jueves, 9 de diciembre de 2010

Los deberes de la inteligencia

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

Hay economistas y otros científicos sociales (como se los suele llamar) que son rigurosos en su metodología y sus análisis, incluso aunque no se proclamen “de izquierda” ni marxistas. Pero otros, que sí se proclaman marxistas y/o de izquierda, a veces se deslizan a una especie de análisis subjetivo de una situación económico-social dada, que contribuye muy poco a la tarea de ayudar a la gente a ver la sustancia del sistema dominante más allá de los fenómenos coyunturales y de las anécdotas circunstanciales. Así omiten cumplir con los “deberes de la inteligencia”, como los llamó Aníbal Ponce en su célebre conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas hace ya 80 años, en 1930.

Concretamente, me refiero a algunos artículos sobre la situación actual en Argentina.

Si bien es cierto que las estadísticas oficiales, por ejemplo del INDEC (que alguien ha llamado el Ministerio de la Verdad) falsean la realidad, no falta material estadístico, aunque encontrarlo y hacer elaboraciones objetivas basadas en ese material no es una tarea siempre fácil. Pero hay quienes se toman ese trabajo y publican los resultados, que son accesibles para quienes quieren consultarlos sobre papel o en internet.

Pero no se trata sólo de disponer de datos objetivos, sino de utlizarlos con el método apropiado. Y ese método apropiado es el materialista y dialéctico que empleó Marx en todos sus trabajos y que resumió espléndidamente en el Capítulo III (El método de la economía política) de su Introducción a la crítica de la economía política (1857) y que también figura en el punto 3 de la Introducción de los “Grundrisse”.

Marx escribió:

“Cuando consideramos un país dado desde el punto de vista de la economía política comenzamos por estudiar su población, la división de ésta en clases, su localización en la ciudad, en el campo, en el borde del mar, las diferentes ramas de la producción, la exportación e importación, la producción y el consumo anual, los precios de las mercancías, etc. Parece ser el buen método comenzar por lo real y concreto, que constituye la condición previa efectiva. Por ejemplo en economía política comenzar con la población, que es el fundamento y sujeto de todo acto de producción social. Sin embargo, si se mira con más atención, se ve que esto es un error. La población es una abstracción si se deja de lado, por ejemplo, a las clases de las que se compone. Estas clases son a su vez una palabra vacía si se ignoran los elementos sobre las que reposan: el trabajo asalariado, el capital, etc. Éstos presuponen el intercambio, la división del trabajo, los precios, etc. El capital, por ejemplo, no es nada sin el trabajo asalariado, sin el valor, el dinero, el precio, etc. Si se comenzara, por lo tanto, con la población, esto sería una representación caótica de la totalidad y mediante una determinación más precisa, mediante el análisis, se lograrían conceptos cada vez más simples; de lo concreto representado se llegaría a abstracciones cada vez más sutiles, hasta alcanzar las determinaciones más simples. A partir de ahí habría que emprender el camino inverso, hasta llegar finalmente de nuevo a la población, pero esta vez no como una representación caótica de un todo, sino como una totalidad rica de múltiples determinaciones y relaciones. El primer camino es el que tomó históricamente la economía en sus comienzos. Los economistas del siglo XVII, por ejemplo, comienzan siempre con la totalidad viva, con la población, con la nación, con el Estado, con varios estados, etc.; pero siempre acaban descubriendo mediante el análisis algunas relaciones generales abstractas determinantes, como la división del trabajo, el dinero, el valor, etc. Tan pronto como estos factores aislados fueron más o menos fijados y abstraídos, comenzaron los sistemas económicos, que se elevaban de lo simple, como el trabajo, división del trabajo, la necesidad, el valor de cambio, hasta el Estado, el intercambio entre las naciones y el mercado mundial.

Este último es evidentemente el método científicamente correcto.

Lo concreto es concreto, porque es la síntesis de múltiples determinaciones y, por lo tanto, unidad de la diversidad. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida real y, en consecuencia, también el punto de partida de la intuición inmediata y de la representación. El primer paso ha reducido la plenitud de la representación a una determinación abstracta ; con el segundo las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por la vía del pensamiento . Por ello Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento , que se concentra en sí mismo, en tanto que el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto no es para el pensamiento, otra cosa que apropiarse de lo concreto, de reproducirlo en forma de concreto pensado”.

Marx no sólo preconizó su método sino que lo aplicó estudiando a fondo los datos y el funcionamiento concretos del sistema capitalista para llegar a lo “concreto pensado” es decir a la descripción global del sistema capitalista y a enunciar las teorías fundamentales que explican el mismo, como el valor y la plusvalía, entre otras.

De modo que un economista que pretende ser “intelectual orgánico”, como decía Gramsci, de los oprimidos y explotados, debe seguir el método de Marx, es decir recoger los datos económico-sociales más completos posibles: población, territorio, regiones, industria y sus sectores, porciento en el total de cada uno de ellos, capital nacional, extranjero y mixto. Personal asalariado. Participación de éste en el PBI. En el agro: propiedad de la tierra, cómo está distribuida, renta agraria, sectores de producción, explotación directa y arrendatarios. Dimensiones y cantidad de los explotaciones directas y por arrendatarios. Producción agrícolo- ganadera por productos. Asalariados rurales. Participación de la agricultura en el PBI. Trabajadores y empleados. Profesionales y dirigentes empresarios medios y superiores. Presupuesto nacional por rubros.

Servicios: sectores. Su parte en el PBI. Capital financiero. Exportación e importación . Cifras y productos. Parte del capital nacional, extranjero y mixto. Salario nominal y real por sectores. Empleo blanco y negro. Grado de representación de los diferentes sectores económicos en la dirección política.

Hay otros elementos que es necesario tener en cuenta, por ejemplo el nivel de democracia social: acceso de los más pobres a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, libertad y democracia sindicales,etc. También el nivel de democracia formal: funcionamiento de los poderes, monopolios mediáticos y pluralismo de los medios (siempre relativo, porque casi todos, desde diversos enfoques –opositores y oficialistas - convergen en la defensa del sistema). Grado de corrupción, que no es un problema anecdótico, pues distorsiona la política económica y la relaciones económicas y sociales, etc.

Y es necesario estudiar la evolución de esos datos en el tiempo fin de discernir las tendencias.

De ahí se puede llegar a una síntesis para establecer los sectores de las clases dominantes que son hegemónicas en un momento dado para completar el diagnóstico, tratar de establecer un pronóstico y eventualmente colaborar en la formulación de propuestas alternativas al sistema dominante.

Cuando no se emplea el método correcto se puede caer en la subjetividad, la ambigüedad y la indefinición. Los economistas que se consideran comprometidos con los intereses populares no deben limitarse a ser meros comentaristas de la actualidad.

Por cierto que esto que decimos es válido no sólo para Argentina sino para cualquier otro país latinoamericano y del mundo y también para comprender y explicar la etapa actual del capitalismo a escala mundial (la mal llamada globalización neoliberal).

Esta metodología la han empleado y la siguen empleando muchos autores. Para citar sólo a uno, lo hizo Lenin escribiendo “El desarrollo del capitalismo en Rusia” para comprender el terreno sobre el que quería actuar y “El imperialismo, última etapa del capitalismo” para explicar el capitalismo a escala mundial de su época.

Otra cuestión distinta pero relacionada, porque se trata también del combate permanente contra la ideología y la cultura hegemónicas, es el de la popularidad de que gozan entre las clases medias intelectuales “progresistas” y en algunos movimientos sociales, ideólogos como Toni Negri, John Holloway e Immanuel Wallerstein, entre otros.

Debo decir que abordo en particular el tema de Wallertein a modo de respuesta a un comentario del señor Luis Roca Jusmet, aparecido en la revista “El viejo topo” de España y reproducido en Argenpress Cultural del 12 de noviembre, sobre un libro mío cuya última edición se publicó en España con el título de “La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo”.

El señor Roca Jusmet hace un comentario elogioso de mi libro pero con la siguiente reserva:

“Pero lo que no puedo dejar de criticar es algo que en el libro aparece de manera marginal pero que no lo es. Es la manera como el autor del libro trata a Immanuel Wallernstein, que me parece uno de los grandes teóricos de la izquierda actual y al que Teitelbaum liquida tratándolo de ideólogo del sistema. Me parece inaceptable esta referencia tan arrogante y superficial, sobre todo teniendo en cuenta que lo único que aparece en la bibliografía es un artículo de Wallernstein”.

Una aclaración previa. No escribí que Wallerstein es un ideólogo del sistema. Traté de resumir pero no de simplificar. Esto es lo escribí en el párrafo donde mencioné a Wallerstein:

“Muchos se obstinan en llamar “mundialización neoliberal” al sistema socioeconómico actualmente dominante, como si se tratara de una enfermedad pasajera y curable del capitalismo. Las expresiones “mundialización neoliberal”, “economía mundo” (Wallerstein) o “Imperio” (Hardt y Negri), muestran, una vez más, el papel desempeñado por el lenguaje como portador de una ideología destinada a ocultar la verdadera naturaleza del capitalismo.

La llamada mundialización neoliberal no es otra cosa que el sistema capitalista real actual, es decir el resultado de la evolución del capitalismo hasta su etapa actual imperialista y guerrerista, cuya expresión más acabada y brutal está concentrada en el poder económico- político de los Estados Unidos, en crisis notoria, pero aún dominante a escala mundial.Cuando hablamos de "sistema capitalista" no nos referimos solamente a sus aspectos económico-financieros, sino al conjunto de un sistema de dominación, con sus componentes económico-financieros pero también políticos, militares, sociales, ideológicos, culturales, comunicacionales e "informacionales".

El sistema imperante actual no es simplemente una etapa indiferenciada de un “sistema-mundo moderno” que existiría desde hace 500 años (Wallerstein). Es la expresión contemporánea, cualitativamente diferente, del capitalismo. Es una falacia la idea de Wallerstein (La Jornada, México 01/06/2003) de que Bush es un accidente “militarista macho” y que el gran capital (por lo menos aquel representado por gente como Bill Gates y Soros) quiere un sistema capitalista estable que Bush no les brinda, que puede ejercer su hegemonía con eficiencia económica y sería capaz de crear un orden mundial garante de un “sistema-mundo” que funcionaría con fluidez, aunque sólo fuera para permitir una desproporcionada tajada de acumulación de capital.

No hay un capitalismo enfermo de la mundialización neoliberal y de guerrerismo y otro capitalismo “posible” o utópico, estable y eficiente, que funcionaría con fluidez, libre de las crisis, del militarismo y la guerra y de brotes neofascistas”.

Tiene razón el señor Jusmet en que “despaché” a Wallerstein un poco rápidamente pero se equivoca cuando dice que Wallerstein es “uno de los grandes teóricos de la izquierda actual”.

Comenzaré por citar la opinión sobre Wallerstein del reputado historiador y catedrático barcelonés Josep Fontana.

“Los libros de Wallerstein son útiles como guía bibliográfica, pero este acopio es, como siempre en el estructuralismo, pasivo, sin ninguna aportación personal: el contacto con la realidad está siempre mediatizado por el trabajo de otro investigadores cuyos resultados se encajan en el esquema teórico prefabricado. Por muchas razones el lugar de Wallerstein no debería estar en un capítulo sobre marxismo ni que sea un marxismo degradado , sino cercano a la social hístory o el eclecticismo académico de la escuela de Annales" (J. Fontana: Historia. Análisis del pasado y proyecto social, Ed. Crítica, Barcelona).

