miércoles, 20 de octubre de 2010

Proyecto Censurado 2011 # 24: Crímenes de guerra del general de Estados Unidos Stanley McChrystal

Seymour Hersh (DEMOCRACY NOW!), Abbas Al Lawati (Gulfnews), PRESSTV y ROCK CREEK FREE PRESS. Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

El teniente general Stanley McChrystal, nombrado comandante responsable de la guerra en Afganistán por Obama en mayo de 2009, fue antes jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por su sigla en inglés), dependiente de Dick Cheney [el vicepresidente de George W. Bush]. La mayor parte de la carrera militar de 33 años del general McChrystal se mantiene clasificada [o sea, secreta], incluyendo sus servicios entre 2003 y 2008 como comandante del JSOC, unidad de elite tan clandestina que por años el Pentágono rehusó reconocer su existencia. El JSOC es una unidad especial de “operaciones negras” [asesinatos] de la Navy Seals [literalmente, “marina de guerra sellada”] y Delta Force [Fuerza Delta, soldados secretos del ejército para operaciones especiales, que formalmente se llama “Destacamento-Delta Operacional de Fuerzas Especiales (SFOD-D), mientras el Pentágono la nombra como Grupo de Aplicaciones de Combate, CAG].

El ganador del premio Pulitzer de periodismo Seymour Hersh [The Nation] reveló que la administración Bush operó un anillo ejecutivo de asesinatos que dependía directamente del vicepresidente Dick Cheney y que el Congreso nunca sintió ninguna inquietud por indagar. Equipos del JSOC viajaban a diferentes países, sin siquiera hablar con el embajador ni el jefe de la estación CIA, con una lista de gente que buscaban, encontraban, mataban y se iban. Había una lista vigente de gente marcada como blanco, elaborada por la oficina del vicepresidente Cheney, quien también ha cometido actos de guerra contra Estados Unidos, o fue sospechoso de planear operaciones de guerra contra EEUU. Hubo asesinatos en docenas de países del Oriente Medio y en América Latina, afirmó Hersh. “Existe un decreto ejecutivo, firmado por el presidente Ford en los años 70, prohibiendo tales acciones. Esto no sólo contraría: es ilegal, es inmoral, es contraproducente”, añadió.
El JSOC también estuvo implicado en crímenes de guerra, incluyendo tortura de presos en sitios secretos “fantasmas” (ghost) de detención. El Campo Nama en Iraq, operado por el JSOC bajo McChrystal, fue una de tales instalaciones “fantasmas”, ocultada al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y acusada de algunos de los peores actos de tortura. El 22 de julio de 2006, Human Rights Watch publicó un informe titulado “No blood, no foul” (Ninguna sangre, nada asqueroso”) sobre tortura norteamericana practica en tres instalaciones en Iraq. Una de ellas era el Campo Nama, del JSOC, entonces bajo la dirección del mayor general Stanley McChrystal. Oficialmente, instalaron a McChrystal en Fort Braga, en Carolina del Norte, pero fue un visitante frecuente del Campo Nama y de otras bases de las fuerzas especiales en Iraq y Afganistán, donde tuvieron asiento las fuerzas bajo su comando.
Un interrogador del Campo Nama describió que encerraban a los presos en contenedores de barcos por 24 horas en tiempo de calor extremo, luego los exponían al frío extremo mojándolos periódicamente con agua helada, los bombardeaban con luces brillantes y música ruidosa, los privaban del sueño y les daban severas golpizas. Cuando él y otros interrogadores acudieron al coronel responsable y expresaron su preocupación porque esta clase de tratamiento no era legal, y que podrían ser investigados por la División de Investigación Penal Militar o por el CICR, el coronel les dijo que “dirigía esto directamente, bajo el general McChrystal y el Pentágono, y que no había manera de que la Cruz Roja pudiera entrar”. El interrogador dijo que él vio al general Stanley McChrystal, comandante de las fuerzas de Operaciones Especiales Conjuntas de EEUU, visitando en varias ocasiones la instalación de Nama en Iraq. “Lo vi un par de veces. Conozco su apariencia” (look like).

El Comité Internacional de la Cruz Roja es el cuerpo internacional encargado por el derecho internacional de supervisar el cumplimiento a conformidad de los Convenios de Ginebra y, por lo tanto, tiene derecho a examinar todas las instalaciones donde mantienen a gente detenida en cualquier país que esté en la guerra o bajo ocupación militar.

En la explicación de por qué ningún otro medio de prensa había cubierto esta historia, Hersh indicó: “Mis colegas en la prensa acreditada a menudo no siguen, no porque no quieran, sino porque no saben a quién llamar. Si estoy escribiendo algo sobre el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que aparentemente es una unidad clasificada, ¿cómo la va a descubrir él? El gobierno le dirá que todo lo que escribo es incorrecto o que eso no puede comentarlo. Es fácil quedar desempleado por esas historias. Pienso que la relación con el JSOC está cambiando bajo Obama. Ahora hay más control”.

Sin embargo, según Press TV, la decisión de la administración Obama de designar al general McChrystal como nuevo comandante responsable de la guerra en Afganistán y la prolongación de la jurisdicción militar para los detenidos de EEUU en su guerra al terrorismo encerrados en la prisión de Bahía de Guantánamo, desafortunadamente son ejemplos de cómo la administración Obama continúa siguiendo los pasos de Bush.

Seguimiento del reportaje:

Rock Creek Free Press divulgó en junio 2010 que Seymour Hersh, interviniendo en la Conferencia de Periodismo de Investigación Global en Ginebra, criticó en abril de 2010 al presidente Barack Obama y denunció que las fuerzas de EEUU están realizando “ejecuciones en el campo de batalla”. “Aquellos que capturamos en Afganistán se están ejecutando en el campo de batalla”, afirmó Hersh.

Fuentes:
– Seymour Hersh, “Secret US Forces Carried Out Assassinations in a Dozen Countries, Including in Latin America,” Democracy Now!, March 31, 2009, http://www.democracynow.org/2009/3/31/seymour_hersh_secret_us_forces_carried
– Abbas Al Lawati interviews Seymour Hersh, “You can't authorise murder,” Gulf News.Com, May 12, 2009 http://gulfnews.com/news/region/palestinian-territories/you-can-t-authorise-murder-hersh-1.68504
– “McChrystal was Cheney's Chief Assassin,” PressTV, May 16, 2009, http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=94884&sectionid=3510203

Estudiante investigador:
Cristina Risso, Sonoma State University

Evaluador académico:
Elaine Wellin, Sonoma State University

Foto: Estados unidos, militar – General Stanley McChrystal. / Autor: Chad J. McNeeley – US Army

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Impiden el ingreso a Estados Unidos a la periodista alemana Gaby Weber

ARGENPRESS

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Argenpress: Nosotros conocemos los casos cuando los sudamericanos somos rechazados en las fronteras europeas y norteamericanas. ¿Ahora te pasó a vos, siendo Alemana?

Gaby Weber: Si. Quería viajar a Washington en agosto, desde Berlín, y había anunciado mi visita en el archivo nacional NARA, donde trabajo a gusto y donde siempre me han tratado muy bien. Llegué hasta el aeropuerto en Washington, y terminé siendo interrogada durante siete horas y me mandaron de vuelta a Berlín.

Argenpress: ¿No tenías la visa?

GW: Los alemanes no precisamos visa como ustedes. Simplemente compras el boleto de avión y haces un pedido por internet para sacar el permiso, se llama ESTA-visa. No tenía problemas y me dieron instantáneamente este permiso. Además, en la escala en Paris, el personal de United Airlines revisaba todos los pasaportes y visas. Y ante cualquier problema, me tendrían que haber notificado. Pero me dejaron viajar hasta Washington.

Argenpress: ¿Los periodistas no precisan una visa especial?

GW: Los corresponsales precisan el I-visa, pero solamente los periodistas con empleo fijo. Los freelance no precisamos. Eso pregunté explícitamente en el Consulado antes, y me dijeron eso. Yo soy freelance y ninguna radio o diario me mandó a los Estados Unidos. Ese email lo llevaba encima, pero no hubo caso.

Argenpress: ¿Pero cual fue la argumentación oficial?

GW: El oficial me dijo que en su computadora figuraba que una vez me fue negada una visa. Pero eso no me ha pasado nunca. Me dijo que en el futuro tengo que pedir permiso especial, no la ESTA-visa. En realidad, mi impresión era que me han esperado en la frontera. Obviamente hay ciertas investigaciones que no quieren que se hagan. Con su “guerra contra el terrorismo” no tiene nada que ver. La única persona que también fue rechazada fue una chica de 15 anos que viajaba con su mamá para estudiar en un colegio seis meses. El colegio no le había dicho que tenía que sacar una visa para estudiantes. La mamá tuvo que entrar sola y la chica fue sentada, junto conmigo, en un patrullero, llevada hasta el avión y mandada de vuelta a Alemania.

Argenpress: ¿Te revisaron en la frontera?

GW: Abrieron mi valija y echaron apenas un vistazo. Podría haber traído cocaína, armas o dinero en cantidades grandes. Lo único que les interesaba eran mis papeles en mi equipaje de mano, entre ellos un documento que bajé del sitio oficial de la CIA y sobre el cual quería buscar documentos en NARA. Eso fue muy, muy sospechoso. Quería llamar a la Embajada Alemana en Washington y a un abogado. Pero no me fue permitido.

Argenpress: ¿Tenes un abogado en Washington?

GW: Como vos sabes, porque Argenpress publicó varias notas sobre el caso, he llevado la causa civil contra la Mercedes-Benz por la desaparición de sus obreros combativos durante la dictadura a un tribunal estadounidense. En Argentina, la causa civil estaría prescripta y la ley estadounidense está a favor de estos tipos de causas. Te acordás que la empresa no solamente colaboró con la represión sino también hay cinco casos de chicos apropiados por gerentes de la Mercedes Benz que están probados o investigados por la justicia argentina. El abogado de la causa y la ONG que apoya nuestra causa están en Washington. Y tenía cita.

Argenpress: ¿Ahora, para conseguir una visa, te ayuda la Cancillería Alemana?

GW: Yo informé a la Cancillería en Berlín y el asunto fue discutido en el Parlamento Alemán. Pero no me ayudan nada. Claro, los alemanes están deportando personas “indeseables” y defienden su “derecho” de deportación. Les conté del principio de “reciprocidad” que aplican los países sudamericanos, Argentina, Brasil y Chile, que ponen las mismas condiciones a los visitantes norteamericanos que ellos ponen a los latinos. Pero no les importaba a los alemanes. Además, si pueden poner obstáculos al juicio contra su querida empresa Mercedes-Benz/ Daimler, lo van a hacer.

Argenpress: El Departamento de Estado siempre critica a los otros países por sus supuestos violaciones a la libertad de prensa. Y ellos mismos deportan y rechazan a investigadores porque se les antoja. Eso parece a un estado policial. ¿Como sigue ahora tu investigación?

GW: Pregunté hace semanas al Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security Department) que necesito para entrar a los Estados Unidos para estudiar en los archivos. Hice también una solicitud al departamento “casos especiales” del Consulado en Buenos Aires con la misma pregunta. No contestan. Estoy preparando un nuevo libro sobre el Criminal de Guerra Adolf Eichmann y acabo de ganar un juicio contra la agencia de inteligencia alemana BND (parecida a la CIA) por el acceso a los expedientes sobre este nazi. En total son unas 4.000 páginas y una parte ya la conseguí. Y lo que vi en estos papeles desclasificados, lo hace absolutamente necesario comparar el contenido con el material que se encuentra en los archivos estadounidenses. Y allá hay una ley, hecha por el entonces presidente Bill Clinton que dice que todos los documentos relacionados con el nazi-fascismo tienen que ser públicos, el Nazi War Crimes Disclosure Act. Me gustaría que la actual Secretaria de Estado Hillary Clinton tenga en cuenta la realidad legal y el obvio deseo de su pueblo sobre la verdad histórica.

