miércoles, 22 de diciembre de 2010

¿Quién sostiene a Assange/Wikileaks? (Parte I)

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Después del alborozo unánime que celebró las espectaculares revelaciones de WikiLeaks (WL) del 28 de noviembre se ahonda la polémica entre periodistas y medios serios respecto a probables segundas intenciones de Julian Assange/WL y, sobre todo, recrudece la gran pregunta: ¿quién está detrás de tan sensacionales revelaciones? Muchos creen que Assange no trabaja solo, como aseguraba el ficticio servidor del imperio británico inventado por Ian Flemming.

Las sospechas varían desde un simple y llamativo lavado mediático superficial de la estropeada libertad de información mundial para demostrar que la democracia concebida por Estados Unidos y Occidente es tan sólida que se permite tolerar críticas, en apariencia de gran envergadura pero que en el fondo no rebalsan la tradicional chismografía diplomática ya conocida pero que deja incólume a Israel, no alude la guerra secreta de Estados Unidos en Pakistán y se saltó el episodio de la invasión del Líbano en 2006, entre otros asuntos importantes. Por añadidura, distrae la atención de la gente relativamente informada y pensante -que no abunda en el planeta- frente a los abiertos preparativos de nuevas guerras que están en las mentes de los gobernantes estadounidenses. Una guerra que podría estallar en Corea y/o Irán.

O sea, WL sería otro show mediático a escala global con patrocinios tan oscuros que analistas de la talla del canadiense Michel Chossudovsky y publicaciones tan serias como Global Research, entre otros periodistas y medios, sitúan en Israel, la banca Rosthchild, el millonario George Soros, la propia CIA y otras instancias de poderes fácticos mundiales.

Lo primero que salta a la vista es el espaldarazo de WL a algunos grandes diarios que se hallaban próximos al rigor mortis. Ocurre que para saber qué dicen los 250 mil papeles del departamento de Estado no queda otro camino que seguir atentos al goteo diario de revelaciones de El País de España, el New York Times, el parisino Le Monde, el británico The Guardian y la revista alemana Der Spiegel, publicaciones insertas en poderosos intereses mediáticos globales.

El atenuante es que no habría otro camino porque Assange previó que el sitio www.wikileaks.org sería cerrado, cuestión que no ocurrió tras las anteriores liberaciones masivas de documentos sobre Afganistán e Irak. El canal informativo elegido por WikiLeaks para difundir los papeles de la política exterior de Estados Unidos fortaleció a nivel planetario a grandes medios instrumentales a los designios del imperio, como el NYT y El País que agonizaban en el mayor descrédito por su contumacia en fabricar propaganda disfrazada de noticia. La condición de intermediarios exclusivos -obsequiada por Julian Assange- entre los 250 mil papeles filtrados y el público equivale a un poderoso tónico de credibilidad que está creando la ilusión de un aparente tránsito de regreso de esos medios desde la propaganda pro-estadounidense desenfadada al periodismo de verdad que alguna vez nos hicieron creer que cultivaban.

Y el grueso público no tiene otra forma de conocer los wikileaks, porque los numerosos sitios espejo los cuelgan una vez que aparecen en los medios elegidos. Ya se supo que esos medios negociaron largamente con Assange y que antes pusieron en conocimiento del departamento de Estado los cables “más peludos”. Además, se tomaron la libertad de darles una nueva redacción a muchos mensajes originales, tacharon nombres “por razones de seguridad” y muchos mensajes, simplemente decidieron no publicarlos jamás por estimarlos demasiado “sensibles”. Entre los cables que esos grandes medios deciden que deben darse a conocer al común de los mortales tienen prioridad aquellos mensajes cuyo contenido chismoso le permite a El País darle una nueva redacción al texto original y “sacarles punta” a fin de lesionar la imagen de países como Irán, Venezuela, Cuba, Bolivia, etc.

Entonces, en una era en que la guerra también es mediática, cultural y psicológica, ¿de qué libertad de información se está hablando? Los grandes medios depositarios de los secretos de Wikileaks no han cambiado su carácter pro-estadounidense. Tampoco han regresado al periodismo de verdad, o por lo menos a aquel que reveló sin auto censura ni censura previa Los Papeles del Pentágono de los años 70, que tampoco fueron entregados antes al departamento de Defensa para que hiciera su propia evaluación previa. ¿Por qué Assange ignoró a importantes medios latinoamericanos como La Jornada de México y Página 12 de Buenos Aires? y dejó a 500 millones de hispanoparlantes a merced del monopolio mediático autocensurado del grupo español Prisa, dueño de El País y signado por su propia línea editorial y sus intereses culturales y políticos globales, como propietario transnacional de grandes medios, radioemisoras y editoriales de libros en diferentes países hispano parlamentes, incluido Estados Unidos (continuará).

Foto: Sociedad de la información - Julian Assange, creador de WIKILEAKS. / Fuente foto: NEW MEDIA DAYS - WIKIMEDIA

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Chile: La batalla final de la educación superior pública

Javier Sandoval Guzmán (especial para ARGENPRESS.info)

Ha comenzado ya el debate, y más allá, la encarnizada lucha por definir el sistema de educación superior que adoptará Chile en un futuro cercano. El contexto: un país que ve retornar a los próceres de la dictadura al Gobierno, y la inminente reforma a la educación que se comienza a implementar.

Las fuerzas sociales opositoras a esta u otras reformas, han sido duramente reprimidas en las calles con prácticas que no se aplicaban desde aquellos oscuros tiempos que viviera nuestro país. Las discusiones se centran en el rol de las instituciones de educación superior estatal pública, las privadas con “carácter público” -que junto a las estatales conforman las universidades “tradicionales”- y las privadas a secas. Estas últimas corresponden a una infinidad de instituciones que superan ampliamente en número a las tradicionales, representando meras empresas de la educación que -aunque no lo expliciten- logran ingresos a través de su negocio por múltiples artilugios, como el que sus mismos dueños sean también propietarios de las inmobiliarias de los edificios en que se instalan o de las empresas subcontratadas, como las de aseo (1). Estas empresasuniversidades muestran ser además fuertes aparatos ideológicos que entre sus dueños y accionistas concentran a parlamentarios, ministros y ex-ministros en su mayoría de la extrema derecha; sectas religiosas como el Opus Dei y Los Legionarios de Cristo; y grandes grupos económicos nacionales y transnacionales (1). La eduación de calidad en todos los niveles ha dejado de considerarse por el Estado chileno como un derecho asociado a una libertad positiva, ya que si bien a los sectores de estratos socioeconómicos medios y bajos no se les impide educarse, no se les entregan ni las mínimas condiciones para que puedan acceder a una educación de calidad.

El escenario de la educación en Chile, debe comenzar analizándose en el contexto global, para tener una idea de cómo es abordada y con qué prioridad en este país. El bajo nivel de gasto público destinado a educación en Chile (0,3% del PIB en educación superior), comparado al promedio de los países de la OECD (1,0% del PIB en educación superior), puede expresarse con distintos indicadores, siendo ejemplos típicos el gasto público por estudiante o el gasto público total en educación como porcentaje del PIB. La siguiente tabla muestra este último indicador, contrastado con el gasto privado (cobro de aranceles, extensión, venta de servicios y patrimonio, etc.).

Las instituciones de educación superior existentes en Chile, en términos generales, se dividen en las 25 tradicionales o pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) -compuesto por 16 estatales y las 9 privadas existentes antes de la reforma a la educación de 1981- y las instituciones privadas que comenzaron a crearse gracias a dicha reforma. Estas últimas incluyen Universidades Privadas, Institutos Profesionales (IP's) y Centros de Formación Técnica (CFT's). Según datos de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, a diciembre de 2008, los planteles de educación superior en Chile se distribuían de la siguiente forma: En el transcurso de las últimas décadas, junto a las políticas neoliberales que han promovido la creación de mercados en torno a la educación en todo el mundo, en Chile se ha dado pie al debate que hoy en día comienza a alcanzar su clímax y que pone en tela de juicio los aportes que aún entrega el Estado exclusivamente a las instituciones del CRUCH y a los estudiantes que lo integran.

Dichos fondos corresponden en su mayoría al Aporte Fiscal Directo (AFD), que es entregado directamente a estos planteles con un 95% distribuido conforme a criterios históricos y el 5% restante de acuerdo a indicadores de eficiencia anuales. En menor medida se entregan también exclusivamente a estos planteles fondos concursables y fondos por convenios de desempeño. Por otra parte, existen también aportes exclusivos a los estudiantes matriculados en instituciones del CRUCH, consistentes en becas y créditos subsidiados. Los aportes transversales a todo el sistema (CRUCH+Privadas), corresponden al Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y fondos concursables destinados a los planteles; y el Crédito con Aval del Estado destinado a los estudiantes de las instituciones acreditadas, ya sean públicas o privadas, lo que en forma indirecta también las financia (2)(3)(4). Los “beneficios” exclusivos del CRUCH y de los estudiantes que lo integran, han venido desatando críticas de parte de sectores políticos, del Gobierno y de los mismos dueños y accionistas de las universidades privadas hace ya varios años. Así, poco a poco se está poniendo fin a estos beneficios, ya sea eliminándolos o traspasándolos a fondos que no distinguen carácter jurídico de la institución. Como ejemplo, en 2002 El Gobierno crea el “Sistema Nacional de Financiamiento Estudiantil”, el cual incorpora como novedad el financiar también a los estudiantes de intituciones privadas que no pertenecen al CRUCH.

Con la reforma de 1981, en plena dictadura militar, Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en cobrar aranceles a los estudiantes de universidades públicas (5). Esta fuente de financiamiento corresponde hoy a un gran porcentaje dentro del presupuesto de dichos planteles que se ven obligados a incrementarlos año a año, en vista de la permanente disminución del aporte estatal. Es así como actualmente la Universidad de Chile, la más importante universidad del país, recibe del Estado sólo un 14% de su presupuesto. En otros países hubo también intentos de introducir aranceles en la educación superior pública, los que fueron impedidos gracias a grandes movilizaciones. Famoso es el caso de la huelga de 10 meses en la UNAM, en México, 1999.

