viernes, 7 de enero de 2011

Ecuador: Constitución ¿Traje a la medida?

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

Alberto Acosta, en sus intervenciones y declaraciones públicas, de oposición o apoyo, ante políticas o acciones del gobierno nacional, siempre y sin excepción, ha adoptado como marco referencial para sus ponencias el texto de la Constitución vigente. Pero no sólo ello, incluso ha asumido la defensa de determinados contenidos constitucionales, en clara incitación a que todos respetemos sus normas. Por ello admira sus afirmaciones difundidas en la entrevista que concediera al diario Hoy, difundida en la edición correspondiente al día lunes 3 del mes y año en curso, a las que hacemos referencia inmediatamente.

En dicha entrevista, ante el reparo del periodista Pablo Jaramillo Viteri en el sentido de que: “Cordero dijo que no ha hecho público el informe debido a disposiciones legales que le impiden hacerlo, para salvaguardar el debido proceso”, Alberto Acosta señala: “Prefiero que se afecte, en este caso concreto, el debido proceso pero no la transparencia, porque eso es lo más importante (las negrillas son nuestras).” A lo que agrega: “Puede haber alguna afectación en el proceso lo reconozco, pero habrá que asumir ese riesgo, eso también lo reconozco…”

Inmediatamente luego ante la pregunta: “¿El encargado de transparentar todo es el Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero (AP), por haber recibido el informe en su calidad de presidente de la Constituyente?” Alberto Acosta responde, cito in extenso: “Claro, el tiene los archivos, yo no los tengo, él fue el presidente de la Asamblea al final, estuvo al frente de la Comisión de Legislación y Fiscalización y él ha sido luego presidente de la Asamblea Nacional. Él tiene todos los archivos, él tendrá que justificar por qué prefirió el debido proceso y no la transparencia (las negrillas son nuestras)”.

Afirmaciones y posición que ameritan una categórica observación, puesto que plantean una interpretación sui géneris, alejada de los contenidos constitucionales, al sugerir que una función-obligación de los funcionarios del Estado (la transparencia) tiene igual condición que un derecho-garantía constitucional (el debido proceso). Y no sólo ello, adicionalmente otorga una mayor jerarquía y prelación a la transparencia sobre el debido proceso. Advirtamos las razones que nos asisten para tales objeciones.

En una primera aproximación analítica es necesario recordar que el debido proceso es un derecho-garantía que se consagra en la Constitución, en el Capítulo octavo, Derechos de protección, en el artículo 76 , cuando en forma explícita señala: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso … (las negrillas son nuestras)“ Por lo que no cabe duda alguna sobre la condición de derecho del debido proceso, y la obligación de respetarlo, como lo ordena la Constitución vigente, en el Capítulo noveno, que trata sobre las Responsabilidades, cuando dispone en el artículo 83 que: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley”, el: “Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente”, como lo dispone en forma expresa, inequívoca en el numeral 1 del mencionado artículo.

En consecuencia, todos los ciudadanos estamos obligados a respetar el debido proceso. Su acatamiento no depende de la voluntad de un ciudadano por más prestante que este pueda ser. Por ello la omnipotencia que se adjudica Alberto Acosta al otorgar un mismo rango a dos disposiciones esencialmente distintas y otorgar prioridad a la transparencia sobre el debido proceso es totalmente improcedente, ante el respeto que se nos merece la Constitución de la República.

Abundando sobre el tema hemos de insistir en que la Constitución en el artículo 11, numeral 9 dispone que: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. Por lo que y en consecuencia, también todas las instancias del Estado deben respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. No es entonces facultad de una instancia del Estado o del Presidente de la Asamblea Nacional el decidir si respeta o no el debido proceso como lo sugiere Alberto Acosta cuando lo plantea como una potestad del Presidente de la Asamblea Fernando Cordero, como tampoco es una facultad de esas instancias y funcionarios desestimar el debido proceso como plantea que él, Alberto Acosta, lo haría de haber estado en su decisión optar por esa alternativa.

Adicionalmente a lo antes expresado, debemos igualmente resaltar que la Constitución vigente, en el TÍTULO II, que trata sobre los DERECHOS, en su Capítulo primero, Principios de aplicación de los derechos, en el artículo 11, numeral 6, señala que: “Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía (las negrillas son nuestras)”.

Disposición que nos permite afirmar que incluso en el caso no consentido de que la trasparencia fuese un derecho y una garantía, que indudablemente no lo es, tendría igual jerarquía, por lo que la afirmación de Alberto Acosta en el sentido de que privilegia la transparencia sobre el debido proceso, implica, a más de una incitación a una clara violación del texto constitucional, una posición totalmente arbitraria, cuanto más que antepone una función-obligación sobre un derecho-garantía. En consecuencia, si bien Alberto Acosta tiene todo el derecho personal a presuponer equivocadamente que una función-obligación es igual a un derecho-garantía, que la primera tiene mayor jerarquía que la segunda como sostiene en la entrevista, y difundir su posición personal, de ninguna manera tiene el derecho a proponer como cierto tamaño equívoco.