Argenpress: Obviamente, el Departamento de Estado no quiere que la verdad se sepa.

GW: Como está pendiente mi solicitud, te pido por favor que entiendas que no quiero opinar. Te cuento los hechos y que cada uno se forme su propia opinión.

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Costa Rica: Doña Laura está en problemas

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

1. Las masivas entradas de capital están agudizando el problema de la revalorización del colón frente al dólar. El fenómeno no es nuevo y, como tendencia general, se remonta a cinco años atrás. Sin embargo, durante el período comprendido entre fines de 2005 y primeros meses de 2008, sus consecuencias se vieron atenuadas por la vigencia de un ciclo de crecimiento especulativo e insostenible. Sin embargo, la economía se frenó en seco desde mediados de 2008 y cayó en recesión abierta en 2009.

En este último año –quizá favorecido por la reducción en las entradas de capital- la revalorización del colón frente al dólar se corrigió en parte. Pero en este 2010, y justo cuando la economía en general, y las exportaciones en particular, intentan recuperarse, la revaluación vuelve a agudizarse. El momento no podría ser menos oportuno: exportaciones y turismo apenas intentan reponerse del cachiporrazo de 2009, mientras la producción para el mercado interno no le va mucho mejor. Y justo les cae encima el fardo de una sobrevaluación acelerada del colón. Se entiende que ahora sí se oiga el crujir de dientes, distinto a aquellos días de 2006-2007, momento de gloria del ariasato.
2. El equipo económico de Chinchilla –cuyo jefe visible es el Vice-Presidente Liberman- entiende que se les está armando un colocho, tanto en lo político como en lo económico. Lo primero principalmente porque crece de forma ostensible el malestar en el aún poderoso sector exportador y turístico; otrora consentido, hoy maltrecho y apaleado. Lo segundo porque no se requiere ser ningún genio de la economía para percatarse que la revaluación del colón juega en contra de la reactivación de la economía y la generación de empleos.
3. Encima acontece que la recuperación económica anda en alitas de cucaracha. Las economías de Estados Unidos, Europa y Japón siguen atrapadas en un marasmo que parece infinito, el cual se complica con una situación social y política cuyo rostro es cada vez más hostil. Y es que la crisis económica mundial, que empezó tres años atrás, continúa impertérrita su curso destructivo, mientras juega al camaleón: de crisis inmobiliaria mutó en crisis financiera y luego a recesión mundial a crisis de la deuda pública europea y, ahorita no más, se reedita como crisis –o guerra como se está dando en llamarle- de las divisas, la cual, de desatarse a plenitud, podría tener consecuencias funestas. Y del desempleo ni se hable. Váyase a sabe cuál será el próximo bandazo de la crisis. Nada muy alentador que se diga, especialmente para una economía chiquitilla como la nuestra, conectada a profundidad –vía exportaciones e inversión extranjera- con la vieja Europa y, en especial, con el trastabillante gigante estadounidense ¿En qué cabeza cabe entonces venir a revalorizar la moneda a lo salvaje?
4. Los brillantes cerebros en que cuyas manos está el destino de nuestra economía han reaccionado frente a esta situación con la misma presteza con que lo haría una tortuga reumática. El Banco Central dijo que intervendría el mercado cambiario pero, según parece, todo terminó en agua de borrajas, un puro reventar de triquitraques. Lo último que se le oyó decir al Presidente del Central es que no cejará en su épica cruzada anti-inflacionaria. Como si eso fuera lo que interesa en un momento donde la inflación está en mínimos históricos. El problema es que el empleo también está en mínimos históricos ¡Si justo lo que la gente pide a gritos es trabajo y no cruzadas destinadas a aniquilar fantasmas! Y conste que, sin duda, una intervención decidida del Central para frenar la caída del dólar tiene sus costos. No es cosa que le salga de a regalado. Por su parte, Liberman habla de la creación, por parte de algún órgano del Poder Ejecutivo, de un fondo destinado a la adquisición de divisas. Obviamente eso tendría costos fiscales…lo que nos lleva al punto que sigue.
5. Acontece que doña Laura heredó de su antecesor una mesa servida con suculentas viandas. Una de estas un déficit fiscal del orden del 5% como proporción del PIB. El déficit no es necesariamente un problema y menos aún en tiempos de recesión. Lo que ya no es tan claro es que Arias haya concebido política fiscal anti-recesiva que tuviese sentido. Todo parece indicar que lo hicieron con la misma chapucería con que inauguraron la autopista-estafa a Caldera, en vez de preocuparse por crear condiciones que generaran posibilidades para alguna reactivación sostenible de los empleos y la producción.
6. Y así la señora Presidenta se ve enredada en un problema fiscal de oscura resolución. La mejoría en los ingresos fiscales es ciertamente parca y ello seguramente también es reflejo de la débil recuperación de la economía. En cambio, los gastos se muestran bastante más rozagantes. El gobierno habla, sin claridad alguna, de posibles reformas tributarias y con ello se juega el riesgo de que sus grandes aliados –los libertarios- le hagan trompas y amenacen romper su “pacto de gobernabilidad”, el cual, como se sabe, está destinado a garantizar un saqueo pacífico y armoniosa de las riquezas nacionales. También se sabe que, apegados a un ofertismo de silabario, los libertarios son enemigos acérrimos de cualquier impuesto.
7. Recortar el déficit fiscal en tiempos recesivos como los actuales es mala idea. De seguro Liberman lo sabe y es de suponer que se lo habrá explicado a su Presidenta, al menos en los ratitos que a ella le quedan libres después de sus conciliábulos con obispos y pastores donde se ponen de acuerdo para aplastar a gais y lesbianas y bloquear la fecundación en vitro. Si la economía anda renqueante, ponerse a cortar gasto público puede ser una excelente receta para el desastre. Pero el caso es que una economía tan sofocada no genera mucho espacio político para aumentar tributos…excepto, quizá, los más regresivos (convertir ventas en IVA y aumentarlo ¿al 20%?). Y ello haciendo acopio de cierto optimismo en relación con el grado de alienación y adormecimiento de un pueblo que, sin embargo, está sufriendo todos los embates de una economía semi-paralizada.
6. Digamos, para ir terminando este artículo (aunque, ni de lejos, agotando el tema), que el modelo neoliberal se encuentra en una complicadísima encrucijada. Agrego –haciendo acopio de mi maltrecha vanidad de economista de segunda fila- que es cosa que vengo advirtiendo desde hace algún tiempo. Retomo y resumo la idea en lo siguiente: el “éxito” en la atracción de capitales extranjeros ha terminado socavando las bases de la estructura exportadora. Así, los dos pilares del modelo entran en colisión. Los tratados comerciales –y en especial el firmado con Estados Unidos- prometen agudizar el problema: atraerán inversiones –ya lo están haciendo- destinadas a los mercados “abiertos”, como telecomunicaciones y seguros que, por añadidura, no son exportadoras (el modelo deviene así una completa paradoja). Da para pensar que persistirá la revalorización del colón mientras, como he explicado en escritos previos, se agudizan los problemas que ésta trae consigo para los sectores productivos orientados al mercado nacional que compiten con las importaciones.

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La tarea de redefinir el socialismo revolucionario

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Al adoptarse el mismo patrón de consumo generado por el sistema capitalista a nivel mundial, la precarización estructural del trabajo y la destrucción creciente del medio ambiente resultan una cuestión inevitable. Más aún cuando el afán de lucro es el fundamento principal, privilegiándosele por encima de cualquier otra consideración, incluso de la vida de los demás seres humanos; todo lo cual debiera estimular en gobiernos y en ciudadanos la demolición del sistema de dominación social ejercido por el capital, permitiéndose así explorar unos nuevos modos de producción que se afirmen en valores ajenos al capitalismo, socialmente útiles y necesarios.

Esto último representa, indudablemente, un escollo aparentemente insalvable para muchos, sin excluir de ello a quienes propugnan un modelo socialista que se diferencie en esencia del capitalista. Según algunos, para lograr tal cosa tan solo se requiere disponer de buena voluntad, de reformas y de transparencia en la orientación, manejo y procedimientos del Estado vigente. En este sentido, se cree que basta otorgarle mayores derechos y beneficios a los sectores populares explotados y excluidos, sin profundizar mucho en las contradicciones que enfrentan al capital y al trabajo asalariado, además de los diversos problemas que se derivan de éstas. Olvidan que el trabajo asalariado es una nueva forma moderna y legalizada de esclavitud, recordando al respecto lo afirmado por Maximilien Rubel: “el salario es una esclavitud, y todo aumento autoritario del salario no será más que una mejor remuneración de los esclavos”. Otros, sin embargo, hallarán en esto algo más de lo mismo, sin una mayor trascendencia, enmarcado como está en la propuesta de darle un rostro humano al capitalismo. Para éstos, al igual que para István Mészaros, “esperar una solución feliz a esos problemas a partir de las operaciones de rescate del Estado capitalista sería una gran ilusión”.

Por ello, plantearse el socialismo como alternativa revolucionaria frente al capitalismo implica cuestionarlo a profundidad, resaltando la necesidad de eliminar las contradicciones existentes entre el capital y el trabajo asalariado, en un ejercicio de imaginación utopista y de rigor científico que muchos revolucionarios esquivan neciamente, pero que es altamente imprescindible. En consecuencia, hará falta labrar la propuesta de un sistema social alternativo, en el cual el desarrollo de la civilización postcapitalista no signifique la devastación entera de la naturaleza ni la opresión de pueblos ni de individuos por cualquier forma de Estado. Esto supone, entonces, desprenderse de las prácticas y conceptos que le dieron vigencia al capitalismo durante siglos, dándoseles cabida a otros que pudieran servir de punto de partida para la construcción de un nuevo modelo de civilización y de relaciones de reciprocidad entre la humanidad y el medio ambiente que le sirve, al mismo tiempo, de sustento y de hogar. Sin tal cosa, hablar de un socialismo para el siglo XXI carecería de bases posibles o reales, lo cual pudiera enriquecerse con diferentes aportes y experiencias, incluyendo aquellos provenientes de nuestros pueblos ancestrales. Sería una mejor manera de redefinir la utopía del socialismo revolucionario. Aunque suene difícil, tal tarea jamás debiera resultar imposible para los revolucionarios.

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El Gran Carnaval

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

En 1951, Billy Wilder presentó su filme Ace in the Hole - traducida al castellano como El gran Carnaval - protagonizada por Kirk Douglas, una película que fue nominada al Oscar como mejor historia y guión ese mismo año. La cinta se inscribe en el llamado cine negro, un drama descarnado que cuenta la historia de un minero indio atrapado en las entrañas de la roca en Nuevo México. Un suceso dramático en que se juega la vida y la muerte, un suceso capaz de conmover en lo más profundo a los lectores de periódicos.