La escuela de Annales a que se refiere Fontana es la actividad de un grupo de intelectuales franceses realizada en torno a la revista Annales fundada por los historiadores Marc Bloch y Lucien Favre en 1929 y donde desempeñó un papel determinante Fernand Braudel entre los decenios del 50 y del 70. En 1979 Braudel publicó su obra “Civilización material, economía y capitalismo” en parte influenciada por las teorías de Wallerstein.

Leyendo a Wallerstein no se puede menos que confirmar la exactitud de la opinión de Fontana.

W., escribe que los movimientos “antisistémicos”, sean estos socialistas o nacionalistas, adoptaron en el último tercio del siglo XIX una estrategia en dos etapas: primero llegar al poder estatal, después transformar el mundo. Y durante los “30 gloriosos” el primer objetivo, es decir la toma del poder estatal, (por parte de los movimientos “antisistémicos) se alcanzó en la gran mayoría de los países. No se puede pedir algo más ambiguo, impreciso y en el fondo ajeno a la realidad de los hechos.

Después de calificar como “revolución” las revueltas de 1968 que admite que se extinguieron como un “fuego de paja” dice que lo que marcha mejor es la “nueva izquierda”: los movimientos feministas, los movimientos identitarios etno minoritarios, los verdes, los movimientos por la libertad de elección sexual de los cuales emerge lentamente otro movimiento que trata de conjugar sus esfuerzos contra el verdadero enemigo: el neoliberalismo que hace estragos en el mundo político; que trata de trabajar conjuntamente sin estructura centralizada, ni en los niveles locales o nacionales, ni en el nivel mundial. Se podría dar a esto, dice, el nombre de espíritu de Porto Alegre.

Después explica que no hay mayor diferencia entre el capitalismo de hace 400 años y el actual que el llama “economía mundo”. (Wallerstein, El Capitalismo histórico, Postfacio de la 2a. Edición, La mundializacion no es nueva).

En otra publicación escribe que cuando el capitalista quiere reducir el precio del trabajo en los costos de la producción deslocaliza su empresa y agrega “como lo hacía hace ya 500 años”. Es verdad, Colón llevó Repsol a América Latina. Y Solís la Telefónica española a Buenos Aires.

W. pronostica que en el plano global se producirá un alza efectiva del salario real de los trabajadores, en detrimento de la tasa de beneficio, tendencia en el largo plazo que culmina ahora después de 500 años de desarrollo (Wallerstein, Los dilemas actuales de los capitalistas, 1999).

Los trabajadores quedan informados de que pronto sacarán la lotería capitalista.

La idea de un sistema mundo viejo de 500 años promovida por Wallerstein, es una visión abstracta y general que parece coincidir con el tema de la mundialización capitalista, pero no tiene en cuenta las diversas particularidades, tanto históricas como actuales, del sistema.

Escribe W.: “No creo que el mercado mundial ‘engendre’ versiones del capitalismo; tampoco creo que existan múltiples ‘versiones del capitalismo’. Lo que sí creo es que solamente hay una clase de capitalismo, la única que ha existido históricamente. Es esta entidad, única en su género y
eminentemente empírica, la que me interesa describir y analizar” (Comentarios sobre las pruebas críticas de Stern”, Revista Mexicana de Sociología, núm. 3, julio-septiembre 1989, México, p. 341).

Este sistema mundo moderno nació – según W. – a comienzos del siglo XVI cuando Europa resolvió la crisis del feudalismo creando el sistema económico capitalista en el mundo.

Maurice Dobb parece referirse a W. cuando en el prólogo de “La transición del feudalismo al capitalismo” (debate entre Dobb, Sweezy y otros investigadores –serios- del tema) escribió en 1954: “Pero lo que interesa en último término es la propia realidad histórica y los detalles del debate deben mostrar con prístina evidencia que no se trata en absoluto de acumular datos en un lecho, como el de Procusto, de fórmulas hechas a medida”.

En síntesis W. parece ignorar la dialéctica de lo abstracto y lo concreto, de lo particular y lo general y el papel del grado de desarrollo de las fuerzas productivas en los procesos históricos.

Así es como puede afirmar que en el siglo XVI Europa parió el capitalismo mundial tal como lo conocemos ahora.

Los analistas de Wallerstein dicen que es “circulacionista” o sea que, en sus interpretaciones de los procesos históricos, privilegia el papel del mercado sobre la esfera de la producción. El mercado desempeñó un papel importante en la sociedad esclavista y en la sociedad feudal y constituyó una condición necesaria para el desarrollo del capitalismo. Pero su contribución para el desarrollo del capitalismo no es suficiente porque deben existir avances técnicos que posibiliten nuevos métodos de producción y la emergencia de dos nuevas clases, la capitalista y la proletaria, como señala John Eaton en su Economía Política. Un análisis marxista (Amorrortu, 2004).

Otro teórico que inspira a no pocos “altermundialistas” es Antonio Negri, quien escribió con Hardt “Imperio”, el libro de referencia.

En él se explica que con la mundialización y la crisis del Estado-Nación ha surgido el Imperio, que no tiene centro (que obviamente remplaza a la noción de imperialismo, que sí tiene centro representado por las grandes potencias y su poderío económico, político y militar) y como principal protagonista revolucionario la “multitud”, que los autores no se ocupan de definir en qué consiste. Desaparecen de la escena el proletariado, el campesinado y las clases oprimidas y explotadas como protagonistas de un cambio revolucionario.

Finalmente, para completar el terceto está John Holloway y su libro Cambiar el mundo sin tomar el poder cuyo título ya es todo un programa a contrapelo de los hechos históricos y actuales.

Wallerstein, Negri y Holloway, (y otros autores de orientaciones semejantes) tienen, con distintos matices, varios rasgos comunes: saltearse los antagonismos de clase que se ponen básicamente de manifiesto en la esfera de la producción, es decir la explotación capitalista del trabajo humano, desconocer la existencia del imperialismo como sistema de dominación centro-periferia e ignorar las contradicciones interimperialistas (Wallerstein con su “sistema-mundo” y Negri con su nebuloso “Imperio”). De lo cual pueden concluir, como lo hace Holloway, que se puede cambiar el mundo sin tomar el poder, por obra de la “multitud” de Negri que, como dice Wallerstein, “trata de trabajar conjuntamente sin estructura centralizada, ni en los niveles locales o nacionales, ni en el nivel mundial”.

Este discurso carente de rigor científico, ajeno a la realidad de los hechos y a la experiencia histórica y cotidiana de los pueblos penetra sin embargo fácilmente en la mente de no poca gente porque con sus neologismos, frases y consignas efectistas parece portador de enfoques nuevos, especialmente entre aquéllos que no quieren repetir la experiencia del fracaso del socialismo real.

Pero no se trata de tirar por la borda el materialismo histórico y dialéctico y las experiencias de las luchas populares de todos los tiempos junto con el estereotipo dogmático del marxismo engendrado por la burocracia política e intelectual.

Hacerlo significa privar a la gente de las herramientas conceptuales necesarias para comprender al mundo que lo rodea, aprender a distinguir las tendencias realmente dominantes en los procesos político-sociales y así poder posicionarse y tomar decisiones individuales y colectivas con conocimiento de causa.

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Tragedia carcelaria en Chile. Los presos no votan

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Este es el tercer evento con impacto mediático del año en un país cada vez más sorprendente por esta espiral de tragedias. Primero fue el terremoto de febrero, después el caso de los 33 mineros atrapados en agosto, liberados en octubre en un show de medios desproporcionado. La tragedia ahora golpeó a Santiago, la capital. Se trata de un incendio que comenzó en la madrugada, aproximadamente a las 5 AM del día miércoles en un recinto penal que cobró 81 víctimas fatales.

Como a las cinco horas de la mañana empezó a salir humo de una de las secciones de la cárcel ubicada en la comuna de San Miguel al sur de Santiago. Al comienzo hubo confusión cuando se le prohibió la entrada a los bomberos; a las 17 horas todavía no entregaban datos oficiales respecto a las víctimas. Recién a las 18 horas se comunicaba el nombre de 12 reclusos heridos que permanecían en diferentes sitios asistenciales. El diputado Hugo Gutiérrez que encabeza la comisión de derechos humanos del parlamento, fue la primera autoridad en entregar algún tipo de información: Declaraba temprano en la misma tarde que las pruebas de ADN para el reconocimiento de 50 personas serían lentas.

Por lo menos 50 cadáveres aparecen como irreconocibles y se estima que la identificación tomaría meses a través de las pruebas de ADN. Los familiares de estos 81 reclusos muertos se agolparon con furia alrededor del centro penal que albergaba cerca de 1300 reclusos, desbordando con creces su capacidad límite. Un oficial de gendarmería señalaba a una radio que desde varias décadas atrás se han solicitado más recursos para capacitación del personal y mejoramiento de la infraestructura, pero como el tema no es popular se escatiman los dineros. “Nadie va a invertir en mejores cárceles porque los presos no votan”, señala un familiar.

La situación carcelaria en Chile es una de las peores en la región y debido a la nueva ley procesal penal el ingreso de nuevos reclusos se ha acelerado. Las cárceles están siendo abarrotadas en un flujo que no pudo anticiparse por un sistema bicéfalo y descoordinado. El nuevo sistema agiliza los juicios, a menudo con ligereza en la solidez de las pruebas condenatorias, cuestión que ha sido abordada hasta por la Corte Suprema. Por otra parte, el déficit de recursos para el sistema carcelario es histórico porque mejorar las condiciones de los albergues carcelarios no es políticamente popular.

Es tal la contradicción del sistema que las políticas de seguridad pública no contemplan como prioritario, ni resolver las causas subyacentes del crimen y la violencia a través de una rectificación social sistémica, ni tampoco abordan el problema de la rehabilitación en los recintos penales con una mejoría del estándar de las cárceles. Lo que importa es lo más rentable, y ese nicho lo ocupa el emergente negocio de la seguridad pública con toda la parafernalia de personal e instrumentos de vigilancia y control. Hay un proyecto de entregar las cárceles en concesión a privados

La tragedia ha golpeado el ambiente y frente al hecho, las primeras señales de las autoridades preocupan por la carencia de información oficial. “No son los 33 mineros, son presos, por lo tanto se les da el peor trato”, dice un familiar. Como que los encarcelados representaran la escoria social mayor.

Las cárceles es quizás el último eslabón de la peor miseria del capitalismo, porque nadie nace delincuente y sin embargo todos tienen un grado de responsabilidad en la formación de un delincuente. Igualmente, todos son responsables del estado de las cárceles porque como el tema es desagradable, la ciudadanía en general responde con vehemencia hacia cualquier medida que beneficie la situación del reo.

Los recintos penales pueden ser también lugares donde la investigación de los hechos entra en la caja negra. El incendio ocurre mientras se llevan a cabo huelgas de empleados fiscales, del transporte público y cuando el gobierno anuncia un proyecto de privatizar lo que queda del sistema de salud pública. También está la pérdida de popularidad en un 13% del presidente liderando un gobierno que acumula problemas. Su popularidad bordea ahora el 50%. Resulta llamativo que de pronto se desvencija un sistema como que el barco hiciera agua por todos lados. Una oportunidad más para sacar una ventaja política en contra de la coalición que se mantuvo 20 años gobernando. La cárcel reventó ahora pero el problema venía de antes.

Un policía retirado señala que cuando llega el camión de gendarmería para llevar a los detenidos a las cárceles, los futuros reclusos lloran. Un ex recluso de clase media acomodada condenado a dos años que no tuvo el apoyo de su familia para orquestar presiones y reducir la pena, transformó su personalidad extrovertida auto excluyéndose de la sociedad. La causa de la rehabilitación es un tabú en una sociedad que más y más comienza a privilegiar la pena de muerte como el antídoto más eficaz para combatir la delincuencia. Aumenta también la proclividad de la gente a poseer armas de fuego, y revindicar justicia propia.

