lunes, 4 de octubre de 2010

Proyecto Censurado 2011 # 13: Obama reduce programas sociales y aumenta el gasto militar

Tom Englehardt y William J. Astore (TOM DISPATCH), Sam Husseini y David Zupan (COMMON DREAMS) y Jeremy Scahill (REBELREPORTS). Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

La decisión del presidente Obama de aumentar el gasto militar este año y en el futuro dará lugar al dispendio castrense administrativo más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Esta decisión de acrecentar el presupuesto militar se está tomando a despecho de continuas pruebas de dilapidación extrema, fraude, abuso e incremento del bienestar corporativo de los propios uniformados. Al mismo tiempo, serán congelados los gastos en programas nacionales de “no-seguridad”, tales como educación, nutrición, energía y transporte, dando por resultado cortes inflacionistas en los servicios esenciales para el público de Estados Unidos durante los próximos años.

Estos programas nacionales constituyen sólo el 17% del gasto federal total, pero sufrirán todos los recortes presupuestarios. Jo Comerford, director ejecutivo de Proyectos de Prioridad Nacional, dijo: “La oferta [de Obama] encapsula el gasto de no-seguridad en 447 mil millones de dólares para cada uno de los tres ejercicios económicos anuales próximos. Durante ese tiempo, la inflación erosionará el poder adquisitivo del total de esa previsión presupuestaria y requerirá recortes [presupuestarios] en los servicios durante cada año sucesivo”. Las consecuencias de recortar el gasto doméstico darán lugar, a futuro, a un mayor aumento en la brecha entre ricos y pobres.

En contraste, el presupuesto militar asciende a un áspero 55% del gasto discrecional del año fiscal y aumentará aún más el próximo año. De acuerdo a las proyecciones de la Oficina de Administración y Presupuesto, el presupuesto militar aumentará en 522 mil millones adicionales durante la próxima década. Tom Engelhardt señaló en TomDispatch.com: “Ésta es una realidad [norte] americana: el Pentágono es nuestro verdadero estado del bienestar, los fabricantes de armas son nuestras reales “reinas del bienestar” y nunca detenemos su manera de trasvasijar el dinero”.

Hay un despilfarro enorme, ampliamente generalizado, con fraude y vastos abusos del Pentágono y de los contratistas militares, que dan por resultado mayor bienestar para los ricos. William Astore, un teniente coronel jubilado (aviación), concluyó: “Cuando llegan a nuestra nación los escándalos militares, la ignorancia –que es notable– no es la dicha; dado el estado de guerra permanente en que nos encontramos, ahora [la cuestión] es cuánto parecen de contentos los norteamericanos por no saber”. El público nunca oye hablar del gasto en guerra en los grandes medios corporativos y cuáles son realmente todos los costos. Varios ejemplos ilustran el grado de abuso al contribuyente:

• Sólo a un futuro sistema de armas se le estima ahora un costo para el contribuyente estadounidense que es casi la mitad de lo que se espera cueste el plan de atención sanitaria de la administración Obama durante una década. Originalmente se esperaba que un avión F-35 costara 50 millones de dólares, pero el costo estimado hoy es de 113 millones. La infantería de marina, la fuerza aérea y la marina de guerra planean comprar 2.450 unidades combinadas de F-35s, que costarían más de 323 mil millones de dólares (Engelhardt).

• Una reciente audiencia de la Comisión [federal] sobre Contratos en Tiempo de Guerra en Iraq y Afganistán lanzó un informe de 111 páginas sobre sus “investigaciones iniciales sobre la exagerada confianza de la nación en los contratistas”. De acuerdo con lo expresado en la audiencia: “Más de 240.000 empleados de contratistas –entre ellos, cerca de 80% de extranjeros– están trabajando en Iraq y Afganistán para apoyar operaciones y proyectos militares de Estados Unidos, del departamento de Estado y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La cantidad de empleados de las empresas contratistas excede el número de las tropas de Estados Unidos en la región. Mientras los contratistas proporcionan servicios vitales, la Comisión cree que su uso también ha exigido miles de millones de dólares perdidos en despilfarro, fraude y abusos debidos a planeamiento inadecuado, elaboración de contratos pobres, competencia limitada, fallas de descuido en las funciones del personal y otros problemas”. Jeremy Scahill (RebelReports) observó que mientras encargan a la comisión de tiempo de guerra revelar el alcance de la corrupción, ésta incluye a miembros que son favorables a la guerra o que han trabajado para importantes contratistas de guerra.

• Según la autora Kathy Kelly, quien escribió el libro Tough Minds, Tender Hearst (Mentes Duras, Corazones Blandos), “el gobierno de Estados Unidos dedica recursos voluminosos y mucha sofisticación para matar en Afganistán. Con muy poco que pase, realizar esas políticas está creando cólera… Un soldado de Estados Unidos con sus botas en tierra de Afganistán cuesta cerca de 1 millón de dólares al año. Imagínense qué cosas buenas podrían hacerse con ese dinero para ayudar a la gente afgana. Un gobernador en Afganistán gana cerca de 1.000 dólares por año” (Husseini, Zupan).

El presidente Obama está continuando el proceso de re-inflar el Pentágono que comenzó a finales de 1998, exactamente tres años antes de los ataques del 11/9. El aumento de gastos en defensa nacional es tan grande desde 1998 como en las dos eras juntas de Kennedy-Johnson (43%) y los aumentos de Reagan (57%). Desde 1998 –que es cuando terminó el despilfarro en defensa por la declinación post- Guerra Fría– han entregado al departamento de Defensa cerca de 7,2 billones de dólares. El gasto actual sobrepasa el máximo gastado en los años de la guerra de Vietnam y en la era Reagan: los planes del Pentágono son para quedarse en ese nivel. Para justificar el aumento radical del actual gasto militar, en comparación con la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial, se han invocado las guerras en Iraq y Afganistán. Sin embargo, incluso si las guerras de hoy se sacaran del cuadro, todavía existe un aumento de 54% desde 1998.

Las innumerables audiencias públicas llevadas a cabo el año pasado para abordar la reforma de la atención sanitaria, fueron noticias constantes y motivo de discusión del público, las corporaciones involucradas, los medios y el Congreso, que continuaron durante meses. El programa de atención sanitaria costará en diez años la gente estadounidense tanto como cuestan en un solo año la defensa y la seguridad interior. Con todo, los presupuestos de defensa consiguen ser aprobados cada año sin un solo “mitin del ayuntamiento”, sin ninguna cobertura de los medios y, virtualmente, sin ninguna discusión en el Congreso.

El contribuyente, forzado a pagar cerca de un billón de dólares anuales para financiar el militarismo, la infraestructura de seguridad interior y las guerras, sigue siendo ignorante de los costos reales. Las razones de la falta de conocimiento público sobre el gasto militar son varias e incluyen: ausencia de cobertura del conjunto de los medios corporativo; grandes medios que emplean a oficiales jubilados del ejército como “analistas” y “expertos”, que así presentan solamente un lado del asunto; el respeto inculcado a los civiles por los jefes militares (“déjenlo a los expertos de uniforme”); secreto y “presupuestos negros” que obscurecen el gasto militar. Entre las cuestiones sobre los militares de Estados Unidos que aborda William J. Astore (TomDispatch.com), surge una pregunta clave: ¿Por qué los militares son inmunes al doloroso ajuste presupuestario a que hace frente el resto de Estados Unidos?

Astore concluyó: “Es verdad que el mundo es un lugar peligroso. El problema es que el Pentágono forma parte de ese peligro. Nuestro militarismo ha crecido así de fuerte y así domina a nuestro gobierno, incluyendo a su política exterior e incluso aspectos de nuestra cultura, pues no existe contrapeso eficaz a su encerrado estilo de pensamiento centrado en el conflicto”. Esta dominación está costándole a Estados Unidos enormes sumas de dinero público, es la principal contribución a la crisis económica y ahora, y en el futuro, continuará erosionando desesperadamente los necesarios programas de gasto social público.

Fuentes:
–Tom Englehardt, “Weapons Makers as 'Welfare Queens,'” TomDispatch.com, March 18, 2010,
–William J. Astore, “The Pentagon Church Militant and Us: The Top Five Questions We Should Ask the Pentagon,” TomDispatch.com, March 18, 2010,
–Sam Husseini and David Zupan, “Obama: Cut Domestic, Increase Military,” Institute of Public Accuracy, January 26, 2010, http://www.commondreams.org/newswire/2010/01/26-14
–Carl Conetta, “The Pentagon’s Runaway Budget,” Antiwar.com, March 3, 2010,
–Jeremy Scahill, “US War Privatization Results in Billions Lost in Fraud, Waste and Abuse,”
RebelReports, June 10, 2009,

Estudiantes investigadores:
Molly Lipinski y Meghan Brandts, St Cloud State University

Evaluador académico:
Julie Andrzejewski, St. Cloud State University

Fuente foto: DOD

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Militares latinoamericanos: Buenos alumnos

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

En Estados Unidos no hay golpes de Estado… porque no hay embajada norteamericana.

En la antigüedad clásica del imperio griego la ciudad de Esparta fue legendaria por sus guerreros. Legendaria también era la forma en que los mismos se preparaban: entre otras cosas, debían pasar un día entero sosteniendo el escudo en posición de defensa, sin moverse. Eso templaba el espíritu para la lucha. No hay dudas que el ejercicio en cuestión daba resultado. La capacidad de los espartanos en el combate–evidentemente, muy buenos alumnos– hasta el día de la fecha sigue siendo proverbial; a nadie se le ocurriría, por cierto, pedirle que filosofaran como sus vecinos los atenienses. Ellos no estudiaban para eso. Pero sí fueron un modelo de soldado abnegado, obediente y disciplinado. Dicho de otro modo: cada uno en lo suyo. Esparta en la guerra, Atenas en la filosofía y en las artes.

Los militares latinoamericanos, desde que existen los Estados nacionales por esta parte del mundo –no más de dos siglos– se han dedicado a su profesión, la guerra, claro está; pero en muy buena medida a un tipo de guerra bastante peculiar: las guerras civiles. En el transcurso del siglo XX hubo pocas guerras interestatales en la región; la función de las fuerzas armadas se vio dirigida básicamente a la represión interna.

Como parte de la Guerra Fría (la tercera guerra mundial, como se la llamó), prácticamente todos los países del área latinoamericana vivieron guerras internas insurgentes y contrainsurgentes. Con distintas modalidades –urbanas, campesinas, con mayor o menor involucramiento de la población civil– en todo el subcontinente, entre las décadas de los 60 y los 80, tuvieron lugar feroces procesos de militarización. A la proclama revolucionaria siguieron invariablemente atroces respuestas represivas.

La respuesta contrarrevolucionaria la dieron los Estados nacionales a través de sus cuerpos armados, ejércitos fundamentalmente. Esto pone en evidencia dos cosas: por un lado ratifica qué son en verdad las maquinarias estatales (“violencia de clase organizada”, según la clásica definición leninista de 1917), a favor de qué proyecto se establecen y perpetúan (obviamente no es con el campo popular). Y por otro lado, desnuda la estructura de los poderes: los ejércitos reprimieron el proyecto revolucionario, pero ellos cumplieron su mandato; el real poder que usó la fuerza para seguir manteniendo sus privilegios no aparece en escena. Los militares –buenos alumnos– pusieron en práctica aquello que se les enseñó.