Charles Tatum es un periodista de Nueva York que tiene serios problemas con el alcohol, por lo cual ha sido desterrado a esta zona desértica. Cuando se entera del lamentable accidente, advierte de inmediato la posibilidad de llegar a ser alguien en el mundo mediático, instrumentalizando la noticia, dándole espectacularidad y alargando cada etapa del rescate con la complicidad del Sheriff del pueblo. El protagonista resulta ser un antihéroe que despliega toda sus ansias de fama, dinero y poder en medio de una atmósfera de bajeza, corrupción y estupidez. De algún modo, Wilder, coautor del guión, logró plasmar en esta producción una mirada crítica y descarnada de los medios de comunicación de mediados del siglo XX. La película exhibe cómo los medios son capaces de estimular el morbo de sus públicos, poniendo en primer lugar la calidad del espectáculo para satisfacer cierto egoísmo hedonista de las audiencias.

Ha transcurrido ya más de medio siglo y lo que fuera la poderosa industria de la prensa ha sido sustituida por poderosas cadenas de televisión, capaces de mostrar en tiempo real el dramatismo del mundo. Podríamos afirmar que la Hiperindustria Cultural eleva a la enésima potencia su poder seductor y de manipulación de la información. En la actualidad, el despliegue mediático posee la fuerza para fabricar el presente de la humanidad, sea que se trate de levantar falsos profetas, demonizar pueblos enteros o simplemente arrancar lágrimas con algún drama en cualquier lugar del planeta. La red mundial de medios ha hecho realidad aquella frase de Shakespeare, según la cual el mundo entero es un gran escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores. El mundo entero, efectivamente, se nos muestra a diario en pantallas digitales como un espectáculo. La televisión es el ojo que todo lo ve, no hay lugar demasiado inaccesible: la superficie del planeta Marte o el fondo de una mina.

Esta misma híper - industrialización de la cultura nos permite recuperar algunas escenas de aquel filme que, paradojalmente, nos parece hoy tan próximo y familiar: http://www.youtube.com/watch?v=uxe9Go8W2Ro. La capacidad tecno-mediática en el presente no sólo ha hecho realidad aquella lúcida convicción que enunciara Shakespeare sino que ha multiplicado al infinito los apetitos de las grandes corporaciones mundiales por apropiarse de aquellas imágenes que nutren el imaginario mundial, desde la tragedia, la comedia o el melodrama. Algo que ya nos mostró Billy Wilder con ácido humor, la complicidad entre los medios y el Sheriff del pueblo.

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La otra realidad que el gobierno y los empresarios ocultan tras el rescate de los 33 mineros de la mina San José

Luis Mesina Marín
El 5 de agosto los chilenos fuimos impactados con la trágica noticia de que 33 mineros eran sepultados a más de 700 metros bajo cientos de toneladas de material rocoso. Luego de 17 días y debido en gran parte a la experiencia y fortaleza de los trabajadores, nos enteramos que estaban con vida. La alegría de todo un pueblo al saber esta noticia, era rápidamente manipulada por el gobierno para ocultar las verdaderas causas de este accidente.

Varias lecciones se pudieron extraer de esta tragedia, en primer lugar, que la clase obrera es por sí solidaria, es leal y honrada entre sus compañeros; de conjunto es capaz de sobreponerse a los más grandes obstáculos, puede, sin necesidad de los patrones –que arrancaron como ratas cuando se enteraron de la tragedia-, resistir y enfrentar las adversidades que la naturaleza le impone; eso explica que la sobrevivencia haya sido posible con tan pocos recursos y soportando temperaturas en promedio superior a los 30 grados y con índices de humedad cercanos al 100%. En segundo lugar, quedó en evidencia que los “propietarios” de esta mina, así como de cualquier empresa, cuando se trata de ganar dinero lo hacen, incluso, pasando por encima de la vida de los trabajadores.
La Compañía Minera San Esteban es la propietaria de la mina San José, pertenece a la mediana minería; es una explotación de cobre y oro muy antigua que se halla ubicada en Atacama, zona del desierto más árido del mundo. Tiene una larga tradición en actividades extractivas de más de medio siglo, explotando minerales de hierro y ha logrado acumular una importante fortuna.
Durante muchos años esta mina había sido denunciada como una explotación insegura. Entre 2000 y 2004 se interpusieron más de doce denuncias de los trabajadores ante diversas autoridades del país. La mayoría de los organismos públicos destinatarios de estas quejas jamás intervinieron para imponer protección a la seguridad de los trabajadores, siempre actuaron en cautela del interés del capital. En los últimos cuatro años hubo tres accidentes fatales y dos que significaron la amputación de extremidades de los afectados. El derrumbe del 5 de agosto tuvo, según se ha informado, una magnitud tal que produjo prácticamente el desplome de las galerías y de los ductos accesorios. Según declaraciones que han formulado diferentes especialistas esta mina jamás debió ser reabierta, sólo se hizo porque contó con una estructura jurídica y política que no repara en cautelar la vida de las personas. Ahora sabemos, además, que para aumentar las ganancias los propietarios tomaron decisiones francamente criminales. Así en una mina con roca inestable, redujeron el número de vigas de apuntalamiento, aumentando los metros entre ellas. Incluso llegaron a ordenar su desmantelamiento cuando obstaculizaban el trabajo de maquinaria en las vetas de mineral. Cuando se produjo el derrumbe, lo primero que intentaron los mineros fue ascender por la escalera del ducto de ventilación, que supuestamente era la salida de emergencia con la que contaba la mina. Pero descubrieron que la escala solo existía en una parte del trayecto y debieron abortar el intento de salida. Más tarde todo el ducto colapsó y ya no hubo posibilidad de usarlo. Sin embargo, si la empresa minera hubiera contado con la salida de emergencia, los mineros hubieran salido todos a salvo en las primeras horas.

Pero, ¿Por qué trabajaban en esa mina tan peligrosa, mineros con tanta experiencia? Porque las oportunidades de empleo en un país que se pavonea en América Latina de ser uno con mejores indicadores de crecimiento, sólo puede ofrecer empleo precario, inseguro, desprovisto de toda regulación. En el país, es cada vez más la población que accede por necesidad a empleos donde los derechos fundamentales son pisoteados, donde las jornadas laborales de ocho horas que en el pasado constituían derechos irrenunciables hoy son canjeados por unos miserables pesos. Es por ello que miles de trabajadores, incluidos los mineros, están dispuestos a trabajar en condiciones de alto riesgo, por necesidades, para sobrevivir.
Este accidente no fue fortuito, es uno más de los tantos que ocurren a diario en el país, en casi todos los sectores de la economía se accidentan y mueren trabajadores por la inescrupulosa práctica de los patrones de descuidar la seguridad en tanto ésta les reporta costos. En la construcción, el transporte, la manufactura, los servicios cada vez son más los trabajadores accidentados como consecuencia de la desregulación que se ha venido aplicando a la legislación laboral. Comenzó bajo la dictadura de Pinochet y se incrementó bajo los gobiernos de la concertación, quienes por facilitar la “inversión extranjera” desprotegieron de toda normativa a los trabajadores.
Chile, es un país donde la minería ocupa el papel más importante en la economía. El cobre fue nacionalizado bajo el gobierno de Allende el 11 de julio de 1971. Todos los yacimientos, entre los que se encuentran los más grandes del mundo, aportaban en ese entonces al país más del 45% del producto interno. Durante la dictadura, mediante la ley minera comenzó el proceso de privatización y hoy, más del 74% de la extracción de cobre se encuentra en manos privadas. Los gobiernos de la concertación ofrecieron mayores garantías a la inversión extranjera mediante la “paz social” y, a través de la modificación a la ley de renta se permitió que las empresas mineras produjeran más de 36.000 toneladas anuales y pagaran impuestos sólo cuando obtuvieran utilidades. Resultado: modificaron sus contabilidades y entre 1990 y el 2005 no pagaron un solo peso por concepto de impuestos al país, este despojo que se le ha causado al Estado ha sido brutal y para ello se ha contado con el silencio cómplice de todos los gobiernos post dictadura.
El despliegue comunicacional llevado adelante por el gobierno derechista de Piñera, aplaudido y avalado por todos los representantes en el parlamento y por la mayoría de los gobiernos de la región, incluido Obama, busca generar un impacto mediático de “humanidad” y de “unidad nacional”: “todos los chilenos con los mineros”. Nada se dice de la responsabilidad criminal de los propietarios que ya se han declarado en quiebra para no asumir responsabilidades económicas con los trabajadores que ya llevan dos meses sin recibir salarios. Nada se dice, que aparte de los 33 mineros, hay otros cientos esperando soluciones y el pago de sus remuneraciones. Tampoco se dice nada, acerca de otros tantos accidentes que en estos mismos momentos tienen a otros mineros chilenos sufriendo las consecuencias de esta desalmada política empresarial que busca el lucro a través de la explotación más brutal.
Si bien todos los trabajadores se han alegrado del rescate con vida de los 33 mineros, ahora comienza la campaña desinformativa para esconder las verdaderas causas de este episodio que una vez más tiene como protagonistas a los trabajadores y a los empresarios. Unos, sufriendo el rigor de un sistema fundado en la propiedad privada y en la más extrema explotación y, otros, logrando riqueza a costa del trabajo ajeno y continuando con su política de perpetuar un sistema que beneficia a un pequeño grupo de explotadores.
Hoy más que nunca los trabajadores chilenos deben estar alertas, Tras bambalinas, el gobierno y los empresarios se aprestan a dictar nuevas leyes que aparentemente tendrán como objetivo resguardar la seguridad laboral, cuando en realidad, se persistirá en desregular y privatizar las relaciones laborales poniendo siempre el acento en favorecer la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en desmedro de los trabajadores.

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De la accidentología a la siniestralidad (Parte III)

Juan Carlos Cena (especial para ARGENPRESS.info)

En Argentina hay 22 muertos diarios en accidentes viales. Casi un muerto por hora.

En ambos casos, se violan las leyes laborales.

A los patrones les es redituable la trasgresión y la violación de las leyes que supieron conseguir con la flexibilización laboral, pero quieren más. ¡Y cómo! Prefieren el pago de horas extras y no tomar otro chofer para reemplazar al que cumplió la jornada, porque esto es más redituable para la patronal llena de voracidadades. Es ganancia que el otro, el que cumplió sus horas de trabajo, no cumpla con el descanso según estipula la ley para su recuperación.

El estrés, el cansancio acumulado los lleva al agotamiento, les anula los reflejos, los cuales deben estar frescos para maniobrar con lucidez. Es tanto el afán de lucro de los patrones que los hace despreciar la vida de los pasajeros o la seguridad de los choferes o maquinistas de los trenes, naturaleza que supera toda medida preventiva. Por otro lado, en forma proporcional “el silencio” de los sindicatos, actitud que nos lleva a pensar que hay una asociación entre patrones y la aristocracia sindical.

Veamos someramente algunos ejemplos. Los chóferes profesionales de camiones tienen una importante participación en estos hechos. De acuerdo con un seguimiento realizado por Luchemos por la Vida sobre la cantidad de muertes en los 334 accidentes de tránsito, publicados en los diarios durante junio, julio y agosto, están involucrados en el 24% de las muertes producidas. Y en el 21% los chóferes profesionales del transporte público de pasajeros (micros y colectivos).

En el Instituto de Seguridad Vial (ISEV) coinciden en la incidencia de los choferes de camiones en los accidentes de tránsito graves. Allí señalan que desde el año 1993 el promedio de la participación de los camiones en la siniestralidad vial grave —las que tienen como mínimo un lesionado grado 3, es decir, con fracturas— representa el 15% del total.