El gobierno tendrá que abrir una investigación de todos los antecedentes hasta encontrar las causas del accidente. Un evento de esta naturaleza, cuando las versiones son tan diversas desde la del motín carcelario, hasta la riña entre reclusos, pasando por la negligencia del cigarrillo y el escape de gas, o la falla del sistema eléctrico, entra en la zona gris donde también caen las conjeturas. Todo califica para una investigación a fondo que el gobierno debería asumir con rapidez porque su imagen ya está cuestionada por el acento en colocar temas mediáticos que distraen la atención del público.

Una abogada del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries declara a una radio a las 16:30 del día de la tragedia que “Investigar las causas del incendio por el momento no era importante”. Precisamente las causas del accidente y su investigación son definitivamente importantes.

Históricamente, se observa que los incendios en las cárceles son eventos que ocurren por actos deliberados, preferentemente motines. El incendio de la cárcel del hermoso y antiguo barrio de San Miguel al Sur de Santiago, debe investigarse a fondo porque un incendio en donde mueren 81 reclusos, por su magnitud solamente, se convierte en un hecho político.

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Chile: Estamos muertos en la cárcel de San Miguel los 83 (por ahora)

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)
La delincuencia, fuera de las patologías psiquiátricas marginales, es producto de la miseria y la ignorancia.

A las 5:48 hrs. de la madrugada del 8 de diciembre de 2010, los bomberos recibieron un llamado telefónico probablemente de un interno de la cárcel del San Miguel, comuna de la Región Metropolitana, donde se estaba produciendo un siniestro con consecuencias fatales sin precedentes en la historia de las penitenciarias chilenas. Sin embargo, el incendio habría comenzado alrededor de las 4:00 hrs. de la madrugada, es decir, casi dos horas antes de que llegara auxilio, a las 6:00 hrs. De acuerdo a versiones preliminares, ya son 83 los reos calcinados y muertos por asfixia. A ello se agregan más de 300 heridos y un número indeterminado de presos en riego vital que están distribuidos en distintos recintos hospitalarios de Santiago. La tragedia se concentró en el cuarto piso de la torre 5 de la cárcel. Durante los acontecimientos, sólo había cinco funcionarios de gendarmería en un recinto donde estaban recluidas 1961 personas, toda vez que la prisión está habilitada para 900 hombres. Es decir, los niveles de hacinamiento superaban más de un 100% las instalaciones. Los familiares de los reos, presa de la desesperación y la incertidumbre debido a las escasas informaciones vertidas oficialmente, lanzaron huevos y piedras a las autoridades y la policía.
De modo oficial resultan opacas las razones que originaron el desastre. Lo cierto es que independientemente de las responsabilidades inmediatas –eventual negligencia de gendarmes en particular-, existen responsabilidades políticas de fondo que recaen en los gobiernos anteriores y en el actual, y de los actuales ministros de Salud y de Justicia, Jaime Mañalich y Felipe Bulnes.
Antecedentes

En los últimos 10 años el incremento de la población carcelaria fue de 22.000 mil presos a 52.621 hoy. Considerando los reos que están beneficiados por políticas intrapenitenciarias o sistema abierto se llega a 55.000 mil reclusos. Esto es, el sistema penitenciario chileno es responsable de 107 mil personas.

El modelo privado que cuenta con subsidiado estatal generado con el propósito formal de aminorar el hacinamiento ha resultado un fracaso. En la actualidad, en los recintos concesionados existen tres presos en calabozos hechos para un interno. En la prisión femenina hay 300 reclusas en una habitación con capacidad para 80 personas, mientras que en la penitenciaría las instalaciones para 120 internos alojan a 800 reos.

La ley indica que el objetivo fundamental de la reclusión es la rehabilitación del preso con el fin de su eventual inserción social. No obstante, en el último tiempo se redujo el presupuesto para gendarmería en más de 2.600 millones de pesos (US$ 5 millones 200 mil dólares). Esa cifra deviene en que ninguna cárcel posee programas de rehabilitación.

El modelo penitenciario estatal invierte por recluso 290 mil pesos (US$ 580), en tanto en los penales privatizados, prácticamente 600 mil pesos (US$ 1.200). En el sistema privado, los montos comportan enseñanza, salud, especialistas en rehabilitación, comida, y gastos en arriendo del recinto, agua y luz. Inversamente, bajo el modelo fiscal, por menos de la mitad de los recursos todas las labores anteriores deben efectuarlas los gendarmes.

En Chile hay un funcionario de gendarmería por 91 presos. Investigaciones, hechas por el gremio de gendarmería, informan que sus trabajadores laboran para el Estado más de 12 millones de horas extraordinarias no canceladas.
El fondo del desastre
Mientras mediáticamente Piñera intenta explicar con abundante demagogia, como si fuera parte de la oposición –tomando distancia absurda respecto de su propia administración y culpando al eslabón más frágil de la cadena carcelaria-, una vez más, el mandatario enfrenta una crisis que revela las condiciones de subdesarrollo de Chile, asociadas, en este caso, a las inexistentes estrategias de prevención de accidentabilidad, resguardos sanitarios, rehabilitación efectiva de los reos, y un hacinamiento estructural del sistema penitenciario. Tras estos fenómenos se oculta el más profundo desprecio y abandono respecto de un segmento de la población chilena que es pobre y cuyo comportamiento está gatillado esencialmente por las pésimas condiciones de vida de las clases subalternas, la ausencia de una formación cultural digna, el desempleo, falta de porvenir y expectativas de desarrollo personal y colectivo, y la alienación social provocada por el imperio del fetiche del consumo innecesario que facilita la constitución de una subcultura ligada a la violencia y produce relaciones sociales dañadas y dañinas. Si no terminan las más que precarias condiciones materiales y educacionales de importantes segmentos de la desigual sociedad chilena, la delincuencia cobrará, simétricamente, una tendencia creciente y sin control. He aquí como se suma una nueva denuncia para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, dos días después de la inédita tragedia.

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El Gobierno en ridículo: Aborta en Chile un montaje de la CIA contra paquistaní

Hernán Uribe (especial para ARGENPRESS.info)

La detención y juicio en contra de un ciudadano paquistaní radicado en Chile y acusado de terrorista por Estados Unidos ha provocado el descrédito y ridículo público del gobierno de Sebastián Piñera al comprobarse luego de siete meses que todas las imputaciones eran falsas y conformaban un montaje ideado por la Central Intelligence Agency (CIA). El fiscal del caso ha liberado al inculpado por carencia de pruebas al inicio del corriente diciembre.

Con un pretexto cualquiera, Saif Khan fue citado el 10 de mayo pasado a la embajada de Estados Unidos y allí fue apresado bajo la acusación de que en su vestimenta había rastros de un explosivo llamado tetryl. Transcurridas unas cinco horas fue entregado a la policía chilena que lo mantuvo encarcelado para someterlo a juicio y según se sabría después con el propósito de ligarlo al intento de atentado del 2/5/10 en Times Square de Nueva York protagonizado por el paquistaní Faisal Shahzad.

Mientras estuvo detenido, policías chilenos y presumiblemente también yanquis, ingresaron a la vivienda de Khan con el plan de colocar “pruebas” lo que en lenguaje delictivo se llama “cargar” al perseguido. Simultáneamente allanaron las residencias de los escasos conocidos de Khan en Chile.

El 21 de junio pasado, el Ministro del Interior encargado también de la Seguridad, Rodrigo Hinzpeter, declaraba a propósito del proceso contra Khan: “Hay llamados telefónicos que según información que yo tengo, conectan su teléfono (el de K) con personas que pertenecen al Grupo Lautaro ( fenecido grupo armado), que (Khan) también estuvo participando en procesos (sic) de bombas. No hay ninguna obsesión con este ciudadano, si es paquistaní es sólo un hecho fortuito”.

Todo lo que entonces proclamó el principal miembro del gabinete presidencial, era inefectivo. De modo absoluto los cargos elegidos para el montaje eran sólo invenciones, en tal grado que el 6/12/10 el fiscal investigador determinó el cierre del proceso con base “en que no hay antecedentes suficientes para fundar una acusación” Esta vez el ministro Hinzpeter fue más cauto aunque vago al sostener: “Este es una país serio, un país que siempre da garantías de debidos procesos. Nadie puede sentirse perseguido. Los medios locales registraron también una declaración de Khan:”Estoy esperando una disculpa de las autoridades”

En mayúscula contradicción con los dichos del citado ministro, Khan fue encarcelado y enjuiciado sin la existencia de pruebas reales sobre su participación en algún acto o hecho penados por leyes chilenas. Se pretendió calificarlo de “terrorista” y con fecha 14/5/10 el Gobierno se querelló en su contra acusándolo de ese delito y con ello demostraba que hacía suyas las ahora descabelladas afirmaciones estadounidenses y el consiguiente montaje a cargo de la CIA.

Khan, de 27 años, ingresó a Chile con una visa común expedida por Catalina Allende, Cónsul Honoraria de Chile en Islamabad. Se dedicó a aprender el idioma castellano mientras laboraba en un hotel merced a su dominio del inglés. Vivía con su novia-ahora esposa chilena- quien recibió a sus suegros paquistaníes cuando llegaron a Santiago de Chile para ayudar a su hijo enjuiciado. Khan es pues una persona común y corriente, mas para la CIA yanqui tiene el defecto de haber elegido la religión islámica.

Detalles del montaje. Según el vespertino “La Segunda”, edición del 28/5/10 (Santiago de Chile) tres agentes de la CIA, que posaban de turistas, hablaron con Khan en la única mezquita existente en Santiago y ello ocurrió antes de su cita en la embajada. Otro día- afirma el periódico- esos mismos personajes incursionaron en la residencia del paquistaní mientras éste permanecía en el consulado. Resulta evidente que actuaron al margen de las leyes chilenas, probablemente en connivencia con policías locales y que procedían en cumplimiento del libreto de una comedia de torpes espías.

El fiscal investigador comprobó uno por uno los errores de las imputaciones. Por ejemplo supo que la local Policía de Investigaciones (PDI) investigaba a Khan desde marzo pasado, léase, antes de que hubiese un proceso y ocurriese la concurrencia a la embajada. El objetivo, que se cumplió, fue el de introducir imágenes comprometedoras en su ordenador (notebook) y así fue como aparecieron pasaportes de palestinos y fotografías trucadas en que SK aparece con un fusil.

Los acusadores, es decir, autoridades locales le atribuyeron una llamada telefónica a un anarquista cuya labor “política” era colocar explosivos en cualquier parte. Se verificó empero que aquel telefonazo ocurrió en 2008 cuando SK no había arribado todavía a Chile. (Supra, ministro Hinzpeter). Sin embargo y a pesar de que los medios locales produjeron muchos disparates, el diario conservador “El Mercurio” dijo el 30 de mayo pasado que en los organismos de seguridad chilenos no descartaban que la detención de SK fuese un mero montaje.

Los argumentos, escribió ese diario, son: “Según la policía tres hechos afirmaban la tesis del montaje: el tetryl se vende sólo en EE.UU, la contaminación se produjo necesariamente en Chile y la CIA reconoció que un montaje en 2004 lo hizo para calibrar la seguridad chilena” (sic) ¿Quiere decir esto que los propietarios de ese medio que han estado ligados siempre a la CIA sabían más que los encargados chilenos de la Seguridad? ¡Yes man!….

