va a atrever a medir la injusticia llamándola por su nombre y no con subterfugios tecnicistas?

Lo cierto es que la criminalidad -entendida como cualquier delito que contraviene la normal convivencia social- es algo instalado en la dinámica humana y que se liga, confundiéndose, con la inseguridad ciudadana. Ha existido desde siempre, en toda sociedad conocida, pero algo sucede en nuestra historia que en estos últimos años tiende a crecer.

En las últimas décadas la criminalidad ha sido un fenómeno en alza en prácticamente todas las regiones del planeta. De 1980 a 1997 las denuncias de actos criminales aumentaron en un 131% en el ámbito global, lo que equivale a una tasa promedio de crecimiento anual de casi el 8 por ciento. En vez de crecer la felicidad global, crece el crimen. ¿Qué está pasando?

En Latinoamérica (la segunda tasa mayor de homicidios anuales del mundo duplicando la que tenía en 1980) y en los llamados países en transición -es decir: eufemismo para mencionar aquellos que salieron del socialismo soviético de Europa- ese aumento coincide con la llamada “década perdida” por la falta de crecimiento económico para la primera, y con la transformación de una economía planificada a una de mercado en la segunda, lo que revela que el aumento de la criminalidad tiene entre sus causas el deterioro económico que se resintió por aquellos años en dichas regiones.

De la lucha de clases a la criminalidad desatada

Así entendida, la criminalidad constituye un problema político-cultural con infinidad de aristas. Es, entre otros, un problema de salud pública, y como tal, la epidemiología la estudia con preocupación. Para la Organización Mundial de la Salud un índice normal de criminalidad medida por muertes violentas intencionales se encuentra entre 0 y 5 homicidios por 100.000 habitantes en el período de un año. Cuando ese índice de homicidios se ubica entre 5 y 8 la situación se considera delicada, pero cuando excede de 8 nos hallamos frente a un cuadro de criminalidad “epidémica”.

En muy buena medida, lo que cuenta en estos fenómenos es la percepción que tienen las poblaciones al respecto. ¿Dónde se vive mejor: en Pekín (China) o en Zurich (Suiza), en Estocolmo (Suecia) o en una aldea del departamento de Totonicapán (Guatemala), en un monasterio budista del Tíbet (Nepal) o en ciudad de México, la ciudad más poblada y contaminada del mundo?

La respuesta a estas preguntas está más allá de los índices concretos, de los fríos números a que una ciencia social aséptica nos tiene acostumbrados. La calidad de vida de una población implica supuestos culturales, si se quiere: filosóficos. De eso se trata en definitiva: del proyecto en juego. Aunque el DF sea un infierno urbano, quizá para un poblador de una aldea rural pueda ser un sueño por todas las bondades que le ofrece en términos materiales, pero no para un habitante de Zurich acostumbrado a la calma y al orden. Sin dudas, la valoración de la calidad de vida es siempre relativa. En Estocolmo (Suecia), los índices de inseguridad ciudadana son bajos, de los más bajos del mundo, su “calidad de vida” está entre las más altas… pero ese país -donde se otorgan los premios Nobel, incluido el de la Paz (Henry Kissinger por ejemplo, o Barak Obama ¿son imbéciles los suecos?), y donde su primer ministro Olof Palme fue asesinado en la calle, como puede pasar en una “peligrosa” ciudad del Tercer Mundo- es uno de los grandes productores de armas. Y suecos son algunos de los grandes bancos que constituyen el Fondo Monetario Internacional, causantes, por ejemplo, del colapso financiero que vivieron años atrás países ex socialistas -“en transición”, para usar el vocabulario de moda- como Ucrania, Hungría y Letonia. Pero ningún sueco se percibe como violento. Por el contrario, esa población se siente primera defensora de la paz mundial. En un sentido lo es, sin dudas, y el ciudadano sueco común así lo percibe, pero la violencia está más allá de la pulcritud de sus calles y de la desaprobación del trabajo infantil que pueda tener en su constitución. (En Centroamérica, por cierto, alrededor del 2% del producto bruto de la región lo producen menores, es decir: el 25% del ingreso familiar urbano. ¿Quién tiene la “culpa”?)

En algunas comunidades mayas-quiché del departamento de Totonicapán -donde se encuentra la segunda reserva de pinabetes más grande del mundo- en la golpeada nación centroamericana de Guatemala (con 245.000 muertos en su reciente guerra interna), los actuales índices de criminalidad son tan bajos como los del mencionado país escandinavo, siendo que a nivel nacional toda Guatemala exhibe una tasa de homicidios de 45 por 100.000, una de las más altas de América Latina. ¿Dónde se vive mejor? ¿Será más feliz un totonicapaneco o un sueco?

Si en Argentina la ciudad de Santa María de los Buenos Aires -que de “buenos” parece no tienen mucho sus polucionados aires, una de las capitales más contaminadas del mundo- es, según una reciente medición, la ciudad latinoamericana con mejor calidad de vida, habrá que ver si los habitantes de las siempre crecientes villas miseria (las favelas, los precarios barrios urbano-marginales que ya se cuentan por millones) entraron también en la encuesta. En Buenos Aires, tan culta como París o tan bella como Roma (¿?), ¿se vive mejor que en esas aldeas de Totonicapán? Habrá que ver a quién se le pregunta, claro…

Por supuesto que hoy, en un mundo absolutamente globalizado desde los patrones eurocéntricos dominantes, los criterios para juzgar la realidad están ya establecidos: todo el planeta “entiende” las cosas con la lógica triunfante, la de la sociedad establecida desde el libre mercado que fija el Norte próspero. La paz y el respeto con el medio ambiente de un campesino de Totonicapán por supuesto no cuentan; la “calidad” de la vida está más cerca del número de vehículos de que se tiene que de la cantidad de árboles por ser humano con que se cuenta. ¿Se vive mejor en Zurich que en un monasterio tibetano? Difícil decirlo, sin dudas. Según el patrón dominante, sin dudas la ciudad suiza tiene la más alta calidad de vida del planeta. ¿Se necesita ser el banco del orbe para ello? Bueno, siendo así… no parece muy sólida ni sustentable la idea de “alta calidad de vida”, porque no todos podemos ser el banco del mundo. ¿Cuántos países en el planeta pueden autoproclamarse neutros? Y hoy por hoy estamos convencidos que usar todos los aparatos que la tecnología del capitalismo dominante ha generado nos hace más felices. No hay dudas que en todo esto hay debates abiertos, que el discurso hegemónico puede y debe ser puesto en entredicho.

Lo cierto es que la criminalidad crece, eso es inobjetable. Crece en todo el planeta, pero como decíamos más arriba, las regiones más deprimidas económicamente son las que han mostrado los índices de crecimiento más fabulosos. ¡Y la criminalidad con pobreza es agobiante! Uno de cada cuatro jóvenes latinoamericanos está fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo. De ahí, seguramente, es más fácil esperar problemas que soluciones. A propósito, señala una investigación de la Universidad Nacional de México sobre dicho país que “la base de apoyo social del narcotráfico comprende a más de 500.000 personas. Mientras no haya una política económica y social para reducir la pobreza ser difícil revertir la situación” [de la inseguridad].

En tal sentido, la ola de inseguridad ciudadana que se va expandiendo por todos lados, constituye una marca de nuestro tiempo, del fin del siglo XX e inicios del nuevo milenio. Pero la percepción que acompaña ese fenómeno es la que cuenta: el país europeo donde se denuncian más robos de automóviles, de bicicletas, de allanamientos a viviendas y de robos contra la propiedad personal en general, es Suiza, lo cual no significa que sea donde más delitos de este tipo se cometen sino: 1) donde más se confía en los cuerpos de seguridad para denunciar los ilícitos y en los correspondientes sistemas de justicia que se encargan de arreglarlos, o 2) donde la idea de propiedad privada ha calado más hondo (Suiza… el banco del mundo, no podía ser de otra manera. Dijo Bertolt Brecht al respecto: “es delito robar un banco, pero más delito aún es fundarlo”). Mientras que la capital mexicana es el centro urbano con más cámaras públicas de vigilancia policial en América Latina, con alrededor de 12.000, contando al mismo tiempo con 82.000 agentes de policía, para ser el mayor grupo policial entre las ciudades latinoamericanas, no por todo ello la percepción de la capital azteca es de seguridad precisamente (es la ciudad del mundo con mayor número de secuestros per capita). Pero si hablamos de calidad de vida, México es la ciudad con mayor número de librerías de Latinoamérica. Cómo entender/medir eso de “¿dónde se vive mejor?”

Es decir que la inseguridad, en muy buena medida, va asociada a cómo se la percibe, al imaginario colectivo que de ella existe. Lo cual, en nuestros días, y siempre en forma acrecentada significa: la inseguridad ciudadana depende de cómo la construyen las agencias mediáticas, imprescindibles poderes constructores de la “realidad social” de hoy.