El último informe anual de Luchemos por la Vida corresponde a 2005 y cerró con 7.138 víctimas fatales, más de 120 mil heridos de distinto grado y miles de discapacitados. En tanto, las pérdidas económicas del tránsito caótico superan los 10.000 millones de dólares por año.

Secuestran más de 30 micros y camiones por no cumplir con las normas, entre ellas el descanso de los choferes

En la escala de accidentes producidos en la Argentina, los de tránsito, ocupan el 35,2% del porcentaje global, instalándose en los primeros lugares de las estadísticas mundiales; con un saldo de 9.000 víctimas fatales y 100 mil lesionados, los accidentes de tránsito superan las causas de muerte por cáncer, Sida u otras enfermedades.

Además, de las pérdidas humanas, el Estado pierde anualmente 5.000 millones de dólares (2005), y el aporte recibido para el mantenimiento de caminos y la construcción de nuevas rutas es sólo de 1.100 millones, lo que determina un déficit importante.

Toda la sociedad está, de alguna manera, involucrada en este problema, por lo tanto, el gobierno, las fuerzas vivas y los argentinos en su conjunto deberán resolverlo.

Coincidiendo con todo lo que venimos señalado desde el Mo.Na.Re.FA, Eduardo Mondino, ex Defensor Pueblo de la Nación, en el marco del 2° Congreso Argentino de Accidentes de Tránsito y 1° Congreso Argentino de Evaluación de Salud y Valoración del Daño Corporal, que se celebró en la ciudad de Mendoza, expuso (2008) sobre la Iniciativa Popular: "Porque la vida vale" que está impulsando en todo el país y que procura implementar un Plan Integral de Seguridad Vial para contrarrestar el flagelo de siniestros viales que se viene cobrando un promedio de 28 vidas diarias en nuestro país.
El ex ombudsman Eduardo Mondino señalaba que "Argentina ha dejado de ser un país con accidentes para pasar a ser un país con siniestros, por lo que debemos referirnos a la existencia de una verdadera endemia social. Como estos siniestros son el resultado de una sumatoria de factores predeterminados y evitables, se advierte la necesidad de una política de Estado para prevenirlos".

Mondino punteaba, entre otras cuestiones, que debían atribuirse responsabilidades correctamente: "A una sociedad anómica se suma un Estado ausente o, en el mejor de los casos, con acciones meramente espasmódicas y por lo general superficiales". Durante 2006 se produjeron, por siniestros viales ocurridos en todo el país, 7.557 víctimas fatales. El Defensor nacional llamaba luego la atención sobre el incremento de siniestros viales que generaron lesiones o muertes en los últimos 8 años: en 1999 hubo 74.547 siniestros y en 2006 llegaron a 126.016 los siniestros. Las pérdidas económicas estimadas por siniestros viales alcanzaron los 1.000 millones de pesos entre julio de 2006 y julio de 2007.

También enfatizaba que ¨la desarticulación de la red ferroviaria nacional y las pésimas condiciones de los servicios ferroviarios existentes han causado un inusitado crecimiento del tránsito vehicular a motor "para el cual Argentina no está preparada ni en su infraestructura ni en lo relativo a su desarrollo normativo¨. El ex ombudsman expuso detalladamente la Iniciativa Popular por la que viene bregando y que proponía en sus lineamientos más importantes lo siguiente:

Declarar la emergencia vial por dos años;

Cumplimentar acciones positivas ordinarias y extraordinarias e incrementar la cantidad, intensidad, calidad y efectividad de los controles;

Informar mensualmente operativos, personal, ámbito territorial, etc.,

Formular el mapa de zonas de alto riesgo,

Crear la Autoridad Nacional de Seguridad Vial en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional,

Poner en ejecución plena el registro Nacional de Antecedentes del Tránsito,

Coordinar la unificación de los principios normativos de circulación terrestre y las políticas de seguridad y educación vial.

Finalmente, señalaba que con el respaldo de la comunidad y por la protección de los derechos humanos de todas las ciudadanas y ciudadanos "reuniremos las 400.000 adhesiones necesarias para presentar este proyecto de ley al Congreso de la Nación para que se ponga en ejecución plena e integral el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial".

Congestión Vehicular

La congestión vehicular en calles y rutas produce pérdidas de tiempo del usuario del automotor, peatones y ciclistas, además de un mayor gasto de combustible, mayor ruido, estrés y contaminación y mayor desgaste de los vehículos.

La congestión produce asimismo un aumento en los costos de distribución de las mercaderías.

El señor Claytor Presidente de AMTRAK (empresa estatal encargada del transporte ferroviario de pasajeros en Estados Unidos) ha dicho que debido a la congestión rutera en esa nación se pierden 84.000 millones de horas-hombres por año. Las cuales equivalen al 20% del Producto Bruto Nacional.

En Argentina, la congestión produce un daño que llega al 2% del Producto Nacional. La cifra hoy es importante para un país en desarrollo y se incrementará con el correr del tiempo si es que aumenta el transporte automotor.

Argentina hoy: El país de los siniestros superó al de los accidentes

Un informe del Departamento de Prevención de Heridas y Violencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que los accidentes de tránsito matan, en el mundo, a 1,2 millones de personas cada año y 400.000 son jóvenes menores de 25 años.

Este nuevo año, el 2008, fue una continuidad acelerada del anterior, llamado “el año de la seguridad vial”, que según, la organización no gubernamental, Luchemos por la Vida, el año que pasó informa que aproximadamente 8.000 personas perdieron la vida.

El Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) asevera que la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito aumentó en un 28,5 cada 100.000 habitantes, lo cual representa un aumento sustancial si se tiene en cuenta que durante 2006, el índice había sido del 26,2. La tasa de mortalidad de la Argentina es la segunda más alta de América Latina, sólo superada por México (28,9), muy lejos de Venezuela (19,3), Brasil (18,5), Uruguay (17,2) y Chile (13,1). Los datos divulgados por el IVEV alarman si se compara con el 2007 con el año anterior. El índice de mortalidad subió un 10%, el de la cantidad de lesionados el 15,3 por ciento, y los siniestros graves es del 21,4 por ciento.

La misma organización Luchemos por la Vida, lleva un recuento de la cantidad de muertos a partir de las estadísticas oficiales. Si bien son cifras provisorias, no dejan de ser espeluznantes y confirma lo graficado por el ex Ombudsman Eduardo Mondino, cuando hablaba del país de los siniestros no de los accidentes. La cifra de 8.014 personas fallecidas en el 2007 implica un promedio de unas 668 víctimas por mes y un promedio de 22 muertes por día. Comparado con el año anterior, hubo 547 muertos más. En enero del 2008 ser registraron 100 muertes en las rutas y 115 fueron los heridos. Las perspectivas que ofrece la Argentina del siniestro, es patética.

Estas apreciaciones corresponderían al transporte automotor en general, pero no mencionan que una de las causales es la ausencia del ferrocarril. Con respecto a lo territorial, el ex Ombudsman Eduardo Mondino sí señala el MONAREFA la catastrófica ausencia del ferrocarril por toda la geografía nacional.

Esa retirada trajo consigo que el ferrocarril dejaba de ser un elemento integrador y vertebrador de las economías regionales, comunicación y cultura, privación grave que ha generado una despoblación nacional, cuestión graficada en casi 1200 pueblos fantasmas, lo hemos sostenido hasta el hartazgo.

Pero lo que no se puede cuantificar ni graficar son los padeceres y angustias que sufren sus pobladores al abandonar sus hogares y afectos, sus cementerios y sus muertos, plazas, casas, animales, el paisaje y esas cosas de cada uno, es decir, los afectos del terruño.

La falta de comunicación zonal es una cuestión significante, profunda. A la comunidad, al comprobar la ausencia de este medio, le genera un vacío, un hueco, una oquedad que no es taponada por nada, el habitante migra junto al otro, buscando la integralidad con el otro, se van del lugar. Estos antiguos habitantes del territorio se transforman en extraños emigrantes dentro de su propio territorio. Ese abandono ha contribuido a la disgregación nacional. Para el gobierno que se fue y éste, esa manifestación, es secundaria. No tiene importancia ni incidencia electoral. Más precisamente, es ignorada, no es que pase desapercibida a sus ojos, no se las tiene en cuenta a pesar de tenerla contabilizada. Al no tenerla en cuenta, no interviene para enmendar ese aislacionismo comunicacional, y al no tenerla en cuenta, es no tener en cuenta al ser que habita ese lugar, lo deja abandonado, es decir, tenemos que deducir que el gobierno nacional no tiene sensibilidad.

El 22 de enero del 2007, el ex obusman Mondino decía: “no debemos ser cómplices del aumento de siniestros viales”. Porque la Vida Vale es el lema de la campaña que impulsaba por ese entonces la Defensoría del Pueblo de la Nación que buscaba reunir 400 mil firmas para que, entre otras cosas, el Ejecutivo nacional instaurara la Emergencia Vial en todo el territorio argentino debido al creciente número de víctimas fatales en rutas y calles de todo el país. Afirmaba que el Estado “debe velar por la seguridad de todos y salir a las rutas porque tiene que dejar de ser esta verdadera ruleta rusa de hoy en día”.

Basándose en una profunda investigación llevada a cabo en los últimos años, ya en febrero de 2006 la Defensoría del Pueblo de la Nación advertía, juntamente con organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas especializadas en la materia, que la inseguridad del tránsito no sólo iría en incremento sostenido sino que la gravedad de los siniestros terminaría reclamando la adopción de medidas extraordinarias:

“El Estado debe velar por la seguridad de todos y salir a las rutas; tiene que dejar de ser esta verdadera ruleta rusa de hoy en día”, afirmaba el ex ombudsman nacional, empeñado en impulsar una iniciativa popular que le de, finalmente, estado parlamentario a un nuevo y más completo plan integral de seguridad vial.

Nuevamente, a la luz de las estadísticas, todos seres humanos que han perdido la vida o han quedado con secuelas mayores o menores, y otras para toda la vida, los accidentes de tránsito conforman parte de la siniestralidad, situación social donde los responsables de solucionar esta realidad mira impasible y con total falta de sensibilidad.

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Parias urbanos

Claudia Rafael (APE)

La vida es, muchas veces, una sucesión incansable de imágenes inasibles. Recuerdos, fotografías de la propia historia y pinceladas de un pasado que fue poblando nuestros días. Nunca voy a olvidar aquellas tardes en que con la barra de amigos adolescentes nos íbamos en Campana, mi ciudad natal, al borde de la Panamericana y jugábamos a tirarnos como en un tobogán por la parte de abajo de un puente hasta chocar con el cuerpo contra los guard rail. Pensado ahora, varias décadas más tarde, uno mismo se asusta de aquello que podría haber sido y nunca fue. Ni para mí ni para ninguno de mis amigos. Era una especie de juego seductor con la muerte, propio de la adolescencia, ese territorio indestructible en donde siempre el dolor y la tragedia son de los otros, nunca los nuestros. Y también, de alguna manera, apostar torpemente a una estúpida valentía.

Pero los tiempos del país eran otros. Y, en medio de la más profunda oscuridad, podía aún existir una noción de futuro que hoy los pibes parecen no encontrar. Por más indicadores macro que hablen de una república en reconstrucción.

Las estadísticas provinciales sobre las muertes entre los 15 y los 19 años por causas externas son una señal clara y tajante de un sistema a contravida. De una sociedad que se va jugando las semillas de su mañana en un bingo fatal que sólo promete derrotas inexorables. La pérdida de la ilusión parece ser el estandarte en el que se ven reflejados miles y miles de cachorros que juegan el juego peligroso del presente eterno. Sin una utopía entre sus dedos magros para acariciar y regar a diario hasta que florezca en un estallido imparable de colores.

