miércoles, 2 de febrero de 2011

El sesgo neoliberal de la estrategia K. Las razones del acuerdo bipartidista en materia de contribuciones patronales

Claudio Lozano - Tomás Raffo (INSTITUTO IPYPP)

El Gobierno Nacional comienza el 2011 repitiendo una vieja idea neoliberal: aquella que sostiene que la creación de empleo depende de la reducción del costo laboral y no de la suba del nivel de actividad económica.

En efecto, con fecha del 31 de enero del 2011, el Poder Ejecutivo ha dictado el Decreto Nro. 68/2011 por medio del cual se dispone prorrogar durante todo el 2011 (desde el 1ero de enero hasta el 31 de diciembre) la reducción de las contribuciones patronales que se habían fijado por Ley (Ley Nro 26.476) en el denominado “paquete anti crisis” con que el Gobierno pretendió hacer frente a la crisis internacional a finales del 2008.

Recordemos que aquella norma permitía una reducción de los niveles vigentes de las contribuciones a la seguridad social (incluyendo dentro de estas el aporte al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y dentro de estas obviamente las Contribuciones Patronales, además de los Aportes Personales; involucra además los aportes para el Pami, para el Fondo Nacional del Empleo, para el Sistema de Asignaciones Familiares y para el Régimen Nacional de Empleadores Rurales) para toda nueva relación laboral o para la regularización de un relación laboral existente, equivalente a:

- Reducción del 50% del nivel vigente para el primer año de la nueva relación laboral o de la regularización de una ya existente.

- Reducción del 25% del nivel vigente para el segundo año de la nueva relación laboral o de la regularización de una ya existente.


El plazo de duración de este beneficio se fijó originalmente por un año, es decir para el 2009 exclusivamente. Sin embargo, a principios del 2010 el gobierno prorrogó, tal cual lo hace ahora, la vigencia de esta reducción para todo el 2010 (Decreto Nro 2166/2009 del 6 de enero del 2010).

De este modo, el Gobierno Nacional no solo mantiene la política neoliberal implementada por Cavallo en 1994 sino que la profundiza por vía de una reducción adicional de las contribuciones a la seguridad social (mucho más vasta que las de Cavallo pues involucra el conjunto de los subsistemas de la seguridad social y no solo las contribuciones patronales).

Nunca está demás recordar que la premisa neoliberal que sostiene que el volumen de empleo está directamente involucrado con la reducción del costo laboral es por demás falsa. No solo la experiencia nefasta de los 90 es una muestra palpable de lo absurda de esta idea (en efecto en aquel entonces de la mano de las reducciones inauguradas por Menem y Cavallo el desempleo trepó a niveles records, nunca antes vistos hasta aquel entonces) sino que la propia experiencia reciente refuta esta idea. En efecto, la creación de empleo iniciada a mediados del 2002 se realizó manteniendo inalterada el nivel de contribuciones. No fue por lo tanto el costo salarial el que explicó el crecimiento del volumen del empleo sino el nivel de actividad. La muestra más contundente de lo absurdo de esta premisa es lo ocurrido en materia de empleo durante los últimos 2 años. En efecto durante el 2009 y el 2010 con la vigencia de las reducciones fijadas por el Gobierno Nacional, el volumen de empleo se comportó de manera totalmente opuesta entre un año y otro. Así en el 2009 la tasa de empleo se redujo un 0,50% (del 42,6% al 42,4%) y la de desempleo creció un 15% (del 7,3% al 8,4%) lo que se tradujo en un aumento de 206.707 nuevos desocupados; mientras que lo que se tiene registrado del 2010 (hasta el 3er trimestre) la tasa de empleo creció un 1,50% mientras la tasa de desempleo se redujo un 17,6% (permitiendo que 263.000 desocupados dejaran deserlo). Lo que explica por tanto las diferentes evoluciones del volumen de empleo no fue la reducción de las contribuciones dictadas por el Gobierno, sino el nivel de actividad, que durante el 2009 se contrajo (por más que lo niegue el INDEC) un 2,5% mientras que en el 2010 se expandió a una tasa cercana al 9%.