¿Es el democráticamente electo presidente venezolano Hugo Chávez un dictador sanguinario? Los dictadores no ganan elecciones democráticas una tras otras, por supuesto, con un pueblo que los ama, los endiosa incluso. Ni los musulmanes son unos “fanáticos fundamentalistas sedientos de sangre” (casualmente tanto en Venezuela como en buena parte de Oriente Medio, musulmán por definición, están las reservas petroleras más grandes del mundo), ni el narcotráfico ni la violencia urbana son el principal verdadero problema en Latinoamérica. Pero eso es lo que dicen incansablemente los medios comerciales, día a día, minuto a minuto. “El narcotráfico y otras formas de asociación que generan violencia social les ofrece la coartada perfecta a los Estados Unidos para tener una presencia constante en la región, presencia que es cada vez más militar, a tono con las políticas represivas y de mano dura que prevalecen”, analizaba agudamente Rafael Cuevas.

Lo que menos necesitamos en los sufridos países de América Latina es “mano dura”; pero eso es lo que a menudo prevalece como política pública para “combatir” la criminalidad. Esa visión apunta a un tratamiento básicamente policial de todo el problema, enfatizado medidas como el dar más facultades a la policía o a los cuerpos de seguridad -y en algunos casos a las fuerzas armadas- para tareas de orden interno (el “gatillo fácil”), permitir el encarcelamiento aún por infracciones menores para dar ejemplo de dureza (la llamada tolerancia cero), considerar delito los signos de pertenencia a pandillas, bajar la edad de encarcelamiento, acelerar los juicios por este tipo de delitos -pero no para juzgar a un empresario evasor de impuestos o a un funcionario público corrupto-, implantar castigos más severos, pedido de pena de muerte, criminalizar a la “juventud pobre”, y por extensión, a todas las zonas urbanas pobres. Ahora bien: estudios serios sobre los países del istmo centroamericano que han venido aplicando mano dura en estos años demuestran que las cifras de inseguridad ascendieron, y el número de miembros de las “maras” aumentó. Similar a lo que sucedió en Colombia con el tristemente célebre Plan Colombia (luego Plan Patriota): con una militarización extrema del país, la producción y tráfico de coca no disminuyó sino que, por el contrario, aumentó, y la sociedad colombiana en su conjunto no se pacificó sino que continúa siendo de las más violentas del orbe.

Abordar estos complejos problemas sociales no es tarea fácil, sin dudas; pero la versión policíaco-militar no soluciona nada. Eso ya está largamente demostrado.

Esta desatada inseguridad ciudadana (en Latinoamérica en particular, con tasas de las más altas del planeta) tiene costos para el conjunto de la sociedad, en términos de los sistemas de salud, seguridad y justicia. Se estima que el 14% del producto bruto de la región latinoamericana se pierde por la violencia, casi tres veces más que en los países del Norte donde las pérdidas por tal motivo son menores al 5% de su producto. Esas pérdidas superan ampliamente en muchos países de la región al total de su inversión en las áreas sociales. Junto a ello se hallan muchos otros costos difíciles de medir, pero muy concretos: los costos intangibles, costos invisibles aunque de gran efecto como la sensación de inseguridad, el miedo, el terror y el deterioro de la calidad de la vida cotidiana. En definitiva, podría abrirse la pregunta si en toda esta epidemia de violencia que nos envuelve no hay proyecto político, no hay direccionalidad.

Para salir rápidamente al paso de la acusación de “teoría complotista” que se podría estar filtrando en esta afirmación, es importante no perder de vista, dos consideraciones:

1) Es difícil que haya un plan maquiavélicamente urdido que ponga en marcha cada “mara”, cada matanza de bandas rivales de narcotraficantes o cada teléfono celular robado que tiene lugar en cada esquina de estas castigadas sociedades. Pero hay un nivel en que se descubre una intencionalidad más macro tras todos estos fenómenos. Algo así como: “a río revuelto, ganancia de pescadores”. La ganancia, definitivamente, no es para las grandes masas populares. ¿Podemos creernos realmente que el problema de fondo de las empobrecidas sociedades de la región lo constituyen bandas de criminales, o ellas son sólo la punta visible de un iceberg infinitamente más grande? En todo caso, este auge de crimen tiene varios factores a la base: la pobreza y exclusión social como principal. Y políticamente, luego de las guerras sucias que se vivieron en la década de los 80 del pasado siglo y los planes neoliberales de achicamiento de los Estados nacionales, este clima de inseguridad perpetuo sirve a los poderes para seguir controlando a las grandes masas. A ello contribuye de manera armónica el llamativo auge también descontrolado de las nuevas iglesias evangélicas que saturan la región. Dicho en otros términos -y aunque esto lo quieran presentar como “pasado de moda” en el ámbito de las ciencias sociales-: para entender esta explosión de criminalidad y violencia hay que apelar al concepto de lucha de clases. Eso no ha desaparecido, aunque su formulación teórica está hoy invisibilizada. ¿Cómo entender estos complejos fenómenos político-sociales si no es a la luz de estas luchas a muerte en torno al poder? ¿O vamos a pensar que hay cada vez más “gente de mal corazón” que, por deporte, se dedica al hampa?

2) Una sociedad tan latinoamericana como todas las de la región (tomando ron y bailando música caribe “sabrosona”, lejos de la fisonomía de un país nórdico, que es lo que tenemos como modelo casi obligado de “seguridad”) no presenta en absoluto estos índices de criminalidad: Cuba.

Cuba: ¿dictadura o paraíso?

Nadie dijo que en la isla no haya expresiones de violencia ciudadana, incluso habiendo aumentado en los últimos tiempos, tal como han llegado a reconocer medios oficiales. Aunque en la prensa que ataca sistemáticamente a la revolución nunca se habla de ello, es un hecho incontestable que el grado de criminalidad en Cuba es inferior incluso al de los países que consideramos más seguros en el planeta, es decir: los escandinavos.

Retomamos aquí lo dicho más arriba: la realidad político-cultural es, cada vez más, lo que construyen los medios masivos de comunicación. Cuba tiene una tasa de homicidios anuales inferior a 5 por 100.000 personas, pero la prensa comercial jamás lo dice.

En Cuba hay infinidad de problemas, a no dudarlo (como los hay en todas partes, por cierto). Una vez más, entonces, la pregunta: ¿dónde se vive mejor? Vale recordar que en el Norte próspero y desarrollado se habla de “calidad de vida”; en el Sur, pobre y oprimido, en todo caso se habla de su posibilidad. Cuba, con enormes problemas estructurales, bloqueada, agredida continuamente, tiene una cantidad de índices de calidad de vida similar a los países llamados desarrollados (esos que manejan los bancos del mundo, deciden las guerras e imponen las modas que estamos obligados a seguir). El de la seguridad ciudadana es uno de ellos.

Por supuesto que hay hechos violentos, jóvenes agresivos, actos delictivos. De hecho, medios oficiales reconocen que la crisis económica en que se hundió el país desde principios de los 90 del siglo XX con el “período especial” ante el colapso soviético y las medidas que se implementaron para salir de ese atolladero, abrieron paso a manifestaciones de “individualismo, egoísmo, incivilidad, marginalismo y violencia cotidiana”. Pero las tasas de seguridad ciudadana siguen siendo bajas, muy bajas. Cuba es un lugar seguro.

Es muy importante destacar esto, porque hoy por hoy, producto de la manipulación mediática de la que nadie puede escapar, la “realidad” dominante del mundo, y no digamos de Latinoamérica, es la violencia desatada, la criminalidad que pareciera no dar respiro, el crimen organizado que se presenta como más poderoso que los mismos Estados. Ante ello es imprescindible hacer ver que allí hay mucho de falacia, pues un país como Cuba, sin “tolerancia cero” ni “mano dura” contra el crimen, presenta un clima de seguridad del que está a años luz cualquier país vecino de la región (con índices de homicidios de 50 por 100.000 habitantes en más de un caso).

En la isla no hay evidencias de la existencia de pandillas juveniles, las temibles “maras” que llegan al colmo de paralizar todo un país, como recientemente ocurriera en Honduras, u obligaron a militarizar las favelas de Río de Janeiro en el 2007, paralizando prácticamente toda la ciudad, ni hay una “crónica roja” que hace festín -y buen negocio- con el sensacionalismo de la nota sangrienta, amarillista, pues si un delito toma estado público y llega a los diarios, la nota se redacta con una prosa didáctica como parte de una política preventiva. El consumo de drogas prohibidas es sumamente bajo (ése es un verdadero problema de salud pública, por tanto político nacional, que hay que atacar con inteligencia, y no cayendo sobre el campesino de los países productores al que se le queman sembradíos). Si se quiere atacar realmente la cadena de distribución y el tráfico de las sustancias prohibidas, toda la parafernalia militarista con que los poderes “persiguen” mafiosos en los países de la región no parece estar dando resultado (¿curiosamente?). Al menos, no termina con el negocio… a no ser que el resultado buscado no sea ese precisamente, sino controlar sociedades.

Cuba, hay que decirlo, no está “en manos del narcotráfico”, como sucede en tantos Estados “descertificados” por la Casa Blanca (¿cuándo la Organización Mundial de la Salud “descertificó” de la lista de “países saludables” a Estados Unidos por principal nación del mundo en presencia de tóxico-dependientes?) Ante un caso sonado de narcotráfico La Habana efectivamente sí actuó y se detuvo el delito, fusilando al principal responsable, el general Arnaldo Ochoa en 1989. De hecho no hay tráfico de drogas ilegales en la isla, por tanto bandas que se ocupen del negocio. Ni por tanto -¿será lo que se espera finalmente?- planes militares tipo Colombia ni Mérida para enfrentar ese “apocalipsis”.