Ahora bien, ¿por qué esta monumental comedia de las equivocaciones? Hay indicios para creer que la CIA pretendió presionar, chantajear a Khan para convertirlo en un agente encubierto infiltrado en organizaciones islámicas. La experiencia le da verosimilitud esta versión.

Hernán Uribe es periodista y escritor chileno.

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Villa Soldati

APE

Balas de plomo, itakas, disparos desde el puente hacia la villa 20 de Lugano y en Soldati. Violencia asesina de sueños y de ternuras que intenta talar toda semilla, aún antes de que asome y tome vuelo colectivo.

En el Parque Indoamericano los punteros vendían lotes por 900 a 3000 pesos. Decenas de desesperados sin casa, sin tierra, sin espacio para vivir pero vivos pagaron o firmaron pagar. El 90 por ciento no llega a la canasta familiar en el sur de la ciudad. Ni cerca.

Al parque con nombre de América india, de América fuego y río, no va nadie: está descuidado, los pastizales tienen la libertad del crecimiento infinito y al costado la Federal expone su cementerio de autos secuestrados. Allí les prometieron casas desde hace años.

En poquitas horas el Parque lleno de ratas, charcos podridos y desidia se llenó de gente. Traían los techos bajo el brazo y la Justicia demoró apenas minutos en ordenar el desalojo. En segundos la Policía Federal, la Metropolitana y la Guardia de Infantería entraron con armas, carros hidrantes, patrulleros y bota fuerte. Murieron “El Gallo” Bernardo Salgueiro y Rosamery Puña, una vecina boliviana de 28 años. Hay decenas de heridos. Una nenita de dos años tiene un balazo en el cuerpo. Wilson Fernández Prieto, cuñado de “El Gallo”, pelea por su vida en el Piñeyro.

El joven paraguayo vivía en la villa 20 con sus 18 hermanos. Era albañil. La mujer boliviana salió a ver qué pasaba. La bala la atravesó en el costado.

Las policías entraron al parque equipados como para repeler la invasión de un ejército enemigo. Mataron y llevaron detenidos a decenas de hombres y mujeres a la Comisaría 36.

Aunque el ministro de Espacio Público del gobierno porteño, Diego Santilli, había asegurado que el “operativo de desalojo había terminado bien”, que “no se habían producido incidentes graves”.

La tierra es ancha, se dobla con el horizonte. Y generalmente es ajena. Miles. Decenas de miles no tienen ni tendrán espacio en la tierra. La tierra es sueño. La tierra es futuro. Es pie seguro y es techo. Construir futuro es edificar un lugar en el mundo. Lo saben los qom formoseños. Lo sabe Mariano Ferreyra. Lo saben los excluidos de Soldati.

Cuatro muertos en un mes y medio. Cuatro balazos contra los que asoman de vez en cuando de los confines de la noche a la que fueron expulsados.

La muerte es la herramienta más eficiente para re-encender el silencio.

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Soldati, el ‘orden’ de los Macri y los Kirchner

Marcelo Ramal (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Cristina Kirchner sorprendió al bromear con Mauricio Macri, en la reunión donde el pulpo Repsol informó sobre sus hallazgos gasíferos. Nadie sabía que ese trato compinche anticipaba otra complicidad. Esa misma noche, una redada conjunta de las policías Federal y Metropolitana acababa con la vida de dos vecinos que luchaban por su vivienda. El crimen fue consumado contra las empalizadas de la Villa 20 y luego de que el desalojo se hubiera concretado. O sea que persiguió el propósito de un escarmiento criminal contra los vecinos. Al terminar el operativo, el ministro de "espacio público" macrista, Santilli, lo calificó de "excelente".

Liquidación de la vivienda popular

La sociedad de macristas y kirchneristas contra el derecho a la vivienda comenzó desde bastante antes. Juntos, están instalados en el directorio de la Corporación Buenos Aires Sur, el ente estatal "autárquico" que administra el uso de las tierras públicas en el sur de la Ciudad; el gobierno de Macri decidió transferir la política de "urbanización de villas" al ámbito de la Corporación, lo que constituye toda una definición. Es que la Corporación está concebida como su similar de Puerto Madero. Su propósito es reducir a la mínima expresión el uso del suelo para una urbanización social y ampliar el campo de una futura especulación inmobiliaria. El "anillo" de esa especulación ya cruzó de la Boca a Barracas, de allí a Parque Patricios -y espera devorarse los terrenos del sudoeste porteño. Mientras tanto, el Instituto de Vivienda de la Ciudad ha sido virtualmente liquidado. Sin nuevas viviendas, las villas porteñas estallan de vecinos. Una nueva generación de inquilinos villeros pagan entre 500 y 700 pesos por un lugar donde vivir. ¿Cómo sorprenderse entonces por lo ocurrido en estos días en Soldati? Bastó con el rumor de que "el gobierno entregaría escrituras a todos los villeros" (desatado por un puntero del macrismo) para que centenares de vecinos huyeran del hacinamiento de las villas 20, 1-11-14 o Los Piletones y buscaran un lote en el parque de Soldati. Macri ha llevado hasta el final la orientación expulsora de los Domínguez, Ibarra o Telerman.

El aporte "nacional y popular"

Los pocos recursos para la vivienda popular han sido malversados en favor del grupo que comandan Bonafini y Schoklender, quienes usurpan la bandera de las Madres para explotar trabajadores y desviar recursos del presupuesto público. Las "urbanizaciones" de su grupo constructor ya se han devorado 400 millones de pesos, con escasísimos resultados a la vista. Para completar el panorama, fue Schoklender quien presentó la denuncia por "usurpación" contra los vecinos que ocuparon una parte del parque Indoamericano. El grupo "Madres" actuó como lo haría cualquier especulador inmobiliario: defendiendo los terrenos de Soldati en función de sus futuros negocios. Para ello, se aliaron con los funcionarios macristas al convocar a la represión policial. No casualmente Feinmann lo tuvo a Schoklender toda una tarde en su programa para "explicar" los sucesos.

Cohabitación criminal

Los hechos de Soldati ocurren cuando Macri hace apuestas por un adelantamiento electoral, donde buscaría polarizar con el kirchnerismo. Pero esta gran lucha por el techo y contra la represión que desató demostraron la completa impostura de esa pretendida polarización. Macri y los K están unidos en una de las más brutales formas de confiscación social, que es el acaparamiento inmobiliario. El proceso económico -que es saludado por los oficialistas y opositores- enriquece al capital sojero y a los especuladores de la deuda pública que invierten sus beneficios en negocios inmobiliarios. La contracara de este esplendor capitalista es el aumento insoportable de las viviendas y los alquileres, que arrecia en todas las capitales del país. La ocupación masiva de Soldati es una expresión de esa polarización social.

A las pocas horas del crimen de Soldati, las familias desalojadas volvieron al predio que ocupaban. Exigen el fin de la represión y una vivienda definitiva. En la tensa jornada de este miércoles, una férrea movilización popular obligó a la policía Metropolitana a recular: se ha logrado una primera victoria. Apoyados en ella, vamos por el juicio y castigo a los culpables de los crímenes; por la entrega inmediata de viviendas a todos los vecinos ocupantes; por la renuncia de Santilli, Montenegro y todo el directorio de la Corporación del Sur; elección de un directorio integrado por organizaciones representativas de la lucha por el techo y el espacio público, que coloque a las tierras disponibles al servicio de una urbanización social.

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Un "modelo" de asesinos: Basta de asesinatos a los luchadores populares

Christián Castillo - José Montes (PTS)
En un operativo conjunto la Policía Federal que funciona bajo el mando del gobierno nacional y la Policía Metropolitana creada por Mauricio Macri y el "Fino" Palacios arremetieron anoche contra cientos de familias sin techo en Villa Soldati que habían tomado parte del Parque Indoamericano y terrenos linderos asesinado al menos a dos jóvenes: Bernardo Salgueiro, de 24 años, y Rosmary Puqueña, de 28 años, dejando además un tendal de heridos, algunos de ellos de gravedad.

El PTS repudia este nuevo crimen de Estado a 48 días del asesinato de Mariano Ferreyra y a dos semanas del fusilamiento de dos miembros de la comunidad Toba-Qom en Formosa y plantea la necesidad de una lucha y movilización independiente para lograr el juicio y castigo a todos los responsables materiales y políticos. Asimismo exige el cese de la represión, la libertad de los pobladores detenidos y el retiro inmediato de las fuerzas represivas.
Los asesinatos de Salgueiro y Puqueña vuelven a poner al desnudo el verdadero carácter del "modelo nacional y popular" kirchnerista. Ocho años de crecimiento económico y recaudación históricos con ganancias récord de las grandes patronales del campo y la ciudad y de los banqueros están basados en los de trabajadores precarizados y decenas de miles de familias sin vivienda digna. En la Ciudad más rica del país, Buenos Aires, casi el 20% de la población sufre el déficit habitacional. Las discusiones públicas entre el kirchnerismo y el macrismo son meras disputas mediáticas, electorales, a la hora de arremeter contra las sectores más pobres de la Ciudad se unen la Federal con la Metropolitana. Contrariamente a lo que podía pensarse desde el “progresismo” kirchnerista, luego de los hechos de sangre en Barracas, el régimen no solo que no se ha puesto limites en la “represión a la protesta social” sino que ha acelerado su política de “orden” en el curso de pocas semanas.

Por estas horas hay una intensa campaña a través del monopolio mediático creado por el gobierno, teniendo como vocero a Sergio Schoklender , con el fin de convertir a las víctimas en victimarios. Lo mismo sucedió durante las primeras horas de los asesinatos de Kosteki y Santillán y en los últimos días con los miembros de la comunidad Toba-Qom: maniobras para encubrir a los criminales y sus mentores.

"Donde hay una necesidad hay un derecho", es uno de los apotegmas peronistas que en las últimas semanas, con los asesinatos de Mariano Ferreyra, de los miembros de la comunidad Toba-Qom y la masacre de Soldati, se ha convertido en manos del gobierno y sus aliados en "donde hay una necesidad se reprime y se mata", mostrando el verdadero rostro de lo que esconde el "progresismo nacional y popular".

Basta de asesinatos a los luchadores populares: castigo a todos los culpables de los crimenes de Barracas, Formosa y Soldati.

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Argentina: Ante la represión al conflicto social: La CTA repudia muertes en Villa Soldati

ACTA

La Secretaria de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) expresó ayer su enérgico repudio ante "las muertes de 2 jóvenes en el marco de una brutal represión de la Policía Federal y Metropolitana en el Parque Indoamericano en Villa Soldati frente a la necesidad y reclamo social de vivienda digna".

Asimismo, la CTA exigió "una investigación independiente para dar con los autores materiales como también constatar las responsabilidades políticas tanto del Gobierno de la Ciudad de Bs.As. como del Gobierno Nacional".

"Rechazamos la represión a la conflictividad social como mecanismo de respuesta a las necesidades colectivas de cientos de familia que en nuestro país aún hoy se mantienen a la intemperie social y económica. Diga lo que se diga, el reclamo de viviendas de cientos de familias en la Ciudad de Buenos Aires nos habla de cuestiones que no fueron resueltas aún hoy en Argentina".

"Desde la CTA nos solidarizamos con las familias de las víctimas, y exigimos el esclarecimiento de estos graves hechos que una vez más tienen como víctimas a los sectores más excluidos que siguen siendo miles en nuestro país ", consideró el Secretario de Derechos Humanos, Ricardo Peidro, actual Secretario General de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM).