La decisión del Gobierno Nacional de profundizar la política neoliberal de reducción del costo salarial materializada por el dictado del decreto se da de bruces con el discurso “pseudoprogesistas” que enarbola el Gobierno Nacional y sus aliados en el Congreso Nacional para justificar el veto al 82% móvil porque, según el oficialismo, “la Oposición” no quiere restituir las contribuciones patronales a los niveles de 1993. Cierto es que el segmento mayoritario de lo que se denomina “la Oposición” (es decir el Grupo A compuesto por la Coalición Cívica, la UCR y el PJ Disidente) se niega a restituir las contribuciones patronales. Pero es el Gobierno el que, no solo se niega a esta restitución, sino que profundiza la política neoliberal iniciada en los 90. Para una mirada inocente podría resultar paradójico que el Gobierno Nacional y lo más rancio de la Oposición tengan una coincidencia tal en este punto que es el Gobierno el que asume la vanguardia de la postura neoliberal al profundizar una medida en la que ambos entramados políticos presentan coincidencias. Sin embargo, para nosotros esta “extraña coincidencia” no es otra cosa sino la propuesta que el Bipartidismo, en sus dos versiones, tiene para la sociedad argentina: esconder bajo el falso prisma de que se busca crear empleo decente un abultamiento de las ganancias de las principales firmas a costa de una reducción del “costo salarial”, lo que en buen romance, no es otra cosa sino a costa de un menor financiamiento al sistema previsional (que se paga sumiendo al 75% de los mayores con el haber mínimo), a costa del nivel y calidad de las prestaciones del PAMI, de los irrisorios montos que se transfierene por subsidio al desempleo, así como por el menor financiamiento que se realiza a las asignaciones familiares y con la precariedad del mundo laboral rural.

Es bueno recordar que con la decisión de mantener las contribuciones patronales a los niveles de 1993 el gobierno permite que (según los datos a septiembre del 2010, último dato disponible de la AFIP) las grandes firmas se apropien de nada menos que $25.406 millones que deberían financiar al sistema previsional. Se trata de una masa de recursos que es apropiada por tan solo 21.000 firmas que representan apenas el 4% de las 546.000 firmas registradas por la AFIP. Este cálculo no tiene en cuenta la reducción adicional que el Gobierno dispuso durante el 2010 (ya que no hay información disponible que permita estimar el impacto de esta medida). Si se proyecta para el 2011, la pérdida de recaudación por mantener los niveles de contribuciones patronales para las grandes firmas según lo fijado por la dupla Menem - Cavallo, el abultamiento de las ganancias de las grandes firmas asciende a no menos de $34.500 millones. Y esto sin contar el abultamiento adicional de las ganancias de las principales firmas que desde el 2009 el Gobierno ha promovido por vía de la reducción de las contribuciones a la seguridad social.

Por ello, no es casualidad que aún en el peor año económico de la presente etapa (el 2009 con una caída del 2,5% del nivel de actividad), la tasa de rentabilidad de las empresas relevadas por la AFIP es del del 7,4% respecto de sus ventas. Se trata de una tasa que si bien es levemente inferior al 8% que se obtuvo en promedio en los años 2006-2008, se encuentra en el mismo nivel que el año 2005 (del 7,5%) y casi duplica el promedio de la tasa de rentabilidad de los mejores años de la Convertibilidad (cercano al 4%).

Se trata de una tasa de rentabilidad que se distribuye concentradamente de acuerdo al poder de mercado de cada firma en los respectivos mercados. Una rápida mirada a la distribución de las ventas relevadas por la AFIP según grandes empresas y de acuerdo a distintos sectores permite observar que en líneas generales prácticamente el 80% de las ventas (y por ende de las utilidades) se concentran en un porcentaje de empresas que no supera el 10% de las firmas del sector.

Cuadro: Empresas grandes, total de empresas y participación de las empresas grandes en el total de la facturación. Algunos sectores seleccionados. 2009.


Reafirmando lo expuesto, según la información provista por la la Dirección de Grandes Firmas del INDEC, las 500 firmas de mayor valor agregado (las 500 empresas más grandes) presentan al 2009 una masa de utilidades de $72.450 millones, que se distribuye un 20% en apenas 4 firmas, un 35% en solo 20 empresas y un 65% en no màs de 100 empresas.

Proyectando al 2011 la masa de utilidades de las primeas 500 empresas según la evolución de la recaudación (del 35% para el 2010 y del 30% para el 2011) resulta que la masa de excedentes apropiadas por las primeras 500 firmas asciende a $127.150 millones. Por lo que la decisión de mantener la reducción de las contribuciones patronales supone contribuir desde el Estado y a costa de los sectores populares en un 27% a la apropiación del excedente por parte de las principales firmas del país. Toda una política de Estado en que están comprometidas las 2 variantes del BIPARTIDISMO local.

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