Cuba está llena de problemas, de contradicciones; si queremos ser más duros incluso: de mezquindades y flaquezas. Pero si la imposibilidad de caminar tranquilas (sin violación sexual a la vista) y tranquilos por la calle es el gran déficit de las sociedades actuales -de las de América Latina en especial, pero no sólo, pues el fenómeno va expandiéndose en forma global-, si andar de noche pasó a ser un drama de proporciones gigantescas dada la inseguridad reinante, si en cualquier esquina nos pueden asaltar o sabemos que no tenemos que entrar en “zonas rojas” (rojas, no por socialistas…, valga la aclaración) porque una mara ya no nos dejará salir en paz, si gastamos tantos recursos en seguridad (alambradas, policías privadas, sistemas de alarma, cárceles de máxima seguridad, vehículos blindados, guardaespaldas, telecámaras y perros guardianes, etc., etc., etc.), si todo eso es el principal problema de nuestros días, la “dictadura” cubana no lo presenta. Una dictadura que cuida a su gente… ¡Vaya dictadura!, ¿no?

Y decir que la gente quiere huir de la dictadura no es buen argumento, porque de todos los países latinoamericanos su empobrecida población sigue huyendo a diario hacia el ¿paraíso? del norte, pese a que en el camino se encuentre con una matanza como la reciente de Tamaulipas, en el límite de México con el american dream.

Cuba no será un paraíso seguramente, pero al menos está más lejos del infierno que todos los otros países hermanos de la región. Sus índices de criminalidad lo dicen.

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Costa Rica: Turbulencias cambiarias

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

Cómo no sorprenderse frente a la “fortaleza” que nuestro humilde colón manifiesta ante el dólar. Ya los economistas de La Nación y La República parecen haber dicho todo cuanto se podría decir, pero aún así me arriesgaré con algunas poco interesantes ideas.

Diré, primero, una trivialidad que, de tan obvia, resulta necio mencionarla: parece que andamos inundados en dólares. Obviamente eso es tanto como decir que las plantas en nuestro jardín están mojadas porque llovió mucho ¿Podría existir manipulación del tipo de cambio? Esa es otra trivialidad, tratándose de un mercado cambiario que, de tan chiquitillo, hace que cualquier ardilla parezca un elefante. Pero, a lo sumo, ello explica movimientos de corto plazo, no tendencias de largo plazo. Y esto último es –como luego mencionaré- lo que parece que estamos viendo.

Resulta, pues, que, según todas las trazas, Costa Rica sigue siendo muy “exitosa” en materia de atracción de capitales extranjeros. Ese éxito alcanzó nuevos niveles –previamente no vistos- durante este primer decenio del siglo XXI y especialmente a partir del año 2004. El impulso llega incluso hasta 2008, aunque sufre un serio revés en 2009 a raíz de la crisis económica mundial. Sin embargo, esto no provocó escasez de divisas puesto que al mismo tiempo las importaciones tuvieron un desplome realmente dramático. De ahí que no sufriéramos ninguna devaluación del colón.

Ya desde el cuarto cuatrimestre de 2009, y seguramente favorecidos por la relativa estabilización (y la vacilante recuperación) de la economía mundial, los flujos de capital aumentan de nuevo. De seguro en esto también juegan otros factores. Uno de ellos es las tasas de interés en Costa Rica, altas relativamente a las que prevalecen en países desarrollados y no tan desfavorables comparadas con los niveles internos de inflación. Y de seguro, también repercute el narco. Decirlo es otra trivialidad, pero ni modo, confío que usted sabrá disculparme ¿Cuánto representan los dólares del narco? No sé si alguien lo sabrá (y muy gato ha de ser para saberlo), pero este servidor admite su ignorancia al respecto. A lo sumo repetiré lo que todo mundo dice: seguramente es mucho dinero.

El caso es que hay hartos dólares en la calle. La revaluación del colón resulta entonces esperable, especialmente dada la pasividad del Banco Central. Pero el tema relevante aquí es que, en realidad, estamos hablando de un proceso de mediano, incluso largo plazo. O sea, los coletazos de los últimos días forman parte de un movimiento de mucho mayor alcance. Es cuestión de revisar las estadísticas que elabora el mismo Banco Central, pero guiándonos no por el tipo de cambio nominal, es decir, el que se registra en las transacciones cotidianas del mercado, sino en el tipo de cambio real, o sea, aquel que resulta después de tomar en cuenta los niveles de inflación de Costa Rica, comparativamente a los que se registran en los países con los cuales se comercia; Estados Unidos el principal, como es bien conocido.

Los datos son claros: desde los últimos meses de 2005 ese tipo de cambio real viene en descenso, es decir, el colón ha registrado un movimiento de mediano plazo (ya vamos por cinco años), tendiente a su revalorización relativamente al dólar. Es un movimiento oscilante, no lineal, pero el hecho perdurable que se hace manifiesto a partir de la observación de los datos es claro: en su intercambio con el dólar, el colón se ha vuelto relativamente más valioso.

Eso es mala noticias para las exportaciones, cuya rentabilidad se ve afectada por la diferencia entre la inflación de Costa Rica relativamente a la de los países a los cuales se exporta. Si aquella es mayor que esta, significa que, en términos generales, los precios que las exportaciones reciben tienden a rezagarse relativamente a la evolución de los costos en colones. Con el sistema de minidevaluaciones se garantizaba que la devaluación compensara (y, con frecuencia, más que compensara) esa diferencia. Con el sistema de bandas cambiarias, y en el contexto de los abundantes flujos de capital que el país ha recibido en los últimos años, esa protección –que a menudo devenía subsidio- ha desaparecido. Pero, aún más, se ha entrado en un movimiento inverso: de cinco años para acá el tipo de cambio evoluciona de una forma tal que está penalizando a las actividades exportadoras, incluido el turismo (conforme el colón se revalúa, Costa Rica va siendo un destino más caro para quien lo visita).

Para empresas como Intel –cuya producción incluye un alto componente importado- el efecto posiblemente es mucho menor. Diferente es el caso para la pequeña empresa exportadora o turística de capital nacional. A saber si la mezcla entre crisis mundial y revaluación de la moneda habrá influido en la reducción en el número de empresas exportadoras que se dio en 2009 (según datos de PROCOMER, de 2116 empresas exportadoras en 2008, se pasó a 2003 al año siguiente, menos, incluso, que las que existían en 2006).

El “éxito” en la atracción de inversiones se vuelve así en contra de las exportaciones. Es un resultado más que paradójico, ya que se suponía que el capital extranjero vendría a reforzar el potencial exportador. Pero su abundancia parece estar teniendo el efecto contrario. Entonces, el modelo neoliberal deviene inconsistente: sus dos pilares fundamentales –los flujos de inversión extranjera y las exportaciones- entran en colisión.

La paradoja se hace más grande cuando además uno observa que, con mucha probabilidad, los efectos derivados del TLC con Estados Unidos podrían reforzar esta tendencia. Recordemos lo siguiente: ese Tratado, en términos prácticos, no aportó nada significativo en materia de acceso al mercado de Estados Unidos para las exportaciones costarricenses. Lo que ya se tenía con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) es lo que el TLC da, con apenas la muy abstracta adición de que presuntamente este último consolida jurídicamente posibilidades comerciales que con la ICC podían estar en riesgo.

En cambio, el TLC “abrió” diversos mercados al capital extranjero –por ejemplo telecomunicaciones y seguros- y crea condiciones para que otros, que ya estaban “abiertos” –por ejemplo salud y educación- resulten más atractivos a ese capital. Sin duda, el TLC es esencialmente un poderoso tratado de inversiones, más que uno de tipo comercial.

Ya estamos viendo la entrada de inversiones –seguro aumentará en próximos años- destinadas a esos sectores recién “abiertos”. Y, para profundizar la paradoja, como que además el modelo neoliberal se pone parcialmente de cabeza: estaba decididamente orientado “hacia afuera”; ahora se introduce una faceta “hacia adentro”, puesto que ese capital que viene a invertirse en los mercados recientemente “abiertos”, básicamente producirá para satisfacer la demanda interna.

Si este proceso de “apertura” de mercados tiene éxito, los flujos de capital extranjero se mantendrán altos y, por lo tanto, la presión hacia el aumento del valor del colón frente al dólar seguirá vigente. Lo lamento por las exportaciones.

En concreto ¿qué podría ocurrir? Ello depende de múltiples factores. Quizá el Banco Central ejercite una intervención más decidida y revierta la caída del dólar. Sin embargo, eso también tiene costos, en primera instancia para el propio Banco Central. O acaso se permita que siga la revaluación del colón por varios años, en cuyo caso se estarían creando las condiciones que, eventualmente, podría llevar a una crisis de balanza de pagos que, ahí sí, precipite una severa devaluación del colón.

