viernes, 7 de enero de 2011

Bolivia: Justicia para las víctimas

Antonio Peredo Leigue

La etapa de las dictaduras militares fue una época sangrienta, no sólo repitiendo lo que ocurrió desde la fundación de la república, sino por la práctica del crimen organizado en el llamado Plan Cóndor. Al recuperar la democracia, Bolivia fue el primer país latinoamericano en llevar a la cárcel a un dictador y a algunos de sus colaboradores. Después lo hizo Argentina que, hace dos o tres días, condenó al dictador y a sus cómplices y siguen abiertos los procesos contra los operadores de las torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Pero, en una paradoja incomprensible, el más sanguinario de los dictadores de la reciente etapa, a través de una elección, obtuvo una mayor votación y fue proclamado presidente constitucional de Bolivia.

Los gobiernos de facto se sucedieron desde noviembre de 1964 hasta octubre de 1982, con breves, muy breves episodios que intentaron reinstalar la democracia. Han pasado casi treinta años y, después de ese honroso juicio que castigó los crímenes humanos, la trapacería política, la concomitancia con el narcotráfico y otros delitos mayores más el enriquecimiento corrupto del dúo García Meza–Arce Gómez, oficialmente se echó un manto de olvido sobre ese largo periodo de 18 años. No han sido juzgados ni René Barrientos ni Hugo Banzer. Marcelo Quiroga Santa Cruz, desde el Parlamento, inició el juicio contra este último, cuya dictadura se prolongo de agosto de 1971 a julio de 1978. El golpe de García Meza no sólo que desapareció los papeles, sino que asesinó al acusador, cuyos restos también están desaparecidos.

El presidente Evo Morales, hace varios meses, instruyó al Alto Mando Militar, abrir sus archivos de inteligencia para buscar la información que identifique el lugar en que se halla enterrado el cuerpo de Quiroga Santa Cruz. Siguiendo una vieja e inaceptable costumbre, los generales han coartado esta investigación. Hoy, molesto por tantas evasivas, viendo que las víctimas de esa y otras desapariciones, de los torturados, de los encarcelados, de los hogares destruidos, de los niños que crecieron desamparados y de los ancianos que quedaron desprotegidos, el presidente Morales anunció que irá personalmente con los familiares de las víctimas al Cuartel General de Miraflores y abrirá los archivos para hacer esa revisión.

Hay que decirle al presidente que no es su labor, que no debe hacerlo aunque tenga la autoridad para ello. Tampoco es función de los familiares que reclaman justicia. Es tarea de los fiscales, quienes deben tener acceso abierto, sin restricciones y por el tiempo que sea necesario, para hacer una investigación exhaustiva. No es posible que una institución, cuya característica esencial es la disciplina y la organización, sostenga que no hay expedientes de la época. ¿Desaparecieron, como un día desapareció el diario de campaña del Che? Si es así, al delito de la desaparición de los cuerpos, se añade el delito de sustracción o destrucción de los documentos oficiales.

Osvaldo Peredo, en carta personal, le ha pedido al presidente que incorpore, a su instrucción de abrir los archivos, la revisión del año 1970, cuando se inició la guerrilla de Teoponte, aniquilada poco después. Los cuerpos de la mayoría de los insurgentes siguen desaparecidos cuarenta años después. Un trabajo casi personal y sin muchos medios logró, hace más de un año, encontrar siete u ocho, pero no ha habido posibilidades de seguir la búsqueda.

Esta larga relación tiene el propósito de demostrar que la justicia no puede reducirse a encarcelar a los responsables de los crímenes cometidos. Así sean todos los implicados, que no es el caso, ¿qué pasa con las víctimas y sus familiares? La justicia sentencia a una o varias personas, aplica la pena máxima y cierra el caso. ¿Está cerrado para quienes sufrieron la agresión?, ¿puede considerarse que con eso se ha curado el daño? Y, peor aún ¿al morir el criminal, prescribe el delito?

Desde tiempos antiguos, la justicia es injusta, como todos sabemos. Las normas jurídicas califican los delitos, establecen los castigos que corresponden y, sobre esa base, juzgan a los acusados y, si se demuestra su culpabilidad, los condenan a la pena respectiva. Nada dicen, esas normas, de lo que ocurre con las víctimas. La justicia se cumplió con el castigo y las víctimas deben darse por bien atendidas.

Pero las víctimas se sienten engañadas, como lo muestra la relación hecha líneas arriba. Y hablamos de víctimas, pues nunca es una sola. Si una persona es asesinada, amputaron a una familia. Si alguien sufre tortura y aún sin quedar lisiado, los suyos no sólo que fueron amedrentados y amenazados, sino que después cargan con las secuelas de por vida.

Es difícil restaurar ese daño. ¿Cómo podría repararse un crimen?, ninguna forma de resarcimiento podrá hacerlo. ¿Qué significaría un bono, una pensión o el servicio médico que requiera un torturado? Nunca se logrará que su vida vuelva a ser como antes de ese cruel episodio. Y si nos referimos a la desaparición forzada, por más que se haya definido, en el derecho internacional, como un delito que sigue cometiéndose hasta la aparición de la persona, preferiblemente viva pero aún muerta, su familia, su entorno, quedarán definitivamente destrozados.

Sin embargo, la justicia debe poner en primer lugar la reparación a las víctimas y, como consecuencia, el castigo al culpable. Esa será justicia y estamos en el tiempo de transformar la historia, hacerla más humana. Porque la justicia se estableció para cuidar a la sociedad, pero lo que ocurre es que se castiga al o los culpables y se espera que la sociedad quede satisfecha. Es difícil, es complejo, pero es necesario comenzar a pensarlo y construirlo. El castigo del criminal, del agresor, sólo deja el sabor agrio de la venganza. Hacer justicia es reivindicar el derecho de las víctimas.

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