viernes, 3 de diciembre de 2010

¡Contra el homicidio del planeta y los asesinatos de campesinos en Honduras!

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Miles de campesinos apoyados por el pueblo trabajador de Tegucigalpa y su Frente Nacional de Resistencia Popular, se movilizaron hoy en la clásica caminata de la Universidad Pedagógica hasta el Congreso Nacional para reclamar un alto a los asesinatos de los campesinos organizados en el Bajo Aguán, costa norte y medidas reales para el mortal cambio climático.

Maria Paulina Bejarano, vocera de los campesinos y campesinas aglutinados en “COCOCH en Resistencia”, repudió los asesinatos de sus camaradas en el Valle de Bajo Aguán igual que exigía que el régimen de facto de Porfirio Lobo retire todas las leyes que favorecen a los terratenientes.

Foto: Honduras - María Paulina Bejarano, vocera de los campesinos y campesinas aglutinados en “COCOCH en
Resistencia”. / Autor: Dick Emanuelsson.

Otro tema fundamental para el campesinado hondureño, subraya Maria Paulina Bejarano, es el cese de las concesiones a los oligarcas y sus testaferros por que se están quedando como los nuevos dueños de los recursos naturales como los ríos, bosques para construir nuevas represas en Honduras.

Será otro golpe y un “tiro de gracia” al medio ambiente.

Por que “Campesinas y campesinos enfriamos el planeta”, que fue el lema de la movilización de hoy.



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Rafael Alegría, vocero de VÍA Campesina-Honduras: “Veinticinco campesinos han sido asesinados este año en Bajo Aguán”

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

El régimen de facto formaliza una nueva red de sapos al estilo colombiano que involucra a la población civil en la “guerra sucia”.

Mientras el ejercito y la Policía Nacional comenzaron hoy el desalojo de centenares de campesinos en el Bajo Aguán, violando flagrantemente el acuerdo entre MUCA y el régimen de facto de Porfirio Lobo, en la capital hondureña se movilizaron miles de campesinos en solidaridad con los 3500 campesinos y sus familias en el Bajo Aguan.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=JySbdg0egQM

Foto: Honduras - El terrateniente y el hombre más poderoso de Honduras, Miguel Facussé, es acusado por los
campesinos hondureños de ordenar las masacres contra los campesinos en el Valle de Bajo Aguán.
Autor: Dick Emanuelsson

El pueblo hondureño esta indignado por el terror que el estado, a través de su ejército y policía, esta cometiendo contra los humildes campesinos en la costa norte, dice Rafael Alegría que entrevistamos durante la movilización campesina y popular, hoy jueves.

Rechaza con ironía las acusaciones que primero salieron de la boca del hombre más poderoso de Honduras, Miguel Facussé, que los campesinos organizados en el Bajo Aguan serian ahora no invasores de tierra sino guerrilleros.

Esa acusación ha sido sistemáticamente copiada y publicada en el diario golpista El Heraldo que ayer, miércoles 1 de diciembre, pasó todas las barreras de descaro acusando a los campesinos ser guerrilleros entrenados en Nicaragua y que ahora incluso están violando a las campesinas de la zona.

Guerrilleros fantasmas

Bajo el cínico titulo: “Los operativos policiales y militares han comenzado a dar resultados”, resultados que el pueblo hondureño hasta ahora no ha visto, ni un solo detenido y menos un solo AKA-47 de los mil (1000) que el presidente de facto y su ministro de seguridad aseguran se encuentran allá entre los campesinos entrenados por viejos comandantes guerrilleros sandinistas en el país vecino.

Pues ahora el diario tranquiliza al pueblo, por que afirma el señor Jorge Canahuati, dueño de El Heraldo, que “Los grupos armados que sembraban el terror en El Tumbador de momento han desaparecido” pero advierte que “campesinos afirman que se trasladaron a otras fincas y siguen en posesión de las armas de alto poder”.

El Tumbador era la finca donde fueron asesinados cinco campesinos por, lo que los campesinos dicen ser “paramilitares” al servicio de Miguel Facussé.

Lo que quiere decir El Heraldo, es que hay mantener el alarma en alto, no hay que bajar la guardia por que de repente vienen “Los Guerrilleros Fantasmas” de nuevo a la zona y siembran el terror que ningún testigo con nombre y apellido ha dado su testimonio.

¿Esperando el ejército colombiano?

Foto: Honduras - Miles de campesinos y campesinas respaldados por el Frente Nacional de Resistencia Popular se
movilizaron en contra los asesinatos de los campesinos en el Bajo Aguan y en contra el calentamiento global.
Autor: Dick Emanuelsson.

Rafael Alegría se ríe pero con resignación cuando tocamos el tema. “El arsenal de armas” que Canahuati ha señalado podría ser suficiente para armar un ejercito irregular que fácilmente borraría del mapa el ejercito nacional, acusado hoy por sus propios integrantes [1] por ser una junta de golpistas corruptos.

Pero para no ser declarados ¡“Alerta, Viene el Lobo”¡ dice El Heraldo que el “Ejecutivo aseguró que desde hace mucho tiempo se sabía de la existencia de los grupos irregulares, sin embargo, los informes de inteligencia se mantuvieron en secreto para evitar estropear las investigaciones”.

Pero si sabían de la existencia de los “grupos irregulares”, ¿porque no los detuvieron? ¿O estaban esperando el ejército colombiano? ¿No es capas el ejército y la policía hondureña de detener a los “irregulares”?

¿Y cual es el resultado de las investigaciones?

Pues ahí se quedan cortos. No hay absolutamente nada.

Los abusadores sexuales guerrilleros. . .

Pero El Heraldo no se queda corto y la fantasía hace cosquilla con la fantasía del hondureño cuando pone en alerta sobre las barbaridades de los “comandantes guerrilleros del MUCA”, estos comandantes que son más místicos y Fantasmas que el “Subcomandante Marco” en el estado de Chiapas, que, por lo menos, es visible con una pasamontañas.

Pero no en Honduras.

“Varios pobladores aseguran que en esa zona los abusos sexuales de los grupos armados han sido normales y todos quedan en la impunidad”.

¿No les da pena, colegas de El Heraldo, publicar semejante acusación sin fuente más que “pobladores”? ¿A quien intenta de convencer con semejante cuento chimbo?

El odio y la obsesión de Canahuati contra Zelaya

¿Y a quien se dirige Canahuati con su acusación, de abusos sexuales que pronto será abusos sexuales apoyados de una u otra ONG bajo el mando de Marcia Villeda en donde le acusa a algún comandante guerrillero fantasma por abusar sexualmente alguna guerrillera que por supuesto también es menor de edad, si no es niña?

Pues, la acusación se dirige al enemigo No 1 de El Heraldo, el derrocado presidente Manuel Zelaya:

“Ya en el pasado, en el 2009, el ex presidente Manuel Zelaya Rosales conformó una guerrilla zelayista”.

¡No me digas!

Aja, y ¿donde operaba esa “guerrilla zelayista”? ¡Nos debe una respuesta, Canahuati!

¿No te da vergüenza publicar semejante mentira barata? Tu, que eres de uno de los honorables integrantes del Comité Ejecutivo de SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, los explotadores de periodistas, personal grafico y de imprenta, no tiene absolutamente ningún principio de ética, Canahuati? ¡Por me rehúso pensar que un colega y periodista normal en tu diario podría prestarse por semejante bajeza!

El pretexto para la presencia militar

Pero sigue el Salvador de la Libre Expresión en Honduras:

“Aquí hay miedo, el temor que sentimos es grande y no podemos hablar. Esta gente es mala, asalta y viola. A una prima mía la violaron y nadie puede decir todo lo que ocurre porque nos pueden matar. Ahora solo esperamos que la Policía vigile y ojala no permita que regresen, porque si no volveremos a pasar encerrados por miedo”.

Claro, y ahí avala El Heraldo la militarización de toda la zona campesina en el Valle del Aguán, protegiendo a los ejecutores de las masacres de campesinos humildes y pobres que solo quieren trabajar la tierra para mantener y ver crecer a sus hijos, acusados por ser guerrilleros.

Sin nombres, sin apellidos, sin la confirmación de una Fiscalía que jugó un papel decisivo en el blanqueo judicial del golpe de estado militar el 28 de junio de 2009, una mujer fantasma, según El Heraldo, hace testimonio al diario golpista que los Fantasmas guerrilleros violan mujeres invisibles en la región que a grito, según El Heraldo, pide presencia de los Verde Olivo.

“No me hagan reír”, como decía Juan Gossaín, directo de Radio RCN en Colombia, cuando Uribe intentó decir que “Yo no fui”, negando algo que ver en las “Chuzadas”, la interceptación de la oposición política y los periodistas que, al contrario del El Heraldo, investigaban y cuestionaban, como debemos hacer, al Poder Fáctico.

El Heraldo hace lo contrario, se acuestan con el “objeto” que debería investigar.

Llegada internacional a la zona

La miseria periodística es total y es con este marco de guerra psicológica que el drama en el Bajo Aguan ha movilizado el pueblo hondureño a expresar su solidaridad con los campesinos que entre las palmas africanas huyen los batallones del ejercito que el terrateniente Miguel Facussé, Reinaldo Canales y Rene Morales han sembrado en tierras que son desde hace un siglo de los campesinos de la región y, para rematar esta historia, el mismo Estado hondureño compró de un terrateniente estadounidense.

Y es por eso que el MUCA, la Vía Campesina y el Frente Nacional de la Resistencia hondureña han invitado a varios personajes del mundo de acompañar a los campesinos en su dura lucha para la supervivencia y a resistir la guerra que se ha desatado contra ellos.

Varios integrantes de la Comisión de Verdad están llegando en este momento a Honduras y varios periodistas nacionales e internacionales viajarán la próxima semana hacia el Bajo Aguan para tomar testimonios sobre los abusos ejecutados contra los campesinos de la región por parte del régimen de facto.

Una nueva red de sapos al estilo colombiano

La perspectiva es oscura. Hoy habló Porfirio Lobo y su ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, que Honduras tendrá una “Red de Sapos” al estilo de Colombia. Los alcaldes y la población civil serán los sapos e informantes a la Policía local. En Colombia era el Batallón local del ejército que era “El Capo” para los sapos. Solo falta la “Recompensa” para avisar al jefe policial que “el vecino es un miliciano al servicio a la Resistencia”.

Mientras tanto, el ejército colombiano sigue operando en Honduras sin que el señor Porfirio Lobo haya publicado una lista de los militares colombianos, como prometió hacer. Es más, un oficial de la Policía Colombiana fue condecorado con la “Medalla de oro” en estos días por el régimen por sus obras en Honduras.