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A los políticos se les conoce en México por sus últimos 10 años de actuación no por sus orígenes partidarios o de clase

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Todos los políticos -incluso todos los seres humanos- tienen un origen ideológico y de clase social. Nadie nace ni se puede desarrollar en un botellón descontaminado. Hace 50 años -por malsanas enseñanzas- solía descalificar en la lucha por el socialismo a todo el que no fuera marxista/leninista, que no fuera obrero, campesino o miserable. A pesar de que Marx, Bakunin, Engels, Lenin, Trotski, Luxemburgo, Gramsci, Mao, Fidel Castro y el Che, jamás fueron obreros o campesinos, los adopté porque eran -según yo- “intelectuales obrerizados”; era sólo una posición ideológico-política. Sin embargo, al pasar los años me fui dando cuenta que en el capitalismo y en la socialdemocracia quien llegue al gobierno (sea campesino, obrero, militar, comunista, socialista, clase mediero, todos) actuará más o menos igual, es decir, a favor de la clase dominante, aunque diga querer lo contrario. Funciona como una simple pieza de la maquina de explotar.

2. Esto viene a colación porque cuando hablamos de políticos y de partidos en lugar de ir al fondo, a lo definitivo, nos pasamos viendo los orígenes primeros. Si eso fuera verdad los que hicieron “la primera revolución socialista del mundo” hubiesen sido los más limpios, honestos y democráticos de todos los tiempos y Stalin y su grupo no fue nada de eso. Si eso fuera cierto el único partido en México heredero de la revolución fue el PNR/PRM/PRI y Elías Calles su creador, y eso evidentemente no ha sido así. Entonces si así fuera, los orígenes clericales, de hacendados terratenientes y fascistas del PAN, no le darían ninguna autoridad para criticar; y los orígenes priístas del PMT, PST, PRD, PT y otros, no estarían tan mal porque vienen de la revolución mexicana. Por eso he dicho muchas veces que a los políticos mexicanos se les debe conocer o reconocer por sus últimos 10 años de actuación no por sus orígenes partidarios y de clase.

3. Recuerdo que Castillo Peraza quien fuera mi amigo y colega del periodismo sólo a mediados de los 80, cuando se encumbró en el PAN y anduvo de la mano con el presidente Salinas, repetía que “el PRD era el PRI de los setenta” y para descalificarlo más decía que “todos sus dirigentes venían del PRI”. Lo risible es que los panistas saben de dónde vienen pero sólo hablan de manera parcial de su creador (Gómez Marín) sin decir que se encumbró entre los funcionarios callistas del Banco de México y para crear el PAN tuvo que aliarse con los ricos del país, el clero y el extranjero. Fidel Castro fue un estudiante burgués, Guevara y Allende profesionistas, Chávez un militar, Evo un campesino, Lula un obrero socialista, el uruguayo Mujica de la guerrilla urbana, Bachelet socialista, Robles maoísta, Pazco trotskista, Amalia García comunista. Basta con analizar cada gobierno y sus personas para ver que los orígenes no tienen nada que ver con sus actuaciones de los últimos 10 años.

4. Parece que cada persona o político es lo que ha hecho en los últimos 10 años, aunque le queden rasgos de su vida anterior: el estudiante burgués, el militar, el campesino, el profesionista y el socialista, haciendo buenos gobiernos. Por el contrario, el obrero socialista, el guerrillero urbano, la socialista, la maoísta, el trotskista y la comunista gobernando para el neoliberalismo, vendiéndose a la derecha, haciendo de saltimbanqui y promoviendo la corrupción. El poder -nunca lo olviden- destruye hasta al más modesto revolucionario y mayor poder lo hace enemigo de lo que era antes. No me olvidaré nunca que Lenin escribió el magnífico libro El Estado y la Revolución un mes antes que se hiciera del gobierno y un año después, estando en el poder, a mediados de 1918, escribió El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo” para condenar a todos aquellos que luchaban contra el centralismo y el despotismo del poder.

5. A partir de entonces todos los traidores exizquierdistas en el poder olvidan El Estado y la Revolución y aplican la condena o descalificación de “enfermedad infantil”, a todos aquellos jóvenes anarkos y anarko-punk que cuestionan el poder y denuncian las componendas de los antes revolucionarios. También por eso los jóvenes marcusianos franceses y alemanes del 68 escribieron el libro: “Leninismo, enfermedad senil del comunismo”. Pero el problema no fue de Lenin -.como denunció en su tiempo Rosa Luxemburgo- sino las condiciones de la Rusia campesina, monárquica, aristocrática y semifeudal, así como el imperialismo mundial, que obligó al gobierno ruso a imponer un poder centralizado y despótico para evitar su derrumbe. ¿O acaso no es fácil para quienes escogimos siempre estar en las barricadas tener absoluta libertad y nunca aceptar algún poder porque corrompe? Por eso se aconseja que en ves de estar arriba haya que estar abajo -con el movimiento de masas- empujando.

6. Tuve más de cien amigos de “izquierda comunista” que eran “rabanitos”, es decir, rojo por fuera y blanco por dentro; que cuando en los gobiernos de Echeverría, López Portillo, Salinas y Zedillo les abrieron la puertas de los empleos, los dineros y los negocios, entraron corriendo y les encantó. Incluso con Fox, argumentando contra Cárdenas, llegaron a ocupar altísimos cargos en embajadas y consulados. Pero viéndolo bien tampoco son culpables porque forman parte de una estructura capitalista que lo absorbe todo. ¡Imagínense cuántos izquierdistas estudiosos e inteligentes, incluso muy honestos, veían que panistas y priístas tontos se aprovechaban de todo mientras ellos seguían esperando una oportunidad que al fin les ofrecieron! Lo que pasa es que para vivir al margen de los “placeres” de grandes cenas, buenos vinos, lujosos hoteles, continuos viajes por avión y jugosos ingresos, se necesita una conciencia enraizada.

7. Lo que ofrece el sistema capitalista a quienes piensa que pueden prestarle un buen servicio, casi nadie puede despreciarlo. ¿Se acuerdan del “cañonazo de 20 mil pesos” de que hablaba Obregón y de la “maiceada” que daba Porfirio Díaz a los “intelectuales”? Entonces ser obrero, explotado, en el sistema capitalista o haber sido comunista o socialista no es ninguna garantía para ser un buen líder o un buen gobernante. Los expriístas Camacho, Ebrard, Cárdenas, Muñoz Ledo son los mismos socialdemócratas que los exsocialistas o comunistas Pablo Gómez, Rosario Robles, Amalia García o algunos exguerrilleros que andan por ahí; eso han demostrado en los últimos 10 o 12 años. López Obrador y sus más cercanos colaboradores, a pesar de su expriísmo, sacan aún algunas ventajas por los procesos de radicalización que están mostrando. Sin embargo los próximos meses serán decisivos para conocer si negociarán con los de arriba o se decidirán por los trabajadores. Esta decisión será definitiva.

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Cardenal venezolano defiende a terrorista Peña Esclusa

Jean-Guy Allard

El político de extrema derecha Alejandro Peña Esclusa “ha sido injustamente acusado de tener C4 en el piso de su apartamento” y el arresto del terrorista salvadoreño Francisco Chávez Abarca ha sido organizado deliberadamente para engañara a la opinión, ha sostenido ayer el Cardenal Jorge Urosa Savino, en una sorprendente declaración a Unión Radio.

Conocido por sus opiniones muy cercanas a las de la extrema derecha de su país, el más alto jerarca de la iglesia católica venezolana, reconoce haber tenido relaciones con el líder fascista, jefe de la UnoAmérica – una organización conocida por su implicación en un fracasado complot para asesinar al presidente boliviano Evo Morales y por sus estrechas relaciones tanto con el partido ARENA de El Salvador como el régimen golpista hondureño.

“Conozco al doctor Peña aunque hace muchos años que no hablo con el”, ha confesado Urosa Savino al interrumpir su interlocutora, Marta Colomina, para señalar el caso.

Colomina había abierto el intercambio elogiando a la vez la “palabra absolutamente creíble y respetable” del dignatario católico y disparando ataques a Cuba y al socialismo.

Urosa reconoció que Peña Esclusa siempre “ha actuado muy en solitario…”, antes de afirmar, sin más explicaciones, que en el momento de su arresto por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ocurrió “una especie de probable manipulación”

Refiriéndose a Peña Esclusa que nombró familiarmente por su nombre “Alejandro”, el jerarca católico juró que es “un hombre bueno” incapaz de andar con explosivos.

“Él es un hombre que ha mantenido una actitud de oposición frontal al gobierno nacional, pero no es ningún terrorista, lo conozco, y ha sido injustamente acusado”.

“¿Como se le ocurre creer que alguien puede tener C-4 en el piso de su apartamento?” pregunto, apoyado por su interlocutora que calificó de “grotesca” la detención de este socio del terrorista cubanoamericano Armando Valladares.

“¡Esto es absolutamente absurdo!”, insistió Urosa.

En cuanto a Francisco Chávez Abarca, el brazo derecho en El Salvador del terrorista cubanoamericano Luis Posada Carriles además de ser un conocido jefe de pandilla, Colomina trajo el tema al comentar “Este señor se llama Chávez también…”

El cardenal de inmediato opinó que le terrorista salvadoreño era: “Un testigo traído así - no se de donde lo sacaron”.

El programa se terminó con una sucesión de comentarios abiertamente hostiles al Presidente Hugo Chávez, al socialismo “lo que hay en Cuba”, y con un llamamiento a participar a las “cadenas espontáneas de oración” que el propio Urosa organiza este sábado, a unas horas del escrutinio donde se elegirá la Asamblea Nacional.

