jueves, 25 de noviembre de 2010

La Resistencia hondureña se prepara para su congreso que debatirá las formas de lucha para la toma del poder

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

En una rueda de prensa ayer, martes, voceros del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, presentaron un resume de los planteamientos y decisiones tomadas por los delegados nacionales en su más reciente reunión en el municipio de Siguatepeque.

La reunión debatía temas organizativos como políticos en un ambiente de fraternidad, sostenía Juan Barahona, sub coordinador del Frente.

Sara Elisa Rosales, integrante de la Dirección nacional del FNRP, leyó el documento final en donde la organización popular llama al pueblo de incorporarse a la Resistencia en la toma del poder político en Honduras y la lucha por una Asamblea Constituyente.

En febrero del 2011, el Frente ha convocado a una Asamblea Nacional en donde llegarán 582 delegados desde la base y delegados de las casi 50 organizaciones nacionales que constituyen el FNRP.

Los voceros de este movimiento, que surgió como una organización popular y una herramienta para derrotar el golpe de estado militar el 28 de junio 2009, ha crecido en forma descomunal y se ha constituido como una pesadilla para el Poder Fáctico.

El 15 de septiembre fueron resumidos 1,4 millones de firmas en un país en donde el padrón electoral solo llega a 4,6 millones de personas con derecho a votar. Las firmas eran el primer paso en la lucha del Frente para la Refundación a Honduras y la instalación de una Asamblea Constituyente en el país centroamericano.

Para contrarrestar ese reclamo popular, el régimen de facto y el congreso nacional, constituido hasta 70 por ciento por diputados que son partidarios del golpe de estado militar, tomaron la decisión de reescribir el artículo 5 en la Magna Carta para preguntar al pueblo si esta a favor o no a una revisión de la Constitución. Es el mismo congreso nacional que a principio de la década 80 reescribió la constitución y en donde ellos mismos tomaron la decisión, que varios artículos serian para siempre “pétreos”, es decir intocables en la constitución hondureña.

Honduras estaba saliendo en esos momentos de una dictadura militar y el hombre fuerte en el país, cuando se revisó la constitución, era el embajador estadounidense John Negroponte. Éste, en poco tiempo, militarizó a Honduras, entregó territorio para entrenamiento a las fuerzas especiales salvadoreñas que combatían a la insurgencia de FSLN y también entregó bases militares en territorio hondureño a la contrarrevolución nicaragüense que combatía el gobierno sandinista que había tomado el poder, derrocando a la dinastía dictatorial y progringa Somocista.

El Frente Nacional de Resistencia Popular también debatirá las formas de trabajo para mantener la unidad política y sobre todo, ante el tema electoral, tema clásicamente candente.

Foto: Honduras - Sara Elisa Rosales lee el documento final de la más reciente reunión del Frente. A su lado izquierdo Juan Barahona, sub coordinador del Frente y René Valdes. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson


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Honduras: “El régimen esta cortando todos los métodos pacíficos”

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista a Jari Dickson Herrera, fiscal hondureño y antigolpista sobre las nuevas leyes represivas y dirigidas para criminalizar la lucha del pueblo hondureño. También comenta las íntimas relaciones que el régimen de facto ha entablado con el estado colombiano en donde semanalmente viajan policías, militares pero también alcaldes y jueces. El panorama hace creer que Honduras será como Puerto Rico, pero asociado no a Estados Unidos sino a Colombia.

Ley antiterrorista con facultades de allanamiento cualquier hora y bajo cualquier circunstancia. Ley de “escucha” o “Chuzada”, como dicen en Colombia. Ley contra el financiamiento al terrorismo que es equivalente a impedir la solidaridad internacional con la lucha del pueblo hondureño a resistir y construir la Nueva Honduras.

Video: (25 minutos): http://vimeo.com/17146129

Foto: Honduras - La “Colombianización” de Honduras va. En la foto una de las
masacres contra los campesinos organizados en Bajo Aguán.

Honduras, este país que era tan desconocido, incluso por muchos de nosotros, los reporteros internacionales que cubrimos este continente, hasta esa fecha fatal cuando se ejecutó el golpe de estado militar. Lo que vimos y vivimos fue un pueblo dormido y en gran medida sumiso que se levantó y decía; “¡Hasta aquí, ya basta!”.

El poder literalmente le tienen miedo al pueblo por que están lloviendo leyes en donde una clase social y la élite política de las altas esferas de la sociedad hondureña quieren blindarse por ser tocado por un pueblo “arrecho” que no se deje de humillar más.

Foto: Honduras - Jari Dickson Herrera, fiscal hondureño y
antigolpista. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

¿Armas sin guerrilleros?

Y las cosas pasan de golpe a golpe. Ayer en la mañana, cuando parqueamos en la sede del sindicato Stibys para cubrir la rueda de prensa del Frente Nacional de la Resistencia hondureña y los resultados de su más reciente asamblea nacional, escuchamos el “FLASH” de Radio Globo en donde el colega Marvin Ortiz reportaba desde la Casa Presidencial. Porfirio Lobo informaba que en el Bajo Aguán, en la costa norte del Caribe, que en la región hay “buzones” con más de mil (1000) fusiles de AKA-47 y M16 estadounidenses. Apto para un ejército completo e irregular. Según el jefe del régimen de facto, los presuntos guerrilleros, que son los campesinos organizados, habrían sido entrenados por los sandinistas nicaragüenses.

Muy temprano esta mañana supimos también, a través de la misma emisora, que la oficina de INA, Instituto Nacional Agrario en el Valle de Aguán, dirigido por el ministro Cesar Ham, también presidente del partido de izquierda UD, Unificación Democrática, había sido tomada por 500 unidades de Fuerzas Especiales del Ejercito y la Policia hondureña.

Los Verde Olivos no solamente se llevaron todos los documentos y escrituras de los Títulos de Propiedad de los campesinos. Llevaron hasta los muebles de la oficina del estado que fue completamente vaciada, como fuera un acto de total humillación. Ni siquiera el señor Ham fue informado por la acción militar y los sectores de los terratenientes lo quieren ver detrás las rejas.

Foto: Honduras - Así titula los medios golpistas, como El Heraldo, las masacres
contra los campesinos organizados. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

La continuación del golpe de estado militar

– Lo que esta pasando en Honduras es la continuación del 28 de junio 2009 cuando ellos dan el golpe de estado por las fuerzas norteamericanas y con toda la derecha internacional. Lo que hacen es tomar el poder a la fuerza y no para entregarlo sino para consolidar su poder en el país.

Lo dice Jari Dickson Herrera, fiscal hondureño y un antigolpista que ha andado en las calles y en las protestas junto a su pueblo que los fiscales han jurado defender. Pero le ha costado muchos problemas en su trabajo, pero no se doblega, como un buen “Resistente”.

Según Dickson, la oligarquía hondureña esta realizando un verdadero regreso en el tiempo de más de 60 años, revocando todas las conquistas sociales y laborales. Como los frutos de la victoria obrera que fue la legislación laboral y el Código de Trabajo en la gran Huelga General del 1954. Ésta comenzó en las fincas bananeras de la Standard Fruit Co (hoy Chiquita) pero fue contagiando a la clase obrera en toda Honduras que durante dos meses sacudió a las clases oligarcas de esta nación que los gringos en forma despreciada bautizaron a su “Patio Trasero”.

Pepe Lobo se quitó la máscara

Ayer, el mismo congreso nacional, que “aceptó” la carta falsificada de la “renuncia” del derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio, esta condecorando a un genocida de Colombia al mismo tiempo que esta quitando a millones de trabajadores hondureños la estabilidad laboral, imponiendo la Ley de Trabajo Temporal en donde los patronos pueden hacer lo que les da la ganas.

Jari Dickson advierte por el doble discurso del jefe del régimen, figurando como una persona que quiere la reconciliación, incorporando a Cesar Ham en el gobierno para dividir la Resistencia y ante la comunidad internacional poder decir; “Hasta la izquierda de Honduras participa en mi Gobierno de Unidad y Reconciliación”, frase que ha sido utilizado más que una vez por CNN y los representantes del Departamento de Estado para justificar su plan. Este consiste en que “ahora es tiempo de reconocer y dejar a entrar el gobierno de Porfirio Lobo al seno de la OEA”. Pero ahora vemos que el discurso quedó vacío y hueco. Ahora van por la línea dura, dice Dickson:

– Ahora van por el exterminio del Frente Nacional de Resistencia Popular. Quieren legalizar esa tarea. Han venido expertos internacionales que han asesorado muy bien esa gente diciendo que “Ustedes, para no caer en una corte internacional, hagan leyes antiterroristas contra todas esas marchas, rayados de paredes, pancartas que insultan el estado. ¡ESO son actos terroristas!”

“Acabar con el frente de resistencia”

– Si hay una ONG que da fondos para una marcha para alimentar algunas personas que vienen de otro municipio protestando pacíficamente, “¡Que no! ¡Intervengan esos fondos y díganles que están investigando a esos fondos para que esa organización no les ocurra jamás a volver a financiar una protesta en la calle o un proceso de formación de esa gente! Eso va a dar mucho miedo, o deja de ser esa practica o nosotros les cancelamos su permiso o, lo más grave, lo podemos meter en la cárcel.”

Menciona Jari Dickson, que cuando entró al gobierno el ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, el sobrino del general Gustavo Martínez Álvarez, el hombre duro durante la década -80, expresó que habría que “Acabar con el Frente de Resistencia”. Es e con esa luz que ahora vemos estas lluvia de leyes “antiterroristas” y los movimientos militares en la costa norte, no contra los capos de la droga que operan en esa zona y hasta que entran a la base militar de la aviación en San Pedro Sula y roba un avión, sino en contra la lucha organizada de miles de campesinos que, según el acuerdo entre ellos y Porfirio Lobo, se beneficiarían en el acuerdo con Lobo con la tierra del estado.

La droga cae en los predios de Miguel Facussé

Es satírico el fiscal hondureño cuando dice que las avionetas que caen con droga en Honduras nunca son detectadas por la alta tecnología de punta que se dice tener en la base de Palmerola, la base estadounidense de aviación más grande de Centroamérica. Y por casualidad, caen en las propiedades que posee el terrateniente y el enemigo de los campesinos hondureños, Miguel Facussé. No hay reacción de los uniformados pero cuando vienen los campesinos para reclamar su tierra, aparecen inmediatamente los gendarmes y el ejercito privado “de paramilitares colombianos” que están al servicio a Facussé, según el fiscal Dickson.