Hoy día, terminada la Guerra Fría y el “peligro comunista”, dado que las sociedades fueron hondamente desmovilizadas como producto de la brutal represión ejercida, los cuerpos de seguridad retornaron a sus cuarteles. Incluso en los últimos años del siglo pasado y principios del actual, habiéndose tornados ya innecesarios los ejércitos para el mantenimiento de la “paz” interior –porque el trabajo de sofocamiento de la protesta estaba ya cumplido, claro– se iniciaron tibios procesos de revisión de las guerras internas, de sus excesos y abusos. Pero que, por supuesto, no pasaron de tibios. Los famosos Juicios de Nüremberg en la derrotada Alemania de post guerra fueron posibles porque los juzgadores ganaron incuestionablemente el conflicto; aquí las cosas no fueron así. ¿Quién ganó las guerras sucias de Latinoamérica? Los militares, buenos alumnos de los manuales estadounidenses, condujeron esas guerras; los verdaderos ganadores siguieron siempre con sus negocios, sin ensuciarse, sin mancharse las manos.

Pasadas las dictaduras militares, con distintas modalidades los países que sufrieron esos monstruosos conflictos armados internos iniciaron alguna suerte de ajuste de cuentas con su historia. Más allá de los resultados de esos procesos, desde el enjuiciamiento y condena a los comandantes argentinos (luego indultados) hasta la total impunidad y el retorno al poder por vía democrática en, por ejemplo, Bolivia o Guatemala, el común denominador ha sido y sigue siendo que los ejércitos contrainsurgentes cargan con todo el peso político y la reprobación social respecto a las guerras sucias transcurridas. De los verdaderos beneficiados se habla poco, o no se habla.

Sin ninguna duda, esas guerras fratricidas fueron sucias, de más está decirlo. La tortura, la desaparición forzada de personas, la violación sistemática de mujeres, el arrasamiento de poblaciones rurales enteras, constituyeron parte de las estrategias de guerra seguidas por todos los cuerpos militares. Hoy día, cuando pensamos en el fracaso de los proyectos revolucionarios de Latinoamérica de décadas pasadas, tenemos inmediatamente la imagen del verde olivo y las botas militares. Y un uniformado no es, precisamente, el primer amigo del ciudadano de a pie. Pero no para otra cosa que no fuera esa represión interna estuvieron preparados los ejércitos de la región. Su ejes fundamentales, bases de las guerras sucias, expresan claramente lo que se consideraba más necesario y efectivo para la “defensa de la patria”: 1) la clandestinidad/ilegalidad, que desdeña e ignora la ley y se oculta en la oscuridad y la impunidad bajo el amparo de los organismos de seguridad del Estado; 2) la construcción de un “enemigo interno”, a partir de una moralidad estrecha que señala, denuncia y sanciona en un solo acto al opositor como fuente de todos los males, criminalizándolo y abriendo la posibilidad de su exterminio; y 3) la presión psicológica: que pretende “ganar los corazones y las mentes” de aquellos a quienes está violentando.

La doctrina militar de todos los ejércitos latinoamericanos no se elaboraba –ni se elabora hoy– en Latinoamérica: para eso estaba la Escuela de las Américas en Panamá, por años sede del Comando Sur de las fuerzas estadounidenses impartiendo sus clases. Los cuerpos castrenses del área –una vez más: buenos alumnos– han funcionado lisa y llanamente como ejércitos de ocupación; sus hipótesis de conflicto no eran las guerras contra otras potencias regionales sino el enemigo interno. Su estrategia, en definitiva, tenía como objetivo mantener aterrorizadas a las propias poblaciones. Esos soldados, preparados por Washington en su lógica de contención del avance comunista, adiestrados en las más despiadadas metodologías de guerra sucia, y bendecidos por los grupos de poder locales (¡ese es el punto clave!), en las pasadas intervenciones que tuvieron no hicieron sino cumplir con el papel para el que fueron educados. En otros términos: fueron excelentes estudiantes. En su preparación iba implícita una cuota de desconfianza perpetua en la democracia como forma de gobierno; su perspectiva es hacer de la sociedad civil un gran cuartel. Las dictaduras que barrieron el continente el siglo pasado no fueron sino eso, permitiendo a los grupos de poder (locales y con sede en Estados Unidos) hacer sus negocios sin interferencias. A ellos, en definitiva, no les afecta en nada si la sociedad civil es una base militar o no; al contrario, la militarización les da mayor tranquilidad.

Hoy día, reiteramos, esos buenos alumnos no han desaparecido, y la lección aprendida sigue en pie. Con un escenario distinto al de la Guerra Fría, el paisaje político-social de la región no se ha alterado en lo sustancial: las oligarquías vernáculas siguen haciendo sus negocios –agroexportación en buena medida– y Washington continúa siendo la gran potencia que mueve los hilos (haciendo los negocios más grandes). Las “democracias vigiladas” siguen (relativamente) de moda. Pero cuando ya no sirven para contener los reclamos populares, ahí aparecen nuevamente las fuerzas armadas, reinstalando el orden que se podría romper. Su convivencia con las democracias representativas es siempre precaria, inestable. Están apegadas al poder civil formal… mientras las cosas no se salgan de cauce. Si eso sucede, los buenos alumnos vuelven a actuar. Lo cual muestra que el poder real no está ni en las fuerzas armadas ni en las estructuras democráticas formales. Es decir: el poder duro siguen siendo los de siempre. Y los buenos alumnos cumplen con su tarea de defenderlo.

Si en relación a las guerras sucias de algunos años atrás debemos revisar el pasado y el papel de los represores, ello es importantísimo, sin dudas. Es más: es imprescindible: “los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo”, se ha dicho con razón. El futuro se construye mirando el pasado; la basura no puede esconderse debajo de la alfombra porque inexorablemente, siempre, lo que se buscó esconder retorna. Pero revisar el pasado no debe ser sólo el juicio y castigo a los responsables directos de los crímenes infames que enlutaron las sociedades latinoamericanas las pasadas décadas, no debe ser sólo el castigo a los alumnos que hicieron su tarea. Las fuerzas armadas cumplieron sus funciones, como sus mismos comandantes se cansaron de repetir en cualquiera de los países donde condujeron las guerras internas, y no tuvieron nada de qué arrepentirse. Por supuesto que lo condenable es la extralimitación en que, como Estado, incurrieron estas fuerzas. El Estado no puede reprimir a su población, pero lo sucedido demuestra patéticamente de qué Estado hablamos. Es quimérico pensar que este aparato de Estado es de todos; las dictaduras militares lo demostraron. Cuando el andamiaje real del poder de las clases dominantes es tocado, ahí se desnuda el carácter del Estado, de las democracias parlamentarias. Y lo mismo sucedería en la “cuna de la democracia”, los Estados Unidos, si la protesta popular se saliera de cauce.

Si se pide juicio y castigo a los responsables de los cientos de miles de muertos, desaparecidos, torturados y exiliados de los países latinoamericanos de nuestra historia reciente, si pedimos justicia para no olvidar la historia negra que se vivió, no debemos olvidar nunca que el enemigo no es el guardaespaldas del amo: sigue siendo el amo. Es decir: podemos pedirle que filosofe a un soldado espartano… pero él no está preparado para eso. Los buenos alumnos repiten la lección que estudiaron.

Las fuerzas armadas latinoamericanas siguen siendo el reaseguro de los poderes reales, de las oligarquías nacionales, de los capitales transnacionales invertidos en estas latitudes. En estos últimos años se les enseñó a respetar (formalmente) a los poderes civiles, es decir: a las administraciones políticas de turno –que, por supuesto, no son el poder real–. Y de buenos alumnos que son, en estas últimas dos décadas no ha habido golpes de Estado dirigidos por militares sublevados. Pero en todos los países de la región (salvo claramente Cuba, donde las cosas sí son distintas), las fuerzas armadas ahí siguen estando, siempre listas para “defender a la patria”; ahora, ya no de los ataques del “comunismo internacional” sino de otros nuevos peligros (así considerados, al menos, en las actuales hipótesis de conflicto: populismos radicales, narcotráfico, terrorismo internacional, movimientos sociales desbocados).

En estos últimos años vimos varios casos donde las fuerzas armadas vuelven a tener un protagonismo político importante, pero siempre con un perfil bajo que no desembocó en abiertos golpes castrenses a la institucionalidad democrática con la instauración final de un presidente militar de facto. De hecho, el papel de los cuerpos militares fue diverso en los distintos casos: fueron parte activa y principal en las crisis políticas en Haití (quitando al presidente Jean-Bertrand Aristide, en 2004) y en Honduras (derrocando al presidente Manuel Zelaya, en 2009), sacándolos físicamente de la escena incluso con la apariencia de crisis palaciegas. Tuvieron papeles más ambiguos en las situaciones de Bolivia en el 2008, o en el golpe contra el presidente venezolano Hugo Chávez en el 2002, o en la reciente asonada en Ecuador cuando la movilización policial contra el presidente Rafael Correa, jugando en estos casos el papel de espectadores/defensores de la legalidad y el apego a las constituciones.

En todo caso, como cuerpos con incidencia política, pueden llegar a ser defensores del orden democrático-parlamentario formal existente sin participar en forma abierta en golpes de Estado (como lo acaban de ser en Ecuador, o como lo fueron en Venezuela en el 2002, donde no se atrevieron a acometer contra los pueblos movilizados), pero hasta ahí llegan. Defensores de las causas populares, definitivamente no. Jamás se los prepara para eso, y de buenos alumnos que son, cumplen bien lo aprendido.

Si por allí encontramos militares que se salen de cauce y toman caminos más nacionalistas y antiimperialistas (con numerosos ejemplos en la historia latinoamericana del siglo XX, como Juan Domingo Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, Omar Torrijos en Panamá, Juan Velasco Alvarado en Perú, o el actual Hugo Chávez en Venezuela), o abiertamente contestatarios, llegando al caso de algunos que abrazan un camino socialista, llegando en algunos casos a formar movimientos armados marxistas (lo sucedido, por ejemplo, con algunos militares guatemaltecos como Marco Antonio Yon Sosa o Luis Turcios Lima, por ejemplo), esos, definitivamente, no son buenos alumnos. Al contrario: saldrían reprobados.

Todo esto, entre otras cosas, nos debe dejar la convicción que mientras las armas sigan apuntando hacia los trabajadores, hacia los pobres y excluidos –como continúa pasando ahora– es muy difícil cuando no imposible cambiar algo de verdad en las estructuras de nuestras sociedades. Los militares, sin dudas, son los mejores alumnos que aprendieron la lección sobre cómo mantener “la casa en orden” (¿para qué otra cosa están si no en nuestros países?). Si ahora los crueles y sangrientos golpes de Estado de décadas pasadas no están a la orden del día, es porque en la geoestrategia global de Washington eso se reemplazó por los llamados “golpes suaves” (lo de Honduras del año pasado, por ejemplo, o el intento recién sucedido en Ecuador), donde incluso se da el golpe “en defensa de la democracia”.