Recientemente el Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, en su discurso de inicio de su nuevo periodo, encaró al Presidente Sebastián Piñera luego de enterarse por la prensa de que la reforma a la educación planteada en su programa de gobierno -y cuyo propósito es desmantelar la educación pública “terminando con la discriminación en el financiamiento según la naturaleza jurídica de la institución de educación superior elegida por el alumno” (5)- comenzaba a ser implementada a puertas cerradas. Haciendo alusión a la cuestionable calidad y los numerosos escándalos financieros en los que se han visto envueltas las universidades privadas, Pérez recalcó que “pretender que las universidades tradicionales son iguales a ese tipo de instituciones al momento de ser consideradas por el Estado, es impensable”. Como resultado, de inmediato surgieron voces de apoyo y disidencia en todos los rincones del país. En medio de esta vorágine de eventos, los Rectores de las universidades estatales, agrupados dentro del Consorcio de Universidades del Estado (CUE) plantearon una propuesta de “Nuevo Trato” con El Gobierno, con la cual exigen como base un aporte estatal de 50% de su presupuesto, a cambio de establecer convenios de desempeño que validen dicho aporte. Las voces de disidencia emanaron principalmente de los rectores de las universidades privadas, mientras las universidades privadas del CRUCH se mantuvieron expectantes. Estas últimas entidades, quizá previendo el panorama futuro cuando se desatara abiertamente la batalla entre la educación pública y privada e intentando resguardar los beneficios que les reporta estar en una situación “intermedia”, habían fundado ya en marzo de 2009 la Red Universitaria Cruz del Sur.

Pasando a analizar la evolución de la cobertura del sistema en las últimas décadas, la encuesta Casen 2009 revela que un 39,7% de los jóvenes entre 18 y 24 años accede a la educación superior y se espera que en 2010 supere el 40%. En noviembre de 2007 las universidades tenían un 67.9% de la matrícula de pregrado y más de la mitad de estas (50.3%) eran de universidades privadas. Dicha cifra disminuye levemente si se incluyen los postgrados, donde las universidades privadas abarcan un 49,8% de los matriculados ese año. Se evidencia además que el crecimiento de estudiantes de la educación superior ha sido sustancialmente mayor en el sector privado que en los planteles del CRUCH. En particular las universidades privadas han aumentado el número de estudiantes en más de 10 veces desde 1990 a 2006. Considerando estas cifras, la OCDE y Mineduc (2009) se refieren a las universidades privadas y plantean que “El Gobierno chileno necesitará confiar especialmente en estas instituciones para lograr su meta de 50% de participación” (4)(6). Pueden observarse de esta forma las claras orientaciones de los organismos multilaterales y del mismo Estado chileno respecto al sistema de educación superior.

El énfasis que hacen organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial (BM), en definir a la educación como una industria productora de rentabilidad o como una inversión en “capital humano” -debido al mayor ingreso esperado como resultado de esta- motiva a los sectores neoliberales a expandir la idea del porqué la educación debe ser vista como un bien privado antes que seguir orientaciones establecidas en pactos internacionales suscritos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que dice “La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. El BM defiende la educación superior privada de forma similar a la que se defiende tradicionalmente la privatización de empresas claves para un país, afirmando que estas permiten reaccionar de mejor forma a los cambios en la demanda además de asegurar la cobertura de educación sin o con muy bajos costos para el Estado (7)(8). Contrastando fuertemente con este enfoque, la UNESCO (1998) plantea que “el concepto de renta educativa en beneficio de la persona hay que sustituirlo por el concepto de economía externa y sobre todo por el concepto de rentabilidad social que designa los beneficios indirectos generados por la educación en beneficio de la sociedad.

Estos son difícilmente cuantificables, pero no por eso son menos reales: la elevación del conocimiento y de las competencias tiene una repercusión sobre el índice de crecimiento de la competitividad del país; la inversión hecha por las generaciones anteriores recae en las generaciones posteriores; es además un deseo de explotar al máximo las aptitudes de los que tienen las capacidades (el concepto de mérito) al servicio del desarrollo; la elevación del nivel de educación incide en el desarrollo de una cultura más democrática y permite un distanciamiento y una resistencia a las arbitrariedades" (9). Con respecto a la importancia estratégica que tiene para un país la educación superior, el reconocido académico costarricense Ángel Ruiz (2000) explica que “El impacto de las acciones en la educación superior no solo repercute positivamente en la gestión productiva nacional de manera directa, a través de los cuadros profesionales o de las investigaciones realizadas, sino, también, sobre el mismo sistema educativo. La educación superior es pieza clave del progreso de la educación pre-universitaria, si se desarrolla adecuadamente” (10). Pero lejos de evidenciar un desarrollo adecuado, tenemos en Chile un escenario donde la mayoría de los estudiantes proviene en forma desproporcionada de los quintiles de mayores ingresos, siendo este otro aspecto en el cual se basan los defensores de la privatización, considerando el financiamiento de origen estatal como un gasto regresivo, porque favorece de esta forma a los más ricos. Sin embargo, se omite en este argumento que es justamente el sistema y su tendencia privatizadora la que ha hecho que la proporción de estudiantes ricos y pobres en la educación superior sea tan desigual. El modelo neoliberal en Chile y su política de quitar financiamiento a las instituciones de educación superior -argumentando su carácter de bien privado-, forzándolas a su autofinanciamiento, ha dado origen a un nuevo mercado financiero en torno a este bien, a través del financiamiento estudiantil. Se han planteado como alternativa sistemas de créditos de origen privado, donde supuestamente cualquier estudiante puede acceder a ellos y endeudarse para pagar así su educación. Pero, ¿es este un real apoyo o estímulo para que el hijo de un obrero intente acceder a la educación superior? Los hechos son evidentes. Estos créditos sólo profundizaron la desigualdad que arrastra todo el sistema educativo, observándose que los estudiantes de estratos bajos e incluso medios ni siquiera han podido acceder a ellos, impidiendo su ingreso a la educación superior y menos aún, mantenerse en ella. El propio BM declara que esta problemática “se debe a las imperfecciones de los mercados de capitales” ya que “los prestatarios no aceptan la promesa de ingresos futuros como garantía de pago del crédito” (7)(8).

Dada esta tendencia que parece no tener freno, la sociedad chilena debiera de una vez por todas comenzar a preguntarse: ¿Cuáles son los efectos de la privatización y mercantilización de la educación? Según han promovido los organismos multilaterales, la tarea era comenzar con el desmonte del subsidio a la oferta -o financiamiento universitario con presupuesto público- para dar inicio a sistemas crediticios (de distinto nivel de participación estatal) para los estudiantes, adoptándose de esta forma, un sistema de subsidio a la demanda (8). Al quitarse el apoyo financiero estatal directo a las instituciones, estas comenzaron su autofinanciamiento, el cual se ha sustentado mayoritariamente en el cobro de aranceles a los estudiantes, y en menor medida en la extensión, venta de servicios y patrimonio, y donaciones del sector privado. Estas últimas, han representado en innumerables casos suculentas sumas de dinero. Partiendo de aquí, puede demostrarse que la educación privada y el mismo autofinanciamiento de las insituciones de educación superior, introducen sesgos inevitables en torno a la enseñanza y la investigación. Ya sea en respuesta a estas donaciones a las que las instituciones han debido acudir o por la misma intención de los dueños de estas (en el caso privado). Por mencionar un ejemplo claro, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, posee múltiples salas y bibliotecas bautizadas con nombres de los grandes grupos económicos que invirtieron capitales en su creación o reestructuración, entregándoles así permanente publicidad y eventual validación hacia la comunidad. Pero, ¿pueden ser mayores los efectos? Para averiguarlo, basta recordar las investigaciones sobre los negocios de las universidades privadas chilenas (1), o echarle un vistazo a los casos de las Universidades de Florida y California, Berkeley en Estados Unidos (11)(12). Como lo explica Ronald Collins (2000), director del proyecto FoodSpeaks del Center For Science in the Public Interest: “La ciencia está perdiendo credibilidad.

Conflictos de interés, estudios sesgados y secretos están socavando la reputación cientifica y su objetivo de búsqueda de la verdad. Científicos consultores que son pagados por las industrias pero que se desempeñan como profesores de facultad, testifican ante El Congreso y las agencias federales reguladoras sin detenerse a revelar sus nexos con las empresas. Los departamentos de ciencia en las universidades públicas suscriben millonarios contratos con las empresas, sin embargo, pocos detalles se revelan frente a la naturaleza de tales acuerdos. Las revistas médicas o de otras ciencias frecuentemente publican artículos sin revelar adecuadamente grandes conflictos de interés” (13). Ahora vale también preguntarse ¿Qué habrá ocurrido detrás de estudios sobre efectos del tabaco, de la contaminación ambiental, de productos alimenticios o medicamentos? Frente a esta evidencia, podemos seguir exigiendo entonces -como lo ha hecho el movimiento estudiantil desde hace bastante tiempo- que los aportes estatales a las instituciones privadas que lucran se eliminen.

Pero más allá de eso -dada nuestra correlación de fuerzas y porque deben buscarse otras tácticashay que exigir que estos planteles respondan por los aportes que actualmente se les da. Esto no implica justificar su existencia, ni su financiamiento estatal ni menos pedir que este aumente -como a los debilitadores del movimiento estudiantil les gusta afirmar-, sino que implica hacerse cargo y reparar o minimizar los efectos negativos que trae este tipo de educación y de paso incluir a los estudiantes de dichos planteles en esta lucha, mientras la sociedad aún no toma las riendas ni se moviliza por detener este negocio y tendencia privatizadora, que aunque no lo queramos, está ya arraigada en nuestro sistema y hoy en día “prepara y adoctrina” a la mayoría de los profesionales en nuestro país. ¿Qué se hace entonces con los estudiantes que ingresan a la educación superior privada? Si realmente queremos defender el derecho a una educación de calidad, debemos defenderla para todos los chilenos sin excepción, haciendo que todas las instituciones estén obligadas a incorporar los pilares básicos que debe contener la educación pública. Así como los estudiantes universitarios se movilizaron hace pocos años junto a los secundarios por el problema común, no podemos perder de vista que en este problema también están las instituciones privadas que hoy funcionan prácticamente sin regulación. Tenemos claro que estas entidades no tienen porqué tener interés alguno en cumplir objetivos sociales, ya sea porque no forman parte de su misión y visión de empresa, o porque su existencia depende justamente de no cumplirlos. Su razón de ser está basada en su influencia ideológica, el lucro o ambos a la vez.