Dice que lo que vivimos en Honduras es una “Colombianización”. Y para coronar ese proceso nefasto, con paramilitarismo, terrorismo de estado, guerra sucia, masacres y persecución ahora legalizados a través las nuevas leyes, llegó el Padrino de esa política de Estado de Terrorismo, Álvaro Uribe Vélez.

Están cortando todos los métodos pacíficos
La "Seguridad Democrática", según Uribe

¿Será que el poco espacio para las expresiones democráticas están acabando y que el régimen y la clase social que representa quiere empujar el pueblo hondureño a la montaña, como sucedió el 1964 en Colombia? le pregunto.

– Si, es una lástima, por que están cortando todos los métodos pacíficos, el método de la marcha, plantones, de poner un mensaje en la pared. Desde el golpe de estado no hemos podido ni siquiera agarrar una bala para golpear a un policía. Golpearon, encarcelaron, torturaron y enjuiciaron a la gente, y el método a seguir siempre fue pacifico.

– Pero esos métodos los están destruyendo. Yo siempre he dicho que los métodos pacíficos no decide una persona, lo decide las circunstancias. Y ojala que no suceda eso, por se sufre mucho en todos los sectores de la sociedad y hay muchas familias que pierden sus familiares. Sangre corre, muchos desaparecidos y no sabemos hasta cuando va a durar, dice el fiscal Jari Dickson Herrera en la siguiente entrevista que se puede ver en su totalidad en el siguiente enlace:

Video (25 minutos): http://vimeo.com/17146129
Audio: http://www.box.net/shared/q40o1rnusz

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Santos y Chávez

Matías Villar (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

"Mi nuevo mejor amigo". Así calificó, hace pocos días, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a Hugo Chávez. El venezolano no demoró la devolución de gentilezas. La semana precedente lo había recibido en Caracas con un elocuente: "Hermanos fuimos, hermanos somos y hermanos seremos para siempre".

Luego de la llamada "Operación Fénix", en marzo de 2008, piloteada por Santos, que liquidó un campamento de las Farc en Ecuador, y de la instalación de "bases norteamericanas" en Colombia, repudiada por la mayoría de los países de Unasur, el viraje diplomático no podría ser mayor. Cada uno de los protagonistas lo deforma a su manera. Para La Nación (18/11), sin embargo, no hay dudas: el acercamiento a Chávez muestra "el cambio diametral que impuso en sus primeros cien días de mandato a la política exterior de su país, el principal aliado de Washington en la región". O sea que el que cambió de pareceres fue el presidente colombiano o, dicho de otro modo, fue una victoria de la diplomacia de Chávez.

Acuerdo económico y militar

Uno de los tópicos que explica el giro en las relaciones colombo-venezolanas es el comercio entre los dos países. Como consecuencia de las represalias adoptadas por Chávez contra las provocaciones del ex presidente Uribe, el intercambio -decididamente favorable a Colombia- había caído de 7200 millones de dólares a 2.400 millones y se había acumulado un enorme impago por parte de Venezuela. Esta crisis afectó en forma brutal los intereses complementarios de la burguesía exportadora colombiana y de los importadores tradicionales de Venezuela. La constitución de un "Comité Binacional Económico Productivo" se plantea impulsar la importación venezolana de textiles, alimentos, café, cacao, ganadería, azúcar, materiales de construcción y automóviles. Venezuela comenzó a pagar gran parte de los 800 millones de deuda que mantenía con empresarios colombianos y se comprometió a vender combustibles subsidiados en la "zona de emergencia", en la frontera, hasta 7.741 barriles diarios.

El acuerdo incluye el fomento del turismo, la habilitación de nuevos pasos fronterizos, la construcción de puentes y el estudio de la extensión del gasoducto "Antonio Ricaurte", además de dar pasos hacia la participación conjunta en la exploración y producción de petróleo, incluyendo la posibilidad de habilitar la participación de la colombiana Ecopetrol en la riquísima Faja Petrolífera del Orinoco. Lo que se dice un pacto estratégico.

Lo que decididamente ilumina este carácter es la decisión de reforzar la presencia militar en la zona y avanzar en una cooperación contra los "grupos irregulares". Un día antes del encuentro en Caracas, el gobierno venezolano anunció la movilización de entre 15 y 20 mil soldados para reforzar el patrullaje de seguridad fronteriza "a fin de controlar la violencia, combatir eficientemente los grupos que se dedican al narcotráfico, secuestro, extorsión y otros delitos" (AVN, 2/11). La denuncia uribista de que la frontera venezolana era un queso gruyère, lo que permitía los movimientos de las Farc, quedó superada por medio de un acuerdo de seguridad en la frontera, el cual pone a los ejércitos de los dos lados en la tarea de acabar con esta situación. La implicancia es clara: las Farc y el ELN dejan de ser "fuerzas beligerantes", según el estatuto que les había consagrado Chávez (ahora son ‘irregulares'), con las cuales no cabría arreglar ningún "intercambio humanitario" -en referencia al reclamo para que sean libertados los secuestrados por la guerrilla a cambio de lo mismo con los presos de la guerrilla. El llamado "conflicto interno" dejó de ser tal y ha pasado a ser responsabilidad de ambos Estados. En estos términos, la caracterización que ofreció La Nación del acuerdo emerge como un capricho más de sus editorialistas. Si se consideran los medios electrónicos que quedaron en evidencia en los golpes mortales propinados por el gobierno de Santos a las Farc en los últimos meses, no se podría decir que el Pentágono norteamericano no sigue dirigiendo a la contrainsurgencia colombiana. El gobierno de Obama no expresó ningún resquemor contra el pacto Chávez-Santos. El gobierno de Venezuela también fue clarísimo: "Nuestro gobierno actuará contra cualquier grupo irregular, sea el que sea, y entregará a las personas requeridas por Colombia, no importa si vienen de un grupo o de otro", dijo contundente el ministro del Interior venezolano, Tarek El Aissami, en una rueda de prensa en Cartagena con su par colombiano (AFP, 19/11). La semana pasada, Venezuela dispuso la deportación de tres supuestos guerrilleros, sin que hubiera mediado un juicio de extradición, tal y como dictan las leyes venezolanas. El gobierno de Colombia entregaría al venezolano Walid Makled, un empresario acusado de narcotráfico. Makled, capturado en agosto pasado, formó parte del gobierno chavista durante varios años.

Cien Santos días

Los analistas se muestran sorprendidos por la velocidad con la que Santos puso en movimiento una agenda tan diferenciada de la de Alvaro Uribe.

Suspendió, por ejemplo, el famoso acuerdo para que Estados Unidos utilizara siete bases militares en su territorio. El acuerdo era inviable en términos constitucionales y no tenía la venia del parlamento. Era visto, además, como fuente de conflicto permanente en la Unasur y ni siquiera le había reportado a Colombia los beneficios esperados: la ratificación, por parte del Congreso norteamericano, de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con este bloqueo, los yanquis se convirtieron, con conocimiento de causa, en un factor activo del cambio de política de Santos hacia Venezuela. Una militarización del continente -a la Bush- es inviable, mientras un pacto de seguridad con Chávez es un arma poderosa, que permite a Santos jugar un rol activo en Unasur, junto a Perú, Chile... y Brasil.

El acuerdo con Chávez aleja todos los fantasmas que existían en tiempos de Uribe sobre la integración plena de Colombia al plan de seguridad del Unasur. Por supuesto que todo esto no significa que las tropas norteamericanas estén impedidas de seguir operando tanto en el país, en el marco del llamado Plan Colombia, como en la región, con los ejercicios del Pentágono y la actividad de la IV Flota norteamericana y su sistema de radares. Por lo tanto, la penetración militar imperialista continuará por otros medios.

Derechos Humanos

Colombia, merced al lobby norteamericano, acaba de obtener una banca, por dos años, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde donde buscará, entre otras cosas, "limpiar su imagen" de corrupción y violación sistemática de los derechos humanos.

Como parte de esa estrategia, Santos tomó en sus manos proyectos "humanitarios" de otros partidos, como el estatuto anticorrupción, la ley de víctimas o la ley de tierras, que establecen mecanismos para que los campesinos desplazados por paramilitares recuperen sus parcelas. Sin embargo, los proyectos están paralizados por el bloque uribista en el Congreso, que sigue formando parte del gobierno. Las iniciativas en ese sentido fueron boicoteadas permanentemente y los campesinos que recuperaron sus tierras fueron hostigados y asesinados por las bandas paramilitares.

El ropaje "nacionalista" y "humanitario" de Santos no tiene más sentido que el de seguir sirviendo a los intereses económicos y políticos de las clases dominantes colombianas, que se reacomodan en la nueva situación. La violencia social en Colombia sigue más vigente que nunca. A las masacres contra guerrilleros y supuestos guerrilleros (recordemos que siendo Santos ministro de Defensa, salieron a la luz miles de denuncias de los llamados "falsos positivos", en los que el ejército fraguaba asesinatos de jóvenes y niños como "caídos en combate"), hay que sumarle la acción criminal permanente de narcotraficantes y paramilitares sobre campesinos e indígenas, incluso en territorios venezolanos. Sólo en los cien días de gobierno de Santos fueron asesinados cincuenta dirigentes políticos, sociales y sindicales (EFE, 11/11). Varios más sufrieron atentados, vejaciones y secuestros. En Colombia, según su Central Unica de Trabajadores, se producen anualmente el ¡60 por ciento! de los asesinatos sindicales en el mundo. Para colmo, el Senado acaba de darle media sanción a un Estatuto de Seguridad Ciudadana que da más atributos a la fuerza pública.

