jueves, 2 de diciembre de 2010

Wikileaks y la batalla del ciberespacio

Ángel Guerra Cabrera (especial para ARGENPRESS.info)

La filtración por Wikileaks de más de un cuarto de millón de cables clasificados, cruzados durante más de cuarenta años entre el Departamento de Estado y sus misiones diplomáticas alrededor del mundo, ha hecho correr ya ríos de tinta de información y debate sobre el inaudito acontecimiento.

Una conclusión muy importante se refiere al potencial de las nuevas tecnologías para hacer posible lo que hasta hace dos décadas no era concebible sino como el muy improbable resultado de un sofisticado aparato de información integrado por múltiples redes de personal altamente profesional convenientemente insertado en todas las regiones geográficas del planeta por alguna de las dos superpotencias de entonces. Otra, derivada de la primera, es la posibilidad que se abre de desnudar ante el mundo la conducta arrogante agresiva, injerencista, racista, criminal, en suma, del decadente y declinante imperio estadunidense.

Lo que está revelando Wikileaks hasta hoy –y esto es muy importante tomarlo en consideración- no son los cables intercambiados sobre la sucia materia operacional entre el cuartel general de la CIA, en Langley, y sus estaciones, con o sin fachada legal, dispersas por todo el mundo. Por eso, en la mayor parte de los casos no se trata de información sobre acciones y tendencias que no conociéramos o no hubiésemos intuido ya, pero como ocurre con el golpe de Estado en Honduras, lo sustantivo es –verdadero monumento al cinismo- su calificación de “ilegal” e “ilegítimo” en informe a sus superiores por el embajador yanqui en Tegucigalpa. Algo parecido ocurre con la campaña conspirativa y de descrédito internacional de Washington contra el presidente Hugo Chávez o la debilidad imperial ante la altanería de Israel pese a la dependencia de aquel de su ayuda militar y económica. De la misma manera, la constatación reiterada hasta el infinito de los obsesivos designios estadunidenses contra Irán, catalogados por Fidel Ca
stro y numerosos expertos en geopolítica como un camino que conduce irreversiblemente a una suicida guerra nuclear.

Entre las innumerables valoraciones sobre la trascendencia de la filtración de Wikileaks, recomiendo leer la muy medular y sintética escrita por la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde, a quien considero una de las personas más calificadas en la actualidad sobre la batalla de ideas contra la dominación capitalista en el ciberespacio. Por esa razón, citaré extensamente su texto titulado “Wikileaks humilla al Cibercomando”, publicado originalmente en la página web Cubadebate:

“El golpe es demoledor para la política imperial estadunidense, que había aprendido a convivir con los medios tradicionales, domesticándolos. Ahora estos saben que tienen que adaptarse a la nueva era del ciberespacio, con sus millones de fuentes autónomas de información, que han resultado ser una amenaza decisiva a la capacidad de silenciar en que se ha basado siempre la dominación.

“Lo que estamos presenciando es histórico y humillante para los halcones imperiales. Con su audaz trabajo de coordinación entre los medios tradicionales y los llamados sociales, Wikileaks ha ganado la primera gran batalla de la “Era de la Información” contra los mecanismos que en las últimas décadas han utilizado los Estados Unidos y sus aliados gubernamentales y mediáticos para influir, controlar y coaccionar…

“Lo que ha desatado las alarmas en Washington es que Wikileaks demuestra que un pequeño grupo de periodistas e informáticos, utilizando hábilmente las nuevas tecnologías y maniobrando en las redes sociales y en las aguas turbias de la comunicación transnacional, puede poner en jaque a la mayor superpotencia del mundo y a su súper-ejército ciberespacial, con 1000 hackers, un presupuesto multimillonario y una abrumadora campaña de terror, para imponer en todo el mundo, con el pretexto de la ciberseguridad, la ciberguerra”.

Y ahora viene un planteamiento fundamental de Elizalde por su valor como conclusión práctica, que hace vislumbrar lo que podríamos catalogar de enjambre de nuevas guerrillas revolucionarias del ciberespacio, trocando por computadoras lo que en otras circunstancias fueron los fusiles.

“…ciertas claves que no debería desdeñar ninguna estrategia de resistencia: el conocimiento y apropiación de las nuevas tecnologías, el valor de la trasparencia informativa, el ciberespacio como ámbito de acciones tanto ofensivas como defensivas y las extraordinarias posibilidades de internet como herramienta de lucha”.

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Uribe y sus muchachos

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Álvaro Uribe Vélez ex presidente de Colombia ha logrado salir airoso de todas las acusaciones que en su contra han formulado la oposición, los representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos (nacionales y extranjeras), sindicalistas, líderes indígenas y de otras minorías nacionales, estudiantes y activistas populares del más amplio espectro, sin excluir a periodistas e intelectuales, personalidades del mismo sistema y en ocasiones hasta gentes de sus propias filas, desengañadas o sencillamente abrumadas ante el cúmulo de escándalos de corrupción administrativa, nepotismo generalizado (empezando por los hijos del presidente), despilfarro y sobre todo unas relaciones nunca suficientemente aclaradas con los grupos del paramilitarismo, ellos mismos manifiesta y públicamente fervorosos partidarios del ex presidente.

El autoritarismo acusado del primer mandatario fué saludado por la prensa local como una “necesidad ante el caos” y sus permanentes arranques de histeria y malos modos -que contrastan agudamente con la tradición mojigata de la burguesía bogotana (núcleo central de la clase dominante del país)- han sido vistos como expresión de “entereza”, algo que en realidad no es más que grosería, probables desarreglos de personalidad y en el mejor de los casos una caricatura tropical del “macho ibérico”.

Álvaro Uribe Vélez contó igualmente con el apoyo sin fisuras de la prensa internacional, del gobierno estadounidense y de sus aliados de la Unión Europea, que todos a una hicieron la vista gorda ante las múltiples violaciones de derechos humanos fruto de su política de “seguridad democrática”. Era el gesto agradecido de gobiernos y empresas beneficiados por un régimen de inversiones que más bien parece un derecho de saqueo de los recursos del país. Uribe les ofreció, entre otras ventajas, una mano de obra barata, sometida al terror y sin derecho laboral alguno, sindicalistas convenientemente acallados, exiliados o eliminados físicamente y todo ello con la finalidad de garantizar la llamada “confianza inversionista”. Hasta Washington, supuestamente tan celoso de perseguir el tráfico de drogas “olvidó” los informes de sus propias agencias de espionaje sobre los vínculos del personaje y su familia con el siniestro entramado del narcotráfico colombiano y en particular con el cártel de Medellín y su figura más emblemática, Pablo Escobar Gaviria. En efecto, la misma DEA lo incluyó en la lista de los principales personajes del negocio de las drogas en Colombia, una acusación nunca aclarada y que se desvió discretamente del debate público por las evidentes ventajas que les supone a unos y otros.

Hasta ahora las cosas le iban bien y, fuera ya de la Casa de Nariño (sede oficial de la presidencia) Uribe desarrolla de forma inmediata una febril actividad para convertirse en un poder real detrás del trono de Juan Manuel Santos, el sucesor que el mismo propició cuando se frustraron sus intentos de gobernar por tercera vez. Pero de repente las cosas cambian y aquello que parecía controlado -el escándalo de las actividades ilegales de la policía secreta durante su gobierno- empieza enlodando a sus más inmediatos colaboradores y termina por colocarlo a él mismo como el más obvio responsable de las mismas. Se ha producido entonces una verdadera desbandada (nunca mejor dicho) en las filas del uribismo y el número de leales a toda prueba se reduce día a día.

Es probable que sus desavenencias con un sector decisivo del poder judicial (Uribe intentó someter a este cuerpo de la misma forma en que consiguió un dominio completo del poder legislativo) hayan propiciado que el escándalo de la policía secreta -DAS- dependiente directamente de presidencia, no se archivara como tantos otros casos y coloquen hoy al ex mandatario en una situación de impredecible evolución que podría llevarlo al banquillo de los acusados.

En realidad, las actividades ilegales del DAS son de vieja data y jamás ocurrió nada. Esta vez, sin embargo y para desgracia de Uribe y sus muchachos, un conjunto de circunstancias obran en su contra. En efecto, desde siempre las andanzas del servicio secreto han sido denunciadas reiteradamente por las fuerzas de izquierda y las personas progresistas que han sido víctimas de sus abusos. Y si se analiza desapasionadamente el caso, el espionaje evidentemente ordenado desde la casa presidencial es mucho menos grave que las otras actuaciones de la policía secreta, involucrada en atentados, desapariciones, asesinatos, provocaciones, la permanente violación de los derechos de miles de ciudadanos y las actividades de seguimiento y espionaje en el extranjero en abierta violación de las normas del derecho internacional. Pero las famosas “chuzadas” (interceptaciones telefónicas y grabaciones ilegales) han afectado esta vez al núcleo mismo del poder judicial, a los guardianes de la constitución y las leyes con quienes Uribe ha tenido un conflicto permanente a lo largo de sus ocho años de gobierno. Ante las abrumadoras evidencias y ante la convicción cada vez más generalizada de que tal entramado de acciones ilegales no podían producirse sin la orden expresa del presidente, se produce entonces una cascada de confesiones y deserciones de los implicados que, directa o indirectamente apuntan el dedo acusador hacia quien se va conformando como el jefe máximo de la trama: Álvaro Uribe Vélez.

Por supuesto, también parecen existir otras razones para entender por qué alguien que hasta ayer gozaba de un apoyo casi absoluto del sistema se vea hoy ante el riesgo de ser sometido a la justicia como responsable de una empresa criminal. Para quienes están convencidos de la naturaleza democrática del régimen colombiano, el juicio contra los responsables del espionaje del DAS -y con mayor motivo si el mismo Uribe Vélez resulta encausado- constituye la mejor prueba de la fortaleza del sistema y de la vigencia del estado de derecho. Pero para un observador más suspicaz, todo el asunto puede tener una explicación menos feliz que supone que todo está siendo utilizado por quienes tienen realmente el poder en Colombia para deshacerse de un personaje incómodo que se empeña en seguir gobernando desde las sombras, y de paso, permitir al nuevo presidente inaugurar una nueva etapa que manteniendo las líneas básicas de la política actual supere los problemas de imagen que sin duda afectan al país y están todos, estrechamente vinculados a Álvaro Uribe Vélez y su equipo de gobierno.

Alguien como él que en su momento dado resultó útil tanto a la clase dominante local como a las estrategias continentales de los Estados Unidos y sus aliados, sería ahora un peso muerto, un estorbo que es necesario eliminar.

En el plano nacional Uribe intenta reorganizar sus huestes y medir sus fuerzas con las nuevas autoridades, no tanto porque éstas vayan a “traicionar su legado” sino porque dados los problemas de todo orden que arrastra el ex presidente y de los cuales parece no estar ya en capacidad de deshacerse, se ha convertido en un problema molesto que en indispensable superar. En el plano internacional el ex presidente busca fortalecer sus alianzas con lo más granado de la ultraderecha continental y se pasea por Honduras y Panamá, recibiendo honores, apoyos y condecoraciones. Sin embargo, esos dos “dechados de democracia” apenas cuentan, por lo que de complicarse las cosas, no le quedarían como recurso salvador sino la intervención a su favor de la derecha más dura del Pentágono. El ex presidente debería recordar que los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses y que como un Fujimori cualquiera -para no mencionar al Noriega del Panamá de sus amores- Washington sacrifica “aliados” sin miramientos cuando le resulta necesario. Así paga el diablo a quien bien le sirve.

Pero, a juzgar por los antecedentes de la justicia colombiana bien puede ocurrir que tras un engorroso proceso y aún condenado, Uribe Vélez jamás pague por sus crímenes. El pueblo colombiano lo sabe por experiencia: “la ley es pa´ los de ruana”, es decir, solo se aplica realmente a los humildes.

