miércoles, 2 de febrero de 2011

Argentina, Chaco: Advierten que recrudece la violencia policial. Denuncian aplicación del “submarino seco” en una comisaría

CHACO DIA POR DIA

Así lo afirmó el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, en declaraciones a RADIO CIUDAD. Advirtió sobre el incremento de la violencia en las comisarías y en los procedimientos por parte de la Policía del Chaco.

El Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” denunció un recrudecimiento de la violencia policial en la provincia del Chaco a partir de dos nuevos sucesos producidos durante el último fin de semana. En la Brigada de Investigaciones se habrían aplicado tormentos similares a los utilizados durante la última dictadura militar y en un procedimiento realizado en una vivienda -sin orden de allanamiento- se destrozaron bienes, se golpeó a los ocupantes y se efectuaron disparos de Itaka.

“La situación recrudece notablemente porque en el curso de los últimos meses habíamos visto que se había atenuado la violencia policial en los lugares de detención y en los procedimientos. Pero recrudece notablemente en el curso de los últimos días y este fin de semana fue el punto máximo que hemos encontrado”, señaló el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, en diálogo con Radio Ciudad. Y remarcó que los casos de mayor resonancia ocurridos en las comisarías de Fontana y la Séptima de Resistencia durante 2010 no fueron excepciones sino que se repiten en forma sistemática en el resto de las comisarías.

El abogado consideró que el recrudecimiento de la violencia policial se debe a múltiples causas aunque apuntó principalmente a la falta de conducción de la institución, a problemas en la cadena de mando y de trabajo en terreno y a la falta de experiencia de muchos de los jóvenes recién egresados de la escuela de policía. Además, volvió a apuntar al Grupo Especial Motorizado (GEMO) como uno de los “bolsones” de violencia dentro de la Policía del Chaco y mencionó como paradigma al cabo Hugo Olivello, quién se sigue desempeñando en la fuerza y al que calificó como “pro violento” y que no se encuentra en condiciones de seguir prestando servicio. Olivello fue quién detuvo en forma absolutamente arbitraria al reportero gráfico de El Diario de la Región, Gustavo Torres, cuando se encontraba cumpliendo con su función laboral.

La responsabilidad política

Núñez señaló la “responsabilidad política del actual gobierno” y aseguró que “se debe analizar a fondo el desempeño de los jefes de policía y unidad por unidad” debido a la intensificación de la violencia que durante este fin de semana tuvo su pico máximo cuando a un joven detenido en la zona de la vieja terminal de ómnibus se le aplicaron métodos de tortura utilizados durante la última dictadura militar como el “submarino seco”, sumado a descargas eléctricas, golpes en los talones y castigos en el rostro.

La madre del joven realizó la denuncia ante la justicia penal y también ante el Organo de Control Interno de la Policía del Chaco (OCI) para que se investiguen los vejámenes cometidos, aunque el abogado cuestionó el funcionamiento de ambos. En el caso del OCI, consideró que “ese organismo no sirve para nada, lamentablemente. Ese tipo de controles no sirve”. Con respecto a la justicia penal, advirtió que “es bastante defectuosa y en general no investiga a fondo los apremios ilegales, las torturas y los tormentos porque hay una especie de impunidad en marcha en este tema”.

“Está trabajando mal gran parte del personal policial, ante la crisis de conducción que tienen, los problemas de cadena de mando, los bajos salarios, las condiciones inapropiadas de trabajo y otros factores que actúan en el presente, hace que cada policía es su propio jefe de policía, y actúa sin ningún tipo de control de los niveles jerárquicos”, subrayó el coordinador del Centro Mandela.

Obstrucción a la defensa de los derechos humanos

Por otro lado, Núñez denunció que en la Comisaría Cuarta de Resistencia se impidió a uno de sus colaboradores tomar imágenes de las personas detenidas “que mostraban señales claras de lesiones y de haber sido sometidas a castigo”. “Hay una clara obstrucción a la defensa de los derechos humanos, a la tarea específica del abogado y nosotros como auxiliares de la justicia estamos en condiciones de recoger pruebas que hagan a la comprobación de un delito de acción pública como es someter a castigo a los presos que están detenidos en una unidad policial”, advirtió.

Al respecto, el abogado reflexionó que “nos estamos encontrando con una serie de dificultades propias de las épocas en que la institución policial está fuera del control institucional y político por parte del gobierno de turno”.

“Suponemos que el gobierno va a convocar a los jefes de policía para que rindan cuentas de estas cuestiones y de otras que señalan un mal funcionamiento de la institución policial que auspicia y potencia el alto grado de inseguridad pública que sienten los vecinos”, concluyó Núñez.

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