Uribe fue condecorado la semana pasada por el Congreso Nacional en Honduras. Y ahora le tocó un oficial colombiano. Uribe es demandado a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y varios de sus ex ministros y ex jefes de la policía política secreta se encuentran ya en el exterior en calidad de “asilados” o están en proceso, apoyados por el mismo Uribe, de solicitar asilo en el exterior.

Paramilitar colombiano ordenó 4.000 muertes
Obra del ejercito colombiano en Macarena

Hoy fue sentenciado a ocho años de cárcel en Colombia uno de los jefes paramilitares, Jorge Iván Laverde, el 'Iguano', de los cuales ha cumplido siete, por haber ordenado más de 4.000 muertes. Confesó que él mismo había asesinado más de 100 de sus compatriotas, varias decenas en los hornos al estilo de los nazis alemanes (2).

Pero lo interesante es que ese jefe paramilitar patrullaba con sus matones en la ciudad de Cúcuta, junto con las tropas del ejército y la policía y con el aval de las autoridades. Su tarea era matar a todos y todas que llegaron a Cúcuta en calidad de desplazados por la guerra interna.

Y para coronar esta historia de un genocida, el señor Laverde tenía como su mejor vecino “la Regional de Inteligencia del grupo Maza, del Ejército”.

Véase la entrevista completa con Rafael Alegría:
http://www.youtube.com/watch?v=JySbdg0egQM

Notas:
1) Grupos armados se desplazan en el Aguán
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/12/01/Noticias/Grupos-armados-se-desplazan-en-el-Aguan
2) Condenan a ocho años de cárcel al jefe paramilitar 'el Iguano'. Por El Tiempo http://www.eltiempo.com/justicia/alias-el-iguano-sera-el-tercer-condenado-en-justicia-y-paz_8499780-4

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Mariano Ferreyra y Néstor Kirchner: Cuando militar pasa por contar monedas o por comprar hoteles

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan”.
Rodolfo Walsh

En las asambleas ordinarias del Sindicato unificado de trabajadores docentes (Suteba) que deliberaron en esta última semana, la burocracia yaski-kirchnerista de la CTA, se ha esforzado en el intento por canonizar a quien en vida no pudo ganar la más mínima influencia entre los trabajadores de la educación. Para esto, instó a los docentes presentes a votar al “compañero Néstor Kirchner, fallecido en la defensa del campo popular” para que ocupara la presidencia honoraria de las mismas.

Apenas digerible, la adhesión de los maestros a un representante de la patronal con frondosos antecedentes de ofensas a los educadores, debió ser condimentada al estilo burocrático, esto es: sin escrúpulos.

La burocracia, no tuvo vergüenza en hacer planear por el ámbito de las asambleas, y en un mismo discurso, a Kirchner junto al joven militante del Partido Obrero, asesinado por la trilogía patronal-burocracia-policía, Mariano Ferreyra.

Hacer compartir el privilegio de presidir una asamblea de trabajadores a un joven luchador, asesinado por defender los derechos de los explotados, junto al dueño de los más lujosos hoteles en las zonas turísticas de la Provincia de Santa Cruz; al político que compró tierras originarias a 20 $, usando sus privilegio en el poder, para finalmente venderlas a 20000 $. Es repulsivo.

Disculpen los dolidos recién llegados a la militancia oficialista. Pero el luto no nos ciega, y pese a todo este impresionismo colectivo que intentan fomentar los miserables negociantes electorales de la muerte, todavía podemos ver por donde sale el sol. Pretender aliar al gobernador menemista que firmó contratos de transferencia de los hidrocarburos y que derivó en un manotazo a los 500 millones de dólares resultantes del negocio a los bancos suizos, al lado de Mariano, unos de los mayores exponentes de la solidaridad humana – que junto a Maximiliano, Darío, Carlos Fuentealba, Julio López y otros tantos caídos – que entregaron su vida para que los oprimidos se levanten concientes en contra de la opresión, es siniestro y vomitivo.

Exponer a nuestros compañeros caídos, junto al amigo de las mineras Barrik; al financista de los casinos, el que usó 30 años de su vida para amasar una fortuna Forbes; es no tener moral. Porque nuestros compañeros cuentan las pocas monedas que sus bolsillos militantes le ofrecen para que el Bondi lo lleve al piquete a luchar por ellos y por los de su clase, ¿que tienen que hacer juntos los unos y los otros?. ¿Qué? Los corruptos que tocan la campana en los centros imperiales; aquellos, que aprovechando el estado de sitio dictatorial se hicieron de las propiedades de los estafados por la 1050, desalojando a los deudores a golpe de mazo de sus ya íntimos “rudis”. ¿Que? Puede juntar a los propietarios de las cadenas que sacudieron las cabezas de sus comprovincianos que salieron a las calles de Río Gallegos en solidaridad con un movimiento nacional “que se vayan todos” y los que luchan en contra de los cadeneros burócratas.

¡Que ironía! Que una asamblea docente la burocracia venga a proponer como presidente honorario al hombre que le llenó el tanque de gasoil a su amigo Varizat, para que de una y acelerando a fondo se llevara puestos a 18 docentes: que realizaban un piquete reclamando por salarios, mejores condiciones de trabajo y , fundamentalmente, para que las botas de la gendarmería dejaran en paz los patios de juego de los niños en los jardines de infantes santacruceños, que como tenían a sus maestras en huelga, fueron obligados a recibir clases prácticas de “simulacro de combate con el enemigo interior”.

Ya lo dijo Rodolfo Walsh la burguesía intenta escribir la historia con sus mártires, antes que ellos nadie y después de ellos tampoco, no importa… si es necesario inventarla a cada paso.

En una historieta del oficialista pagina12 los “huevitos kirner” intentan convencer a un personaje, “revolu”, para que milite en el kirchnerismo. Bueno ellos, sabrán.

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Noticias, y un poema de Tejada

Oscar Taffetani (APE)

Leíamos en el diario Perfil, el mes pasado: “En Misiones murió otro chico desnutrido. Es el tercer caso en semanas. El gobierno K de Maurice Closs trató de ocultar el tema”. Podríamos contar la anécdota de esa muerte, la anécdota con nombre y con silueta de ese niño y de sus padres. Y podríamos describir, como en círculos concéntricos, el entorno de esa muerte injusta, de esa muerte evitable. Preferimos no hacerlo.

No hace mucho, tampoco, que leíamos en Clarín un racconto de los muertos por desnutrición en Salta la linda (así es el eslógan que tiene la provincia). Diecinueve chicos murieron en 2009 por falta de nutrientes. Y en lo que va de 2010, Año del Bicentenario, ya van siendo nueve. No daremos detalles ni agregaremos adjetivos para conmover al lector.

Lo concreto, no importa si llega en medios bendecidos o en medios demonizados, ni si nos topamos con la muerte a la vuelta de la esquina, es que eso está ocurriendo en un país con récord de crecimiento sostenido; un país que está creciendo “a tasas asiáticas”.

Lo concreto es que tanto en esos lobos asiáticos (les decían tigres, pero les queda mejor lobos) como en estas pujantes economías emergentes del sur de América, hay chicos que siguen muriendo de hambre y siguen contagiándonos muerte y tristeza.

La propuesta incorrecta

Tal vez el mayor poema-denuncia de Armando Tejada Gómez (Guaymallén, 1929 - Buenos Aires, 1992) haya sido “Hay un niño en la calle”. En sus versos contiene una propuesta que es a la vez poética y existencial, aunque incorrecta en términos políticos: “Importan dos maneras de concebir el mundo. / Una, salvarse solo, / arrojar ciegamente a los demás de la balsa; / y la otra, un destino de salvarse con todos, / comprometer la vida hasta el último náufrago, / no dormir esta noche si hay un niño en la calle”.

Sin embargo, el intendente de Colonia Santa Rosa, Dardo Quiroga, cuando aquel niño desnutrido estaba agonizando, dormía. Y el intendente de Puerto Libertad, Alfredo Rodríguez, también dormía. Y dormía el gobernador Urtubey. Y el gobernador Maurice Closs dormía. Y los ministros de la Nación hacían lo propio. Y la Presidenta estaba de viaje a la cumbre de Seúl. Pero hay un dato que es más incómodo todavía: la mayor parte de los argentinos (sí, nosotros, los bicentenarios; sí, nosotros, los privilegiados) dormíamos. Dormíamos y hoy seguimos duermiendo, mientras quedan chicos y viejos, con nombre y apellido, que se despiden en silencio.

El peor de los crímenes

Tras la muerte aquélla de Cristian Ortiz, de nueve meses (no queríamos dar detalles, pero es inevitable), su madre Cintia Mieres (16) y su tía Zula Veras recibieron un llamado del Ministerio de Desarrollo Social misionero, pidiendo que el entierro fuera lo antes posible, dado que los familiares pretendían (oh capricho) velar a la criatura. El entierro de Cristian se demoró un día y entonces la camioneta oficial para llevar al muertito hasta el cementerio ya no estaba disponible. El problema no fue que hubiera muerto un niño de hambre a pocos kilómetros de Eldorado, al sur de las Cataratas del Iguazú, patrimonio de la Humanidad. El problema era que esa noticia podía trascender la frontera provincial y costarle el puesto a algún funcionario.

Los intendentes y gobernadores cuentan con dispositivos específicos, que le cuestan mucha plata al erario, sólo para disimular los crímenes; sólo para decir “en Salta está todo bien” ó “en Misiones está todo bien”. Ellos ocultan la tierra -y la sangre- bajo la alfombra.

Al primer movimiento tratando de ocultar la muerte de Cristian, le siguió un segundo movimiento ampuloso, sobreactuado, con ministros y secretarios misioneros que admitieron que tienen 2.222 niños desnutridos en sus planillas y que sólo en Puerto Iguazú -patrimonio de la Humanidad- hay 142. “El trabajo comunitario y de los CAPS -declaró el ministro de Salud Guccione- va en busca de ellos; el programa ha decidido ir a buscar a esta gente para decir acá estamos”

Debió ocurrir el escándalo de la muerte de Cristian, en Puerto Iguazú para que apareciera el registro de desnutrición de Misiones. Cuando las cámaras y los reporteros se muden a otra provincia y a otro escándalo, los funcionarios misioneros volverán a la siesta.

A nivel nacional, en las ligas mayores de la política, la pelea es por mostrar cifras del crecimiento global y descenso de los índices de pobreza. Cifras que tranquilicen al ciudadano. Pero con Indec y macroestadística no se come. Sí dan de comer, las cifras globales, a los analistas y a los economistas. Pero no sirven para explicar la muerte de Cristian. Ni el sufrimiento de Cintia.