Las fuerzas chavistas, en tanto, recibieron con resquemores este compromiso de seguridad regional. Algunos lo justifican como una forma de "ganar tiempo" o de "no confrontar". Otros tantos lo siguen con desconfianza e intuyen una capitulación. Chávez justificó todo en nombre de reivindicar la "Patria Grande" que soñó Bolívar. La definición es instructiva, porque marca el límite final del nacionalismo latinoamericano: un pacto nacional con las oligarquías establecidas, en oposición al derrocamiento de esas oligarquías para alcanzar la unidad de América Latina sobre la base de una alianza de explotados -los obreros y los campesinos. Para el nacionalismo militar, la unidad nacional debe prevalecer sobre la lucha de clases interna -por eso, su obsesión por la regimentación de la clase obrera- y el colorario de la unidad con las oligarquías que simulan distanciarse del imperialismo. La Gran Colombia (Venezuela, Colombia, Ecuador y, no olvidarlo, Panamá) no verá la luz por medios de pactos de seguridad, sino por la Unidad Socialista de América Latina".

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México: Cuatro años de gobierno espurio

Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info)

“Que el fraude electoral jamás se olvide”

Aunque el título del artículo me delata, pretendo hacer una abstracción teórica para analizar y evaluar los cuatro años del actual gobierno. Para el ejercicio me propongo suponer que el fraude electoral no existió, que Felipe Calderón es un mexicano patriota y de buena fe, honesto y comprometido con el bienestar, la justicia y el progreso del país. El ejercicio es importante para que no se mezclen y confundan los niveles del análisis y no se arrastren prejuicios que distorsionen el criterio.

Comienzo por el tema que ha sido catalogado como la primera prioridad del régimen: la seguridad. Es cierto que en diciembre del 2006 el crimen organizado y en especial su versión narcotraficante, representaba una grave amenaza para el bienestar de los mexicanos, por lo que mereció una atención prioritaria. Felipe Calderón decidió afrontarlo sin titubeos ni componendas. Primero habrá que reconocer la valentía de la decisión al declararle la guerra al crimen y, a sabiendas de lo poco confiable de las policías, poner en manos del ejército y de la armada la responsabilidad del combate. Al anunciarlo advirtió que sería una larga lucha y que significaría un alto costo en vidas y recursos, pero que la paz y la seguridad serían alcanzadas exitosamente. A cuatro años de distancia es posible confirmar el cumplimiento parcial de sus previsiones: el costo en vidas alcanza la cifra de 30 mil muertos, en tanto que el de los recursos monta casi medio billón de pesos; por lo que se refiere a la paz y la seguridad, habrá que aceptar que se han deteriorado brutalmente y que no se alcanza a vislumbrar la salida exitosa.

Continúo con el que fue postulado prioritario de campaña: el empleo. También es cierto que en diciembre de 2006 la carencia de oportunidades de trabajo significó la mayor preocupación de la sociedad. Calderón se avocó con esmero designando a un secretario proactivo de probada capacidad para atender tal prioridad. Con un enorme sacrificio para las finanzas públicas dispuso incentivos fiscales a los empleadores, creando lo que se llamó el estímulo al primer empleo, destinado a incorporar a los jóvenes a la actividad productiva. Con especial denuedo se lanzó al mundo para convencer a los grandes capitalistas para invertir en México y generar empleos; no pasa una semana en que no inaugure una nueva instalación fabril o una ampliación y publicitarlo ampliamente para convencer a los pusilánimes. Lamentablemente se le atravesaron condiciones adversas provocadas por factores fuera de control, como es la crisis de la economía mundial, la epidemia de influenza y la maldita inseguridad. Si no fuera por esas adversidades, por la incomprensión a sus esfuerzos y por la mala suerte, México sería hoy campeón mundial en materia de empleo.

El combate a la pobreza, también incluida en el cuadro de las prioridades, se ha mantenido contra viento y marea e incrementado los programas para atenderla. Es tan exitosa que sus beneficiarios se niegan a prescindir de los apoyos una vez que han dejado de ser pobres y presionan para su continuación. Es cierto que el número de pobres se incrementó en más de cinco millones de almas, pero ello fue el resultante de la maldita crisis que nos vino de fuera. Es falso que los programas asistenciales se apliquen con fines electorales: no es culpa del gobierno que los beneficiarios satisfechos decidan votar por el partido que lo propició.

No obstante la gravedad de la crisis internacional y sus perniciosos efectos sobre la nacional, la fortaleza del timón ha permitido mantener el rumbo y la disciplina de las finanzas públicas, sin que los boquetes provocados ni el decrecimiento del producto interno bruto le hayan forzado a corregir el rumbo. No se cayó en la tentación de las medidas populistas y de protección contra la competencia exterior, tan aplicadas en otros países para afrontar la crisis. México se mantiene incólume como un atento y responsable aplicador de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales. Se dedica el mayor esfuerzo para lograr una mayor competitividad: se limitan los exagerados salarios de los trabajadores y sus onerosas prestaciones, en aras de que vengan más inversiones salvadoras. Así mismo, se descuentan los impuestos a los grandes consorcios para que sigan operando en México que, de otra manera, ya se hubieran radicado en China o en Centroamérica. Es una verdadera lástima que no se aprecie a cabalidad el esfuerzo y el tino del gobierno para conducir la economía.

El espacio no me permite ampliar la evaluación. Manteniéndome en la premisa de suponer honestidad y patriotismo en Calderón, tendría que concluir que sus buenas intenciones se han visto frustradas por la ineptitud; ninguna de las metas anunciadas ha logrado algún efecto positivo. Para combatir la inseguridad no se necesita un presidente valiente sino un presidente inteligente. Para combatir el desempleo no se necesita un presidente consentidor de los caprichos patronales, sino uno que restablezca el sano equilibrio entre las fuerzas productivas, con protección tutelar al eslabón más débil; desde luego se necesita uno que no destruya las fuentes de trabajo ni persiga a los sindicatos independientes. Para combatir la pobreza no se requiere de un presidente que practica la filantropía de la caridad cristiana, sino uno que garantice el crecimiento de la economía y la correcta distribución de la riqueza. Para tal crecimiento de la economía no hace falta un alumno distinguido del Fondo Monetario Internacional, sino uno capaz de diseñar y aplicar un modelo que responda a la realidad nacional y a los intereses de los mexicanos.

Para terminar y retomando la realidad de que estamos ante un gobierno espurio nacido del fraude, entrampado en la más profunda corrupción y entregado a los intereses del exterior, no queda más que clamar por la renuncia del que se dice presidente de México.

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Qué sapo (FMI) 'amigos' k

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Es inútil el esfuerzo que harán los escribas del oficialismo y su 'gloriosa' Cámpora para hacerse los otarios. Durante cinco años esgrimieron el patoteo del Indek como un emblema nacional y popular.

Ahora, es precisamente ese 'baluarte' el que acaban de entregar al FMI -sí, ese mismo FMI del que, según los K, 'nos' habíamos divorciado 'hasta que la muerte nos vuelva a juntar'.

¿No es también 'maravilloso' que esta patraña, tan típica del nacionalismo, sea consumada 72 horas después de la celebración de la Vuelta de Obligado y del sonoro "Viva la Patria" de 'nuestra' Presidenta?

¿No es todavía más maravilloso que nuestros gauchos K le acepten al FMI revisar las estadísticas, lo que les rechazaron a los profesores de las universidades nacionales?

¿Dónde hay un latoso del grupo Fénix o de Carta Abierta a izquierda o derecha de este escenario?

¡Qué regalo de Navidad pasar del índice Moreno al índice FMI!

Con la aceptación de la 'ayuda' del FMI al IndeK para elaborar los nuevos índices, el gobierno K capitula ante la exigencia fundamental del Club de París, de pasar por un control de auditoría del Fondo antes de firmar un acuerdo para el pago escalonado de la deuda argentina.

Cuántos ríos de tinta se gastaron los K al divino botón, o sea prometiendo hacer lo que están deshaciendo.

¿Cómo reaccionará la 'juventud maravillosa' ante este despliegue de duplicidad y de cinismo?

Como nunca es bueno, sin embargo, subestimar la mediocridad del adversario, debemos advertir al lector que aquellos que se llevan un sobre regular de los mostradores K nos lanzarán una respuesta futbolera cantada: "tanto quilombo por un índice" -sin mosquearse de que se trata del mismo índice que defendieron a trompadas por todos lados y por el que patotearon a los trabajadores del Indec.

Pero cuidado, los 'índices' ya no son más los que eran: toda la especulación capitalista que ha derribado a la economía mundial consiste en apostar por unos 'índices' contra otros.

Gracias a los 'índices' (por ejemplo, CER, cupón PBI, etc.), Argentina ha estado pagando mucha más deuda externa de lo que debería.

Pero los K no han entregado las estadísticas al FMI simplemente porque les cambió el humor, sino por estrictos intereses de clase: las provincias, los grandes capitales nacionales y el propio gobierno se están re-endeudando en el mercado internacional (y quieren hacerlo aún más) y allí no se presta la guita (dinero) si no existe una supervisión de las cuentas nacionales (o sea de la capacidad de pago) por, precisamente, el FMI.

La prensa no tomó en serio al ministro Boudou cuando dijo que la inflación perjudicaba a los ricos, pero efectivamente los ricos no quieren que sus inversiones sean desvalorizadas y licuadas por una inflación muy superior a la trucha que cocinaba el maître Moreno; ahora habrá que remunerar a los 'ricos' de acuerdo con la inflación que determine el FMI.

El cambio de la patronal a cargo de la estadística anuncia un nuevo ciclo de endeudamiento; un retorno, que ya está en marcha, a 'la plata dulce' de Martínez de Hoz, al uno a uno de Cavallo -es la condición para que la burguesía arranque con una burbuja inmobiliaria, como ya ocurre con los bienes de consumo.

Pero este cambio no anuncia que los salarios se ajusten por la inflación, porque para impedirlo está en marcha el llamado 'pacto social', que también afectará a las jubilaciones, incluso después del veto del 82%.

Se ha producido un tráfico de delincuentes: en lugar de un Presupuesto controlado por el Congreso 'destituyente', se habrá de manejar otro, a fuerza de decretos, controlado por el FMI y el Club de París.

La 'comunidad internacional', cuando se trata de negocios, no vacila en legitimar la violación de las constituciones nacionales.

Llamamos a todos los que defienden en forma consecuente las causas nacionales a desenmascarar la patraña "nac & pop" de los K y a luchar por una salida obrera y socialista.