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Calderón quiere quitarle la bandera a los altermundistas “exigiendo” que países le bajen al cambio climático

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Felipe Calderón, el presidente ilegítimo de México, que precisamente hoy primero de diciembre cumple cuatro años de estar en la Presidencia, busca lucirse en la Cumbre del Clima en Cancún. Ante el terrible fracaso de las anteriores reuniones internacionales y ante la oposición de los gobiernos de EEUU a firmar compromisos para evitar que el mundo estalle en mil pedazos por la contaminación ambiental y la descomposición del clima, en su discurso inaugural del lunes lanzó críticas contra los países poderosos queriendo con ello pasar como líder en la lucha por salvar la ecología.

Pero nadie en el mundo le cree porque saben que los gobiernos de México, por lo menos desde 1982, han sido simples cachorros falderos del imperio. ¿Qué tanto puede estar preocupado Calderón por los terribles cambios climáticos que ponen al mundo en el despeñadero sino no tiene autoridad para hablar por su funesto desgobierno en México?

2. Han transcurrido dos días (29 y 30 de noviembre) y Cancún sufre un imponente Estado de Sitio; la realidad es que se ve como una fortaleza impuesta por el Ejército y la Marina mexicanos, así como policías de la Federal Preventiva, de Caminos, Estatal y Municipal. No hay calle, glorieta o carretera donde no anden en grupos de a pie, en camionetas y vehículos blindados; participan en rondines permanentes o se mantienen en los retenes o puestos de revisión mixtos. Es brutal la intimidación con la presencia militar vestidos de negro, algunos con el rostro cubierto o con uniformes militares, cargan con todo el armamento posible en sus cuerpos y en sus manos, siempre listas a ametrallar. Se comenta y confirma que también los centros turísticos de Solidaridad, Isla Mujeres, Tulum y, sobre todo, Benito Juárez se han convertido en búnkeres o fortalezas policíaco-militares, para cuidar a turistas internacionales.

3. Hay unos 10 mil efectivos policiales y militares que se encargarán de frenar cualquier protesta o, según dicen, algún golpe del llamado “crimen organizado” o de la “insurgencia” que amenaza al gobierno de Calderón. Se mantienen muchos puestos de revisión en lugares claves de la ciudad de Cancún y Puerto Morelos, de manera particular en el aeropuerto internacional cancunense. Cuando alguien lleva pelo largo y barbas –como yo- las fuerzas represivas los observan de pies a cabeza y en cada cuadra exigen identificación. En cualquier momento te levantan y te acusan de “llevar mucha droga y tener una metralleta escondida”. Da la impresión que este Estado de Sitio fue preparado por los miles de asesores yanquis que ahora dominan en los departamentos de “seguridad” de México. Se prevé que a esta Cumbre de 12 días participen “de 25 mil a 40 personas de 192 países, tanto en los eventos oficiales como en los foros alternos”.

4. A partir del viernes 3, con el arribo de los jóvenes anarquistas y altermundistas que no se dejan intimidar por las botas y las armas de los militares, Cancún se puede calentar –no con la contaminación que produce el capitalismo- sino con las protestas y batallas en las calles. ¿No se recuerda acaso las grandes batallas que dimos en septiembre de 2003 contra aquella terrible reunión en la que los subsidios agrícolas del imperialismo a sus agricultores no pudieron echarse abajo provocando el suicidio del campesino coreano Lee? ¿Quiénes son los culpables del gran aumento de los fatales ciclones, inundaciones, desbordamientos de ríos, derrumbes y destrucciones de pueblos miserables? ¿Dios, el destino, los pecadores, las otras religiones, la desobediencia?- quién sino los que mantienen al mundo en la miseria y la opresión? Que no nos jodan por los funestos medios de información al servicio de empresarios y gobierno.

5. El Estado Mayor Presidencial es quien dirige la jugada trayendo de aquí para allá al ejército, que al parecer ya no tiene nada de mexicano porque obedece órdenes yanquis, es decir, extranjeras; en realidad son los yanquis que han invadido el país a petición de la Presidencia de la República, con sus estrategias represivas. Y en Cancún los “cheles”, como dicen en maya, es decir los “güeritos” o rubios no dan la cara porque prefieran dirigir a control remoto y mandar sus estrategias militares por radio o celulares desde helicópteros que permanentemente están jodiendo con sus ruidos. Por cierto hay que subrayar que la policía y el ejército obtuvieron más armas y patrullas para la intimidación en Cancún a cuenta de la llamada “Iniciativa Mérida”. A muchos nos da vergüenza que a Mérida la escojan como sede de reuniones y acuerdos con presidentes imperialistas y asesinos aprovechándose de que la izquierda es muy débil; pero pronto seremos más combativos y numerosos, a pesar de nuestra historia.

6. El presidente Calderón sólo ha permanecido en el gobierno –y le faltan dos años para seguir destruyendo la economía del país- porque los del PRI, que al parecer recuperará la Presidencia, si López Obrador no hace nada radical significativamente distinto. Busca Calderón salir fortalecido de esta reunión de Cancún usando hábilmente la demagogia discursiva que acostumbra; sin embargo no podrá esconder que su fracasada estrategia de “combate contra el narcotráfico” ha provocado la muerte de 35 mil mexicanos, la mitad de ellos inocentes; ni tampoco esconder que su gobierno ha creado más desempleo y miseria que ningún otro gobierno en la historia. Nuestra bronca nacional ha sido la debilidad de las luchas de la izquierda y de los trabajadores y, asimismo la integración de la socialdemocracia a los proyectos capitalistas. Pero no hay mal que dure mil años y retontos que lo agüanten.

7. Necesitamos que los mexicanos, los “altermundistas” extranjeros”, o por lo menos los quintanarroenses, yucatecos, campechanos, tabasqueños más combativos, se concentren en Cancún para hacer la fiesta de la protesta mundial contra todos aquellos gobernantes que siguen destruyendo el mundo por apoyar políticas empresariales que cada día provocan que los cambios climáticos sigan poniendo al mundo al borde de su desaparición temprana. Hagamos retroceder a esos miles de militares que en vez de estar con el pueblo que lucha, sirven a sus amos burgueses e imperialistas que les arrojan como a los perros sus salarios mientras sus jefes cobran 100 veces más sin arriesgar nada. Ni en Cancún, ni en ningún lugar hay posibilidades de diálogo; los burgueses e imperialistas nunca lo han conocido cuando de trabajadores explotados se trata. Tenemos que ganar nuestras batallas en las calles y en las plazas o, de lo contrario lloraremos como cobardes nuestras derrotas.

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México: Entre el cambio climático y el político

Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info)

“Que el fraude electoral jamás se olvide”

Están reunidos en Cancún gobiernos y especialistas en materia de cambio climático para tratar de llegar a algún acuerdo para revertir el efecto del fenómeno ambiental. En paralelo y a contracorriente, los representantes de organismos sociales que postulan el otro mundo posible hacen lo propio.

En otra esfera, la prensa internacional da cuenta de otro fenómeno de cambio en el clima político, un verdadero tsunami arrasador: la puesta al desnudo de las comunicaciones confidenciales de los organismos de inteligencia (muchos de ellos de falta de inteligencia) del gobierno de Washington. Ambos casos hablan de que las cosas están podridas mucho más allá de lo que se pretende suponer y, además, guardan una estrecha vinculación entre sí: la podredumbre que corroe al planeta entero y que amenaza a la humanidad.

No es necesario ir muy lejos para comprender que los excesos de la llamada modernidad han afectado severamente al equilibrio de la naturaleza; se ha venido elevando la temperatura de la atmósfera; los hielos polares se derriten; por este solo hecho el nivel del mar se eleva y los asentamientos ribereños serán inundados irremisiblemente. La brutal deforestación registrada principalmente en el mundo marginal, hace que los gases de combustión excedan en mucho a la capacidad natural de absorción de los bosques y selvas, con lo que se produce el efecto de invernadero y la elevación de la temperatura. Tampoco hay que ir lejos para encontrar que el maravilloso invento del automóvil y los motores de combustión interna, aportan el mayor impacto en esta materia. La agricultura comercial altamente tecnificada para forzar altos rendimientos, supuestamente para abatir el hambre del mundo, pero que solamente ha saciado el apetito de lucro de las transnacionales, es otra de las graves afectaciones a la naturaleza. Son mucho
s otros los factores de la depredación que enumeran los especialistas, pero todos ellos se refieren al modo de vida predominante de la sociedad de consumo llevada al extremo del consumismo; esto es, la supeditación de toda la actividad humana a la satisfacción de necesidades cada vez más superfluas. Para mayor complicación resulta que esta distorsión se registra en medio de la mayor de las injusticias: en tanto que una pequeña porción de la humanidad nada en la abundancia consumista, la mayor parte del mundo se debate entre la insatisfacción de la simple necesidad de comer.

Si bien le va al esfuerzo oficial de gobiernos y especialistas oficiales para resolver el problema, habrán dispuesto medidas para comprometer la disminución de la emisión de gases de combustión, pero sin afectar en lo más mínimo al estilo de vida de los poderosos; en todo caso, servirán para que la mayoría siga empantanada en la carencia de lo elemental. Por su parte, el estilo de vida de tales poderosos es el nutriente principal y a la vez sustento del despiadado modelo capitalista de producción; mientras el afán de lucro siga siendo el motor de la economía, las posibilidades de revertir el fenómeno devastador son nulas.

La explicación de la existencia del imperio no es otra que la de asegurarse que podrá seguir devastando al mundo para mantener su estilo de vida y sus comodidades. Igual fue lo que los imperios europeos hicieron en África y en América Latina, continentes arrasados para beneficio de los conquistadores. Hay una tremenda deuda impaga del primer mundo con el tercero: el hambre no es producto de la fatalidad ni designio divino: es el producto de la explotación inmisericorde de los recursos naturales de las colonias. Algún día se tendrá que pagar y todo apuesta a que no será demasiado tarde; por lo pronto la clara declinación del imperio unipolar de los gringos apunta en esa dirección.

Las revelaciones de las intimidades de la diplomacia y de los organismos de inteligencia gringos, aportadas por la página de Wikileaks, no hacen más que confirmar lo más que sabido, pero que al hacerlo en las páginas de renombrados diarios internacionales, miembros del propio clan del poder, adquieren relevancia de incontrovertibles. La Clinton reclama que las revelaciones son criminales porque ponen en riesgo las vidas de funcionarios y socios involucrados; como quien dice: no denuncien al asesino no vaya a ser que lo maten. Me resulta claro que el exceso del poder imperial embota su inteligencia; los trapos exhibidos muestran estulticia pueril en las formas de actuar de los funcionarios del imperio, lejos de ser de real inteligencia pero dan claridad sobre el cinismo con que norman su actuación. Solamente con cinismo de las contrapartes, al estilo muy calderoniano, podrá mantenerse una relación seria con la diplomacia yanqui.

Para mejor comprender el estado de cosas habrá que releer los discursos y artículos de Fidel Castro, de Hugo Chávez y de Evo Morales respecto de ambas vertientes del cambio, el climático y el político, para descifrar el sentido y la orientación de los vientos que mueven al mundo actual. La confrontación es de fondo y su causa es la defensa de la humanidad amenazada de muerte por los estertores del imperio.

También toma cuerpo de razón el giro humanista y moral del discurso de Andrés Manuel López Obrador y del Proyecto Alternativo de Nación. Se reclama una verdadera revolución de las conciencias para privilegiar los valores y la ética, entre las tareas para salvar al mundo y a la humanidad.