Pasando ahora a los objetivos de esta lucha y teniendo en cuenta El Estado capitalista imperante, hoy más que nunca debiéramos darnos cuenta de que la idea de esperar que sea este quien le entregue un carácter de bien público a la educación, más allá de ser ilusoria, es quizás poco acertada. De ningún modo se debe pemitir que sea El Estado quien se encarge de definir el tipo de educación que se imparte, dejándolo realizar plenamente su rol como aparato dominador, olvidando de quién está en manos y qué intereses tiene. Lo que debiera exigirse al Estado es lo que se necesita para facilitar el camino de construir desde dentro de los planteles de educación superior y desde la sociedad misma, el carácter de educación pública. Para esto, un aspecto clave es la autonomía de las instituciones. Esta debe aprovecharse, profundizarse y resguardarse siempre. El enfoque debe estar entonces en exigir lo que El Gobierno está obligado a cumplir dadas las leyes respectivas -entre las que están las que resguardan la autonomía de los planteles- y sin importar la coalición de turno, y cuyo incumplimiento lo condenaría en forma clara y explícita en la ilegalidad frente a la sociedad.

El Estado debe respetar y asegurar el derecho a una educación de calidad, lo que conlleva entre otras demandas, a exigir el aumento del presupuesto destinado a esta para terminar con el autofinanciamiento de las universidades estatales y la inclusión de determinadas materias fundamentales en todas las instituciones sin excepción. El movimiento estudiantil ha tenido claro el enfoque en sus demandas históricas, pero una y otra vez este se vuelve a confundir, a veces intencionalmente, desde dentro o fuera de la organización. El sentido público de la educación debe considerarse como una conformación de partes, y tener claro cuáles son las que El Estado cumpliría, o más aún, cuáles de ellas queremos que cumpla teniendo en cuenta su rol dominador y nuestra historia de gobiernos, incluyendo el actual, y los que vendrán. Debe impedirse la utilización de la educación como herramienta del Estado para ejercer su dominio y a la vez exigir o resguardar lo que necesitamos de este órgano. Una educación pública de calidad requiere fundamentalmente de la participación de toda la sociedad y en particular de todos los actores involucrados en ella.

Valiéndose de su autonomía, las instituciones de educación superior pueden seguir concretando iniciativas que ya son realidad en muchos lugares, como los propedéuticos y los co-gobiernos democráticos implantados de facto al interior de ellas, y junto a esto, abrirse de una vez por todas a la sociedad -con énfasis en los sectores más pobres y mayoritariamente perjudicados con el actual sistema- para transmitir el conocimiento y a la vez concientizar sobre la actual problemática. Se podrá de esta forma avanzar, juntar las fuerzas y apoyo necesarios para la creación de un sistema que asegure su acceso sin discriminación socioeconómica, que contribuya a la disminución de las desigualdades que vienen de mucho antes (evidenciadas en la Prueba de Selección Universitaria o PSU), que termine con el autofinanciamiento de las universidades estatales, permitiéndoles implantar sistemas de financiamiento estudiantil más justos para la sociedad actual (como el Arancel Diferenciado), que incluya materias fundamentales como los DDHH; y que esté libre por completo de sesgos ideológicos, influencia mercantil o de imposición religiosa alguna. El valor esencial que pueden y deben ostentar las instituciones de educación pública por sobre las privadas, es el de reflejar en cierta medida la diversidad de la sociedad en la que están inmersas, con todas sus contradicciones, permitiendo al estudiante cultivar y poner a prueba valores de convivencia que en otros lugares pretenden ser impartidos en forma teórica o con un voluntariado efímero en lugares “humildes”. Debe forzarse a que las componentes de un “sentido público” se puedan ir construyendo al interior de los planteles. De este modo, quienes en realidad quieran mantener su perspectiva ideológica o el lucro por sobre el compromiso con los problemas del pueblo chileno y sobre todo de sus estratos socioeconómicos más bajos, deberán sucumbir ante dichas exigencias. Se deben imponer demandas estratégicas, que ganen el apoyo del pueblo, y que coarten la posibilidad de lucrar e ideologizar en torno a este bien social. Es fundamental lograr la concientización de la sociedad respecto a este tema, pero para ello debemos entender que esta no se encuentra preparada para el debate teórico de permitir o no el lucro en educación, ni menos lo está para entender plenamente los efectos negativos de la privatización de la educación que motivan a exigir la recuperación de su carácter público.

La contienda es claramente desigual. Frente a esto no cabe más que dejar de perder el tiempo y simplemente unir fuerzas con quienes realmente están dispuestos a superar sus diferencias en pos de este objetivo común de hacer frente a los sectores neoliberales que buscan privatizar la educación.

Hay que profundizar el debate dentro de los planteles, en todos los espacios, comprometer a toda la comunidad universitaria, en todos sus estamentos, y mantener en pie las movilizaciones en contra de la privatización. Hay que llevar a cabo la tarea de educar y concientizar a la sociedad para hacerla despertar. La contradicción es educación de calidad como bien social y público versus privatización y lucro en la educación. En esta batalla, la educación superior pública triunfa o muere.

Javier Sandoval Guzmán es Egresado Universidad de Chile.

Notas:
1) Mönckeberg, M.O, El Negocio de las Universidades en Chile, 2007.
2) Centro Interuniversitario de Desarrollo, 2008.
3) Ingresa (Sistema de Créditos de Estudios Superiores), 2008.
4) OCDE, La Educación Superior en Chile, 2009.
5) Programa de Gobierno Sebastián Piñera, 2010
6) Consejo Superior de Educación, Índices, 2008.
7) Banco Mundial, Informe Sobre el Desarrollo Mundial, 1996.
8) Venegas, S. y Mora, O. Las Políticas Públicas en Educación Superior en América Latina. Un análisis Crítico Al Enfoque de la Banca Multilateral, 2003.
9) UNESCO, La Educación Superior en el Siglo XXI, 1998.
10) Ruiz, A., El destino de Costa Rica y la Educación Superior, 2000.
11) Warde, I. La Educación Superior Vampirizada por las Empresas, 2001.
12) Le Monde Diplomatique, 2001.
13) Collins, R., Assuring Truth in Science a Must, Baltimore Sun, 2000.

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Condenan a Jorge Rafael Videla a prisión perpetua

CIJ

Lo resolvió el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba. Es en el juicio oral que se le siguió al ex presidente de facto junto a otros 29 imputados. Luciano Benjamín Menéndez también fue condenado a la misma pena. Videla será alojado en una cárcel común.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba condenó a Jorge Rafael Videla a la pena de prisión perpetua, por encontrarlo culpable de los delitos de tormentos, homicidio y privación ilegal de la libertad por hechos ocurridos en esa provincia durante el último gobierno de facto.´

El ex presidente de facto deberán cumplir la pena en una cárcel común.

El Tribunal también condenó a la misma pena al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

El cumplimiento de la pena de Menéndez será evaluado por una comisión médica, ya que el imputado durante el juicio oral, fue internado en varias oportunidades.

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Derecho a migrar

Alejandra Waigandt (ARTEMISA)

La ocupación de tierras, las muertes de inmigrantes limítrofes y la reacción xenófoba de parte de funcionarios públicos profundizaron el debate sobre los derechos humanos de la población migrante y la necesidad de achicar la brecha entre lo que dice la Ley de Migraciones y la realidad. En ese marco crece la migración femenina y son imprescindibles campañas sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas migrantes.

'Creíamos que se había avanzado más, pero los últimos incidentes muestran que aún falta', confesó Lourdes Rivadaneyra Palacios, coordinadora de la Red de Migrantes y Refugiados, sobre el recrudecimiento de la discriminación como consecuencia de las declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri. El mandatario responsabilizó a la comunidad inmigrante por los enfrentamientos entre vecinos y policías en el barrio de Villa Soldati, durante el desalojo de las familias pobres que ocuparon ilegalmente el Parque Indoamericano hace dos semanas.

Durante la violenta represión policial perdieron la vida los bolivianos Rosemarie Churapuña, Juan Quispe Castañeta y Julio Valero, y el paraguayo Bernardo Salgueiro. La tragedia llevó al gobierno nacional a crear el Ministerio de Seguridad y es liderado por Nilda Garré, quien renovó las fuerzas armadas durante su desempeño en el Ministerio de Defensa y Seguridad. Una de las primeras medidas de Garré fue el relevo de la cúpula de la policía federal, implicada en la represión junto con la policía metropolitana.

El sábado 18, Día Internacional del Inmigrante, hubo una suelta de globos negros en la Plaza de Mayo. 'Las muertes no pueden quedar como si no hubiera pasado nada', señaló Rivadaneyra, representante de la comunidad paraguaya en Argentina. Aclaró que también soltaron globos blancos porque 'los migrantes venimos a trabajar, a buscar una vida mejor, no venimos a violentar, habrán algunos que sí, pero no se puede estigmatizar a toda una comunidad'.

Efectivamente, Macri estigmatiza al asociar la inmigración con la delincuencia. La gravedad reside en que quien profundiza el sentimiento de odio hacia las personas migrantes empobrecidas es un representante del Estado.

Denuncias

En las últimas semanas se incrementaron las denuncias por discriminación en el INADI. Las que se animan a denunciar son las mujeres, según pudo conocer Artemisa Noticias. Una mujer del barrio de Flores denunció el miércoles 15 que un migrante de origen boliviano volvía de trabajar y un grupo de chicos se abalanzó sobre él, vociferando ‘boliviano de mierda’, lo golpearon salvajemente y hubo que hospitalizarlo. En ese mismo barrio se multiplicaron las pintadas xenófobas ‘hacé patria y matá un boliviano’. El jueves 16 la esposa de un paraguayo denunció que esa mañana se presentaron en una sucursal del Banco Nación para cobrar la asignación universal por hijo y en la ventanilla la empleada bancaria se negó a pagar y vociferó: 'Vienen a vivir de nosotros, a tener sus hijos acá'. El viernes 17 una mujer paraguaya fue a anotar a su hijo a una escuela pública y en la institución rechazaron el pedido porque el niño tenía su DNI en trámite.

La Red de Migrantes y Refugiados y la Mesa Nacional por la Igualdad denunció a Macri y al jefe de Gabinete Horacio Larreta por apología del delito en la justicia penal. La causa recayó en la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6. Luego hicieron la denuncia correspondiente ante el INADI. Representantes de los gobiernos de Bolivia y Paraguay cuestionaron al mandatario porteño por sus declaraciones, y pidieron a sus coterráneos que respeten las leyes vigentes en Argentina, a fin de desalentar la ocupación ilegal de tierras fiscales y privadas, que se extendió a Villa Lugano y otras localidades pobres del conurbano bonaerense.