Seguir esas tasas en determinados territorios regionales abre aún más preguntas que nadie parece estar dispuesto a responder.

Estudios del Observatorio Social Legislativo de la Cámara de Diputados de la Provincia, centrados en 2008 y hechos públicos en estos días, revelan que el 59.6 por ciento de las muertes adolescentes en el territorio bonaerense se debió a causas externas. Es decir, a suicidios, homicidios o accidentes de tránsito. Y ahí los suicidios alcanzan el 15.5 por ciento; los homicidios, el 18 por ciento y los accidentes viales, el 18.4 por ciento.

Pero en la Séptima Sección Electoral, que abarca Olavarría, Tapalqué, Roque Pérez, General Alvear, Bolívar, Saladillo, Veinticinco de Mayo y Azul ese porcentaje trepa al 72.2 por ciento. Y de ese total, los suicidios llegan al 30.8 por ciento; los homicidios, al 15.4 por ciento y los accidentes de tránsito el 23. Del resto, no se sabe con exactitud.

Los pibes se nos están escurriendo entre los dedos para hundirse en una nada definitiva y no hay grito que detenga esa fuga feroz. Una huida a la que los adultos, la sociedad, el sistema como enjambre dispuesto al ataque y los programas específicos suelen dejar como tema tabú. De hecho, muchas veces los suicidios siguen siendo cargados en las estadísticas como “accidentes”. Y, por lo tanto, no existe proyecto alguno para hacerles frente.

La violencia sistémica es una compañera cada vez más indisimulada de estos días. La exclusión socioeconómica que atravesó al país y que aguijoneó a los jóvenes en una crónica anunciada de no futuro fortaleció las murallas que los separan de la dignidad y les propinó una estocada mortal. Muerte por agresión. Muerte por autodestrucción. Muerte por manejar un auto locamente embebidos con un elixir que narcotiza los sentidos. ¿Qué importa, después de todo? ¿Cuál es la diferencia si la meta es exactamente la misma? Esfumarse de este mundo antes de que este mundo decida hacerlo definitivamente. Desaparecer por propia decisión antes de que el sistema termine de empujar a todo abismo.

Como una suerte de parias urbanos -en conceptos de Loïc Wacquant- muchos son los pibes que terminan brutalmente sus días sin siquiera tener una definición positiva que los englobe y los seduzca, ya desencantados de la vida. Se hermanan -dice Wacquant- con “los sin techo”, “los extranjeros ilegales”, “los sin trabajo”. A contramarcha de aquellas históricas categorías de la pura utopía en que había una clase obrera y, aún más, desde la que era posible delirar con que detrás de todos los muros a derribar existía el paraíso.

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Argentina. Violencia doméstica: el 86% de los denunciados son hombres

CIJ - PRIMERA FUENTE

Son datos de la Oficina de Violencia Doméstica, dependencia creada por la Corte, a dos años de su puesta en funcionamiento. Hasta el momento ingresaron 12.869 denuncias. En nueve de cada diez casos se denuncia violencia psicológica.

Según datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependencia creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en septiembre de 2008, el 86 por ciento de las personas denunciadas por aquella problemática son hombres.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por la oficina desde septiembre de 2008, cuando fue inaugurada, hasta el 30 de septiembre de 2010. Durante ese período se confeccionaron 12.869 casos con un total de 17.013 personas afectadas, de las cuales 13.610 son mujeres. Sucede que, según la oficina, se considera caso al expediente que se inicia, y puede incluir a más de un afectado y a más de una persona denunciada.

Asimismo, del total de mujeres afectadas, el 19% son niñas (0-18 años). El informe establece que se han tenido en cuenta para este apartado los casos en los que el sistema registra a las personas directamente afectadas (aquellas que se presentan personalmente en la sede de la OVD) como a aquellas a quienes se las califica como subafectadas (aquellas que no necesariamente se presentan en la Oficina pero a quienes se señala como víctima y sobre cuya situación el equipo interdisciplinario efectúa una evaluación de riesgo).

Por otro lado, con relación al tipo de agresión denunciada, la mayor cantidad de casos se corresponde con violencia psicológica (91%). Luego siguen la violencia física (67%), económica (31%) y sexual (13%).

En este caso, la suma de los porcentajes excede el 100% ya que en un mismo caso puede observarse diferentes clases de violencia.

En relación con las personas denunciadas, la oficina registró un total de 13.057, con 1.864 mujeres y 11.193 son varones.

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Policía municipal: Más de lo mismo

CORREPI

El ingenio con el que los gerentes del poder resuelven sus internas, conduce siempre a un ajuste económico sobre las espaldas del pueblo, cuando no, a un ajuste represivo sobre esas mismas espaldas. Los intendentes, administradores del estado más cercano a las barriadas, responden a esa lógica.

Ocho de ellos, bonaerenses, díscolos de la hegemonía K, encabezados por un ex funcionario estrella de este gobierno nacional, el intendente Sergio Massa de Tigre, acaban de plantear que la legislatura provincial apruebe un proyecto de creación de policía municipal.

Acosados por el tema de la seguridad (de los ricos), impotentes frente a las consecuencias de un sistema económico que no tiene (ni tendrá) alternativas ante la violencia que él mismo genera, la respuesta que encuentran es el armado de otra fuerza represiva (y van...)

Con un discurso para mentiroso y escondedor, quieren hacernos creer que la necesitan para dirimir cuestiones de vecindad y traslado de expedientes judiciales. Si así fuera, ¿para qué llevarán armas? ¿Porqué se entrenarán en la Vucetich? Y además, ¿porqué hacen referencia a la necesidad de descentralizar a la bonaerense (con 50 mil agentes en actividad, el mayor cuerpo armado del país) cuando en realidad crearán nuevos cargos mediante un impuesto o tasa específicos que serán destinados a su sostenimiento y conducción?

Con ese mismo discurso subestimador de nuestra inteligencia, nos hablan del vigilante de la esquina, como si en los barrios se desconociera que la función primordial de cualquier policía ha sido, es y siempre será, la de disciplinar y reprimir a los pobres con prácticas que van desde la administración del delito hasta el mismísimo gatillo fácil. Como si en el barrio no supiéramos quién es el verdugo y el recaudador.

Este proyecto confirma que la seguridad que los intendentes defienden no es la de los pobres. Con la creación de la policía municipal, el ingenio de los gerentes del poder evidencia aquello que siempre sostuvimos: la seguridad de los ricos es la inseguridad de los pobres.

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Argentina: Paran estatales bonaerenses. Daniel Scioli no puede seguir escondiendo la llave de las paritarias

Horacio Salvi (ACTA)

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA), junto a la Asociación Judicial Bonaense (AJB-CTA) y los profesionales de la salud nucleados en CICOP brindaron una conferencia de prensa en el marco del paro de 48 horas definido para mañana y pasado, en el que los trabajadores estatales manifestaremos un fuerte reclamo por reapertura de paritarias y urgente aumento salarial.

La conferencia contó con la presencia de Hugo Cacorro Godoy, Secretario General de ATE Provincia; Hugo Blasco, Secretario General de AJB y Hugo Amor, Presidente de CICOP.

"Cachorro" Godoy abrió la rueda de prensa: “Los salarios quedaron sumamente retrasados en 2009, cuando el gobierno dio un aumento del 9% cuando la inflación fue del 16%. En lo que va del 2010 la provincia de Buenos Aires otorgó un aumento del 17% para los Estatales, y la inflación va a rondar entre el 25 y el 30%, por lo tanto la perdida salarial es evidente”, dijo, precisando que “1800 pesos es el sueldo mínimo que cobramos en el estado provincial y por lo tanto el aumento no se puede seguir postergando”.

“Este 20 y 21 los trabajadores organizados en ATE, en AJB y en CICOP vamos a paralizar la provincia de Buenos Aires con un paro de 48hs. A esto se suman las seccionales del SUTEBA que ya venían participando de las últimas medidas de fuerza, y que mañana se van expresar en la adhesión de todo el Frente Gremial Docente”, expresó Godoy, para cerrar ratificando la contundencia que alcanzará la medida

“El paro va a ser total, y demuestra que el gobernador no puede seguir escondiendo la llave de la paritarias, por que no es el dueño de ese ámbito de discusión. Además tiene los recursos para concretar ese aumento”, afirmó.

Por su parte Hugo Blasco expresó la postura de los Judiciales: “El Ministro de Trabajo de la provincia que debería facilitar las negociaciones de los trabajadores con el estado empleador sale a decir que este año no va a haber aumentos. En ese contexto, los judiciales estamos convocando a asambleas y paros”.

“Este miércoles 20 de Octubre convocamos a una asamblea con retiro de los lugares de trabajo desde las 12hs, y el jueves 21 cumpliremos un paro de 24hs. Estas medidas se van a profundizar en la medida que no obtengamos respuestas a los reclamos de apertura de paritarias y aumento salarial.”

“El salario de los judiciales que están en las categorías mas bajas está muy deprimido, el ingresarte esta en un básico de $2100, lo que en el bolsillo significa $1700, de esa manera la realidad es que estamos teniendo un salario por debajo de lo que establece el mínimo vital y móvil establecido por el propio gobierno”.

Finalmente Hugo Amor marcó la participación de los profesionales de la salud en el conflicto “Estamos exigiendo que el salario de nuestra carrera equipare al costo de la canasta familiar que hoy es de $4800” dijo, y luego dejó en claro “Sabemos que esto es un proceso, lo que estamos reclamando es al menos un piso que iguale la inflación de este año, y la perdida que sufrimos el año pasado en nuestros ingresos, y esto no puede ser menor al 30% del salario, cuando hasta ahora solo hemos recibido entre el 19 y el 21%.

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Argentina, Chaco: El ex ministro de Gobierno de la dictadura no declarará

Marcos Salomón (CHACO DIA POR DIA)

Las pericias médicas establecieron que el coronel (R) Oscar Zucconi padece Mal de Alzheimer. Por otra parte, Víctor Alonso, presidente del TOF, aseguró que el anhelo del Tribunal es tener un fallo “antes de fin de año”.

Como viene ocurriendo reiteradamente en la Causa Caballero (también en el proceso por la Masacre de Margarita Belén) los testigos citados faltan a la cita, o en este caso, el único dispuesto a declarar, está impedido de hacerlo porque está imputado en lo que se conoce como “causa residual” o “Causa Caballero II”.

Con menos de 25 testigos por declarar, al finalizar la audiencia, el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) señaló a este medio que “el anhelo del Tribunal es tener un fallo antes de fin de año”.

En cambio, en el juicio por la Masacre de Margarita Belén, el propio Tribunal opina que la sentencia se conocerá recién en 2011, teniendo en cuenta que restan poco menos de 30 testigos, pero aún faltan los alegatos, las réplicas y el fallo en sí mismo.

Para ordenar un poco el proceso, Alonso anunció este martes que se le pedirá conjuez de instrucción (Juan Antonio Piñero) para que informe sobre los testigos que están imputados en causas conexas, como el caso de “Causa Caballero II”.

Por no tener esta información, el ex policía Jorge Carlos Ramírez, citado para ayer, no pudo comparecer ante el TOF, ya que está imputado en otra causa, acusado de “tormentos agravados y desaparición forzada de personas”.

También decidió que, para el próximo lunes, la Secretaría del TOF prepare el listado de todos los testigos imposibilitados de declarar para decidir luego si las testimoniales que habían brindado en primera instancia, se incorporan por lectura al juicio o se rechazan.