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Los hidrocarburos en la encrucijada

Felix Herrero (INFOSUR)

La era del petróleo termina, lo que obliga a descartar viejos axiomas y reformular estrategias en un mundo en el que entre el 83 y el 92% de la propiedad del subsuelo pertenece a los estados nacionales o a sus empresas, que ganan posiciones en el ranking internacional.

“Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada…”
Charles Dickens, Historia en dos ciudades.

Esta frase es válida para los países que tenían la propiedad desnuda del subsuelo, pero no su renta. Hoy se debe analizar el fenómeno petrolero teniendo en cuenta los cambios ocurridos.

Muchas son las razones que exigen un análisis crítico de nuestro pasado reciente, para abrir nuevos caminos a las políticas hidrocarburíferas futuras.

Sólo mencionaremos algunos hechos que permiten desplegar alternativas diversas, porque algunas dificultades y asechanzas no podemos enfrentarlas sin estudiar lo qué pasa en el mundo.

En este nuevo mundo del petróleo, casi nada tiene que ver con los pasados años cincuenta; desde la era de las siete hermanas hubo modificaciones sustanciales que no siempre se tienen en cuenta.

1. La era del petróleo termina. Luego de haber reemplazado a la del carbón, se inicia un nuevo período de energías diversas que se expandirá a partir de un hecho seguro: el encarecimiento del petróleo. Recordemos que el 3 de julio de 2008 superó los 150 dólares el barril. Si esto se repitiera, según afirma ahora Jeremy Rifkin, se produciría un caos en la economía mundial.

2. “El petróleo bajo el suelo no sirve”. Este eslogan de los años noventa quedó olvidado: hoy la disputa no es por los mercados de combustibles y lubricantes, sino por el control de las reservas de crudo. Quien no tiene reservas pierde el futuro.

3. Los países con petróleo tienen dos estrategias. Noruega intenta extraer lo máximo para convertirlo en valor monetario presente y constituyó un fondo estratégico de inversión (FEI), y algunos de los países árabes (la OPEP extrae el 34% y tiene el 70% de las reservas mundiales) apuestan al valor futuro del petróleo a la par de esa tendencia de los precios.

4. Cambio del dominio del petróleo. Ya no hay siete hermanas que tienen el dominio de las concesiones antiguas y la obtención monopólica de la renta. Hoy, entre el 83% y el 92% de la propiedad del subsuelo pertenece a los Estados nacionales o a sus empresas (Financial Times, Journal of Gas & Oil). La Exxon Movil viene a Neuquén pero no creamos por eso que mantiene el poder pretérito y la capacidad de invertir.

5. Es fundamental el cambio en de la importancia de los países según el PIB: en 2010 de las 7 primeras economías, China (2º), India (4º) y Rusia (7º) eran del BRIC. Para la proyección de 2016 China pasa al primer lugar, India al tercero, Rusia al sexto y Brasil al séptimo (Forbes y FMI). La nueva escala de los países lleva a una novedosa variación del tamaño de las empresas, incluidas las petroleras de los países emergentes que no dejan de agrandarse.

6. La crisis petrolera mundial y nacional caractreriza un período de altas utilidades, alta distribución de las mismas y bajas inversiones. Por eso hay que seguir el dato de la capitalización empresaria en el sector petrolero. En 2009 y 2010 las únicas cuatro empresas que se capitalizaron son la estatal Petrobrás (64 mil millones de dólares) a la que le siguen: Lloyd (UK), Ag Bank (China) y HSBC (UK), que en total sumaron menos que Petrobrás.

7. Cambio de la importancia de las empresas. Hoy no son las empresas multinacionales angloamericanas las más grandes petroleras del mundo. De las 27 más grandes petroleras 18 son estatales (Petroleum Intelligence Weekly, 2010) según el informe de las 50 primeras firmas petroleras; ahora está ausente, no como antes, YPF SA.

8. Mientras estemos en el período del agotamiento o fin del petróleo barato, las reservas concentradas y la adicción al crudo por parte de los dos primeros países demandantes (EUA 25% y China 13%), crecerán las tendencias a conflictos bélicos, internacionales o internos.

Para Argentina, luego del largo ensayo neoliberal, surgieron nuevos problemas. Las caídas de la inversión, de la extracción, de las reservas y del autoabastecimiento negaron el éxito prometido. Este modelo se realizó a través de la desregulación del sector, de la desnacionalización del dominio (vía provincialización y otorgamiento de concesiones a las multinacionales, habiendo resignado el Estado la decisión de invertir, incluso de las privadas) y de la desinformación de reservas.

1. Desde 1994, o desde la “ley corta”, el dominio provincial no aseguró que la renta, la inversión, y la gestión quedaran en el país. De allí, que el bloque de Proyecto Sur presentara tres proyectos de ley destinados a crear una empresa pública, PetroArg, producir la retrocesión de concesiones y permisos en el Mar Argentino, derogar los tres proyectos desreguladores de fines de 1989 y, por último, realizar un auditoría integral de todo el proceso petrolero desde ese año.

2. En la línea de la nacionalización, Argentina debe actualizarse. Bolivia y Rusia tuvieron procesos intensos de privatización, como el argentino, pero revisaron sus políticas, y hoy Rusia desde la nacionalización da pasos favorables a la participación minoritaria del capital privado.

3. Por último, en nuestro país se debe hacer una auditoría petrolera y jurídica de estas privatizaciones, ya que en el juego de las urgencias y los intereses, hubo descuidos normativos que provocaron inseguridad jurídica a muchos de los procesos desreguladores y desnacionalizadores.

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Formosa tiene su Pedraza

PRENSA OBRERA (especial para ARGENPRESS.info)

El asesinato de dos integrantes de la comunidad Qom por parte de la policía provincial no fue un incidente aislado. Es el remate de una provocación montada por el poder político, con el auxilio de terratenientes. La represión criminal fue orquestada al cabo de cuatro meses de corte de la ruta 86 por parte de los Qom en defensa de sus tierras.

Unos días antes, la policía había entrado a palazos al colegio Juan José Silva, ocupado por los estudiantes para evitar un fraude de las autoridades provinciales contra la organización estudiantil. El gobernador Insfrán es un gobernador de pura cepa K -con quien viene colaborando políticamente desde mucho antes de 2003.

De la mano de Insfrán, Formosa se ha convertido en un paraíso para terratenientes, ganaderos y ‘pools' sojeros, que vienen expulsando en forma sistemática a los pequeños campesinos de las colonias y a los pueblos originarios. En los últimos años, un millón de hectáreas fueron acaparadas por sojeros, a costa del desalojo de 35.000 tobas y wichis. Recientemente, Insfrán hizo aprobar una "ley de reordenamiento territorial" que habilita el despojo de todo aquél que no tenga un título propietario. A partir de ese sistema, se ha construido un régimen de atropellos contra toda la población. Da cuenta de ello la existencia de un movimiento de "Víctimas de los hijos del Poder". Formosa forma parte de un extenso territorio caracterizado por las confiscaciones de tierras del campesinado y la extensión de la frontera latifundista de la soja. Ese territorio abarca el oeste de Brasil, Paraguay, Formosa, Santiago, Chaco, Misiones, norte de Salta, Jujuy y norte de Santa Fe. La rebelión agraria en esta vasta región plantea la organización de los explotados agrarios sobre una base internacional.

A pesar de los asesinatos, el gobierno nacional se apresuró a cerrar filas con el gobernador. A pesar de las quejas de D'Elía y de las manifestaciones en Buenos Aires, Cristina Kirchner respaldó públicamente a Insfrán un día después del asesinato de los tobas. Pero los compañeros tobas asesinados no son otros que los Mariano Ferreyra -e Insfrán, el Pedraza- de Formosa.

Gildo Insfrán se tiene que ir y, además, es necesario acabar con el poder de los terratenientes y del capital financiero en el agro. ¿Intervención federal? Es lo que ha propuesto D'Elía, quien parece confiar en que su jefa sea capaz de modificar la realidad de explotación de Formosa. La Presidenta no quiere ni oír hablar de esto. Pero para que sea efectiva, la intervención no debe representar un mero cambio de cara. Por eso, el punto de partida para echar a Insfrán debe salir de la propia Formosa: que una asamblea elija las personas que se hagan cargo del gobierno; solamente así una intervención federal serviría para poner fin al despotismo y al despojo de tierras. La elección de un gobierno provisorio, electo por una Asamblea popular, debería ir acompañada por un programa que enjuicie y castigue a los asesinos y a los responsables políticos de esos asesinatos, o sea al régimen de Insfrán, y que aplique un programa agrario que confisque la gran propiedad y la distribuya entre los campesinos en la forma social que se acuerde: individual, cooperativa, gran escala bajo gestión de los labradores.

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La comunidad Qom llegó a la Capital: Exigen la renuncia del gobernador de Formosa

LAVACA

Cercano a la frontera con el Paraguay, en la calurosa provincia de Formosa hay un paraje llamado La Primavera. En esos terrenos se calcula que habitan unas ochocientas familias. Todos ellos son aborígenes tobas, qom según su propia lengua. Son nómades, y su lugar de asentamiento lo deciden por conveniencia, según la estación. Es un terreno de más de 5000 hectáreas por el que circulan, montes en los que saben vivir desde tiempos anteriores a la llegada civilizatoria de la Europa blanca y el criollaje incipiente.

Como comunidad, sabiamente viven en armonía con el bosque, los pájaros, el agua, y así lo relatan. Atinados, dicen que esa tierra que los rodea y acoge no les pertenece, porque ellos son los que pertenecen a la tierra. Estratégica y provisoriamente fabrican sus casas o ranchos con ingeniosas mezclas de adobe, palmas y paja en zonas que intuyen como propicias para recolectar o cazar. No son grandes comerciantes porque no generan ese consagrado énfasis llamado excedente, pero su comercio con la Tierra parecen resolverlo en un buen péndulo de necesidad, equilibrio y gasto. Como testigo de este mecanismo podemos invocar el tiempo de comunión entre ambos, que no estará guardado en anaqueles o versado por historiadores, pero que emana de la añosa amistad que se profesan casi sin saberlo.

Félix Díaz es miembro de la comunidad toba de La Primavera y llegó a Buenos Aires como emisario de la tristeza de su pueblo y por haber sido elegido en votación abierta como natagalá (cacique o cabecilla) por el 95% de los votantes de su comunidad. Narrar los orígenes del problema sería recapitular gran parte de la historia latinoamericana, pero, a grandes trazos, a la comunidad la acosan desde los cuatro puntos cardinales: esos sombríos vectores confluyeron en un doble homicidio el último 23 de noviembre. La Primavera está en la mira de la empresa Nidera (productores de soja y algodón transgénico) para adosarla a su emporio. El segundo postor para las tierras es la familia Celía, de larga tradición en estos escamoteos. Los acosos a los qom por parte de los latifundistas vienen de la época en que el ilustre Basilio Celía -miembro de la Sociedad Rural- fue elegido intendente de facto de la zona de Laguna Blanca entre 1981 y 1982. Ahora, los Celía continúan con el hostigamiento a La Primavera. Hace dos años, en complicidad con la policía local llevaron preso a su líder Félix. A cambio de la libertad, lo invitaron a firmar un papel en el que reconocía la posesión de los terrenos al clan Celía. La Universidad de Formosa no se queda atrás: comenzó la construcción del edificio de su pretendido Instituto Universitario Agropecuario, contratando topadoras para que accionen el terreno que corresponde a La Primavera – supuestamente fue Celía quien donó estos terrenos a la Universidad-. También los qom se quejan de los miembros del Parque Nacional del Río Pilcomayo, de quienes dicen no recibir trato de “buenos amigos”. El gobernador, el personaje llamado Gildo Insfrán, que vive tan solo a 2km de la comunidad, fue quien cedió al parque tierras que están bajo la órbita de la gente de La Primavera.