Allí vuelve a sonar desgarrante, incómodo, el poema de Tejada: “Cuando uno anda en los pueblos del país / o va en trenes por su geografía de silencio, / la patria sale a mirar al hombre con los niños desnudos / y a preguntar que fecha corresponde a su hambre, / que historia les concierne, / que lugar en el mapa”.

Nada tenemos para agregar a esos versos. Seguirán marcándonos con fuego y esperanza. Hasta el día en que no quede un solo pibe con hambre. Aquí, en el País Bicentenario. Aquí, entre las Cataratas y los Hielos que son patrimonio de la humanidad.

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¿“Efectos colaterales” del modelo extractivista?

OPSUR

Denuncian acoso a pobladores, firma de acuerdos usurarios y la conformación de una asociación ilícita a fin de avanzar en la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en Salta.

El comienzo de actividades exploratorias en los departamentos salteños General San Martín y Rivadavia, a principios de 2010, trajo aparejada una serie de denuncias de comunidades indígenas que sufrieron el acoso de permiseros, representantes de las empresas. Estas personas los instaban a firmar acuerdos por los que autorizaban el ingreso de las empresas a los territorios comunitarios y se comprometían a no entorpecer los trabajos; a cambio, las compañías realizarían aportes -en dinero y especies- por la ocupación y uso del espacio y en resarcimiento de los daños que ocasionaran. Según los abogados de los wichí, son “acuerdos usurarios” que no guardan relación alguna con lo que establece la ley.

Estas situaciones, y la inacción de diferentes agencias del Estado ante los requerimientos de las comunidades afectadas, derivaron en el inicio de acciones judiciales. En ese aspecto, los abogados intervinientes hacen hincapié en la constante violación de las legislaciones indígena, ambiental e hidrocarburífera; además de la estrecha relación de funcionarios públicos con el sector privado y el uso intimidatorio de las fuerzas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los proyectos extractivos. Los letrados sostienen que existen los elementos suficientes para afirmar que se trata de una “asociación ilícita”.

Voluntad

Organizaciones wichí y ONG’s que trabajan en la provincia coinciden en que este escenario es similar al vivido en la última década con el avance de las actividades agroindustriales, que significó el desmonte de miles de hectáreas y el desalojo directo o indirecto de familias indígenas y criollas.

“Vemos que al Estado le está faltando mucha voluntad. Cada vez que reclamamos los legisladores prácticamente están ausentes, pero ellos sí están presentes cuando presentan un supuesto [proyecto de] desarrollo que va a beneficiar a las comunidades y a todos los que vivimos en la zona [como la agroindustria o la actividad petrolera]”, afirma Miguel Montes, del Consejo de Organizaciones Wichí Zona Bermejo- Embarcación. “Nosotros hemos hecho demandas por todos lados [para frenar los desmontes], por todas las entidades de Salta, donde nunca hemos conseguido respuesta alguna. Nos hemos visto obligados a llegar a la Corte Suprema de la Nación, donde hemos conseguido una respuesta medianamente favorable, que ordenó [en diciembre de 2008] que se paren los desmontes en cuatro departamentos [Orán, San Martín, Rivadavia y Anta]”, destaca.

“[Antes de 2008] se aprobaron absolutamente todas las solicitudes de desmontes [para la agroindustria], no quedó una por aprobar, y no hubo consulta a la población. Para una solicitud que tenía lugar en un municipio del departamento de Rivadavia, se llamaba a Audiencia Pública a 150km de distancia, en otra localidad del departamento vecino. Parecía que se hacía lo imposible para que la gente del lugar no pudiera ni enterarse qué se aprobaba”, cuenta Ana Álvarez, coordinadora de la Fundación Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana en el Norte de Argentina (Asociana).

“Cuando una secretaria de Política Ambiental [Catalina Buliubasich], suspendió dos o tres desmontes, inmediatamente fue removida de su cargo, le pidieron la renuncia”, añade. La dimisión de Buliubasich ocurrió en mayo de 2008. La ex decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta había tomado el cargo pocos meses antes, al iniciarse la gestión de Juan Manuel Urtubey al frente del gobierno provincial.

“Ahora estamos en la lucha del tema petróleo: vienen [las empresas], hacen las picadas y, cada vez que hacemos un reclamo, lo primero que nos dicen es que estamos en contra del progreso. Yo creo que nadie piensa estar en contra del progreso sino al contrario, exigimos que se respete nuestra forma de vida y la entrega inmediata de los territorios que ocupamos”, enfatiza Montes, sugiriendo otra forma de entender el progreso.

Anuencia y otros intereses

“Las empresas petroleras en la zona tienden a avasallar al particular criollo y, con mayor razón, a las comunidades aborígenes. Y avasallan porque de ninguna manera cumplen con las preceptivas legales obligatorias que tienen a su cargo, que conocen, obviamente”, afirma el abogado Carlos Iriarte, que patrocina a finqueros y comunidades wichí. Sin duda esos atropellos no podrían consumarse sin la anuencia de diferentes resortes del Estado, y en ese aspecto, resulta por demás ilustrativo el comportamiento de algunos funcionarios de organismos indigenistas estatales.

“Si hablamos del INAI [Instituto Nacional de Asuntos Indígenas] y del IPPIS [Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta], tenemos un delegado wichí [en ambas dependencias] que es Indalecio Calermo”, apunta Hugo Jaimez, cacique de la comunidad La Cortada, de Morillo. “El Día del Aborigen él andaba visitando Morillo y no nos explicó qué es lo que va a pasar [con las petroleras], él solamente hablaba de progreso: ‘Sería lindo si detectan un pozo dentro del lugar de ustedes, va a ser un cambio, va a ser distinto las cosas, van a salir de la situación [de necesidad]. Yo ruego que en lote de ustedes haiga un pozo, para que ustedes también tengan ingresos’”, rememora. “No sé cómo será, pero él hablaba así.”

Iriarte, en tanto, enmarca este escenario en la amplia zona gris que se extiende entre la función pública y los intereses privados. “[La actividad hidrocarburífera] tiene un alto grado de intervención política, gubernamental, porque de alguna u otra manera las autoridades provinciales están ligadas, directa o indirectamente, a la actividad petrolífera. Con la concesión de las áreas secundarias, el Estado provincial genera mecanismos de participación con las empresas petrolíferas”, afirma.

En ese sentido el abogado destaca el vínculo del vicegobernador de la provincia con la empresa de servicios petroleros Wicap SA, encargada de la prospección sísmica en las áreas Tartagal Oriental y Morillo -adjudicadas a la operadora High Luck, de la Unión Transitoria de Empresas conformada por la argentina Maxipetrol-Petroleros de Occidente y las chinas New Times y JHP International Petroleum Engineering. “El señor Andrés Soto, vicegobernador de la provincia de Salta, firmó un acuerdo de inversión económica con el dueño de la empresa Wicap [Freddy Tejerina]. Ese convenio existe, puede ser difícil arribar a él, pero existe”, afirma Iriarte. En tanto enfatiza: “El funcionario no puede participar en empresas”.

“Con la doctora [Sarah] Esper hicimos una denuncia pública, que después la transfiguramos en una denuncia penal, y nadie desmintió absolutamente nada”, continúa el abogado. “Tengamos en cuenta que, en este caso, el que calla otorga, sobre todo por la magnitud de la denuncia y la implicancia de la misma”, agrega Iriarte.

“Supimos, por intermedio de algunos caciques [del Lote 4, ubicado en cercanías de Tartagal], que llegaron a un acuerdo a través del ingeniero Enzo Russi [ex director de Tierras Fiscales de la provincia], quien se dice apoderado de Maxipetrol, e Indalecio Calermo, que se dice presidente del Lote 4. Arreglaron entregarle 7.500 pesos a cada una de estas [18] comunidades, en dos o tres pagos”, relata la abogada Sarah Esper. “Eso es delito de usura directamente, porque es aprovecharse de la inexperiencia y el estado de necesidad de esta gente para negociar por dos mangos”, denuncia. Según la letrada, esos montos no guardan relación alguna con lo que establece la legislación aplicada a la actividad hidrocarburífera.

Esper asegura que los representantes de las empresas “todo el tiempo se la pasan diciéndole a las comunidades que no van a arreglar con los abogados”. “Lógicamente, porque si arreglan con los abogados van a tener que pagar lo que corresponde y no van a poder volver a entrar a las tierras de propiedad indígena”, recalca.

Impactos no evaluados

“Las empresas para poder ingresar a cualquier lote tienen la obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) general, que debe ser aprobado en Audiencia Pública, en base a lo que establece la ley 7070 de la provincia de Salta. Eso de ningún modo ocurre, porque han ingresado previo a cualquier aprobación”, subraya Iriarte.

“Deben hacer también un estudio de impacto predial, o sea, por cada predio, y comunicar todas las obras y tareas a realizar a cada uno de los propietarios, superficiarios o meros tenedores de la tierra, en base a lo que establece la resolución 105/92 [de la Secretaría de Energía de la Nación]. Y en base a lo que establece la Ley de Hidrocarburos, deben abonar un canon mensual e indemnizaciones por daños”, explica Iriarte. “Por lo tanto, el avasallamiento del dominio indígena es terrible, no se respeta absolutamente nada, y estamos prácticamente a merced de las empresas petrolíferas. También existe el avasallamiento de criollos con títulos, o sea, no es solamente a las comunidades aborígenes”, advierte.

“El 14 de julio, después que depredaron el Lote 4 como quisieron, y después que hicieron un manchancho* en Morillo, salió un decreto en el que la Secretaría de Energía le da por aprobado el EIA general, porque el predial nunca lo presentaron, y suprimen la Audiencia Pública [y la consulta previa, libre e informada que obliga el Convenio 169 de OIT] por una reunión sencilla que se hizo por ahí”, recalca Esper.

“Hay una finca que está pegada al Lote 4, llamada Tres Lagunas, pertenece a los suizos, que le dicen acá. Wicap pretendía abrir picadas para hacer la prospección sísmica y los suizos plateaban: ‘Primero déjennos levantar la cosecha y después paguen lo que por ley corresponde’. Wicap dijo: ‘No’, replanteó su camino y siguió destrozando territorio indígena”, ejemplifica Esper. “Es decir, si Wicap hubiera tenido la razón, hubiera planteado un juicio contra Tres Lagunas y hubiera pasado por Tres Lagunas. Se pone más que en evidencia que están pasando por donde la masa social es más débil”, concluye.

Hidrocarburos AI (Asociación Ilícita)

“En Morillo estas empresas largaron sus perros, por decirlo de alguna manera, porque nos contaban los caciques que señores como Feliciano Burgos, otro señor de apellido Arias y otro de apellido Cáceres, le han montado la vida imposible. Aparecían por sus viviendas a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde; y con muchos criollos hicieron lo mismo. O se aparecían por donde estaban o eran llamadas telefónicas. De 12 a 15 llamadas telefónicas por día ejerciendo presión, tratando de conminarlos a un arreglo usurario”, relata Esper.