Fuente imagen: APORREA

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Argentina. Agencias de seguridad, un negocio descomunal: La industria de los represores

PRENSA DE FRENTE

“La gente sin miedo no contrata servicios de seguridad”, afirma el abogado Gabriel Lugones para señalar la lógica perversa de un negocio que ha crecido en forma brutal en las últimas décadas. “El mercado para la venta de seguridad privada es la existencia del delito. Mientras que un cana del Estado gana haya o no haya delito, un privado no vende el servicio si no lo hay. La llamada sensación de inseguridad es funcional a que las empresas existan y multipliquen sus contrataciones”.

El tema aparece como preocupación de la Organización de los Estados Americanos –órgano de insospechada parcialidad a favor el campo popular–, que en un reciente informe plantea que “la seguridad es un bien público y es, además, responsabilidad principal del Estado. (…) En los últimos años, sin embargo, el aumento de la industria de seguridad privada ha puesto en duda este principio. En la mayoría de nuestros países el número de vigilantes privados tiende a ser mayor que el de los policías. En algunos casos, incluso, con capacidad de porte de armas de mayor poderío que aquellas que son utilizadas por los policías”. La OEA estima que en el continente americano hay 4 millones de personas contratadas por la industria de la seguridad privada que “cuentan con limitada formación para la resolución pacífica de conflictos y aún menor para la utilización efectiva de armas de fuego. La informalidad en esta industria es también preocupante (…) Cuentan con salarios mínimos, nula protección personal o coberturas de salud, enfermedad o muerte”. La "gravedad de la situación" incluye, además, la privatización de la guerra.

El negocio crece entre el 20 y el 25% anual, y no se detiene cuando la economía se estanca, sino todo lo contrario. En Argentina se calcula que hay unas 1800 y 2000 empresas en el país, que emplean unos 200.000 vigiladores, pero no hay disponible información actualizada y confiable. Además, el trabajo en negro complejiza el tema. “Existen innumerables casos en los que menos del 10% de los guardias de una empresa está habilitado para desarrollar su labor”, comenta Martín Medina, investigador de la Universidad Nacional de Misiones y autor del libro Quién custodia a los custodios.

Un poco de historia
Las primeras policías privadas surgieron a mediados del siglo XIX para proteger empresas. En nuestro país, el caso paradigmático es el de la firma anglosajona La Forestal, que explotó millones de hectáreas de quebracho en el Chaco. Además de tener bandera y moneda propia, La Forestal tenía su propia “gendarmería volante”, conocida como “los cardenales”. En los años veinte, cuando los trabajadores se rebelaron contra las crueles condiciones laborales, esta fuerza y otras formaciones parapoliciales causaron centenares de muertos. Similar actuación de agentes privados se registró en la metalúrgica Vasena durante los hechos conocidos como la semana trágica (1919).

Pero el mercado de la seguridad fue pequeño hasta principios de los ´70, cuando se sancionó una Ley de Seguridad Bancaria que estableció nuevas normas para la gestión del dinero y habilitó el negocio en el que la empresa Juncadella adquirió una posición dominante. Pocos años más tarde se beneficiaría también con la reforma del correo promovida por Videla, cuando los Juncadella estaban asociados con Heberto Juan Gut Beltramo, titular de la española Prosegur, una empresa que hoy cuenta con 70.000 agentes en todo el mundo y sólo en la primera mitad de este año facturó más de 1.200 millones de euros.

Hoy convertida en una de las más grandes transnacionales de la seguridad, esta empresa fue fundada en 1976, semanas después del golpe en Argentina. Tres años más tarde absorbería a la Sociedad Anónima de Servicios de Seguridad (SASS), creada en España por el Brujo José López Rega. Al parecer, los vínculos de los represores con el negocio de la seguridad tienen larga data.

En Argentina, la dictadura demostró explícitamente su interés por las agencias. El mismo 24 de marzo de 1976, antes incluso de designar al Presidente, se sancionó un decreto de Habilitación de empresas de seguridad personal. “En el 82, después de Malvinas, los militares y sus socios civiles armaron diversas experiencias para hacer un repliegue ordenado. Crearon las agencias de seguridad privada. O ya existían, pero las consolidaron. Y las agencias se convirtieron en el reservorio de buena parte de todos estos tipos”, explica el sobreviviente de la ESMA Víctor Basterra.

Según un estudio presentado por los sociólogos Alejandra Beccaria y Federico Lorenc Valcarc, el 90% de los directores técnicos de las agencias tienen un pasado policial o militar. Suele tratarse de agentes que se retiraron de su fuerza acusados de corrupción o prácticas ilegales. Aunque no siempre han sido exonerados: muchas veces se retiran al iniciarse un sumario, lo que evita que queden constancias. El 10% restante, en muchos casos son familiares o testaferros. “Son los despedidos de la policía estatal”, sintetiza Gabriel Lugones, un abogado que trabajó como inspector de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Y se indigna más ante la participación de militares: “Acá hay una cultura de que cualquier tipo con arma ayuda a combatir la inseguridad. Se confunde lo que es agarrar a un ladrón con hacer la guerra contra Gran Bretaña. Creer que las Fuerzas Armadas sirven para combatir el delito, no sólo es facho: es una burrada. Son actividades que no tienen nada que ver, aunque en las dos haya armas”.

Por otra parte, la actividad está mal regulada y escasean los controles. El Estado se ha mostrado incapaz de frenar la proliferación de empresas ilegales y muy ineficiente en la inspección de las legales, que incumplen requisitos de capacitación, emplean a personal inhabilitado, etcétera. En octubre de 2002, el entonces presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CAESI) declaró en el portal especializado Seguridad y Defensa: “Es más fácil abrir una agencia que poner un quiosco”.

Nido de represores
“Muchos de los exonerados de las fuerzas armadas y de las policías provinciales por delitos de lesa humanidad supieron ´reciclarse´ como directivos técnicos de estas empresas, ya que se presentan como ´expertos de la seguridad´”, confirma Martín Medina. En febrero de este año, la recuperación de “nieto 101” sacó a la luz el caso de Víctor Alejandro Gallo, que durante la dictadura integró el batallón 601 y en estos tiempos actuó como dueño de la agencia de seguridad Lince. El apropiador de Francisco Madariaga Quintela -nació en 1977 en el hospital militar de Campo de Mayo- tenía además antecedentes delictivos por los que estuvo preso en los ´80, cuando participó del robo de una financiera y luego de la Masacre de Benavídez, donde fue asesinada una familia. Su empresa de seguridad fue fundadora de la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad (CELSI), que fuera presidida durante sus primeros 12 años por el coronel retirado Jorge Luis Toccalino, hoy detenido por la Justicia federal de Necochea. En 2008, durante un cocktail por el 15° aniversario de la entidad, se hizo un reconocimiento a su figura, “verdadero impulsor y motor de la actividad”, “aunque no nos puede acompañar físicamente en esta celebración”.

Aunque el asunto se destapa de tanto en tanto con casos puntuales, éstos distan de ser excepciones. La edición de este mes de La Pulseada incluye un extenso informe sobre agencias de seguridad privada. En la investigación, la revista platense intentó sin éxito acceder a información pública. Ni la Dirección Fiscalizadora de Agencias de Seguridad, ni la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), ni el organismo encargado de las normas vigentes sobre acceso a la información pública contestaron los pedidos. Una de las consultas refería a agentes, directivos o propietarios de empresas de seguridad privada que están o estuvieron involucrados en causas judiciales por delitos de lesa humanidad. Los registros existen. La SDH, a cargo de Sara Derotier de Cobacho, contestó una consulta similar hace tres años, en el marco de la causa federal referida a la desaparición de Jorge Julio López. En una carta fechada el 12 de marzo de 2007, Derotier adjunta una lista de 42 integrantes de agencias de seguridad que, según sus registros, “habrían actuado en el aparato del terrorismo de Estado”. Aclara que su secretaría no tiene la función de dictaminar inhabilitaciones, si no que se limita a informar. La lista de represores duerme entre miles de fojas de la causa López, que estos días cumple cuatro años sin aportar justicia.

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La inteligencia está hecha

Luis Brunati (especial para ARGENPRESS.info)

Lo que hoy se describe como crisis de la seguridad, es solo una manifestación más de un sistema en crisis.

La verdad es que decimos mucho y bien poco al mismo tiempo, cuando afirmamos que una serie de factores convergentes concurren para configurar el clima de inseguridad en que vivimos, en especial rodea las grandes ciudades.

Entre las causas globales, aquellas que no afectan solo a nuestro país, se debe consignar en primer lugar la crisis del sistema laboral tradicional y la falta de mecanismos de reemplazo que permitan al ser humano de nuestros días y en especial a las nuevas generación, formas legítimas de inclusión social, cultural y económica.

Dice Jeremy Rifkin en su celebre obra “El fin del trabajo” (Paidos 1996):

“Desahuciados, muchos no tendrán otra alternativa para sobrevivir, que caer en una economía irregular. Algunos llevarán a cabo trabajos ocasionales a cambio de comida y alojamiento. Otros caerán en el crimen menor. El tráfico de droga y la prostitución continuaran incrementándose, a medida que millones de seres humanos, abandonados por una sociedad que ya no los necesita o que no aprecia su trabajo, intentarán mejora su destino en la vida. Sus peticiones de ayuda en gran parte serán ignoradas, mientras los gobiernos llenan sus bolsillos y cambian sus prioridades de gastos de la creación de empleo y subsidios, al refuerzo de las estructuras policiales y la construcción de mas prisiones.”