La convocatoria fue a las 15hs, en el lujoso hotel Savoy, a pocas cuadras del Congreso. La sala que en primer lugar se dispuso para la conferencia quedó escasa: era más chica que un aula de colegio. Una ilustración: en menos de un minuto se me vinieron encima los cuerpos del gigante Luis D’Elía y de la periodista Sandra Russo. Media hora antes del comienzo, la densidad de población en el recinto ya era mayor a la soportable, y el aire acondicionado perdía la gaseosa batalla con los vapores personales. La gente insultaba por lo bajo. Los organizadores, piadosos -que al parecer no habían supuesto que este asunto podría ser de gran convocatoria-, propusieron la movilización a una sala más espaciosa.

La llegada de Félix Díaz fue el primer momento de conmoción en la tarde: saludando a sus compañeros, emocionado, se abrió paso entre la pescadería humana y llegó finalmente a la mesa que lo esperaba para que cante lo que tenía que decir. Sonaban cuernos, maracas, gritos, se agitaban banderas. Los fotógrafos hacían su trabajo y la gente los increpaba. Una señora indígena, gravemente indignada, gritaba: “¡Ahora les interesa!” y otra: “¡Tiene que haber muertes para que vengan!” y una que se sumaba al alboroto: “¡Saquen fotos en los pueblos, basuras!”. Mis ojos no pudieron reconocerlo, pero por la voz, creo que fue el atrevido periodista de TN quien gritó a voz pelada: “¡Siempre nos interesa!”. Y algunos lo miraron como para comérselo ahí nomás, como dicta la receta oriental: bien crudo. Hubo una breve ebullición, vía parlantes rogaron repetidas veces por algo de calma y los ánimos descendieron unos grados. En la mesa estaban el periodista Horacio Verbitsky, en su calidad de presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), el actor Claudio Morgado, director del Inadi, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. El asunto estaba tenso, pero llegó la voz de Díaz y todos parecieron caer desarmados. Su gola, que estaba cortada, angustiosa, muy cansada, puso las cosas en orden: comenzó la conferencia con unos comentarios en su idioma. Después, arrancó: “Me asusta estar en medio de estos impresionantes comunicadores, porque mi mundo es otro, relacionado con la Tierra, el bosque, los pájaros.” Esas palabras, dichas en una sala de conferencias pensada para que hombres trajeados se ocupen de sus golosinas, no tuvieron un buen asiento en la atmósfera. Con todo, el efecto era casi mágico, si uno cerraba los ojos. Félix recordaba La Primavera con poderosa nostalgia y hacía solo unas pocas horas que la había abandonado. “Contrataban civiles para robarnos las pocas cosas que teníamos. Ni siquiera el Defensor del Pueblo se interesó.”

Comenzaron los encuentros cuando tres criollos –sí, la familia Celía- aparecieron denunciando que los tobas habían cortado el alambre de púas de un “terreno privado”. Por ese gran delito se hicieron presentes 18 efectivos de la policía, que presenciaron, sin mucho asombro, como dos de los Celía –el tercero era el abogado de la familia, profesional de alta gama con gran reputación- montados a caballo, apuntaban a Félix con un revólver. Ensayaron unos tiros. Y Félix: “Yo para defenderme saqué una hondita que usaba para cazar cuando era chico.” Salió ileso.

Recapitulando, los qom, luego de agotar por varios años las instancias legales –en las que tuvieron que instruirse porque no conseguían abogados que enfrenten al poder provincial- para impedir el despojo de su tierra, sin obtener respuestas, ninguneados, hartos de esquivos, el día 27 de julio optaron por cortar la ruta 86, que linda con su paraje. “Salimos a la ruta sin ningún plan, sin ninguna estrategia. Estábamos seguros de que el gobierno no permitiría criminalizar la manifestación” dijo hoy Félix Díaz. En su buena fe se equivocaba: las autoridades de Formosa, agobiadas por asuntos de importancia para la prosperidad de su territorio demoraron cuatro meses en atender los reclamos de la Comunidad Primavera, pero finalmente - con todo el lujo que se le podría exigir a una administración provincial- enviaron a la ruta quinientos embajadores engalanados de azul marino, con estrellas doradas sobre el pecho y para no escatimar ni un poco tan notable ceremonia se empeñaron en adornar su comitiva con un lindísimo desfile de caballos falopeados, en anticiparse a los festejos de fin de año con bombas de gases lacrimógenos y en clausurar el evento con un campeonato de una disciplina histórica, meritoria del orgullo nacional: tiro al negro. Esos embajadores eran en realidad del grupo “antimotines” de las fuerzas del orden de la provincia. El motín era una intriga planeada por un sedicioso grupo de hombres, mujeres, niños y ancianos que se manifestaban pacíficamente para conservar aquello que les dio la vida. Así comenzó todo según el recuerdo de Díaz: “El comisario a cargo del operativo me encaró y me dijo: ‘si querés seguir con vida, salí de la ruta’. Le pregunté si tenía la orden judicial para el desalojo y me respondió: ‘Vengo a cumplir órdenes y vos no me vas a detener, indio de mierda’. Ahí entonces desenfundó el arma, empezó a cargarla y gritó: ‘¡A este indio hay que matarlo!’.

Presionado por sus compañeros que aseguraban en medio de los balazos “la lucha tiene que continuar”, Félix huyó mientras oía que a sus espaldas los policías gritaban “¡A ese mátenlo!” Ahora, en un salón sobrecargado en la capital del país, recuerda: “El 23, a la hora 19, era un día lluvioso, resbaladizo. Nadie sabía de los otros.” Su derrotero lo llevó a caer desmayado en el monte. Una hora estuvo tirado, inconciente, hasta que lo encontraron los jóvenes.

Con los tobas dispersos y atemorizados, el grupo policial, ávido de mostrar sus dominios místicos practicó con las posesiones de los qom un rito particular por medio del cual ofrendó sus casas, sus documentos de identidad, y sus bicicletas –entre otros homenajes- al dios fuego. Por eso, cuando en el atardecer del 23 de noviembre Félix Díaz se despertó, las primeras imágenes que capturaron sus ojos fueron negras cortinas de humo: el signo le bastó para saber. Después, eran sus oídos los que no querían creer cuando le dijeron, recién salido Félix del desmayo: “A tu esposa la metieron presa”.

Entre los otros presos había nenes, mujeres embarazadas, y el trato que les daban era mantenerlos con grilletes y tirarles con agua caliente para que no se durmieran. El resultado de la emboscada fueron dos personas asesinadas: Roberto López, de 53 años de edad. El otro, un agente de policía, Heber Falcón, quien presuntamente falleció por una bala perdida de sus propios compañeros. Samuel Garcete, de la comunidad, está internado desde ese mismo día en un hospital de Formosa, en estado de coma farmacológico. El viernes pasado llamaron a Félix a declarar por la muerte del policía. Por estas horas, en Formosa, el juez Gabriel Garzón busca en los qom a las responsables de los hechos.

En esta historia hay dos repeticiones documentadas. La primera -noticia no muy sorprendente- es que la comunidad qom ya sufrió asesinatos causados por balas de la policía de Formosa y por eso se habla de un plan sistemático, siempre premeditado. Los asesinatos, recordados como la Masacre de Napalpí de 1924, son relatados por Darío Aranda en su reciente libro Argentina Originaria:

“Fue el 19 de Julio de 1924 a las 9 de la mañana. La policía rodeó la Reducción Aborígen de Napalí, de las etnias Qom y Mocovi, y durante 45 minutos fatigaron los fusiles. No perdonaron a los ancianos, a las mujeres ni a los niños. A todos los mataron. Para exhibirlos como trofeos de guerra en Quitilipi, una localidad cercana, cortaron orejas, testículos y penes.

Los asesinados fueron más de 200 aborígenes que se negaban a seguir siendo explotados del modo más vil, que reclamaban un pago más justo por cosechar el algodón de los grandes terratenientes. Para justificar la matanza, la versión oficial esgrimió: `Sublevación indigena`. En aquel tiempo, mientras se masacraba a los obreros en la Patagonia, en el norte argentino solía hablarse de rebeliones aborígenes para justificar el asesinato de los pobladores originarios que se resisitían a ser devorados por un mercado de trabajo que exprimía sus vidas.

Mientras denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes, los ingenios de Salta y Jujuy ofrecieron mejor paga. Hacia allá intentaron ir, pero el gobernador Centeno les prohibió abandonar el Chaco. Y en julio de 1924 los pobladores originarios toba y mocoví de la Reducción Aborígen de Napalpí, a 120 kilómetros de Resistencia, se declararon en huelga.

La única opción para el indígena era seguir cosechando el algodón ajeno a cambio de un pago mísero. Y se resistió.

El 18 de julio, con la excusa de un supuesto malón indígena, Centeno dio la orden. El 19 de Julio por la mañana 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hacia Napalpí. Después de 45 minutos de descargar los Winchester y los Máuser contra todo lo que se movía, el silencio se hizo audible. Entre la humareda de los fusiles buscaron a los sobrevivientes para rematarlos a machetazos.” (págs 46, 47, libro citado. Publicado por lavaca editora)

La segunda repetición es el viaje. En 1939 el Cacique de la comunidad llamado Trifón Sanabria decidió viajar a Buenos Aires. Sin mucho dinero, la comunidad le otorgó todo lo recolectado (”mariscar” es la palabra que utilizan para esa actividad) para que Trifón lo venda en Formosa capital y consiga el dinero necesario para la epopeya. Viajó en barco, junto con dos o tres compañeros. Ya en Buenos Aires -historia misteriosa- consiguió una entrevista con el presidente. Un año después un decreto nacional los hacía poseedores a los qom de las hectáreas que hasta ahora ocupan y que hoy están en peligro.

Esto dijo el cacique toba, promediando su racconto: “No quiero ser tomado como un héroe o como una persona importante. Quiero que mi gente viva con dignidad. Ojalá que puedan entender mi mensaje.”

Luego del relato de Félix, tomó la palabra Julio Montero, de Amnistía Internacional. Por último, cerró la charla Pérez Esquivel, quien –en un efusivo y festejado discurso- llamó a no quedarse solo en la queja, a pedir la renuncia del gobernador, la destitución del comisario y los policías que participaron en el operativo, y a procesarlos por crímenes de lesa humanidad.

Desde agosto del 2009 los tobas de La Primavera manejan su propio portal: comunidadlaprimavera.blogspot.com

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Argentina: La justicia penal no visibiliza a la violencia de género

Sandra Chaher (ARTEMISA)

'Se sigue viendo al hombre como el propietario proveedor de la mujer y los hijos, a los que puede usar, abusar y destruir. Esto subyace en toda la sociedad, sino este tipo de sentencias serían impensables' señaló Stella Maris Martínez –titular de la Defensoría de la Nación- durante la presentación, la pasada semana, de la investigación Discriminación de género en las decisiones judiciales: Justicia penal y violencia de género, realizada por un numeroso equipo de mujeres y varones que integran la Defensoría.

La importancia de la investigación estuvo avalada por la presencia de un numeroso panel de expertas y autoridades en el tema: las dos juezas mujeres que integran la Corte Suprema de Justicia –Carmen Argibay y Elena Highton-, la legisladora por la Ciudad Diana Maffia, y Susana Chiarotti –Directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo INSGENAR-.

La presentación de Stella Maris Martínez se inició con un análisis de cómo los medios tratan los temas de violencia de género, para concluir que la mirada androcéntrica que los caracteriza también es parte de la forma en que el sistema penal aborda el procesamiento de las causas, sin investigar en la vida privada y considerando delito sólo a aquellos que suceden en la vida pública y perpetrados por extraños. Sin embargo, el mayor lugar de inseguridad para las mujeres no es la calle sino su propia casa, donde la justicia se resiste a intervenir y los medios a relevar.