Un Zucconi senil

Por otra parte, desde la Secretaría del Tribunal Oral Federal se informó que el coronel Zucconi, ex ministro de Gobierno de la dictadura, no podrá comparecer en el juicio por la Causa Caballero, pero tampoco en el proceso por la Masacre de Margarita Belén.

Es que según el certificado médico presentado por los familiares, el militar padece de Mal de Alzheimer, o demencia senil para simplificarlo.

Otro de los testigos citados, como el caso de Emilio Zárate, está detenido en la U7 en el marco de la “Causa Caballero II”, por lo que tampoco podrá declarar.

También está en duda la presencia de dos ex Gendarmes, Emilio Jorge Sacchitella y

Carlos Jose Sartori, a los que varios testigos colocaron en operativos para detener militantes políticos o bien en situación de testimonial bajo coacción, en la misma sede de la fuerza por calle Julio A. Roca.

El panorama no mejora en la causa Margarita, ya que están citados el ex inteligencia del Ejército, Sebastián Rampilla, inhallable hasta hace algunas semanas, o bien Orlando Basilio Cortegozo, que tampoco se presentó en el juicio por la Causa Caballero, ergo, tampoco lo hará en el proceso por la Masacre.

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Argentina, Córdoba: La sombra azul oscureció la democracia

Katy García (PRENSA RED)

Mariano Saravia ratificó ante el Tribunal lo investigado y publicado en su libro “La Sombra Azul” que revela el funcionamiento del D2 en los años de plomo y luego durante la democracia.

En otra testimonial del juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en Tribunales Federales, declaró el periodista y escritor Mariano Saravia, autor del libro “La Sombra Azul, el caso Luis Urquiza” que narra el funcionamiento del D2 durante la dictadura y su continuidad durante la democracia.

Entre los imputados hubo dos ausencias notorias. Los jerarcas Videla y Menéndez no se hicieron presentes por prescripción médica y se encuentran internados en el Hospital Militar.

El periodista reconoció a los imputados Sargento Gómez, Mirta Antón, y Carlos Yanicelli por fotos aparecidas en artículos periodísticos y al comisario inspector Rodolfo Salgado porque en una presentación de su libro le ofreció su tarjeta personal “por si necesitaba algo”.

Saravia, actual director de Radio Nacional Córdoba, afirmó que esta historia luego transformada en libro comenzó con un llamado urgente del diputado Atilio Tazzioli quien le comentó que el ex preso político Luis Urquiza no podía regresar al país de su exilio en Dinamarca porque era un "perseguido político". A partir de ahí emprendió la tarea investigar sobre esta cuestión.

“Me sentí en la obligación de hacerlo y lo hice por medio de mails y artículos periodísticos. Urquiza y Tazzioli fueron fuentes fundamentales y un policía que participaba del grupo cuando Aguad los unifica”, comentó.

“El hilo conductor es la historia de Urquiza que entra a la policía como salida laboral y termina preso y torturado por sus propios compañeros”, manifestó. Y agregó que Urquiza "no era un militante, era un muchacho común que no se había prestado a esos métodos y el mismo dice que en una clase el tuerto Rocha le decía que si iban persiguiendo a un delincuente que siempre que maten a alguien debían tener un arma limada. Y como le decían que eso era ilegal fueron tildados de subversivos”, afirmó.

El protegido

Urquiza denunció, en 1997, a la patota policial que actuaba en los setenta y siguió por dos décadas más. Los mismos que lo torturaron seguían en funciones y en altos cargos. Y no solo eso: eran protegidos por el poder. Cuando la situación tomó estado público desde el goberno se trató de ocultar y negar los hechos. El libro reproduce un diálogo entre el fiscal de Estado Alberto Zapiola y el gobernador Ramón Mestre.

“Le tiró sobre el escritorio el informe de Charlie Moore ante la ACNUR en 1980 donde cuenta todo sobre Yanicelli y el D2”, explicó Saravia y leyó directamente el párrafo.

- Gordo, ¿vos sabés a quién estás defendiendo? Este tipo es un torturador de los '70 (se refería a Carlos Yanicelli)

- Pero si el Milico (apodo de Aguad) asegura que es un hombre de confianza.

El diálogo iba subiendo de tono -contó- y Aguad se sumó a la conversación y manifestó que le extrañaba porque “era uno de nuestros mejores hombres”.

Mestre le respondió entonces: “Mirá Milico, no me digás si puede o no ser porque vos en los ’70 estabas jugando al rugby y no te enterabas de estas cosas”.

Saravia ratificó que Charlie Moore ya había denunciado el funcionamiento del D2 en San Pablo y el propio Urquiza en Madrid. Asimismo recordó que varios de los nombrados en el libro habían sido procesados como Raúl Yanicelli.
En otro trayecto del relato aseguró que este mismo grupo estuvo vinculado a hechos resonantes como robos y homicidios durante el periodo democrático.

“Algunos estuvieron involucrados en el asalto a Tagle, al Banco Nación de Laguna Larga y no hubo condenados. Creo que hubo homicidios”, señaló.

Existen dos pedidos para que Aguad sea convocado a declarar como testigo, pero aún no lo resolvió el tribunal.

El testigo expresó que también constan en el libro “unas declaraciones de Luis Rébora, titular de la Conadep, en las que afirma que “nadie es inocente en el D2 porque participaban en todo”. De manera que “los funcionarios debían conocer quiénes eran”, opinó.

En relación al nombre del libro expresó que hace referencia a “esa sombra que se proyectaba sobre el presente”.

Terrorismo cordobés

Y ante una pregunta del Juez Lascano sobre los años anteriores a la dictadura respondió que Urquiza “ya estaba en funciones en el 73 y 74 cuando ocurre el Navarrazo. Un verdadero golpe de Estado policial pero no hay pruebas lo mismo que con el Comando Libertadores de América”. Y añadió que Raúl Telleldín “fue enviado desde Buenos Aires por López Rega y que políticamente se pueden sacar conclusiones”.

Aseveró el periodista que se trató de terrorismo de Estado y que se puede considerar como Genocidio lo ocurrido en Córdoba. Consideró además que no se trató de una guerra y si lo hubiera sido no se respetaron las convenciones de Ginebra.
“Lo que mas nos duele es que son parte de la condición humana y que en ciertas circunstancias fueron usados y luego descartados y soltados de la mano por esos poderes económicos… y en definitiva me parece triste la posición de ellos”, dijo refiriéndose a los imputados. Y agregó en tono reflexivo que “el pacto de silencio no tiene sentido. Podrían decir donde enterraron a sus víctimas”, señaló.

La publicación del libro le trajo consecuencias personales ya que fue permanentemente intimidado.

Entre las situaciones vividas recordó que la primera vez le dejaron diez balas el la puerta de su domicilio, le robaron la perra y telefónicamente le hacían escuchar los ladridos.

Otra vez le dejaron un pajarito muerto y una camioneta circulaba por su casa todo el tiempo. Se decidió a denunciar los hechos cuando ingresaron a su domicilio y encontró todo revuelto. Aconsejado por su abogado Miguel Rodríguez Villafañe denunció las amenazas en conferencia de prensa.

Dos de los policías aludidos – Herrera y Domina- le realizaron demandas civiles por calumnias e injurias.
Posteriormente declaró Omar Angel Astudillo quien aseguró que Luis David Merlo custodiaba la casa de su vecino Raúl Telleldín, jefe máximo del D2. Por la tarde testificaron María Cristina Tobares, y el ex preso político Carlos Alfredo de la Merced.

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Argentina, La Pampa: Constantino acusó al PJ pampeano de iniciar la represión

LA ARENA
Ayer, finalmente, comenzaron a declarar en el juicio oral y público de la Subzona 14 los represores acusados de secuestros y torturas durante la dictadura militar. El primero fue el ex comisario Roberto Constantino, y le siguió Roberto Fiorucci. Cuando se pensaba que las indagatorias iban a comenzar por el único militar procesado, el ex coronel Néstor Greppi, este dejó su lugar a los ocho ex policías. Se sabe que todos los oficiales pampeanos declararán, pero no si lo hará el ex militar, el menos afectado hasta ahora por los testimonios y las pruebas.

Constantino fue el primero en leer su testimonio y durante la hora y media que llevó su testimonio, dijo que él sólo fue el delegado de la Policía ante la Subzona 14, y no dejó a nadie sin culpar de lo ocurrido durante la represión ilegal en La Pampa.

Rafecas y La Arena
La declaración de Constantino comenzó acusando al juez federal Daniel Rafecas, que procesó a los represores. Afirmó que cuando le tomó declaración el magistrado en 2004, "me privó de mis derechos a mi legítima defensa, no hubo garantías legales" y que nunca estuvo Rafecas presente durante ese acto.
Después lo acusó de haber utilizado para culparlos artículos publicados en La Arena y el libro "El Informe 14" y llamó "psicópata perverso" a uno de sus autores, Juan Carlos Pumilla.

Defensa
En su defensa, Constantino dijo que todos los acusados son "considerados personas de bien, de buena conducta, con familias bien constituidas". Sobre sus 17 acusaciones de secuestros y 7 de torturas, afirmó que "no está claro" porqué se lo acusaba y se preguntó "cuál es la participación concreta que se me adjudica en estos delitos" y cuáles fueron sus responsabilidades.
Indicó que "en la práctica" nunca desarrolló su función como jefe del grupo de tareas. Aseguró que la orden del día 129 de abril del 76 que nombraba a los integrantes de la Subzona 14 "no se ajusta a la realidad de los hechos" y que él ignoró su existencia o no tuvo conocimiento. Y que los nombres los incluyó el jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, a espaldas del jefe de la Subzona 14, el coronel Fabio Iriart.
"Lo único real sobre mi actuación en el Comando Subzona 14 es que fui designado en una reunión que se llevó a cabo en el despacho del jefe de Policía (José) Silva Garracini y que participó también el subjefe de Policía Nicolás Miskoff, varios oficiales y el coronel (Ramón) Camps y su segundo", dijo.
"Camps me hizo saber sin preguntarme si aceptaba o no que me hacía cargo de ser delegado de la Policía ya que por el decreto 2771 del PEN la policía quedó subordinada al Ejército. Camps se reunió con (el gobernador José) Regazzoli y después convinieron ambos que sería delegado de la policía ante la Subzona 14. Camps me ordenó presentarme en la unidad militar al día siguiente para que el mayor Edgardo Calderón me notificara cuál era mi tarea".
¿A qué dijo que se dedicó Constantino como "delegado" de la Subzona 14? " Control viales en rutas y zonas urbanas, control en estaciones de ómnibus, de coches y de aeródromos. Verificar e identificar personas, todo en el marco de la lucha contra la subversión. No se hacía mención a que tenía que hacer tareas de inteligencia o interrogar, y menos proceder a detener". En otro párrafo, indicó que a partir del 24 de marzo del 76 la policía quedó bajo jurisdicción militar y su código y que los policías podían llegar a tener "penas de fusilamiento si no obedecían".
"No he visto ninguna prueba irrefutable que yo apliqué tormento o yo tomé algún elemento para hacerlo y que se haya secuestrado ese elemento. Se pretende involucrarme y hacerme responsable por haber sido jefe de Policía, pero no intervine en ningún caso ni ordené que se investigue irregularidad alguna", afirmó.

