miércoles, 2 de febrero de 2011

Argentina: Sobre la discusión de un Sistema Penal Infantil

Jorge Torres (ACTA)

En la ocasión del curso de dirigentes sociales que organizó la CTA entre los años 2006 y 2007 en Río Cuarto, el profesor Edgardo Datri, que trabaja con la problemática de las cárceles en la Argentina dio una serie de datos que señalan la raíz del problema en cuestión.

Datri nos contaba que en la década del sesenta la edad promedio de los reclusos del conjunto de las cárceles era de 57 años, para la década del setenta era de 43 años, para la década del ochenta era de 33 años, para la década del noventa era de 25 años, y para la mitad del primer decenio de este siglo la edad promedio de los reclusos en cárceles argentinas era de 22,7 años. La edad de la delincuencia se ha trasladado desde la edad adulta hacia las puertas de la niñez.

De cada tres personas una es niña o niño, pero de cada dos pobres uno es niña o niño. Por otro lado, la mayor violencia que hay en la Argentina es la violencia simbólica, la manera fácil que se gana dinero con la timba financiera, con el escándalo, con la venalidad, con la coacción, con la corrupción, con la ostentación prepotente de la riqueza en los modelos artificiales del deber ser, banales y consumistas. A su vez, en la Justicia es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico vaya preso.

Bajar la edad de imputabilidad de las niñas y niños es institucionalizar la inmoralidad con que los adultos tratan a sus hijos. No es la solución de un problema, sino la supresión del resultado. No hay sustento bio-sico-social para penar a una criatura, nada más la impotencia ante un estado de cosas monstruoso.

Por cada chico de catorce años que se convierte en asesino, hay miles de niñas y niños que mueren en la pobreza, la droga, la prostitución, la explotación; todos ellos son víctimas tanto de la falta de políticas del Estado como de la falta de solidaridad y responsabilidad del conjunto de los ciudadanos. Cuando un chico mata suena una alarma en la sociedad, pero cuando miles de chicos comen de la basura la misma sociedad no acusa recibo.

Por temor individual y por conveniencia electoral, por estos días, se debate sobre la necesidad de un código penal juvenil, una denominación hipócrita, porque en realidad estamos hablando de niñas y niños, no de jóvenes, cualquier mayor de 18 años, es decir cualquier joven, es ya penalmente responsable como cualquier adulto, sabemos además que desde los 16 años también son responsables penalmente ante ciertos delitos. Entonces, para llamar las cosas por su nombre, lo que estamos discutiendo es sobre la necesidad de un Código Penal Infantil, una herramienta propia de la obscenidad de conciencia que como sociedad padecemos.

Ahora bien, para que haya imputabilidad debe haber en el culpado un mínimo de desarrollo de conciencia al respecto del delito que comete, ese desarrollo requiere, además de la evolución o maduración de la psique del individuo, el establecimiento social de un marco tal que promueva la conducta correcta, concretamente a través de las condiciones de vida mínimas para el buen obrar. Para los niños de los que estamos hablando no se dan ninguna de esas condiciones. No son imputables doblemente, en primera instancia porque nadie a los catorce años puede tener la necesaria madurez para ser consiente pleno de las consecuencias de sus actos, y en segundo lugar porque a los niños dejados de la mano de las buenas costumbres no se les ha dado una mínima oportunidad que los obligue.

En cuanto a la pena, como el menor daño social ante un peligro comprobado y permanente, en el mejor de los casos se propone como un período de privación de la libertad tal que, durante el mismo, el penado tenga acceso a la reflexión y reparación espiritual del daño en su fuero íntimo, a través de herramientas de crecimiento personal, como el estudio o el trabajo creativo. Un niño o niña lo que necesita para mejorar, para salir adelante, es afecto, atención y buen ejemplo, materializados en abrazos, alimentos y lecciones de vida alentadoras de parte de sus adultos inmediatos. No puede compararse el amor que necesita un niño con la pena que es el menor daño social, como dijimos.

Penar a un niño es propio de una sociedad de bárbaros. Pensar en regular, institucionalizar, legislar, normalizar, un sistema de penas para niñas y niños, es amoral, fuera de ordenamiento, desmorona todo el edificio filosófico sobre el que se pueda justificar una legislación.

Si en la base del contrato social no hay un mínimo de condiciones de sociabilidad, luego, no hay posibilidad normativa. No es un problema técnico legal la implementación de un Código Penal Infantil, tal debate es una inmoralidad desnuda.

Jorge Torres es Coordinador de la Constituyente Social, Río Cuarto, Córdoba.

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