“La inacción de las autoridades gubernamentales, la inacción de la Justicia Penal para castigar, reprimir o impedir la comisión de ilícitos en las comunidades originarias es llamativa”, acota Iriarte. “Pero también es llamativa la participación de oficiales de la Policía de la Provincia de Salta en operativos o en cuasi operativos solicitados por las empresas, bajo la apariencia del pago de un adicional, para evitar cualquier tipo de contratiempo al personal de la empresa en la zona de conflicto”, agrega.
“Fueron varias denuncias las que se interpusieron en Morillo: usurpación, daño, usura, amenazas, coacción”, enumera Esper. “Una empieza a ver un delito de acá, un delito de allá, y charlando con el doctor Iriarte le digo: ‘Para mí esto es una asociación ilícita’. Uno está hablando de un delito mayúsculo, sumamente complicado. Saqué todos los libros de códigos comentados, analicé doctrina y jurisprudencia sobre asociación ilícita, y el artículo 210 del Código Penal dice que ‘hay existencia de asociación ilícita cuando 3 personas o más se agrupan para cometer delitos’. No hace falta que esto sea un objeto social, no hace falta que esté escrito, no hace falta que el delito se concrete. Sí tiene que haber una agrupación concreta, pero el delito -inclusive- puede estar en abstracto”, explica.

“Y el artículo 210 bis establece un calificante, es decir, agrava más la situación, cuando se cumple con ciertas premisas, una de ellas habla de que tiene que haber una violación a la Constitución Nacional y establece un serie de incisos, en el cual el inciso 1º dice que tendría que estar formado por más de 10 personas, y el último, que tiene que haber contado con algún tipo de colaboración gubernamental”, continúa Esper.

“De entrada, ¿en qué situación estamos? En primer lugar, en el 2007, cuando se les entrega la concesión de las tierras [adjudicación de las áreas hidrocarburíferas], empezamos con la asociación ilícita, haya estado quién haya estado de gobernador [por esos años era Juan Carlos Romero]”, dispara. “¿Por qué? Porque se les está confiriendo un área para la exploración y la explotación petrolera que constitucionalmente no se puede conferir. La Constitución Nacional, artículo 75 inciso 17; y la Constitución de Salta, artículo 15, establecen una protección especial para las tierras indígenas. Justamente por todos los avasallamientos sufridos”, aclara Esper. “El Estado, sabiendo de la existencia de comunidades aborígenes, concede, por ejemplo, el área Tartagal Oriental, donde se encuentran varias comunidades aborígenes. Entre ellas el denominado Lote 4, adjudicado en 2003, por escritura pública, a 18 comunidades aborígenes”, interviene Iriarte.

“Lisa y llanamente estamos ante una asociación ilícita, una Unión Transitoria de Empresas cuyo objeto social sería la exploración y explotación petrolera, pero que para lograr sus finalidades no ha tenido ningún reparo en violar la Constitución Nacional”, finaliza Esper.

Morillo: de la seducción a la amenaza [recuadro]

“Muchacho, yo sé que usted es presidente. Yo quería consultarlo, nosotros estamos haciendo picadas. Nosotros venimos como permisero, vamos consultando a la gente. Nosotros queremos pedir permiso para entrar en el terrenito ese”, recuerda Hugo Jaimez que le dijo Feliciano Burgos, en relación a las tierras que posee la comunidad La Cortada en los bordes del pueblo. “Y le digo: ‘Bueno’. No quería ponerme adelante porque hablaba de desarrollo”, continúa el cacique. La Cortada es una de las cuatro situadas en Morillo, departamento Rivadavia, las restantes son El Chañar, La Represa y Los Baldes.

“No termino de parar en la casa, un rato, 20 minutos, que ya me buscaba un chico y me dice: ‘ahí están máquinas’”, señalando el predio de la comunidad donde se están construyendo viviendas. Al escuchar el ruido de las topadoras aproximándose, mujeres y chicos salieron a bloquearle el paso. “Y llegó el permisero que me había ido a ver primero y me dice: ‘¡Qué pasa que han parado la máquina!’. Han parado porque estaba frente a la casa ya”, le contestó Jaimez.

Según recuerda el cacique, ante esa situación Burgos realizó diferentes ofertas a cambio de poder continuar las obras, que fueron rechazadas. “Ellos ofrecían un montito de plata, alambre. Si [uno] pedía pozo le hacían [un] pocito de primer napa, somero, que decimos. Eso era, más o menos. Yo decía siempre: ‘No voy a arreglar’, pero ni así. Insistía. ‘Bueno Hugo, te tiramos un poco más.’”

“Primero nos quería reconocer ese pedacito, [la picada de] 900m [abierta en las tierras ubicadas al borde del casco urbano, que comparten con El Chañar], 4 mil pesos para las dos comunidades”, relata Jaimez. “Nosotros queremos abrir [la picada], te proponemos esto, qué te parece: 50 mil pesos y dos motos -una motito es un regalo para vos, para que tengas más rapidez para hacer diligencia para la gente”, le ofrecieron luego, para ingresar al Lote 22 -aproximadamente 3 hectáreas que también comparten ambas comunidades, distante unos 20km del pueblo.

“Buscaba la forma una y otra vez. Hasta que otro muchacho lo denunció, que lo ha cansado de ir a ver”, continúa. “Por ahí [Burgos llegaba] a las 10 de la noche y dicía: ‘Vos tenés que arreglar. Nosotros no queremos llegar a que venga Gendarmería, Infantería’. A lo último le digo: ‘Bueno, si usted quiere traiga Infantería, igual nos vamos a parar [frente a las máquinas], nosotros vamos a resistir ahí. Ojalá, Dios quiera, [pueda] morir sobre el territorio que estoy defendiendo. No me voy a quedar de manos cruzadas’”, retrucó Jaimez. “‘No Huguito, no es por llegar a eso’”, le dijo Burgos para calmar los ánimos, recuerda el cacique. Pero ya era tarde. “Y bueno, si usted lo mencionó, hágalo”, tuvo por respuesta. “Iba a morir, porque ahí voy a defender”, subraya la autoridad tradicional.

Frenar el avance de las máquinas significó semanas de guardias permanentes, de tensión, particularmente en el Lote 22. “Esa tarde misma [que vimos las máquinas dentro de la reserva] fui a la policía a hacer denuncia”, cuenta Jaimez. “Cuando llegamos el oficial dice: ‘No, el abogado de ustedes tiene que venir con la denuncia’. Y un muchacho que estaba con nosotros dice: ‘Usted nos está negando la denuncia’. ‘Bueno, si usted quiere hacer denuncia, en 20 minutos hágase atender por otro oficial’”, obtuvo como respuesta del uniformado. “Y bueno, hice la denuncia. Pero después de la denuncia seguían ahí, instalados, tranquilos, como que no hubiera nada. Y ese fue un momento muy difícil”, asegura.

“Yo he visto que con abogado cambian las cosas. Hemos ido con abogado, el cable ya estaba tirado para el estudio, y el abogado dice [a los trabajadores de Wicap]: ‘Usted tiene que sacar los cables o nosotros sacamos’. Y un hombre que estaba ahí, con personal contesta: “Espereme 10 minutos, llamo para que venga el camión y saque los cables. Téngame paciencia, 10 minutos’. Al rato viene el camión y recoge los cables”, resume Jaimez. “No era lo mismo que cuando estaban puros paisanos, no nos respetaban, siendo que estaba la policía, pero estaba a favor de la empresa. Cuando vino el doctor, ya todo cambió, quedó todo chiquitito [el representante de la empresa].”

* Manchando: Juego que consiste en arrojar al aire monedas, caramelos u otros objetos para que los recojan los niños.

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El discreto encanto de la burguesía o la política en los tiempos actuales (Parte III - Final)

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

Como nos habíamos comprometido en el artículo anterior haremos un análisis del radicalismo, el otro gran” Movimiento Nacional “, que junto con el peronismo fue un importante protagonista de la política y de la gestión estatal en la Argentina del Siglo XX.

¿Y el radicalismo que?

Al igual que el peronismo, en sus diferentes vertientes, no discute el esquema de reconversión capitalista ni el modelo agroindustrial exportador, lo que cuestiona es la forma de llevarlo a la práctica.

En la memoria histórica nace como una respuesta democrática laica y progresista, en una sociedad, a principios del siglo pasado, en la que la política era sinónimo de fraude y el poder y la educación eran los ámbitos en los que recreaban sus propuestas los sectores más reaccionarios del país.

Leandro N. Alem e Hipólito Irigoyen expresaban la visión democrática frente a una nación gobernada por la vieja oligarquía rural.

Su base social es y era la clase media, hija de inmigrantes, que incorporan las ideas socialistas y anarquistas que traían de la vieja Europa sus ascendientes.

Ese radicalismo muere en el 76 cuándo, en la búsqueda de nuevas alianzas, Balbín denuncia la “guerrilla industrial” y calla frente a la represión indiscriminada.

Por su parte, Alfonsín, desde su revista “Propuesta y Control “propone” un gobierno cívico militar” para evitar los excesos “.

Revela sus contradicciones cuándo, por una parte lleva adelante el Juicio a las cúpulas militares genocidas y suscribe la “teoría de los dos demonios”, y por otra parte envía al Congreso las leyes de obediencia debida y punto final que garantizan la impunidad, de las Fuerzas Armadas y de sus socios civiles, en el Terrorismo de Estado -1974 a 1983.

Durante la segunda “década infame “-1989-1999- se opone a la privatización de YPF, postura que pierde credibilidad toda vez que durante el gobierno de De la Rúa, convoca a solicitud de Carlos “Chacho” Álvarez, a Domingo Cavallo, principal impulsor de la estatización de la deuda externa privada durante la Dictadura Militar y cómplice de la privatización de los servicios públicos y de la destrucción de la red ferroviaria llevada cabo por Menem.

Hoy, en sus diferentes vertientes, suscribe las posiciones de la socialdemocracia europea, proponiendo un “capitalismo con rostro humano”, al mismo tiempo que condena los gobiernos progresistas del Continente -Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Ecuador - por supuestas violaciones a las libertades públicas.

Ha contribuido, desde el gobierno en la gestión de De la Rúa al aislamiento de Cuba, impulsado por los Estados Unidos, dejando atrás una de las mejores características del gobierno de Irigoyen, cuál era la de exigir relaciones igualitarias y de respeto al Imperio.