Brecha

Migrar es un derecho humano. Así lo establece la Ley de Migraciones (Nº 25.871) aprobada en 2004 y reglamentada (Decreto Nº 616) el año pasado. Esta legislación garantiza el acceso a la salud, la educación, la justicia, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación para todos y todas las migrantes. La oficial de enlace de UNFPA en Argentina Eleonor Faur dijo a Artemisa Noticias que 'esta norma implicó un avance indiscutible porque defiende los derechos de las personas migrantes que residen en el país y avanzó sobre la anterior legislación, conocida como Ley Videla, que era profundamente restrictiva'.

Sin embargo persiste un comportamiento discriminatorio contra la población migrante limítrofe y del Perú. Esta intolerancia es notoria en efectores de servicios públicos, sobre todo el personal a cargo de las ventanillas y recepciones, según las denuncias de migrantes. 'Si no tienes DNI o está en trámite, no accedes a más, no te dejan pasar', confirmó Ricardo Irala González de EPPA (Equipo Pastoral Paraguayo en Argentina).

Todavía hay una brecha entre la legislación migratoria y lo que ocurre en la realidad. Las comunidades migrantes y también organizaciones multilaterales y nacionales vienen trabajando desde hace años para reducir este abismo. Faur dijo en ese sentido que no cree que toda la población Argentina sea xenófoba: 'Lo serio es cuando ésta aparece desde un punto de vista estatal. Pero no es bueno creer que todos están siendo xenófobos. Creo que la ciudadanía también está más abierta a recibir y por eso existe la ley de migraciones'.

Una investigación realizada por la socióloga Marcela Cerrutti para UNFPA sobre la migración en Argentina mostró que los efectores de la salud entienden que los extranjeros tienen acceso irrestricto a la salud. No obstante Cerrutti detectó que hay un imaginario sobre que a los hospitales llegan a atenderse más migrantes que nativos y los registros hospitalarios lo desmienten.

Expertos en materia migratoria como Pablo Morales, del CELS, o Susana Novick, del Instituto de Investigaciones Gino Germani , sostienen que 'hay que deshacer' el imaginario sobre el tipo de uso que realizarían las y los inmigrantes de los servicios sociales. 'Hay que dar esta discusión', insisten.

La Red de Migrantes y Refugiados había concurrido a principios de diciembre a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para exigir que se incremente la capacitación a efectores públicos de la salud, educación y otros servicios como el registro civil, donde se sigue sin anotar a un niño o niña nacida en Argentina porque la madre o el padre migrante no cuenta con el DNI o el mismo está en trámite. Tras la tragedia ocurrida en Villa Soldati, la DNM confirmó a las comunidades migrantes que llevará adelante un programa para incrementar la presencia de carteles sobre los derechos de la población migrante en centros de salud, hospitales y escuelas.

La DNM ha implementado asimismo una política de facilitación de DNI, según hizo público el director de Migraciones Arias Duval meses atrás. Se invirtió en nuevas tecnologías para digitalizar el trámite de obtención del DNI, de manera que se inicie automáticamente cuando la persona proveniente de un país del Mercosur que ingresa a la Argentina declara su nacionalidad y la ausencia de antecedentes penales.

Respecto de la regularización de la población migrante, una medida que obtuvo reconocimiento internacional fue el operativo Patria Grande, iniciado en 2006, para legalizar la situación de inmigrantes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador que ya residían en la Argentina. Según datos de la DNM se regularizaron unos 565.831 personas. Cabe destacar que la proporción de mujeres que iniciaron el trámite supera a la de los varones en todos los grupos de edad.

Campañas

El UNFPA cuenta con una campaña sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas inmigrantes, y apunta principalmente a reducir la mortalidad materna, ampliar los servicios de salud reproductiva y prevenir el VIH. Hace dos años 'al implementar la campaña nos dimos cuenta que los efectores de la salud desconocían aspectos de la Ley de Migraciones, por ejemplo que todas las personas debían ser atendidas con independencia de su situación migratoria, que nadie debía pedirles un documento para atenderlos', recordó la oficial de enlace de UNFPA Faur.

Se capacitó entonces a efectores de la salud en las zonas de fronteras, principalmente en el NOA. Este año se desarrolló esta misma labor en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Al mismo tiempo se hicieron talleres para las mujeres migrantes y se divulgaron sus derechos en radios comunitarias. Los folletos se distribuyeron en todos los centros de salud del país, en las áreas provinciales de migraciones y delegaciones del INADI.

La intervención de organismos como el UNFPA en problemáticas migratorias en parte se debe a la creciente feminización de los flujos migratorios en Argentina mujeres (entre 1980 y 2001 han pasado de constituir el 49.7% al 54.2% de la población migrante). 'Están llegando más mujeres y están en edad reproductiva y es muy importante poner el foco en cuestiones de género y derechos sexuales y reproductivos. Hay otras instituciones que trabajan aspectos como la irregularidad o falta de DNI o la explotación laboral', explicó Faur.

Foto: Argentina, Ciudad de Buenos Aires - Represión de la Policía Federal en asentamiento en Villa Soldati. / Autor: Emmanuel Fernández - INDYMEDIA

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Vivienda precaria

Alejandra Waigandt (ARTEMISA)

La ocupación de tierras por parte de miles de familias argentinas y migrantes en barrios carenciados de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense evidencia la crisis habitacional que caracteriza al país desde hace años. El difícil acceso a una vivienda adecuada afecta a las familias de clase media y más aún a quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, entre ellos inmigrantes limítrofes y del Perú que llegaron al país en la última década.

Según una investigación de la socióloga Marcela Cerrutti los inmigrantes limítrofes y del Perú eligen como lugar de destino preferido para vivir la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. El conjunto de inmigrantes de Bolivia, Perú y Paraguay constituyen el 4.9% de la población de la capital y sólo representan el 1.8% en el total del país. En la provincia de Buenos Aires representan el 3.2%, casi el doble de su peso a nivel nacional.

Los inmigrantes de estas tres nacionalidades se asientan en barrios en los que el acceso a la vivienda es más barato y donde las condiciones habitacionales son comparativamente desventajosas. Los barrios elegidos son Villa Lugano, Flores, Nueva Pompeya y Balvanera, que nuclean el 35% de los inmigrantes de origen boliviano, paraguayo y peruano. Se caracterizan por ser los más pobres e integran dentro de sus áreas 'villas de emergencia' o 'villas miseria'. En la Villa 31 (Retiro), 11.3% de la población es inmigrante, en Nueva Pompeya 16%, Villa Soldati también 16% y en Villa Lugano el 14%.

Según la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales, ECMI, los inmigrantes bolivianos residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están en las circunstancias más precarias. Uno de cada cinco hogares con algún miembro de origen boliviano tiene una vivienda de tipo inconveniente. Esta misma vivienda caracteriza a hogares con algún inmigrante paraguayo.

En este marco, y a partir de la ocupación de tierras en Villa Soldati, los gobiernos Argentino y de la Ciudad de Buenos Aires, establecieron un plan de viviendas conjunto que intentará solucionar parte del problema habitacional de la Capital. Se otorgará una vivienda a las 1650 familias censadas en la toma del Parque Indoamericano. La misma cuesta entre 140.000 pesos y 225.000, según el tamaño y la calidad de la construcción tal como indican las últimas licitaciones porteñas.

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Reprimir o atender los reclamos de los necesitados, esa es la cuestión

Irina Santesteban (LA ARENA)

La orden de la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, para que los agentes de las fuerzas de seguridad concurran a manifestaciones y protestas sin armas de fuego, revolvió las aguas y puso en alerta a los partidarios de la "mano dura".

La decisión de la ministra Garré concitó enseguida la adhesión de funcionarios "garantistas", como el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien expresó que "es un error enfrentar una protesta social con armas de fuego", y se pronunció para que la policía utilice "otros medios de contención de una manifestación pero no los balazos, eso es absurdo, no estamos en la época de Ramón Falcón", en alusión al comisario de la Policía Federal que dirigió la represión de una manifestación de anarquistas y socialistas el 1º de mayo de 1909 en Buenos Aires, con un saldo de once obreros muertos y más de ochenta heridos, entre ellos, varios niños.

El ministerio de Seguridad fue creado por la presidenta Cristina Fernández, luego de que tres personas fueran asesinadas por armas de fuego en la represión desatada en el Parque Indoamericano, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, cuando miles de habitantes de la vecina Villa 20 ocuparon esos terrenos en reclamo de vivienda.

Aunque el gobierno nacional y el de la Ciudad se cruzaron para culparse mutuamente por lo sucedido, fue una acción conjunta de la Policía Federal y la Metropolitana la que reprimió esa ocupación, donde murieron un joven y una joven bolivianos y un paraguayo. Recién luego de esa represión es que la Policía Federal se repliega y ya no actúa, pero es evidente que el desdoblamiento del ministerio que tiene hoy a su cargo Julio Alak, para poner al frente del de Seguridad, a una persona del perfil de Nilda Garré, habla claramente de una decisión presidencial de no permitir que estos hechos vuelvan a suceder.

Cristina Fernández no lo va a admitir nunca, pero en este problema de la ocupación de terrenos, utilizó el mismo argumento de los radicales para acusar al peronismo y a Duhalde, por los sucesos de diciembre de 2001, en particular por los saqueos a supermercados en el conurbano bonaerense. La actuación de sectores ligados al ex presidente, de barrabravas y punteros de los "barones del conurbano" es muy probable, pero no se puede negar la imperiosa necesidad de vivienda en amplias capas populares, incluso de las clases medias, y la falta absoluta de respuesta en esta materia por parte del gobierno nacional.

Tema complejo

Es saludable la decisión de poner a una persona como Nilda Garré al frente del nuevo Ministerio de Seguridad, quien al asumir dijo que "la inseguridad, es un tema multicausal, complejo", y explicó que "nos vamos a abocar con todo el compromiso y toda la fuerza porque lo que a la gente le interesa es vivir en una sociedad segura, tranquila y donde, cuando hay problemas sociales, se resuelvan por una vía que no sea la de la represión".

De esta forma la presidenta aparta del control de las fuerzas de seguridad al Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, que es a quien se reporta el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. Sin pedirle la renuncia, pues no puede prescindir de una espada fuerte del kirchnerismo como Aníbal, es evidente que con su actitud lo ha responsabilizado por lo sucedido. La purga en la cúpula de esa fuerza luego de la asunción de Garré, también demuestra que el gobierno ha debido reconocer que la actuación de los "federicos" en Villa Soldati, fue lamentable.

