viernes, 4 de febrero de 2011

El aumento a los jubilados y la licuación inflacionaria: Las razones por las que el 17,33% de aumento se reduce a tan solo 6,5%

INSTITUTO IPYPP

Según el anuncio oficial la fórmula de movilidad arrojó un aumento del 17,33% de los haberes previsionales que comenzará a regir a partir de marzo del presente año. La natural coincidencia que frente a una medida de esta naturaleza tenemos aquellos que bogamos por una mejor distribución del ingreso a la existente, no impide sino que nos compele a analizar con cierto rigor las condiciones sobre las que se inscribe esta medida para ponderarla en sus justos términos.

En primer lugar, conviene recordar que los aumentos estipulados por la fórmula de movilidad se asignan dos veces al año, concretamente en los meses de marzo y septiembre por lo cual, frente a una coyuntura económica como la actual, signada por la persistencia de elevadas tasas de inflación (cercanas al 2% mensual), los aumentos otorgados tienen la función de recuperar parte de la pérdida adquisitiva que produce el aumento de precios y está posteriormente condenado a sufrir un período de deterioro de su poder de compra hasta que se opere el próximo aumento.

Por ende, la primera conclusión que se deriva de lo expuesto es que el aumento real (medido en términos de capacidad de poder de compra) no es del 17,33% anunciado.

Teniendo en cuenta una pauta conservadora del ritmo de crecimiento de los precios del 1,7% mensual resulta que:

a) De septiembre del 2010 (fecha del último aumento previsional) a marzo del 2011 (fecha en la que se materializará el reciente aumento), el ritmo de crecimiento de precios es del 10,2%. Por ende, el aumento del 17,33% se transforma en un aumento real (medido en capacidad de compra) del 6,5%.

b) Para el período de marzo del 2011 (con el aumento ya incluido) a agosto 2011 (previo al próximo aumento) la pérdida del poder de compra de las jubilaciones es proporcional al ritmo de crecimiento de los precios (dado que se trata de un período sin aumentos). Por ende, considerando el aumento del 1,7% mensual, a septiembre del 2011 el aumento real del reciente anuncio, que a marzo del 2011 será del 6,5% (punto anterior), al tener que hacer frente a una inflación acumulada del 10,2%, se transforma en una reducción del 3,4% del poder de compra de las jubilaciones.

c) Considerando todo el período, esto es desde septiembre del 2010 hasta agosto del 2011, el aumento del 17,33% dado en marzo del 2011 está por debajo del aumento de precios del 20,5% del período. Por ende, considerando el efecto anual del reciente anuncio, las jubilaciones al momento en que se otorgue el próximo aumento estarán un 2,7% por debajo del poder de compra que evidenciaban hace un año.

Considerar solamente el aumento nominal del 17,33% de las jubilaciones es mirar la realidad con una anteojera que de tan anticuada no solo distorsiona la mirada sino que incluso la ciega completamente. Es más si se quisiera solamente hacer un análisis de la variación nominal, esta por lo menos debería considerar las magnitudes que involucra. Para el caso de la medida, el aumento del 17,33% supone un aumento de $181,3 pesos mensuales para los jubilados que cobran la mínima (que pasa de $1.46,4 a $1.227,8) y de $226,1 para el haber medio (que pasa de $1.304,8 a $1.530,9). Es decir el aumento otorgado supone incrementar en $6 diarios el poder de compra de los que cobran el haber mínimo y de $7,50 para los que cobran el haber medio.

Por otra parte, los sucesivos aumentos que sobre las jubilaciones se han otorgado desde el 2002 en adelante suelen presentarse como si la etapa actual fuera idéntica a la de la Convertibilidad. En la presentación del anuncio oficial, la Presidenta y su Ministro de Economía se regodean con la constatación de que las jubilaciones mínimas pasaron de $150 a $1,227,8 lo que supone un aumento de 8,18 veces. Sin embargo ocultan, como lo hacen con la intervención del INDEC, que el crecimiento de los precios fue en dicho período del 346,1%. Por ende, para comparar homogéneamente el poder de compra de dos momentos del tiempo absolutamente diferentes en materia de precios es necesario, según las primeras materias que enseñan en la Facultad de Economía, transformar estos valores en una mismo poder de compra a un momento determinado del tiempo.