Esta posición determino que a finales de 1929, Augusto César Sandino, “el General de Hombres Libres”, que derrotara y expulsara de Nicaragua a las tropas norteamericanas que habían invadido ese país en 1923, le planteara a “Don Hipólito”, que la Argentina encabezara la convocatoria a un Congreso de los pueblos del Continente para exigir a la nación del Norte el respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestras naciones.

La socialdemocracia europea ha demostrado su verdadera esencia en las recientes crisis de España y Grecia, donde el “ajuste” se hizo a expensas de los trabajadores limitando sus derechos aumentando la desocupación etc.

Ricardo Alfonsín, posible candidato a presidente de la UCR, en las elecciones del 2011, participó hace unos días en un Congreso en París de la Internacional y no efectuó crítica alguna a las decisiones adoptadas por los gobiernos de Zapatero y Papandreu.

No cabe duda de que hay radicales honestos que participan de este Movimiento, por su historia, los mismos no podrán cambiar la dirección de este partido ya que la estructura partidaria se sostiene en “punteros” y “viejos dirigentes”, que no tienen interés en modificar su alineamiento escuetamente reseñado en esta nota.

En realidad quiénes siguen en las estructuras de este “centenario partido”, participan en la versión mas parecida, en la política interna, a los demócratas norteamericanos que declaman el cambio para que “nada cambie”.

Reconstruir las utopías

No es fácil repensar el país, en el contexto de una apatía generalizada. No es una tarea simple pensar en las utopías en un país en el que se apuesta al éxito inmediato.

Sin embargo hay signos alentadores. La “unidad de lo diverso” que se expresó en las recientes movilizaciones por el asesinato de Mariano Ferreira por las patotas sindicales, los movimientos en diferentes puntos del país contra la minería cielo abierto y contaminante, los proyectos para reconstruir la petrolera estatal las movilizaciones contra el gatillo fácil, el apoyo social a los juicios a los represores, entre otras expresiones, demuestran que esta sociedad tiene reservar, que no han logrado adormecerla totalmente y que, si todos ponemos “ganas” podemos construir otro país posible.

Abramos el debate, propongamos soluciones que se elaboren desde las bases, colaboremos con la democratización de todos los órganos de la comunidad, rescatemos los símbolos sociales, políticos y religiosos, y empecemos a caminar, que como dice el poeta, es la manera de “hacer el camino”.

Sabemos que estas notas generarán polémicas. Son, como dijéramos al principio, reflexiones que queremos compartir.

Manuel Justo Gaggero es ex director del Diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre “y “Diciembre 20”.

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Argentina: ¿Cómo explicar la violencia mediática?

Sandra Chaher (ARTEMISA)

El 25 de noviembre fui invitada a dar una charla sobre violencia mediática a la Municipalidad de San Martín, en el primer cordón del conurbano bonaerense. Como no me dijeron quién sería el público, preparé una ponencia sobre el la Ley 26485 de Violencia de Género y las posibilidades de que la figura de violencia mediática pueda utilizarse frente a los contenidos discriminatorios de los medios de comunicación.

Era una charla de una hora porque iba a ser la única que hablaría. Tenía once páginas en las que daba cuenta de la legislación internacional, la local, y el panorama de la violencia de género en el país y la violencia mediática en los medios. Pensando en que una hora sería mucho tiempo, preparé un power point a modo de cuadro sinóptico, con definiciones y muy pocas imágenes. La idea era sólo que siguieran la charla en la pared, como en el cine, para no tener que mirarme todo el tiempo.

Cuando llegué me encontré con uno de los públicos más numerosos que tuve: un auditorio gigante, como un gimnasio, repleto de butacas ocupadas por mujeres con sus hijas e hijos. Cada tanto había algún varón aislado. Provenían de diversos barrios de San Martín, e integraban el programa de las 'manzaneras'. Ese día habían sido convocadas para celebrar el 25 de noviembre, entre otras cosas, con mi charla.

Rápidamente pensé cómo podía transformar mi ponencia. Yo había pensado que irían periodistas, funcionarias y funcionarios municipales y eventualmente vecinas y vecinos. Pero no imaginaba a mujeres de barrios populares acompañadas por hijas e hijos.

Decidí que comentaría los temas, pero no leería. Eso era fácil de resolver. Pero ¿los contenidos? Y además no tenía de dónde sacar más imágenes. Podía haberles mostrado tapas de revistas y diarios donde aparecen mujeres desnudas; los avisos de prostitución de los diarios; las fotografías con imágenes y epígrafes 'sugerentes' de Nora Dalmasso, Rosana Galeano, María Marta García Belsunce o Morena Person entre otras víctimas de feminicidio de las que se sospechó de su vida sexual como 'causante' del asesinato. Como si participar en fiestas, bailar o modelar fueran la antesala de la muerte para las mujeres. Podía también haberles mostrado una enorme cantidad de secuencias de Showmatch en las que somos discriminadas y maltratadas mujeres, niñas y niños y toda persona cuyo estereotipo se diferencie aunque sea mínimamente del reducido mundo que habita el conductor.

Pero no tenía nada de eso a mano, y si lo hubiera tenido debería haber diseñado una estrategia para presentarlo. Porque probablemente, los medios que yo iba a cuestionar fueran consumidos en mayor o menor medida por mi audiencia. Me vino a la mente el análisis sobre las primeras etapas de los estudios de comunicación y género: esas primeras mujeres, feministas y académicas, fueron tan críticas con los contenidos sexista de medios masivos, que las mujeres de sectores populares les dieron la espalda. Criticar lo que ellas consumían era en cierta forma criticarlas a ellas mismas.

Empecé la charla comentando cómo estábamos protegidas las mujeres de Argentina por innumerables leyes en materia de violencia de género, que el problema no era la ausencia de normativa, sino su implementación. Seguí refiriéndome a la Ley 26485 y a su cruce con la Ley de Medios, de tal forma de que fuera posible sancionar los contenidos discriminatorios.

Varias veces tuve que pedir silencio. Las niñas y los niños, y sus madres, no paraban de hablar. Por otra parte, el auditorio era tan vasto que no llegaba a ver qué sucedía al fondo.

Sobre la mitad de la charla, cuando empecé a hablar del panorama de la violencia en Argentina, algo pareció cambiar. No sé si fue mi sensación, pero había más silencio. Y así pude llegar al final. Tratando de usar las palabras más atractivas posibles, pero sin poder evitar las críticas al patriarcado, otorgando responsabilidad a los varones por el ejercicio descontrolado de su poder y la ausencia de protagonismo en la vida privada, y animando a las mujeres a tejer redes para salir de las situaciones de violencia.

Lo recuerdo hoy, cinco días después, y me da vergüenza. ¿Por qué les dije eso sin saber si cuentan con red real en el municipio para contenerlas? ¿Las Comisarías de la Mujer funcionan en San Martín, hay asociaciones de ayuda a mujeres víctimas de violencia, el Municipio recibe denuncias o tiene equipos interdisciplinarios de atención? Lo desconozco.

Cuando terminé, las mujeres amablemente me aplaudieron. Y la Directora de Políticas de Género del Municipio, quien gentilmente me había invitado, tomó el micrófono para 'bajar' un poco mi discurso. Les habló de las situaciones de violencia que habitualmente atravesamos las mujeres a manos de los varones, pero también les recordó cómo sus compañeros, en la crisis del 2001, se hicieron cargo de la crianza y la domesticidad porque las que primero conseguían trabajo eran ellas. La ovación a este recordatorio fue cerrada, como si así exorcizaran las críticas que yo había hecho, como si de esa forma se reconciliaran con su presente que acababa de ser cuestionado por una desconocida.

Dejé el Municipio con una sensación rara, amarga. Yo empecé mi carrera, hace más de veinte años, en ese mismo edificio, redactando las gacetillas de prensa de las actividades del intendente de aquel entonces. Viví casi veinte años en esas calles, mi papá era un reconocido dirigente político de la zona que hasta que murió me hablaba seguido de la gente que allí vivía. Sin embargo, yo no conocía nada, no tenía el pulso de la gente. Y el problema no es que no lo haya tenido porque no me lo avisaron con anticipación. Pensándolo ahora me sigo preguntando cómo hubiera sido la mejor manera de llegar a estas mujeres, cómo transmitirles que a veces leen o miran informaciones o programas sexistas, que no nos hacen bien a las mujeres, que colaboran a que seamos estigmatizadas y discriminadas. Cómo transmitirlo de una forma que no sea percibido como agresión a lo propio. Desconozco la respuesta. Sólo puedo admitir que el encuentro con estas mujeres me dejó llena de preguntas que me parece importante intentar responder desde quienes trabajamos en comunicación y género.

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“¿Qué dice señor Juez?”

Gloria Beatriz Zalazar (INFOJUS - CHACO DIA POR DIA)

La titular del Juzgado Correccional Nº1 de Resistencia asegura en esta columna publicada en el periódico InfoJus Chaco que los jueces deberían volcar en sus fallos un lenguaje más llano y “menos barroco” para acercar la Justicia a la gente.

El Poder Judicial hoy vive un gran desafío frente a los cambios que se producen en la sociedad y que lo interpelan fuertemente, sobre todo cuando una de sus principales características fue ser una institución tradicional y conservadora de las formas.

Es innegable hoy la existencia de un proceso de democratización de la información. El aumento en su producción, circulación y consumo en el marco de un crecimiento de medios tecnológicos de información, que se agiganta (en cantidad y sofisticación) a un ritmo que, instituciones como el Poder Judicial no pueden seguir, plantea serios problemas comunicacionales.

La sociedad duda hoy de manera institucionalizada del principio de autoridad. Lo que antes era aceptado sin reticencia alguna, hoy es puesto en tela de juicio. La familia, la escuela, el Estado, las organizaciones en general son sometidas a un examen de legitimación de su autoridad. Este proceso dificulta su manejo y dirección, pero plantea la posibilidad real de realizar una fuerte autocrítica de los modelos y paradigmas; convirtiéndose en una oportunidad histórica de analizar, diagnosticar y rectificar caminos seguidos de ser necesario.

En este marco la sociedad reclama cambios a la estructura del Estado en general; peticiona a través de medios que permiten que grupos, individuos, movimientos sociales, organizaciones hagan conocer y valer sus reclamos de una manera que antes era impensada. La sociedad tiene una voz que no tenía, y el Estado (que muchas veces no escucha en la medida de esa nueva voz), no tiene definiciones claras que permitan generar políticas frente a esos cambios.

En sintonía con este nuevo modelo se pide al Poder Judicial, (afectado muy especialmente por esta realidad), que se adapte a esos cambios. Un Poder Judicial que tradicionalmente “hablaba a través de sus sentencias”, es prácticamente conminado a dar explicaciones que antes entendía que no debía realizar.