Discriminación, prejuzgamiento y mala praxis

La investigación -basada en el análisis de causas, resoluciones judiciales, sentencias y expediente iniciados en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema- dio como resultado: falta de seriedad en las investigaciones sobre hechos de violencia de género; prejuicios y estereotipos de género presentes en la valoración de las pruebas recolectadas; y frecuente vulneración de los derechos de las víctimas durante la tramitación del proceso.

Estas falencias son consecuencia de malas prácticas, y no de ausencia de normas que permitan un buen trabajo. Se señala en el informe: 'Pese a los avances obtenidos en la consagración normativa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los operadores jurídicos aún no reconocen en forma debida que la violencia de género es una vulneración específica de los derechos humanos de las mujeres, a pesar de la magnitud y gravedad del problema'.

En relación a la reticencia del sistema penal para procesar las denuncias de violencia de género, Martínez mencionó el caso del sobreseimiento de un joven acusado de haber violado a su hermana de 13 años por la madre de ambos. Los fundamentos del sobreseimiento se refirieron a la necesidad de evitar la revictimización de la niña y las consecuencias que el proceso penal generaría 'en el disfuncional vínculo familiar'. En otros casos, se dictó el sobreseimiento del acusado alegando que la víctima no había probado ciertos extremos de su denuncia, cuando la investigación debía haber sido hecha por el sistema penal y no trasladar la responsabilidad de la misma a la víctima.

Ahora bien, cuando sí había pruebas suficientes en el expediente, la investigación detectó falta de exhaustividad para valorarlas. Uno de los casos fue el de un abuso sexual y lesiones, cometido por la ex pareja, en el que el Tribunal concluyó que no estaba probado si el acusado obligó a la mujer a desvestirse o si ella lo hizo voluntariamente, ya que no había testigos. De esta forma, se señala en la investigación, 'perdieron valor otras pruebas que, consideradas de modo integral, llevaban a una conclusión contraria; por ejemplo, las lesiones acreditadas de la víctima, el testimonio de testigos que apoyaban la versión de la denunciante, el historial de violencia previa y el hecho de que ella quería concluir con esa relación conflictiva'.

Y en otros casos, directamente no fueron tenidas en cuenta las pruebas de las víctimas. Fue el caso de la muerte de una joven por un golpe en la cabeza, en que el cuerpo estaba lleno de moretones, a medio vestir y con la ropa interior destrozada. Sin embargo, el tribunal 'creyó' la explicación ofrecida por el acusado, según el cual, para defenderse, le dio a la mujer un par de cachetadas y la empujó, y al caer se golpeó la cabeza. El Tribunal decidió no investigar.

Estereotipos sexistas

Se señala en la investigación que en la mayoría de los casos en los que aparecieron problemas con la valoración de la prueba, se debió a los estereotipos sexistas con los que se manejan los integrantes del Poder Judicial.

Estos estereotipos oscilaron entre no creer a las víctimas (mujer mendaz, instrumental o fabuladora), y por otro lado, castigarlas por apartarse del rol social asignado (mujer honesta y co-responsable), o de lo que se espera de una víctima 'real' de violencia de género.

Las mujeres mendaces serían las que mienten cuando describen una situación de abuso o violencia; las fabuladoras exagerarían los hechos; y las instrumentales crearían falsas denuncias para obtener algún beneficio. En relación al estereotipo de mujer honesta, el sistema penal investigó el pasado de muchas víctimas para detectar si las conductas sexuales previas al incidente denunciado ameritaban la protección de una 'mujer honesta'. Otra forma de responsabilizar a las mujeres fue considerar a las agresiones como parte de un conflicto de pareja en el que la mujer tuvo responsabilidad.

La investigación detectó por último situaciones de maltrato institucional hacia la víctima e inversión de la carga de la prueba. Esto sucedió, por ejemplo, con mujeres y niñas sometidas a análisis intrusivos sobre cuestiones que no formaban parte del hecho investigado. Por ejemplo, una niña a la que se le hizo una revisión vaginal cuando ella había denunciado ser abusada por vía anal; o el sometimiento a un careo con el acusado a una mujer que denunció una violación, y que además había solicitado no declarar en su presencia.

Como conclusión, se señala en el informe que 'tanto el derecho penal como la justicia penal otorgan a las mujeres víctimas de violencia de género un tratamiento distinto al que brindan a otras víctimas. Este trato diferenciado implica una discriminación, que asegura la impunidad de estos crímenes y propende a su perpetuación'. Y se destaca la importancia del compromiso de toda la sociedad, 'porque una sociedad que permite o tolera que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, puedan ser golpeadas, humilladas, violadas, asesinadas o maltratadas de cualquier forma, es una sociedad que discrimina. Y dejar de vivir en una sociedad que discrimina, es responsabilidad de todos'.

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Argentina: Por otra Ley de Riesgos del Trabajo

Eduardo Ahamendaburu (ACTA)

La Presidente de la Nación Cristina Fernández al señalar que hay que terminar con “la industria del juicio” en su discurso el 29 de noviembre en el cierre del Congreso de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), se asemejó peligrosamente al ex ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa y a Osvaldo Giordano.

Giordano fue el primer Superintendente de Riesgos del Trabajo y actual titular de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Junto a Caro Figueroa, con ese mismo discurso fueron la cara más visible de la flexibilización laboral durante la nefasta década menemista.

De esta forma la Presidente no sólo concitó el entusiasmo de la cúpula empresaria encabezada por la UIA, haciéndose eco de su histórico reclamo, sino que además, al hacer referencia a las indemnizaciones por accidentes y enfermedades de origen laboral y afirmar que “los empresarios deben tener certeza de cuánto les va a costar esa siniestralidad”; incluye groseramente la vida y la salud de los trabajadores en la ecuación costo-beneficio.

No cabe duda que hay que abordar el debate de una nueva Ley que reemplace la actual de Riesgos del Trabajo Nº 24557, prohijada dentro del paquete flexibilizadar de los noventa y tachada de inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero no es precisamente desde el enfoque presidencial que pone en el centro la ganancia empresaria, sino desde el objetivo de plasmar el marco legal que impulse políticas de prevención, que son sólo efectivas como lo dicta la experiencia internacional, cuando se garantiza la participación de los trabajadores en un marco de la libertad y democracia sindical.

Por lo expresado, reinvindicamos las Conclusiones del Encuentro de Trabajadores por la Salud Laboral celebrado los días 6 y 7 de noviembre de 2009, en la ciudad de Paraná, durante el cual reafirmamos el camino trazado en las reuniones del Consejo Consultivo Nacional de Salud Laboral de la CTA y la necesidad de redoblar esfuerzos para que tome estado parlamentario el ”Proyecto de Ley de prevención de los riesgos laborales y reparación de daños e incapacidades derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales” presentado en el año 2006 en el Congreso de la Nación, acompañado por una delegación de nuestra Central y enriquecido por el aporte colectivo de los trabajadores.

En las conclusiones afirmábamos: "El Poder Ejecutivo de la Nación ha sancionado el Decreto 1694/09, por el cual se incrementan las prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo, con el único y explicitado objetivo por parte de las autoridades laborales de “disminuir la litigiosidad”.

Este Decreto, no es otra cosa que la consecuencia de la falta de acuerdo, explicitada en la fundamentación del Decreto 1694/09, en el seno del Comité Consultivo Nacional de la Ley Riesgos del Trabajo, convocado por Resolución (MTEySS) Nº 729/09 de agosto de este año y por el cual se solicita a la C.G.T. y a las organizaciones empresariales la designación de sus representantes.

Esta entente debía alumbrar un nuevo marco normativo en reemplazo de la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo, tocada bajo la línea de flotación por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos “Castillo, Angel Santos c/Cerámica Alberdi S.A.", “Milone, Juan Antonio c/Asociart S.A.” y “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.”, por considerar anticonstitucionales disposiciones medulares de la mencionada Ley.

No nos extraña, entonces, que nuestra Central haya sido excluida de estas discusiones, y que se perfile la maniobra de “cambiar algo, para que nada cambie”. Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, se menciona a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), verdaderas protagonistas del fracaso del sistema, como actoras del nuevo instrumento legal; es mas, son interlocutoras privilegiadas junto a la UIA y la CGT. Asimismo, porque éstas desde la cámara empresaria que las agrupa, vienen desarrollando una falaz campaña por los medios de comunicación, intentando mostrar como éxitos, lo que a todas luces fue un fracaso.

La simple existencia de estas entidades de orden privado, ligadas al capital financiero y piedra angular del sistema surgido como parte del paquete de flexibilización y precariedad laboral de los años 90, presupone una inversión de los principios rectores del derecho laboral; a saber, la protección de los más débiles en la relación entre empleadores y trabajadores. El actual sistema de riesgos de trabajo y los “parches” que se le hacen, por ser letra muerta y al sólo efecto enunciativo, las políticas de carácter preventivo y sin ninguna eficacia; muestran su verdadera cara, que es la de garantizar el lucro de la patronales.

Por supuesto, que éstas se cuidan muy bien de explicitar estos objetivos y argumentan que la prevención y la inmediatez de sus prestaciones son su principal función. Estos argumentos colisionan con estadísticas (parciales por omisión de denuncias y porque el sistema sólo atiende al trabajo registrado) que nos hablan de un incremento de la siniestralidad.

En segundo lugar, el sistema vigente y el que se está pergeñando excluye la participación de los trabajadores, como única forma eficaz de cualquier política de prevención, tal como dicta la experiencia internacional, los Convenios y Recomendaciones de la OIT; en particular El Programa Internacional para el mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (PIACT), el Convenio 1553 y la Resolución Nº 1644. Asimismo se hace caso omiso de las Directrices del MERCOSUR en la materia y los nuevos derechos y garantías de la reforma constitucional de 1994.

De esta forma, el Gobierno Nacional vuelve a borrar con el codo lo que suscribe con la mano y se intenta consagrar una formalidad en la participación de los trabajadores, en un contexto de falta de libertad sindical.

Con esto se allana el camino a los gremios cegetistas, que pretenden engrosar la tajada que ya perciben en el negocio de los seguros del trabajo ó de los grupos empresarios que pretenden darle a las ARTs forma de mútuas, copiando nuevamente sistemas que en otros países han fracasado.

La persistencia del sistema aggiornado sólo beneficia al sector empresario enriquecido en estos años, no dispuesto a distribuir la renta, y sí a descargar su propia “crisis” sobre los trabajadores, denigrando aún más los salarios y las condiciones de trabajo y a una dirigencia sindical distraída, cuando no cómplice de las políticas patronales, que avala despidos, suspensiones y rebaja de salarios, con la consecuente degradación de las condiciones de trabajo y las consecuencias que provocan y provocarán sobre el futuro y la salud de los trabajadores y sus familias.

Es necesario discutir un nuevo sistema que contemple primordialmente la prevención, con la defensa de la integridad psicofísica de los trabajadores como eje y no en la ganancia empresaria; eliminando la figura de las ART, o cualquier forma o nombre que pudieran adoptar en el futuro, manteniéndose en el orden del derecho privado. Una política en este sentido, debe contemplar en primer lugar una eficaz política preventiva, que permita eliminar el riesgo en su origen y que no depositen en el trabajador la responsabilidad bajo el eufemismo de “hábitos de trabajo seguros”. Y esto no es posible sin la participación de los trabajadores en Comités Mixtos y la instauración de la figura del Delegado de Prevención.

Para ello, es necesaria la democratización de las organizaciones de trabajadores mediante la vigencia plena de la libertad sindical y la protección mediante fueros de los trabajadores electos para estas funciones; favoreciendo así que la lucha por la salud y por las condiciones y medio ambiente de trabajo, sean parte integral e inescindible de la estrategia de las organizaciones sindicales.