Culpas
Constantino dijo sobre los funcionarios de Regazzoli que fueron víctimas de la Subzona 14, que él no participó en sus detenciones o no los vio presos, y que fue "el gobernador militar el que dispuso su arresto, ignoro por quién fueron detenidas. También por orden del (ex coronel) Alberto Rueda, alegando que habían cometido delitos contra la administración pública".
Esas personas "fueron puestas a disposición de la Subzona 14 por error o desconocimiento y luego pasaron al Juzgado de Instrucción 2 de Elvira Rosetti que los procesó y condenó por considerarlos responsables".
Sobre el único allanamiento que hizo un militar, recordó que fue en la casa de Avelino Cisneros y que el oficial le pidió permiso al detenido para hacerlo de noche y que encontraron "guardapolvos, equipos, zapatillas, paquetes". Y que Constantino sólo estuvo para controlar y luego le hizo la advertencia de porqué se hacía el operativo de noche, y se quejó de esto con Baraldini. Además indicó que los presos de la Subzona 14 tenían el mismo trato que los comunes.

Defensa
En varias oportunidades, Constantino se defendió de que al elevarse a juicio la causa, el fiscal omitió "con mala intención" de que en La Pampa no se registró ninguna desaparición, muerte o hasta robos de bebés, como sí pasó en otros lados.
También repitió que "el grupo no participó en ninguna actividad de persecución por ideología, por política o de orden racial o religioso que son de delitos de lesa humanidad. Y esto sólo se observó en la Alemania nazi, en Yugoslavia, Ruanda y alguna región de la Argentina".
Y que fue incriminado en el sumario administrativo del 84 por el asesor letrado Juan Carlos Tierno y el instructor, Timoteo Trouilh, que "cometieron errores" e hicieron "firmar mediante amenazas a personas de cosas que no vieron o no conocieron".
Sobre los policías que declararon en su contra indicó que "lucen en sus legajos personales mala conducta, viven al margen de la ética y tiene fallas en sus vidas privadas". Otra defensa que ensayó es que actuó en el "estrecho margen legal de la situación impuesta" por el golpe, como lo declaró en su momento el ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni.

Delaciones
Los civiles no quedaron al margen de las acusaciones de Constantino. Indicó que un policía le dijo que "por orden de Iriart cuando iba a hacer un procedimiento en zona norte antes debía presentarse en el Cuartel de Vigilancia donde esta (el coronel) Oscar Cobuta, que era el área 142 de la Subzona 14, para informarle. Y varias veces vio en la unidad militar a (el vicegobernador Rubén) Marín cenando los sábados con Cobuta acompañado por (Santiago) Covella y otros civiles. Marín, Covella y otros eran informantes y autores de las listas de personas que después del 24 de marzo fueron detenidas en esa localidad".
Y saltó luego al 84 para indicar: "El sumario administrativo ordenado por Marín a través de Tierno y Trouilh fue para deslindar responsabilidades por las detenciones en General Pico".

Responsable
En su larga declaración, Constantino dio su versión de cuándo fue que comenzó el organismo para la "lucha contra la subversión". Indicó que se creó en 1974 en una reunión. "Estaban el coronel Camps, el delegado de la Federal, el jefe de la Policía, el jefe de la Unidad Penal 4. Fue una reunión en la unidad militar y ahí iba (Héctor) Zolecio como director de Seguridad, y Silva Garracini. También Cobuta de Pico, el mayor José Edgardo Calderón y el oficial de inteligencia Baraldini. Y era para eliminar a los elementos subversivos. Ese organismo era la comunidad informativa que estaba bajo supervisión de la Subzona 14, y toda información vinculada al movimiento subversivo debía ser comunicada al Comando, por informe. El gobierno de Regazzoli mantenía con el Ejército argentino una estrecha relación y Zolecio iba ahí en representación de Regazzoli, todo se consensuaba".
Afirmó que en diciembre del 75 cuando Camps fue relevado, esto le "causó sorpresa" al militar y quedó afectado. Constantino dijo que fue hasta el hotel donde paraba para saludarlo y que el coronel le confesó un había tenido un "plan para llevarlo a cabo con el gobierno de Regazzoli en La Pampa, que era desarmar las actividades de la izquierda, donde estaban (Raúl) D'Atri, (Saúl) Santesteban, Pumilla, y también en General Pico. Era sacarlo a Regazzoli por dos años para luego reponerlo en el cargo, ya que lo consideraba un amigo".
Producido el golpe, Constantino indicó que "la cúpula de la institución policial huyó como ratas. Silva Garracini no fue desde dos días antes del golpe; Miskoff tramitó en silencio su retiro; Trouilh hizo abandono del servicio dos días antes y se refugió en su domicilio en una cobarde actitud. Los tres dejaron al personal policial liberado a su suerte y en manos de los militares que se hicieron del poder, en una de las páginas más negras de la historia institucional del país".

Las bombas
En otro párrafo, afirmó que no tuvo intervención en los procedimientos contra Zolecio y Rodolfo De Diego a los que "consideraba mis amigos personales". Pero que en las reuniones de la comunidad informativa, Zolecio "con evidente exaltación hablaba del coronel Camps nombrándolo como el 'Santo de la Espada', porque le daba toda clase de elementos. Le facilitó gran cantidad de munición para Casa de Gobierno. Pocos días después se escuchó una explosión en la zona céntrica de Santa Rosa, fue una bomba que destruyó el frente del edificio de La Arena. Fue una gran conmoción. En ese momento había cierto malestar entre el gobierno de Regazzoli y La Arena. A la semana siguiente hubo otra explosión en ATE (NdeR: en verdad transcurrieron seis meses). El autor del atentado fue Zolecio, se jactaba de ser miembro de la Side".

Tierno minimizó el sumario y aseguró que nunca investigó la represión
El 27 de diciembre de 2007, siendo intendente, Juan Carlos Tierno afirmó en una conferencia de prensa: "En 1983, cuando asumí como asesor letrado del Gobierno, me ocupé de temas muy difíciles por los cuales recibí amenazas de muerte, hostigamiento y todo tipo de falseamiento respecto a mi persona y mi familia, referidas a acciones que desarrollaba en ese tiempo, como fue la investigación sobre el desenvolvimiento policial durante el gobierno de facto en La Pampa".
Ayer el ex intendente insistió con esa teoría, al declarar como testigo en el juicio que se le sigue a nueve represores de la Subzona 14, aunque bajo juramento sus propias palabras parecieron relativizar aquel trabajo porque hasta afirmó que "no se trató de una investigación, sino de una recopilación de elementos sobre posibles violaciones a los derechos humanos". Incluso remarcó en varias oportunidades que el informe final remitido al Poder Ejecutivo no contuvo "opiniones ni imputaciones, ni siquiera se le dio verosimilitud a las declaraciones".
Tierno detalló que el decreto del gobernador Rubén Marín para realizar la recopilación fue de diciembre de 1983 y que esa tarea concluyó el 15 de febrero de 1984. El le propuso al PEP que enviara el trabajo a la justicia provincial y que se abriera un sumario policial. "Ese fue el aporte que realicé", dijo textualmente.
En esa recopilación, recordó el testigo, se halló un radiograma de noviembre de 1983, enviado por la Dirección General de Seguridad Interior, ordenando a los jefes policiales de provincia que "toda la documentación vinculada a la lucha contra la subversión sea entregada a la unidad militar más próxima para que sea incinerada". El texto fue enviado a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) e incorporado en el libro original "Nunca Más". En opinión del ex intendente eso no ocurrió. "Creo que no se incineró nada, sino que fue una falsedad para que no se busque nada".
A partir de allí, Tierno no tuvo otra participación. La investigación judicial quedó a cargo del juez de instrucción Alberto Baglietto, y el sumario policial fue instruido por "el insigne comisario general Timoteo Trouilh. Yo no participé de ninguna diligencia propia de esa instrucción sumarial", agregó.

Preguntas... y Gauna
Durante el interrogatorio Tierno mostró un tono altanero, especialmente frente a los defensores de los imputados, a quienes llegó a contestarles con "¿y a usted qué le parece?" También "gambeteó" algunas respuestas con una verba profusa y se tomó varios minutos para denostar a este diario, una rutina en él.
-¿Presenció los testimonios espontáneos que se recibieron durante la recopilación?
-Sí, estuve presente.
-¿Suscribió esas declaraciones?
-Algunas sí, otras no. Mi firma aparece en el informe final entregado al Poder Ejecutivo.
-¿Quiénes colaboraron en esa recopilación?
-Empleados.
-¿Pero quiénes tipeaban, quiénes citaban? ¿Usted tipeó las declaraciones?
-A veces sí. Citaciones no hubo.
-¿Todas fueron declaraciones espontáneas?
-Así lo expresaron quienes declararon.
-¿Usted llamó a alguno?
-A algunos llamé. Me acuerdo que llamé a (Santiago) Covella, que no quiso declarar porque por sus creencias religiosas los había perdonado. También a (Carlos) Samprón.
-¿Los policías también fueron espontáneamente?
-De lo que tengo presente, sí. Si alguien avisa para que otro aporte lo que sabe, y en base a eso concurre, pudo haber sido...
-¿Usted no citó a ninguno?
-Pude haber sido en algún caso en particular.
-¿Vio picanas?
-No.
-¿Las buscaron?
-No hicimos una búsqueda.
-¿Por qué cree que Marín dijo que se encontraron?
-Es una pregunta capciosa. Yo no soy el vocero de Marín.
El defensor Hernán Vidal pareció incomodar al testigo cuando le preguntó por Miguel Gauna, el ex comisario que está siendo investigación como partícipe en la represión y de quien se sospecha que colaboró con Tierno para que desapareciera una denuncia en la que éste estaba acusado presuntamente de golpear a una mujer.
-¿Lo conoció personalmente?, inquirió Vidal.
-¿Usted no es de La Pampa, no?
-Mi señora es de La Pampa y la conozco bien.
-La pregunta la hace usted y no su señora.
-¿Lo conoció o no?
-Sí, lo conozco.
-Gracias.
-De nada.

Fiorucci: "¿Qué podía hacer? Tenía una familia"
El ex comisario Roberto Fiorucci fue el segundo en declarar ayer. Sobre él pesan 25 casos de secuestros. Su testimonio ante los jueces fue muy diferente al de Roberto Constantino: se disculpó con las víctimas y trató de mostrar las supuestas contradicciones en los testimonios del sumario administrativo con los escuchados en el juicio, y también entre las mismas víctimas. Reconoció los padecimientos de quienes fueron torturados, pero se escudó en todo momento en que él no participó de los interrogatorios.
La declaración de Fiorucci tuvo dos momentos, en el primer mostró cómo era la organización policial para indicar que no se podía torturar en la planta alta de la Seccional Primera porque había poco lugar. En el segundo fue acusación por acusación tratando de desvirtuar las declaraciones en su contra.
Afirmó que nunca fue notificado que pertenecía a la Subzona 14, y que si hubiera sido así figuraría en su legajo. Y que si en la Seccional Primera o en la Unidad Penal alguna persona hubiera visto a un preso con signos de torturas, era su responsabilidad denunciarlo a las autoridades o a la justicia, una defensa que contradice lo que se vivía en momentos de la dictadura militar.