Se le pide que se acerque a los ciudadanos, a funcionarios que fueron formados para resolver casos en la soledad de sus despachos. Es indudable que el modelo de sociedad ha cambiado, que hay que dar otro tipo de respuesta a los reclamos, pero una pregunta surge casi ineludiblemente: ¿Qué hay que cambiar, cuánto hay que cambiar? Para dar respuesta a este interrogante primero se deben responder otras cuestiones: ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Qué debe ser? ¿Qué relación tiene el Poder Judicial con la Justicia?

Ninguna de ellas resultan de fácil respuesta, se mezclan y confrontan aquí ideologías, conceptos, paradigmas, definiciones que no son pacíficas. No todo debe cambiar, es bueno reconocerse como una institución que tiene ciertas formas que permiten saber que allí hay “algo” que denota seguridad, estabilidad, frente a la coyuntura. No todo lo que la sociedad pide que se cambie es lo que hay que cambiar, no se debe reaccionar frente a lo solicitado sin pensar previamente una política institucional de cambio. Hay elementos que debemos conservar.

La justicia es compleja y si bien podemos cambiar para mejorar los niveles de gestión para hacerla más rápida o eficaz, lo cierto es que determinadas complejidades del proceso (por decirlo de alguna forma) deben ser conservadas: no podemos saltar etapas, violentando garantías, con el sólo y único fin de ser mas rápidos. He aquí un primer escollo en la comunicación con la sociedad, ¿cómo explicamos que los procesos están para ser cumplidos? Insisto, independientemente de que cambiemos las reglas del juego en los procesos en aras de eficacia.

Este interrogante lo dejo planteado sin pretender dar aquí una respuesta, ya que los procesos de cambios de gestión tienen que ver mucho más con el diseño de una macro política judicial que con los cambios que como operadores de la justicia, nosotros mismos podemos introducir en el marco de la visión de un nuevo modelo de juez.

Cambiar

En este estado del análisis debemos preguntarnos ¿Podemos ser proactivos con los cambios que la sociedad reclama sin estar a la espera de definiciones superiores? La respuesta es si. Nuestra manera de comunicarnos es uno de estos ítems que podemos empezar a cambiar y que no necesita de planes institucionales.

El problema comunicacional (jueces-sociedad) tiene varias aristas. La gente ya no quiere sólo la explicación que pueda surgir de la sentencia: exige otro tipo de explicación. La sociedad en general no entiende el lenguaje que se usa en las sentencias: pide otra manera de decir las cosas. Me interesa en este punto del desarrollo la utilización del lenguaje en las sentencias (primer problema que tenemos los jueces al momento de comunicarnos).

El mismo puede ser menos complicado, más llano, menos “barroco”; pero no puede renunciar a ser denotativo, preciso, es un lenguaje técnico. La utilización de conceptos jurídicos que hacen a la definición de instituciones del derecho no puede ser abandonados, el tipo objetivo del derecho penal, es eso y no otra cosa, no hay otra forma de enunciar la existencia de ese instituto.

En comparación con otras profesiones, una faringitis es eso y no otra cosa. Ahora, cómo traspasamos la barrera del tecnicismo para que sea aprehendido el significado, es un punto a superar por las limitaciones que nuestra propia formación académica nos impone.

El lenguaje puede ser una canal de comunicación o una barrera para la comunicación. Cómo lo utilizamos es una decisión personal. Decisión que está abonada por la toma de conciencia de que resolvemos un problema entre personas y de la existencia de un problema comunicacional. Cómo nos paramos frente a este darse cuenta depende de nuestra formación, capacitación, nuestro compromiso con el cambio, y la necesidad de superación de ese problema.

Redactar una sentencia es reflejar en palabras la decisión que se tomó para resolver un conflicto que involucra a personas que se han visto en la necesidad de recurrir a un tercero que dirima esa cuestión. Pienso que muchas veces los operadores del sistema judicial, entre ellos los jueces, olvidamos que detrás de esa montaña de papel, o del registro informático, existen personas, a quienes llamamos justiciables y a quienes van dirigidas nuestras acciones. La gente cuando va al juez pide justicia.

La resolución del conflicto interpersonal que se plasma en una sentencia no necesariamente es la realización del valor justicia, pero sí es indefectiblemente un “mojón”, que se pretende cierto en un conflicto humano. La sentencia da certeza. Es un punto de inflexión en la vida de seres humanos.

Lenguaje

Cuánto menos conciencia tenemos de la existencia de personas y conflictos, más complicado será nuestro lenguaje al momento de pronunciar y escribir la decisión. Tan lejanos son los sujetos sobre los que vamos a influir que no nos interesa cómo decimos lo que decimos cuando decidimos. Por esta razón me parece que el lenguaje en una sentencia no sólo es un problema de lenguaje. Abreva directamente en la concepción de qué tipo de juez u operador judicial queremos ser.

La sentencia le habla a la gente que tiene un problema. Esta es una definición acerca del paradigma de juez. Cuanto más lejos estoy de esa definición y más me acerco a concebir mi sentencia como el producido de un trabajo de laboratorio: ascético, incontaminado de realidad, sin caras, sin nombres, sin lugares, en definitiva, sin personas; más complejo es el lenguaje de la sentencia.

En esta concepción de juez, el lenguaje de la decisión judicial debe ser preciso, menos complejo, pero no menos técnico, entonces nos alcanza el segundo problema del lenguaje en las sentencias.

¿Cómo nos comunicamos?

Hay tecnicismos que no podemos abandonar, hay explicaciones que la gente pide y que van más allá de la sentencia y su lenguaje o fundamentos. Explicaciones que tienen que ver con la legitimidad del poder, como lo anunciara en la primera parte de este desarrollo.

Para que la gente nos entienda no sólo debemos hablar más sencillo en las sentencias. En el marco de legitimidad, el Poder Judicial tiene que poder construir una imagen de credibilidad que le permita fortalecer las palabras de sus decisiones. Pero en ese camino, en forma paralela, debe poder explicar a la sociedad, más allá de los fundamentos de la sentencia, el por qué de sus decisiones y traducir en términos de aprehensión posible para el ciudadano (el que está involucrado en el juicio y los otros) ese por qué.

Eso lo logro en un primer momento cuando pienso y tomo conciencia que es al ciudadano a quien va dirigida mi decisión. Él es mi interlocutor, no el técnico que lo asiste en sus derechos, y esto va de la mano del modelo de juez que construyo con cada acto de mi función. Constituye este el primer paso hacia una mejora en la comunicación con el justiciable.

En un segundo momento, y sin pretender que todos los jueces seamos voceros de nuestras propias sentencias, aprender que a veces se necesita hablar con la gente de otra forma. El ciudadano que se acerca al juez para pedir una explicación debe ser atendido en su requerimiento; el imputado a quien se le lee la sentencia debe poder preguntar y debe respondérsele todas las dudas que ese pronunciamiento le provoca.

Las palabras técnicas ineludibles de las sentencias deben ser explicadas. Y para ello no se necesitan decisiones políticas judiciales superiores: basta con confiar en la propia capacidad de realizar el cambio en uno mismo, empezando a ver a los justiciables como nuestros conciudadanos.

Conclusión

La sociedad cambia, el Poder Judicial tiene que estar a la altura de esos cambios, sin someterse a los vaivenes de la coyuntura. Para eso debe repensarse a sí mismo y definir políticas judiciales claras. La comunicación tiene que ser un ítem de la política judicial. El problema comunicacional no solo es institucional, su solución depende del modelo de juez que somos y queremos ser.

Cuando dicto una sentencia, resuelvo un conflicto entre personas. Cuanto más anónimas son esas personas, más complicado es el lenguaje de la sentencia. Hablar claro en la sentencia no significa renunciar al tecnicismo necesario sino tener en mira al ciudadano, y a su necesidad de que se le explique más allá de los fundamentos legales.

A veces sólo se trata de escuchar.

Gloria Zalazar, titular del Juzgado Correccional Nº1.

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Argentina, Corrientes, Monte Caseros: Coordinadora en DDHH denuncia “inteligencia” sobre militantes sociales

MOMARANDU

Advierten "personajes" en protesta de pescadores que reclaman por permisos de subsistencia que fotografiaban en "clara tarea de inteligencia".

La coordinadora divulgó un mensaje convocando a la sociedad civil a identificar a quienes señala en caso de saber información que amplíe sobre sus intenciones.

Su comportamiento fue observado con "curiosidad" durante el conflicto impulsado por pescadores organizados por la Central de Trabajadores Argentina en Monte Caseros

La Coordinadora por los Derechos Humanos y la Justicia los vincula con la fuerza de policía correntina.

"Sucedió el pasado sábado 29; hemos visto deambular a un conjunto de personajes que no pertenecían al grupo de manifestantes, desde mucho antes de realizar el corte", señaló.

"Lo hemos visto fotografiando individual y en grupo a quienes nos encontrábamos a 200 metros del lugar donde luego se realizó la manifestación", abunda.

Vestían atuendo informal, similar al de los pescadores. "La sociedad debiera repudiar, no solo a estos personajes, sino a la política que los ampara", protesta.

Los pescadores pedían exigen a los funcionarios en Recursos Naturales en Provincia y a Prefectura Naval que extiendan su lista de "empadronados" con permiso para pescar y vender ejemplares.

Reclaman, a su vez, que se los incluya en un subsidio de $1700 y bolsones de merecía anunciados por la administración en el gobierno en la Provincia para otros pescadores, y que cese el se3cuestro de sus medios de vida.

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Argentina, Chaco: Masacre de Margarita Belén. Una audiencia al rojo vivo por contradicciones entre testigos

Marcos Salomón (CHACO DIA POR DIA)

El ministro Francisco Romero, fue el primero en declarar. Luego el ex soldado Alfredo Maidana. Hubo desmentidas por un libro autobiográfico con relatos sobre los fusilamientos de 1976. Pruebas presentadas y testigos citados para desentrañar refutaciones.

La cuadragésima jornada del juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén prometía ser especial y no defraudó, con las declaraciones del ministro de Educación, Francisco Romero, y del soldado clase 55, Alfredo Maidana, testigo clave por ser un potencial sobreviviente de los fusilamientos del 13 de diciembre de 1976, que dejaron una audiencia más caliente que los 41º que marcaba el termómetro.

Cuando el ministro Romero se retiró del Tribunal Oral Federal, tras su precisa y contundente declaración, jamás imaginó la tormenta que sobrevendría luego.

La tempestad sobrevino con el testimonio del ex soldado Maidana.

Para entender la historia, es preciso contar su comienzo, que se remonta al año 2003, cuando Maidana buscaba “un corrector –como él mismo lo denominó- que sea Profesor en Letras” para el libro que quería escribir, contando su historia como soldado clase 55, que cumplió el servicio militar obligatorio en 1976.