Fuente foto: Presidencia de la Nación

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Otros huevos, la misma serpiente

Alfredo Grande (APE)

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“Para la cultura represora, donde hubo fuego, solo cenizas quedan. No puede percibir que debajo de las cenizas, las brasas siguen quemando”
(aforismo implicado)

“El modelo de sociedad multicultural fracasó totalmente” En un giro a la derecha, advirtió que el extranjero debe adoptar los valores alemanes. La primera ministra alemana Angela Merkel hizo correr ayer escalofríos a media Europa al afirmar, en un imprevisto giro a la derecha, que “ha fracasado totalmente” el modelo de sociedad multicultural germano. Hablando en Postdam a los jóvenes de los partidos democristianos CDU-CSU, que gobiernan junto con los liberales, dijo que los inmigrantes son necesarios “como mano de obra” pero “deben integrarse y adoptar la cultura y los valores alemanes”. Y siguió: “los inmigrantes deberían aprender a hablar alemán”. El tono fue decididamente antiislámico. “Nosotros nos sentimos vinculados a los valores cristianos y quien no lo acepta no tiene lugar aquí”, agregó Merkel. Enseguida se cubrió: “El islam forma parte de Alemania”. Afirmar que la cohabitación e integración armoniosa de culturas diferentes (la “multikulti”) resulta “un fracaso total” en el país más importante de Europa, con 80 millones de habitantes y una economía que es líder mundial junto con EE. UU., China y Japón, no puede sino desatar una honda preocupación en todo el continente. Ahora Merkel amenaza con mandar de vuelta a su país a los inmigrantes que no aprendan rápidamente el alemán. Lo peor de lo peor es que ha crecido al 10%, y sube, el porcentaje de los alemanes que sienten nostalgia de un “Führer”, un líder carismático estilo Adolf Hitler. Clarin 18-10-10 Por Julio Algañaraz Roma. Corresponsal.

Con la finalización hace décadas de la denominada “guerra fría”, el capitalismo decide que han regresado los tiempos de calentar la contienda. Lo que se pone nuevamente en debate, es la vigencia de un paradigma político cultural. No estoy tan seguro que las ideas no se matan. Pero estoy completamente seguro que las ideas matan. Y que todos los genocidios han sido precedidos, casi diría anunciados, por ciertos tipos de ideas. Sin embargo, el cultivo nauseabundo de ideas que la cultura represora sostiene, tiene algunas características que merecen destacarse, y luego, casi enseguida, descartarse. Nótese el predominio del “debe”. O sea: el eje discursivo es un imperativo, y diría que bastante categórico. Integrarse por deber, es bastante parecido a ser pacificado por la espalda, como nos contara el querido Mario Benedetti. Si la integración armoniosa fue un fracaso, que además fue un fracaso total, la propuesta de la Diabla Merken (aceptemos que lo de angela parece un chiste de Landriscina) suena a la de una especie de boluda total. La desagradable Diabla propone una integración no armoniosa (perdón que reitere, pero nos dice que la armoniosa fracasó) y será un tema de politólogos y comentaristas deportivos como puede alguien no armoniosamente integrarse. Quizá más correcto hubiera sido decir: desintegrarse. Aceptar los valores cristianos para poder pertenecer, suena a una especie de solución final en clave de hipocresía democristiana liberal. Supongo que tanto en Alemania como en Argentina un fascista es un liberal asustado, y es notable el esfuerzo de los intelectuales orgánicos del capital para ocultar, clonar, disfrazar, encubrir, mimetizar, a los fascistas en otras especies de apariencia menos predadora. Ya no se trata de aprender alemán, para en todo caso solazarse luego de una democrática jornada de trabajo con las lecturas de Goethe o Heine, aquel que escribió que “Dios me perdonará, porque es su oficio”. ¿Perdonará Dios a la Diabla Merken? Sin dudas. Creo que incluso la premiará, porque más allá de las cuestiones del aumento del producto bruto, esta diabla bruta quiere hacer bien los deberes que el ataque de pánico de las masas aburguesadas le ordena: hacer hamburguesas con los inmigrantes. Tarde entendió que la economía de mercado tenía un piso alto y un techo bajo, y que incluso el trabajo basura tenía fin. Si en los comienzos de la “revolución conservadora” se podía “a Dios rogando” 1, en la actualidad la catástrofe financiera obliga, panicosamente obliga, a optar por “con el mazo dando”. Parafraseando al tantas veces parafraseado Von Clausewitz, la guerra es la continuación de la economía por otros medios. Y lo que ha hecho la diabla Merken es una declaración de guerra a su enemigo interior , y tendrá su propia versión, mejorada y aumentada, de la doctrina de seguridad nacional. Después de todo, muerto el perro nunca se acabó la rabia. Y siempre habrá perros y perras dispuestos a contagiarse de la rabia asesina contra los mas débiles de la humanidad. La modernidad líquida (al decir de Baumann) quizá esté mutando en una humanidad gaseosa, aquella en la cual se volatilizan los cuerpos. “No tienen lugar aquí”, dice la diabla, que sabe mas por vieja fascista que por diabla. Lo terrible es que esos 5 millones de musulmanes no tienen lugar alguno donde ir. No fueron a Alemania haciendo turismo inter religioso. O para experimentar el encuentro de dos culturas. Su viaje fue apenas una estrategia de supervivencia, la misma que permite afirmar que para el hambre no hay pan duro. Pero la diabla ni pan duro quiere darles. Es notable la capacidad de las denominadas democracias occidentales para asesinar sin tener que ensuciarse ni mancharse las manos. Alguna vez mencioné a la “democracia lave rap”, especialista en blanquear todo la mugre y manchas del capitalismo. El Estado de Derecho que declama que la casa está en orden mientras los Desechos del Estado se pintan la cara y sostienen los apremios ilegales. La pregunta que se impone es ¿quienes son los musulmanes en esta Argentina que pretende otro capitalismo, ahora en serio? Acá no se echa a nadie, no se reprime a nadie, todos pueden expresarse, y Julio Jorge Lopez, Luciano Arruga y Mariano Ferreyra son golondrinas que no pueden pretender hacer verano. Los chicos que son quemados por los agrotóxicos, tampoco. Ni el hambre para el cual ya no queda ni pan duro. Pero estando asistiendo al desarrollo de un kirchnerismo de tercera generación, es mas que probable que los pantanos reaccionarios que aloja el Frente para la Victoria se consoliden. Es cierto que en la Argentina no hay problemas raciales. Pero hay problemas de tránsito. Deliberadamente se busca en enfrentamiento entre menos pobres y más pobres. Hoy en el recordatorio a Mariano Ferreyra, la policía federal no cortó el tránsito. La detención de autos de “alta gama” en los semáforos, posibilitaba que otro “aluvión zoológico” los rodeara. Al menos, dos Argentinas. Una que marcha hacia la plaza y en la plaza, y otra que desespera para encontrar la mejor colectora. La propia gravitación de los sectores más concentrados de la economía, está forzando una vez mas a entronizar una Santa Trinidad: Gobierno, Sector Privado y CGT. Sostenida desde la cosmovisión delirante de la integración armoniosa del capital y del trabajo. O sea: que los musulmanes serán las cooperativas, las empresas y fábricas recuperadas (algunas de ellas amenazadas con fallos judiciales atroces y aberrantes) las organizaciones de la sociedad civil que deberán aguardar, sometidamente, los favores de los mandamases de turno. En la Argentina también hay musulmanes, que son los pueblos originarios, que si bien no se los deporta, tampoco se les garantiza la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Diría que ya están deportados, aunque por ahora no se hayan enterado. Hasta el regreso del muerto vivo, el führer aniquilado, se plantea como posible. Si el Gobierno pacta con las corporaciones, su devenir mas temprano que tarde será sobrevivir como custodio de los negocios del gran capital. Si por sostener banderías partidarias dejamos de ver los riesgos políticos, entonces alguien tendrá que comenzar a pisar los huevos, aunque desde ya mismo adelanto que mucho más difícil será encontrar a la serpiente. No siempre escuchamos un sincericidio como el de la Diabla.

Nota:
1) Por supuesto que el Dios era el Mercado.

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Custodiar al custodio

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

La realidad cotidiana suele arrojar algunos datos que, por su notable persistencia, debieran ser tomados en cuenta con cierta atención. Uno de ellos se refiere a la frecuencia con la cual se suceden violencias de diversa magnitud en el interior de comisarías y establecimientos penitenciarios. Basta tomar las estadísticas disponibles y la amplia variedad de los casos existentes para apreciar que se trata de una problemática que exige ser abordada por los poderes públicos y por la sociedad civil de modo urgente y sin ambigüedades.

La custodia de aquellos funcionarios encargados de ejercer tareas de control sobre otros seres humanos no es una inquietud novedosa. Se le atribuye al poeta romano Juvenal la célebre formulación de "¿quis custodiet ipsos custodes?"; esto es: ¿quién custodia al custodio? Inclusive Platón, en "La República", reflexionó acerca de por quiénes y cómo podría ser protegida la sociedad de la clase guardiana, entonces a cargo de la defensa de la ciudad.

En nuestros días, esa necesidad de control resulta de un imperativo constitucional y derivado de ciertos instrumentos internacionales relativos a la protección y promoción de los derechos humanos fundamentales; instrumentos que han sido firmados y ratificados por la República Argentina y cuyo incumplimiento trae aparejada, además de las responsabilidades penales de sus funcionarios, la propia responsabilidad internacional del Estado.

Lo cierto es, sin embargo, que asistimos a una dramática naturalización de las violencias que se ejercen en el interior de esas instituciones de secuestro institucional que resultan ser las celdas de comisaría y los establecimientos penales, así como en otros sitios de reclusión coercitiva de la libertad ambulatoria de personas. Un proceso perverso que lleva hacia una única dirección posible: la existencia de un Estado dentro del Estado en donde rige un régimen de excepción, de no derecho, que pretende legitimar de hecho lo que en realidad es ilegal y debiera ser objeto tanto de persecución penal como de repudio social.

De modo que, siendo tal el desarrollo experimentado por las nuevas tecnologías y tan importante su incidencia en la cultura colectiva contemporánea, resulta a esta altura conveniente ponerlas al servicio de la protección de la dignidad, la integridad física y la vida de quienes se encuentran allí recluidos.

En tal sentido, es hora de propiciar la instalación de cámaras de video dirigidas a registrar visualmente el día a día de esas instituciones, sus distintas dependencias, patios, pabellones y el ingreso a celdas y calabozos.