Pero en esta materia como en otras, el gobierno hace una de cal y otra de arena. La correcta orden de la ministra Garré, sobre que la policía no debe concurrir a manifestaciones con armas de fuego, incluso prohibió también el uso de armas largas para tirar balas de goma y gases lacrimógenos, fue seguida por el discurso de la Presidenta en un acto donde anunció el envío de siete mil efectivos de Gendarmería al conurbano bonaerense. Eso es casi militarizar una zona superpoblada y con carencias sociales de todo tipo.

¿No sería mejor que en lugar de esa cantidad de gendarmes, hubieran enviado médicos, trabajadores sociales y promotores de la salud? ¿O que la Presidenta hubiera anunciado mayor presupuesto para los hospitales y dispensarios, y un Plan de Viviendas a escala nacional que termine con el terrible déficit habitacional que padecen millones de argentinos?

En lugar de eso, anunció en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, un acuerdo con la Cámara Empresaria de la Construcción y el sindicato UOCRA, para que ese sector sea alcanzado por el Fondo del Bicentenario. Hasta ahora, el boom inmobiliario no ha alcanzado a los sectores medios y pobres, sino a los de altos ingresos, que son los que pueden pagar los altos costos de las viviendas que se construyen actualmente y los que tienen acceso a créditos que exigen niveles de ingresos que la mayoría de los argentinos no tienen.

Dureza selectiva

Quizás parezca simple el razonamiento que estamos formulando, pero es contradictorio que un mismo gobierno defienda una medida progresista como la resuelta por la ministra de Seguridad, y al mismo tiempo, firme con el xenófobo jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, un acuerdo que castiga a los okupas de terrenos. Cualquier persona que, desesperada por vivir hacinada en una villa, pagando alquileres de entre 500 y mil pesos, ocupe un terreno, será excluido no sólo de los planes de vivienda (de ésos que no han construido ni el gobierno nacional ni el macrista), sino que lo deja afuera incluso de cualquier plan social.

No ha sido tan inflexible este gobierno para con otros sectores que tampoco respetan las leyes, como los empresarios que suben los precios y no respetan las resoluciones de la Secretaría de Comercio, o los que evaden y estafan al fisco por sumas millonarias. Incluso los sojeros y la Mesa de Enlace, que cortaron rutas y desabastecieron al país durante cuatro meses, no tuvieron ninguna sanción ni penal ni económica. ¿Por qué entonces esta reacción tan dura con los pobres que sólo piden lo que la Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos: el derecho a una vivienda digna?.

¿Está bien que la Policía vaya desarmada a las manifestaciones? Para la robusta pitonisa de la Coalición Cívica, esta decisión es "un despropósito", pues obliga a que los agentes policiales vayan "indefensos" a las protestas sociales.

En realidad, en la abrumadora mayoría de los casos, quienes van indefensos son los manifestantes, que son los que siempre aportan los muertos y los heridos. También hay, pero en mucho menor medida, policías heridos por piedras o palos, pero la orden de la ministra Garré, establece que los agentes que "controlen" las movilizaciones, llevarán escudos y bastones, además de la utilización de otros métodos de contención como las vallas.

Incómodo pero democrático

Cuando puso en funciones a la ministra, Cristina dijo que ponía en ese lugar a "una persona en la que tengo plena confianza por la labor que ha desempeñado y por su compromiso con la justicia, con el derecho a la seguridad que tienen todos los ciudadanos y fundamentalmente por un compromiso también muy fuerte con el sistema democrático". Habrá que ver si esta medida reduce los muertos y heridos en las protestas sociales. Los responsables de los operativos de seguridad, deberán esforzarse por dialogar con los manifestantes y los funcionarios encargados de las áreas que dieron origen a esas protestas, deberán arremangarse y hacerse presentes en esas movilizaciones, para atender los reclamos.

También los funcionarios judiciales y los fiscales, deberían avocarse a la nada fácil tarea de concurrir a los lugares de conflicto, en lugar de dictar órdenes de desalojo desde los escritorios. Seguramente será incómodo, pero mucho más democrático. Y, sobre todo, evitará más muertes y heridos por balas policiales en manifestaciones que tienen, en la mayoría de los casos, origen en conflictos sociales por reclamos no atendidos.

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Mujer de los cielos

Claudia Rafael (APE)

No tenía identidad documentada. No sabían exactamente cuántos años había vivido. Tal vez 34, 37, 40. ¿Acaso importa? Dicen que se llamaba Teresa Ortiz. Mujer wichi. Mujer de los cielos, como toda wichi. Su nombre deberá ser repetido infinitamente para que su historia no se esparza como peste imparable. La memoria es como una diosa salvadora porque así lo creían los ancestros que repetían en una cantinela “no olviden, porque olvidar es una forma de morir”.

Cuentan que Teresa Ortiz se durmió en una muerte eterna sobre el piso de tierra de su choza. En esa Misión Chirola en la que bastaba mirarse apenas para reconocerse en una vida en común de apenas unas pocas familias. A pocos metros de Fortín Dragones en donde la vegetación es señora poderosa entre las alturas de una tierra salteña que conoce de furias y de rabias guardadas.

Los días suelen ser iguales para los desarrapados. Donde el calor llega a 40 grados y el frío atenaza los cuerpos en casuchas con paredes de plástico. Allí donde las elecciones suelen vestir las calles de promesas que jamás transforman el mañana. La vida parece ser una imagen congelada. Siempre así. Siempre igual.

En una tierra en la que los hombres fueron creados porque allí todo era eterno principio de vida plena y verdadera. Y las mujeres, como Teresa Ortiz, fueron nacidas en los cielos donde eran moradoras etéreas que descendían misteriosamente para buscar alimentos. Hasta que un día cayeron, como cayó Teresa, y fueron desenterradas -cuenta la mitología wichi del origen- por las pezuñas de los animales.

Teresa magra. Teresa mujer que se fue apagando entre flacuras que la despoblaron del fueguito de la pasión. Y ya no pudo elegir.

Cuentan que pesaba apenas 40 kilos cuando las sombras de la muerte empezaron a seducirla. Danzaban a su alrededor como bestias devoradoras que engullen sin piedad a los vulnerados.

El subsecretario de Salud de Salta, Juan José Esteban dijo que la mujer “se negó sistemáticamente a recibir atención sanitaria” en las últimas semanas. Su esposo, Raúl Fernández contó, en cambio, que "recién al último, cuando ya estaba mal, se preocuparon por atenderla. Pero ya era tarde y entonces mi mujer decidió no ir".

Esteban insiste: todo fue culpa de Teresa Ortiz. Porque cómo es posible que ella se negara a entender que la supervivencia estaba lejos de la misión, de la choza, de sus ropas, de su pedazo de cielo, de los olores de su pueblo, de los misterios y las preguntas que sólo allí se desentrañan, de su origen milenario y anterior al hombre blanco que llegó para quedarse.

Y en “la salita” médico no había ni tampoco ambulancias y menos aún una lengua en común entre los blancos chamanes de la modernidad que no entienden a la gente wichi y sus palabras. Apenas enfermeros desde que el único médico se tomó licencia. Entonces Esteban anunció entre bombos y platillos que ahora sí habrá médicos. Y sí habrá asistentes bilingues porque el español es lengua conquistadora y ajena en esas tierras.

Ni Teresa Ortiz ni sus hermanos wichis de la Misión Chirola supieron acaso que el Producto Bruto Interno de la Argentina -que les es tan ajena por historia y por prepotencias- creció como nunca en los últimos ocho años. Ni tampoco que el desempleo bajó a una tercera parte desde los días de aires privatizadores de los años 90. Ni siquiera saben que son parte de un ejército que lleva el hambre como estandarte en un país que los desconoce aunque sean el origen de estas geografías. Porque no hay espejos para ellos, los pertinaces nadies de la vida.

Teresa Ortiz es apenas hoy un hilo en el entramado de la historia. Es parte de la noche que ya no sabe de estrellas y que olvidó los días.

Habrá que estirar los brazos para cobijarla en la memoria. Para rescatarla y dibujarle un tramo de paraíso. Para que todas las Teresas de la tierra se pongan de pie en los umbrales de la vida y alcen su grito en eterna rebeldía.

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Brasil: Lula, reforma de medios prioridad de Rousseff

ANSA

El presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, considera que la reforma de la legislación sobre medios de información debe ser una de las prioridades del gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, informaron miembros del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Lula sostuvo en una reunión con la Mesa Ejecutiva del PT que la sanción de una ley que establezca un "marco regulador" de los medios y la reforma política, que incluye cambios en el sistema electoral, serán tratados en la gestión de Rousseff.

"Nuestra prioridad es el gobierno de Dilma y ustedes deben ayudarla", señaló Lula da Silva, quien es presidente honorario del PT.

El lunes, en el encuentro con la cúpula petista, Lula destacó que el proyecto de ley de medios, que fue elaborado por su gobierno, garantiza la "libertad de expresión", según dijeron miembros del partido al diario Estado de Sao Paulo de hoy.

El proyecto de ley, que debe ser enviado al Congreso en 2010, "va a garantizar la competencia y la innovación tecnológica" sostuvo el ministro de Comunicación Social Franklin Martins.

La Asociación Brasileña de Radio y Televisión expresó sus reservas ante el proyecto de ley y alertó sobre el "riesgo" de que éste sea una "amenaza a la libertad de prensa".

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Argentina, Córdoba: "La guerra interna no terminó"

Alexis Oliva (PRENSARED)

Tal como suele machacar Luciano Menéndez, el ex dictador Jorge Rafael Videla sostuvo que "los enemigos derrotados militarmente, hoy gobiernan nuestro país", planean "venganza" y pretenden "instalar un régimen marxista". Nada dijo de los fusilamientos de los presos "legales" de la UP1, pero sí habló de desapariciones: "La Constitución Nacional guarda luto por la república desaparecida".

Flanqueado por su defensora oficial, Jorge Videla alega en la penúltima audiencia del juicio por los fusilados de la cárcel de barrio San Martín.

En la penúltima audiencia del juicio por los 31 asesinatos de presos políticos de la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) de Córdoba, Jorge Rafael Videla fue el primero de los imputados en hacer uso de la palabra para exponer su “manifestación ante los jueces”, en la que insistió en que el Ejército que comandó libró contra la subversión "alentada" por la Unión Soviética una "guerra interna" que aún no ha terminado, porque "quienes fueron derrotados militarmente se encuentran hoy ocupando los más diversos cargos en el Estado".