"Esto no es casual, en menos de 2 meses tuvimos 5 muertes por profundizar la represión y criminalización del conflicto social: muerte de Mariano Ferreyra por patotas sindicales y consentimiento de la Polícía Federal y de la UGOFE Ferroviaria, 2 muertes por brutal represión a las comunidades indígenas toba-qom en Formosa, y ahora estas 2 muertes de jóvenes pobres en medio de un reclamo por viviendas en la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Es indispensable una investigación independiente tanto del accionar de la Policía Federal como de la Metropolitana en estos hechos, aunque sin duda la responsabilidad de estos hechos surge sobre el accionar de la Policía Federal", aseguró Peidro.

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Con la mina en el cuerpo

Cynthia Eisenberg (ARTEMISA)

El auge de la minería a cielo abierto instala el debate sobre la salud de las comunidades mineras. Las empresas a cargo de la explotación, como Barrick Gold en San Juan y La alumbrera en Catamarca, financian estudios médicos que demuestran la ausencia de efectos nocivos en su zona de influencia. En respuesta a estos informes dos investigadoras revelan cómo la megaminería atenta contra la salud de varones y mujeres.

Según estadísticas de la Secretaria de Minería de la Nación, actualmente existen en el país más de 400 emprendimientos mineros y la mayoría se realizan a cielo abierto. Esta modalidad es más económica que la minería tradicional y consiste en volar parte de la montaña para extraer oro, plata, cobre y otros minerales. En relación al oro, la lixiviación, método por el cual se separa el metal de la roca, consiste en regar con grandes cantidades de agua mezclada con cianuro las rocas apiladas en piletas abiertas hechas en la tierra. El cianuro se usa por su poder de combinación con los metales. Del oro, por ejemplo, extrae más del 96%. El resto de las rocas empapadas en cianuro no tiene valor y es apilado en las escombreras.

Cianuro en la cordillera

Barrick Gold Corporation, la primera productora de oro del mundo, explota en Veladero, San Juan, un yacimiento de oro y plata a cielo abierto. La minera arribó al país en el año 2001 y planea obtener entre otros minerales 11,1 millones de onzas de oro en 25 años. La posterior lixiviación se realiza en un acopio en el valle de Río Potrerillos. En la actualidad emplea a 1130 trabajadores de los pueblos vecinos, de los que 70 son mujeres.

La química Marta Sahores y la doctora Silvia González estudiaron los efectos en el organismo de los compuestos químicos que se usan en la minería a cielo abierto. La investigación de las expertas se realizó antes y después del plebiscito que se llevó a cabo en marzo del 2003 en Esquel. 'El uso del cianuro para extraer el oro es óptimo porque lo hace en forma muy eficiente, pero es peligroso y debería evitarse porque es muy tóxico. En contacto con el organismo, el cianuro también se combina con los metales presentes en las células cómo el hierro, sin él la célula deja de respirar y muere', opina Sahores.

En la extracción, además del oro, se obtienen de las rocas metales pesados como el mercurio o el arsénico, que son tóxicos para los seres vivos. La investigadora señala que 'los metales pesados naturalmente no pueden metabolizarse. Estos persisten en el organismo y ejercen sus efectos tóxicos impidiendo las funciones fisiológicas normales. El envenenamiento crónico por arsénico produce enfermedades en la piel e ictericia. Al avanzar la intoxicación puede desarrollarse encefalopatía. La médula ósea sufre serios daños.

Otro gran problema de la minería a cielo abierto es que al dinamitar la montaña, quedan a la intemperie las reservas de azufre. El azufre se combina con el agua y deviene en acido sulfúrico, que determina la lluvia ácida, que además del organismo, deteriora la flora y la fauna', concluye Sahores.

Durante el año 2010, Barrick ejecutó un programa de detección de cáncer como parte de su plan de responsabilidad social empresaria. El programa consistió en una campaña de detección temprana del cáncer de mama y cáncer de cuello en las mujeres del departamento de Jachál, zona de influencia de la empresa. El doctor Carlos Buteler, presidente de la Fundación Sanatorio Argentino de San Juan y director de la campaña señaló: 'Detectamos un aumento de HPV, el cual atribuimos al impacto indirecto de la actividad minera. La promiscuidad que presentan a veces estas comunidades favorece el contagio. Por otro lado son mujeres predispuestas porque tienen muchos hijos y por una cuestión nutricional, la gente no consulta a los médicos y los tratamientos son caros'.

Registros, metales y enfermedad

Minera La Alumbrera lleva a cabo la explotación a cielo abierto de yacimientos de oro y cobre en Catamarca. Posee además un mineraloducto, que une esta provincia con Tucumán atravesando más de 300 kilómetros, para transportar en agua el material extraído. La empresa inició la explotación en septiembre de 1997 y emplea en la actualidad a 1800 trabajadores.

Ante la denuncia de los vecinos por el incremento de tumores y otras enfermedades, La Alumbrera encargó este año a La Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) un estudio en la zona que recorre el mineraloducto, en especial el distrito de Ameneao, a orillas del río Bis Bis. El doctor Diego Fridman asegura: 'Nuestro equipo no encontró ninguna patología extraña'. Explica la mala salud de la población aludiendo a que 'es una población muy carente de cuidados, el transporte hasta los centros de salud es muy caro y los médicos llegan al pueblo cada seis meses'. En relación al aumento de tumores en la población tras el inicio de la actividad minera, el médico señala: 'Con respecto a los registros provinciales y nacionales no encontramos incidencia de ningún tipo de tumor, pero de todas maneras no existen estudios previos con los que nuestras conclusiones puedan relacionarse. Nos preguntamos porqué la industria minera no realiza este tipo de estudios en el área de salud antes de que los emprendimientos se desarrollen, así como lo hace en relación al impacto ambiental. De esta manera se podría hacer un monitoreo con estadísticas sólidas', agrega.

En respuesta a estos informes, un grupo de 50 estudiantes de medicina y carreras afines de la Universidad Nacional de Rosario decidieron realizar un estudio en la comunidad que rodea a la mina La Alumbrera. Rocío Rindisi, integrante del grupo y estudiante de medicina explica: 'Nos enteramos que la Universidad recibía fondos de la minera, entonces decidimos investigarla. Nos comunicamos con Ongs de Catamarca y nos enteramos que no había datos epidemiológicos, porque el gobierno provincial traslada a los enfermos graves a otras localidades y no lleva registros. Entonces nos pareció necesario hacer un relevamiento de datos'.

El grupo realizó encuestas médicas en distintas zonas de Andalgalá. Por su parte los estudiantes de bioquímica e ingeniería analizaron el agua y el suelo. 'Estamos trabajando en las conclusiones que estarán listas a fin de año, pero ya hemos recabado algunos datos. Encontramos que desde que opera la minera han aumentado las enfermedades respiratorias y de la piel, también el cáncer, en especial el de mama, colon y leucemia. La mayoría de las familias de Andalgalá tiene un enfermo de cáncer', dijo.

Rindisi agrega que 'la gente no quiere a las mineras, pero teme hablar y está dividida. Por un lado están los que se oponen, por el otro los que saben que los enferma, pero se aguantan porque es la única forma de sobrevivir. Además las mineras reemplazan en muchos casos al Estado en inversión en salud y educación. Las otras actividades económicas como ganadería y agricultura han ido desapareciendo, la minería paga más'.

El gran problema para la gente de Andalgalá se presenta ahora con la inminente apertura de la minera Agua Rica. Es tres veces más grande que La Alumbrera. Está siendo construido por la empresa canadiense Yamana Gold a sólo 17 kilómetros del centro de Andalgalá. Planea procesar a partir del año 2012 70.000 toneladas diarias de roca durante 30 años para obtener cobre, molibdeno y oro.

La resistencia de los vecinos motivó que en febrero de este año el juez Guillermo Cerda dispusiera el cese provisorio de las actividades en la mina con la intención de calmar el conflicto social. En la actualidad la población está dividida; por un lado los trabajadores ahora desocupados reclaman su apertura. Por el otro, los vecinos argumentan que la mina se ubica en el nacimiento de los ríos que alimentan de agua a toda la región y que su impacto ambiental será enorme. 'Si se instala en la base de los arroyos que alimentan el pueblo, con dos minas en la zona no habrá agua apta para el consumo', dice Rindisi.

La docente Estela Lichtig, vecina de Andalgalá, explica: 'Estamos luchando para que no instalen Agua Rica. Desde que comenzó a funcionar La Alumbrera aumentaron los casos de cáncer y esclerosis múltiple en la comunidad. Ni hablar de las enfermedades respiratorias. En Andalgalá hay chicos que han nacido y crecido con la mina y tienen enfermedades respiratorias crónicas y alergias constantes. Si instalan Agua Rica con dos mineras en la zona, los problemas se van a multiplicar. El agua ya no va servir para el consumo, nos vamos a tener que ir', concluye.

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Argentina: ¿Se va acabar la costumbre de matar en nombre del progreso?

Diego Domínguez (INDYMEDIA)

¿Cuanto vale la vida de un toba en Argentina? ¿Acaso vale más hoy que en 1924, cuando civiles y policías masacraron más de 200 indígenas en Napalpi (Chaco) que exigían el derecho a ser reconocidos como seres humanos con derechos? Para los verdugos es evidente que siempre vale menos que la bala que usan para matar, parafraseando a Eduardo Galeano. ¿Y para los sectores progresistas cuanto vale?

¿Cuánto vale la vida de un joven ava-guarani de la Loma que mató a palos la seguridad privada del Ingenio San Martín del Tabacal en 2006? ¿Y la del viejo cacique wichi de Tonono que mata la policía de Salta en ese mismo año? ¿O la vida de aquel campesinito santiagueño de cinco años asesinado por el disparo de un guardia privado que custodiaba un campo? ¿Que habían hecho Fabián Pereyra, o José Galarza, o Mario Ezequiel Gerez? ¿Y Javier Chocobar de la comunidad diaguita de Chuschagasta asesinado ejemplarmente el 12 de octubre de2009 por los pistoleros de un terrateniente?

Estos casos, como lo ocurrido en la Primavera, Formosa, y con independencia de sus aspectos singulares, tienen un común denominador: se inscriben en el marco creciente de conflictos por tierra y recursos naturales en general, en tiempos de expansión de la frontera agropecuaria vía agronegocio y cosechas record para exportación (frente oleaginoso y ganadero-forestal). Según un documento del Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos (GEPCyD) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el periodo post-devaluación de 2002, sobre un total de 243 casos de conflictos de tierras se registra algún tipo de violencia ejercida sobre la población local en el 37% de los mismos. Es decir, que en 93 conflictos ocurridos en esos años ha habido algún detenido, procesado, herido, amenazado con armas de fuego, torturado o asesinado. En estos casos están implicadas más de 6.000 familias, están en juego más de 1 millón de hectáreas, y los bienes en disputa son mayormente la tierra, el agua y el monte. Se han detectado 13 asesinatos y 59 heridos de gravedad. Las provincias que mayor índice de violencia presentan son Santiago del Estero, luego Salta y Chaco. Según el mismo estudio, el aumento de la violencia contra poblaciones campesinas e indígenas en el periodo democrático puede observarse a partir de algunos indicadores:

- Mayor presencia en los operativos de desalojo de: gendarmería, grupos especiales y guardias privadas.

- Aumento de asesinatos y heridos graves en conflictos de tierra.

- Creciente despliegue de operativos nocturnos para detenciones de campesinos.

- Aumento de casos de acciones policiales sin orden judicial en conflictos de tierra.