Los cuerpos armados siguen siendo una pieza fundamental en el entramado de poder. A los buenos alumnos los profesores siempre los estiman, y cuando es necesario, les consiguen trabajo.

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Chile: La defensa del Comandante Salvador o Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

Nota importante: El presente artículo-entrevista fue realizado una semana antes de que la Comisión Nacional para Refugiados de Argentina concediera asilo político a Galvarino Apablaza el 30 de septiembre pasado.

• A través de los grandes medios nacionales controlados con mano de hierro por la derecha política, se ha mantenido la atención sobre la solicitud de extradición de Galvarino Apablaza Guerra, el Comandante Salvador, tema que debe concluir prontamente. El presente texto tiene por objeto ofrecer la mirada desconocida en Chile y otras costas de los fundamentos del refugio de Apablaza en Argentina y los detalles del caso.
No existe sentido sin contexto. La ofensiva política multidimensional de la UDI por la muerte del principal ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, principalmente contra Galvarino Apablaza, quien fue el líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez autónomo del Partido Comunista luego del asesinato de Raúl Pellegrín en Los Queñes, tiene estricta relación con el Chile, tanto de la Unidad Popular, de la dictadura militar, como de los años primeros de los gobiernos civiles. Y sobre cualquier cosa, la maniobra política de la derecha refundacional del país, está asociada de manera estratégica con la pugna política e ideológica respecto de las lecturas antagónicas que cohabitan en el mismo país. Por un lado, la de los que condujeron el golpe de Estado de 1973 contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, la posterior aparición de una nueva derecha responsable de la privatización antipopular de los derechos sociales, los recursos naturales y la propiedad pública (conquistas que costaron décadas de lucha de los trabajadores), a través de la represión y el crimen; y, por otro, la perspectiva de las grandes mayorías oprimidas y explotadas, víctimas concretas de la destrucción de un proyecto país fundado sobre relaciones sociales infinitamente más igualitarias y justas que las actuales.
El personaje
Galvarino Apablaza, hijo de militares y como casi 200 mil personas, fue miembro del Partido Comunista desde 1968, y dirigente de la Facultad de Ciencias como estudiante de Química de la Universidad de Chile. Inmediatamente después del bombardeo golpista -urdido más que fundadamente por el gobierno norteamericano de la época, el empresariado, el Partido Nacional y la mayoría de la dirección política de la Democracia Cristiana-, Apablaza, como miles y miles de chilenos fue víctima de la tortura en los centros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Londres 38, el Estadio Chile, la Cárcel Pública de Santiago, la ex-Penitenciaría, Tres Álamos y Puchuncaví. A casi un año de la instalación a sangre y fuego de la junta militar, Apablaza fue expulsado del país. Luego de una corta estadía en Panamá, por razones de salud, se trasladó a Cuba. Una vez allí y en esta ocasión por opciones políticas determinadas por el contexto de la época, fue formado como combatiente antifascista e internacionalista, luchando contra la tiranía de Anastasio Somoza en Nicaragua, donde colaboró hasta el derrocamiento de esa pesadilla. Sólo en 1988 asumió la dirección del FPMR como el Comandante Salvador. Muchos años después, en el 2004, en Argentina -donde reside junto a su pareja, la periodista Paula Chahín, con quien tiene tres hijos de nacionalidad trasandina- Galvarino fue detenido por porte de identificación falsa. Sin embargo, el juez del caso, Claudio Bonadio, decidió no conceder el pedido de extradición a Chile, señalando que en el país no estaban dadas las condiciones para un juicio justo respecto del “caso Guzmán”. Entonces fue dejado en libertad, con expresa prohibición de abandonar Moreno, Argentina, donde vive en la actualidad.
Los acontecimientos precipitados
En el marco de la aparición en Chilevisión el primero de septiembre de una entrevista realizada en una cárcel brasileña a otro ex dirigente del FPMR, Mauricio Hernández Norambuena, el Comandante Ramiro, casi de inmediato los líderes de la UDI solicitaron en La Moneda iniciar la gestión para extraditar a Chile a Apablaza por el denominado “caso Guzmán”. El 14 de septiembre, la Corte Suprema argentina autorizó el trámite de su repatriación que tiene que ser sancionada, en definitiva, por la Comisión Nacional para Refugiados de ese país durante el transcurso de la semana.

Con el telón de fondo del respaldo a la no extradición de Galvarino Apablaza por parte de las prestigiosas Madres de la Plaza de Mayo –autoridad ética trasandina y mundial-, el abogado Rodolfo Yansón enfrenta la defensa de Apablaza.

El licenciado concedió la siguiente entrevista en exclusiva para D1.
-¿Qué debe ocurrir en estos días respecto del porvenir de Galvarino Apablaza?
“Se tiene que reconocer la condición de refugiado de Galvarino Apablaza, que suponemos que ocurrirá en los próximos días por parte de la Comisión Nacional de Refugiados que integran distintas áreas del Estado argentino y, además, el Alto Comisionado de Naciones Unidas con los Refugiados. Es decir, la Comisión tiene que resolver si existen las causales previstas en la Comisión Internacional de Naciones Unidas sobre Refugiados. Y la causal prevista que invocó Apablaza Guerra para ser reconocido como refugiado es la de persecución política por parte del pinochetismo que hoy integra un sector del gobierno chileno.”
-En Chile, personeros de la UDI están presionando por todos los medios –que, por lo demás, les pertenecen- para que Galvarino Apablaza resulte extraditado…
“Nosotros creemos que ya hemos probado debidamente lo que compete a la persecución política, cuestión que ha quedado sobradamente confirmada en los últimos días con tantas declaraciones, francamente de carácter inadmisible, de prepotencia y autoritarismo por parte de distintos dirigentes de la Unión Demócrata Independiente de Chile, entre ellos, Hernán Larraín y Andrés Chadwick. Además, en un contexto que significa la gran derrota del pinochetismo y la gran derrota del Estado chileno en Argentina.”
¿A qué se refiere?
“Ellos (la UDI), en todo momento han tratado de convencer a la justicia argentina de que se tenía que aplicar el concepto de “terrorismo” a los hechos por los cuales están requiriendo a Apablaza Guerra. Sin embargo, ello no ha tenido eco en ningún juez y en ningún fiscal. Esa es la gran derrota del Estado chileno y el pinochetismo. Es decir, la Corte Suprema, incluso, no mencionó siquiera la palabra terrorismo. Se limitó a decir que no correspondía catalogar esos delitos como políticos.”
La derecha chilena dice que la no extradición podría traer problemas en las Naciones Unidas…
“Eso tiene una relación directa con lo que se va a decidir, y también desenmascara una operación mediática que han montado, entre otros, el diario El Mercurio y el Clarín en Argentina, aseverando que reconocer a Apablaza como refugiado podría repercutir negativamente en las Naciones Unidas, y esto no es de ninguna manera así. Todo lo contrario: el refugio será bien recibido en las Naciones Unidas, justamente porque la persecución existe, y porque está absolutamente demostrado que la noción de terrorismo sólo la sostiene la Ley Antiterrorista de Pinochet, el pinochetismo, la UDI especialmente, y el Estado chileno a través de su presidente, Sebastián Piñera, y los funcionarios que han tratado de colar este concepto en la justicia argentina, sin ningún éxito.”
El rol de la presidenta Cristina Fernández
¿Qué ha ocurrido en Argentina en relación al caso? ¿Cuáles han sido las reacciones?
“Las manifestaciones a favor de la extradición han sido mínimas. Y puedo mencionar tres nombres: Mauricio Macri (empresario, dirigente deportivo y político derechista) del neofascismo de la ignorancia; un dirigente de la Alianza Inter Radical, y la señora Elisa Carrió (quien alguna vez negó que el ex dictador paraguayo, Alfredo Stroessner hubiera violado los derechos humanos) que en un tránsito místico ni siquiera pudo tomar lectura del fallo de la Corte Suprema. Es decir, ella habla solamente por oponerse. La verdad es que, mientras más opine esta gente, mayor razón vamos a tener. El contrapeso que existe en Argentina respecto de estas declaraciones es muchísima. Hemos tenido el apoyo unánime de los organismos de Derechos Humanos, la solidaridad de muchos sindicatos, y de estudiantes universitarios y secundarios. Hemos tenido el apoyo de dirigentes y partidos políticos de prestigio, el apoyo de los organismos de Derechos Humanos de Chile, el apoyo de otras organizaciones a nivel internacional, de Europa, Uruguay, Venezuela. Es tan abrumador el apoyo al refugio de Apablaza que dista con creces de las posiciones basadas en el desconocimiento y en la oposición por la oposición. De hecho, ellas han quedado totalmente desdibujadas. Cuanto más hablan estos señores, mejor estamos nosotros”
¿Qué papel juega o qué tipo de decisión debe asumir la presidenta de la República de Argentina Cristina Fernández?
“La Presidenta Cristina Fernández no tiene que tomar ninguna decisión, esa es labor de la Comisión que está integrado por distintos funcionarios del Estado. La presidenta no tiene ninguna intervención, al menos formal.”
¿Cuándo debe resolver la Comisión Nacional argentina para Refugiados?
“Nosotros creemos que en muy pocos días. El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández dijo que aproximadamente, martes o miércoles de esta semana.”
¿Qué resolverá la Comisión Nacional desde su perspectiva?
“Nosotros estamos esperanzados de que luego del análisis, la decisión que va a adoptar la Comisión Nacional va a ser positiva para Apablaza Guerra.”
¿Por qué?
“Hemos probado muy seriamente la existencia de la persecución política en su contra, y además la han dejado en claro otros organismos del Estado argentino, como cuando Apablaza fue procesado en un juicio penal por la tenencia de documentos de nacionalidad argentino falsos. En esa oportunidad, el Fiscal General dijo que no podía acusar a una persona por usar un documento falso producto de la persecución política de las autoridades chilenas. Esto fue corroborado además, por el cuerpo médico forense a través de un informe muy expresado en junio de 2007, el cual concluyó que Apablaza Guerra padece un síndrome postraumático por efecto de las torturas y la persecución política sufridas. Por lo tanto, ya organismos del Estado argentino han evaluado claramente, desde las perspectivas jurídicas y médicas, las consecuencias de la persecución y las torturas, y la existencia auténtica de las propias persecuciones y torturas. En consecuencia, creemos que hay elementos más que suficientes para que la decisión esté de nuestro lado.”
La derecha de Chile ha insistido hasta el cansancio sobre eventuales problemas diplomáticos entre ambas naciones de no ser extraditado Galvarino Apablaza…
“La derecha chilena está muy acostumbrada a manejar los hilos desde el poder de manera absolutamente autoritaria, al estilo de Pinochet. Yo lo lamento por esos señores, pero me alegro mucho por el pueblo chileno porque el caso de Apablaza Guerra, como el de los mismos prisioneros mapuche que hoy están en huelga de hambre, son casos que persisten y que dejan en claro que la dictadura no se ha ido del todo y que las remesas del pinochetismo tienen que ser derrotadas si queremos un Chile verdaderamente libre, democrático, con un genuino Estado de Derecho. Así que yo, la verdad, a los señores de la derecha que insisten en que se pueden malograr las relaciones entre Chile y Argentina, les digo que simplemente Argentina sólo está cumpliendo con su legislación, honrando los pactos internacionales de Derechos Humanos. Si ellos creen que con eso se vulneran las relaciones diplomáticas es porque ellos mismos se ponen por fuera de los pactos y no quieren cumplirlos.”
¿Qué hay detrás del asunto puntual de su defendido?
“Yo creo que los miembros de la UDI están presionando al gobierno de Sebastián Piñera para cohesionar a sus propias fuerzas y tratar de dejar en claro que ellos son los que siguen mandando. Asimismo, quieren dejar sentada una discusión que tiene que ver con la historia de Chile. Si se revisa lo que fue el aniversario del 11 de septiembre bajo un gobierno de derecha, y si se observan los actos del Bicentenario, nos vamos a dar cuenta que más que Apablaza Guerra, vive Pinochet. Y que se busca respecto del pasado reciente de Chile, dejar como la gran víctima a Jaime Guzmán. Y no se tuvo ni una sola palabra sobre los torturados, muertos y desaparecidos provocados por la dictadura militar y sus cómplices civiles. Mucho peor aún, Sebastián Piñera y sus autoridades estuvieron en el Estadio Nacional y ni siquiera dijeron que allí había funcionado un campo de concentración con posterioridad al golpe. Por lo tanto, me parece que toda esta jugada ni siquiera tiene como objetivo llevar a Apablaza Guerra a Chile, sino que tiene como fin debatir nuevamente la historia desde la óptica del pinochetismo. Y eso es lo que tenemos que evitar, tanto chilenos, como argentinos.”