Con esa teoría justificó el terrorismo de Estado desplegado desde el golpe de Estado que encabezó el 24 de marzo de 1976, invocando como antecedentes el decreto con el que Italo Lúder -a cargo de la presidencia por licencia de María Estela Martínez de Perón- ordenaba "aniquilar" a la subversión, y una carta de Juan Perón dirigida cuando era presidente a los oficiales del regimiento de Azul, luego de un ataque guerrillero. En esa tónica, atribuyó además al entonces caudillo radical Ricardo Balbín una frase dirigida a los jefes de las fuerzas armadas, a principios de 1976: "Si van a hacer el golpe, háganlo ya".

Además, afirmó que el golpe de Estado contó "con la adhesión mayoritaria de la ciudadanía, ya que no se levantaron voces en contra, más bien hubo alivio", aunque admitió que en esa presunta guerra "se llegó a horrores que son difíciles de justificar pero que merecen ser comprendidos en el marco de un conflicto bélico".

Dividido en varias partes ("Introito; Nuestra última guerra interna: antecedentes mediatos, antecedentes inmediatos, la agresión terrorista, la legítima defensa, corolario, y Epílogo"), el alegato del ex dictador duró 49 minutos y no se refirió a ninguno de los hechos que componen esta causa, sino al plano geopolítico e ideológica macro, esgrimiendo en varios pasajes el paraguas conceptual de la "guerra interna" contra la subversión, de la que dijo ser "total responsable", con "prescindencia" de sus subordinados.

"Más que como imputado, como testigo y como partícipe, tengo el deber inexcusable de hacer llegar a toda la sociedad mi visión sobre aquellos hechos ocurridos en aquellos años -comenzó aclarando Videla-, que fueron manipulados para una dirección lamentablemente sesgada de la realidad, no exenta de dudoso propósito, ocultando parte de los años tremendos de esa guerra, y tergiversando la parte que se hace pública".

Así sostuvo que en el contexto de la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ésta "logró un subterfugio, alentar movimientos de liberación por parte de grupos armados. Alentaba la toma de poder por forma violenta, enmascarada de lucha de liberación". En ese contexto, la Argentina "tuvo que enfrentar de hecho y de derecho un conflicto bélico, con profunda raíz ideológica y alentado desde el exterior".

"En esta especie de far west vernáculo (existían) la llamada AAA, una suerte de milicia clandestina a las órdenes del entonces ministro de Bienestar Social. El Ejército Revolucionario del Pueblo, encabezado por (Roberto) Santucho, de tendencia trotskista. Y Montoneros, encabezado por (Mario) Firmenich, y representativo de la juventud peronista", detalló Videla.
"No acepto el calificativo de guerra sucia, porque eso significaría admitir que hay guerras sucias y guerras limpias. Prefiero seguir a Santo Tomás, cuando dice que hay guerras justas e injustas. Y una guerra defensiva es una guerra justa. De eso se trató en esta guerra", aseguró.
Acto seguido, cargó contra el actual gobierno nacional, al interrogarse: "¿Cuando terminó esta guerra? Las organizaciones armadas revolucionarias hicieron crisis en 1976 y comenzaron a declinar hacia fines del 77, pero no sé si entonces terminó. Es más, me pregunto si aún hoy podemos afirmar que esta guerra ha terminado".

Con la misma idea que suele esgrimir en sus arengas Luciano Benjamín Menéndez, su ex jefe sostuvo: "No hay duda que los enemigos derrotados ayer, cumplieron con su propósito. Hoy gobiernan nuestro país y pretenden erigirse en paladines de la defensa de los derechos humanos que ellos en su tiempo no titubearon en conculcar de grado superalativo. No necesitan ya de la violencia para acceder al poder, porque ya están en el poder y desde él intentan la instauración de un régimen marxista a la manera de (Antonio) Gramsci, tomando como rehenes a las instituciones de la república y haciendo de ella una simple expresión verbal".
"Gramsci puede estar satisfecho de sus alumnos. La Constitución Nacional guarda luto por la república desaparecida", concluyó, acaso sin darse cuenta que utilizaba esa dolorosa palabra con la que está indiscutiblemente asociado.

Pero también se dio otros lujos, como el de considerarse "preso político", víctima del "terrorismo jurídico", llevado adelante por jueces a los que desconoció, pero lo mismo exhortó: "Frente a esa realidad que no está en mis manos modificar, asumiré bajo protesta la injusta condena que se me pueda imponer como contribución de mi parte a la concordia nacional y la he de ofrecer a modo de un acto de servicio más que debo prestar a Dios nuestro señor y a la Patria. Con ello pretendo cumplir con mi conciencia. Pido a ustedes que cumplan con la suya".
"Reclamo para el pueblo argentino en general y para sus fuerzas armadas, de seguridad y policiales en particular, el honor de la victoria en la guerra interna. Lamento sí las secuelas que deja toda guerra y doy valor al sufrimiento de quienes con auténtico dolor lloran a sus seres queridos mutilados o muertos, así como deploro que se especule con el dolor ajeno transando pingües negocios a la sombra de las banderas de los derechos humanos", abundó el ex teniente general.
Y sobre el final, desarrolló su particular versión de la reconciliación nacional: "Pareciera llegado el momento para que la sociedad toda, a través de su dirigencia, asuma su protagonismo perdido. Y dejando de lado la memoria asimétrica predicada desde los círculos oficiales, fuera de cualquier especulación sectorial u objetivos hipócritas, promueva mediante un diálogo superador el exhaustivo e imparcial examen necesario sobre los terribles años de nuestra última guerra interna, de tal manera que se nos permita dejar atrás sin cargos de conciencia el luctuoso y traumático pasado. Entregaremos así a quienes nos sucedan un legado que les ayude a superar los desencuentros padecidos por nuestra generación. Sin olvidos, pero también sin rencor, para no repetir los errores del pasado. Con justicia, pero no con venganza. En busca sólo de la unión nacional, concebida al decir de Ortega y Gasset como un proyecto compartido de nación, de manera tal que podamos mostrarnos ante el mundo como un país libre, abierto a la concordia, reconciliado y en paz. Quiera Dios nuestro señor que así sea".

Así, con su estilo mesurado, monacal y respetuoso de las formas, el ex jefe de la dictadura que desapareció a treinta mil argentinos, agradeció con deferencia al Tribunal y especialmente a su abogada, antes de volver a tomar asiento. Luego escuchó a un ex general de brigada retirado adherir "en un todo" a sus palabras y a dos ex policías intentar despegarse del terror dictatorial, antes de que el juez Jaime Díaz Gavier dispusiera un cuarto intermedio y él pudiera pararse para recibir el entusiasta aplauso de sus familiares, allegados y ex subordinados.

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Argentina: Fallo judicial que hace justicia: Condenaron a 16 acusados por crímenes de lesa humanidad en Atlético, Banco y Olimpo

PRIMERA FUENTE

El Tribunal Oral Federal N° 2 de la Capital Federal, sentenció este martes a prisión perpetua a doce imputados, entre los que se encuentra “El Turco Julián”. En tanto, condenó a 25 años de prisión a Raúl Guglielminetti y a otros tres acusados.

El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes a prisión perpetua a los ex policías Julio Simón, alias "El Turco Julián", a Samuel Miara y a otros 10 acusados de represión, al hallarlos culpables de crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención Club Atlético, El Banco y El Olimpo (ABO), que funcionaron en esta capital durante la última dictadura militar.

En tanto, el tribunal impuso 25 años de prisión al ex agente civil del Ejército Raúl Guglielminetti, al ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 coronel Carlos Tepedino, a su subalterno Mario Gómez Arenas y al ex policía federal Ricardo Taddei. El veredicto se completó con la absolución del ex policía federal Juan Carlos Falcón, a quien el tribunal ordenó su inmediata libertad si no hay otras causas en las que esté detenido.

La condena, que incluye la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, fue impuesta por los jueces Jorge Tassara, Ana D'Alessio y María Garrigós de Rébori, que encontró a los acusados culpables de "homicidio calificado con alevosía, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, agravado por haber sido cometido siendo funcionarios públicos, con abuso de sus funciones, mediando violencia y amenazas y por secuestros que duraron más de un mes", considerados por el tribunal como delitos de lesa humanidad.

También fueron condenados a prisión perpetua los ex policías federales Oscar Rolón, Eufemio Uballes, Raúl González, Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Roberto Rosa, Raúl González, Eduardo Kalinec y Luis Donocik, el capitán Enrique Del Pino y el ex agente penitenciario Juan Carlos Avena.

El tribunal unificó en la pena única de prisión perpetua una primera condena que el "Turco Julián" había recibido en agosto de 2006 a 25 años por los delitos de secuestro tormentos y ocultación de un menor, en lo que fue el primer juicio tras la derogación de las leyes del perdón. Cuando anunciaron la condena para el "Turco Julián", el acusado se levantó para salir de la sala pero se lo impidieron. Entonces le dijo a los jueces "me estoy meando encima", ante lo que la camarista Garrigós de Rébori le aclaró que no podía retirarse y que debía quedarse en la sala escuchando el veredicto.

Mientras escuchaba la condena y los nombres de sus víctimas, "Turco Julián" negaba con la cabeza lo que leía el juez Tassara y se tapaba con una de sus manos el perfil derecho de su cara que le era enfocado por la cámara de televisión del tribunal. Tras la finalización de la lectura, que duró dos horas, los familiares de las víctimas y representantes de organismos de derechos, que estaban en la planta baja de la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py, aplaudieron el veredicto y gritaron "30 mil desaparecidos presentes, ahora y siempre!".

Por su parte, los familiares de los represores gritaron desde la baja alta de la sala a los acusados "héroes" y "viva la patria" mientras los saludaban. Mujeres que estuvieron en el baño de damas de la planta baja de los tribunales relataron que encontraron escrito la frase "terroristas asesinos. Montos hijos de puta".

El ex subcomisario Miara, que ya purgó una condena por apropiación de hijos de desaparecidos, siguió el juicio por videoconferencia desde el hospital Churruca, donde está internado por una enfermedad. Todos fueron juzgados por 181 casos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos y cinco homicidios, de 1976 a 1979, en "Club Atlético", en Paseo Colón y San Juan; "El Banco", en Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, y "El Olimpo", en Lacarra y Ramón Falcón. Esos centros clandestinos de detención operaban en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. Las víctimas de los homicidios fueron Isidoro Pena, Jesús Peña, Santiago Villanueva, Elio Serra Silvera y Cristina Carreño Araya, quienes se encuentran desaparecidos.