- Creciente criminalización de las familias campesinas.

Es decir, los casos de asesinatos se despliegan en condiciones de “militarización” de las áreas rurales de Argentina. Se trata de números, pero tienen nombres, y sus vidas no tienen valor de mercado, no suman, porque el valor que tienen es el de la diferencia entre la realización de un país donde quepan todas las naciones, ideas, sueños, habitado de dignidad y paz, que son los principios por los cuales vivieron ellos y ellas, o el país al que nos quieren acostumbrar.

Es que parece fácil acostumbrarse a ser complacientes con los “costos” del “progreso”, mientras las vidas las ponen los otros. Según la Comunidad de Estudios Campesinos (CEC), la violencia rural es parte de los dispositivos de que se valen los impulsores del agronegocio para controlar tierras en manos de pueblos originarios y comunidades rurales. La emergencia de la violencia en el “interior” de Argentina es contracara de la implementación de proyectos económicos basados en la explotación y agotamiento de los bienes naturales (del suelo y del subsuelo). No estamos frente a accidentes o excesos de las fuerzas de seguridad, sino que estamos frente a una de las condiciones necesarias para la consolidación del modelo neo-exportador en este país, el cual ha sido bautizado por los movimientos indígenas, campesinos y de pequeñas ciudades como “modelo extractivista”. En él no tiene cabida la soberanía alimentaria, ni tampoco importa el desarrollo sustentable, o las condiciones ambientales para las generaciones futuras, pues solo importa consumir los últimos rincones de biodiversidad del país en beneficio de un puñado, cueste lo que cueste.

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Argentina, Chaco: Una defensa que rozó la apología

Marcos Salomón (CHACO DIA POR DIA)

Los cuatro abogados que alegaron la inocencia de sus defendidos, usando distintos argumentos. En algunos casos, con duras chicanas hacia la Fiscalía, principalmente. En otros, con un dejo de justificación del horror.

Tal como lo había anunciado el Tribunal Oral Federal (TOF) comenzaron a escucharse el martes los alegatos de los abogados defensores de los doce imputados (diez policías y dos militares) que, como era de suponer, plantearon la inocencia de sus defendidos, pidiendo que sean liberados.

Cuatro de los seis abogados defensores alcanzaron a alegar en una más que maratónica audiencia, que comenzó cerca de las 9 y finalizó poco antes de las 18, en una jornada cargada de tensión y múltiples chispazos gestuales.

Fiscalía y querella salieron mascando bronca de la sala de audiencias, tras escuchar a su contraparte (la defensa), por lo que se espera un dure cruce verbal a la hora de las réplicas y las dúplicas.

Todos los acusados están imputados de cometer “tormentos agravados” en la década del 70 (con pedido de penas que van de los 15 a los 25 años de prisión efectiva), en la Brigada de Investigaciones de la Policía (de calle Juan B. Justo y de Marcelo T. de Alvear, hoy Casa por la Memoria) y en la alcaidía policial de Resistencia.

Alegaron ayer los defensores oficiales Juan Manuel Costilla y Federico Carniel (abogados de los policías José Manuel Rodríguez Valiente y Ramón Meza y del militar Luis Alberto Petetta).

También alegaron los defensores José María Cardozo (abogado del militar Tadeo Luis Bettolli) y Pedro Mañanes (abogado de Enzo Breard).

Costo social

Costilla y Carniel dividieron sus alegatos para pedir la inocencia de sus tres defendidos (Rodríguez Valiente, Mesa y Patetta). Atacaron las pruebas presentadas y cuestionaron que los testigos hayan podido reconocer a los imputados.

La frase que rebalsó el vaso de la paciencia fue de Carniel, quien, en un intento por hacer una defensa férrea de sus defendidos, llegó a argumentar que todo “cambio” –por el Golpe de Estado de 1976- tiene “costos sociales”, entendiéndose por ello los 30 mil desaparecidos y rozando la apología del terrorismo de Estado –por lo menos esa fue la interpretación generalizada en la sala.

En cambio, José María Cardozo (defensor de Bettolli) hizo un alegato más bien formal, con chicanas y cuestionamientos varios. También pidió que su defendido sea considerado inocente y liberado.

La víctima

Otro momento álgido en los alegatos llegó de la mano del abogado Mañanes (defensor de Breard) que, como un francotirador, se dedicó a tirar en todas direcciones y sin contemplaciones.

Uno de sus blancos fue el propio Tribunal: “No me cuidaron”, se quejó a viva voz, argumentando que tras una de las audiencias pasadas –sin precisar cuál- un grupo de personas lo abucheó e increpó duramente por defender a Breard.

Luego, apuntó contra el Ministerio Público Fiscal: “Son muy jóvenes, no vivieron esa época” para entender el contexto en que sucedieron los hechos. No conforme con eso, acusó a los fiscales de “no conocer la historia”, ya que, según su medición, “el 99% de la población apoyó el golpe”.

A esa altura, el fiscal ad hoc Carlos Amad se salía de la vaina por contestar. El siempre aplomado fiscal general Germán Weins Pinto, casi pierde la compostura habitual. Y el querellante Mario Bosch, pasó de la rabia a la risa irónica.

Para rematar, Mañanes sostuvo que su defendido, Enzo Breard (acusado en un hecho, por el que fiscales y querellante pidieron 15 años de prisión), no perpetró crímenes de lesa humanidad: “Apenas cometió apremios” (sic).

El cronograma

El juicio oral y público por la Causa Caballero continuará el viernes con los alegatos de Ricardo Osuna (abogado de Gabino Manader, Francisco Álvarez, Ramón Gandola, Rubén Roldán y José Marín) y José Oscar Gómez (abogado de Humberto Caballero y Oscar Galarza). Se esperan duras argumentaciones de ambos abogados.

El presidente del TOF, Víctor Antonio Alonso, anticipó que ese mismo viernes, también se escucharán las réplicas y las dúplicas (oportunidad que querella, fiscales y defensores tendrán para responderse mutuamente). Si se cumple a raja tabla, se está a 48 horas de una audiencia que promete ser de alto voltaje y larga duración.

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Argentina, Córdoba: Contra los “testigos colectivos”

Alexis Oliva (PRENSARED)

Los primeros defensores en alegar, Julio Deheza y Fernando Martínez Paz, pidieron la absolución de Víctor Pino Cano y Emilio Juan Huber y rechazaron el aporte de los testigos, a quienes consideraron "involucrados, subjetivizados, contaminados" e incluso "vengativos". Además, insistieron en la supuesta "parcialidad" de uno de los jueces.

Con la “cancha” muy acotada por la contundencia de la prueba acusatoria, comenzaron el martes los alegatos de las defensas en el juicio a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 acusados por los crímenes de lesa humanidad investigados en las causas UP1 y Gontero, entre ellos, los 31 asesinatos de presos políticos de la cárcel de barrio San Martín. Esta semana concluirá la fase de alegatos y el 22 de diciembre se conocerá la sentencia.

Los primeros en exponer fueron los abogados Julio Deheza y Fernando Martínez Paz, defensores de Víctor Pino Cano y Emilio Juan Huber, oficiales que ejercieron roles directivos en el Tercer Cuerpo de Ejército durante la represión ilegal, a quienes la fiscalía y las querellas incluyeron en el pedido de prisión perpetua por considerarlos “autores mediatos” de los fusilamientos de los prisioneros de la UP1.

Al contrario, sus abogados solicitaron para ambos la absolución, tanto de su responsabilidad en los homicidios como en los tormentos agravados, con estos fundamentos: “Primero, por no haber participado en los hechos; segundo, porque esos hechos no han existido; y tercero, de haber existido, la calificación es la de severidades y no la de tormentos”, según puntualizó Deheza.

A su vez, Martínez Paz intentó desincriminar a sus defendidos, desestimando que hubiera pruebas de que las ordenes se impartieran desde arriba y aludiendo al "desdoblamiento funcional" de tareas en el Ejército, según el cual no todos los oficiales participaban de la represión. Entonces mencionó la frase que oyó Eduardo De Breuil cuando los llevaban encapuchados rumbo al fusilamiento de su hermano Gustavo, Osvaldo Toranzo y Hugo Vaca Narvaja y alguien nombró al entonces subteniente Pablo Daloia: "¡Callate, imbécil! ¿No ves que tenemos a estos subversivos acá?". "Era una actividad secreta", dedujo Martínez Paz, quien también citó al Informe de la Conadep y su mención a los "circuitos y estructuras clandestinas".

Al comienzo del alegato, Deheza había vuelto a cuestionar al vocal José María Pérez Villalobo por su “manifiesta parcialidad”. “No era un juez para este juicio”, sostuvo el letrado antes de reservarse el derecho a recurrir un eventual fallo condenatorio en la Cámara de Casación.

Como se recordará, a dos meses de iniciado el proceso, otro de los defensores, el abogado Osvaldo Viola, a instancias de su representado Gustavo Adolfo Alsina, había reclamado el apartamiento del magistrado, a quien impugnaban por haber asistido a un acto del 24 de marzo y haber jurado hace años al asumir el cargo “por la sangre de los héroes de Trelew”, versión que se desmintió con el video de aquel juramento.

Fue uno de los incidentes conflictivos del juicio, en el que el presidente del Tribunal, Jaime Díaz Gavier, votó por la exclusión de su par, el vocal Carlos Lascano rechazó el pedido y el juez Abel Sánchez Torres desempató a favor de la continuidad de Pérez Villalobo.

Posteriormente, el núcleo de la exposición de Deheza fue la impugnación de la evidencia aportada por los testigos de la acusación. “La valoración crítica de la prueba es una tarea indispensable que deben hacer -recomendó el abogado a los jueces-, sobre todo porque el grueso de la prueba es testimonial, es de gente conmovida por la muerte de sus compañeros. Hablaron de militancia y se reivindicaron como militantes, hablaron de los padecimientos que habían sufrido ellos, lo que ocupó más del 80 por ciento del relato que se escuchó en esta sala, de modo que son testigos involucrados en los hechos”.

En ese sentido, señaló que “la mayoría de los testimonios aquí rendidos, se encuentran totalmente subjetivizados, totalmente contaminados de un interés” e incluso calificó a algunos como "vengativos". Por lo tanto, la imputación y una eventual sentencia “no pueden ser producto de estos testimonios”, sino “tener corroboración con elementos de prueba independiente”.

En esa línea de razonamiento, Deheza afirmó que “episodios como los que se ventilan acá generaron un modo de testimonio distinto, que no sirve para las causas judiciales, que es el testimonio colectivo. Algunos (autores) dijeron que cuando ocurrían estas catástrofes, sea el holocausto, sean las grandes guerras, o hayan sido los episodios del terrorismo de Estado, el testigo individual muere, porque su relato se encuentra totalmente conmocionado. Y frente a eso es imposible reconstruir fielmente la historia”.

A continuación, puso en tela de juicio una reflexión de Jorge De Breuil, justamente uno de los testigos más serenos y exhaustivos de la causa UP1 (“No he sido testigo directo o presencial de varias cosas que he relatado, pero la prisión no se vive en forma individual, sino como un hecho colectivo. Y si bien uno no es un conocedor de primera mano, es un testigo directo de todo lo que está relatando”). "Pero no se puede transformar el juicio o la sentencia en un producto de eso", rechazó el letrado.

En todo caso, Deheza objetó el valor jurídico de lo que éste y muchos otros testigos no presenciaron en forma directa. Pero nada dijo respecto a todo lo que sí percibieron con sus propios sentidos y relataron sin dudar. Quizás por la misma razón por la cual los defensores se abstuvieron de preguntar cuando De Breuil declaró.