Se trata de una suerte de panóptico invertido, donde los mecanismos de captación visual se dirigen hacia los funcionarios públicos que se desempeñan en esos ámbitos cerrados, refractarios y ajenos a los ojos de terceros; tanto de las autoridades judiciales que deben ejercer un control de constitucionalidad de lo que sucede en su interior, como de la sociedad civil y de los controles que deben ellas protagonizar.

Desde una perspectiva atinente a la prevención de los delitos que se cometan en su interior, la video-vigilancia puede cumplir un papel disuasivo de relevancia. Si las veinticuatro horas diarias del funcionamiento de una comisaría o de un establecimiento penitenciario habrán de ser objeto de registro visual, pues entonces es presumible que quienes allí se desempeñen se vean inclinados a respetar la legalidad vigente.

Estos mecanismos de control también están llamados cumplir un rol relevante en lo que a la efectiva persecución de los delitos que allí se cometan se trata. Máxime, cuando la realidad indica de modo contundente que es materialmente difícil comprobar los hechos de violencias que se producen en el interior de esos establecimientos.

Ninguna afectación a la intimidad o a la privacidad debieran generar dichos registros visuales en tanto se encuentren pura y exclusivamente destinados a proteger los bienes jurídicos señalados; registros visuales a ser utilizados tan sólo en el marco de procesos judiciales en marcha y por orden emanada de un juez competente que así lo habilite.

Prueba de ello es que la propia organización no gubernamental Amnistía Internacional aplaudió la implantación en el año 2008 de dichas tecnologías en el interior de las comisarías autonómicas catalanas y criticó el hecho de que ni la Policía Nacional ni Guardia Civil hubieran cumplido hasta entonces con la adopción de medidas similares.

Como se verá, de lo que se trata es de llevar la lógica y la praxis del Estado de derecho a los recintos cerrados en los cuales se institucionaliza la privación de la libertad de las personas, sitios en donde es el propio Estado quien reiteradamente desatiende la puesta en práctica de los estándares básicos que deben regir en nuestra democracia constitucional. Una deuda pendiente que es necesario comenzar a saldar mediante el despliegue de nuevos dispositivos de garantía y control.

Martín Lozada es Juez penal. Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

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Cuando la discapacidad tiene cara de mujer

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Muchas veces se identifica a la discapacidad con una silla de ruedas o un bastón blanco, sin pensar en las y los sujetos que tienen algún tipo de deficiencia física o mental. Menos aún, se piensa en el género y suele asociarse a las y los niños o jóvenes.

La invisibilización constituye una vieja problemática que, aún hoy y pese a las campañas de concientización desde algunas organizaciones no gubernamentales, todavía sigue siendo de notable importancia por cuanto el Estado ha optado por políticas sectoriales y transversales antes que implementar políticas integrales destinadas a abarcar las diferentes problemáticas que encierra.
En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, nos encontramos con un gran abanico de reclamos desde el género femenino; algunos de los cuales, en forma indirecta, tienen relación con la mujer con discapacidad y la mujer que acompaña a alguna persona con discapacidad. Sin embargo, dicha invisibilidad mencionada anteriormente provoca que no se conozcan algunas cuestiones que afectan a ambas, las cuales son de gran importancia.
Hablar de violencia, en principio, nos obliga a pensar en la existencia de una relación de poder, de mando y obediencia notoriamente exacerbada por una personalidad que se ha formado con un molde reacio a las cuestiones que atañen al pensar en el diferente y al respeto a las normas. En el primer caso, nos referimos al machismo como dogma preponderante en muchos varones y que se cultiva desde la juventud y en el segundo, a las instituciones públicas y privadas que suelen obstaculizar o soslayar el cumplimiento de la normativa vigente a quienes ejercen sus derechos.
Dependiendo del ámbito en el cual se cometan este tipo de actos, nos encontraremos con la violencia familiar, social e institucional donde la fuerza suele condicionar las conductas de quienes son obligados a responder a ella.
Sin embargo, cuando se ejerce contra una persona con discapacidad resulta notorio el aprovechamiento de las desventajas producidas por la deficiencia que posee por parte del victimario, lo cual impide, en muchas ocasiones, la defensa de sus derechos conculcados.
Y si se trata de una mujer con discapacidad, ello se agrava notablemente dependiendo el tipo de deficiencia. En general, comienza desde la familia; a veces, en su infancia y en otras, en su adolescencia afectando a quienes poseen discapacidad mental o intelectual, en su gran mayoría, trasladándose luego a lo social e institucional en la adultez.
La violación de niñas y adolescentes con discapacidad mental ha sido noticia lamentablemente en muchas oportunidades, de la mano de parientes cercanos que aprovecharon su condición para estos actos aberrantes y solamente pudieron ser rescatadas de sus garras, gracias a otros familiares o vecinos que conocían a la ocasional víctima. Y muchas veces, fueron jueces valientes los que autorizaron el aborto si ellas quedaban embarazadas, teniendo en cuenta la enorme presión de los grupos católicos y de la misma Iglesia.
En mujeres adultas, suele advertirse en la sutil discriminación a nivel laboral y educativo por cuanto empresarios y directivos escolares suelen retacear las oportunidades a quienes poseen algún tipo de discapacidad, pese a las leyes vigentes en nuestro país. De igual forma, en la vejez, son institucionalizadas en gran medida ya sea por la familia o el mismo Estado.
No existe diferencia entre la violencia física o moral, siempre constituye un cercenamiento de derechos, el cual se agrava por la indefensión en la cual se encuentran estas integrantes del género femenino.
Distinto es el caso de aquellas que acompañan a una persona con discapacidad; en particular, las madres que acompañan a sus hijos e hijas. Ellas suelen estar en continua actividad debido a la atención de las patologías que aquejan a su prole, debiendo limitar notoriamente su labor hogareña y ello provoca, cuando no existe un consenso familiar, en discusiones de pareja que terminan a los golpes e insultos.
Sin dudas, la indefensión se debe, en este caso, a la necesidad de preservar a las y los hijos, más allá de su propia personalidad, la cual muchas veces descuida en gran proporción.
También podemos encontrar casos referidos a agresiones provocadas por las personas a quienes cuidan, las cuales en plena conciencia de sus actos se aprovechan de su minusvalía para ejercer violencia sobre sus cuidadoras.
Pero de estas cosas no se habla. Solamente son problemáticas transversales, de acuerdo al discurso socio - sanitario hegemónico como producto del neoliberalismo que supimos conseguir.
Y la discapacidad también tiene cara de mujer. Ya sea aquella que posee una deficiencia como la que se dedica con esmero al cuidado de una persona con discapacidad. Pero la violencia social e institucional la agrava sustantivamente.
Desde la negativa a tomar las denuncias por violaciones por parte del personal policial a la lucha por la obtención de aquella medicación necesaria, nos encontramos con un amplio abanico de situaciones violentas a nivel social e institucional.
Pero es el Estado quien tiene la responsabilidad de establecer las políticas y de cumplir con la normativa vigente. Y lamentablemente, es el gran ausente aún hoy, pese a las políticas sociales que se vienen implementando.
La falta de capacitación de los agentes públicos en materia de discapacidad, el incumplimiento en las prestaciones establecidas por la normativa vigente y la ausencia de voluntad política para solucionar los inconvenientes provocados por las diferentes barreras sociales y estatales conspiran contra la posibilidad de una vida digna para las mujeres con discapacidad, en particular y del colectivo, en general.
En consecuencia, también el Estado es violento por cuanto las acciones de sus funcionarios constituyen actos lesivos en lo físico y en lo moral.
Hoy más que nunca se impone continuar la lucha por esas mujeres que siguen trabajando en la construcción de su destino, pese a sus deficiencias y por quienes acompañan a sus hijos en la tarea de convivir con su discapacidad. Y la mejor manera, sin dudas, es acompañarlas en sus enésimos reclamos y colaborar en la construcción de otro mundo en donde ellas sean realmente valoradas.
No es poca cosa en estos tiempos tan volátiles como violentos...

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Con la ley no basta

María Elena Naddeo (ARTEMISA)

Necesitamos una nueva cultura de la prevención en violencia de género. La semana pasada, Daina Sperdutti, una joven de 17 años de la provincia de Mendoza denuncia que su novio la golpea desde hace un año. No resiste más, los moretones son abundantes, y publica las fotos en Facebook, previa denuncia penal. 'Pensé que podía cambiar a mi lado'; 'un llamado de teléfono bastaba para ponerlo celoso y zamarrearme', dice.

Son pocas los detalles volcados en la denuncia. Pero bastan para encontrar las coincidencias, el patrón cultural y delictual que recorre las miles de situaciones de violencia de género, los hechos de violencia basados en la condición de mujer de las víctimas.

La denuncia de esta joven, implica un rasgo de toma de conciencia destacable, pero sólo público y visible después de un año de sufrimientos. Y habla también de la importancia que puede tener en la vida de los chicos y de las chicas, la formación temprana en la familia, la escuela, las organizaciones sociales.

Han pasado 50 años desde el asesinato de las hermanas Mirabal (1960), más de 30 de la sanción en Naciones Unidas de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). La nueva Ley Nacional de Violencia de Género ya tiene una reglamentación importante, protocolos de aplicación en materia judicial. Iniciativas de líneas telefónicas de ayuda, servicios terapéuticos, de asistencia a las víctimas son reclamados con mayor insistencia a lo largo y a lo ancho del país.

¿Qué deberíamos hacer en materia de prevención? Las políticas encaradas en estos 26 años de democracia han sido insuficientes. El patrón cultural de la dominación machista se reproduce en las nuevas generaciones de jóvenes, novios y parejas. Los femicidios aumentan en la Argentina del crecimiento económico y social.

De alguna manera el rechazo del poder político en la Ciudad autónoma de Buenos Aires y en todas las provincias de nuestro país para aplicar la Ley de educación sexual puede ser una de las claves. Negarse a trabajar desde el sistema educativo los contenidos vinculados con la prevención de la violencia de género, esconde una de las pautas de dominación sobre el cuerpo de mujeres y de niñas.

Necesitamos profundizar el debate. El abuso sexual infantil, las violaciones, la explotación sexual y la actividad prostituyente son parte de la misma realidad. Someter a quien se considera un objeto de placer, por la fuerza o por dinero.