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La derrota de la izquierda en Asunción

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

El Frente Guasu, que aglutina a partidos progresistas, organizaciones gremiales y movimientos sociales, sufrió un duro revés ante el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en las recientes elecciones internas para elegir a un candidato común e intentar ganar las municipales del 07 de noviembre, al Partido Colorado.

Ricardo Canese, Diputado del Parlasur, ingeniero prestigiado en obras sociales y en la reivindicación ante Brasil de los derechos paraguayos sobre la represa binacional de Itaipú, fue duplicado en votos por su colega Anki Boccia, en una consulta popular a padrón abierto que apenas atrajo el 9.6 por ciento de los 360 mil inscriptos en el padrón electoral de la capital.

A partir de ese resultado, Boccia quedó como candidato único de la Alianza formada por el Frente Guasu y el PLRA, y deberá enfrentar dentro de cinco semanas y media al candidato colorado Arnaldo Samaniego, en una disputa que la mayoría de las encuestas, anticipan muy reñida.

La apatía popular que se manifestó en las internas, tiene varias aristas: A) muy poca propaganda por parte del Frente Guasu, entre otras razones por falta de recursos, B) la izquierda y sus aliados progresistas continúan actuando como un conglomerado, sin disciplina y mucho voluntarismo e improvisación, ajeno al funcionamiento de un aparato, como es el caso del PLRA, a pesar de su resquebrajamiento interno.

En tercer lugar influyó que el grueso de la población está mentalizado para las municipales, y no para una intermedia interna casi desconocida como mecanismo electoral, que además genera movilización, gastos y tiempo, perjudicando en especial al segmento social más empobrecido, entre quienes Canese desplegó la mayor parte de su muy amplia y democrática campaña de participación ciudadana.

Otro factor y de no poca importancia, es que en Paraguay, a diferencia de otros países, la izquierda tiene mucha más presencia en el interior que en la capital, fenómeno que se explica por el mayor desarrollo de las reivindicaciones campesinas en las luchas sociales de los últimos años.

En quinto orden, de una posible explicación de esta nueva derrota en las urnas de la izquierda del Frente Guasu, la primera ocurrió cuatro semanas atrás en la elección de Concejales, tiene relación con las mañas y viejos vicios que habría empleado en los padrones el PLRA, cuyo candidato ofrece un programa de gobierno tan pobre como su rival colorado.

En sordina, el viejo y fraccionado pero aún poderoso Partido Colorado, socorrió a su cómplice histórico en el mal manejo del país, enviando a votar por Boccia a muchos de sus partidarios, con el fin de derrotar a la izquierda, aprovechando el padrón abierto que habilitó el sufragio de todos, sin distinción partidaria.

Urge una reflexión para redireccionar

Ante las narices de los dirigentes progresistas está noviembre, con unas municipales que tendrán fuerte influencia en el futuro político del país, el que mucho dependerá de las administraciones que pueda conquistar el Frente en el interior del país.

Nada garantiza que un triunfo del candidato oficialista Boccia refuerce a Lugo y, si Asunción continuara en manos de los colorados, seguramente se convertirá en un arma poderosa en la puja por las presidenciales del 2013, que están a la vuelta de la esquina y, aunque no descuella ningún candidato, son varios los aspirantes.

Esa proximidad quizás debería obligar a la dirección del Frente Guasu, a sus referentes en el seno del Gobierno, y al conjunto de las fuerzas democráticas, a comenzar de urgencia una revisión en profundidad de su conducta, ideas, conceptos y métodos de trabajo.

Un capítulo que la familia luguista no puede dejar de analizar tiene relación con sus vínculos con el PLRA, dado que si Boccia gana Asunción revigorizará a su partido, cuyo apoyo al mandatario disminuye, sacrificado por el constante reclamo de altos cargos en la administración y por el retorno agresivo del Vicepresidente Federico Franco, quien desde el primer día codicia el primer puesto.

Meses atrás, en la cancha de la desordenada y muy mediática discusión política nacional (el diálogo civilizado es liviano), se observaba fácilmente dos fuerzas en pugna: A) el pueblo más consciente reclamando profundizar el proceso de cambios iniciado con la victoria de Lugo en abril del 2008, y B) la oposición de los sectores más retardatarios, concentrados en el Congreso y en las corporaciones empresariales.

Hoy, ese escenario se ha desplazado, ganando espacio la derecha, que ha recuperado cargos de importancia en el parlamento y en entes descentralizados, observándose una inoperancia gubernamental nada ingenua ante los grandes problemas del país, cuya atención social está desviada por la expectativa generada por la enfermedad de Lugo y el proceso de su tratamiento.

En el plano social, tan determinante para hacerse querer u odiar todo político, muy tímidos son los avances que exhibe la administración del ex Obispo, cuyo principal mérito es el decreto de gratuidad de la salud.

Los progresos en el sector son notorios y, aunque el servicio sigue afectado por viejos males, para afirmarse necesita más presupuesto, mucho tiempo y una voluntad férrea para superarlos, empezando por mejorar la formación técnica y cultural del personal, con ramas de deficiente conducta individual e insensibilidad, que agrava la rutina y la falta de higiene en la avejentada e insuficiente infraestructura de los hospitales y centros descentralizados.

La prometida reforma agraria carece de motor, mientras 300 mil familias de labriegos sobreviven en la miseria, crece incesante el éxodo rural, a la par del trabajo informal, es decir, la venta callejera de toda clase de productos, baratijas, quiniela, sorteos, celulares, alimentos, golosinas, y el aumento de familias divididas e hijos abandonados, por efectos de la emigración.

La Secretaría de Acción Social ayuda a 120 mil familias entre las más míseras, diez veces más que todos los gobiernos anteriores, pero su labor no supera el marco asistencialista, impotente para satisfacer toda la demanda que recibe, de una población que tiene un cuarto de sus seis millones y medio en la pobreza extrema, acostumbrada a recibir migajas a cambio de mantenerse alejada de la izquierda.

En general, la conducción política nacional manifiesta una objetiva mediocridad, afectada por la escasez de cuadros competentes, producto, entre otras causas, de la larga censura y encarcelamiento del pensamiento libre que ha sufrido esta sociedad.

A nivel del Estado, la mayoría de los pocos capaces se ha dejado prostituir por la maquinaria de una administración autista, que marcha a paso de tortuga, sólo agilizado ante el interés económico y las ventajas que pueda sacarle al erario público, como lo viene haciendo desde hace más de un siglo.

Hace décadas que en Paraguay no se vislumbra ningún proyecto de gobierno decidido a erradicar los viejos vicios de una estructura de poder raigalmente injusta, que mantiene el país secuestrado por la carencia de ilustración y por una corrupción rampante, mezcla de politiqueros, juristas, empresarios, militares, policías y altos funcionarios estatales, contrabandistas y analfabetos.

El país puede estar entre los primeros en el mundo con el mayor número de analfabetos con cuentas bancarias multimillonarias dentro y fuera de fronteras.

Si bien es cierto que la campaña por las municipales es otro tema que distrae la mirada de la gente, la mayor preocupación del pueblo es resolver los problemas cotidianos de sobrevivencia, en un país con una población de seis millones 300 mil personas, 40 por ciento en la pobreza.

Buenos Aires, con cerca de un millón y medio de paraguayos residentes, casi duplica a Asunción en el número de pobladores y, en España, con buen y maltrato, viven más de cien mil, mientras en el país ha desaparecido un importante porcentaje de médicos, enfermeras, albañiles, carpinteros y otros profesionales de buen nivel.

En noviembre, el Frente Guasu peleará en los 233 distritos de todo el país, con casi 150 candidatos propios a Intendentes y Concejales, lo cual marca un hecho sin precedentes en la historia política nacional, porque además de posibilitarle ocupar gobiernos comunales, se puede consolidar como la tercera gran fuerza, aunque uno de sus grandes problemas es la carencia de suficientes cuadros de gestión.

Incluso, al más alto nivel de dirigentes, los sectores progresistas paraguayos continúan siendo incapaces de formar líderes destacados, al punto que alguno pueda proyectarse como el potencial sucesor de Lugo. Tienen el alivio de que, por ahora, sus adversarios y enemigos tampoco tienen candidatos presentables.

El empresario en automotores Miguel Carrizosa, del Partido Patria Querida, que en el lenguaje de algunos contrarios se le conoce como Plata Querida, mantiene en estas semanas un juego casi infantil como candidato a la Intendencia de Asunción, en la que no tendría ninguna posibilidad y tampoco le interesaría mucho.

Su propio nuevo look, en la búsqueda de dar imagen de hombre mesurado y moderno, no es otra cosa que una gimnasia y un aprendizaje de presentación en sociedad, como aspirante a la Presidencia de la República.

Varios son los que le pondrán piedras en los zapatos, mayoría muy cercanos suyos en la defensa de doctrinas conservadoras, fáciles de encontrar en la derecha liberal, encabezada por el Vicepresidente Franco, codicioso aspirante al igual que el ex General Lino Oviedo, colorado de origen pero renunciante sin alejarse mucho, con conocidas posturas inspiradas en el fascismo.

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Argentina, Salta: Misión Wichi Mataco acorralada por expansión del Gasoducto Norte

OPSur

Reclaman que la traza atraviese cultivos de soja vecinos.