Adicionalmente, en términos políticos tampoco tiene esa autoridad, puesto que en esencia niega la validez de los principios de aplicación de los derechos constitucionales que fueron definidos con su activa participación. Y no lo tiene en términos políticos, puesto que su opinión es valorada en su condición de ex Presidente de la ex Asamblea Nacional Constituyente, por lo que sus expresiones son “argumentos de autoridad”, esto es expresiones que una gran parte de la ciudadanía las acepta como ciertas como válidas, sin reflexión adicional alguna, cuanto más si ésas afirmaciones son ampliamente difundidas por los medios de comunicación social en su vano esfuerzo por tratar de deslegitimar actos de Estado, a la Asamblea Nacional y a la propia Constitución que dice defender.

Lo antes expresado no es todo lo que debemos objetar, ya que la incitación a violar el debido proceso que expresa Alberto Acosta se sustenta en otro error, el desconocimiento de que el debido proceso garantiza el respeto a otros derechos, como la presunción de inocencia. Efectivamente, el artículo 76, establece que: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas” a lo que agrega en el numeral 2: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.

Derecho igualmente consagrado en el artículo 11, numerales 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual dispone: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Norma, por otra parte, de aplicación directa e inmediata, como lo dispone el artículo 426 de la Constitución vigente, tercer acápite, cuando señala: “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”.

Es necesario agregar que el derecho a la presunción de inocencia, determina que las tanto la Contraloría General del Estado como la Fiscalía General del Estado deban sujetarse al debido proceso y, por lo tanto, no se hallen facultados para difundir los Informes Borradores de los exámenes especiales que realiza la primera o los avances de las indagaciones previas que ejecuta la segunda. En el caso de la Contraloría por cuanto las observaciones pueden ser desvirtuadas y en el de la Fiscalía por cuanto las indagaciones pueden concluir sin establecer responsabilidades. En consecuencia, la difusión o no de los informes no es facultativo del Presidente Fernando Correa como lo sugiere Alberto Acosta, puesto que habría violado el derecho a la presunción de inocencia de quienes podrían haber sido observados, a más de que éstos, luego de la presentación de las pruebas de descargo podrían ser eliminados del texto del Informe Final, informe que, por otra parte, se pone en conocimiento de quienes no desvirtuaron las observaciones con las pruebas de descargo que tenían derecho a presentar y no del presidente de la Asamblea Nacional.
Finalmente no podemos dejar de señalar que el recurso mediático de plantear la alternativa como un debate entre buenos y malos, entre transparentes y quienes supuestamente ocultan información, si bien es un recurso mediático efectivo es muy poco ético, cuanto más si se acude al mismo con conocimiento pleno del texto constitucional y con plena consciencia de que los medios de comunicación lo explotarán en defensa de los intereses económicos y políticos que representan.

Cuanta razón tiene Alberto Maldonado cuando, sin tapujo alguno como ha sido siempre su orden de vida afirma: “Para un lector acucioso, lo que El Comercio de Quito estaba haciendo con esa entrevista es parte de una política de desprestigio que está aplicando la “red sipiana nacional” contra el Gobierno del Presidente Correa y su revolución ciudadana. No admiten (no pueden admitir) que un Jefe de Estado, semanalmente, les “desprestigie” y hable de las distorsiones y manipulaciones y mentiras que todos los días publican y difunden los medios sipianos contra ese gobierno, solo porque tiene y mantiene un discurso de cambio y porque un Jefe de Estado, elegido y reelegido libremente, por los ciudadanos en las urnas, diga que la “prensa es corrupta” que es golpista, que conspira y no dice la verdad; y, si la dice, esa verdad está llena de “peros”..pero, esto y esto y lo de más allá. Lo cierto es que no pueden admitir que en este Gobierno (al margen de que uno sea o no gobiernista) hay obra cierta, que no la pueden negar.

Por supuesto, la entrevista sipiana tiene, además, otros objetivos: escandalizar respecto de una supuesta (¿o real?) incuria del poder legislativo respecto del manejo de los recursos estatales, es decir, de todos los ecuatorianos. Los acuciosos auditores de la Contraloría como que han detectado algunas anomalías (una supuesta factura adulterada en la compra de una alfombra roja que usó la Asamblea Constituyente, para sus actos solemnes) y, como lo dice el también ex presidente de dicha Asamblea (Alberto Acosta, antecesor de Cordero) la Contraloría tiene todos los arbitrios legales para enjuiciar y mandarle a la cárcel, al autor de tal adulterio, si es del caso. Pero, no; la entrevista tiene el objetivo principal de desprestigiar a la Asamblea Nacional de manera tal que se parezca a lo que era el antiguo y desprestigiado Congreso Nacional. Y como la Asamblea es parte importantísima del Gobierno-Correa, pues dar la sensación de que “igual que siempre” se cometen ilícitos que, desde luego, quedan en la impunidad”.

Criterio que compartimos y sobre el cual advertimos a todos quienes, sobre la base de sus amores y desamores, optan por negar la realidad concreta, los textos constitucionales, sin medir las consecuencia políticas que genera su pretensión de que la Constitución deba ser siempre un traje a la medida de sus devaneos.

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