En la lectura del veredicto estuvieron presentes el embajador de Francia en el país, Jean-Pierre Asvazadourian, el juez federal Daniel Rafecas, quien investigó esta causa, y el secretario de derechos humanos de la CGT y titular del gremio de los empleados judiciales, Julio Piumato. En la puerta de los tribunales en Retiro la organización HIJOS y otros organismos montaron un escenario desde el cual realizaron un festival de música por los derechos humanos. El juicio comenzó en noviembre del año pasado y el tribunal fijó la lectura de los fundamentos para el próximo 22 de marzo a las 13:30.

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Lula da Silva vetará apartado de "royalties" en marco legal del petróleo

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que vetará la parte del nuevo marco regulatorio de las actividades petroleras, el cual establece la distribución igualitaria de los "royalties" entre los estados brasileños.


El próximo jueves, Lula deberá sancionar el nuevo régimen, aprobado este mes por la Cámara de Diputados, pero vetará la parte relativa a los "royalties" que, según él, perjudica a los estados productores.

"Voy a vetarla y mandaré al Congreso un proyecto de ley que restituya el acuerdo que habíamos concluido, para que las personas perciban que nosotros queremos que todos los estados ganen con el petróleo, pero que los estados productores puedan ganar un poco más", aseguró.

De acuerdo con el texto aprobado en la Cámara, la distribución de los recursos que las empresas petroleras pagarán al estado se haría de forma igualitaria para todos los estados, productores de petróleo o no.

Esta medida, según Lula, perjudica especialmente a los estados de Espírito Santo, Río de Janeiro y Sao Paulo, que tienen frente a sus costas los yacimientos de la formación conocida como "pre sal", muy rica en hidrocarburos.

Esta compensación, dijo, "creo que es la que los estados productores merecen. Y voy a hacerlo tranquilamente; el Congreso ya sabe que voy a hacer eso y la compañera Dilma (Rousseff, presidente electa) está de acuerdo", aseguró el mandatario.

Una vez enviado el nuevo proyecto de ley, corresponderá a la nueva presidenta de Brasil comandar las negociaciones, para que el texto sea aprobado en 2011.

El nuevo marco regulador establece el régimen de división de la producción entre el estado y las empresas productoras, y hace obligatoria la participación de la semiestatal Petrobras en todos los consorcios, con una participación mínima del 30 por ciento.

Petrobras será, además, la operadora en todos los campos situados en el "pre sal", formación situada a cerca de 7.000 metros de profundidad, bajo una espesa capa de sal, en aguas consideradas ultraprofundas.

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2011 es un año clave para la política en Perú

Juan Carlos Lázaro (XINHUA)

El 2011 será un año clave para la vida política de Perú, ya que el 10 de abril se llevarán a cabo elecciones generales, en las que nueve candidatos, entre los que figuran dos mujeres, se disputarán el sillón presidencial.

En esa fecha también se elegirá a dos vicepresidentes, un nuevo Congreso de 130 miembros y cinco representantes peruanos al Parlamento Andino (Parlacen), además de 10 suplentes.

Si en los comicios ninguno de los candidatos obtiene 50 por ciento más uno de los votos válidamente emitidos, se realizará una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que hayan obtenido las votaciones más altas.

El plazo para la realización de comicios internos se cerró el lunes, con lo cual se consolidó la lista de los nueve postulantes que buscarán reemplazar por un periodo de cinco años al presidente peruano Alan García.

Los candidatos son Luis Castañeda, de Solidaridad Nacional, el ex presidente peruano Alejandro Toledo (Perú Posible), Keiko Fujimori (Fuerza 2011), Ollanta Humala (Gana Perú), Pedro Kuczynski (Alianza para el Gran cambio) y Mercedes Aráoz, candidata oficialista del gobernante Partido Aprista Peruano.

También se postulan Manuel Rodríguez (Fuerza Social), Rafael Belaunde (Adelante) y José Ñique (Fonavistas del Perú).

En este panorama electoral resalta la presencia de dos mujeres que disputan el sillón presidencial: Keiko Fujimori, hija del ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), ahora en prisión, y la economista Mercedes Aráoz, ex ministra del actual gobierno.

El mayor de todos los candidatos, Pedro Kuczynski, tiene 72 años, y la menor, Keiko Fujimori, 35 años.

De los nueve candidatos a la presidencia, cuatro son economistas o graduados en administración de negocios (Toledo, Kuczynski, Fujimori, Aráoz), dos son abogados (Castañeda y Ñique), uno es geólogo (Belaunde), otro es diplomático (Rodríguez) y uno más es militar (Humala).

La mayoría de los candidatos presidenciales se han mostrado de acuerdo con el modelo económico que ha seguido Perú durante 20 años, caracterizado por una política de libre mercado, apertura a la inversión extranjera y una reducción en el papel del Estado como gestor económico.

Humala es el único candidato crítico del actual modelo económico; incluso ha propuesto derogar la actual Constitución para restituir la anterior, surgida de la Asamblea Constituyente de 1979, anulada por el gobierno de Alberto Fujimori en 1992.

La más reciente encuesta realizada por la empresa Ipsos-Apoyo, difundida el pasado domingo, ubicó en el primer lugar de las preferencias electorales peruanas a Castañeda y a Toledo, favorecidos cada uno con 23 por ciento de las intenciones de voto.

Castañeda, ex alcalde de Lima, tiene como principal bastión electoral la capital peruana y como principal debilidad su casi total incapacidad para comunicarse con las multitudes.

Tampoco gusta de las explicaciones a periodistas; sin embargo, su perfil es el de un gerente práctico y eficiente.

Toledo, ex presidente de Perú en el periodo 2001-2006, tiene a su favor ser, de entre todos los candidatos, "quien menos daño le ha hecho al país", aseguró el sociólogo Julio Cotler.

También lo favorecen sus rasgos indígenas y su historia de profesional exitoso, pese a sus orígenes humildes.

El tercer lugar de las preferencias electorales lo ocupa Keiko Fujimori, con 20 por ciento de las intenciones de voto, cuya candidatura ha arraigado en los sectores más empobrecidos, así como en la sierra central y en la selva.

Al iniciar su campaña pidió disculpas al país por la corrupción que se observó durante el gobierno de su padre.

Humala tiene 11 por ciento de las preferencias electorales. En 2006 disputó la presidencia con Alan García, quien lo derrotó por escaso margen de votos.

La mayor parte de su apoyo proviene de la sierra sur de Perú, rural y empobrecida.

Aráoz, candidata oficialista, aunque no está afiliada al partido del gobierno (Apra), falla en atraer a las multitudes, pese a su simpatía.

Las preferencias por su candidatura se reducen a 5 por ciento, según las encuestas.

Con ese mismo porcentaje se encuentra Kuczynski, ex ministro de Energía y Minas y de Economía durante los gobiernos de los ex presidentes Fernando Belaunde (1980-1985) y Toledo, líder ahora de una coalición de movimientos de derecha, izquierda y centro.

Kuczynski representó en Perú a la firma petrolera estadounidense Hunt Oil.

En una eventual segunda vuelta, según Ipsos-Apoyo, Castañeda se perfila para derrotar a todos los contendientes.

Keiko Fujimori no tiene posibilidades de ganar en una segunda vuelta ante Castañeda y Toledo; sin embargo, puede vencer ante Humala, según la encuesta.

De acuerdo con el sociólogo Julio Cotler, un agudo analista del proceso político peruano, los candidatos que lograrán pasar a la segunda vuelta el próximo 10 de abril serán Castañeda y Toledo, debido a que "son los más centristas".

Castañeda y Toledo son "los que tienen las posiciones más fluidas, los que pueden ir de un lado a otro sin encontrarse con la historia cerrada de Ollanta Humala o de Keiko Fujimori", agregó.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, declaró tras su retorno al país que intervendrá en el proceso electoral sólo para impedir que Keiko Fujimori gane las elecciones, en caso de que consiga pasar a la segunda vuelta.

Según Vargas Llosa, Keiko Fujimori representa el continuismo del gobierno de su padre, caracterizado por la corrupción y los delitos de lesa humanidad.

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Venezuela: Aprueba la Asamblea Legislativa la ley de Defensa de la Soberanía Política

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La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Defensa de la Soberanía Política, iniciativa que tiene entre sus prioridades la protección contra el financiamiento extranjero para fines desestabilizadores.

En sesión extraordinaria del Hemiciclo, los socialistas hicieron valer su amplio dominio para sancionar en la segunda y última discusión una norma que consideran clave en la defensa contra la injerencia foránea.

Durante el debate en plenaria, extendido hasta la madrugada de este miércoles, recordaron la entrada al país sin control alguno de millones de dólares para la subversión interna, suministrados por entidades estadounidenses como la NED y la USAID.

La Ley también busca combatir la circulación de dinero procedente del narcotráfico y la legitimación de capitales.

Entre las sanciones previstas están las multas y la expulsión de Venezuela de los extranjeros que participen en el financiamiento a la subversión.

La oposición rechazó la iniciativa por considerarla anticonstitucional y un ataque a los disidentes.

Desde el 16 de diciembre, la Asamblea sesiona de manera extraordinaria para sancionar un grupo de leyes encaminadas a consolidar la construcción del socialismo.

El 5 de enero de 2011 se instalará un Legislativo con mayor presencia opositora, aunque los socialistas mantendrán su dominio (98 de 165 diputados).

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Más naves y efectivos estadounidenses ingresarán a Costa Rica

PL

La Asamblea Legislativa aprobó el ingreso de 46 naves y efectivos de Estados Unidos a Costa Rica, a pesar del rechazo de varios sectores de la oposición a la presencia norteamericana.

Los buques operarán en aguas de la zona económica exclusiva del país, en el océano Pacífico y el mar Caribe entre el 1 de enero y el 30 de junio del próximo año, con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico.

"A Costa Rica nada bueno le está dejando este patrullaje", declaró el diputado del Frente Amplio José María Villalta, tras afirmar que no se tiene evidencia de que estas embarcaciones contribuyan a combatir el flagelo.

Juan Carlos Mendoza, jefe de la bancada del Partido Acción Ciudadana, también manifestó su desacuerdo con la decisión porque ello viola los acuerdos de lucha antinarcóticos firmados entre los dos países en 1999.

"Costa Rica firmó un convenio de patrullaje conjunto con las autoridades civiles y no con la parte militar. Se puede estar violando la neutralidad activa y perpetua de nuestro país", dijo Mendoza al diario Prensa Libre.

