lunes, 31 de enero de 2011

Argentina: Sobre la punibilidad y las perpetuas

Claudia Cesaroni (RIO NEGRO ON LINE)

Quienes insisten en bajar la edad de punibilidad -es decir, la edad a partir de la cual se introduce en un sistema penal a un adolescente- ponen los 14 años como edad mínima. No explican por qué eligen esa edad ni responden a una sencilla pregunta: si mañana mismo se bajara la edad de punibilidad a los 14 y pasado mañana un niño de 13 cometiera un delito gravísimo, ¿propondrían bajar la edad de nuevo, esta vez a los 12?

Nosotros, los que queremos dejar la edad mínima de punibilidad en 16 años, podemos explicar por qué no queremos la baja a los 14. Tenemos, al menos, diez motivos http://cepoc-cepoc.blogspot.com/2009/04/por-que-no-bajar-la-edad-de-punibilidad.html, que resumimos así:

• Porque es regresivo.

• Porque el único motivo es imponer más castigo.

• Porque no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años.

• Porque no se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen, sobre todo la Constitución nacional y la ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Nº 26061).

• Porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima.

• Porque si el Estado no puede controlar las instituciones que hoy tiene menos podrá controlar las que se crearían para niños de 14 años.

• Porque el sistema penal es selectivo, discriminatorio y estigmatizante.

• Porque los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos.

• Porque las penas previstas no son intocables.

• Porque quieren meter presas a las principales víctimas del neoliberalismo que esta sociedad votó y aceptó durante más de una década.

¿Esto significa que estamos de acuerdo con la vigencia del Régimen Penal de la Minoridad (ley 22278), como nos acusan algunos personajes?

No, no estamos de acuerdo con la vigencia de esta norma, por los siguientes motivos:

• Porque es otra de las herencias nefastas de la dictadura: no es posible que, luego de casi treinta años de retorno de la democracia, lo que suceda con los y las adolescentes que transgreden una norma penal esté regido por una norma creada por los dictadores en 1980.

• Porque es una norma contraria a todos los principios que rigen el derecho penal juvenil más avanzado, recomendado por organismos reconocidos como Unicef.

• Porque -y éste es para nosotros el motivo más importante- jueces manoduristas, aplicando "condenas ejemplificadoras" pedidas por políticos demagogos, han impuesto más de diez condenas a prisión perpetua a adolescentes en nuestro país. Cinco de estos jóvenes -presos desde los 16 y 17 años- llevan catorce años presos y sólo podrán aspirar a acceder a la libertad condicional cuando tengan más de 35 años. Habrán pasado casi toda su adolescencia, su juventud y parte de su madurez presos. Nuestro país fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por estas condenas prohibidas, impuestas entre 1999 y el 2002 en la Justicia nacional de Menores (tres casos) y la Justicia de Menores de la provincia de Mendoza (tres casos pero quedan dos, porque uno de los jóvenes, Ricardo David Videla Fernández, apareció colgado en una celda de castigo en la Penitenciaría de Mendoza el 21 de junio de 2005). La CIDH reconoció que estas condenas son violatorias de varios de los derechos consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño y recomendó al Estado argentino que resolviera el caso, garantizando el derecho de los jóvenes a solicitar la revisión de las sentencias, investigando la muerte de Ricardo David Videla Fernández y las torturas alegadas por los jóvenes en cautiverio e indemnizándolos a ellos y a sus familias.

¿Hay alguna solución posible para el problema de la punibilidad y de las perpetuas?

Por supuesto. Para el Cepoc, esta solución es:

• Establecer un nuevo régimen penal juvenil con todas las garantías establecidas por los instrumentos internacionales de derechos humanos, manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal en los 16 años, tal cual lo sostiene el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación.

• Por debajo de los 16 años -es decir, para las transgresiones cometidas por adolescentes de 15, 14, 13 ó 10- es de aplicación la ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Nº 26061).

• Para el caso de los jóvenes condenados a prisión perpetua, y a fin de no prolongar más su detención, conmutar las condenas al doble del máximo de la pena prevista para los delitos cometidos por adolescentes de 16 y 17 años que tiene dictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, es decir, a diez años.

Claudia Cesaroni es integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc). Directora adjunta de la Asociación de Prevención contra la Tortura de Latinoamérica y el Caribe.

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