Asimismo, requiere un fortalecimiento del papel del Estado; tanto en lo que hace a la recuperación del papel de policía del trabajo; como en la articulación de una política integral y universal de salud de los trabajadores (estén o no registrados y con cualquier característica que asuma el trabajo), que garantice la inmediatez de las prestaciones que le sean requeridas con cargo a la patronal que la genere (ya sea ésta privada ó pública), garantizando los derechos establecidos por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que tornan en responsabilidad ineludible e indelegable por parte del Estado Nacional, el garantizar todos los derechos de la Seguridad Social.

Reafirmamos el camino trazado en las reuniones del Consejo Consultivo Nacional de Salud Laboral de la CTA y la necesidad de redoblar esfuerzos para que tome estado parlamentario el ”Proyecto de Ley de prevención de los riesgos laborales y reparación de daños e incapacidades derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales” presentado en el año 2006, acompañado por una delegación de nuestra Central en el Congreso de la Nación y enriquecido por el aporte colectivo de los trabajadores. Por todo lo expresado, ponemos a consideración de la Mesa Nacional, la urgente necesidad de un gran debate que posibilite la formulación de un Plan de Acción Nacional que abogue por la derogación lisa y llana del actual sistema de riesgos del trabajo y la promulgación de un sistema de prevención, que reconozca a la participación de los trabajadores como instancia ineludible para su eficacia, reafirmando el principio de autonomía de la Central de Trabajadores de la Argentina".

Eduardo Ahamendaburu es Presidente del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA) de la CTA Córdoba.

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Organizaciones Indígenas piden la intervención a la provincia de Formosa

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios repudia el asesinato cometido contra el Pueblo Qom durante la violenta represión en el corte de la ruta 86 en Laguna Blanca.

En un comunicado enviado dicen: "Responsabilizamos al gobierno de la provincia de Formosa por la represión, asesinatos, y encarcelamiento de hermanos, hermanas y menores de edad, como también por la desidia y el continuo avasallamiento de los derechos humanos de los Pueblos Originarios en esa provincia.

El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) ha tomado como objetivo instalar una nueva política de relación con el Estado para la construcción de una Argentina Intercultural. Nos hemos propuesto como Pueblos que sean nuestras organizaciones territoriales los sujetos políticos de esta construcción y de esta interrelación con el propósito y compromiso de descolonizar el Estado, porque creemos que un estado con justicia social, distribución de la riqueza y de la tierra no puede ser al mismo tiempo un estado colonialista.

Por esto apoyamos las iniciativas de profundizar en el revisionismo histórico que saque a los Pueblos Originarios de la Prehistoria y la Antropología y se nos restituya el derecho como sujetos a ser parte de la Historia, porque sólo en el presente histórico pueden comprenderse nuestros reclamos y propuestas.

Este objetivo de construcción de una nueva relación de respeto y reconocimiento nos pone de frente a dos temas a debatir en el contexto latinoamericano y en la Argentina en particular, que son el carácter plurinacional de los estados en la región y por otro la permanencia de la derecha colonialista y racista que se ha enquistado en “feudos” gobiernos provinciales que son funcionales a intereses de sojeros y terratenientes a los que el Pueblo Argentino ha rechazado en numerosas oportunidades. Estos sectores son los que impiden que se ejecute el Relevamiento Territorial y que se aplique la Ley Nº 26160 que prohíbe los desalojos de los territorios indígenas", expresa finalmente el documento enviado.

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Argentina, Chaco: “La torturaron tanto que no sé cómo vive”

Marcos Salomón (CHACO DIA POR DIA)

Así lo ironizó el ex represor e imputado en la causa, Humberto Caballero sobre la ex presa política Mirta Clara de Sala. Dijo no tener nada que ver con torturas durante la dictadura y culpó a dos de sus superiores (muertos, ambos) de lo que allí sucedía.

En su lógica –y con el asesoramiento del abogado José Oscar Gómez-, Humberto Lucio Caballero, quien era el número 2 en la Brigada de Investigaciones, declaró este martes, en el Juicio Oral por la causa por crímenes de lesa humanidad bautizada con su apellido. Caballero aceptó sólo preguntas del Tribunal Oral Federal, no de la querella ni de los fiscales. La defensa, tampoco preguntó.

Sin medias tintas ni ponerse colorado, se dijo inocente. Lamentó que se lo acuse por el sólo hecho de haber estado en la Brigada de Investigaciones. “Nunca estuve en el Área Restringida”, se justificó, pero a la vez admitió la existencia de la zona de tortura.

Tras enumerar brevemente su carrera en la Policía, Caballero se dedicó a uno de sus objetivos en particular: Mirta Clara, ex presa política y testigo en la causa. Justificó su presencia en el allanamiento a la casa de Mirta y su esposo Néstor Sala (víctima de la Masacre de Margarita Belén) a que escuchó sobre el operativo conjunto en la radio y fue hasta el domicilio del matrimonio en calidad de curioso.

Por esa banal razón, figura en el acta policial de allanamiento confeccionada por sus propios subalternos de la Brigada de Investigaciones. A partir de entonces, concentró todas sus energías en Mirta Clara.

Primero, la elogió: es una mujer “muy bien preparada, es psicóloga y tiene amplios conocimientos”. Para después arremeter: “Esta señora dice barbaridades en diez declaraciones, sabía lo que decía por el manual Montonero para declarar ante la policía y el Juzgado Federal”. Caballero remató con una infeliz ironía: “La torturaron tanto que no sé cómo vive”.

Yo no fui

Responsabilizó al jefe de la Brigada, Carlos Thomas –muerto-, al que trató de “poco culto”, lo describió como irascible de y trato muy cercano a Jorge Larrateguy, jefe del Área Militar 233, y el mandamás en el centro clandestino de detención tras el golpe de Estado de 1976.

Justamente, señaló que las condiciones en la Brigada se endurecieron tras el golpe del 24 de marzo, con rispideces entre policías y militares. “Eran autoritarios”, señaló. Alguna pregunta de la jueza Lucrecia Rojas hicieron dudar a Caballero, pero, en líneas generales pudo decir lo que quería: declararse inocentes, demonizar a los militantes de los 70 –en particular a Montoneros- y descargar responsabilidades en Thomas y Larrateguy.

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Argentina, Chaco: La querella pidió entre 15 y 25 años de prisión

Marcos Salomón (CHACO DIA POR DIA)

Lo hizo el abogado Mario Bosch, en un extenso alegato de casi 7 horas. Humberto Lucio Caballero hizo su descargo. Sólo respondió preguntas del Tribunal Oral.

La decisión de tener sentencia antes de la feria judicial de verano –y de máxima antes del 13 de diciembre-, hace que el Tribunal Oral Federal, presidido por Víctor Alonso, imprima un ritmo a base de jornadas de unas 8 horas, con cuartos intermedio como único descanso.

Esas casi ocho horas permitieron este martes que el imputado Humberto Lucio Caballero pueda declararse –en su particular tono campechano y de palabras simples- inocente de todos los cargos y descargar toda la responsabilidad en el jefe de la temida Brigada de Investigaciones, Carlos Thomas, y en los militares, básicamente en Jorge Larrateguy, a cargo del Área Militar 233 (le alcanzó 1 hora y media para todo).

Las restantes casi 7 horas las consumió el querellante Mario Bosch en su alegato. El abogado representa a familiares, víctimas y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Mientras alegaba, Bosch se quebró, para volver después con un cierre inspirado.

Pidió entre 15 y 25 años de prisión para los doce imputados (las penas más leves son para los que están imputados en un hecho) por “tormentos agravados”. A la vez que pidió se corra vista a la Fiscalía por “privación ilegítima de la libertad” y “por la violaciones a las mujeres” detenidas como presas políticas.

También pidió que se revoquen las prisiones domiciliarias (como los casos de Ramón Meza y Caballero) y la excarcelación de Ramón Gandola.

Antes de que Bosch comience su alegato, los abogados defensores José Cardozo (hijo del acusado Cardozo) y Pedro Mañanes llegaron tarde, por lo que fueron sermoneados y apercibidos por el juez Alonso, con su gesto siempre adusto.

En uno de los cuartos intermedio, durante el alegato del querellante, Mañanes pidió pasar la audiencia para el día siguiente. Alonso cortó en seco el pedido con un categórico y rotundo: “No”. Molesto, el abogado defensor pidió argumentar: “Algunos nos dedicamos a la libre profesión y necesitamos atender otros asuntos”, se quejó. A lo que el presidente del TOF, le aplicó la normativa vigente y todo siguió adelante.

Para esta semana está previsto el alegato de la Fiscalía, el lunes será el turno de los defensores. Al ritmo del juez Alonso, el proceso avanza hacia un fallo antes de la feria de verano. Aunque, hay optimismo –sobre todo en Fiscalía- de tener un veredicto antes del 13 de diciembre, aniversario de la Masacre de Margarita Belén.

Uno por uno

1) Gabino Manader: 25 años. Acusado de “Tormento Agravado”, en 25 hechos. Policía que actuó en la Brigada de Investigaciones.

2) José Francisco Rodríguez Valiente: 25 años. Acusado de “Tormento Agravado”, en 15 hechos. Policía que actuó en la Brigada de Investigaciones.

3) Humberto Lucio Caballero: 25 años. Acusado de “Tormento Agravado”,14 hechos. Policía que actuó en la Brigada de Investigaciones.

4) José Marín (alias “Cabo Sotelo”): 25 años. Acusado de “Tormento Agravado”, en 7 hechos. Policía que actuó en la Brigada de Investigaciones.

5) Ramón Esteban Meza: 25 años. Acusado de “Tormento Agravado”, en 5 hechos originalmente. Pero la querella desistió de una de las acusaciones y se espera que Fiscalía haga lo mismo, con lo que serían 4 hechos. Policía que actuó en la Brigada de Investigaciones.

6) Luis Alberto Patetta: 25 años. Acusado de “Tormento Agravado”,2 hechos. Militar que actuó en la Brigada de Investigaciones. También está imputado por su participación en la Masacre de Margarita Belén (según el Informe Final de la Legislatura chaqueña fue quien ejecutó con un disparo en la cabeza a Néstor Sala).

7) Ramón Andrés Gandola: 15 años. Acusado de “Tormento Agravado”, en 1 hecho. Policía que actuó en la Brigada de Investigaciones.

8) Enzo Breard: 15 años. Acusado de “Tormento Agravado”, en 1 hecho. Policía que actuó en la Brigada de Investigaciones.

9) José Tadeo Luis Bettolli: 25 años. Acusado de “Tormento Agravado”, en 2 hechos. Militar que actuó en la Brigada de Investigaciones.

10) Francisco Orlando Álvarez: 25 años. Acusado de “Tormento Agravado”, en 3 hechos. Policía que actuó en la alcaidía de Resistencia.

11) Rubén Héctor Roldán: 25 años. Acusado de “Tormento Agravado”, en 2 hechos. Policía que actuó en la alcaidía de Resistencia.

12) Oscar Alberto Galarza: 25 años. Acusado de “Tormento Agravado”, en tres hechos. Policía que actuó en la alcaidía de Resistencia.

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Argentina, Santa Fe: El cinismo de Marcote, el “violador oficial” del Servicio de Informaciones

REDACCION ROSARIO

El represor de la dictadura Mario “El Cura” Marcote, uno de los seis acusados de “asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas”, que están siendo juzgado en los tribunales federales de Rosario, solicitó este miércoles ampliar su declaración indagatoria a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, para contestar los dichos de una de las ex detenidas, que lo señaló como “un violador serial”. Luego de la intensa jornada de testimonios brindados el martes, en la que cuatro mujeres –sobrevivientes del centro de detención y exterminio que funcionó en el SI– coincidieron en subrayar los delitos sexuales cometidos por Marcote, el represor intentó defenderse de esa acusación y poner en contradicción una de las denuncias.