Como fuere, el cuestionamiento a los ex presos políticos que testificaron comienza a mostrar el cariz que tendrá la estrategia de las defensas, que surge con claridad en estas palabras de alerta: “Para que ustedes, señores jueces, no sean instrumento de una venganza personal, de una pasión, de un despecho, tienen que hacer una valoración crítica de la prueba”.

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Argentina, Córdoba: Alegaron los defensores de Merlo y González Navarro

Katy García (PRENSARED)

Marcos Paz, abogado de Luis David Merlo adhirió al pedido de absolución solicitado por la fiscalía y pidió que “se deje a salvo su buen nombre y honor”. En tanto, Guillermo Dragotto retrucó a querellantes y a la fiscalía y negó que su defendido haya participado en los hechos que se lo acusa.

Durante la primera jornada de alegatos de la defensa de los acusados en el juicio Videla, por la tarde alegaron Marcos Paz y Guillermo Dragotto, abogados particulares del ex policía Luis David Merlo y del ex militar Jorge González Navarro respectivamente.

El defensor de Luis David Merlo, adhirió al pedido de absolución realizado por el fiscal general y solicitó que “atento al alto grado de exposición mediática se deje a salvo su buen nombre y honor”. Por su parte, Dragotto rechazó las acusaciones de las querellas y de la fiscalía.

Marcos Paz consideró que Luis Urquiza durante su declaración brindó “datos reveladores”. En ese sentido, expresó que el “Moro” Merlo -según Luis Urquiza- es la misma persona que el “Turco” Merlo” y “recalca que no tenia la certeza que haya participado en la sesión de torturas, que era más grande que él, de piel morena y plenamente coincidente con la fotografía que aportó la defensa y que correspondía a Luis Ricardo Merlo”, analizó.

El defensor recordó que durante la audiencia participó de “otro reconocimiento fotográfico” ocurrido en 2006 en la fiscalía presidida por López de Filoñuk. Cuestionó a la fiscal por haber realizado un “pseudo reconocimiento” en ausencia de un “abogado defensor” en vez de hacer un “reconocimiento en rueda de personas”. En esa línea consideró que este procedimiento perjudicó a su defendido ya que fue erróneamente inculpado y “estigmatizado” durante cinco años.

Seguidamente manifestó que en un fallo de la Corte Suprema de Justicia “estas formalidades referidas a los reconocimientos son válvulas que operan como garantías del debido proceso y derecho en defensa en juicio y que la finalidad es disminuir errores”, citó entre otras jurisprudencias.

“Debo remarcar y subrayar” que no existe ningún reconocimiento practicado durante la instrucción expresó y valoró que la práctica era un “recorrido o muestreo fotográfico” que de alguna manera “orientó la pesquisa”.

Sin embargo reconoció que existe jurisprudencia y doctrina sobre la validez de esta práctica pero que la limita a los casos donde no se encuentra individualizado el sospechoso.

Se apoyó en textos de Cafferata Nores y otros, y del jurista Ricardo Núñez sobre jurisprudencia. Por otra parte recordó que Charlie Moore un testigo “esperado” por la fiscalía dijo que “conocía al legendario Moro Merlo”, partícipe de su propia detención, que era un policía auxiliar a quien describió y que no recordaba a otro con igual apellido. En definitiva, Luis Ricardo Merlo es otra persona y no su defendido Luis David Merlo.

González Navarro

El abogado defensor de Jorge González Navarro, Guillermo Dragotto alegó a favor de la absolución de su defendido. En primer lugar expuso que sus conocimientos sobre este juicio que “se está ventilando en este momento” (…) en aquel momento de ocurridos los hechos “contaba con cinco o seis años” y que por lo tanto lo que sabía era porque se lo habían contado.

Desde ese lugar estimó que “se había puesto a todos en la misma bolsa” y que los medios y la justicia también habían generalizado un tratamiento de los imputados como “represores” cuando ahora se conoce que hay absoluciones. Y apoyó el pedido de Paz en relación al “buen nombre y honor” a salvo.

Luego analizó el legajo del militar. Detalló los ascensos y traslados ocurridos en gobiernos constitucionales según afirmó y que nada dice de su participación en la “lucha contra la subversión”. En ese sentido expresó que su asistido fue calificado como autor mediato en este juicio por parte de la querella y que en cambio la fiscalía había puesto el foco en la “autoría necesaria”.

Esto significaría que González Navarro debía hacer que se cumplan órdenes de traslado de detenidos y tormentos por lo que pesan sobre el imputado 32 hechos de tormento.

En relación a las querellas rechazó varios puntos. En el caso de María Elba Martínez, que lo consideró autor mediato en los hechos, dijo que la acusación en sí nace viciada de “nulidad absoluta” ya que antes había sido así considerada.

Seguidamente se refirió a la querella conjunta integrada por Zanotti, Luque, Orosz y Fresneda y cuestionó la presentación de un “organigrama confeccionado por Sasiaiñ” y presentado como prueba por la querella cuando lo hizo como imputado. Es algo “contradictorio” -dijo- darle “valor convictivo” en este caso por la conveniencia, y agregó que no se está "medio embarazado". Y que o se está o no.

En relación a Orosz dijo que hizo “especial mención” de un reglamento que habla de “la resistencia pasiva” de los detenidos y que ese reglamento en ese momento no se encontraba vigente y que se aprobó en 1976 después que se produjeron los hechos. En líneas generales rechazó varios puntos a la querella.

Según el abogado defensor Dragotto, el fiscal Carlos Gonella introdujo un concepto “novedoso” en la acusación y analizó que el Estado mayor era una división orgánica que existía por fuera de la cadena de mandos. Y destacó que el fiscal dijo que Menéndez era conocedor absoluto de todos los hechos y puso como ejemplo el caso de Cristian Funes y de Rossetti de Arquiola, fusilados.

Una parte del alegato la dedicó a explicar el concepto de “cómplice necesario” al que consideró como una bisagra en estos “llamados juicios de lesa humanidad”. Subrayó además que el G5 según el fiscal tenía competencia en los traslados reforzando esos dichos por la afirmación de un testigo -Esteban-lo cual negó que fuera sí.

En relación al llamado sello escalera que figura en las órdenes de traslado y que firman los responsables de dar esa orden explicó que en varios casos consta la firma de Sasiaiñ y en otros no y en un caso la firma Menéndez y en otros Meli. Puntualizó en cada hecho las observaciones que analizó en todos los casos y estimó que en algunos casos tenían el sello, en otros no, en unos figuraban firmas y en otros no.

Sobre este punto sostuvo uno de sus argumentos que intentan desincriminar a su defendido como el hombre de atrás según la teoría de Claus Roxin. Asimismo enfatizó que de los “más de 80 testigos solo dos lo nombraron”. Y que ninguno había mencionado que alguien le haya dicho “vaya a verlo a González Navarro”. Luego le restó valor a los dichos de una testigo porque según su entender lo hacía por una cuestión de “animosidad”.

En relación a las declaraciones de los ex presos políticos rescató que todos habían afirmado que las ordenes directas las daban Menéndez y Sasiaiñ y que adhería a los dichos de Martínez Paz en relación a este último.

Dividió a los testigos entre ex presos políticos quienes testimoniaron que la responsabilidad pesaba sobre Luciano Benjamín Menéndez y Juan Bautista Sacian. En cuanto a los testigos militares expresó que en general dejaron fuera al estado mayor de esto. Y citó a Torres cuando dijo que “el COT se creó como organismo de control y apoyo para operaciones especiales”. Aclaró que estas “operaciones especiales” las realizaba el COT y que en ningún momento se refirió al G5 lugar donde se desempeñaba su defendido. Y rescató entre otras cosas el concepto de que “la orden la da el comandante, guste o no”.

Negó que su defendido haya tenido que ver en los traslados y en ese sentido afirmó que la documentación que obra en la radiografía acredita que varios detenidos “fueron y volvieron” y que no resultaron muertos y que ello deriva de la presencia del “sello escalera”. A este sello el abogado le dio un valor relativo ya que según argumentó no eran definitorios de los traslados.

Sugirió que se hacían con o sin sello y recalcó que por lo menos se hacían unos 80 traslados por semana y que obviamente su defendido no era el encargado de hacerlo.

Finalmente expresó que ya que los testigos no lo nombraron a González Navarro se dedicó a analizar la documental y en ese sentido desestimó el aporte de “Montes”. Hizo luego un “racconto cronológico” y afirmó que la lucha contra la subversión fue decretada por un gobierno constitucional e insistió con el concepto de “aniquilamiento”. “Nació legítima, por decretos constitucionales”, expresó. Y agregó que muchas directivas ya existían al momento en que su defendido llegó al lugar.

“De toda la prueba -expresó- que su asistido nunca fue mencionado ni escrachado por organismos de derechos humanos, ni por las Abuelas de Plaza de Mayo figuran achaques de responsabilidad y que allá por el ocaso -2008- fue involucrado". Insistió en que su función fue “administrativa” y que nunca tuvo contacto con detenidos, decisión o poder de decisión en los traslados y que estuvo fuera de la cadena de mandos.

Destacó además que de los seis pasos que tienen una orden ninguna era “controlada” por su defendido, del mismo modo que los memorandos de la comunidad informativa manifestó.

Finalmente dijo que siguiendo a Roxin - autor alemán a quien luego criticó- su defendido no era un “autor de escritorio” y que por lo tanto solicitaba la absolución. Expuso además elementos de jurisprudencia respecto a los criterios de la responsabilidad penal desde varios autores.

Sobre el final se refugió en el Acuerdo de Roma y en el Código de Justicia Militar para afirmar que “nadie ha podido probar” que su defendido haya tenido intenciones ni conocía que estaba cooperando en los hechos. Negó la participación necesaria asignada por el fiscal Gonella y mantuvo que no estaba fundamentada. Rechazó de plano la participación del imputado y expresó que “paradójicamente” quien no había sido “nombrado ni escrachado” cargara con la acusación de todas las torturas.

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Argentina, Chaco: Hugo Barúa, de la Comisión por la Memoria: “Todos sabíamos que Aldo Verón colaboraba con los servicios”

CHACO DIA POR DIA

Luego de conocerse que el reconocido tanguero chaqueño fue agente de Inteligencia durante la dictadura, el ex detenido político aseguró que esta información confirmó un secreto a voces. “Lo de Aldo era vox pópuli”, dijo.

Tras revelarse que el reconocido tanguero chaqueño, Aldo Verón, fue agente de Inteligencia del Ejército durante la dictadura, el presidente de la Comisión por la Memoria del Chaco, Hugo Barúa, aseguró que esta información viene a confirmar un secreto a voces. “Lo de Aldo era vox pópuli en Resistencia”, señaló el ex detenido, quien también fuera torturado en la Brigada de Investigaciones durante los años de plomo.

En declaraciones a Radio Ciudad, Barúa no se sorprendió por la noticia dada a conocer este miércoles. “Era algo conocido hace mucho tiempo, muchos años. Quién no sabe que Aldo colaboraba con los servicios de inteligencia. Nada más que el informe (en referencia a la desclasificación de la nómina de agentes del Batallón 601 de Inteligencia) oficializó lo que la comunidad ya sabía. Y como él muchos casos más, conocidos en la ciudad. Resistencia es un barrio grande, aunque tengamos algunos edificios altos ahora”, señaló.