Por ello, en el cuadro Nro 1 presentamos las datos del haber mínimo y el haber medio desde el 2001 en adelante pero transformado a precios de 1992 (obviamente deflactando por la evolución del IPC hasta el 2007 por lo relevado por el INDEC y posteriormente de acuerdo al centro de estudios ya citado) que permiten ajustar la comprensión de los aumentos otorgados.

De este modo, los $1.227,8 en que quedará fijado el haber mínimo hasta agosto del 2011, se transforma en $230,9 respecto a los precios de 1992. Por otra parte, los $150 del haber mínimo del 2011 son equivalentes a $136,5 del año 1992. Por ende, el aumento del haber mínimo en términos de poder de compra desde el 2001 a la actualidad será del 69,1% y no del 718,5%.

Por cierto que es saludable que el haber mínimo se haya expandido en casi un 70% desde el 2001, pero muy otra ha sido la evolución del haber medio. En términos del poder de compra de 1992, el haber medio actual es de $287,9 (y no de $1.530,9) que comparado con los $326,7 del año 2001, evidencia una caída del 11,9% en su de poder de compra.

La conclusión de lo expuesto es obvia: ha sido el deterioro del haber medio, que ha redundado en el achatamiento previsional, el que ha financiado la recomposición del haber mínimo.


La evolución del nivel de los haberes nada dice respecto a la efectiva capacidad de compra de los mismos. La Defensoría de la Tercera Edad ha estimado el valor de una canasta de consumo promedio para los mayores en el orden de $2.458,8 para el año 2010. En consecuencia, el haber mínimo y el medio del sistema sólo compran el 43% y el 53% de la misma respectivamente. Es bueno recordad, que según los datos oficiales, cerca del 12,7% de los mayores están excluidos del sistema previsional (por no cumplir con los requisitos de aportes), mientras que el 76% de los que están dentro del sistema cobran el haber mínimo.


Más allá de las aseveraciones de los funcionarios públicos (en este caso el Ministro de Trabajo), lo cierto es que resulta por demás incomprensible que una ley que se denomina de Movilidad Jubilatoria (fijada a través de una fórmula que incluye la evolución no sólo de la recaudación sino que también contempla la efectuada por los salarios de los trabajadores) no tenga en cuenta el nivel salarial al cual supuestamente pretende sustituir por vía de la movilidad. Como muestra el cuadro Nro 3, el nivel del haber mínimo ($1.227,8) y el nivel del haber medio ($1.530,9) apenas representan el 23% y 28% del promedio de la remuneración del personal estable y registrado del sector privado ($5.407).

En rigor, el problema presenta una mayor complejidad y profundidad que la confección de una mera fórmula. Como da cuenta el mismo cuadro Nro 3, la realidad del trabajador estable y registrado del sector privado no tiene nada que ver con la realidad global del mundo laboral argentino. Nuestro país está inscripto en un régimen económico cuya media salarial es del orden de los $1.954,5. Para esta media salarial, el actual haber mínimo de miseria (en tanto representa menos de la mitad de la canasta que necesita un jubilado) representa una sustitución del 63% y el haber medio muestra una sustitución del 78%. Por ende, la necesaria reformulación previsional no puede realizarse sino en el marco de un replanteo del patrón productivo vigente (lo que involucra un debate a fondo y en serio sobre el así denominado “modelo”) que permita pasar de la obtención de rentas fáciles (apropiadas por un segmento vip de empresas) a un esquema de valorización en base a la cantidad y calidad de la fuerza laboral disponible. Único modo, desde nuestra concepción de compatibilizar el tan remanido y estéril debate sobre el “crecimiento económico” y la resolución de las necesidades populares.


• El Boletín de Remuneraciones es un conjunto de cuadros que produce el OEDE con el objeto monitorear con una periodicidad mensual la evolución de las remuneraciones de los asalariados registrados. Toma como fuente los registros administrativos del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA), que exige a las empresas declarar mensualmente la totalidad del personal que tienen en relación de dependencia, y sus remuneraciones para el pago de los aportes y contribuciones patronales.

Equipo de trabajo: Ana Rameri - Agustina Haimovich - Mora Straschnoy

Coordinación: Claudio Lozano - Tomás Raffo

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