“Se ha incluido en este juicio la declaración de Stella Maris Hernández cuya declaración del año 84 fue desestimada por la Cámara. No me imputaron ese hecho y por eso no quedé detenido por la obediencia de vida que no cubría este delito”, apuntó Marcote al TOF2.

“Esa es justamente la razón por la cual las compañeras y nosotros estamos pidiendo que las violaciones sean declaradas como delitos de lesa humanidad”, explicó Nadia Schujman, abogada de la agrupación HIJOS, y agregó: “porque como dijo Stella las violaciones no fueron delitos aislados, sino una práctica sistemática”.

Marcote, que además de ser recordado como el “violador oficial” del SI, era identificado por todo los ex detenidos por su fanatismo religioso, en su ampliación de este miércoles volvió a escrachar -como lo hizo en una oportunidad anterior- a otros camaradas de cacería. “Manolo y la Bruja eran de la policía federal, de la prefectura era Caramelo y creo que Ruiz, del ejército, el Teniente Primero Caracoche. Personal uniformado del 2º cuerpo interrogaba a los detenidos, venían del 121 que también interrogaban a los detenidos” apuntó el represor.

Marcote rechazó además que los integrantes del SI hayan utilizado la violencia y remató con ironía que “la violencia que se ve en el programa Policías en acción nunca la vi en el Servicio de Informaciones, nunca forzamos una puerta sino que sólo se intimidaba la salida de las casas, por medio de un megáfono”.

Stella Hernández -quien al momento de ser secuestrada tenía 19 años y militaba en la Juventud Peronista (JP)-, había decidido relatar este martes ante los jueces un vejamen al que fue sometida y que no se juzga como delito por la prescripción de la pena. "Una noche me viene a buscar Carlitos (un represor), junto con el Cura Marcote, me llevan a una oficina donde el Cura me obliga a desnudarme y me viola. Yo sólo lloraba", contó la testigo, que en la actualidad es secretaria gremial del Sindicato de Prensa Rosario e integra el Concejo de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual.

“Estuve todo mi cautiverio sin menstruar pensando que podía estar embarazada de ese tipo. Por suerte no fue así", recordó la ex detenida.

Su testimonio coincidió con el de otras tres testigos que declararon el martes, que señalaron a Marcote como el “violador oficial” del SI. "Todos supimos que el Cura Marcote era un violador serial, y que cumplía con ese rol", agregó la testigo en su declaración.

Otro testimoio

Máximo Mur fue detenido por la patota de Feced el 20 de Enero del 77´, era militante de la Juventud Peronista en su pueblo, San Gerónimo Sur y empleado de la fábrica textil Estexa. “Trabajaba en el turno mañana, de 6 a 14, viajaba en trenes y desde mi localidad, tenía 12 minutos desde Estexa hasta Alberdi” recordó en su declaración de este miércoles ante el Tribunal Federal de Rosario que juzga a la patota de la dictadura que operó en el Servicio de Informaciones de la policia.

“Ese día cuando -contó Mur- salgo, casi me llevo por delante un Fálcon, no recuerdo color, le digo «no me ves q estoy cruzando». Me dice «vení boludo, vamos que te llevo». Digo que «hacés Daniel». Ahí me dice que me viene a buscar porque hay un problema. «Vos estas marcado como montonero, vamos para la Jefatura y lo arreglamos», me dice”.

Mur continuó su relato: “A la altura de crucé Alberdi, se acerca un Peugeot y le dicen «¿que pasa Laucha?». Llegamos a Jefatura, me dice agachate que si los montos te ven te van a batir, me tapo con una remera. Yo tenía la plata de la quincena, la cadenita con crucifijo regalo de mi padre y un reloj. Desapareció, nunca más lo vi. Daniel Calvagna, fue compañero mío en un bar de Corrientes y Jujuy, durante 6 años. Supuestamente había sido desertor de la colimba”.

“Cuando salgo del auto -prosiguió el testigo- me pegan con algo en la cabeza, no se bien donde me llevan, me esposan y vendan. Yo tenía 23 años, me hablaba uno, me dice «no des tu nombre», no sabía quien estaba al lado mío, estaba tirado. Me hacen bajar unas escaleras vendado, me toman declaraciones, me hacen preguntas, si yo maté a Sánchez, John Kennedy, si puse una bomba en el lugar donde trabajaba, me picaneaban, me cachetaban. Me vuelven a llevar arriba, me bajan y me preguntan por 2 o 3 compañeros de Estexa, eran 1200 obreros, yo trabajaba en una sección de 12 personas”.

Muro recordó que en el SI “escuchó torturas”, y conoció “a personas por levantar un poquito la venda”. Así se enteró que estaba en la Favela. “Abajo había un montón de gente detenida”, agregó.

“En la Favela estuve 5 ó 6 días y 6 días, en el subsuelo no tenía venda. Ahí había bastante gente, hablé con un muchacho que era Ingeniero, no sé si habían matado a la hermana o la tía, la habían tirado. Conocí a un médico cirujano, le decían Elías, estaba con guardapolvo verde, trabajaba en el Unione e Benevolenza, cobró como en la guerra” rememoró el testigo, que apuntó algunos nombres de represores como el “Ciego”, Managüa, Kunfú y el Cura.

“Una día traen a una persona de Villa Gdor Gálvez -indicó el sobreviviente-, estaba muy lastimada, en el subsuelo había como una piecita donde dormían mujeres, nosotros dormíamos tirados en el piso en una habitación más grande. Trajeron a una mujer que estaba muy mal, le habían introducido un fierro en el ano, «se va a morir desangrado» me dijo Elías”.

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Argentina, Santa Fe: Del frigorífico a la carnicería

Juane Basso (REDACCION ROSARIO)

Los relatos de los sobrevivientes del centro clandestino de detención que se montó durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de policía de Rosario, se ensamblan como piezas de un rompecabezas. En la medida que el puzzle del terror que se vivió en el SI se completa, reconstruye la imagen integral de lo que fue aquel infierno, permite ver los contextos, y así explicar sus porqués y sus cómo. Los testimonios de este miércoles brindados en el juicio a la patota de Feced, en especial los de la familia Marciani -tres obreras que trabajaban en los frigoríficos Swift y C.A.P-, dieron cuenta de la crueldad sin límites de los torturadores -las tres estaban embarazadas, parieron en el SI y una murió junto a su bebé-, y del objetivo político-militar del genocidio -domesticar al cuerpo social, en especial a la clase trabajadora, y aniquilar su capacidad de organización-.

Las hermanas Teresita y Gladys Marciani, y la sobrina de ellas, Gladys Noemí Gómez, relataron este miércoles cómo toda la familia fue secuestrada durante la última dictadura y dieron testimonio de las torturas que recibieron en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía local, en el marco del juicio oral y público por la causa Díaz Bessone. Además, prestó testimonio ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario Eduardo Benito Márquez, esposo de Teresita Marciani, quien también padeció cárcel y torturas en el mismo centro de reclusión.

Los testigos dieron cuenta del fallecimiento durante su cautiverio de la tercera hermana Marciani, Luisa Alba, quien murió en la asistencia pública cuando fue trasladada para el parto. Las tres hermanas Marciani estaban embarazadas cuando fueron secuestradas, el 31 de enero de 1977, y dos de ellas parieron estando en cautiverio, mientras que la tercera falleció "por falta de atención".

En este juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones policial, están imputados el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini; y el civil Ricardo Miguel Chomicky.

"Yo fui detenida el 31 de enero de 1977 en la asistencia pública, estaba con mi marido (Eduardo Benito Márquez) y mi hermana Gladys y mi cuñado (Juan José) Casco", contó Teresita Marciani, que en ese momento era trabajadora del frigorífico Swift, en la zona sur de Rosario, al igual que sus hermanas.

"Primero la van a buscar a mi hermana Luisa y se llevan a mi cuñado, y de ahí van a mi casa y lo llevan de rehén a mi cuñado Ramón Márquez, quien les dice que nosotros nos encontrábamos en la asistencia pública", testimonió.

"Estábamos ahí haciendo trámites para casarnos, salimos y hay un hombre que nos dice que tenemos que acompañarlos, nos pregunta si somos Marciani, ponen en un auto a mi marido, y nos llevan a Jefatura de Policía", relató.

"Yo estaba de 8 meses embarazada, subimos una escalerita, nos vendan los ojos y nos tiran como una bolsa de papas. Estaba toda mi familia, de ahí empiezan a llamar a mi marido que fue torturado alevosamente", agregó la testigo.

Contó que su hermana Gladys, embarazada de 5 meses, también fue torturada, "y mi sobrina (Gladys Gómez) también". Teresita dijo que "la nena (por Gladys, que tenía 22 años) fue violada por un tal Jorgito".

Identificó también a otras detenidas en el SI: "estaban María del Carmen Sillate, Stella Hernández y Nely Sánches, que después fueron pasadas a la Alcaidía de Mujeres".

Recordó que las tres hermanas estaban "embarazadas, la más avanzada era Tita (Luisa), quien más o menos el 11 de marzo empieza a perder una sangre oscura".

Entonces, dijo, llamaron "a las celadoras, deciden internarla y al otro día nos dicen que mi hermana falleció y el nene también, por falta de atención, porque ahí en el SI nunca la atendieron". Contó que "a la semana me internan a mí en la asistencia pública por Eduardito, mi hijo, y yo no sabía qué fecha tenia para tener familia. Me ponen suero y el 25 de marzo nace el nene, todo el tiempo estuve esposada y con la policía adelante".

Por su parte, su marido Eduardo Márquez, secuestrado el mismo día, contó: "Me llevaron adonde después supe que era la Jefatura, cuando llegué me sacaron la capucha y me pusieron una goma en la cabeza que me hacía doler y no me la sacaban".

"Me robaron un reloj -continuó- me tuvieron parado y después me llevaron a una sala, me desnudaron, me metieron en una camilla de fierro y me torturaron, me picanearon por todos lados". Márquez contó que como consecuencia de la picana eléctrica le dejaron "inutilizadas las dos manos y siempre vendado me metieron en una sala que le decían la Favela, me tuvieron ahí torturándome psicológicamente porque me decían que me iban a tirar atado con alambre al río".

En tanto, Gladys Teresa Gómez relató ante el tribunal que una vez secuestrada en el SI con el resto de su familia, "me llevan a una salita, me ponen como en una camilla, me atan las manos, me torturan y me preguntan si era de alguna organización montonera".

"Les dije que no sabía qué era eso. Me dejan en el lugar, donde estaba tirada", agregó la mujer que al momento de ser secuestrada tenía 22 años, y cuya madre murió en cautiverio por "falta de atención" de su embarazo.

"En el sótano me encuentro con mi madre, padre y tías, estaban embarazadas las dos, tipo 7 meses", recordó Gómez. Respecto de las torturas dijo que recibió "picana, golpes de puño en el abdomen, y torturas psicológicas". Entre los nombres que actuaban en el SI mencionó durante su testimonio a los represores "el Ciego (Lofiego), el Cura (Marcote)", y a los colaboradores "Pollo (José Baravalle) y Victoria (alias de Nilda Folch)".

Por último fue el turno de Gladys Marciani, quien testimonió que durante los interrogatorios en el SI le preguntaban "por nombres o si teníamos hermanos subversivos".

Agregó que "esos interrogatorios eran con golpes y picana, pero a mí no tanto porque estaba embarazada".

Recordó que su sobrina Gladys Gómez "estaba toda lastimada" y que "después de torturarnos nos llevaban al mismo pasillo, todos en el suelo tirados, y yo estaba de tres meses (embarazada), nos pisaban los que pasaban con armas y nos pateaban".

También contó que su hermana Luisa "estaba muy dolida, esperando su bebé, no tenía buena atención médica y falleció".