Barúa comentó que todavía le parece sorprendente que durante tantos años los ex detenidos que fueron torturados, violados y vejados, se crucen por la calle con personas que colaboraron directa o indirectamente con la dictadura. “Durante todo este tiempo anduvimos en la calle cruzándonos con aquellos que nos torturaron, que nos vejaron, violaron. Por ahí cuando estamos disertando los testigos en algunos colegios, los chicos nos preguntan cómo hicimos para haber convivido con esta gente y no haber tenido ningún acto de venganza ni de violencia contra ellos. Y no es así”, aseguró.

“Nosotros perseguimos la justicia. En todos estos años no hubo ningún hecho de violencia ni de venganza hacia esta gente que hoy está imputada, en todo el país. Nos manejamos desde el punto de vista de la tolerancia y de la democracia. Ellos hoy tienen su juicio y sus defensores, cosas que nosotros no tuvimos. Pero tenemos que ser consecuentes sino estaríamos teniendo la misma actitud de ellos y nosotros no somos como ellos”, sostuvo.

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Bolivia inmersa en lucha anticorrupción

PL

Bolivia llega hoy al Día Internacional contra la Corrupción inmersa en un combate frontal contra la problemática, en correspondencia con la Ley de Juicio de Responsabilidades, promulgada el 8 de octubre de 2010.

Datos aportados por la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, dan cuenta de que 568 funcionarios están involucrados en casos de esta naturaleza, por 71 denuncias recibidas entre los años 2006 y 2010.

Un total de 173 de estos empleados pertenecen al Ministerio de Relaciones Exteriores, según el informe rendido por la ministra a la Comisión de Ministerio Público de la Cámara de Diputados.

La instancia parlamentaria reactivó la víspera 16 procesos judiciales contra ex y actuales autoridades de ese sector, en tanto progresan otros vinculados al poder en distintas dependencias estatales, en épocas anteriores.

En la Asamblea Legislativa Plurinacional también radican juicios de responsabilidades contra los ex presidentes bolivianos Carlos Mesa (2003-2005), Eduardo Rodríguez (2005-2006) y Jorge Quiroga (2001-2002).

Mesa y Quiroga son acusados por irregularidades en la firma de convenios petroleros, mientras que Rodríguez tiene un proceso por la entrega a Estados Unidos y desactivación de misiles portátiles tierra-aire.

La norma jurídica en vigencia, primera de su género en la economía jurídica y legislativa de Bolivia, avala el procesamiento de ex funcionarios con carácter retroactivo, luego que el Comité de Ministerio Público declare el sobreseimiento.

El informe de la instancia es remitido a la Cámara de Diputados que, de aprobar el proceso, lo transfiere al Senado, el cual asume como un tribunal de sentencia.

La Ley de Juicio de Responsabilidades establece, además, la recuperación de fondos apropiados por particulares, producto de cohechos groseros, desfalcos y peculados entre otras figuras penales.

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Aumenta a 83 cifra de fallecidos por incendio en cárcel de Chile

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El presidente chileno, Sebastián Piñera, confirmó que ascendió a 83 la cifra de personas fallecidas y a 14 la de los heridos graves tras el incendio que esta madrugada ocurrió en la cárcel de San Miguel en Santiago.

"Son 83 las personas muertas, la mayor parte identificada, hemos comunicado a la mayoría de sus familiares sobre la tragedia", dijo Piñera en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, hasta donde llegó para enterarse del estado de los lesionados.

"Esta es la mayor tragedia carcelaria ocurrida en el país (...) este era un penal que contaba con una sobrepoblación de al menos el 90 por ciento, el hacinamiento en las cárceles del país no resiste más", agregó el jefe de Estado.

El incendio se produjo en torno a las 5:00, hora local (0800 GMT), del miércoles en el cuarto piso de la torre cinco del penal donde permanecían unas 200 personas.

El sistema penitenciario "es absoluta y totalmente inhumano", insistió el mandatario indicando que enfrentarán como gobierno un problema que "sin duda se arrastra desde hace mucho tiempo".

"Estamos investigando el origen del incendio, (aunque) inicialmente se trataría de un riña", dijo Piñera.

El mandatario indicó además que se indagarán las posibles responsabilidades de personal de custodia en alguna eventual negligencia para atender oportunamente el siniestro.

En tanto, escenas de dramatismo se viven fuera del penal, ubicado en un popular distrito en el sur de la capital, a medida que los familiares de los internos son informados respecto de la suerte de sus familiares.

"Acá hay muchas responsabilidades que asumir, el nivel de hacinamiento en las cárceles chilenas las hace susceptibles de este tipo de tragedias, hay distintas versiones sobre el origen de la tragedia, se habla de riña entre internos pero eso me permito ponerlo en duda, porque hay muchas cosas que aclarar", dijo el diputado Guillermo Teillier del Partido Comunista.

El legislador opositor adelantó que solicitará el establecimiento de una comisión especial en el parlamento para investigar las causas del incendio.

El ministro chileno de Justicia, Felipe Bulnes, reveló antes que en el establecimiento penitenciario permanecían unas 1.961 personas detenidas aun cuando estaba construido para unas 1.100 personas.

Organismos humanitarios han insistido que el país presenta altos niveles de sobrepoblación en la totalidad de las cárceles chilenas.

Chile tiene una población interna en cárceles de unas 52.000 personas en una población de 17 milones de habitantes, una de las mayores tasas en términos proporcionales en el mundo.

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Haití enfrenta dificultades en su reconstitución

Mary Paula (XINHUA)

Haití cierra este año con números rojos, golpeado en los últimos meses por un terremoto, las inclemencias del tiempo, una epidemia de cólera que ha dejado hasta el momento unos 2.000 muertos, además de un enfrentamiento entre los políticos luego de las elecciones del 28 de noviembre.

El fatal sismo del 12 de enero pasado volcó las manifestaciones de solidaridad de todo el mundo. No obstante, del total de recursos prometidos después de la tragedia, ni el 10 por ciento de esa suma se ha hecho realidad entre los haitianos.

Sólo en la capital del país, Puerto Príncipe, hay al menos 1,3 millones de personas viviendo en las carpas levantadas por los organismos internacionales y naciones amigas, que inmediatamente supieron de la nueva tragedia en el país más pobre de América comenzaron a enviar la ayuda material que se necesitaba en ese momento.

Pero a casi un año de ese desastre de la naturaleza los damnificados tienen que enfrentar en las carpas, delitos tan regulares como violaciones sexuales, llevando la peor parte las niñas-adolescentes, y los desmanes de las bandas que actúan de forma impune entre los callejones de las "nuevas ciudades".

En tanto, aún la población está a la espera de que se levante la primera edificación para viviendas destinadas a los más desfavorecidos.

A todo ello se debe agregar la deficiencia en los servicios sanitarios básicos, como agua potable y baños para realizar las necesidades fisiológicas.

La falta de institucionalidad en el Estado haitiano es una de los obstáculos para que la ayuda internacional se concrete con más rapidez y evitar que los recursos entregados a sus autoridades se disluyan entre las manos de los burócratas del gobierno.

También organizaciones humanitarias que trabajan en el seno de esa población sostienen que "hay que dejar la fase humanitaria para hablar de la reconstrucción, y no pasarse todo un año solo distribuyendo comida y agua".

El secretario general de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, nombró al ex presidente estadounidense William Clinton como enviado especial del organismo en Haití, con el fin de establecer las prioridades en la reconstrucción de la nación más pobre de América.

En varias ocasiones el ex mandatario ha visitado el arruinado país, sin embrago la fase de reconstrucción no ha iniciado.

La situación es tan compleja que los miles de toneladas de escombros dejados por el terremoto, no han sido levantados, y el país permanece en ruinas y desolación.

De todas las obras prometidas sólo República Dominicana, país vecino de Haití en la isla La Española, ha avanzado con cierta prontitud a levantar el local de una universidad en Cabo Haitiano (la segunda ciudad en importancia de Haití), mientras que los escombros aún permanecen en la capital Puerto Príncipe.

Sólo 20 por ciento (cerca de 100 millones de dólares) de los 500 millones de dólares prometidos por la comunidad internacional han sido consignados al fondo fiduciario multilateral de la reconstrucción por países tales como Brasil, Noruega, Australia, Colombia y Estonia, no obstante los principales donantes como los Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea no han respetado aún sus promesas.

Para el presidente dominicano Leonel Fernández el incumplimiento del acuerdo económico con Haití se debe principalmente al déficit fiscal de las economías de Estado Unidos y Europa. El mandatario caribeño manifestó que otro factor se debe al proceso de elecciones que tenía pautado Haití.

"Los gobiernos prefieren tener claro el panorama político y desembolsar dinero con las nuevas autoridades que resulten ganadoras de las elecciones haitianas" expresó Fernández.

Pero Haití necesita desarrollar las fuentes de empleo, la agricultura y todas las aéreas de su economía que está en franca desarticulación.

Pero si el retraso de la ayuda por el terremoto es palpable, el cólera es otro de los capítulos que han provocado una obligada desviación de la atención de los damnificados hacia las miles de personas afectadas por la expansiva enfermedad.

Hasta el momento los muertos por cólera superan las 2.000 personas y más de 80.000 son atendidas por la enfermedad en los precarios hospitales y centros médicos que quedaron en pie luego del terremoto.

La versión de que el brote de cólera surgió en un campamento de soldados de Nepal de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), generó protestas entre la población, con resultado de al menos dos muertos.

Expertos internacionales como el chileno Luis Martínez, un epidemiólogo de la Universidad de Santiago, consideran que la nación caribeña necesita la ayuda internacional de gran magnitud para salvar vidas en medio de la epidemia de cólera.

El doctor Martínez considera que ante la precariedad de la infraestructura, del saneamiento básico y los recursos hospitalarios sanitarios mínimos, la enfermedad causará estragos mayores en la empobrecida nación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha vaticinado que el cólera podría infectar a 650.000 personas en los próximos seis meses, con un grado de mortandad que ha llegado a ser de 43 fallecidos por día.

Es por eso que Martínez y Médicos sin Frontera advierten que Haití tiene las condiciones sanitarias "ideales" para convertirse una situación realmente preocupante, al menos que una ayuda de gran magnitud de la comunidad internacional, pueda detener el mal.

La situación es tan grave que sólo la organización Médicos sin Fronteras reveló que sus especialistas ven unos 1.200 enfermos por día y que han logrado montar unas 3.200 camas para pacientes de cólera en los centros de atención de todo el país.

El colapso progresivo de los servicios básicos en Haití interviene para que la situación empeore, esta nación no cuenta con servicios de agua potable, ni de sistema sanitario, factores claves para enfrentar la epidemia de cólera.

A todo este escenario crítico se adiciona la situación de convulsión política que caracteriza al país tras las elecciones realizadas el pasado 28 de noviembre, donde participaron 18 candidatos por la presidencia y se eligieron a los representantes de un tercio del Senado y 99 diputados.

En principio la oposición denunció un fraude y acusó al candidato oficialista de orquestarlo, sin embargo a medida que fueron contando los votos, los candidatos contrarios abortaron la posición, hasta el punto de declararse ganadores de la contienda.

El 7 de diciembre, el Consejo Electoral Provisional de Haití dio a conocer los primeros resultados oficiales.

La candidata presidencial Mirlande Manigat obtuvo el 31,37 por ciento de los votos frente al 22,48 por ciento del candidato oficialista Jude Celestin, por lo que ambos aspirantes se enfrentarán en una segunda vuelta electoral el 16 de enero próximo.

Luego de los resultados, cientos de manifestantes bloquearon las calles con barricadas incendiarias en diversos puntos de la capital.

Los hechos de violencia, que han dejado al menos un muerto, han intensificado la crisis que vive esta empobrecida nación.

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