miércoles, 19 de enero de 2011

¿A quien beneficia el diferendo Nicaragua-Costa Rica?

Alfredo García Pierrat (PL)

Nicaragua y Costa Rica acaban de dar en México un importante paso en el camino hacia una solución dialogada y pacífica del diferendo fronterizo que enfrenta a esos dos Estados centroamericanos desde el otoño pasado.

Representantes de ambos países acudieron ayer a Cuernavaca, en el estado Morelos, invitados por los mandatarios de México y Guatemala, en un esfuerzo por resolver un conflicto que, de hecho, mantiene paralizado el proceso de integración regional.

Como se esperaba, no hubo diálogo bilateral entre los enviados de Nicaragua y Costa Rica, sino que las dos delegaciones se reunieron por separado con las comitivas encabezadas por los cancilleres de México y Guatemala, anfitriones de la cita, pero de todas maneras fue un primer paso alentador.

Eso se refleja en el comunicado divulgado al finalizar las reuniones, en el que las partes consignaron la decisión de mantener estas pláticas con la mediación mexicana y guatemalteca.

En el documento se afirma que en el denominado Ejercicio de Facilitación, los países que hicieron la convocatoria mantuvieron un diálogo "amplio, franco y amistoso con cada una de las delegaciones, por separado".

Tanto Costa Rica como Nicaragua coincidieron, además, en que "el Ejercicio de Facilitación es un mecanismo importante y útil", añade el texto.

El conflicto fue desatado por Costa Rica después de que Nicaragua comenzó, en julio pasado, el dragado en la desembocadura del río San Juan, importante vía fluvial que nace en el lago Cocibolca y recorre unos 200 kilómetros por territorio nicaragüense hasta desembocar en el Mar Caribe.

Considerado desde el siglo XIX una alternativa viable para la construcción de un canal interoceánico, el San Juan forma parte del territorio de Nicaragua, suceso avalado por acuerdos y organismos internacionales y que no está en discusión.

Su margen derecha delimita el territorio costarricense en el tramo en que el río sirve de frontera bilateral y Costa Rica tiene derecho de navegación sólo con fines comerciales.

No lejos de su desembocadura, del San Juan se deriva el río Colorado, que se adentra en territorio costarricense en su viaje hacia el Mar Caribe, y que con los años ha cobrado importancia comercial para Costa Rica, porque ha ganado en caudal a costa del San Juan.

En el territorio costarricense ubicado cerca del mar y de la frontera con Nicaragua, los ticos han desarrollado la agricultura y la ganadería, y han promovido la minería, con sensible afectación ecológica por la eliminación de los bosques.

Como consecuencia, gran cantidad de sedimentos han ido a parar al San Juan que, con un caudal reducido en su tramo final porque buena parte de sus aguas se van por el Colorado, se convierte en un riachuelo a veces seco y la conformación de su delta se ha modificado sustancialmente, aunque la línea fronteriza sigue siendo la misma.

En ese escenario, el pretexto esgrimido por el Gobierno de San José fue la supuesta invasión nicaragüense de un trozo de tierra de apenas tres kilómetros cuadrados ubicada en el delta y la presencia allí de un muy reducido número de soldados del Ejército de Nicaragua dedicados al enfrentamiento al narcotráfico.

Cuando comenzó la delimitación de la frontera, hace más de 150 años, se fijó el territorio costarricense a partir de la orilla derecha del río, pero en la desembocadura, como consecuencia de la pérdida de caudal, el cauce se ha movido y Costa Rica pretende que su territorio se amplíe a costa del nicaragüense en esa misma medida.

Nicaragua, por su parte, emprendió el dragado de la vía fluvial para devolverle su caudal y su recorrido original, a lo cual tiene todo el derecho porque el San Juan forma parte de su territorio, pero es de suponer que eso reste aguas al Colorado.

A diferencia de Managua, que ha manejado el diferendo de una manera mesurada y aportando pruebas que respaldan su posición, el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla optó desde el principio por una agresiva campaña mediática, mediante la que evidentemente se pretende promover una imagen belicosa y agresiva de Nicaragua.

San José llevó el asunto a la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad que nada tiene que hacer en conflictos limítrofes, y luego acudió a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que ya en 2009 ratificó la total soberanía nicaragüense sobre el San Juan y que dentro de algunas semanas deberá volverlo a hacer.

Nicaragua y Costa Rica son dos países centroamericanos, miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), de la OEA, del Grupo de Río y desde el año pasado forman parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Ambos poseen una historia común y relaciones bilaterales no siempre tranquilas, pero caracterizadas por intensos vínculos comerciales y económicos.

El conflicto por el dragado del río no sólo afecta las relaciones de todo tipo entre uno y otro lado de la frontera, sino también el complejo proceso de integración de los países centroamericanos, así como la unidad latinoamericana y caribeña en su conjunto.

Sin dudas, no beneficia a Nicaragua, ni a Costa Rica ni a ningún otro país latinoamericano o caribeño, pero sí hace el juego a quienes prefieren mantener divididos y en permanentes conflictos a los países del hemisferio ubicados al sur del río Grande.

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