En este sentido, si la distribución de los beneficios de la primera revolución industrial hizo necesaria la jornada de ocho horas, el sábado ingles, la vacaciones y otros beneficios, la actual la fenomenal envergadura y bastedad de revolución tecnológica de nuestros días, haría necesaria una jornada laboral inferior a 1 hora, para socializar los beneficios generados por la capacidad creadora del cerebro humano.

Es indudable que el fenómeno de la “falta de trabajo”, unido a la exhibición publicitaria, centralmente a través de la TV y el cine de los estándares de calidad de vida y confort alcanzado por los sectores incluidos, coloca al ser humano ante una tensión sin precedentes. Quien tiene dinero goza, el no tiene sufre y ante quien no se resigna a la injusta situación, se abre el camino de la violación.

Nuestra problemática

En nuestro caso y en especial en el marco de la responsabilidad asumida por esta comisión “Fuerzas Policiales y Política de Seguridad”, resulta muy difícil dejar afuera problemas tales como la crisis de bipartidismo en argentina, la fenomenal e injusta distribución del ingreso en nuestro medio, la clientelización de la pobreza, la corrupción judicial y los intrincados mecanismos que la vinculan con la corrupción política, la falta de metas existenciales claras, entre muchas otras cuestiones. Deberíamos sin embargo, pasar a un análisis más especifico.

En ese sentido diría que, muchos de los factores que amenazan a la sociedad en su conjunto, se descargan en forma especifica en el área que nos hemos propuesto y de ahí el titulo, algo provocativo de este encuadre: “La inteligencia está hecha”

Salvo honrosísimas excepciones, que siempre las hay, las fuerzas de seguridad, su personal, cuadros jerárquicos y organización institucional, están insertadas, como todos nosotros en la crisis que el bipardismo.

No hay juego de salón, competencia ni deporte alguno en el cual sea posible cambiar las reglas del partido que se está por jugar. Tampoco sería fácil imponer a todos los contrincantes un reglamento acordado por los dos equipos más poderosos y menos aún que mansamente se acepte que el último “campeón” sea a su vez; arbitro del campeonato. Las modificaciones de reglamento suelen ser eventos excepcionales, producto de prolongados acuerdos y estudios minuciosos, pero sin embargo en la “seria” arena de la política y en especial de nuestro modo de hacer política; sucede exactamente lo contrario: nunca hubo dos partidos con el mismo reglamento.

Parece un chiste, pero lamentablemente es parte de la realidad. La banca, o sea el oficialismo de esta timba tragicómica y su principal partenaire, PJ y UCR, inventan e imponen con complicidad de la justicia las reglas más “convenientes” para el match que viene, a fin de asegurarse resultados. Cambios de fecha, modificaciones instrumentales, alteraciones substanciales y hasta acuerdos con respecto a lo que se va a poner en disputa, son moneda corriente.

Podría hablar del pacto de Olivos 1 (Menem PJ – Alfonsín UCR) o el pacto del pacto de Olivos 2, (nuevamente PJ – UCR), instrumentado en diciembre de 2009, o sea 24 horas antes de que el kirchnerismo perdiese la mayoría en el Congreso, impulsa el “bipartidismo forzado por ley”, a través de la llamada “Reforma Política”, pero basta con decir que en este venturoso cuarto de siglo en democracia, no ha habido nunca dos elecciones con las mismas reglas de juego.

Luego de intentar garantizar la impunidad de su retirada, la más cruel y corrupta de las dictaduras fue paradójicamente, la que convocó las elecciones más “imparciales”. Ya en “democracia” desde 1983 hasta la actualidad se introdujeron un total de 56 modificaciones de diversa índole y envergadura a las leyes 23.476, 24.094, 24.444, 25.610 25.858, 25.983 y 26.215 que regulan el ejercicio de los derechos del ciudadano de elegir a sus representantes. En otras palabras, no hubo un solo acto electoral para el cual, quien manejaba los comicios se resistiese a la tentación de manipular las reglas de juego en su favor con sentido de aplicación inmediata y en beneficio del bipartidismo. La clase política en representación de la voluntad popular, defiende sus intereses de clase.

Desde esta perspectiva y desde esta falta de apego a la ley creo que sería conveniente analizar que no solo respecto del delito común la inteligencia ya está hecha y todo aquello que no tributa por los canales legales y las cajas de Afip o Arba, de algún modo también “aportan” a través de las ventanillas de circuito ilegal. Así como desarmaderos, el juego clandestino, la venta de drogas y la prostitución (por nombrar solo algunos) encuentran lugar donde tributar, no es menos cierto que el trafico de influencia, la corrupción política, los negocios ilegales de guante blanco, encuentran su correlato en el obsceno costos de las campañas electorales, el enriquecimiento en la función pública, la compraventa de conciencias y la degradación del sistema judicial, también por nombrar solo algunos de los ilícitos generados al amparo de un poder sustentado por un bipartidismo agotado y sin capacidad, voluntad política ni credibilidad social para ensayar salida alguna.

En política como en la vida se puede hacer cualquier cosa, menos escapar a las consecuencias de las cosas que se hacen. El problema de la seguridad en lo relativo al área especifica de esta comisión, como me animo a decir en todas las demás, es un problema político y a mi juicio debe ser abordado como tal, admitiendo que es mucho, lo técnicamente posible de proponer y realizar, dentro de un marco político adecuado, como indudablemente inútil todo lo que se realice fuera de él.

*) Luis Brunati: Coordinación de la comisión “Fuerzas Policiales y Política de Seguridad”, del “2º Foro por un proyecto emancipador” sobre “Inseguridad, violencia y delito organizado”. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 18-9-2010

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Lejos de dioses y demiurgos

Silvana Melo (APE)

Ella tiene dieciséis y asegura que decidió engendrar. Si se la apura un poco en su cortedad, si se le pregunta más de lo deseado, el carácter voluntario del crecimiento de ese vientre moreno empieza a derrumbarse. No es sencillo para ella permanecer. Seguir fatigando unas horas del secundario y volver a casa, donde la historia familiar es dura, con una madre atrapada por los fantasmas de la carencia, el alcohol y los golpes.

Su futuro es tan cortito, sus sueños tan modestos, que no encuentra en la mínima otredad una alternativa que no sea otra construcción familiar, desprevenida, improvisada, insegura. Ella con sus dieciséis se topa con alguien que la acompaña -acaso sólo por unas cuadras de su vida- y decide parir pero no lo decide. En realidad, su única voluntad es huir del útero primigenio y oscuro. Y proveerse otra vida a tientas, sin pensar en el futuro que a ella se le aparece como los pocos metros que quedan para la esquina. Repetirá la historia porque está programada para el desamparo.

Acaso no exista una paridad más potente a la mitología de Dios que una mujer cuando decide hacer vida. La gestación de nueva luz en el propio cuerpo en la reiteración voluntaria y cotidiana de la cosmogonía universal es la única apuesta humana que emparda a la divinidad. Crear vida no es sólo el mito del barro insuflado por un hálito superior. Es también la panza enorme que la mujer echa adelante con orgullo, tomándola por abajo y chancleteando su camino a la diosencia.

Ella con sus dieciséis está muy lejos de tocarse el hombro con la divinidad. La vida le asesta un niño en el que se verá niña en poco tiempo y que le pesará toneladas dentro del cuerpo y fuera de él. En el alma y en la mesa de los días.

Como a la piba de quince con familia quebrada y ausente, invisibilizada por las estructuras estatales y sola de toda soledad que decide -¿decide?- parir como única forma de tener algo propio. Un niño que la demande, la necesite, la llore, la devore en su lucha por sobrevivir. Y que probablemente conozca la soledad intra y extra útero como crónica aprendida y fatal.

Como la de diecisiete, que desconoce toda herramienta de prevención y cuidado de su salud, que no tiene rumbo ni porvenir más extenso que la hora siguiente, que tantas veces logra un minuto de no conciencia con sustancias y alcoholes y que un día nota que su cintura se engrosa y lo niega y busca en la sangre que aquello no crezca. A veces son dos vidas niñas que se cortan de cuajo en un sucucho de los márgenes.

O la de catorce que un día sorprendió su vientre crecido fruto del abuso y la violencia. Y no quiere ni desea aquello que crece. Ymañana serán dos niños solos y en abandono.

Infancia que no se ve. Desaparecida de todos los rangos sociales, de todos los programas estatales -que hasta ofrecen teléfonos que nadie conoce a los que las nenas invisibles deben llamar para saber qué hacer para no quedar embarazadas como si se tratara de un acto consciente y desprovisto de contexto-. Desaparecida y sola.

Más de 115 mil chicas de hasta 18 años fueron madres en 2008. Una cada cinco minutos, calculan las estadísticas como para darle mayor efectividad al número. La mayoría fueron embarazos no deseados.

Se trata del 15,4 por ciento de los nacimientos totales en el país durante ese año.