Testimonio
"Nuestra vida es un calvario. Siempre estamos con nuestras familias y numerosos vecinos y amigos, que nos apoyan porque creen en nosotros. Hay un abuso de poder e intenciones desmedidas de destruirnos como hombres. Llevo tres años de una prisión preventiva por demás injusta y pierdo momentos irrecuperables con mi familia", afirmó Fiorucci.
El ex comisario explicó que "la policía estuvo bajo el mando militar desde el decreto 2.771 (de Isabel Perón), a fines de 1975, y se profundizó en 1976. (Fabio) Iriart fue el primer interventor y (Luis) Baraldini pasó de jefe de Inteligencia a ser jefe de Policía, manejando con todo su poder el accionar policial. Y Cobuta ejerció la supremacía del manejo militar y policial en el norte de la provincia. Nadie tenía facultades para detener sin la autorización de ambos jefes militares o de Iriart".
También se defendió con el argumento de que es "religioso. En esa época era un practicante permanente y recibía los sacramentos de la comunión semanalmente", y agregó que "la verticalidad no daba lugar a cuestionar".
Fiorucci contó que "minutos antes del golpe escuché a Baraldini diciendo que iban a detener a algunas personas que podrían entorpecer el cambio de gobierno. Y esas órdenes se cumplieron en Santa Rosa y General Pico".
"¿Qué podía hacer, si tenía una carrera de 17 años y una familia a cargo y con cuatro hijos? Me sentí mal, y ahora también. No estaba de acuerdo con esas directivas, pero no pude o no supe negarme. Por eso necesito pedirles perdón", dijo.

Caso por caso
Fiorucci, en su extensa declaración, analizó caso por caso las imputaciones que existen en su contra y buscó mostrar las presuntas contradicciones en que incurrieron los testigos y también las distintas versiones dadas en el sumario administrativo y ahora. Sobre todo de los ex policías.
Dijo que "buscaron cualquier cosas para señalarnos", que hubo testimonios falaces y "procedimientos viciados de nulidad" y le apuntó a Juan Carlos Tierno y Timoteo Trouilh al destacar que las actas del sumario administrativo fueron "apócrifas". También remarcó que los declarantes fueron "instruidos y aleccionados".
Al hacer un repaso sobre los 25 casos por los que está procesado, admitió que la docente Zulema Arizo fue detenida en 1978 en la escuela rural de Paso de los Algarrobos porque su hermana Lidia, que era la directora, la delató. "Si puede, que me perdone, no tendría que haber pasado por todo esto", dijo en referencia a Arizo. Fiorucci pasó a la superioridad la novedad de cuánto volvería el novio de la docente. "Yo les dije que no se la detengan, porque según mi hermana se había puesto las pilas. El jefe (Luis Baraldini) igual pide la detención. Fuimos y la detuvimos. Yo me quedé con mi hermana. Ella lloraba y me contagió", dijo.

El TOP cerró el camino para ampliar la acusación
El Tribunal Oral Federal, por unanimidad, le puso un cerrojo al pedido de la fiscalía y los querellantes de ampliar las acusaciones contra los nueve represores de la Subzona 14, a partir de "las nuevas pruebas" que surgieron durante las audiencias. El presidente del cuerpo, José Mario Tripputi, luego de un extenso cuarto intermedio, reafirmó que sólo se tendrá en cuenta la acusación del fiscal porteño Federico Delgado -leída al comienzo del juicio- y que eventualmente podrían abrirse otras causas por casos de tormentos que quedasen fuera de la sentencia.
El planteo de las querellas estuvo a cargo de la abogada Carina Salvay, y contó con el respaldo del fiscal Jorge Bonvehí y del otro querellante, Miguel Palazzani. Este sostuvo que, con la negativa del tribunal, "el ejemplo paradigmático" de lo que quedará afuera de la acusación serán las torturas sufridas por el ex secretario de Obras Públicas regazzolista, Santiago Covella, quien contó por primera vez sus padecimientos en este juicio. Los jueces consideraron que el caso Covella podría juzgarse en otro proceso pues no figura entre las 28 víctimas del expediente.
Los defensores se opusieron expresando que se trató de un planteo "genérico y poco concreto", que "no es más de lo que ya se dijo en la instrucción", que "sólo son nombres" y que "no surge claramente cuál es su motivación". Salvay, para requerir la ampliación de las indagatorias de los imputados, se había basado en "los nuevos elementos de prueba" surgidos de los testimonios de tres comisarios retirados, Jorge Zanetti, Rubén Benéitez y Gustavo Wigand, aunque sin dar otras preciones.
Con su resolución el TOF ratificó que el militar Nestor Greppi seguirá imputado por cinco casos de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas, y aplicación de tormentos en tres oportunidades; Roberto Constantino por 17 y 7, respectivamente; Omar Aguilera por 19 y 9; Reinhart por 24 y 12; Athos Reta por 12 y 6; Nestor Cenizo por 24 y 11; Roberto Fiorucci por 25 y 15; Hugo Marenchino por 7 y 5; y Oscar Yorio por 11 y 7 casos.Salvay había pedido que Greppi sea indagado también por los tormentos en perjuicio de otras 17 víctimas (Gil, Accátoli, Ferrari, Barabaschi, Zolecio, Cisneros, Flores, Navarro, De Diego, Pozo Grados, Quartucci, Brower de Konning, Nansen, Alvarez, Samprón, Bertón y Carlino), y agregó a Covella.
A Constantino por los casos de Ferrari, Barabaschi, Navarro, Girard de Villarreal, Regazzoli y Covella. A Aguilera por Ferrari, Nansen, Arizo y Juárez; a Reta por Ferrari, Barabaschi, De Diego, Pozo Grados, Quartucci, Brower de Konning, Nansen, Alvarez, Samprón, Bertón, Carlino, Girard y Covella; a Reinhart, Cenizo y Fiorucci por Ferrari y Covella; a Marenchino por Gil, Accátoli, Ferrari, Bedis, Roma, Cisneros, Navarro, De Diego, Regazzoli, Juárez, Pozo Grados, Quartucci, de Konning, Nansen, Alvarez, Samprón, Bertón, Carlino y Covella; y a Yorio por Cisneros, Flores, Navarro, Arizo, Juárez, Pozo Grados, Quartucci, de Konning, Nansen, Alvarez, Samprón, Bertón, Carlino y Covella.

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Argentina, Mendoza: “Digan dónde están los cadáveres”, le dijo un querellante a los acusados

Max Belaeff (MEDIAMZA - MDZOL)
Comenzaron los alegatos en el juicio por delitos de lesa humanidad. Les tocó el turno a los querellantes, quienes son los primeros en alegar. Hablaron los doctores Salinas, Beigel y Chávez y hoy siguen Guevara y Lavado que será el encargado de pedir las penas para los imputados.

Se aproxima el final de este juicio con el comienzo de los alegatos. Ayer el Dr. Pablo Gabriel Salinas fue el primero en alegar. Basó sus palabras en jurisprudencia internacional sobre delitos de lesa humanidad, especialmente en los juicios de Nüremberg. Esto lo hizo porque considera que en Argentina se hicieron trabajos similares a los de las SS alemanas, estableciendo grupos de tareas, con personas de diferentes fuerzas de seguridad, con diversas labores, que realizaron ataques a toda la población civil. “Quienes formaron parte de estos grupos, son traidores a la Patria”, dijo.

Con una presentación de Power Point fue mostrando la analogía entre los años ’40 de la Alemania nazi y los ’70 de la Argentina de la última dictadura. “La finalidad de la Junta Militar era eliminar a los opositores. La sola pertenencia de los imputados a esta organización, es motivo para condenarlos porque podían decidir si participar o no”. Además manifestó “la querella, señores jueces, le está pidiendo a este Tribunal que estas desapariciones forzadas sean consideradas como crímenes de lesa humanidad. No se respetaron derechos básicos, como a la vida, a la libertad en los casos específicos de Tripiana, Osorio, Berón y Sandoval”.

También habló de la obediencia debida y afirmó que aunque en Nüremberg fue utilizada como atenuante, no pudo ser usada para absolver a los imputados. “La responsabilidad por el mando cae especialmente sobre Guevara y sobre Ruiz Soppe”, dijo y agregó que “si lo mandan a asesinar el subordinado tiene que saber que se comete un acto ilícito y por lo tanto no está obligado a cometerlo”.

Finalmente el querellante les habló a los imputados diciéndoles que cualquiera de ellos tiene aún la posibilidad de decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos. “Apelo a que antes de que termine el juicio nos digan dónde están ellos”, dijo y les pidió “un poco de dignidad” por las familias no tienen a dónde llevarle flores a sus muertos. “Digan dónde están los cadáveres, quedó probado que ustedes saben dónde están”, concluyó.

Luego alegó el querellante Héctor Chávez. Habló de San Rafael y la ausencia total de terroristas en la zona, dicho justamente por Ruiz Soppe, uno de los acusados, ex comisario. Las únicas bombas que explotaron acá las puso la policía según los relatos de este ex miembro de esa fuerza. “Acá hubo un menosprecio por la legalidad, como en la falsificación de actas como en el caso de Berón”, dijo.

No fue un alegato demasiado extenso, pero el querellante se sumó también a los dichos de Salinas y no dudó en manifestarle al Tribunal su certeza de que los acusados saben dónde fueron a parar los cuerpos sin vida de los desaparecidos Tripiana, Sandoval, Berón y Osorio.

Seguidamente alegó la Dra. Viviana Beigel quien aseguró que “ha quedado probada la participación de los imputados que están acá”. Fue tomando una por una las historias de los desaparecidos, según los testimonios de los testigos, y también uno por uno fue implicando a los acusados en su desaparición y muerte. A Guevara como uno de los hombres a cargo de los operativos y de los centros de detención; a Egea Bernal como el abogado que necesariamente tuvo que ver a los desaparecidos porque era quien labraba las actas; a Ruiz Soppe porque era una autoridad policial que no podía desconocer lo que estaba ocurriendo; a Labarta porque muchos son los testigos que lo señalan como el hombre que junto a Fierro llevaba información con la que luego detenían a estas personas.

“Creo que no es más posible la impunidad en este caso. Tengo confianza en que va a existir la condena que corresponde por los hechos que cometieron. Creo que es el momento de decir la verdad, creo que los imputados tienen la obligación moral de decir la verdad. Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Berón dieron la vida por ser militantes peronistas, por ser humildes, por ser trabajadores, por pensar en una vida mejor para el resto de las personas, por ser solidarios y evidentemente esto les molestó a quienes tomaron el poder en 1976 y por eso, para imponer sus ideas recurrieron al secuestro, a la tortura, a la desaparición forzada, al asesinato, pero hoy los imputados que están aquí presentes tienen la posibilidad de decir qué pasó. Considero que no hay tortura mayor para la familia de las víctimas, que no saber qué pasó con sus seres queridos, no tener un lugar dónde ir a visitarlos. Por eso les pido que cuando el señor Presidente del Tribunal les diga ‘si tiene algo más que agregar’, que digan qué pasó, porque estoy convencida que tanto Ruiz Soppe, el Dr. Egea, Labarta y Guevara saben dónde están los desaparecidos. Que le digan a Mariano Tripiana dónde está su padre. Que rompan finalmente ese pacto de silencio y dejen de lado tanta cobardía y digan dónde están”, concluyó la abogada.

Luego el Dr. Salinas pasó la prueba documental en la que muestra que los imputados estuvieron presentes según consta en los libros de novedades de los diferentes centros de detención, en momentos claves de la desaparición de las víctimas. Mostró las coincidencias de la prueba testimonial con esta prueba documental.

En su relato le manifestó al Tribunal que pedirá compulsa penal contra el ex comisario Trentini para que sea detenido, juzgado y condenado ya que “integró el mismo grupo de tareas que los imputados”.

Hoy concluyeron los alegatos de la querella tras la palabra de los abogados Alfredo Guevara (h) y Diego Lavado.

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