Dicho pacto tiene 11 años de vigencia y comenzó a ser cuestionado este año cuando el Parlamento, a solicitud de Estados Unidos, autorizó el atraque de siete mil marines, 46 buques, más de 200 helicópteros, 10 aviones Harrier y dos submarinos.

El permiso provocó el repudio de partidos de la oposición y de sectores sociales, que lo calificaron como anticonstitucional y violatorio de la soberanía.

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México: Sin acceso a derechos mínimos la mayoría de trabajadoras en México

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

A pesar de que en 2010 se registraron avances en normas y mecanismos para mejorar las condiciones laborales de las mexicanas, en los hechos, la mayoría de las 16.8 millones de trabajadoras labora sin el acceso a derechos mínimos como la seguridad social y la organización sindical, aún las que se ocupan en el mercado formal.

Rosario Ortiz Magallón, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), señaló que las normas y mecanismos son insuficientes, porque además de que no son obligatorios, en el país no se respetan los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y en instrumentos internacionales en la materia.

Además, la Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Modelo de Equidad de Género, del Instituto Nacional de las Mujeres, al no ser vinculantes “queda a disposición de la patronal, tomarla en cuenta o no”.

Ambas herramientas son utilizadas para certificar a las empresas en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con base en el cumplimiento de ciertos indicadores de no discriminación.

Al respecto, la también ex legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que esos instrumentos permiten que empresas y sindicatos revisen casos de violencia laboral, acoso sexual y discriminación, sin embargo, “no hay consecuencias por su no aplicación, queda en propuestas interesantes”.

Otro aspecto “preocupante” es que “en el país este modelo se pervierte porque certifican a empresas como Wal Mart y Avon, porque contratan a mujeres”, sin tener en cuenta la calidad de los empleos en los que las ocupan, que se caracterizan por la violación a sus derechos laborales, como la organización sindical y la protección social.

En los hechos, la realidad de las trabajadoras se traduce en desempleo y en la participación mayoritaria de mujeres en la economía informal, mediante esta última, las mexicanas “están rescatando de la pobreza a sus familias a través de la ‘changarrización’”.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del tercer trimestre de 2010, el número de personas en la economía informal aumentó en 74 mil personas respecto al año anterior, pues se situó en 12.4 millones de trabajadoras y trabajadores, el 28 por ciento del total de la población ocupada.

Al respecto, Berenice Ramírez López, del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló con base en datos oficiales, que 61.2 por ciento de los empleos en México carecen de protección social, alrededor de 26 millones de trabajadoras y trabajadores no tiene acceso a este derecho, establecido en la legislación nacional y tratados internacionales.

Durante el foro La crisis financiera del IMSS ¿Hacia dónde va el seguro social?, que recién se llevó a cabo en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la especialista detalló que de las más de 20 millones que se ocupan en empleos sin protección social, más 6 millones 871 mil personas son asalariadas, el resto está en la economía informal.

Ramírez López, también presidenta de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social señaló que en este escenario las trabajadoras son más vulnerables, pues debido a su condición de género, socialmente la responsabilidad del cuidado recae en ellas, esta situación les resta oportunidades de capacitación para un mejor trabajo y disponen también de menor tiempo para laborar jornadas completas.

Por ello, las mexicanas son quienes “participan en el mercado laboral con menos protección social, ya que tienen que aceptar jornadas parciales o empleos informales para cuidar a sus hijas e hijos”, esta realidad es compartida por las que laboran en el ámbito formal, “siguen en desventaja porque salen del trabajo, primero para cuidar de sus bebés y después de sus padres”.

Lo anterior, limita sus oportunidades de desarrollo profesional, al mismo tiempo que, restringe su acceso a derechos como una pensión al final de su vida laboral, pues por el abandono de sus empleos o la calidad de éstos, difícilmente, pueden cumplir con las semanas mínimas de cotización.

Si la tendencia no se revierte, 58 por ciento de quienes ahorran en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) “no van a lograr aportar las mil 200 semanas (alrededor de 24 años), para tener una pensión, y si no las cubren, les regresarán su ahorro, y perderán la garantía de un ingreso para la vejez”.

“Si no alcanzan a cubrir las 750 semanas tampoco tendrán acceso al servicio de salud”, alertó la investigadora, quien fue oficial de Asuntos Económicos, de la Unidad de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La inestabilidad en el empleo está relacionada con el aumento del empleo temporal, superior casi dos veces al empleo permanente, según lo expuesto por el abogado laboralista Carlos de Buen, en el seminario El derecho laboral en movimiento: nuevos contratos de trabajo, que recién se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM.

Con base en estadísticas oficiales, el experto señaló que mientras el crecimiento de contratos permanentes fue de 2.6 por ciento, el de las personas contratadas de forma temporal fue de 4.5 por ciento.

Un ejemplo de la multiplicación de empleos temporales es el modelo de subcontratación, outsourcing, en el que se encontraban 900 mil personas en 1998, diez años después el número de personas subcontratadas era de 2 billones 730 mil, señaló el jurista.

En este sentido, Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral refirió en entrevista que al “crítico panorama” se suma la destrucción de empleos permanentes por parte del gobierno federal, ejemplo de ello son las y los miles de trabajadores desempleados tras la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y la crisis financiera de Mexicana.

Con la extinción de la empresa pública se perdieron 44 mil empleos formales, este año cerca de 16 mil trabajadoras y trabajadores pelearon jurídicamente y mediante la movilización social para que el gobierno federal les devuelva sus empleos, mediante la modificación del artículo 4 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que permitiría la creación de una nueva empresa que atienda la zona centro.

Mientras la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas este año logró el reconocimiento jurídico de las autoridades y la consolidación de su militancia, sobrecargos, pilotos y personal de tierra de Mexicana de Aviación también salieron a las calles, y pugnaron con autoridades e inversionistas, para salvar esta empresa, fuente de trabajo de cerca de 8 mil personas.

Sin embargo, “el embate fue muy duro, miles de familias salieron seriamente perjudicadas”, ya que la empresa regresó a volar con alrededor del 25 por ciento de su personal, las y los trabajadores de Mexicana confían en que la recuperación económica de la aerolínea les permita regresar a sus empleos, aunque “partirían de cero, con otro contrato, sin respetar su antigüedad”, ya que fueron liquidados en su totalidad.

Las y los electricistas en resistencia junto con el personal de Mexicana recién liquidado, se sumaron este 2010 a las 2.7 millones de personas sin empleo, que reportó la ENOE el tercer trimestre del año.

En este escenario, se prevé que en febrero próximo se discuta una reforma laboral que fortalezca la contratación colectiva, el derecho de huelga y la autonomía sindical, partiendo de un enfoque de género, sin embargo, a decir de Rosario Ortiz no existen “condiciones” del Legislativo para hacer una reforma integral, por lo que “los buenos deseos de equidad de género en el mundo del trabajo, una vez más se quedarán en el discurso”.

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Más del 70% de los estadounidenses apoyan tratado START y más del 50 % tienen confianza en Rusia

RIA NOVOSTI

El 73% de estadounidenses está a favor de la ratificación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START), firmado con Rusia, y el 56% de encuestados confía en que Rusia cumplirá los compromisos adquiridos, según un sondeo realizado por la corporación CNN.

“En la opinión pública se produjo un cambio en relación a los datos de 2002, cuando la administración de George Bush sostuvo negociaciones sobre este tratado, apenas el 47% de los estadounidenses confiaba que Rusia cumpliría los compromisos fijados en el documento”, dijo uno de los encargados de la encuesta.

Al mismo tiempo, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el

demócrata John Kerry, anunció la víspera que la cámara alta del Congreso de Estados Unidos celebrará la votación definitiva sobre el tratado de desarme nuclear con Rusia durante la jornada de hoy.

Anteriormente, la prensa estadounidense reveló que el START ya cuenta con el respaldo necesario en el Congreso de Estados Unidos puesto que “los demócratas consiguieron el apoyo de nueve senadores republicanos cuyos votos son necesarios para la ratificación del Tratado en esta semana”.

Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Dmitri Medvédev y Barack Obama, firmaron el 8 de abril pasado el nuevo Tratado para la Reducción de Armas Estratégicas (START) en Praga.

Según el documento, las partes reducirán su arsenal hasta 1.550 ojivas nucleares y tendrán 800 vectores desplegados y en reserva.

Si el Congreso estadounidense no ratifica el START antes de que finalice el año en curso, su aprobación se pospondría por lo menos otro año y medio, de acuerdo con las declaraciones de la secretaria de Estado adjunta, Rose Gottemoeller, hechas el pasado 8 de diciembre.

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España considera injustificados ataques de mercados financieros

PL

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, valoró hoy aquí como injustificadas las fuertes presiones que ejercen los mercados financieros sobre la economía del país ibérico.

No cabe duda que la embestida de los mercados afecta a España, pero en nuestra opinión es una reacción que no se corresponde con los fundamentos de nuestra economía, afirmó el jefe del Ejecutivo ante el pleno del Congreso de los Diputados (Cámara baja).

Su comparecencia estuvo centrada en el análisis de los resultados de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), celebrada la semana pasada en Bruselas.

Rodríguez Zapatero destacó la responsabilidad "clara y rotunda" de la UE con la permanencia del euro, la moneda común compartida por 16 de las 27 naciones miembros del bloque comunitario.

En esa línea ratificó que su administración cumplirá con los compromisos asumidos con la estabilidad presupuestaria de la Unión, y no abdicará de las reformas puestas en marcha para corregir el déficit fiscal en los plazos convenidos.

Aseguró que en 2010 se cumplirán las previsiones del Palacio de la Moncloa (sede del poder central) de reducción del déficit público y, por segundo año consecutivo, de crecimiento económico.

A su juicio, el pedido de ayuda de Irlanda al fondo de rescate de la UE y las dudas sobre la solvencia de la banca europea son las causas de las renovadas tensiones financieras, lo cual aumentó los diferenciales de la deuda soberana en los países de la periferia de la zona euro, entre ellos España.

Entre los principales acuerdos de la cumbre mencionó la importancia del mecanismo de estabilidad aprobado (el fondo de rescate permanente que comenzará a funcionar en 2013) y la apuesta por avanzar en el gobierno económico común.

Según sus palabras, la principal conclusión de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno fue la disposición de todas las instituciones del Viejo Continente de hacer todo lo necesario para garantizar la estabilidad y el fortalecimiento del euro.

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