Desde hace más de 30 años la comunidad Misión Wichi Mataco -o Misión Tolaba- está en litigio con la firma León y Chibán por las 1250 hectáreas que ocupa a la vera de la ruta nacional 34, en General Mosconi. Esas tierras están atravesadas por el Gasoducto Norte (GN), que desde 1960 se extiende de Campo Durán a Buenos Aires. Esa misma traza, con el correr de los años, fue utilizada para el tendido de otros ductos, que hoy suman 9 -entre gasoductos, oleoductos y un poliducto-; obras para el transporte de hidrocarburos que ocupan una superficie de 300 metros de ancho por 3,2 km de largo. Son 80 hectáreas en las cuales las 200 familias wichi que allí viven no pueden desarrollar ninguna actividad.

Fuente foto: Gentileza Misión Wichi Mataco

Este escenario, literalmente explosivo, se vio convulsionado el 1 de junio de este año, cuando, sin previo aviso, la empresa Víctor M. Contreras entró a la comunidad para realizar obras para la ampliación del tramo Campo Durán-Pichanal del GN. Esto generó demandas judiciales cruzadas y acciones directas de los comuneros en defensa de su territorio. Los wichi reclaman que no se afecte más su lugar con obras de este tipo y en cambio se avance sobre campos lindantes abocados al cultivo de soja. El OPSur dialogó con referentes de la Misión, mientras se esperan el fallo de la Justicia.

Fuente foto: OPSur

Entrada la tarde apuramos el paso para aprovechar la poca luz que quedaba, y subimos rápidamente al auto donde nos esperaban Victorino Lorenzo, cacique de la misión, y Enrique Reales, activo miembro de la comunidad. Por la ruta que lleva al aeropuerto local llegamos a una flamante picada de más de 30 metros de ancho, la cual se adentra 2,2 km en la misión. Es el camino que abrió la empresa Víctor Contreras a principios de junio. A los lados se ven los árboles desmontados y a nuestra derecha, colocados sobre tacos de madera, caños de 30 pulgadas -en algunos tramos soldados, en otros listos para esa faena. En pocos minutos llegamos al lugar donde funcionaba una ladrillera que garantizaba el sustento a 16 familias wichi. Encontramos la tierra arrasada. La noche se cerró y decidimos volver a la casa donde nos esperaban la misionera Margarita Filippini, vinculada a la comunidad desde 1975, y otros comuneros.

Por la entrada ‘oficial’ a la comunidad, desde la ruta nacional 34, lo primero que puede observarse es un cartel deteriorado que advierte: “Peligro: Gasoducto enterrado – Alta Presión”. A pesar de la oscuridad, a poca distancia se divisa la escuela. Avanzamos y nos topamos con esa avenida de 300 metros de ancho que atraviesa la Misión Wichi Mataco, la cual en caso de piquetes es utilizada como camino alternativo por todo tipo de rodado. Bajo nuestros pies recorre su camino el gas que alimenta a grandes y lejanas ciudades. Preguntamos por el plan de contingencia a ejecutarse en caso de accidentes en gasoductos, oleoductos y poliductos. Nada saben, nunca les informaron.

De desplazamientos originarios, acaparamiento territorial y gasoductos

Foto: Croquis de la comunidad. / Fuente: Misión Wichi Mataco

Juan Méndez, viejo comunero, recuerda que alguna vez vivieron donde hoy se levanta el pueblo, pero que a medida que éste creció ellos fueron empujados hacia los márgenes. Comenta que se asentaban cerca del arroyo Galarza, pero YPF “echó perder el agua que tenemos ahí [con la] contaminación. Le echan grasa, tiran las cloacas, entonces el agua ya no sirve más para tomar. Desde ahí vivimos intranquilamente”. Lorenzo agrega: “Cuando nos dimos cuenta pasó el primer gasoducto [1960], en ese tiempo nadie nos dio bolilla, no existía el pueblo indígena, no se nos reconocía. Querías protestar y no tenías derecho porque no existías, no había derecho indígena. El Estado hizo uso y abuso de los derechos indígenas. Y así hasta hoy, que llegan a pasar 9 cañerías”. Para la década del ’70 sus tierras fueron vendidas a los empresarios León y Chibán, que cuentan con 20 mil hectáreas en la zona.

Inmediatamente Filippini nombra las primeras presiones, que se dieron durante la dictadura militar. “Vinieron en camiones y el gobernador [capitán Roberto] Ulloa, apareció en helicóptero. A mí me dijeron que era la primera en la lista para hacer desaparecer, y el gobernador me dijo que yo iba a ver crecer el pastito arriba de mi cabeza. Nos querían mandar a 23 hectáreas”. Sin embargo, para 1979 interponen un amparo que logra frenar el desalojo. Por esos días, cuando los comuneros salían de la misión eran encarcelados. “Los fines de semana aprovechaban para encerrarlos, asustarlos, sacarles las herramientas, teníamos que ir con Monseñor [Juan Martín] Aguirre para sacarlos”, agrega la hermana. Aún así, en 1986, logran una medida de “no innovar” a favor de la comunidad, que ha permitido resguardar el territorio hasta el presente.

El juicio, amparándose en la prescripción adquisitiva o usucapión, ha orientado una lucha por el territorio que ya lleva más de 30 años. Lorenzo cuenta que “los grandes empresarios compraban tierras con nosotros ahí [adentro, como es el caso de León y Chibán]”. “Hasta nuestras tumbas se tuvieron que desenterrar [para demostrar la pertenencia de la comunidad al territorio]”, cuenta Méndez.

En 2003 la empresa Refinor realizó obras en el lugar para ampliar el tendido de ductos, y para ello se voltearon varias viviendas. En aquella oportunidad se pagaron indemnizaciones, “[pero hubo que] pelear por un poco más, porque nos querían dar poquísimo”, recuerdan los comuneros. Al no contar con los títulos las empresas se niegan a pagar indemnizaciones, señala Lorenzo. “Exigimos que las casas las hicieran de madera dura, porque las querían hacer de machimbre. Un desastre total. Mucho peor que las casas que hacemos acá, que son amplias”, recuerda Filippini. Orgullosos también relatan que cuando por el trazado de un ducto les tiraron una casa, ellos levantaron tres.

Nuevo Gasoducto, viejos problemas

Fuente foto: Misión Wichi Mataco

Las obras forman parte de la ampliación del GN, operado por Transportadora de Gas del Norte [TGN], que provee este combustible a las provincias de Salta, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Actualmente la empresa es controlada por Gasinvest -sociedad anónima conformada por Tecpetrol, Compañía General de Combustibles, Total Gas y Petrobras Argentina-, que posee el 56% de las acciones y el fondo estadounidense Blue Ridge Investments, el 24%. El porcentaje restante cotiza en bolsa.

El incremento de la demanda de gas a nivel nacional y la falta de inversión en el sector cristalizaron, en 2004, en la denominada ‘crisis energética’. Para paliar la situación se busca aumentar la capacidad de transporte de las redes de gas operadas por TGN y Transportadora de Gas del Sur (TGS), lo que hace necesario la instalación de ‘loops’, es decir, tendidos paralelos. En el caso de TGN, a través de estos loops, se busca adaptar el gasoducto para que soporte un mayor volumen de gas importado desde Bolivia, también como parte de la integración energética a nivel regional.

En ese contexto se da la ampliación del tramo Campo Durán-Pichanal, obra que es adjudicada a la empresa Odebrecht, de capitales brasileños, que subcontrata a Víctor Contreras. Esta última empresa actúa de dos formas en territorio: por un lado, busca el permiso de paso de León y Chibán, y por el otro, efectúa contratos de ‘Donación con cargo’ a 13 caciques para que le den su aval –autoridades que, según denuncian los entrevistados, “no son legítimos ni originarios” de la Misión Wichi Mataco.

Según Filippini, desde el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) se les proveyó de personería jurídica, bolsones y planes sociales a cambio de unas “firmitas”. “El 31 de mayo de este año la abogada de la empresa [Celia Nazer] reúne a los caciques, soborna a esta gente con $98.000 -reparten $5.000 a cada uno de los caciques estos y $2.000 más cuando se termine la obra- y el cargo impuesto como condicionante por el donante, para la validez de esta operación, es ‘permitir y garantizar la ejecución de la Obra Transporte firme de Gas (…), comprometiéndose a la no realización de la comisión de cualquier acto o hecho por parte de los miembros de las comunidades y/o evitar las acciones de cualquier tercero que impida, interrumpa, demore, obstaculice o dificulte la misma dentro de la Jurisdicción de General Mosconi’”, cuenta Filippini, que luego lee el documento. “Los ponían a ellos de policías frente a sus otros hermanos. Pero ellos no son de acá, hay un chorote, un toba, un chulupí”, sostiene.

Foto: Victorino Lorenzo. / Fuente: OPSur

Por su parte Lorenzo, al referirse a los cuestionados caciques, asegura que el gobierno fomenta esto. En el momento de la firma del contrato, además de representantes de la empresa, se encontraba Indalecio Calermo, vocal por el pueblo wichi en el IPPIS, quien habría recibido un monto del orden de los $5.000. El citado funcionario también presentó una declaración testimonial en la causa, subraya Filippini, y lee parte de ella: “como Cacique General de la etnia wichí diciendo que los 14 caciques de la etnia wichí de Gral Mosconi solicitaron su presencia en relación al impedimento de las maquinarias de la empresa Víctor Contreras, a cargo Victoriano Lorenzo, que se presenta como cacique de la comunidad Tolaba, siendo que el mismo no está reconocido por las 14 comunidades”.

Después de la reunión del 31 de mayo, ¿cuándo entran las máquinas?

Victorino Lorenzo [V]: ¡Al día siguiente! El 1 de junio. Para no darnos tiempo a nada rompen el alambrado y penetran. Y en dos días es que hacen el desmonte de 2.200 metros de largo y 30 metros de ancho. Entró una cuadrilla de 30 personas y mientras [las máquinas] desmontaban [ellos] iban desplegando los caños y soldándolos. Ahí tiraron abajo la ladrillera y nos taparon los pozos donde se hacen los ladrillos, de ahí dependen 16 familias. Nosotros presentamos la denuncia ante el juzgado, la fiscalía.

Margarita Filippini [M]: Al día siguiente [2 de junio] el fiscal para la obra a las 12 del mediodía porque no había una autorización de la comunidad wichi, entra Victorino, con Juan y un policía y recorren toda la zona.

V: A las tres de la tarde vuelven a continuar, cuando nosotros nos vamos. El 3 fuimos a los portones [instalados donde se cortó el alambrado], a cerrarlos, los intimamos al desalojo de la maquinaria de la empresa [Víctor Contreras] y los denunciamos por usurpación. En el expediente vimos que había una autorización de León y Chibán S.A. El día 4 la abogada [de Víctor Contreras] se apareció diciendo que las obras continuaban, cuando había orden judicial de que no. Logramos pararlo estando 40 personas ahí en la entrada.