Es un debate áspero, no deseado, siempre termina en el vacío, o en las risas del poder político, o en enfrentamientos en los propios grupos de mujeres. No aflojemos, necesitamos una nueva estrategia para abordar la lucha contra la violencia de género.

María Elena Naddeo es Diputada porteña, Diálogo por Buenos Aires.

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Números de la violencia en Buenos Aires

ARTEMISA

Más de 30 mil mujeres en situación de violencia recibieron atención y contención a través de la línea telefónica del Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (AVM) de la Secretaria de Derechos Humanos bonaerense entre 2008 y 2010.

Los datos surgen del registro estadístico que lleva adelante el Programa implementado en 2008 por la Dirección de Igualdad de Oportunidades de la citada área.

De las 30.459 mujeres en situación de violencia el 56,82 % recibió información y asesoramiento sobre sus derechos y lugares a los cuales recurrir para su atención directa.

El 36,44 % de las mujeres llamaron a la línea telefónica en medio de un episodio violento o a pocos minutos de ser golpeadas, agredidas o amenazadas. Estas llamadas, en su mayoría ingresan al Programa a través del 911; derivación que se concretó luego del acuerdo alcanzado entre la Secretaria y el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

En tanto el 56,82 % de las consultas se realizan para obtener información y/o asesoramiento.

Las dos vías de acceso al servicio telefónico son a través del 911 (operadores/ras de ese servicio derivan al AVM la llamada de una mujer en situación de violencia) y el 0800-555-0137

La observación de esta variable indica que las mujeres llamaban al servicio en situaciones de emergencia o por asesoramiento casi en la misma proporción durante el primer año de funcionamiento del Programa AVM (47,36 % para asesoramiento e información; 43,76 % en casos de emergencia).

Sin embargo durante los años siguientes las llamadas de asesoramiento superan a las de emergencia, llegando en la actualidad a triplicarlas (en 2010 las mujeres requieren asesoramiento en el 68,89 % de los casos mientras que las situaciones de emergencia son el 27,09% de ellos)

Los datos indican que quienes más solicitan el servicio son mujeres entre 25 y 34 años (24,71%), un indicador que se reitera si se consideran los porcentajes correspondientes a cada año (22,11% en 2008; 25,18 % en 2009 y 24,71 % en 2010).

La violencia de los hombres con los cuales conviven las mujeres que llaman al servicio prevalece por sobre otras relaciones violentas con origen en el ámbito familiar. El 48,02% de las mujeres atendidas entre marzo de 2008 y octubre de 2010 fueron violentadas por el hombre con el cual conviven y el 20,40 % por su ex pareja.

En menor proporción son violentadas por hermanos/as (1,79%), hijos/as (5,54%) u otros parientes (4,71%).

Cabe señalar que el Programa AVM atiende a mujeres a partir de los 16 años en el marco de la ley 12.569 de Violencia Familiar, sancionada por la Legislatura bonaerense en el 2000.

Cuando una mujer es atendida por las operadoras del Programa AVM, se completa una carta de llamadas que permite registrar datos fundamentales para asesorarla pero también para realizar un seguimiento de la situación en el caso de reiterarse la consulta y fundamentalmente obtener información cuanti y cualitativa para dimensionar el problema de la violencia de género.

Así se sabe que en el 96,62 % de los casos (2008-2010) hay violencia psicológica, en el 86,88 % violencia física y el 37,64 % de las mujeres son amenazadas de muerte; en el 74,61 % de las situaciones relatadas hay menores presentes.

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Día Internacional de lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres: Por la conquista de todos y cada uno de nuestros derechos

INDYMEDIA

Cotidianamente llegan cientos de denuncias a la oficina de Violencia Domestica de la Corte Suprema de la Nación. Según datos de esta oficina, en el periodo comprendido entre 2008-2009, fueron recibidas más de 5000 denuncias, al menos 400 denuncias mensuales.

Cada día las organizaciones de mujeres se arman de coraje, y sostiene a miles de mujeres que son violentadas de diferentes modos. Cada día miles de mujeres son humilladas, maltratadas, violadas, asesinadas. Los medios masivos cada vez hablan más de estos temas pero omiten profundizar en las razones que producen esta violencia: El Patriarcado.

La Asociación Civil La Casa del Encuentro en el año 2009 registro -solo de diarios de más tirada - 231 femicidios. En el año 2010, solo en el periodo de enero a junio registraron 126 femicidios, es decir que cada día por medio una mujer, adolescente o niña es asesinada. Todas muertes evitables. Se estima que al menos 600 mujeres y niñas fueron introducidas a las redes mafiosas de explotación sexual.

En Argentina se realizan alrededor de 500.000 mil abortos. 80.000 mujeres por año son internadas por abortos inseguros. En los últimos 27 años, más de 3000 muertas. 46 proyectos de legalización del aborto que nunca fueron tratados.

La violencia hacia las mujeres llega a todos los niveles. Según el Comité Contra la Tortura, en el año 2009, 6 mujeres murieron en penales, 5 de esas muerte fueron producto de enfermedades tratables. No hay estadísticas sobre las violaciones sistemáticas a sus derechos más básicos.

El 25 de noviembre es el "Día Internacional de la eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer”. Este día fue elegido en conmoración del violento asesinato político de las Hermanas Mirabal. Ellas fueron asesinadas por la policía secreta del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Fue en el año 1999 que la ONU (Naciones Unidas) propuso ese día para recordar a estas luchadoras sociales.

La violencia y su consecuencia más terrible: la muerte, ha sido históricamente la forma utilizada de adoctrinamiento hacia las mujeres. La iglesia no dudo en quemar mujeres para mantener su poder. Las innumerables guerras y/o conflictos armados convirtieron el cuerpo de las mujeres un territorio de violencia. Todos los días, cientos de mujeres que son apedreadas hasta la muerte, esclavizadas, mutiladas, sometidas a las diferentes formas de violencia. A pesar de todo esto las mujeres estamos en la calle para manifestarnos en contra de la violencia y por la conquista de todos y cada uno de nuestros derechos.

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Argentina, Chaco: “El Matrimonio Igualitario no admite objeción de conciencia”

CHACO DIA POR DIA - IMPULSO BAIRES

La Federación de lesbianas, gays y trans rechazó la iniciativa presentada por la diputada Elda Pértile que pretende autorizar la objeción de conciencia para funcionarios públicos en diversas situaciones, incluida la celebración de matrimonios igualitarios.

La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) rechaza enérgicamente la iniciativa 2667/10 presentada en la legislatura chaqueña por la Diputada provincial Elda Pertile que pretende autorizar la objeción de conciencia para los funcionarios públicos en diversas situaciones, incluida la celebración de Matrimonios igualitarios.

"La iniciativa de la Diputada Pértile representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y ciudadanos, impensado tras la aprobación de la Ley 16.618 de Matrimonio Igualitario, a partir de la cual nuestras familias alcanzaron la igualdad jurídica negada durante tanto tiempo" expresó Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT.

“La Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario no admite la objeción de conciencia. Ningún oficial público puede negarse a celebrar un Matrimonio de personas del mismo sexo y mucho menos un legislador o legisladora impulsar normativa que lo avale, ya que cualquier propuesta de legitimar esta práctica resulta claramente discriminatoria e inconstitucional, desconociendo delitos tipificados en el Código Penal previstos en los arts. 248 y 249 del mismo”, agregó Paulón.

Para finalizar agregó "acompañamos las acciones desarrolladas por nuestra organización miembro de la FALGBT, Unidos por la Diversidad-Chaco, junto a legisladores provinciales de diversos bloques, e instamos a la legislatura provincial a detener este atropello institucional antes de poner a la provincia de Chaco al margen de la legislación y la Constitución Nacional”.

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Argentina, Córdoba: Perpetua, degradación e inhabilitación absoluta para Videla, Menéndez y otros represores

Katy García (PRENSA RED)

María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja, representantes de 14 víctimas de la UP1 y de un sobreviviente (causa Gontero), solicitaron la pena máxima para los jerarcas Videla y Menéndez y otros 9 imputados como autores mediatos de crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 31 víctimas. En tanto, 16 acusados deberán purgar severas penas por tormentos y crímenes. Hubo dos pedidos de absolución por falta de pruebas.

Los abogados querellantes, María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja, que representan a 14 víctimas de la UP1 y al sobreviviente Luis Urquiza (causa Gontero), solicitaron la pena máxima para los jerarcas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, señalados como autores mediatos de crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 31 víctimas. Otros 16 acusados, entre militares y policías, fueron sindicados como responsables de aplicar tormentos y cometer crímenes. Hubo dos pedidos de absolución por falta de pruebas.

Los alegatos de los doctores María Elba Martínez y Miguel Hugo Vaca Narvaja comenzaron a exponerse durante toda la jornada de ayer. Martínez presentó y analizó cada uno de los hechos y ofreció pruebas testimoniales y documentales acerca de cómo sucedieron. Ayudados por soportes técnicos ilustraron con imágenes y cuadros los fundamentos y argumentos presentados. Asimismo mostraron las fotos de las víctimas y sus respectivas filiaciones políticas.

Hoy por la mañana se refirieron a la parte técnico jurídico y doctrinaria y a los aspectos histórico-económico-políticos que contextualizan y explican la producción de los hechos. (Al final, Audio y texto completo del alegato de Hugo Vaca Narvaja).

Siguiendo la teoría de Claus Roxin se solicitaron penas severas tanto para los “hombres de atrás” como para los ejecutores. Al anunciar las penas, María Elba Martínez lagrimeó emocionada por haber llegado a esta instancia” tras muchos años de lucha" y reconoció a los hijos de dos de las víctimas -Hugo Vaca Narvaja y Miguel Ceballos-, por estar en el estrado como abogados. Del mismo modo lo hizo con Martín Fresneda, hijo de desaparecidos.

Para los que ocupan los más altos lugares en la cadena de mandos Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez –ausente por cuestiones médicas- Vicente Meli, Carlos Poncet, Jorge González Navarro, Raúl Eduardo Fierro y Víctor Pino Cano, pidieron que se les aplique “prisión perpetua, degradación del cargo, e inhabilitación absoluta” por los 14 homicidios.