Las cifras tienen una coincidencia contundente: en las provincias donde la pobreza, el hambre, el desempleo, la deserción escolar levantan los índices, las chicas se convierten en madres sin desearlo. O empujadas por una historia de la que no se pueden correr. Heredada, inexorable, fatal. Chaco (24,7 % de los nacimientos), Misiones (22,04%), Formosa (21,47%), Santiago del Estero (20,07%). En la ciudad de Buenos Aires la tasa de nacimientos adolescentes no supera el 7.08 por ciento. El corte brutal de la desigualdad, firme y corrosivo.

El informe oficial del Ministerio de Salud dice que la mayoría de las mamás adolescentes tienen entre 15 y 19 años. Y que los embarazos en las niñas de entre 10 y 14 años tienen raíz, generalmente, en hechos de violencia dentro de la propia familia.

Si hace falta más, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC aporta números de 2009. En las grandes grandes ciudades “viven aproximadamente 32 mil adolescentes con entre 14 y 20 años que declaran tener al menos un hijo. Estas jóvenes tienen perfiles socioeconómicos muy diferentes al promedio de las adolescentes. El 40 por ciento pertenece al quintil más pobre de la sociedad y otro 34 por ciento al segundo quintil. El 83 por ciento ha dejado de estudiar. El 59 por ciento no trabaja ni busca trabajo, es decir, se ha convertido en ama de casa, el 22 por ciento está desempleada y sólo el 19 por ciento tiene empleo”.

Invisibles para el Estado -que sólo los agrupa como números fríos en las estadísticas oficiales- los niños no deseados, los niños de la fuga y de la ausencia de futuro, los niños del abuso y del desamparo, serán otro eslabón de una historia gruesa y extensa de abandono. Sus madres pueden morirse en el parto, ellos serán flaquitos o de pulmones frágiles, nacerán antes de lo previsto, rodarán solos, niños de niñas solas en la honda trinchera del mundo. Tan lejos de los dioses y los demiurgos.

Fuente imagen: APE

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Buscando a Robi y a Benito (Parte II)

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS. info)

Veinte años mas tarde de aquél fatídico 19 de julio de 1976, patrocinando a la hija de Mario Roberto Santucho -Ana Cristina- y al hermano de Benito -Facundo- presenté sendos habeas data dirigidos a obtener información sobre el lugar en que se encontraban los restos de ambos dirigentes revolucionarios y saber cuál había sido el destino de sus acompañantes -Liliana Delfino, la compañera de “Robi”, Antonio Domingo Menna y Ana Lanzillotto de Menna, embarazada de seis meses-.

Las respuestas en ambos casos fueron diferentes, pero nos permitieron abrir un camino para reconstruir los hechos.

En el habeas del “Comandante” los organismos de seguridad requeridos por el Juez contestaron con lo que parecía una broma perversa, diciendo “que no se encontraba detenido en ninguna dependencia de la Gendarmería o de la Policía Federal “ y acompañaron un prontuario que concluía con la fuga del penal de Rawson.

Ante esta evidente falta de colaboración, decidimos interponer una denuncia penal ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, que se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Cámara de San Martín la que invocando las leyes de obediencia debida y punto final derivó la presentación al Juzgado Federal del Dr. Alfredo Bustos, Secretaría de la Dra. Martina Forns en el que comenzó a sustanciarse una información sumaria que permitió develar “ algunos misterios”.

La pregunta que siempre nos habíamos hecho es ¿cuál fue la razón que determinó que la Dictadura, luego de la profusa información de los primeros días, ocultara lo sucedido en Villa Martelli?.

Las declaraciones prestadas ante este Tribunal por Videla, Riveros, Bussi y algunos testigos de identidad reservada nos permitieron reconstruir lo ocurrido. Comprobamos que Santucho llegó en una ambulancia al Hospital Militar, con serias heridas, que horas mas tarde le provocaron la muerte. Que su cadáver, junto con el de Urteaga quedó depositado en la morgue de dicho nosocomio, siendo exhibidos, ambos, como “trofeos de guerra “.

La cúpula militar genocida decidió preservar los mismos para una futura negociación con el Ejército Revolucionario del Pueblo, y a los efectos de que se redactaran las respectivas partidas de defunción, fue “convocado” el Dr. Carlos Sparrow, médico de policía en la localidad de San Martín.

Los médicos militares presentes le informaron quiénes eran los caídos, y le dijeron que temían represalias del ERP, por lo que no extenderían los certificados, los mismos - NN- se encuentran incorporados en las actuaciones referidas.

Domingo Menna el “gringo” fue traslado al campo de detenidos-desaparecidos denominado “las Cañitas “lindante con lugar en que se están llevando a cabo las excavaciones. Fue sometido a salvajes torturas durante meses, según el testimonio de Patricia Erb, hija de un pastor menonita que fuera liberada por gestiones de la Embajada de los Estados Unidos.

La misma, en su testimonio, aseveró que este estaba en un estado deplorable. Luego otro testigo manifestó que en los últimos días de setiembre de ese año, Riveros le ofreció al “ Gringo” que lo dejaría en libertad si le entregaba toda la información necesaria para destruir la organización revolucionaria. Ante su negativa fue “traslado” o sea arrojado a las aguas del Atlántico.

Su compañera Ana Lanzillotto, siguió su misma suerte, torturada, vejada, y sometida a tratos crueles y aberrantes dio a luz en la “maternidad clandestina” ubicada en esa unidad militar en estas actuaciones realizamos un allanamiento al Hospital Militar de Campo de Mayo y secuestramos el libro de nacimientos que registra el parto de esta -NN por supuesto-.

Liliana, la compañera de Robi, también torturada, vejada y sometida a tratos crueles y aberrantes fue “trasladada” a los siete meses de aquél 19 de julio.

“Robi” había nacido en Santiago del Estero en el seno de una familia de gran sensibilidad política y social. Su padre fue diputado radical en la Legislatura provincial.

Desde que empezó a militar en el movimiento estudiantil en Tucumán consideró -recuperando los aportes que al marxismo había hecho el peruano Carlos Mariátegui- que los procesos de transformación en Latinoamérica debían contener una mirada a la etnicidad. Con esa concepción funda el Frente Revolucionario Indoamericano Popular. Luego, al conformar el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en alianza con Palabra Obrera, reafirma el papel directriz que le cabe a la clase obrera en las luchas por la Liberación en la Argentina y en todo el Continente.

Al delinear una estrategia para la toma del poder-a finales de la década del 60 - interpela seriamente a la llamada “izquierda clásica”, paralizada en un largo debate en torno al carácter de la Revolución y a las vías o caminos a recorrer para lograrla, e impugna el “verbalismo revolucionario”, de las corrientes que se reducen al mero discurso.

No sé si llegaron a conocerse con el Che, pero tenían mucho en común. La coherencia entre teoría y praxis -nada común en la dirigencia política de estos días-la decisión de dar la vida por una sociedad distinta y un “hombre nuevo” y la fuerza y el magnetismo que irradiaba lo convertía en un “imprescindible”.

Benito había nacido en San Nicolás, también en el seno de una familia sumamente politizada. Su padre era un importante dirigente radical de esta ciudad y siendo muy joven-nuestro Benito-fue de los jóvenes que acompañaron al presidente Illia cuándo una unidad militar lo desalojó de la Casa Rosada y del Gobierno el 28 de junio de 1966.

Junto con Luis Pujals -mi cuñado-, Guillermo Pérez, Enrique Gorriarán Merlo, Rubén Bonet “el indio”, conformaban el grupo de San Nicolás-Pergamino que participa en el V Congreso en el que se decide constituir el Ejército Revolucionario del Pueblo. Benito, desde la cárcel, adhirió y acompañó esta decisión.

¿Como fueron las primeras excavaciones? ¿Cuál fue el contenido del fallo de la Corte en 1998? ¿Que pasó después? Las respuestas la daremos en la próxima nota

Ver también:

Manuel Justo Gaggero es abogado de las familias de Santucho y Arteaga -integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y ex Directo del Diario El Mundo y de la Revista Nuevo Hombre-.

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Argentina. Mendoza contra el saqueo de sus recursos: Fabiana Villafañe sobre "Potasio Río Colorado" y "Proyecto San Jorge"

Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

La lucha de la asamblea Autoconvocados de San Carlos por la protección del recurso hídrico y los glaciares de la provincia y la derogación de las leyes nacionales de promoción minera que favorecen el saqueo de recursos y el estado de conflicto permanente de los pueblos.

Esta semana conversamos con Fabiana Villafañe (42), trabajadora estatal y activista en la asamblea Autoconvocados de San Carlos, en la provincia de Mendoza. Días atrás, cerca de 2000 personas de ese departamento se reunieron para exigir, mediante un petitorio dirigido a las fuerzas políticas locales y a la ciudadanía, la protección del recurso hídrico y los glaciares de la provincia y la derogación de las leyes nacionales de promoción minera que favorecen el saqueo de recursos y el estado de conflicto permanente de los pueblos.

No nos traían progreso

- Con motivo de la audiencia popular que realizaron en Eugenio Bustos señalaron que el proceso de información y movilización de la gente comenzó hace 7 años. ¿Por qué?