El relato

Con precisión de escritor, el ministro Francisco Romero declaró que su relación con Maidana data de 2003, cuando, lo conoce por medio de María “Chiquita” MacDonald, ex responsable del Área Literaria de la entonces Subsecretaría de Cultura de Chaco, hasta donde llegó presentado por María Catalina Romero “Negrita” Godoy, ex directora del Centro Cultural “Leopoldo Marechal”.

De esa entrevista surgen una serie de entrevistas, comenzando el 16 de octubre de 2003, continuando el 13 de noviembre y la última –grabada- el 4 de diciembre de 2003. En este último encuentro, se grabaron tres casetes (de los de cinta) que iban a ser la base del libro de Maidana.

“Iba a tener cariz autobiográfico, por lo que yo le advertí sobre las consecuencias legales que podía implicar”, relató Romero durante el juicio. De esa charla, fue testigo “Chiquita” Macdonald. Igual, Maidana “ya tenía un título en mente: Los del medio”.

Se buscó otro testigo para cotejar la información, un soldado de apellido Canteros, que habría sido chofer de Jorge Larrateguy, jefe del Área Militar 233, pero se negó a contar su historia por temor a represalias. Luego, el fervor de Maidana se fue apagando.

En 2004, Romero facilita las desgrabaciones a Amanda Mayor de Piérola, madre de Fernando, una de las víctimas de la Masacre.

Cinco años después, como subsecretario de Cultura, primero; y presidente del Instituto de Cultura, después, le vuelve a ofrecer editar el libro, con un capítulo donde contaba –con pormenorizada precisión- que fue un sobreviviente de los fusilamientos del 13 de diciembre de 1976 y cómo fue el día previo en el ex Grupo de Artillería 7 (hoy Base de Apoyo Logístico).

Así, Maidana y Romero vuelven a reencontrarse en 2009. Aunque, en este caso, el encargado de ser “corrector” fue Alfredo Germiniani, jefe de Prensa del Ministerio de Educación de Chaco, que fue intercambiando correos electrónicos con Alfredo Maidana (hijo del soldado-escritor) sobre el avance del libro y el contrato pertinente para su publicación.

Tras contar pormenores del relato de Maidana sobre la Masacre, que iban a formar parte del libro –y que pusieron de peculiar mal humor a los imputados-, el ministro Romero se retiró dejando las grabaciones y copias impresas de las epístolas vía Internet.

La tormenta

Cuando todo parecía un mero trámite, Maidana, que se dijo escritor y de profesión bicicletero, contó que su ambición fue “contar en un libro sobre el servicio militar, contando mis vivencias con otros soldados y dejar alguna enseñanza”.

Reconoció que Francisco, como lo llamaba al ministro Romero, fue su “corrector”, pero disparó: “Me siento defraudado por él”. “Abusó de mi buena fe, me hizo grabar cosas. No me hago cargo porque esas son letras que el me dio (sic). El capítulo sobre Margarita Belén no era parte del libro, era ficción”. Para rematar: “Me ofreció $ 5 mil, no sé si por el libro o para declarar”.

Y, como prueba, entregó el borrador de contrato, las muestras de tapa (pruebas de galera) y se quejó porque “ni siquiera era mi título”, aunque, luego, nunca supo decir cuál era su propuesta para titular el libro, y sólo divagó sobre sugerencias –poco originales- de algunos clientes o amigos a los que les contaba sobre su aventura como escritor.

Maidana narró que durante un encuentro con Romero, en 2009, realizado en Margarita Belén, fue presenciado por el juez de Paz José Luis Pontón. Y siguió hablando de presiones, hasta para “hablar con un paleontólogo (sic)”, dato que desconcertó a todos por igual.

Tras tirar con munición gruesa contra el ministro, dijo que “nunca fue comando, sino un soldado más que limpiaba el Regimiento, cortaba el pasto, barría (sic)”. Y que entre el 10 y 25 de diciembre de 1976, estuvo de vacaciones para pasar Navidad con su familia.

Contradicciones

Por más que fiscales, querellantes y hasta los jueces del Tribunal Oral Federal intentaran entender la lógica de Maidana: leyó un libreto escrito por Romero, que lo grabó, para después usarlo en un capítulo de un libro, no podían hacer que el ex soldado explicara a ciencia cierta el proceso de armado de los textos.

Lo más claro que se logró establecer fue que Maidana ni siquiera sabía quién era Facundo Serrano, ex dictador de Chaco en la década del 70, tras una pregunta del abogado Duilio Ramírez.

A partir de allí, el soldado-escritor entró en una espiral de contradicciones, llegando a decir que “todo lo que quería contar era ficción”, que, en realidad, “eran sus vivencias como soldado, las de su tío y de otros soldados”. De su paso por el Ejército, sacó como enseñanza: saber cortar el pasto, barrer, cocinar y un largo etcétera que en algún caso incluyó la alfabetización (a esa altura los imputados lo aplaudían, como no sucedió con ningún otro testigo).

Grabaciones

La audiencia era la caldera del diablo hasta que entró en la ebullición imaginable, con chicanas y cruces leguleyos a cada paso. Tras un cuarto intermedio, se decidió escuchar las grabaciones.

Tras escuchar algunos fragmentos sueltos, quedó claro que habló sobre la Masacre, tras preguntas puntuales de Romero –en esos pocos minutos que se escucharon, no parece que Maidana esté leyendo un libreto si no contestando a un interrogatorio concreto-.

Y para ser un simple corta pasto, en otro fragmento de la cinta, se escuchó al ex soldado narrar una incursión contra los “subversivos”, que tenían armas que extrajeron tras el copamiento del Regimiento de Monte 29, en Formosa.

Las cintas, los correos electrónicos, las pruebas de galera de la tapa del libro pasaron ahora a ser pruebas clave para tratar de dilucidar este intríngulis. A lo que se suman nuevos testigos: sea en audiencia especial o el próximo jueves 9 (posponiendo las inspecciones oculares) “Chiquita” Macdonald, “Negrita” Godoy, Alfredo Germiniani y Alfredo Maidana deberán comparecer ante el Tribunal Oral Federal.

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Argentina, Córdoba: 18 pedidos de condena a prisión perpetua

Alexis Oliva (PRENSARED)

Los fiscales Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella solicitaron ayer que se condene a los represores militares Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Vicente Meli, Víctor Pino Cano, Emilio Juan Huber, Mauricio Carlos Poncet, Jorge González Navarro, Raúl Eduardo Fierro, Osvaldo Quiroga, Enrique Pedro Mones Ruiz y Miguel Angel Pérez, así como a los policías Marcelo Luna, Luis Calixto Flores, Yamil Jabour, Carlos Alfredo Yanicelli, Luis Alberto Lucero, Luis Molina y Miguel Angel Gómez a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua.

Las penas solicitadas corresponden a las figuras penales de "homicidios calificados y tormentos agravados", al considerarlos responsables directos o mediatos de los fusilamientos de los 31 presos políticos de la UP1 durante 1976.

Son en total 18 pedidos de condena a prisión perpetua, entre ellos 11 ex integrantes del Ejército y 7 policías.

A su vez, para el mayor Gustavo Adolfo Alsina, pidieron 25 años de prisión por los "tormentos agravados seguidos de muerte", en el caso del preso político René Moukarzel; al ex general Hermes Oscar Rodríguez, 17; Carlos Hibar Pérez (cabo), 16, y Antonio Paredes (cabo), 9 años; al oficial jefe de Gendarmería José Eugenio San Julián, 12 años; a los policías Fernando Martín Rocha, 16; Gustavo Salgado, 15; y Graciela Antón, 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

Y solicitaron la absolución para el militar Pablo Daloia y los policías Luis Merlo, Luis Alberto Rodríguez y Ricardo Cayetano Rocha.

En el caso de Alsina, los fiscales sostuvieron la figura de "tormentos seguidos de muerte" -cuya pena máxima son 25 años- que preveía la instrucción de la causa, a pesar de considerar a la muerte de Moukarzel "de una bestialidad tal que repugna a la conciencia". Discreparon así con el criterio de la querella integrada por María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja (h), que fundamentó el cambio de calificación por la de "homicidio con ensañamiento y alevosía" y la correspondiente pena de prisión perpetua para Alsina y su superior Emilio Juan Huber, por la intención de "venganza" y la "alegría" de Alsina ante la muerte del santiagueño militante del PRT-ERP en condiciones de "absoluta indefensión".

Otra cuestión controvertida está referida al mayor y veterano de la Guerra de Malvinas Daloia, a quien Martínez y Vaca Narvaja, al igual que Miguel Ceballos, consideraron que integró el grupo que fusiló a Gustavo Adolfo De Breuil, Arnaldo Higinio Toranzo y Hugo Vaca Narvaja, el 11 de agosto de 1976 (hecho décimo primero). Con distinto criterio, la Fiscalía no consideró probada su participación y pidió la absolución, provocando el alivio y las lágrimas del imputado y la indignación de los familiares de las víctimas.

Más allá de estas diferencias puntuales que tendrán que zanjar los jueces, querellantes y fiscales dejaron a la defensas con poco margen de maniobra para evitar las condenas de sus representados.

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Argentina, Córdoba: "Si Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado"

Alexis Oliva (PRENSARED)

El fiscal Carlos Gonella cuestionó duramente el rol de las instituciones "con alta representatividad social" que fueron "cómplices" del brazo ejecutor militar del terrorismo de Estado, entre ellos la Iglesia Católica y la propia Justicia Federal. "Si hubieran cumplido con el juramento de defender la ley al asumir como magistrados, quizás nosotros no estaríamos acá", reprochó.

En la continuación de los alegatos del Ministerio Público Fiscal en el juicio a Jorge Rafael Videla y otros 30 represores por los fusilamientos de 31 pesos políticos de Córdoba durante 1976, el fiscal general Carlos Gonella cuestionó duramente el rol del Poder Judicial y la Iglesia Católica durante la dictadura militar, al establecer “la complicidad de la sociedad civil, de sectores con alta representatividad social que también tuvieron responsabilidad (…), poderes fácticos que utilizaron a las Fuerzas Armadas para mediante el terrorismo de Estado para desplazar a amplios sectores del pueblo de la vida social”.

Al contextualizar y caracterizar el terrorismo de Estado desplegado durante la dictadura militar, explicó:

“Era una época difícil, en la que sectores de la juventud veían a la violencia como un método de lucha política, pero también había otros sectores que no, pero que pensaban de una forma similar. Era una época compleja. Pero barrieron con todo, con los jóvenes que creían en la violencia y los otros también. Fueron eliminados. Fue una visión totalitaria, destruir al otro, cargarle un mote y destruirlo. Lo que pasó con esta causa es un ejemplo. Qué necesidad tenían de eliminar a estas personas si ya los tenían recluidos en un establecimiento penitenciario. Era destruir a esas personas para demostrar que querían destruir a un grupo disidente. Esto no difiere del nazismo y el estalinismo”.