¿Pero habían firmado con las comunidades y también con la empresa? Ellos mismos entran en una contradicción respecto a quién le reconocen la titularidad.

M: Lo que pasa es que la empresa firma un contrato de ‘Donación con cargo’, que no es ni una indemnización ni una consulta. La única autorización que tiene la empresa es lo firmado con León y Chibán, cuando por el juicio [por la propiedad de las tierras] hay una medida de no innovar en todo el territorio. Lo que hizo León y Chibán es un delito de desobediencia judicial.

El 3 el juzgado civil ratifica la medida de ‘no innovar’. El 8 la abogada de la empresa solicita que se deje sin efecto la medida ordenada. Pero después, el 24 de junio, el juez saca la sentencia totalmente a favor de la empresa diciendo que se continúen los trabajos. Se establecía hacer un inventario de lo que se dañaba con peritos.

V: Gracias a Dios ahí fue donde metió la pata el juez [de Instrucción de Tartagal, Nelson Aramayo]. La empresa trajo perito pero nosotros no teníamos. Nosotros lo dejamos pasar, sino nos acusaban de ‘desobediencia judicial’ y nos metían en cana. También venía una tasadora pero era de la empresa y no de la comunidad.

M: Y no solamente eso, aparecieron ni bien salió la sentencia, no esperaron la apelación. Ellos se enteraron antes de que salga. Vinieron 10 camionetas de la empresa Víctor Contreras, más el Juez de Paz [Blanor Guerrero]con policías, todos a presionar.

V: Con esa sentencia nos salvamos, porque no teníamos peritos. Entonces le dijimos: “Vamos a pedir los peritos que nos corresponden y cuando consigamos esa gente, recién voy a dejar que pasen”. Y ahí fue la hermana y presentó la apelación, y con eso hasta ahora nos hemos salvado.

M: Y mientras nosotros hacíamos los escritos el Juez de Paz les decía que era mentira que nosotros estuviéramos apelando, que estuvo toda la mañana conmigo. ¡Mentira!

Foto: Ladrillera antes de ser arrasada. / Fuente: Misión Wichi Mataco

Entra la apelación de ustedes, ¿y cómo sigue esto?

M: Y tenían que esperar, nosotros pedimos la apelación con ‘efecto suspensivo’, esto quiere decir que mientras se resuelve la apelación se tienen que parar las obras. Ellos, en cambio, la presentaron con ‘efecto devolutivo’, por la que podían seguir trabajando [hasta que se resolviera la cuestión de fondo]. ¡Claro, en un día terminaban todo! Y el juez sacó un escrito diciendo que no nos hacía lugar a nada.

Ahí temblábamos, en cualquier momento nos entraban las máquinas. Empezamos a hacer publicidad, a hablar por las radios, decíamos todo por ahí; la empresa se defendía desde [el diario] El Tribuno. Por todo lo que hicimos el juez cambia el decreto “subsanando el error que cometió”, nos da la razón. Hasta ese día, el 8 de julio -como un mes-, toda la gente estuvo en los alambrados para que no pasaran las máquinas.

¿Hubo en algún momento intención por parte de la empresa de arreglar o negociar?

V: Si, Hugo Lines [de la empresa Víctor Contreras]. La primera vez que me llamó me dice: “Yo no voy a sentarme a negociar con usted”. Entonces le dije: “Si eso nunca sucedió, ¿para qué me decís?”, y me di cuenta que me estaban grabando. Después me dice que estaba el abogado, entonces le respondí: “Espéreme que hablo con el mío y ellos se van a entender”, y ahí me cortó. Después me vuelve a llamar ofreciéndome plata, un millón de mangos. “Levantá ya [el bloqueo] y te doy eso, cuando pasen las cañerías te doy el resto”. Y le digo: “Y si yo recibo eso ¿no hago lugar a la ley? Además la segunda parte no la voy a cobrar nunca, no tengo algo que me respalde. Mire señor, lo voy a consultar con el abogado”, y él me dice: “Señor, yo lo estoy hablando con usted, no con el abogado”, y me corta el teléfono. Después [Jorge] Denzel, el representante de la empresa, me ofreció más. Él hace el negocio económico con la gente de los lugares que pasa la cañería [es el encargado de Relaciones con la comunidad].

Yo no voy a negociar la vida y las tierras. Hay un montón de chicos. Después se van a casar y tener más hijos, ¿y a dónde va a ir esa gente? En varios años esto va a ser un barrio superpoblado. Lo único que yo le decía era que cambie el trazado [por campos vecinos donde se cultiva soja], pero ellos buscaban que le diga que yo quiero negociar. Un millón de mangos para 200 familias, en un año no teníamos más nada y el gas pasaba por ahí y no nos querían dejar nada tampoco. Perdíamos muchas hectáreas más, además de las que ya perdimos. Ni escuelas, ni hospitales, ni indemnización de por vida, nada nos querían dejar.

Después vino el [Director] General [de Seguridad, Néstor] Méndez, el máximo jefe de la policía de la provincia, y también me vino a apretar diciendo que él estaba en el medio, que él necesitaba que habláramos con los dueños de la empresa, diciéndome: “¿Qué es lo que querés?”. Yo seguía insistiendo que la cañería pase por otro lado. Y me dice: “Bueno, yo necesito que en dos, tres días, me llames para arreglar esto. En primer lugar vos estás arriesgando la vida de un montón de tus hermanos. ¿Qué pasa si hay un hecho grave?”. Y le digo: “¿Qué nos va a pasar? Si estamos adentro de nuestra casa, no estamos cometiendo ningún acto delictivo. Usted tampoco puede venir a reprimir a la gente, porque yo le voy a hacer una demanda a usted también”. Después vino dos o tres veces [el comisario Fernando] Camacho, que tiene a cargo toda la región esta [Unidad Regional 4], [a pedir] que hablemos bien con los jefes, que viéramos cómo arreglamos, que tenía que tener un fin. Después no volvieron más.

A la espera

La comunidad mantiene la vigilia por la resolución a dictar por el Poder Judicial salteño. Por ahora 4 meses han pasado, donde hubo lugar a donaciones, intimidaciones y una acción directa que implicó la permanencia de decenas de personas, durante más de un mes, para garantizar que no continúen las actividades de la empresa. Además de las trabas que se han explicitado, Méndez cuenta que durante el conflicto su hijo perdió el trabajo debido a los días que se ausentó. El comunero también resalta que la desocupación es un fenómeno extendido entre los jóvenes de la comunidad y “encima el gobierno nos acusa de flojos”.

Si bien la demanda de un nuevo trazado no es algo extremo o excesivo, sino una cuestión legítima y acorde al marco regulatorio vigente, encuentra más escollos que facilidades.

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A 18 años de la sanción de la Ley 24145

Juan Marcos Palma (especial para ARGENPRESS.info)

Recordamos un día penoso para la Argentina, una historia que comenzó en silencio y culminó hace 18 años. El vaciamiento fue paulatino pero el golpe final comenzó el 31 de diciembre de 1990 cuando mediante el Decreto 2.778, el Poder Ejecutivo Nacional transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF S.A. El proceso de venta siguió con la Ley 24.145 sancionada el 24 de septiembre de 1992 y promulgada el 13 de octubre de 1992 para privatizar el resto del capital social disponible y transfiriéndose a las provincias el dominio de los yacimientos de los hidrocarburos.

Es bueno recordar, sobre todo recordarles a aquellos que tanto se encargan hoy de ver que hacían los demás en el pasado, que tan sólo una semana antes de la sanción de la ley 24145, Cristina Fernández de Kirchner tomó la palabra en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz en el 19º período legislativo, cuando los diputados se encontraban en la 11ª Reunión Sesión ordinaria el 17 de septiembre del año 1992. y expresó la: Necesidad de sanción del proyecto de Ley nacional “Ley de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales”. Estas fueron las palabras que dijo en la legislatura Santacruceña: “Señor presidente: Venimos a requerirle que, a través de una declaración, nuestra Honorable Legislatura se expida exigiendo a los diputados nacionales del Distrito que posibiliten el tratamiento del proyecto de Ley de la Nación que trata sobre la transferencia del dominio público de los Yacimientos de Hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentre (trámite parlamentario 78-s-1992) en tanto se juega allí la perspectiva de futuro de nuestra Provincia ya que es aquella norma el marco adecuado para la resolución de las controversias que frente al Estado Nacional hemos tenido. Es que un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación, cada uno con sus respectivas razones, vienen obstruyendo la posibilidad de que aquella Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara. Como se comprenderá, ninguna argucia reglamentaria debe estar puesta al servicio de retrasar las soluciones que nuestra Provincia necesita. Del dictado de esa ley depende hoy el envío de los 480.000.000 de US$ y el pago de nuestra parte en la licitación de las áreas ya concretada.”

Otro de los que presionaba desde la legislatura Santacruceña era Héctor Icazuriaga actual Secretario de la Secretaría de Inteligencia de Estado también conocido como Sr.5.

Pero hay mas actitudes “nacionales y populares” de nuestra presidente y del ex presidente. Néstor Kirchner ejerciendo como gobernador de Santa Cruz dispuso la utilización del avión de la Gobernación para que el Diputado santacruceño Rafael Flores, por entonces con una pierna enyesada, pudiera viajar a la sesión de Diputados en la que se aprobó la privatización de YPF. Es de destacar que el PJ tenía serios problemas para lograr el quórum y dar inicio a la sesión, lo que lograron con la presencia de Rafael Flores; incluso los radicales, en su totalidad, no dieron quórum y bajaron al debate una vez que el Presidente de la Cámara Alberto Pierri abrió la sesión, entre quienes dieron quórum siendo participes necesarios para este saqueo al pueblo argentino estaban además de Parrili y Flores, Felipe Solá, Acevedo, Albamonte, Álvaro Alzogaray, Eduardo Amadeo, Eduardo Camaño, Oscar Lamberto, Lorenzo Pepe, Alberto Pierri, Miguel A. Toma, Varela Cid, Yoma, Maqueda, Carlos Ruckcauf, Natale, Matzkin, etc…Lo doloroso para aquellos que se identifican con el peronismo histórico, y no con el Pejotismo es que luego de sancionar la ley, todos ellos cantaron emocionados la Marcha Peronista, imagen tragicómica de la historia argentina que quedó para siempre en la memoria en la película de “Pino” Solanas “Memoria del Saqueo”.

Pero quizás las palabras mas fuertes hayan sido las del actual Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien fuera el miembro informante del Bloque Justicialista en aquella oportunidad. En aquella oportunidad Parrilli: aclaró "No sentimos vergüenza por lo que somos, y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo” Indudablemente tenían un compromiso con la causa, indudablemente estaban identificados con el modelo. Siguió “Nos hacemos presentes en esta sesión con la firme convicción de que estamos dando los pasos que la sociedad argentina y el mundo nos están exigiendo para lograr la transformación de nuestro país.

Otro de los que festejaba pero desde un palco preferencial era José Estenssoro (padre de la Senadora de la Coalición Cívica), presidente de YPF, quien sostuvo que “ la privatización, que reportará alrededor de 8,000 M u$s".