Villafañe.- Acá tenemos la Laguna del Diamante, un espejo de agua y un sector turístico muy importante a los pies del volcán Maipo. Empezamos a ver en esa zona de cordillera ciertos movimientos y a darnos cuenta de que eran unos geólogos haciendo estudios. Empezaron a hablar de minería sustentable... Entre los vecinos comenzamos a averiguar de qué se trataba todo esto y pudimos contactarnos con la gente de Esquel, que venía empezando su lucha. De a poco nos fuimos informando y concientizando: un trabajo de hormiga, de vecino a vecino, boca en boca, para tratar de que la gente entendiera lo que era este tipo de explotación.

No nos traían progreso como planteaban... Empezamos a entender el marco jurídico, la contaminación que va quedando como pasivo y la afectación en lo social para las comunidades. Es un largo trabajo que llevamos como asamblea. Como hito importante tuvimos en 2005 la primer manifestación pública del pueblo de San Carlos para lograr la ampliación de la Reserva Natural Laguna del Diamante, una reserva muy chiquita que está bajo la órbita del gobierno provincial.

- ¿Cuál es el conflicto que involucra al Ejército Argentino (EA) en la ampliación de la Reserva Hídrica Laguna del Diamante?

Villafañe.- El Ejército reclama como de su propiedad los terrenos que han sido ampliados por la reserva. Están planteando que la Provincia no podría ejercer sobre esos terrenos, propiedad del Ejército Argentino y del Estado nacional, ningún tipo de jurisprudencia. Esto es lo que ha resuelto la Corte en un fallo en el que le ha dado la razón al Ejército y que nosotros vamos a cuestionar legalmente.

Muchos emprendimientos están literalmente parados

- Llaman a no referirse a la Ley 7722 como "antiminera", porque eso confundiría a la opinión pública...

Villafañe.- La ley se consigue en 2007 a través de la movilización de dos departamentos: San Carlos y Alvear. Esa ley lo que hace es prohibir el cianuro, el ácido sulfúrico y cualquier otra sustancia química en los procesos de megaminería metalífera a cielo abierto. En cualquiera de sus etapas: exploración, prospección, ejecución. Todas las leyes que nosotros tratamos de impulsar tienen como eje preservar el recurso hídrico. Al prohibir las sustancias químicas o tóxicas contaminantes tratamos de evitar que esas sustancias lleguen al agua, lo que ha hecho que muchos emprendimientos se vean afectados por esta ley y que estén literalmente parados.

- Entonces, ¿permite algún tipo de explotación?

Villafañe.- En realidad, con la tecnología actual no. Hay un proyecto muy avanzado, que es el Proyecto San Jorge... Por lo general, el método que hay es la lixiviación con uso de cianuro. San Jorge ha planteado la flotación con xantato, que es más o menos lo mismo. El xantato, a diferencia del cianuro, que separa metales en el fondo de un dique de cola, lo que hace para separar los metales del resto de la roca es encapsularlos a través de detergentes en una burbuja. Estamos cuestionando este proyecto porque creemos que va en contra de la 7722. Hay toda una discusión con la empresa: ellos dicen que este método no estaría contemplado por la 7722 y nosotros decimos que sí. Si bien el xantato no es lo mismo que el cianuro, produce otro tipo de envenenamiento, tanto en el aire como en el agua. Y eso queda a perpetuidad.

Además de contaminar, corrompe

- Además, les piden al secretario de Medio Ambiente y a los legisladores provinciales que no defiendan los intereses de las empresas mineras. ¿Se puede promover la actividad sin ser por eso cómplice del daño ambiental?

Villafañe.- Desde la perspectiva nuestra, no. Hemos descubierto a lo largo del tiempo que la megaminería metalífera, además de contaminar y saquear, también corrompe. Hemos visto cómo los intereses mineros se instalan en las legislaturas provinciales, haciendo lobby a favor de sus intereses, y cómo los funcionarios terminan siendo cómplices y a veces socios. Voy a poner un ejemplo: el ministro de Infraestructura de la provincia de Mendoza, Francisco Pérez, es parte del staff de abogados que lleva adelante 12 pedidos de inconstitucionalidad de la Ley 7722 que han presentado las empresas mineras. Esta es la superposición de roles: en sus actividades privadas defienden los intereses mineros y luego, como funcionarios del Estado, no pueden defender los intereses de la gente.

- También quieren que la cordillera de los Andes, en su paso por Mendoza, sea un área protegida. ¿Es el fin último excluir a la minería de la geografía provincial?

Villafañe.- Sí. Tiene que ver con la ley de glaciares, muy anhelada por todas las asambleas del país. Primero fue el veto presidencial, ahora la postergación de la media sanción que faltaba. Va pasando el tiempo y las empresas, en algunas provincias, logran instalarse con facilidad y obtener el agua de nuestra fuente de vida para el futuro. Los glaciares son nuestra reserva de agua, con la que nos alimentamos en épocas de sequía. Este año se prevé que va a ser uno de los más secos de los últimos 100 años y que lo que nevó en la Cordillera no nos va a alcanzar para los consumos de agua potable. Los glaciares son fuente de agua; impulsamos una reserva natural porque de esta manera los estaríamos cuidando temporariamente...

Vienen a cumplir los roles que el Estado no cumple

- En sus recorridas, ¿se encuentran con vecinos que apoyen este tipo de emprendimientos?

Villafañe.- En San Carlos, voy a ser honesta, no. Se ha generado un gran nivel de conciencia. En Uspallata se ha producido una división encubierta: las empresas tienen una forma de operar en los territorios con cooptación. Ellos instalan sus oficinas, vienen a cumplir los roles que el Estado no cumple, a ayudar a las escuelas, centros de salud. La comunidad de Uspallata es muy chiquita y, con la promesa del trabajo, van logrando adherentes. Hay un grupo pequeño de desocupados, con los que nosotros habitualmente hablamos, que estaría apoyando a la empresa. No tienen claro cuáles son las consecuencias. Muchas veces están movilizados por su necesidad de trabajo..., trabajo que no es real. Una vez instaladas, estas empresas no ocupan mano de obra local, porque necesitan personal altamente especializado y las comunidades no tenemos ese tipo de personal.

- ¿Qué opinás sobre la posición del Comisionado Europeo para el Medio Ambiente, que considera que una prohibición general del uso del cianuro en la minería no está justificada?

Villafañe.- Esas mismas comunidades, tanto la europea como la canadiense, permiten que sus empresas hagan este tipo de cosas en lugares como Latinoamérica, cosas que ellos no permiten en sus lugares de origen. Lo permiten con una falta total de respeto. Les interesa muy poco lo que nosotros pensamos y cuál es nuestro estilo de vida, siempre y cuando no afecte a sus capitales. Hay lugares donde desde el año 92 está prohibido este tipo de explotación. Parece una cosa sin sentido planteada desde la lógica del capitalismo.

No es una producción sustentable

- ¿Cuáles son las mentiras en torno al Proyecto San Jorge (PSJ)?

Villafañe.- Precisamente, plantear el método de flotación como diferente al de la lixiviación. Químicamente es diferente, en cuanto al resultado es lo mismo. Ha quedado demostrado por informes científicos que el xantato sí es un elemento altamente contaminante.

- ¿De qué forma perjudica a la provincia el acuerdo que firmó el Gobierno con la empresa Vale por el proyecto Potasio Río Colorado (PRC)?

Villafañe.- Esa explotación no es a cielo abierto. Lo que hacen son grandes pozos de alrededor de mil metros de profundidad. Por un lado inyectan agua y por el otro sale esa agua con las sales. Se separa el sodio por un lado y el potasio por otro. El agua se evapora en la superficie y quedan las pilas de sal, alrededor de 10 manzanas con pilas de 50 metros de alto que van a quedar a perpetuidad. PRC está consumiendo el equivalente en gas a todo el consumo residencial, industrial y comercial de la provincia de Mendoza, cuando hemos tenido este invierno déficit para el suministro en garrafa y algunas industrias con cortes. No es una producción sustentable, porque una sola empresa va a consumir este gas que no saben de dónde lo van a sacar; no tenemos reservas para eso. ¿Y para qué es? Para sales de potasio, un fertilizante que la empresa brasilera va a exportar para servir al modelo sojero, altamente cuestionado por otras asambleas del país, porque el monocultivo lo que hace es destruir las economías regionales.

No nos oponemos porque no nos guste

- Desde la asamblea, solicitan a los medios de comunicación no presentar su propuesta sólo como un rechazo a la minería. ¿Querés ampliarnos el reclamo?

Villafañe.- Mendoza es una provincia agrícola-industrial con una fuerte apuesta al turismo. No nos oponemos a la minería porque no nos guste, sino porque viene a atentar contra lo que venimos haciendo de generación en generación. Toca el agua de la agricultura, nos afecta el paisaje. La Laguna del Diamante, que es muy bella, tiene un caudal turístico en temporada que genera puestos de trabajo genuinos. Una explotación minera puede estar 15, 20 ó 30 años; después se va y la laguna ya no vuelve a ser la misma. No es un rechazo a la explotación... Queremos defender otras actividades que sí nos permiten cuidar los recursos para nosotros y las generaciones futuras.

Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik estudian el desarrollo de conflictos por los bienes naturales en Argentina y el potencial de Internet para la distribución de información sobre el tema.

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