Respecto a la responsabilidad de los funcionarios de la Justicia Federal al momento de los hechos, dijo:

“En este juicio ha quedado acreditado cómo magistrados y funcionarios de la Justicia de entonces han tenido una actitud cómplice. Un abordaje serio no puede dejar de lado la conducta que tuvieron. Si hubieran cumplido con el juramento de defender la ley al asumir como magistrados quizás nosotros no estaríamos acá. Se hubieran juzgado los primeros hechos de esta masacre pero no hubiera ocurrido nada más. Ustedes recién ahora pueden decir la verdad sobre lo que ocurrió en aquel entonces, porque en aquel entonces se ocultó. Es una paradoja judicial. Acá se trata de terrorismo de Estado, de cómo el Estado se fagocitó la vida de 28 personas que estaban a disposición de la justicia y el Poder Ejecutivo Nacional, con la participación individuos a cargo del poder ejecutivo en forma espuria y la complicidad de los funcionarios de la Justicia. (…) Un testigo de esta causa, Héctor Jerónimo López, fue procesado por denunciar las torturas a que fue sometido. (…) Con el tiempo, terminó recurriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un dictamen sobre el caso dice: “El terrorismo de Estado en Córdoba contó con la complicidad del Poder Judicial, a través del Juzgado Federal N°1, con el juez Adolfo Zamboni Ledesma y el secretario Carlos Otero Álvarez”. No lo digo yo, lo dice la Corte interamericana de Derechos Humanos”.

En relación a la Iglesia Católica, el fiscal Gonella expresó:

“También existió complicidad de los representantes de la Iglesia. (…) Hay constancias en esta causa de que (el entonces arzobispo de Córdoba y titular del Episcopado argentino) Raúl Primatesta intervino para gestionar un alivio a los presos, lo cual derivó en que algunos pudieran recibir visitas en Navidad. Pero también se han dicho acá otras cosas. La testigo María Cristina Tobares, refugiada en el ACNUR en Brasil, dijo que monseñor (Paulo Evaristo) Arns (arzobispo de San Pablo) les prestaba refugio, y él les dijo que Primatesta les pedía información sobre los refugiados políticos acá y le reprochaba que prestara las instituciones del Arzobispado de San Pablo para refugiar a subversivos exiliados de la Argentina. Arns los llamó y les dijo que si pensaban volver a Córdoba no lo hicieran porque su vida corría peligro. (…) El libro del periodista Horacio Verbitsky, La mano izquierda de Dios, cita una frase de Primatesta en Nochebuena del 75: ‘Dios va a defender su creación, va a defender el hombre. La mano izquierda de dios es paternal, pero puede ser pesada’. Si no es la ‘mano izquierda’ la orden de Menéndez de reprimir ‘por izquierda’... (…) Si Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado, no tengo dudas”.

Claramente, se refería al banquillo de los acusados.

Causa Gontero

A continuación, el fiscal Gonella desarrolló la acusación de la causa Menéndez o Gontero, en la que se investigan los secuestros y torturas de seis policías –y al hermano de uno de ellos- acusados de “infiltrados” de las organizaciones guerrilleras: Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Raúl Urzagasti Matorras, Carlos Arnau Zuñiga, Horacio y Oscar Samamé, todos sobrevivientes de su odisea.

“El motivo que llevó a estas seis víctimas a su calvario represivo, fue el de ser tres de ellos estudiantes universitarios. Lo que dio origen al mote de subversivos fue el haber sido estudiantes universitarios”, expresó el fiscal.

Tras describir la persecución ideológica y las circunstancias ilegales de detención y apremios ilegales a los que fueron sometidos en el D2 por sus propios camaradas de armas, Gonella dio por acreditada la “participación responsable” de los acusados.

Además, se refirió a la continuidad dentro de la fuerza policial de algunos de los represores policiales, principalmente el caso de Carlos “Tucán” Yanicelli, quien llegó a integrar el alto mando de la Policía de Córdoba: “El terrorismo de Estado penetró en los procesos democráticos, en este caso cordobés, permitiendo que estas personas acusadas de delitos imprescriptibles ocuparan cargos en una institución encargada cuidar la vida y los bienes de las personas”.

Acto seguido, se refirió a los padecimientos sufridos por el querellante Luis Urquiza, cuando denunció a los ex represores en 1997, siendo Yanicelli comisario mayor y jefe de Inteligencia policial. Ahí le dedicó un reproche a quien era entonces Ministro de Asuntos Institucionales y hoy diputado nacional por la UCR, Oscar Aguad -definido en los documentos filtrados en estos días por Wikileaks como “de centroizquierda”-. “Aguad le dijo a Urquiza que él no iba generar una sangría en la fuerza policial. Hasta le ofreció casa y trabajo a Urquiza, para que no se vaya. Quiso comprar su silencio, cosa que Urquiza no aceptó (…) y se tuvo que exiliar nuevamente en Dinamarca”, relató el fiscal.

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Argentina: La recuperación de Elsa Rodríguez

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En medio de tanto dolor, una gran noticia.

En un cuadro signado por el dolor que nos ha causado el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra podemos dar una gran noticia: Elsa Rodríguez, quien fuera herida de gravedad por la patota de la Unión Ferroviaria, ha mostrado una mejoría impresionante en las últimas horas. Lo más relevante es que Elsa ha recuperado la capacidad de escuchar y respira y se alimenta por sus propios medios. De un momento a otro dejará la terapia intensiva para ser trasladada a una sala intermedia.

La gran luchadora que es Elsa Rodríguez quedó demostrado el 20 de octubre pasado, cuando se movilizó junto a los ferroviarios tercerizados reclamando su reincorporación y su pase a planta permanente y ahora lo demostró peleando en el Argerich por su vida. Confiamos en que Elsa estará pronto recuperada totalmente para luchar para que Pedraza y todos los responsables vayan a la cárcel.

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Argentina, Formosa: Siguen apareciendo más heridos y más horror

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

La Comunidad Qom Navogoh (La Primavera) emitió un comunicado en su blog dando más detalles de la asesina represión realizada por el gobierno de Formosa desatada sobre los aborígenes, que la Agencia de Noticias Copenoa reproduce.

“Queremos que haya justicia pero como en Formosa la justicia es dependiente del poder político ¿Qué podemos hacer? Queremos saber qué pasó con nuestros hermanos Roberto López y Samuel Garcete, que se encuentra muy grave, y con el oficial de policía fallecido. Queremos la verdad ¿Quiénes fueron los que dispararon? La justicia ya estaría apuntando al hermano Roberto de la muerte del oficial, claro él ya no se puede defender. Pero nosotros averiguaremos.


Fuimos testigo de la brutalidad de los policías mayores no sólo con nuestros ancianos y mujeres sino con los jóvenes policías que llevaron para reprimirnos. A aquellos que se caían o se atrevían a horrorizarse por lo que nos estaban haciendo los jefes los insultaban y pegaban. Vimos con nuestros ojos cómo los caballos les pasaban por encima.


También contamos con el testimonio de uno de nuestros hermanos que vio como una bala que era dirigida a él impactaba en otro policía. No sabe si se trata del policía fallecido o no. Por eso necesitamos una investigación seria, nosotros y la familia del policía fallecido.


Tenemos miedo, mucho miedo. Permanentemente pasan hombres a caballo o en camioneta y disparan. Llegaron a gritarnos insultos con megáfonos.


¿Quién nos protege?
¿La misma policía que fue testigo del momento cuando los Celias nos disparaban y sólo nos dijeron que nos lo habíamos buscado? ¿la policía que planificó que una mujer oficial nos denunciara por abuso sexual en plena discusión por la mañana? ¿la policía que vino a reprimirnos y a matarnos? ¿que desesperadamente preguntaba dónde está Félix, a ese hay que matar? ¿a la policía que luego de reprimirnos acumuló todas nuestras pertenencias y las quemó salvajemente junto a nuestras casas? ¿a la policía que subió al hermano Roberto a un camión y ya detenido, en el suelo, y muy golpeado le preguntaba a patadas dónde estaba Félix? ¿a la policía que en la comisaría le pedían las mujeres de pasar al baño y nos respondían que sólo si les pagábamos? ¿a la que le robaron a Félix su netbook y celulares que estaban en su computadora en la comisaría? Entendemos que en Bs As no nos puedan creer que somos una comunidad independiente de todo interés político partidario. Pero la verdad es que nunca nadie nos apoyó, solventó ni nos metió ideas. Nunca aceptamos formar parte de ningún sector partidario. Así pasamos cuatro meses al costado de la ruta con lo que teníamos.


Sí se nos acercó mucha gente para solidarizarse, para acompañarnos. No los rechazamos pero eso no significa que formemos parte de ningún espacio político. Cada vez que nos invitan a hablar o nos acercan un micrófono hablamos pues son pocas las oportunidades que tenemos para contar nuestra verdad. Sabemos que muchos usan nuestra lucha pero no podemos callar cuando alguien se acerca a preguntarnos qué nos pasa. Hay mucho horror del que hablar.

Las organizaciones de DDHH saben que decimos la verdad. Y también muchos funcionarios de Nación conocen la realidad de Formosa, nos lo han dicho en sus oficinas. Pero nadie se atreve a hablar salvo nosotros ¿Entonces cómo vamos a desechar una entrevista sea del medio que sea? Nuestra actual situación es crítica. Nos destruyeron todo, antes teníamos poco pero ahora nada.

Nuestras heridas aún están abiertas.


Dos voluntarias médicas se acercaron ayer a revisarnos y encontraron por ejemplo que en el Hospital de Laguna Blanca enyesaron a un hermano y aún su herida sangra a través del yeso. No lo habían curado antes.

Entendemos que no nos puedan creer desde Buenos Aires, vivimos otra realidad. No en la Argentina del 2010. Aquí la dictadura, el miedo y la represión continúan. Todos tienen miedo de hablar, nosotros también pero no podemos callar.

Le pedimos a nuestra presidenta Cristina, que como ella dijo es la presidenta de todos, simplemente que nos oiga. No para agraviar, ni insultar, no es nuestra costumbre.

Somos indígenas del monte, alejados de las grandes ciudades. Vivimos junto a la naturaleza y ella no nos enseña a insultar ni agredir.

Para nosotros nuestra presidenta es como nuestra madre, la madre de todos, y necesitamos simplemente que nos escuche”.

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