Pero si de capacidad de negociación hablamos recordemos el papel que desempeñó en todo este fraude a la patria, el ex presidente Néstor Kirchner, quien en su rol de Presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) negoció con Carlos Menem (a quien en 1997, después del robo del estado y los indultos, calificó como el Mejor presidente de la historia). El acuerdo era que si la nación pagaba a las provincias regalías supuestamente mal liquidadas mediante acuerdos extrajudiciales, las provincias que integraban la OFEPHI apoyarían la operatoria.

El 22 de septiembre de 1992, los gobernadores de la OFEPHI se reunieron con Manzano a cuya finalización Kirchner ofreció una conferencia de prensa en la mismísima Casa Rosada. Desde allí pidió apoyo para la privatización de YPF e instó a que los disidentes, al menos, dieran quórum.

Esa noche, la noche del 24 de septiembre de 1992 Diputados aprobó el proyecto de ley. Trabajo hecho al estilo Menem y K.

Es difícil no sentirse indignado con el saqueo al que nuestro país y nuestro pueblo fueron sometidos, lo curioso, lo llamativo es que muchos que antes fueron socios, hoy se muestran como enemigos…la pregunta debiera ser cambiaron de ideas, ¿pelearte con el diablo te convierte en santo?

La respuesta es muy clara. Aunque le duela algunos.

Foto: Argentina, política - Carlos Menem y Néstor Kirchner

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Argentina: ¿Minería o producción?

Pablo Bergel (INFOSUR)

¿Queremos los argentinos ser un país minero? ¿Queremos una organización social y económica, un “modelo” extractivo; o queremos vivir y trabajar en un país productivo?, se pregunta el sociólogo Pablo Bergel.

Los términos minería y extractivismo, suelen aplicarse solamente a los bienes o recursos naturales no renovables, tales como los hidrocarburos y minerales de roca, materiales inertes cuyas existencias tienen un stock limitado y que por tanto, más tarde o más temprano, indefectiblemente se acaban. Sin embargo, los bienes naturales renovables, son convertidos en no renovables y finitos, cuando las tecnologías empleadas y/o las tasas de explotación inhiben o superan su tiempo y capacidad de regeneración. Tal el caso de la pesca en el mar argentino, a un ritmo de extracción que impide la reproducción y agota las especies; o los monocultivos extensivos del agronegocio (sojero, arrocero, algodonero, cañero, celulósico, entre otros) que extraen y agotan la humedad y los minerales del suelo, a la vez que compactan o destruyen su estructura y su fertilidad. La calidad y fertilidad del suelo, la tala de bosques, la pesca ilimitada, convierte recursos renovables en no renovables, y las actividades productivas que ellos sostenían y reproducían, se convierten en actividades extractivas, mineras. La escala gigantesca de estos modelos minero-extractivos; la aplicación masiva de tecnologías altamente tóxicas y contaminantes del agua dulce para consumo humano y riego; la pudrición de los mares por los descartes pesqueros y derrames petroleros; la fumigación indiscriminada sobre campos y poblados con herbicidas totales como el glifosato y otros que enferman y matan toda la vida, animal, vegetal y hasta bacteriana. Sobre ese exterminio de los bienes renovables; sobre la contaminación de las aguas, y, en fin, la destrucción de la naturaleza tal como la hemos conocido y vivido hasta ahora, se yergue un nuevo órden, se construye un nuevo planeta yermo y artificial, donde la vida depende de modificaciones y adaptaciones genéticas de laboratorio que controlan muy pocas pero poderosísimas manos. Escalas gigantescas de pocos bienes extraídos y exportados sin trabajo ni valor agregados, “comodities”, cuya gestión requiere de grandes capitales y sofisticadas tecnologías, pero de escaso trabajo. Un mundo y un país de “empleados del mes”, trabajadores sometidos, rehenes del capital, poblaciones enteras de consumidores colonizados; no de ciudadanos productivos, creativos, menos autónomos y libres. Unos territorios sin identidad, en los que no tendremos lugar, sobraremos la mayoría de nosotros. Esto significa ser un país minero, extractivo, exportador.

Hay otro país posible, y casi no es necesario repetir cual es, aunque las máquinas mediáticas se empeñen en ocultarlo, degradarlo, olvidarlo. Un país de plena ocupación territorial, sembrado de pueblos vivos, con producciones primarias y cadenas industriales locales, a escala de las necesidades de sus poblaciones. Una sociedad pluricultural, con identidades valorizadas, un pueblo de trabajadores dignos en el campo y las ciudades, de consumidores responsables, de estado presente y eficaz, de sociedad civil organizada y fuerte, de ciudadanos participativos, de instituciones plenamente democráticas.

Esta otra Argentina ya se viene prefigurando en los movimientos sociales de resistencia al “modelo” colonial minero depredador en todo el centro y oeste cordillerano; en las poblaciones fumigadas, en los pueblos originarios, en las organizaciones campesinas; en los vecinos urbanos autoconvocados. Resistencias que asumen múltiples formas y apelan a variados recursos, desde la acción directa a los amparos judiciales; desde la educación y el arte popular a la investigación y experimentación productiva y comunitaria.

El Martes 31 de Agosto, convocados a una audiencia pública por los diputados Pino Solanas y Fernanda Reyes, representantes “con mandato” de muchas de esas asambleas, expresiones de democracia directa, se reunieron con intelectuales, vecinos, profesionales y parlamentarios que honran el mandato que les fuera conferido en la democracia representativa. Las diversas y ricas intervenciones delinearon tanto el país rechazado como el país anhelado. Las democracias, directa y representativa, se encontraron y potenciaron mutuamente. De las múltiples tareas por hacer, se focalizó en el impulso de una ley de prohibición completa de la megaminería metalífera a cielo abierto, así como la de materiales radioactivos, nacionalizando y profundizando una normativa que siete provincias argentinas ya dictaron en su ámbito, a la vez que dando pleno apoyo a la ley de protección de glaciares, fábricas de agua, que el senado debe votar la próxima semana. Porque “el agua vale más que el oro”, la producción y trabajo genuino local vale más que las comodities; porque la salud, el ambiente y la identidad son la vida misma de nuestra comunidad.

Pablo Bergel es sociólogo.

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Agencias de seguridad: Un negocio descomunal

REVISTA LA PULSEADA

La industria de los represores. Parte II

En el último boletín especial sobre derechos humanos, presentamos un primer informe sobre el negocio millonario de la seguridad privada. En Argentina hay cerca de 2000 empresas que emplean a unos 200.000 agentes. A pesar que hay más vigiladores privados que policías, nadie controla a estas firmas que tomaron impulso con la dictadura, se multiplicaron en el menemismo y son manejadas por represores, policías exonerados y personal sin capacitación.

“Muchos de los exonerados de las fuerzas armadas y de las policías provinciales por delitos de lesa humanidad supieron ´reciclarse´ como directivos técnicos de estas empresas, ya que se presentan como ´expertos de la seguridad´”, confirma Martín Medina, autor del libro Quién custodia a los custodios.

Los casos más conocidos fueron los vinculados al Grupo Yabrán, cuyo imperio sombrío se hizo público tras el crimen de Cabezas. El nombre de su empresa de seguridad Bridees provendría de la expresión “Brigadas de la ESMA”. También sirvieron al empresario Tecnipol, Zapram SA, Zapram SRL y Zapram Technical, empresas supuestamente independientes, que tenían directivos y empleados en común.

En ese ámbito trabajaron el ex capitán de fragata Adolfo Donda Tigel –uno de los jefes del temible Grupo de Tareas 3.3.2.-, Roberto Naya –el represor reconocido por Basterra-, Juan Carlos Castillo (alias Serpiente), los ex penitenciarios Marcelo Claudio Carmona (Choper), Víctor Hugo Dinamarca (Chango) y Carlos Orlando Generoso (Fragote), y el ex policía Roberto González (Federico), que participó del asesinato de Rodolfo Walsh. También fue parte del aparato de Yabrán un militante quebrado por las torturas físicas y psicológicas, el Ratón Ángel Laurenzano: “Un verdadero talento de la psicología y de la cibernética que, al volver la democracia, salió de la ESMA con otra identidad para convertirse en el cerebro oculto de Bridees y Zapram”, apunta Miguel Bonasso en su libro Don Alfredo.

En su monumental investigación, el periodista también mencionó a Gustavo Bunze, ex capitán del Batallón 601, como propietario de “una empresa de investigaciones, de las tantas que comenzaron a proliferar en la democracia para darle trabajo a la ´mano de obra desocupada´”.

Las brigadas de Yabrán lejos están de ser los únicos casos. De tanto en tanto, sin demasiada repercusión, se ha denunciado la actividad privada de asesinos y torturadores impunes. Así, por ejemplo:

- El ex comisario Luis Donocik (Polaco Chico) figuró como directivo de Segar, una agencia que brinda servicios en varios supermercados, hoteles y sanatorios.

- El teniente coronel Héctor Schwab, subordinado de Antonio Bussi en la Brigada de Infantería V de Tucumán, fundó en 1998 la agencia Scanner SA. En 2003, Schwab fue detenido por orden del juez español Baltasar Garzón. Su empresa dio trabajo a Cecilia Pando, la esposa del mayor del Ejército Rafael Mercado que se hizo famosa por su defensa pública a los represores.

- Félix Alejandro Alais, ex policía federal acusado de integrar la Triple A de Bahía Blanca, figuró hasta 2004 como socio de la cooperativa de trabajo Fast, que ese año ganó una licitación para brindar seguridad privada en la UBA, revocada cuando se conocieron sus antecedentes.

- Miguel Ángel Rovira, jefe operativo de la Tiple A que murió en julio pasado, se desempeñaba como jefe de seguridad en Metrovías cuando fue escrachado por HIJOS y vecinos de San Cristóbal en 2001.

- El coronel retirado Aldo Mario Álvarez, compañero de promoción y amigo de Ramón Camps y prófugo de la justicia por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca, fue responsable de la agencia Alsina SRL, prestadora de servicios a bancos, countries y edificios. Se trata de una empresa de más de seis décadas, que en 1976 decidió “ampliar sus horizontes”, según comenta su web. Álvarez figuró como gerente hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000. En esa fecha cedió sus acciones al yerno. Meses antes se había sancionado la ley provincial que regula el negocio y prohíbe a las agencias emplear a ex represores. Actualmente el Ministerio de Justicia de la Nación ofrece una recompensa de 100.000 pesos por encontrarlo.

- El capitán Hugo César Espeche, que tiene prisión domiciliaria por su responsabilidad en la Masacre de Las Palomitas, es copropietario de ESPE SRL, una agencia de vigilancia que trabaja para una petrolera en Chubut.