"Con el tiempo nos llevaron a Devoto, ya había nacido mi hijo", dijo después. Recordó que su otra hermana, Teresita, "también estaba embarazada, su bebe nació en marzo (de 1977), estaba más avanzada, y también estaba en el sótano" del SI.

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Argentina. Blooper de polietileno: Las bolsas oxibiodegradables también están prohibidas por la ley

FUNAM

Autoridades y empresas pretenden reemplazar bolsas de polietileno convencional por bolsas de polietileno con aditivos, llamadas oxibiodegradables, ambas prohibidas por ley.

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, indicó que la Ley Provincial n° 9.696 "prohibió el uso de bolsas de polietileno a partir de los doce meses de su publicación" y que al hacerlo "prohibieron también las bolsas oxibiodegradables porque están hechas del mismo material, polietileno".

"O se cambia la ley provincial 9.696, reemplazándola por una norma que aborde integralmente el problema de los residuos sólidos urbanos, o se cambian las decisiones que se están tomado", concluyó.

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) calificó de "blooper de polietileno" la situación que se vive en la provincia de Córdoba porque la ley provincial n° 9.696 prohíbe el uso de bolsas hechas con ese plástico, y se las pretende reemplazar con bolsas oxibiodegradables que también están hechas de polietileno.

De acuerdo al Artículo 1° de la ley provincial n° 9.696 el polietileno utilizado y entregado "por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para transporte de productos o mercaderías" quedó prohibido el pasado 27 de noviembre.

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo 2004, indicó que "el exceso de improvisación y ausencia de consulta desencadenó en Córdoba un "blooper del polietileno".

Recordó que las bolsas oxibiodegradables "están hechas con polietileno al que se le agregan sales de metales, entre ellos cobalto, manganeso y plomo. El polietileno con aditivos se fragmenta más rápidamente que el polietileno sin aditivos. Pero sigue siendo polietileno, y por lo tanto, material prohibido por ley en bolsas de uso comercial".

Montenegro agregó que las bolsas oxibiodegradables de polietileno "no deben ser confundidas con las bolsas biodegradables fabricadas con polímeros del ácido poliláctico obtenidos a partir de residuos agrícolas, principalmente almidón de maíz, papa, trigo y otros cultivos". Recalcó que las bolsas oxibiodegradables "son fabricadas en cambio con polietileno y otras sustancias químicas derivadas del petróleo, es decir, una sustancia prohibida para estos usos por la ley provincial n° 9.696".

El presidente de FUNAM indicó que el polietileno "es un termoplástico sintetizado accidentalmente por el químico alemán Hans von Pechmann en 1898" y que a partir de los desarrollos químicos de Eric Fawcett, Reginald Gibson y Michael Perrin "se transformó en uno de los plásticos más usados –y más persistentes- del planeta". Consideró "prioritario" reemplazarlo por materiales "ambientalmente amigables porque el polietileno y sus diversas formas, entre ellos el tereftalato de polietileno o PET intoxican el ambiente y la biodiversidad".

Agregó que este reemplazo "debe ser hecho con leyes, mecanismos administrativos y programas bien diseñados, no con medidas espasmódicas y escasa base técnica. Córdoba no se merecía este blooper del polietleno".

FUNAM indicó que "se creyó erróneamente en Córdoba que el uso de bolsas oxibiodegradables era ambientalmente bueno, y se ignoraron, deliberadamente o no, los efectos negativos de sus aditivos y de las micropartículas de polietileno".

Montenegro volvió a repetir que la fuerte campaña publicitaria sobre uso de bolsas oxibiodegradables "alienta su mayor consumo en lugar de reducirlo. Es la bolsa consumista por excelencia. Se rompe relativamente rápido para que pueda ser reemplazada por otra bolsa del mismo tipo. Queda instalado así un negocio redituable para los fabricantes de bolsas y aditivos. Entretanto los comercios y supermercados que las regalan pueden mostrar una imagen supuestamente más verde. Pero el ambiente, ya fuertemente impactado por otros contaminantes, termina recibiendo finalmente más polietileno y grandes cantidades de aditivos metálicos".

"Lo más patético de esta historia es que las bolsas oxibiodegradables de polietileno propuestas para reemplazar a las tradicionales también están prohibidas por la ley provincial n° 9.696. O se cambia la ley –reemplazándola por una norma que enfoque integralmente el problema de los residuos sólidos urbanos- o se cambian las decisiones que se están tomado", indicó.

Abordar integralmente el problema de los residuos sólidos urbanos

"El tema de las bolsas de residuos nunca debió ser separado de un enfoque integrado de los residuos sólidos urbanos. Sigue faltando en la provincia un enfoque sólido y realista. Cada municipalidad y comuna debe hacerse cargo de sus residuos con programas integrados que demandan varias décadas de trabajo continuo. Lamentablemente la Secretaría de Ambiente insiste en sus obsoletos y dañinos vertederos controlados y nunca elaboró un programa coherente para abordar el problema de los residuos sólidos urbanos", indicó Montenegro.

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Bolivia 2010: Leyes que sentaron bases de Estado Plurinacional

Mario Hubert Garrido (PL)

El año 2010 trascenderá para Bolivia en lo político con la promulgación, entre otras, de cinco leyes llamadas orgánicas, que sentaron las bases del Estado Plurinacional y su nueva Constitución, presentada un año antes.

El proceso fue largo y no exento de obstáculos y violencia opositora y oligarca.

Desde diciembre de 2008 con la presentación de un nuevo texto constitucional, el gobierno mostró que la consistencia, el ejercicio democrático del voto y el respaldo de las organizaciones sociales, fueron sus mejores armas.

El propio presidente Evo Morales ha insistido en no pocas ocasiones que este proceso de cambio, que denominan Revolución democrática y cultural, es irreversible, no tiene marcha atrás.

Las cinco normas estructurales que entrañan la verdadera implementación de la Constitución Política del Estado, aprobada por primera vez en las urnas en enero de 2009 y sancionada un mes después, son muestra contundente de esa estrategia.

Estado autonómico

El último de esos proyectos, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la más compleja, establece el régimen subnacional de departamos, regiones, municipios y territorios indígenas originarios, algo sin precedentes en la historia del país suramericano.

Precedida por una ley transitoria que permitió la elección de las autoridades departamentales, municipales e indígenas, la norma representa el proceso de mayor desconcentración política y administrativa desde 1825, cuando se fundó Bolivia bajo un sistema centralista.

Según el titular de Autonomías, Carlos Romero, esa ley adecua a la Carta Magna los estatutos autonómicos de las tierras bajas de Bolivia, encabezadas por Santa Cruz, cuyas autoridades y líderes civiles demandaron sistemáticamente, desde 2004, la instauración de un modelo de independencia política y administrativa regional.

Romero opinó que ese proceso será un verdadero pacto social al interior de esas regiones para brindarle un gran horizonte de democracia, sostenibilidad y pluralismo a la implementación de sus autonomías.

También viabiliza la autonomía indígena en sus tres ámbitos jurisdiccionales: territorio, municipio y región.

Asimismo señaló que la ley transfiere, desde el poder central a los nueve departamentos, unas 20 competencias en las esferas de la salud, transporte, obras públicas, infraestructura, vivienda, hábitat, medio ambiente, ordenamiento territorial y planificación, entre otras.

Soberano elegirá autoridades judiciales

Otra ley proyecta y reestructura el nuevo Organo Judicial y el Tribunal Constitucional, al punto que quizás Bolivia se convierta en el primer país en el mundo que a mediados de 2011 elija en las urnas a sus administradores de justicia.

Al respecto, el presidente de la cámara baja (diputados) de Bolivia, Héctor Arce, explicó a Prensa Latina que se trata de una de las reformas más profundas e importantes en el proceso de cambio.

La ley judicial tiene entre sus virtudes, explicó, que se trabajó en el seno de diputados por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y luego se le consultó a varios sectores sociales y a otras fuerzas políticas.

Entre sus novedades, Arce subrayó que permite la creación de la Escuela de Abogados y otra institución para formar Jueces del Estado.

La nueva legislación sustentará la reorganización del sistema jurídico boliviano y su adecuación a la nueva Carta Magna del Estado Plurinacional.

También establece como principios la gratuidad, la pluralidad intercultural, la independencia, la seguridad jurídica, la idoneidad, el respeto a los derechos, la cultural de paz y la celeridad, entre otros.

De otra parte, la norma plantea la creación del Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo, el Conciliador, el Defensor del Litigante y el nombramiento de nueve magistrados, uno por cada región.

En el caso del Tribunal Constitucional (TC), la nueva ley de 163 artículos le otorga facultades para que pueda disponer y definir en los conflictos y competencias de los otros órganos de poder público y entes autonómicos.

La nueva entidad será además fuente de consulta de determinados proyectos de ley, resoluciones no judiciales y no vinculadas a procesos administrativos.

La Ley del TC prevé además atención a los conflictos de competencia entre jurisdicciones ordinarias, agroambiental y la indígena originaria campesina.

El actual Tribunal Constitucional se creó por la reforma aprobada en 1994, y operativamente empezó a funcionar en 1999.

Otras dos leyes que permiten apreciar las verdaderas transformaciones en Bolivia son las del Organo Electoral y el Régimen Electoral.

El documento establece la composición y atribuciones del futuro Organo Electoral Plurinacional (OEP) y fija las funciones del Tribunal Supremo Electoral (que sustituye a la actual Corte Nacional Electoral), los tribunales electorales departamentales, los jurados electorales y el Servicio de Registro Cívico, entre otros.

Un tema controversial quedó zanjado en las deliberaciones al acordarse que la sede del OEP es la ciudad de La Paz y no Sucre, como demandaban algunos legisladores de la oposición.

También indica la realización de un censo poblacional en 2011 para definir la cantidad de escaños uninominales y especiales (indígenas) según el número de habitantes.

Todas estas cinco leyes, promulgadas por el jefe de Estado, cerraron el más intenso y prolífico ciclo legislativo boliviano de los últimos 20 años de democracia y desde el marco de la Constitución, dio forma al Estado Plurinacional de Bolivia, en el prólogo del tratamiento de otro paquete de normas, entre ellas sobre Pensiones y el nuevo Código de Trabajo.

Legítima reelección presidencial

Para la continuidad del actual proceso de cambio en Bolivia, el vicepresidente Álvaro García explicó aquí que la Constitución Política del Estado habilita la reelección del mandatario Evo Morales.

García afirmó que para sostener las transformaciones implementadas y la lucha contra la discriminación, es indispensable que Morales pueda permanecer, por la vía democrática, en ese cargo por un período constitucional más.

La Constitución Política del Estado (2009) habilita al jefe de Estado para que pueda ir nuevamente a las urnas en el 2014 y si el pueblo así lo decide por su voto, puede volver a ser presidente por cinco años más, precisó, citado por el diario estatal Cambio.

García recordó, en entrevista concedida a la cadena BBC, del Reino Unido, que la gestión del gobierno boliviano es para favorecer a todos los sectores sociales, no sólo a los indígenas.

"Desde mi punto de vista personal, es muy importante que el presidente Evo Morales continúe este proceso, porque desmontar las estructuras de discriminación, que han prevalecido en Bolivia durante siglos, no es un tema que se logra en dos o tres años", opinó el sociólogo.

García remarcó la necesidad de acabar con la discriminación en el país, donde "hace 200 años se pensaba que los indígenas no tenían alma, hace 100 años de que eran personas con capacidades mentales limitadas, hace 50 años se planteaba que tenían que desaparecer los indios".

Los pronunciamientos de García tuvieron lugar en medio de deliberaciones sobre otra ley sancionada: la de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que este año 2010 signó a la otra Bolivia, la Plurinacional.

Mario Hubert Garrido es Corresponsal Jefe de PRENSA LATINA en Bolivia.

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