En tanto para Hubert y Alsina, por el delito de homicidio cometido con “alevosía y ensañamiento” contra el médico René Moukarsel tras ser estaqueado en el patio interno del penal, el día más frío del año, solicitaron prisión perpetua.

Por el hecho XI, traslado y posterior asesinato de los detenidos Miguel Hugo Vaca Narvaja, Arnaldo Toranzo y Gustavo de Breuil, entregados al teniente primero Osvaldo Quiroga, de acuerdo a las pruebas existentes aportadas por un testigo directo, prisión perpetua. Igual castigo para Francisco D`Aloia.

Para los policías, Carlos Alfredo Yanicelli, Juan Ramón Molina, Miguel Angel Gómez, Hermes Oscar Rodriguez, Calixto Flores, Yamil Yabour y Alberto Luis Lucero, se requirió las penas de prisión perpetua como autores directos de las muertes.

Asimismo para Enrique Pedro Mones Ruiz y Miguel Angel Pérez, los querellantes pidieron 15 años de prisión por aplicación de tormentos a los presos políticos de la penitenciaría.

Para Graciela Antón y Luis Salgado 20, y para San Julián 15. En cambio no se encontraron pruebas con cierto grado de certeza para inculpar a Ricardo Cayetano Rocha y Marcelo Luna por lo que se pidió la absolución.

Fragmentos del alegato de María Elba Martínez

La abogada demostró la existencia de una cadena de mandos que actuaba al margen de lo jurídico utilizando estructuras secretas. Afirmó que la cárcel se transformó “en un campo clandestino; porque lo que allí ocurría estaba prohibido que sea divulgado afuera”.

Describió el organigrama del área 311 y del D2 y las responsabilidades de los integrantes. Y detalló los delitos que se cometieron contra los presos políticos y que fueran caratulados en los hechos 6, 4 y 13. Las víctimas de la represión a quienes representan como querellantes fueron Luis Ricardo Verón, Higinio Toranzo, Gustavo De Breuil, José Angel Pucheta, Florencio Díaz, Jorge García, Hugo Hubert, Miguel Hugo Vaca Narvaja, Claudio Zorrilla, María Esther Barberis, Mirta Abdón de Maggi, René Moukarzel, Marta Rossetti de Arquiola. Y por la causa Gontero el querellante es Luis Urquiza, pero con el sufrieron tormentos otros cinco policías y un civil.

En relación a los tormentos agravados analizó que “desde el punto de vista de los golpes, movimientos vivos, golpizas y situaciones de falta de alimentación -se refiere a todos los tormentos-y en el caso de Jorge de Breuil con 30 kilogramos menos. Y luego el aspecto psicológico, la desnudez, las violaciones, los manoseos y las acciones depredadoras y de amenaza continua del tipo ‘después salís vos, van a morir’, generaron un estado de pánico permanente”. También señaló el hacinamiento y la falta de atención médica como características “normales” dentro del penal. En ese sentido destacó que “la única forma de resistencia que encontraron estas personas era la solidaridad y la comunicación con el exterior por cualquier medio”.

Moukarzel

Uno de los casos emblemáticos de la UP1 lo constituye el asesinato del médico René Moukarzel. “Tenia dos legajos”, afirmó la abogada. Y luego señaló que era un hombre sano, que no estaba enfermo. Martínez relató el hecho ocurrido el 15 de julio y explicó cómo a partir de que un preso común le diera un paquete de sal “Alsina advirtió lo que pasaba y lo habrían atado de pies y manos y colocado piedras debajo de su cuerpo. Y como se rompió una estaca le propinaron golpes y llevado de nuevo a otro patio” señaló. Luego mostró el certificado médico firmado por el médico Tavip -imputado en la causa y ahora enfermo- cuya causa de muerte era paro cardio- respiratorio.

Después presentó pruebas documentales tales como informes sobre memorandos, identificación de cadáveres y documentos calificados como confiables. Cita testimonios de los innumerables testigos que atestiguaron sobre el hecho. “Estoy contento, he vengado a un compañero, he matado un subversivo”, fue una de las frases más crueles e impactantes atribuidas al acusado Alsina.

Habló de la inspección ocular y recordó que el imputado en aquella oportunidad reconoció que tuvo en el patio al “detenido” refiriéndose a Moukarzel.

Igualmente citó declaraciones claves de los testigos como prueba. Por caso, uno dijo que “en la morgue me resbalé en sangre” y que había visto “una pila de cadáveres mutilados” y posteriormente “Tavip da el certificado ansiado”.

Por otra parte aseguró que el propio Menéndez “le adjudicó tres meses de sanción por haber dejado mal parado a los oficiales. ‘Al preso lo estaqueo, lo mojó y luego murió’ se había quejado el jefe del tercer cuerpo. Y añadió que “esto hizo que fuera calificado con bajo puntaje -42 puntos - y además era considerado un inútil”. Y subrayó la abogada que Menéndez agregó que “no era un delincuente común, era un hombre del ERP, un subversivo”.

Hugo Vaca Narvaja leyó las semblanzas de cada una de las víctimas. Historias de vida y militancia que humanizaron un acto tan técnico.

Martínez continuó con las complicidades de otros sectores como la Iglesia ( Primatesta), la justicia ( Zamboni Ledesma, Otero Álvarez, Haro, Molina) y la prensa que reproducía textualmente los falsos informes de enfrentamientos.

Así, cada hecho fue desmenuzado y se presentaron pruebas donde constan firmas de traslados, pericias, declaraciones del cura Luchesse, certificados de la morgue, entre otras. Asimismo destacó que no se hizo autopsia en este y en ningún caso.

En otro tramo de su presentación Martínez expresó que “para llevar a cabo el plan de exterminio necesitaron tomar el poder y los tres poderes” y señaló que “la estructura de las jurisdicciones divididas en regiones, zonas, subzonas y áreas, más la colaboración de la Side, la misión del ejercito, y la palabra aniquilar”, operaron a favor del plan. Y agregó que Córdoba era la provincia elegida por su actividad gremial y por su antecedente del Cordobazo. Ello –dijo- posibilitó el cierre sindicatos, de embajadas para que las personas no puedan refugiarse. “Un caso típico es el de la familia Vaca Narvaja, donde tuvo que intervenir el embajador de México”, recordó.

Puntualizó que las organizaciones sindicales, como la mesa de la JTP, el movimiento sindical combativo, la CGT, las organizaciones peronistas y los gremios y otras provenientes del PRT “que no eran cuadros guerrilleros sino políticos” fueron también considerados “subversivos”. De la misma manera actuaron con el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo que levantaban la teología la liberación y la opción por los pobres. Y recordó que el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel era afín a esas ideas.

“Para instalar el terror –en la sociedad- utilizaban propaganda negra, gris y blanca”, manifestó más adelante.

Otro argumento de la querella fue relacionar a la dictadura y a su estructura jurídica con el franquismo. Asimismo habló de que existía “una estructura misógina: la misoginia intelectual -que existe en estos ámbitos también- y citó a Prima de Rivera. Recalcó que “las mujeres fueron violadas vejadas y que el guerrillero era considerado un delincuente común quitándole el estatus beligerante. Hubo un cambio de tesis, y no se trató de una guerra”, concluyó.

Cuando concluyó con su alocución técnico política la doctora Martínez recibió un aplauso prolongado de parte de la audiencia. Esa circunstancia, fue aprovechada por el abogado Alejandro Cuestas Garzón para solicitarle al Tribunal que si vuelve a ocurrir la sala sea desalojada. Será por eso que tras el brillante alegato de Vaca Narvaja el recinto permaneció en silencio. Luego, en el hall central, los asistentes, familiares y organismos de derechos humanos pudieron expresar la emoción contenida tras 34 años de espera.


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Argentina: Brutal represión en Formosa por un intento de desalojo

INFOSUR

Al menos dos hombres pertenecientes a la etnia toba murieron cuando la policía reprimió a los tiros un corte de ruta. Hay 28 detenidos y una docena de heridos.

Al menos dos hombre murieron, otros doce fueron heridos de bala y 28 quedaron detenidos, al desatarse una cruenta represión sobre un grupo de la etnia toba, integrantes de la Colonia La Primavera, quienes cortaban la ruta nacional 86, en reclamo por la titularidad de un predio de unas 600 hectáreas que el Estado provincial pretende utilizar para una universidad agropecuaria.

Félix Díaz, representante de los pobladores originarios y funcionario del INADI, relató que el hecho comenzó durante la mañana de ayer, cuando un grupo de personas, acompañado por algunos policías, atacó a balazos a los aborígenes que cortaban la ruta 86 y ocupaban un predio próximo, que reclaman como suyo.

Los policías, según Díaz, huyeron del lugar tras un "forcejeo" y dejaron sus armas sobre el asfalto de la ruta. Cerca de las 19, regresó al lugar "un ejército" de efectivos "antimotines" y se enfrentó a "indígenas armados con palos y machetes", señaló el funcionario del INADI.

Los integrantes de Comunidad qom Navogoh (La Primavera), manifestaron: "Hoy por la mañana algunos miembros de la familia Celia y su abogado escoltados por la policía se presentaron ante el corte de ruta y nos dijeron que nos retiráramos. La comunidad se negó a retirarse (recordemos que por la ley de Emergencia territorial se detienen los desalojos) y Félix recibió 5 disparos de los Celias. Le pedimos a la policía que actuara para protegernos pero ésta respondió que no podía pues nos lo habíamos buscado. Luego vinieron más miembros de la comunidad y la policía se fue. Pero por la tarde destruyeron nuestras casas. Por la tarde detuvieron a nuestro hermano Pablo Asijak cuando fue a comprar algo a la despensa y se lo llevaron a la comisaría de Laguna Blanca."

Fuentes del Ministerio de Gobierno confirmaron hoy la muerte de dos personas e identificaron a las víctimas como Sixto Gómez, de la comunidad toba de la zona de Laguna Blanca y al oficial principal de la Policía de Formosa Ever Falcón. Durante la revuelta hubo "más de 20 detenidos" y un número de heridos que no se precisaron.

El grupo integrante de La Colonia Primavera, asegura que el terreno que reclama es una propiedad "ancestral" de esa comunidad, mientras la Justicia le dio la razón a una familia criolla de apellido Celía que afirma que la titularidad del campo es suya. Los abogados de esa familia lograron que el juez Raúl Mauriño dictara una orden judicial para evitar la ocupación del campo. El magistrado fue quien envió a la policía provincial a notificar a los manifestantes su decisión de desalojarlos.