En febrero de este año, la noticia del “nieto 101” recuperado vino con un detalle tenebroso: su apropiador, Víctor Alejandro Gallo, que durante la dictadura integró el batallón 601, es el dueño de la agencia de seguridad Lince, acaso una de más conocidas por su publicidad en radio Continental. Después de 32 años, Francisco Madariaga Quintela se reunió con su papá, Abel, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo. Francisco nació en 1977 en el hospital militar de Campo de Mayo, donde estaba secuestrada su mamá. Se crió con el oficial de inteligencia al que describe como un hombre “muy violento”. Además de su trabajo criminal en la dictadura, Gallo tiene antecedentes delictivos en democracia: en los ´80 participó del robo de una financiera y luego de la Masacre de Benavídez, donde fue asesinada una familia. Por esos hechos estuvo detenido. Lince seguridad funciona con la fachada de una “cooperativa de trabajo” y fue socia fundadora de la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad (CELSI).

Durante sus primeros 12 años de existencia, esa cámara fue presidida por el coronel retirado Jorge Luis Toccalino, a quien la Justicia federal de Necochea detuvo por secuestros y torturas cometidos durante la última dictadura en septiembre de 2007. El año siguiente, durante un cocktail por el 15° aniversario de la entidad, se hizo un reconocimiento a su figura, “verdadero impulsor y motor de la actividad”, “aunque no nos puede acompañar físicamente en esta celebración”.

En marzo de 2007, consultada por la justicia federal, la Secretaría de Derechos Humanos enumeró decenas de agencias donde trabajarían represores: Preval S.A., Audiseg S.R.L., Organización Anselmi S.R.L., Seguridad Ciudadela, Agencia de Investigaciones Privadas San Justo, Brújula S.A., Organización Delta, Seguridad Zabala, Curezza Arg. S.R.L., Odakopf S.R.L., San Roque, Eagle Security, AV.E. S.R.L., Pehuen Seguridad Privada, Sistemas Argentinos de Seguridad S.A., Trans-estatal S.R.L., Pol-Pri S.R.L., SYS, Seguridad Investigaciones Avellaneda, Perbal, Securitas, Serv. De Guarda y Custodia S.A., Cia. de Seg. Río de La Plata, Instituto Cielos Abiertos, Vigilador Cristian Gómez, Bec Protection, Seguridad Privada Argentina, Veller S.A., Excel Seguridad Integral S.R.L., Seguridad y Monitoreo, Alpulver SRL y Alpul, Seguridad Intercountries, Cooperativa de Trabajo Solucionar LTDA y Empresa de Seguridad Integral JF. La lista está archivada en la causa López, que este mes cumple cuatro años sin dar con el paradero del testigo desaparecido.

Por otra parte, el problema de la impunidad no se reduce a los personajes de la dictadura. En enero de 2008, por ejemplo, se supo que el policía condenado por doble homicidio en el “Caso Witis”, Rubén Emir Champonois, estaba trabajando en una empresa de vigilancia. Aunque la ley lo prohíbe, había recibido autorización del propio Tribunal que lo juzgó. Se trataba de la empresa Bayercop SA, según el certificado que presentó el policía bonaerense exonerado. La agencia no estaba debidamente habilitada. “No nos oponemos a que mantenga a su familia, pero sí a que trabaje en seguridad. No queremos que ningún otro joven se vea en la situación de Mariano y Darío, ni que se cargue otra muerte más. Si abusó de la autoridad siendo policía, ¿ahora por qué habría de contenerse?”, declaró entonces Raquel Witis. En su defensa, se decía que Champonois trabajaba de administrativo. Como empleado de oficina, tenía un horario muy raro: de 19 a 7.

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Argentina: El pensamiento de la derecha procesista de La Pampa

Norberto G. Asquini - Juan Carlos Pumilla (LA ARENA)

Ismael Amit, en su propuesta a las FFAA de 1980, hizo un decálogo del pensamiento civil alienado a la dictadura. Los militares representaron así "la única garantía de que continuará el clima de libertad, de paz interior" y pedía "no hablar de fantasmas, de aparecidos, sino de realidades".

En las últimas semanas abordamos desde estas páginas la participación, colaboración o adhesión de algunos sectores de la sociedad civil no sólo con la dictadura militar sino también, en parte, con la represión ilegal durante esos años. La adscripción ideológica de muchos sectores civiles, más allá de quienes apoyaron al denominado Proceso por considerarlo garantía de "orden" dentro de una país sin rumbo y marcado por la violencia política, fue evidente también en la provincia.

En La Pampa, el pensamiento procesista, por parte de los partidos políticos, se observó más claramente a través del Movimiento Federalista Pampeano (Mofepa), una de las agrupaciones provinciales nacidas a comienzos de la década de 1970 y que se unieron en el 73 en una Federación de partidos provinciales. Si hubo algunos funcionarios e intendentes de ese partido a comienzos del Proceso, durante los años 80 esa alianza se consolidó. También hay que observar que más allá de esa adhesión y alianza con el Proceso, ese pensar también fue parte de otros partidos tradicionales.

Larga trayectoria

El fundador del Mofepa, Ismael Amit, en su trayectoria política, es un dirigente de difícil clasificación y no se puede generalizar toda su historia bajo un solo rótulo, más allá de haber adherido desde fines de los 50 a un desarrollismo vernáculo que dejó plasmado en sus proyectos para la provincia. Dirigente radical, se volcó al sector más progresista de ese partido integrando el Movimiento de Intransigencia y Renovación. Así continuó al dividirse el radicalismo en la UCRI de Arturo Frondizi, partido con el que ganó dos elecciones en La Pampa. De perfil populista, además de adherir al desarrollismo, deambuló entre una postura antiperonista a períodos de una visión más integracionista. En su segundo mandato, dejó la UCRI para conformar el MID. Y en los 70 cuando el régimen de la Revolución Argentina promovió una serie de partido provinciales, conformaría el Mofepa, ya en su etapa más conservadora.

Fue interventor en 1958 y dos veces gobernador constitucional (1960-62 y 1963-66), siendo el político de mayor envergadura en los años 60. Su figura está vinculada a muchos avances institucionales y de obras en una provincia que se estaba recién formando. Luego de su fallecimiento en 1994, su figura -ya con el Mofepa apartado como factor de poder- ha sido utilizada hasta por el PJ como imagen de un "político ejecutivo", limando sus aristas más controvertidas, como fue su apoyo a la dictadura.

La alianza

Durante la dictadura militar, a fines de 1980, el general Roberto Viola sucedió a Jorge Rafael Videla en el gobierno de facto y ante la apertura a civiles para ocupar cargos de gobernadores el Mofepa quedó definitivamente alineado al Proceso cuando el 9 de diciembre se realizó una reunión entre Amit y el ministro del Interior, Albano Harguindeguy.

Esa fuerza política propuso el nombre del siguiente mandatario y en marzo de 1981 asumió Ricardo Telleriarte, ex ministro de Economía provincial, como nuevo gobernador.

En 1981, cuando todavía no se vislumbraba una salida democrática a la dictadura, pero estaba en los proyectos futuros, el líder "mofepista" difundió su "Propuesta a las Fuerzas Armadas por el doctor Ismael Amit", que llegó a la redacción de La Capital, entre otros lugares. En ese escrito no sólo quedó explícita la adhesión al Proceso por parte de Amit, sino el pensamiento de buena parte de la sociedad pampeana de esos momentos que reivindicaba lo realizado por la dictadura militar.

Bases filosóficas

Afirmaba Amit en el escrito, realizado a máquina de escribir: "Manifestamos, como dirigentes políticos del interior, nuestra adhesión en general a las bases filosóficas, y programáticas del Proceso de Reorganización Nacional, sin perjuicio de discrepar con aspectos referidos fundamentalmente al tratamiento del sistema federal de gobierno".

Consideraba, al hacer un análisis del momento histórico, que "las FFAA que asumieron el poder para poner fin a una etapa de desgobierno, de confusión, destrucción y corrupción de los valores más sacros de la nacionalidad y vivieron la experiencia de una guerra sin cuartel contra formaciones especiales que pretendían subvertir las formas de vida de nuestra sociedad, tenían la obligación moral de fijar las reglas de juego, que la imponen siempre los vencedores y no los vencidos, ni los que estuvieron al margen de la contienda. Reglas, que han determinado que se instaurara un clima de paz, respeto, convivencia y seguridad, desconocido en el país desde hace muchos años. Inauguraron un período de libertades en todos los ámbitos, preferentemente en lo económico, terminando con las políticas dirigistas, intervencionistas y distribucionistas, que habían cambiado la imagen de un país democrático, en un estado socializante. Las peripecias vividas durante un lapso que abarca más de 30 años de restricciones de libertades, nos han enseñado que debemos evitar a costa de cualquier precio, recaer en esos errores, que han sido funestos. Es preferible superar las impaciencias y apresuramientos que pueden ser nefastos, para actuar con tranquilidad y seguridad y para que no se resienta en el futuro, la efectiva vigencia de la democracia".

Peligro latente

Esa dictadura, a los ojos de Amit, era necesaria para la futura democracia para que "el pronunciamiento de las mayorías no se vea malogrado por representantes elegidos por las mismas, que en los hechos, desvirtuaron la esencia de ese sistema de gobierno expuesto a ser aniquilado por la acción de bandas organizadas, para instaurar otro estilo de vida". Y para que el país creara "sus propias defensas, para ponerse a cubierto de las infiltraciones y del socavamiento, que contra ella se cometen, abusando del clima de libertad". Aunque aclaraba: "No debemos tener tanto apresuramiento por esa normalización institucional".

El mayor peligro para esa apertura era que "aquí, como en la Alemania vencida y sometida por el Tratado de Versalles funciona un Estado Mayor o el Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, que cuenta con importantes recursos y medios de penetración y tiene puestas sus miras en la revancha, en el desquite por la guerra perdida".

Amit se refería a ese "peligro latente": "Están en Roma en contacto con las brigadas rojas, en París, Nicaragua, en San Salvador, adquiriendo experiencia, conocimientos, entrenando y entrenándose (...) para aprovechar la primera vacilación o la debilidad que pueda ofrecer un gobierno que no esté férreamente respaldado por las FFAA, que representan aunque no les agrade a muchos, la única garantía de que continuará el clima de libertad, de paz interior, de seguridad y que las instituciones que nos gobiernan, serán democráticas, republicanas y afiliadas al mundo occidental y cristiano", afirmaba.

"Aparecidos"

En otro párrafo, el líder del Mofepa indicaba: "No hablamos de fantasmas, ni de aparecidos, sino de realidades (...) esta 'guerra sucia' como la hubo en la Argentina es la tercera guerra mundial. No más guerras convencionales, sino de sorpresas, de emboscadas, de traiciones, secuestros y extorsiones, son las que en este momento imperan en el mundo. Y la tendremos aquí una vez más, si nos desprotegemos y ofrecemos nuestros pechos inocentes a las balas asesinas".

También comentaba que "las FFAA tienen que estar cerca de su pueblo para evitar a la Argentina los peligros de una nueva guerra" como la que "está sucediendo en El Salvador".

Y sobre la nueva dirigencia que debía tener la próxima democracia, refería: "No puede pensarse entonces que debe prevalecer solamente el número, sino que también debe jugar la calidad, la capacidad, la responsabilidad y la seguridad de una absoluta identificación con esta forma de vida (...) con los ideales del sistema democrático, pluralista, republicano, federalista y esencialmente con la filosofía occidental y cristiana".

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