Tras el desalojo el predio quedó custodiado por personal de Gendarmería.

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Argentina: Mendoza sufre, según la ONU, una gran "segregación residencial"

MDZOL

La oposición villas miseria - barrios privados colocó a Mendoza entre los sitios del país bajo observación por parte del informe 2010 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Destacan la aplicación de la Asignación Universal por Hijo.

El Indice de Desarrollo Humano (IDH) para la Argentina que difundió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra una progresiva reducción de la desigualdad a nivel nacional.

Foto: Mendoza, situación habitacional - Barrios humildes de San Rafael. / Autor:
Agustín Mauricio - MDZOL

Según el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2010, elaborado y difundió hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Formosa presenta un índice de desigualdad de 4,5, cinco puntos más que la estadística promedio para toda Argentina. Detrás de ese distrito se ubican Misiones, Chaco, Entre Ríos y Corrientes, agregó el documento.

El PNUD afirmó que la situación de estos últimos distritos ‘es de larga data‘ y demuestra la existencia de ‘trampas de desigualdad‘: la correlación directa entre las deficiencias en el acceso a la salud y la restricción que padecen en materia educativa.

En un segundo orden de las provincias más desiguales se encuentran Buenos Aires y Santa Fe, líderes productivos del país. El territorio bonaerense encabeza una tabla de provincias que demuestra que la desigualdad afecta el crecimiento del desarrollo humano.

En los últimos cuarenta años, el IDH para la Argentina ha crecido por debajo de países como Brasil y México. Este desempeño se explica por el pobre crecimiento económico, según el PNUD. En cambio, en salud y educación el avance se mantuvo en un nivel satisfactorio.

La "segregación residencial"

Foto: Mendoza, situación habitacional - Un barrio privado de Mendoza. / Autor:
Agustín Mauricio - MDZOL

Gabriela Catterberg, directora del informe, resaltó que “en comparación con los relevamientos de desarrollo humano realizados por el PNUD en 2002 y 2005, Argentina mantiene disparidades notorias a nivel territorial”.

En el documento se destaca que “la proliferación en los principales centros urbanos de countries y barrios cerrados, como también asentamientos y villas, provocó una segregación residencial que reduce las oportunidades de los sectores menos favorecidos”.

Allí es justamente en donde aparece Mendoza, junto con el Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Respecto de los países que en 1970 estaban en un nivel de desarrollo similar al de la Argentina, el desempeño local en educación se destaca, según el PNUD. De todas formas, “se requiere asegurar la inversión y mejorar el gobierno del sistema educativo.

El incremento de la inversión educativa de los últimos años ha sido uno de los pasos más importantes. El establecimiento de un piso del 6 por ciento del PIB para el financiamiento de la educación requiere ser actualizado”, dice el informe.

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Argentina: Repudiaron a La Nueva Provincia en su sede por los elogios al represor Emilio Massera

TELAM - LA ARENA

Agrupaciones sociales, políticas y de derechos humanos desarrollaron una protesta frente a la sede del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, en repudio a un editorial del pasado 9 de noviembre donde se elogió al represor Emilio Eduardo Massera, tras su fallecimiento.

El acto -desarrollado anoche- fue organizado por las agrupaciones kirchneristas JP Bahía Blanca, JP William Cooke, La Güemes, JP Evita y 17 de noviembre y contó con la adhesión de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), los movimientos universitarios como el G83 y Nuevo Encuentro, entre otros.

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Bolivia: Gates puso pies en polvorosa

Mario Hubert Garrido (PL)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, abandonó el mismo día de su inauguración la IX Conferencia de los ministros del área en las Américas, que hoy concluye en la ciudad de Santa Cruz (este de Bolivia).

Fueron demasiadas verdades juntas sobre las cuales, según la prensa acreditada a la cita, ni siquiera osó opinar en su estampida.

A su regreso a Washington, el jefe del Pentágono apenas indicó que su embajada en La Paz "lamentara" que Bolivia perdió una oportunidad para hacer progresos en los asuntos claves del foro: paz y confianza en la región; democracia, fuerzas armadas y sociedad; seguridad regional y desastres naturales.

Sin embargo, Gates -más bien lo que representa- nada pudo desmentir del contundente discurso inaugural de Morales, cuando mostró evidencias sobre cómo desde la Casa Blanca los actuales procesos de trasformación política en Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua son objeto de cuestionamientos y hasta intentos de satanizarlos y criminalizarlos.

El estadista le recordó al ex jerarca de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) la historia de los golpes de Estado en la región, casi todos organizados por las legaciones diplomáticas norteamericanas, y que en Bolivia, desde 1964, comenzaron con el caso del teniente coronel Juan Villarrroel, el ilustre militar que organizó la primera cumbre indigenista.

Asimismo explicó que otro ex embajador norteamericano, Manuel Rocha, previo a los comicios generales de 2002, amenazó con retirar la ayuda si los electores votaban por Morales, a quien acusó de terrorista.

En 2008, también un diplomático de Estados Unidos, Philip Goldberg, cooperó en La Paz con un grupo opositor que pretendía desestabilizar la democracia y derrocar al gobierno del primer presidente de origen aimara, agregó.

En medio de cambio de colores en el rostro de Gates y de miradas escurridizas, Morales señaló que fue víctima de una intentona golpista hace dos años, promovida por Estados Unidos, país que también intentó derrocar al presidente Hugo Chávez en 2002 y este año a Rafael Correa, asonadas que solo triunfaron en Honduras, en 2009, contra el presidente Manuel Zelaya.

El dedo en la llaga ocasionada por Washington y que Gates no pudo ocultar lo puso Morales cuando habló de los entrenamientos y doctrinas de Estados Unidos que inculcan a las instituciones castrenses de la región, y que fomentan el odio a los movimientos sociales y a sus líderes.

En ese sentido, el dignatario anunció que nunca más los oficiales bolivianos participarán en ese tipo de ejercicios o cursos.

Además criticó la instalación de bases militares de Estados Unidos en Latinoamérica, que solo apuntan a la restitución de la hegemonía en declive de la potencia del norte.

El estadista alertó que esas políticas injerencistas e intervencionistas no han cesado y una muestra es que el pasado 17 de noviembre, otra vez bajo la sombra de la Casa Blanca, la ultraderecha internacional y congresistas estadounidenses lanzaron nuevos ataques contra la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Gates nada logró aludir sobre el doble discurso del gobierno de su país que cobijó a los participante en el foro "Peligro en los Andes: amenazas a la democracia, los derechos humanos y la seguridad interamericana", celebrado en el Capitolio de Washington.

Mucho menos argumentos esgrimió el ex organizador del ataque contra Nicaragua en la década de los 80 para justificar la denuncia de Morales de que en esa reunión el congresista republicano Connie Mack, adelantara el plan para eliminar al presidente venezolano, Hugo Chávez.

El representante de Estados Unidos a la cita cruceña, antes vinculado con el escándalo Irangate (1985) por la venta de misiles a Irán y con la invasión a Panamá en 1989, se retiró de Bolivia con apenas una sugerencia: tener cautela en sus nuevos nexos con Teherán, lo que recibió duras críticas de legisladores y el propio Morales.

"Bolivia, bajo mi dirección, tendrá acuerdos, alianzas con todo el mundo. Nadie me va a prohibir, tenemos derecho, (porque) somos de la cultura del diálogo", respondió Morales.

Asimismo hizo notar que la paz y la democracia solamente serán posibles si las naciones poderosas respetan la soberanía de los pueblos y dejan de lado sus acciones intervencionistas y hegemónicas.

Como colofón y refiriéndose a la necesaria cooperación para enfrentar desastres naturales, Morales convocó a ir a las causas estructurales de los daños a la Madre Tierra (Pachamama): el sistema capitalista y su fórmula de desarrollo irracional e irresponsable, en particular la industria armamentista y las guerras,

"La paz es hija de la dignidad, la igualdad y la justicia social", concepto que esbozó Morales en su comparecencia, y que luego se tradujo en acuerdos durante las deliberaciones de la IX Conferencia.

Algunos de ellos fueron la postura de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) de ver la modernización de sus ejércitos como un ejercicio legal en aras de su propia defensa, la idea de transparentar los gastos militares o la de rechazar la presencia de bases extranjeras, posturas que definitivamente Gates no pudo resistir.

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Critican propuesta de bajar edad de imputabilidad en Uruguay

PL

Expertos de la ONU cuestionaron la propuesta del conservador Partido Colorado uruguayo de reducir a 16 años la edad de imputabilidad de delitos y coincidieron que de aprobarse estaría contra derechos de niños y adolescentes.

Esta consideración pertenece a la vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño del ente mundial, Rosa María Ortiz, y al director regional para las Américas, Roland Angerer, y aparece publicada hoy en el diario La República.

Ambos especialistas también se manifestaron en contra de la decisión del gobierno uruguayo de mantener los antecedentes de los menores infractores, una vez cumplida la mayoría de edad.

Sostuvieron, según la publicación, que no aumentaron los delitos cometidos por adolescentes en la región, y los jóvenes infractores son víctimas de la situación social o familiar que les toca vivir.

Ortiz y Angerer asistieron en esta capital a la reunión del Movimiento Mundial de la Infancia, en la cual se emitió un comunicado que advirtió a Uruguay sobre la inconveniencia de endurecer las penas a los menores infractores.

"Yo creo que hay un temor en la sociedad por el auge de violencia, pero no creo que los culpables de la violencia sean los adolescentes. No creo que la criminalidad de los adolescentes haya aumentado más que la de los adultos", señaló Angerer.

A juicio de Ortiz, las medidas solicitadas en este país no dan respuestas a las causas de la delincuencia.

Sobre una propuesta surgida del opositor Partido Nacional de mantener los antecedentes penales de los menores, una vez que alcance la mayoría de edad, Ortiz estimó "entra en la misma baterías de medidas represivas".

"Hay que pensar ¿quién les dará trabajo si tienen antecedentes?", comentó.

Según Ortiz, defender los derechos de los adolescentes favorece a los adultos y subrayó: "no es una guerra entre sectores sociales, toda la sociedad se favorece si se los educa, y si se contemplan sus derechos".

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